El primer estudio del CIS que realizó su trabajo de campo después del 23F fue el de marzo de 1981. En aquella encuesta se alcanzó un récord histórico con más gente diciendo que prefería la democracia frente a una dictadura: el 79%. Desde que se preguntaba (junio de 1979) nunca se había alcanzado tal porcentaje.

Concretamente, la pregunta decía: “¿Cree usted que es mejor que una sola persona tenga toda la autoridad y decida por nosotros o que las decisiones políticas las tome un grupo de personas elegidas por todos los ciudadanos?”. Ese máximo no se superó hasta noviembre del mismo año (ocho meses después) cuando llegó hasta el 80% de españoles prefiriendo un sistema democrático.

Otra pregunta que hacía el CIS en los años 80 era si la gente creía que la democracia iba a solucionar los problemas de nuestro país. Justo después del golpe fallido la respuesta positiva a esta pregunta alcanzó máximos con respecto a los meses anteriores, con un 35% de encuestados que creían que la democracia iba a solucionar los problemas de España.

Además, en marzo de 1981 el índice de personas que respondía que “los problemas van a ir a peor” con la democracia también alcanzó mínimos históricos: sólo el 14% de los encuestados. Hasta febrero de 1982, casi un año después, en el primer aniversario del 23F, no volvió a haber un porcentaje tan bajo de gente que pensara que los problemas de España se iban a acrecentar con la democracia.

Había más españoles que pensaban que Tejero era "un idealista" y "una persona con buena intención, pero equivocada" que "un delincuente" o "un cobarde"

Aunque después del 23F el CIS recogía muy buenos datos en el apoyo y la confianza en la democracia, esto no se tradujo en una condena o repulsa por parte de los encuestados a la figura de Antonio Tejero.

Hubo que esperar al estudio de abril para saber la opinión de la ciudadanía sobre el golpe fallido del 23-F, aunque en marzo también hubo barómetro del CIS.

En esa encuesta de abril los ciudadanos definían a Tejero como un idealista (40%), un valiente (31%) y una persona con buena intención, pero equivocada (35%). Sólo el 16% de los encuestados estaban de acuerdo con que era un delincuente y un 10% con que era un cobarde. 

Más de la mitad de los españoles se fueron a dormir después de la 1 de la madrugada 

Se hicieron dos preguntas sobre el tema: a qué hora se durmieron los españoles ese día y, la citada anteriormente, sobre si estaban de acuerdo con alguno de los adjetivos que el encuestador decía para definir a Tejero. Con respecto a la de la hora, más de la mitad de los encuestados (51%) se durmió después de la 1 de la madrugada y sólo el 29% lo hicieron antes de esa hora. Incluso un 9% de los españoles declaró no haber dormido nada.

Casi el 40% de los españoles creía que los golpistas obtendrían una pena menor de la que se merecían

También se preguntó por cuál debería ser la pena para Antonio Tejero en febrero de 1982, un año después y cuando comenzó el juicio por el intento del golpe de Estado. Casi un tercio de los encuestados pensaban que sería justa una pena de 30 años de cárcel, pero pensaban que se le impondría una menor.

Este mismo estudio preguntó a los españoles si pensaban que a los acusados del juicio se les impondría una pena justa o injusta. Casi el 40% de los españoles opinaba que obtendrían una pena menor de la que se merecían.

Finalmente, y a pesar de las dudas que albergaban muchos españoles, Antonio Tejero fue condenado a un total de 30 años de prisión, como ya explicamos en Maldita.es.

La valoración de Suárez, Calvo-Sotelo y Fraga mejoró tras el 23F mientras que la de González y Carrillo empeoró

El CIS de marzo de 1981 también preguntó por la valoración de los líderes de los principales partidos políticos. Leopoldo Calvo-Sotelo, Adolfo Suárez y Manuel Fraga aumentaron con respecto a los meses anteriores, y Felipe González y Santiago Carrillo disminuyeron.

De hecho, Calvo-Sotelo obtiene en este barómetro su mejor nota de toda la historia (5,6) y Suárez sube después de que su valoración hubiera bajado en sus últimos meses de Gobierno. Esto no tiene por qué estar relacionado con el 23F, ya que en la misma época hubo otros eventos como la propia investidura de Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno.

Quien también aumentó su popularidad fue el Gobierno, que en los barómetros anteriores vio cómo su popularidad iba bajando. Luego, en los meses posteriores al golpe de Estado, esta popularidad volvió a disminuir. Vivieron una especie de momento ‘luna de miel’. En ese CIS de marzo tras el 23F subieron tanto los españoles que valoraban al Gobierno positivamente como los que lo valoraban regular. En cambio, bajaron quienes lo valoraban negativamente.

En una entrevista de 1979, Victoria Kent, la diputada radical socialista que votó en contra, aclaraba que no se opuso “al voto femenino en absoluto”, sino que se oponía en “en esas condiciones” y en aquel momento. La misma Kent dijo [min. 1:30] que los diputados socialistas votaron a favor: “Los socialistas, naturalmente ellos querían votar a todo trance, el voto femenino, y lo votaron. De manera que eso salió por mayoría y por conveniencias de partido”.

El voto femenino fue una conquista de liberales y conservadores con la oposición de los socialistas. Victoria Kent, la líder izquierdista, no quería que la mujer pudiese votar. Memoria histórica
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— Mon Bosch 🇪🇺 (@josepramonbosch) November 19, 2023

Maldita.es ha analizado los resultados de la votación en las Cortes de 1931 del artículo referente al voto femenino. La discusión sobre el artículo 34, que finalmente se aprobó como artículo 36, se llevó a cabo en 2 días: el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1931. Durante esta última jornada se concedió el voto a la mujer aprobando el sufragio activo universal para los mayores de 23 años por 161 votos a favor frente a 121 en contra, según se recoge en el Diario de Sesiones del Congreso de aquel día (pág. 14).

Los diputados del PSOE votaron a favor o no votaron

La votación del 1 de octubre se realizó de forma nominal por solicitud de varios diputados, es decir, los diputados se alzaban de sus sillones para emitir su voto. Gracias a esto, podemos saber quiénes votaron a favor y quiénes en contra, a pesar de que, en el acta del Diario de Sesiones, varios nombres no coinciden con ninguno de los registrados en la base de datos de diputados históricos del Congreso de los Diputados.

En Maldita.es hemos analizado nombre a nombre toda la lista para saber a qué diputados correspondían los apellidos que aparecían en el acta. Después, les hemos asignado a cada uno el partido al que pertenecían o al que se adscribieron al presentar su acta en el Congreso. De esa manera, hemos llegado a la conclusión de que más de la mitad de los votos emitidos a favor del sufragio femenino fueron de diputados socialistas. En concreto, de los 161 votos positivos, 84 fueron de socialistas del PSOE. Además, ningún miembro del PSOE votó en contra. 

Sin embargo, el hecho de que ningún diputado del PSOE votara en contra no significa que no hubiera miembros de ese partido en el Congreso que fueran críticos con la aprobación de este artículo. El 1 de octubre, el PSOE contaba con 110 diputados registrados en el Congreso, pero el día de la votación, 26 de ellos no acudieron o no votaron el artículo.

Los dos casos más llamativos de los socialistas del PSOE que no votaron este artículo fueron el ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, y el presidente del Congreso de los Diputados, Julián Besteiro. El ministro de Hacienda no asistió a la votación del artículo, ausentándose de la cámara. En cambio, Besteiro no votó el artículo a pesar de encontrarse en el hemiciclo, ya que estaba presidiendo la sesión ese día. De hecho, en el Diario de Sesiones aparecen interpelaciones del presidente antes y después de la votación, pero su nombre no aparece entre los diputados que votaron el artículo.

Aunque Indalecio Prieto no votó, su postura acerca de la aprobación del voto femenino sí era conocida. La prensa de aquella época recogió que el ministro de Hacienda calificó el derecho al voto de la mujer como “una puñalada para la República”. 

Como ya hemos señalado, ningún miembro del PSOE votó en contra de la aprobación del artículo que concedía el voto a la mujer. De hecho, algunos diputados para no votar en contra se ausentaron o no votaron. Sin embargo, sí hubo un socialista que votó en contra, pero no pertenecía al PSOE. Se trata del diputado Gabriel Alomar, uno de los fundadores de la Unión Socialista de Catalunya (USC). Alomar no explicó el sentido de su voto, pero se trataba de una postura particular ya que sus compañeros de partido, Rafael Campalans y Manuel Serra, votaron a favor.

La minoría del PSOE se reunió para acordar no votar en contra

Ya hemos explicado que el PSOE no votó en contra del voto a la mujer. Pero no sólo no se posicionó en contra, sino que para fijar una postura común, la minoría llevó a cabo una reunión para evitar que ningún diputado del PSOE votara ‘no’. Como ya hemos comentado, la discusión del voto a la mujer se llevó a cabo en dos sesiones: el 30 de septiembre y el 1 de octubre. 

Después de las discusiones de la primera jornada y los comentarios en los pasillos de los diputados, los socialistas decidieron llevar a cabo una reunión “en una de las secciones del Congreso” antes de que comenzara la sesión del día 1. En este encuentro se fijaron las posturas del PSOE sobre el derecho de voto de las mujeres y la edad de votación. Así se recogió en diarios de la época como el Ahora del 2 de octubre o Crisol del 1 de octubre de 1931.

De hecho, justo antes de la votación, se produjo lo que se había acordado en esa reunión: que los socialistas que no fueran a votar a favor se ausentaran de la cámara. Así lo recogió el diario vespertino La Voz del día 1 de octubre de 1931.

El intento de retrasar el voto femenino: tres sesiones para garantizar el voto a la mujer 

El derecho de las mujeres al sufragio activo se decidió en varias sesiones del Congreso de los Diputados. Los diputados del Congreso se dividieron en dos posturas: por un lado, los partidarios de conceder el voto a la mujer sin limitaciones, entre los que se encontraban los socialistas, la mayoría de los diputados de la derecha y Clara Campoamor; y, por otro, estaban aquellos diputados que creían que no era el momento y que era necesario poner condiciones al voto femenino para mantener la estabilidad de la República. 

En la primera sesión, celebrada el 30 de septiembre de 1931, el Congreso debatió las primeras enmiendas sobre la redacción del artículo. La primera trató sobre la edad electoral de los votantes. En un principio, la norma rezaba que “comenzara a los veintiún años” pero la Comisión -encargada de la redacción del anteproyecto- la fijó a los 23 para ambos sexos. Y a pesar de que los socialistas defendieron nuevamente establecer la edad electoral a los 21, su propuesta quedó descartada y se mantuvo la posición de la Comisión. 

Por su parte, el diputado del Partido Republicano Federal, Hilario Ayuso, propuso aumentar solamente la edad de votación de la mujer, defendiendo que lo ideal serían los 45 años con argumentos como “¿no puede estar, y de hecho está disminuida la voluntad, la inteligencia, la psiquis de la mujer?”. Este comentario encendió el debate en el Congreso con otros diputados como Clara Campoamor, del Partido Radical, y algunos aprovecharon este momento para burlarse del voto femenino con expresiones como “eso sí que es histerismo”, “eso es el voto a la mujer”, “¡cuidado!, a esa edad todas son beatas” (pág. 35 del Diario de Sesiones del Congreso del mismo día). 

Finalmente, la enmienda de Ayuso no se tomó en consideración. En esta sesión, además, el diputado radical Rafael Guerra del Río advirtió a los republicanos “el peligro” que para la República significaba “si la mujer vota con los curas o con la reacción” (pág. 37).

La sesión parlamentaria del 30 de septiembre quedó suspendida hasta el día siguiente. El 1 de octubre, Victoria Kent (radical socialista) sostuvo que el reconocimiento del voto femenino debía aplazarse: “no es el momento de otorgar el voto a la mujer española” hasta que “se de cuenta de que sólo en la República están garantizados los derechos de ciudadanía” (pág. 7 del Diario de Sesiones del Congreso del 1 de octubre). 

Campoamor y otros defensores del voto femenino como Ovejero y Castrovido reivindicaban que negarle este derecho a la mujer era una actitud antidemocrática que entraba en contradicción con los principios de la República: “para compenetrar a la mujer con la República es preciso e indispensable concederla, desde luego, el derecho al sufragio. Porque, ¿cómo la queremos compenetrar con la República si de nuestra República la separamos?” (pág. 12).

Antes de la votación a la totalidad del artículo, el diputado Guerra del Río propuso separar, por un lado, la edad para el voto de hombres y mujeres y, por otro, el voto inmediato para la mujer porque consideraba que eran “dos problemas totalmente distintos”. Sin embargo, su propuesta no fue respaldada por la mayoría del Congreso y el contenido del artículo no se dividió. Por lo que, el 1 de octubre, tanto la edad de hombres y mujeres para ejercer su voto como la posibilidad del voto femenino quedaron aprobados por 161 votos a favor y 121 en contra. 

Dos meses más tarde, el 1 de diciembre, el diputado radical Peñalba planteó limitar el voto de las mujeres temporalmente hasta que “se hayan celebrado dos elecciones municipales” (pág. 10 del Diario de Sesiones del 1 de diciembre) ya que consideraba que el voto femenino “hubiera requerido un examen mucho más detenido (...) pues un cambio tan grande introducido súbitamente produciría al principio efectos desastrosos”. Sin embargo, su intención de aplazar el voto no convenció al resto de diputados que, en el momento de la votación, 131 lo hicieron en contra y 127 a favor (pág. 19).

Por lo tanto, se mantuvo la aprobación del voto femenino realizada el 1 de octubre y se refrendó así el artículo 36 de la Constitución de 1931 que recogía que “los ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”.

Varios expertos consultados por Maldita.es recomiendan el Calendario de Siembra, Recolección y Comercialización del Ministerio de Agricultura para conocer las temporadas de los productos agrícolas. Este indica los meses de recolección por provincia, aunque sin diferenciar entre cultivos en invernadero o al aire libre. Por ejemplo, el pepino se cosecha en verano en Toledo, mientras que en Granada, donde se cultiva solo en invernadero, se recoge el resto del año, pero no en verano.

Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.

Consulta cuáles son los meses de cosecha de frutas y verduras (datos de producción 2014-2016)

El calendario del Ministerio de Agricultura indica el porcentaje de cosecha mensual por producto. Este calendario, publicado en 2021, pero con datos de 2014 a 2016, sigue siendo la fuente más reciente, según han explicado el ministerio, y sus datos son fiables, según expertos en producción agraria consultados.

Si se selecciona, por ejemplo, la fresa o fresón, se puede ver que en España se cosecharon fresas entre enero y junio, siendo abril el mes en el que más se recolectó (con un 40% del total anual).

Hay provincias en las que no hay datos para algunos cultivos, como puede ser el aguacate en Cantabria, porque no había producción en las fechas analizadas. Para saber cuáles son los productos principales en cada provincia, según este calendario, se puede consultar la siguiente tabla.

Este calendario también proporciona información estadística sobre las fechas de siembra y recolección. Por ejemplo, las fresas y los fresones se siembran principalmente en el mes de noviembre y la época en que más se comercializan coincide en gran medida con la de la propia cosecha.

Estos son los productos más cultivados en invernadero en España en la actualidad

Los datos del calendario de recolección del ministerio no distinguen si un producto determinado se ha producido en cultivos al aire libre o en invernadero. Algo que da lugar a debate a la hora de hablar de cultivos de temporada, ya que en los invernaderos se pueden modificar las condiciones para que los cultivos se desarrollen en cualquier época del año, lo que no encaja con la definición tradicional.

La Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos del Ministerio de Agricultura proporciona información sobre el modo de cultivo de varios productos agrícolas. Según estos datos de 2024, el 100% de las piñas cultivadas en España son de invernadero, donde se puede replicar el clima tropical adecuado para su desarrollo y madurez. 

Esto afecta sobre todo a algunas provincias concretas, donde hay una gran producción y mucha superficie de invernadero, como Almería, Huelva, Murcia o Granada, que acumulan el 83% de superficie en invernaderos de todo el país. 

También se puede comprobar que el tomate, que es una de las hortalizas mayoritarias en España, no tiene un único calendario nacional de cosecha porque cerca de la mitad (53%) se cultiva en invernadero y el resto al aire libre. En algunas provincias como Granada, Almería o Murcia, más del 90% de sus tomates son de invernadero, pero en otras como Navarra, que es la segunda con más hectáreas de este cultivo, solo el 10% son de invernadero. En las de invernadero se produce durante todo el año, y en Navarra, de exterior, se recoge casi todo en agosto y septiembre.

El País publicó el 23 de mayo una carta que la Embajada de Argentina en Madrid envió el 30 de abril al Ministerio de Exteriores español en el que informaba de que Milei estaría en España en una “visita privada”, acompañado por la secretaria general de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei. El presidente argentino aterrizaría en Madrid en “avión oficial”, reza el escrito.

A vueltas con la definición del viaje: de la “visita privada” según la embajada a la “visita oficial” según el Gobierno argentino

El 13 de mayo, días después de que la embajada argentina en España afirmara que el viaje del presidente era una “visita privada”, el portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, contradijo esa afirmación y aseguró que el viaje “no era una visita personal” y que los gastos corrían a cargo del Estado [min. 11:48]. 

Los servicios de prensa de la delegación diplomática han respondido a Maldita.es que se remiten a lo dicho por Adorni. El portavoz del Gobierno de Milei dijo en una rueda de prensa el 24 de mayo que cuando se envió esa carta “todavía no estaba cerrada la agenda” [min. 11:30]. Adorni explicó también las diferentes “definiciones” que tiene la Cancillería (el ministerio de Exteriores argentino) para los viajes del presidente:

• Visita de Estado: cuando el presidente tiene audiencias con los tres poderes del Estado.

• Visita oficial: cuando tiene audiencia con algún poder del Estado, generalmente con el Ejecutivo, con honores y ofrendas florales.

• Visita privada: cuando no hay audiencias oficiales, sino encuentros con empresarios, académicos, encuentros culturales…

• Visita de trabajo: cuando el presidente viaja por una reunión de trabajo puntual con otro presidente.

• Visitas particulares: cuando son por turismo o por cuestiones particulares como asuntos médicos. En este caso los gastos no se abonan con recursos públicos.

Adorni explicó que era “absolutamente correcto” que la Embajada de Argentina en España definiera el viaje como “visita privada” porque no hubo audiencias oficiales sino encuentros con empresarios [min. 13:13]. Tras la publicación de la comunicación entre la embajada y el Gobierno español, fuentes anónimas del Ejecutivo argentino dijeron a El País que el uso del término “visita privada” fue “un error de la embajada. El viaje fue oficial”.

El vocero argentino dijo que también era correcto que él u otro funcionario del Gobierno dijera que la visita “no era privada” porque el Ejecutivo utiliza una terminología distinta a la de la Cancillería.

El mismo 17 de mayo Milei iniciaba el viaje a España, respondía a la prensa que informaría de los costes una vez finalizara la visita [min. 18:20]. Pero el Ejecutivo argentino no ha dado a conocer esos gastos de manera activa. Milei no se reunió con ninguna autoridad española durante los días que pasó en España.

Maldita.es ha obtenido a través de una petición de transparencia en virtud de la Ley 27.275 de Acceso a la Información, los costes desglosados de la comitiva presidencial. En total, el Ejecutivo gastó 32.528.305,93 de pesos argentinos, que al cambio a fecha de 17 de mayo de 2024 suponían 33.759 euros. En esta partida, el Gobierno argentino desglosa el gasto en los billetes de avión, el coste del hotel, dietas y los traslados internos en Madrid para la comitiva de Milei. El diario argentino El Cenital ha publicado también los gastos de combustible y asistencia en tierra del avión presidencial.

A estos gastos para el erario público argentino hay que sumar otros acarreados en los días anteriores a que el presidente de Argentina aterrizara en España. Según las resoluciones de transparencia entregadas por el Gobierno de Milei a Maldita.es, en los días previos a la llegada del mandatario a Madrid, un funcionario del Ministerio de Exteriores de Argentina se desplazó a la ciudad para “brindar apoyo logístico y protocolar”. Aunque no especifican cuántos días estuvo esta persona en España, aseguran que tuvo un gasto diario de 85 euros en dietas y 239 euros en alojamiento. 

Un diputado de la Ciudad de Buenos Aires ha denunciado a Milei y a su hermana por el viaje a Madrid

Además de su participación en el mitin de Vox, tras el que se produjo una crisis diplomática entre España y Argentina por las palabras del presidente argentino contra la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Milei tuvo otros actos durante su visita a Madrid esos días. Aunque en ningún caso se reunió con ninguna autoridad ni estatal ni autonómica, sí figuran, en la agenda que publicaron algunos medios argentinos la presentación de su libro ‘El camino del libertario’, una reunión con empresarios españoles en la embajada argentina y un encuentro con el presidente de Vox, Santiago Abascal.

El diputado de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano, presentó en mayo una denuncia contra Milei y su hermana por “usar fondos y bienes públicos, entre ellos el avión presidencial, para viajar a España con el fin de participar en actividades del partido Vox”. 

Solano argumenta en su escrito ante la justicia argentina que Milei habría presuntamente cometido los delitos de “defraudación, fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”, del Código Penal argentino.

El precio del alquiler en España ha aumentado más de un 80% en los últimos 10 años

El precio del alquiler en España casi se ha duplicado en los últimos diez años. Según los datos mensuales disponibles en la plataforma de búsqueda de pisos Idealista, el precio por metro cuadrado en septiembre de 2024 asciende a los 13 euros (un 80% más que en 2014, cuando apenas superaba los 7€/m2). Fue en agosto de 2023, cuando se superó la barrera de los 12 €/m2 y, lejos de reducirse, se ha ido incrementando durante el último año. De hecho, el importe más elevado que han llegado a pagar los españoles en viviendas de alquiler se registró en junio de este año, cuando el precio por metro cuadrado se situó en los 13,4 euros.

Es una realidad que afecta, en mayor o menor medida, a toda España. En los últimos diez años, los precios han subido más de un 76% de media en todas las comunidades autónomas. Lo mismo da si hablamos de grandes ciudades como Madrid (donde, como cuenta ABC, los locales comerciales y los pisos minúsculos son las opciones más baratas y existen una larga lista de requisitos económicos para los inquilinos) o de barrios obreros como Huelin, en Málaga (donde en precio del metro cuadrado es un 15% más alto que la media en la capital, según el episodio del podcast de elDiario.es Aquí ya no se puede vivir: la bomba del alquiler en los barrios humildes).

El precio del alquiler se ha convertido en un problema en nuestro país. El 38% de los hogares españoles en alquiler hace un esfuerzo alto y tiene que invertir más del 30% de sus ingresos en la renta, según este análisis realizado por El País en base a alquileres en vigor en 2022. Para mostrarlo, el periódico elaboró un mapa para consultar en qué zona de España se pueden encontrar viviendas a un precio accesible, según nuestros ingresos, sin superar cierto presupuesto. Por ejemplo, una persona que cobre unos 1.400 euros netos al mes tendría que destinar el 21% de sus ingresos para alquilar una vivienda de 90m2 en Cheste (València). Con el mismo sueldo y para la misma vivienda, en el barrio madrileño de Carabanchel el alquiler se comería aproximadamente el 54%, y en el barrio de Gràcia, en Barcelona, en torno al 74%.

Todavía más elevado es el esfuerzo económico que hacen las personas jóvenes para pagar un alquiler. Según el informe de emancipación del Consejo de la Juventud de España en 2023, una persona joven debería destinar el 94% de su salario para pagar un piso de alquiler para vivir sola. Así, la tasa de emancipación entre jóvenes españoles de 16 y 29 años no supera el 17%, según los datos del Observatorio de la Vivienda Asequible.

Hay comunidades en las que ni siquiera dedicando el 100% de un sueldo mediano (unos 1.005,22 euros netos), se podría pagar el alquiler mensual de un piso. Cuenta la Cadena SER que un mini piso en Valencia cuesta el 108% del salario de un joven (unos 1.000 euros de media por piso a pagar con salarios de 919,65 euros). Consulta aquí los datos de todas las provincias.

Una de las principales razones que lleva a los jóvenes a esta situación es el ritmo (lento) al que suben sus salarios. Los ingresos de las personas menores de 35 años crecen al ritmo de la inflación, pero casas y alquileres suben aún más deprisa desde 2015. El País aporta datos y contexto de esta realidad en siete gráficos.

El precio de la vivienda de compraventa no ha dejado de aumentar desde 2014

Hoy en día, comprar una vivienda en España es un 63% más caro que hace una década. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda (tanto nueva como de segunda mano) no ha dejado de aumentar desde 2014. El Índice de Precios de Vivienda (IPV) del INE tenía un valor de 96,8 puntos en el segundo trimestre de 2014. En 2024 ha aumentado hasta el 158. El portal Idealista recoge que el precio del metro cuadrado ha pasado de 1.551 euros a 2.182 euros (casi un 41% más). Es el coste más elevado registrado en nuestro país por el momento. 

De hecho, el coste de comprar una vivienda se ha equiparado al de la burbuja inmobiliaria de 2008. En el primer trimestre de aquel año, el IPV apenas superaba los 150, mientras que, a principios de 2024, casi alcanzaba los 153. 

La subida ha sido más precipitada si hablamos de casas nuevas. Hoy en día es más caro que nunca estrenar una vivienda en España. El precio de estos inmuebles supera los de 2008 y en la última década prácticamente se ha duplicado. En cambio, la vivienda de segunda mano no supera los límites de la burbuja inmobiliaria, cuando era más asequible estrenar una casa que comprarla de otro propietario. Aún así, el precio de este tipo de casas no ha dejado de aumentar en la última década: es un 58% más caro que en 2014.

De nuevo, los jóvenes son los más afectados por esta subida de precios. El Orden Mundial explica en este análisis como el sueño boomer de hipotecarse para adquirir una vivienda se ha convertido en la pesadilla de los millennials, que deben destinar más cantidad de su sueldo en este pago que años atrás. De hecho, la vivienda en propiedad ha caído especialmente entre los jóvenes de 16 a 29 años. Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, en 2008, un 54,9% de los españoles de esta edad tenían una casa a su nombre; mientras que en 2023 no alcanzaba el 30%.

La ley de vivienda: en vigor pero en manos de las comunidades autónomas 

En España el 18,7% de la población vive de alquiler, según la última ECV del INE. El 26 de mayo de 2023 entró en vigor la ley por el derecho a la vivienda, que establece topes al precio del alquiler, la creación de un mapa de zonas tensionadas por el que se fija un coste mínimo y máximo orientativo para el precio del alquiler, protege a las familias vulnerables frente a los desahucios y ofrece bonificaciones para que aquellos propietarios que tengan viviendas vacías las movilicen.

En este sentido, respecto al tope en los precios del alquiler, en Maldita.es te contamos que en 2024 ese límite era del 3%, y a partir de 2025, el Gobierno establecerá, a través del INE, un índice por el que se actualizarán esos precios anualmente en las zonas tensionadas.

¿Qué es una zona tensionada? Ante el aumento de los alquileres en algunas áreas de las ciudades españolas, se ha creado una herramienta para establecer un rango de precios por el que alquilar las viviendas. Además, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha elaborado un mapa en el que puedes consultar si tu vivienda está en una de estas zonas tensionadas. 

Para que se aplique este límite, las comunidades autónomas o ayuntamientos, que son quienes tienen competencias en la materia, deben notificar al ministerio su intención de crear estas zonas tensionadas. A 12 de octubre, Cataluña ha declarado 271 municipios tensionados por el alquiler. De estos, en 140 ya se puede ver un efecto en la aplicación de la ley de vivienda, y de media, según un análisis de elDiario.es, el precio de la renta ha disminuido un 5% entre abril y junio de 2024. Por el contrario, a nivel nacional, La Vanguardia recoge que los alquileres han subido un 13% en el primer año de vigencia de la ley.

Otro de los puntos que recoge la legislación es el fomento de las viviendas vacías para sacarlas al mercado del alquiler. El INE no ha vuelto a actualizar estos datos y los últimos disponibles corresponden a 2021, un año en el que se contabilizaron 26,6 millones de viviendas. De ellas el 14,4%, casi 4 millones, estaban vacías. Puerto de la Cruz, en Santa Cruz de Tenerife, es el municipio donde esa tasa de viviendas vacías supera el 30%. elDiario.es ha elaborado un mapa para reflejar la situación de la vivienda vacía por municipios.

La promesa de construir vivienda social en España tras casi una década sin hacerlo

España es uno de los países con menos vivienda social de la Unión Europea. Según el Observatorio de Vivienda Asequible, España tiene un parque de vivienda social del 2,5% del total, frente al 9,3% de la media comunitaria. En 1981, el 46,81% de las viviendas que se construyeron en nuestro país eran viviendas protegidas, en 2019, esa cifra era del 8,5%, según los datos del Boletín especial de Vivienda Social de 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo.

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa tras la moción de censura en 2018, han sido varias las veces que su Gobierno se ha referido al problema de la vivienda con promesas para buscar una solución a esta problemática que ha ido creciendo con los años. Poco más de un mes después de llegar al Ejecutivo, el entonces ministro de Fomento José Luis Ábalos presentó los objetivos de su ministerio, entre los que se encontraba la “un plan de 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles” y para el que se daba un plazo de “cuatro a seis años”. Posteriormente, ya en 2021, el Gobierno elevó esa cifra hasta las 100.000 viviendas. En enero de 2022, el Gobierno presentó su Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025.

2023 fue el año de los anuncios sobre vivienda para alquiler asequible, coincidiendo con las elecciones autonómicas y generales de ese año. Además, presentaron el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible, que pretende, a través de las comunidades autónomas y los ayuntamientos la construcción de 184.000 casas. Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a 31 de julio de 2024, hay 80.745 viviendas ya movilizadas, es decir, que el Gobierno central ha “cumplido todos los trámites y ha transferido los fondos a las comunidades o ayuntamientos”, explican desde Vivienda. Además, hay 59.879 que están firmadas o en desarrollo, un paso previo a la movilización de fondos. El Ejecutivo no ha ofrecido a Maldita.es datos de cuántas de estas casas están ya construidas o entregadas.

La okupación, uno de los bulos más recurrentes en torno a la vivienda

La vivienda, en los últimos años, ha sido también objeto de narrativas desinformadoras, que vinculan el alquiler con la okupación. En Maldita.es hemos desmentido algunos de estos bulos, como que el Tribunal Constitucional ha legalizado la okupación en España, o que Hacienda multará a los que tengan una segunda vivienda y no está “okupada”.

Pero, ¿qué dicen los datos? En 2023, el Ministerio del Interior, en datos facilitados a Newtral, registró 15.289 denuncias por allanamiento de morada y usurpación del derecho de uso del inmueble, lo que se conoce como okupación. Una cifra que ha disminuido en un 11,5% desde 2021, cuando se registró el máximo de denuncias en los últimos cinco años. 

En este sentido, los desinformadores también han intentado manipular estos datos para mostrar una preocupación por la okupación. Los mapas que indican que España es “el segundo país con mayor preocupación por el allanamiento de morada “ en la UE, en realidad muestran la preocupación por robos en domicilios.

Pablo tiene un daño cerebral que le impide caminar, hablar con fluidez y controlar sus movimientos con precisión. El velero, de 13 metros de eslora, dos palos y capacidad para dar la vuelta al mundo, es una embarcación que fue decomisada al narcotráfico y, desde 2002, cuando fue cedida por el Estado, sirve para que personas con discapacidad como Pablo tengan la oportunidad de navegar por la ría de Camariñas desde el puerto de Muxía, en Galicia.

Antes de ser una alternativa para que personas con discapacidad pudieran navegar, el Laion era la herramienta que el narcotraficante Manuel Fariñas Dacuña utilizaba para mover cargamentos de droga desde el continente americano hasta Europa, que en los años 80 y 90 tenía una de sus principales puertas de entrada por Galicia.

Las narcotravesías del velero terminaron en 1998 en las Azores, cuando fue interceptado por la Guardia Civil dirigida por el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que durante los noventa capitaneó una ofensiva judicial contra los clanes del narcotráfico, especialmente en Galicia, con una de las acciones judiciales más sonadas de aquella época, la Operación Nécora, que resultó en la condena a prisión de 19 narcos.

De mover cargamentos en el Atlántico a navegar por la ría para que las personas con discapacidad puedan coger el timón

Durante la hora de viaje en coche que separa Santiago de Compostela de Muxía (A Coruña, Galicia), Isabel, coordinadora de ocio y fortalecimiento del tejido asociativo de COGAMI, la confederación de asociaciones de personas con discapacidad de ámbito autonómico que gestiona el Laion, cuenta el beneficio que suponen estas actividades para los usuarios de la entidad: “Se da por asumido que no pueden hacerlo y no hay nada más empoderante que decir ‘mira, estoy manejando mi barco’”.

Eso fue lo que pudieron hacer Emily y Damián González, hermanos de 8 y 10 años, respectivamente, ambos con una discapacidad motora. Su madre, Jessica Carmona, cuenta que los niños volvieron encantados de la actividad. “El capitán les dio la posibilidad de manejar un poco el barco dirigiendo ellos el timón, permitiéndoles navegar”, cuenta Carmona, y añade que gracias a la actividad pudieron socializar con los otros dos jóvenes que participaron a través de COGAMI en la travesía.

Carmona admite que al principio le dio un poco de miedo, porque sus hijos nunca se habían subido a un barco, pero también cuenta que forma parte de un proceso: “Tenemos que ir haciendo que cada día puedan lograr su independencia y puedan llegar a valerse por sí mismos en todos los sentidos”.

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^{Fotos: Luis Soto.}

Desde COGAMI explican que para el mantenimiento del barco cuentan con un grupo de personas voluntarias con experiencia marítima que se ocupan de los pequeños ajustes de revisión y mantenimiento que hay que hacerle a la embarcación durante el año. Actualmente, la actividad del velero se concentra en el mes de septiembre, durante el cual cumplen con la demanda de travesías de las asociaciones.

Ramón Sestallo, actual director de Adisbismur, asociación integrada en COGAMI que abarca varias comarcas de A Coruña, narra cómo se enteraron de que había un barco que habían apresado al narcotráfico: “Un conocido nos comentó que habían incautado un barco y que estaba fondeado en Vilagarcía de Arousa, que era muy bonito, con 13 metros de eslora y dos palos”, y añade: “Fuimos a preguntar a Muros, y allí nos dijeron que dependía de la Audiencia Nacional”.

Tras gestionar las peticiones pertinentes, el juez Baltasar Garzón accedió a ceder el barco “en guardia y custodia” para la asociación “Discapacitados de la Comarca de Muros”, cuando todavía no se llamaba Adisbismur ni existía COGAMI, el 22 de octubre de 1998. Desde ese momento y hasta 2002, cuentan Sestallo y González, se procedió a la adaptación y reparación del navío, cuyo interior se encontraba dañado debido al registro realizado por las autoridades en busca del alijo de drogas.

Desde entonces, cerca de 5.000 personas han podido disfrutar de las actividades que COGAMI realiza a bordo del Laion. Junto a Pablo, quien abría con su bautismo de mar este artículo, viajaron Silvia, Susana, Ray y Lalo, todos ellos con algún tipo de discapacidad motora o nerviosa.

Después de la travesía, marcada por el mar de fondo, el viento y un sol achicharrante, el patrón Marcos Trillo se fuma un cigarrillo sobre la proa del velero mientras explica algunas características del barco. “Está fabricado para que dure toda la vida y para ser capaz de dar la vuelta al mundo”, cuenta. Destaca además la finura de la fabricación, emprendida en los astilleros franceses Wauquiez. El modelo es el Amphitrite, uno de los más lujosos de su época, sostiene Trillo. El Laion data de 1975, y solo se fabricaron 138.

Sigue siendo un emblema del lujo de su época. Su interior está completamente restaurado y mantiene muchos de los compartimentos y dobles fondos que en el pasado sirvieron para ocultar las drogas. La singularidad del barco pasa hoy, por contra, por la grúa adaptada que permite que personas como Ray, Lalo y Pablo puedan dejar su silla de ruedas en el atracadero hasta que vuelvan de navegar.

El Laion, un caso excepcional al margen del sistema actual de incautación y decomiso

Muchos aspectos de la cesión del velero hacen que su caso sea una rara avis en el panorama actual de la reutilización de bienes incautados o decomisados al narcotráfico en España, ya que no responde a los actuales requisitos que se deben cumplir para proceder a la entrega de un bien a una entidad o institución debido a que se dio antes de que el Fondo de Bienes Decomisados entrara en funcionamiento.

Maldita.es ha obtenido, vía Transparencia, los datos sobre el destino y el uso de los bienes no integrados o no subastados por el Fondo entre los años 2018 y 2024, que en total son 4.860. De esos, en cesión directa se han entregado 163 bienes frente a 531 que han sido adscritos a instituciones o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Diez no eran integrables en el Fondo, uno fue tasado y 4.154, el resto, fueron abandonados. Cabe destacar que el abandono no es un síntoma de dejadez institucional, sino el resultado en muchas ocasiones de la dilatación durante años de los procesos judiciales hasta que existe sentencia firme y al deterioro que se produce mientras tanto de los bienes, según matizan desde el Fondo de Bienes Decomisados a Maldita.es. 

El caso del Laion escapa a esos datos, tanto por cronología como por el mecanismo que permitió la cesión. La Audiencia Nacional dispuso la cesión directamente en guardia y custodia sin determinar una duración determinada de la misma, motivo por el cual el funcionamiento de las actividades ligadas a la embarcación se han mantenido de manera constante desde 2002, salvo durante la pandemia.

Además, Isabel González, la coordinadora de COGAMI, señala que la inexistencia del límite temporal contribuye a la mejora de la actividad: “No se invierte igual en mejorar el barco y en mantenerlo en perfecto estado si sabes que a los cinco años a lo mejor vas a dejar de poder utilizarlo”.

En la actualidad, las cesiones del Fondo se limitan a lapsos temporales que estipulan los contratos de cesión, que pueden prorrogarse. Y en cualquier caso, los datos que el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) ha entregado a Madita.es reflejan que la cesión a entidades sociales, como las ONGs, apenas han sido dos de 4.858, entre 2018 y 2024. Ambas se dieron en la provincia de Huelva y consistían en un objeto y un vehículo sin determinar, ya que los datos no tienen ese nivel de detalle. El resto de cesiones, en su mayoría, han sido cedidos a ayuntamientos y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y policías autonómicas.

El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan R. Villabí, defiende en conversación telefónica con Maldita.es la política del fondo: “Cuando nosotros monetizamos, el dinero... ¿a quién va? Pues a Interior, a Aduanas, a nosotros… y el dinero que nosotros tenemos va a comunidades autónomas para llevar a cabo programas de prevención, a ayuntamientos y a ONG o a grupos de investigación que trabajan en el mismo ámbito”.

Las memorias del fondo dan la razón a Villalbí, pero algunas entidades, como la Fundación Gallega de Lucha Contra el Narcotráfico subrayan que algunas cosas podrían cambiar para afinar tanto los mecanismos del PNSD, como la agilidad judicial para adaptarlos a la situación actual y evitar el deterioro de los bienes hasta que llegan al Fondo. Fernando J. Alonso es gerente de la Fundación y tiene propuestas para solucionar y salvar algunos obstáculos: “Cedamos [los bienes] temporalmente aunque sea, así rinden un gran beneficio a la sociedad si consigues que una organización social pueda beneficiarse de él, y cuando digo un coche digo un barco o digo también el gran stock que hay de inmuebles pendientes de sentencia”.

Además, otras de las limitaciones con las que cuentan los bienes que se solicitan en cesión, es que estos deben cumplir una función en actividades de prevención o rehabilitación de personas con drogodependencias. Maldita.es ha detectado que este requisito puede ser un problema en el único caso de cesión de un inmueble en España, que se encuentra en el municipio de Pedreguer (Alicante). El regidor de la localidad expuso a Maldita.es que la reutilización del inmueble, limitado a esas funciones, hace que no se pueda aprovechar todo el potencial de la casa e impide que la sociedad civil pueda disfrutar de ella, por ejemplo, como sede de la asociación de la mancomunidad de servicios sociales de la comarca.

También se perciben limitaciones en la manera en que el Fondo reparte las ayudas, siendo imposible por los requisitos que imponen para muchos municipios pequeños o asociaciones de carácter local. Esto se debe a que los requisitos para pedir las ayudas económicas del Fondo derivadas de lo que ingresa en las subastas pasan porque los municipios tengan más de 100.000 habitantes o sean capitales de provincia y, en el caso de las asociaciones, que sean de carácter autonómico o nacional.

Esto excluye, por ejemplo, a una gran cantidad de asociaciones que integran la Coordinadora Alternativas, en el Campo de Gibraltar (Cádiz), donde el tráfico de drogas tiene uno de sus epicentros. Alternativas ha protestado y solicitado en varias ocasiones que estos requisitos se reformen para poder acceder a más recursos. El gerente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico no quita peso a todo lo que hace el Fondo, pero urge a actuar y mostrar a la sociedad que se puede arrebatar el fruto del delito a los criminales y ponerlos activamente al servicio de las comunidades para que el narcotráfico no sea visto como una opción lucrativa. Para ello, coincide con la Coordinadora Alternativas en que hay que flexibilizar los mecanismos de adjudicación de ayudas y aboga por un decomiso y una incautación que prime la cesión de un modo más prioritario: “Se hacen muchas cosas, pero no es suficiente”.

Jessica Carmona, la madre de Emily y Damián, conoce el pasado delictivo del Laion y después de que sus hijos hayan tenido una experiencia muy buena a bordo del velero, tiene clara su opinión: “Me parece excelente que algún tipo de bien, ya sea mueble o inmueble, que haya estado destinado a alguna actividad ilícita logre llegar a personas, entidades, organismos… O sea, que se pueda utilizar de la mejor manera y que no queden allí abandonados. Que se les dé nuevamente este uso o que se les dé como una segunda oportunidad”.

Del crimen a la comunidad: bienes decomisados al narcotráfico

Este reportaje forma parte de una investigación internacional en la que han colaborado Lavialibera (Italia), Scena9 (Rumanía) y Maldita.es (España). El proyecto explora las prácticas de reutilización de los bienes decomisados en los tres países destacando su impacto, desafíos y posibles soluciones.

Hemos analizado en profundidad, en cuatro reportajes, el problema compartido de la falta de soluciones para revertir a la sociedad los bienes decomisados al narcotráfico en España, Italia y Rumanía. Además, ponemos el foco en la situación de España y hablamos con asociaciones que gestionan bienes provenientes del narcotráfico y su impacto en las comunidades locales.

Esta investigación se ha desarrollado gracias al apoyo de Journalismfund Europe.

Puedes leer aquí el resto de artículos de la investigación

Del crimen a la comunidad: la reutilización social de bienes decomisados a la mafia y el narcotráfico en Italia, España y Rumanía

El laberinto burocrático deteriora los bienes decomisados al narcotráfico en España y dificulta un nuevo uso social

El Campell: la antigua mansión del narco Franky que ahora busca nuevas vidas para mantener un uso social

Pablo has brain damage, and that prevents him from walking, speaking fluently and controlling his movements precisely. The 13 meters long sailboat, with two masts and the capacity to sail around the world, is confiscated vessel from drug trafficking. Since 2002, when it was transferred by the state, it has been used so that people with disabilities like Pablo have the opportunity to navigate the Camariñas estuary from the port of Muxía, in Galicia.

Before being an alternative for people with disabilities to navigate, the 'Laión' was the tool that drug trafficker Manuel Fariña Dacuña used to move drug shipments from the American continent to Europe, which in the 80s and 90s had one of its main entrance doors through Galicia.

The sailboat's drug voyages ended in 1998 in the Azores, when it was intercepted by the Spanish Civil Guard led by the then judge of the National Court, Baltasar Garzón. During the nineties, Garzón led a judicial offensive against drug trafficking clans, especially in Galicia, with one of the most notorious judicial actions of that time, Operation Nécora, which resulted in prison sentences for 19 drug traffickers.

From moving cargo in the Atlantic to sailing along the estuary so that people with disabilities can take the helm

During the hour-long car trip that separates Santiago de Compostela (A Coruña, Galicia) from Muxía, Isabel, coordinator of leisure and strengthening of the associative fabric of COGAMI, the confederation of associations of people with disabilities at the regional level that manages the 'Laion', talks about the benefits that these activities represent for the entity's users: "It is assumed that they cannot do it, and there is nothing more empowering than saying 'Look! I am steering my ship'".

That was what Emily and Damián González, siblings aged 8 and 10,both with a motor disability, were able to do. Their mother, Jessica Carmona, says that the children returned delighted after the activity. “The captain gave them the opportunity to handle the boat a little by directing the helm, allowing them to navigate,” says Carmona, adding that, thanks to the activity, they were able to socialize with two other youngsters who took part of the trip through COGAMI.

Carmona admits that at first she was a bit scared, because her children had never been on a boat, but she reckons as well that it is part of a process: “We have to make sure that every day they can move forward towards achieving their independence and being able to fend for themselves in every way.”

For the maintenance of the boat, they have a group of volunteers with maritime experience who take care of the small, mandatory inspections and machine adjustments that it needs throughout the year, people of COCAMI explain. Currently, the sailboat activity is concentrated in the September, a month during which they meet the associations' demand for voyages.

Ramón Sestallo, director of Adisbismur, an association integrated in COGAMI that covers several regions of A Coruña, explains how they found out there was a ship that had been seized from drug trafficking: “An acquaintance told us that they had seized a ship and that it was anchored in Vilagarcía de Arousa, that it was very pretty, 13 meters long and with two masts,” and adds: “We went to ask Muros, and they told us that it depended on the National Court.”

After handling the relevant requests, Judge Baltasar Garzón agreed to hand over the ship “in guard and custody” to the association “Disabled People of the Muros Region”, when it was not called Adisbismur yet and COGAMI did not exist. That was on October 22, 1998. From that moment, and until 2002, Sestallo and González say, the ship was adapted and repaired.Its interior was damaged during the search for drug carried out by the authorities.

Since then, nearly 5,000 people have been able to enjoy the activities that COGAMI carries out aboard the ‘Laion’. Along with Pablo, whose “sea baptism” opened this article, Silvia, Susana, Ray and Lalo sailed off the coast, all of them with some kind of motor or nervous disability.

After the crossing, marked by the swell, the wind, and a scorching sun, captain Marcos Trillo smokes a cigarette on the bow while explaining some of the characteristics of the boat. “It is made to last a lifetime and to be able to sail around the world”, he says. He also highlights the finesse of its manufacture, undertaken in the Wauquiez French shipyards. The model is called “Amphitrite”, one of the most luxurious of its time, says Trillo. The ‘Laion’ dates from 1975, and only 138 were built.

It remains an emblem of the luxury of its time. Its interior is completely restored and keeps many of the compartments and double bottoms that were used in the past to hide drugs. The uniqueness of the boat nowadays, on the other hand, is the adapted crane that allows people like Ray, Lalo and Pedro to leave their wheelchairs in the dock until they are back from sailing.

The ‘Laion’, an exceptional case within the current system of seizure and confiscation

Many aspects of this transfermake it a rara avis among the current panorama of the seized or confiscated goods from drug trafficking in Spain, since it does not fit in the current requirements that must be met to proceed with the delivery of an asset to an entity or institution. That’s because it was given before the Confiscated Assets Fund came into operation.

Maldita.es has obtained, through the public transparency system, data of the destination and use of those assets that have not been integrated nor auctioned by the Fund between the 2018 and 2024, which add up to a total of 4,860. Out of these, 163 assets have been delivered directly, compared to 531 that have been assigned to institutions or the State’s security corps and forces. Ten were not integrable into the Fund, one was rated, and the 4,154 remaining were abandoned. It should be noted that abandonment is not a symptom of institutional neglect, but the result, in many cases, of the delay of judicial processes until there is a final decision is the deterioration of the assets that happens meanwhile, as clarified by the Confiscated Assets Fund to Maldita.es.

The ‘Laion’ case  is not reflected on these data, both due to the moment it happened and the mechanism that allowed the transfer. The National Court ordered the transfer directly to guard and custody without determining a specific duration of it, which is why activities linked to the boat have been kept on constantly since 2002, except during the pandemic.

Furthermore, Isabel González, coordinator of COGAMI, points out that the absence of  a time limit contributes to the improvement of the activity: "You do not invest equally in improving the boat and keeping it in perfect condition if you know that after five years you may no longer be able to use it."

Nowadays, Fund's transfers are limited to time periods stipulated in the transfer contracts, which can be extended. And in any case, data provided by the PNSD to Madita.es reflects that the transfer to social entities, such as NGOs, has only happened twice in 4,858 possible cases between 2018 and 2024. Both took place in the province of Huelva and consisted of “an object” and “a vehicle”.Available data does not have the level of detail to specify what kind of object or car they were. The rest of transfers, have been mostly made to municipal councils and to State’s Security Forces and Corps and autonomous police forces.

The Government delegate for the National Plan on Drugs, Joan R. Villabí, defends the Fund's policy in a telephone conversation with Maldita.es: "When we monetize, the money... to whom does it go? Well, to the Homeland Security, to Customs, to us… and the money that we have goes to autonomous communities to carry out prevention programmes, to town councils and to NGOs or research groups that work in the same field.”

The Fund’s reports agree with Villalbí, but some entities, such as the Galician Foundation Against Drug Trafficking, remark that some things could change to fine-tune both the mechanisms of the PNSD and the judicial agility to adapt them to the current situation and avoid the deterioration of the assets until they reach the Fund: “Let’s transfer [the assets] temporarily, so that  they provide a greater benefit for society. If you manage to get a social organization to be benefitted from it, and when I say a car I can mean a boat or  any given asset within the large stock of properties we have enlisted”.

In addition, other limitations that the assets requested for transfer have is that they must fulfill a function in prevention or rehabilitation activities for people with drug addictions. Maldita.es has detected that this requirement may be a problem in the only case of transfer of a property in Spain, which is located in the municipality of Pedreguer (Alicante). The town mayor explained to Maldita.es that the reuse of the property, limited to these functions, means that the full potential of the house cannot be exploited and prevents civil society from being able to enjoy it, for example, as the headquarters of the association of the social services association of the region.

Limitations are also perceived in the way in which the Fund distributes the aid, being impossible due to the requirements imposed for many small municipalities or local associations. This is because the requirements to ask for economic aid from the Fund, derived from what it receives in the auctions, require that the municipalities have more than 100,000 inhabitants or are provincial capitals and, in the case of associations, that they are of an autonomous or national nature.

This excludes, for example, a large number of associations that are part of  the Coordinadora Alternativas, an antidrug association located in Campo de Gibraltar (Cádiz), where drug trafficking has one of its epicenters. Alternativas has protested and requested several times the reform of these requirements. Alonso does not downplay everything the Fund does, but he urges us to act and show society that the results of crime can be taken from criminals and actively put at the service of local communities so that drug trafficking is not seen as a lucrative alternative . To this end, he agrees with the Coordinadora Alternativas that the aid awarding mechanisms and criteria must be more flexible and advocates for a confiscation and seizure process that prioritizes the transfer of goods as a higher priority: “Many things are done, but it is not enough.”

Jessica Carmona, the mother of Emily and Damián, knows the criminal record of the 'Laion' and after her children have had a very good experience on board of the sailboat, her opinion is clear: “I think it is excellent that some kind of good, whether it is furniture or real estate, that has been destined for some illicit activity, is managed  to reach people, entities, organizations... It can be used in the best way and not left abandoned. These goods can be reused in a beneficial way, giving them a second chance.”

From crime to community: the social reuse of confiscated assets in Italy, Spain and Romania

This report is part of a cross-border investigation carried out by Lavialibera (Italy), Scena9 (Romania) y Maldita.es (Spain). This project explores the social reuse of confiscated assets in the three countries highlighting its impact, challenges and possible solutions.

We have analyzed, in four features, the shared problem of the lack of solutions to throw back to society the confiscated assets related to drug trafficking in Spain, Romania and Italy. We also and we talk Hemos analizado en profundidad, en cuatro reportajes, el problema compartido de la falta de soluciones para revertir a la sociedad los bienes decomisados al narcotráfico en España, Italia y Rumanía. We also focus on the situation in Spain and speak to associations that manage drug trafficking-assets and their impact on local communities.

This investigation has been developed with the support of Journalismfund Europe.

You can read the rest of the investigation here

From crime to community: the social reuse of confiscated assets in Italy, Spain and Romania

Bureaucratic maze deteriorates confiscated assets from drug trafficking in Spain and hinders new social uses

El Campell: the former mansion of drug dealer Franky seeks now new lives for social use

Esther Escrivá, la coordinadora de la asociación por la Salud Mental-Marina Alta AMADEM, explica a Maldita.es que instalaron su oficina en la primera planta de El Campell en 2008. Se trata del único inmueble del Fondo de Bienes Decomisados al narcotráfico en España que cambió de manos mediante una cesión para su uso social y no fue vendida o subastada, una finca de 400 metros cuadrados valorada en tres millones de euros con varias plazas de garaje, piscina, merendero, jacuzzi exterior, dos barbacoas, varios pozos para recoger agua en aljibes y un huerto. 

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El Campell: de vivienda del narco a darle un uso social

Hasta el momento de su detención en agosto de 2006 cuando salía de la casa, el narcotraficante Francisco Javier Martínez Sanmillán, conocido como Franky, había disfrutado de ella junto a su familia en cortas estancias de tiempo [pág 2. II]. En aquel momento había una orden de detención e ingreso en prisión para cumplir condena por dos delitos contra la salud pública. Llevaba más de una década fugado.

La Justicia apunta a que Franky –conocido por haberse cambiado las huellas dactilares de las manos por las de los pies– llevaba desde 1994 sin trabajar y sin obtener ingresos  económicos procedentes de una actividad laboral lícita, sino que estuvo todo ese tiempo “gestionando las ganancias, procedentes de su anterior actividad de tráfico de drogas” y que con ese dinero adquirió la Finca de El Campell, en Pedreguer.

Un vecino de la zona que no quiere dar su nombre explicó a Maldita.es que Franky quiso hacer una casa “de toda la vida”, empedrada y estuvo “tres o cuatro años” construyéndola. Este vecino, que trabaja también en las inmediaciones de El Campell, asegura que Franky permanecía estancias cortas en la finca y que tampoco solía bajar al pueblo: “Él venía aquí y decía que era aviador, el albañil que vivía delante de la casa bromeaba cada vez que pasaba un avión y decía ‘mira, nos está mirando’”, recuerda.

Pero no todos los rincones de la finca han podido ser usados en su nueva vida como espacio de uso social. En una de las estancias en la planta baja de la mansión, que ahora utiliza AMADEM como almacén, hay una ventana que no da al exterior. Al abrirla, aparece una sala recubierta en piedra y madera que llega hasta el sótano. Tiene pequeñas ventanas que se abren por control remoto y una gran puerta que da al exterior pero por la que no se puede acceder. Los vecinos lo llaman “el bunker” y cuenta con una gran mesa redonda rodeada de butacones y un mueble a su derecha. Está tal y como Franky la dejó en 2006 cuando fue detenido, pero AMADEM no tiene llave para entrar. 

Otra de las estancias destacadas de El Campell está en la azotea. Detrás de una puerta hay un recibidor con varias puertas de pequeñas dimensiones que dan acceso a una zona abuhardillada a la que hay que entrar a gatas por unos pasadizos a ladrillo visto. La estancia cuenta con un baño, “es como si pudieran esconderse aquí”, explica Escrivá, que añade que creen que ese lugar apartado podría haber servido para esconder la droga, aunque puntualiza que nunca se ha encontrado nada.

El Campell es el único inmueble del Fondo cedido para su uso social

Desde que en 2003 se creó el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas, dependiente del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), el de El Campell es el único inmueble destinado a entidades con fines sociales. Los bienes que se incautan en España en operaciones contra el narcotráfico pasan a estar bajo tutela de la Justicia hasta que se dicta una sentencia firme. Si esta es condenatoria, el bien puede ser decomisado, es decir, que pasa a ser propiedad del Estado. 

El Fondo se encarga de recibir los bienes ya decomisados para su gestión, que puede pasar por su venta, subasta o cesión. Sin embargo, la cesión se contempla en la propia legislación como un hecho “excepcional” en el artículo 4.2 de la ley 17/2003, norma por la que se regula el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Los datos facilitados a Maldita.es vía Transparencia sobre el destino y el uso de los bienes no integrados o no subastados por el Fondo, entre los años 2018 y 2024 detallan que solamente el 3,35% de los bienes se ceden, en su mayoría a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

Según ha informado el PNSD a Maldita.es, desde 2003 han sido tres los inmuebles que no han sido subastados y sí gestionados para otros fines. Además de El Campell, está el Pazo Baión en Vilanova de Arousa (Galicia), que fue alquilado a varias empresas vitivinícolas mientras se resolvía la situación judicial de su propietario Laureano Oubiña y en 2008 se subastó y se adjudicó a una bodega, que sigue siendo propietaria del inmueble, por la que se comprometió, a contratar a personas drogodependientes en proceso de reinserción. El tercero es un inmueble en la localidad gallega de Vilagarcía de Arousa. Este último, explica el delegado del Gobierno para el PNSD, Joan R. Villalbí, se entregó al ayuntamiento a través de una tasación utilizando un reglamento de 1997.

De calçotadas a alojamiento de arqueólogos: un largo camino para justificar su uso social

Tras la detención de Franky, el Ayuntamiento de Pedreguer solicitó a la Generalitat Valenciana la cesión de la finca. El juzgado que instruye el caso aprobó la cesión “provisional” para la creación de un centro de atención a personas discapacitadas y con problemas de salud mental. En 2008, AMADEM entró en El Campell y se ha mantenido hasta el día de hoy. Tras la sentencia condenatoria a Franky, el terreno pasó a depender del Fondo de Bienes Decomisados. En 2017, el consistorio firmó un convenio con el Plan Nacional de Drogas para ceder El Campell en un periodo de 15 años, prorrogable cada cinco hasta un total de medio siglo.

Los vecinos de Pedreguer destacan de AMADEM la labor social que realizan y su ayuda a la comunidad. Como ejemplo, se acuerdan de la calçotada solidaria que se celebra todos los años en la finca desde hace 10 años y que ha llegado a congregar a hasta 550 personas en la antigua mansión del narco. Su coordinadora valora la acogida que tiene el evento año tras año, pero lamenta que no se le dé un mayor uso a la finca: “Al empezar, trasladamos todas las actividades aquí y poco a poco pedimos instalaciones al Ayuntamiento de Dénia (la localidad más grande en la comarca de la Marina Alta) porque llegaba más gente, hemos ido creciendo, y la gente no podía llegar”.

El alcalde de la localidad, que llegó a la corporación cinco años después de la incautación de la finca, recuerda cómo fue el proceso, que califica como “farragoso”: “Tuvimos y tenemos que seguir justificando su uso social”. La citada ley detalla que estas actividades deben estar vinculadas a la prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral.

Desde la incautación del terreno, han sido al menos siete las organizaciones que han pasado por El Campell, pero AMADEM es la que lleva desde el inicio. Empezaron atendiendo los trastornos mentales más graves, como bipolaridad o psicosis y, al cabo de los años, fueron incorporando a personas que sufren fobias, depresiones o ansiedad y que, en un porcentaje muy elevado coexisten con una adicción a una sustancia tóxica, lo que se denomina Patología Dual. La asociación cuenta con una plantilla de once personas, “todos profesionales”, puntualiza Mercedes, miembro de la junta directiva y que, además, tiene a su marido en AMADEM: “A él le encanta venir [a El Campell], para él y el resto de usuarios es como su casa, sienten una libertad total, pero está el hándicap del transporte. Si nosotros tuviéramos una furgoneta podríamos hacer más actividades aquí, porque hay espacio, pero no tenemos presupuesto para un vehículo adaptado ni un conductor específico”.

Aunque AMADEM tiene su oficina en la antigua finca de Franky, oficialmente, ante el Fondo, El Campell es la sede administrativa de la UPCCA, la Unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas (UPCCA) de la Marina Alta, desde 2016. Su responsable, Liliana Cardona, explica que aunque “sobre el papel” estén ahí, los servicios de la UPCCA están descentralizados: “No se hacen talleres en el inmueble porque la dispersión geográfica es grande y no hay buenas comunicaciones, son pueblos pequeños, de la montaña”. Este organismo es el que notifica anualmente al ayuntamiento y al PNSD el uso que se le da al inmueble.

Pero por la finca han pasado más asociaciones. Escrivá explica que el huerto que tiene el recinto lo utiliza Adima, una ONG local de Pedreguer de ayuda a la infancia y la adolescencia. En los primeros veranos tras la incautación, la asociación LUDAI, de Dénia, utilizó la piscina y el espacio anexo para hacer ejercicios con niños con dificultades en el desarrollo, hasta que necesitaron un local para desarrollar un centro de atención temprana, para que El Campell no cumplía los requisitos. También la ha utilizado ‘Condenados al bordillo’, de ayuda a personas con diversidad funcional. No solo asociaciones han pasado por la que fue la casa de Franky, también ha servido como alojamiento de un grupo de arqueólogos del Museo Arqueológico Provincial de Alicante durante una década, años en los que realizaron excavaciones en un yacimiento de la localidad y se celebró un campus de verano de fútbol para niños organizado por el capitán del Valencia, José Luis Gayá, nacido en Pedreguer. El Taller de Adaptación Prelaboral de Inserción Social (TAPIS) de Dénia también ha utilizado las instalaciones de manera temporal en los últimos 15 años.

“¿Qué tiene que ver esto con la rehabilitación o la prevención de las drogas? Pues, por ejemplo, en una de las cláusulas del convenio se ponía que el equipo de excavación dedicaría una jornada de convivencia con los usuarios de AMADEM para enseñarles cómo son las excavaciones”, detalla el alcalde de Pedreguer. Algo similar ocurrió con el campamento de verano en el que, durante una jornada, los jóvenes convivían con los usuarios de AMADEM. 

Pedreguer busca adaptar las actividades en El Campell

Sergi Ferrús relata a Maldita.es que el ayuntamiento dedicó 80.000 euros para adaptar y reformar la mansión, que tras la detención de Franky sufrió robos y algunos destrozos. Para ello, tuvieron que pedir un crédito bancario: “El ayuntamiento se endeudó pero mereció la pena”. 

Además, el alcalde de Pedreguer también insiste en el dinero que han invertido desde 2008 para su mantenimiento. “Este es un problema al que nos enfrentamos desde hace años, todo el coste de mantenimiento son unos 15.000 o 16.000 euros anuales, llevamos unos 200.000 o 250.000 gastados en mantenimiento. Y no está incluido ni el gasto de agua, ni el gasto de luz, ni el IBI, que debería pagar el Estado, que es propiedad del Estado, pues evidentemente si está cedido tampoco lo pagan”, relata a Maldita.es en su despacho. 

Este coste de mantenimiento supone un problema para la corporación municipal: “Está muy bien, la sociedad civil de la Comarca es la que se beneficia, todas las asociaciones que utilizan son comarcales, pero el resto de ayuntamientos se hacen un poco los longuis y no colaboran mucho, es muy difícil para Pedreguer tirar adelante con ese gasto”. En este sentido, Ferrús lamenta que han tenido que buscar “subterfugios para utilizarlo para otros fines” y propone trasladar allí la sede de la MASSMA, la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Marina Alta, para darle un mayor uso y conseguir así la implicación de los 21 municipios restantes, “porque si no es inviable”. Un uso que seguiría estando compartido con AMADEM, desde donde indican que les gustaría poder hacer un mayor uso “si no fuera por el transporte”, recuerdan Esther y Mercedes. 

Pero el traslado de la MASSMA debe tener la autorización del Fondo, puesto que los fines de los bienes decomisados deben estar destinados a “programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral”. 

Sergi Ferrús también se ha planteado aplicar una de las cláusulas del convenio, que permite convocar la comisión mixta entre el PNSD y el Ayuntamiento de Pedreguer para la resolución de problemas en El Campell: “Como no hemos tenido conflictos no nos hemos reunido, pero a lo mejor también sería conveniente, a lo mejor, reunirse con el Ministerio para darle otro enfoque”.

¿Y si el Fondo no autoriza otro uso? Ferrús espera que sí puedan fijar la sede de la MASSMA en El Campell, si no, volvería al Fondo de Bienes Decomisados, que “seguramente la subastará porque es lo que hacen”. Es en esta subasta y venta de los bienes donde el Fondo ha recaudado cerca de 95 millones de euros en diez años, para después dedicarlos a “programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral”.

Foto de portada: Diseño de Malu Saenz Jaramillo, con fotografías de Luis Soto.

Del crimen a la comunidad: bienes decomisados al narcotráfico

Este reportaje forma parte de una investigación internacional en la que han colaborado Lavialibera (Italia), Scena9 (Rumanía) y Maldita.es (España). El proyecto explora las prácticas de reutilización de los bienes decomisados en los tres países destacando su impacto, desafíos y posibles soluciones.

Hemos analizado en profundidad, en cuatro reportajes, el problema compartido de la falta de soluciones para revertir a la sociedad los bienes decomisados al narcotráfico en España, Italia y Rumanía. Además, ponemos el foco en la situación de España y hablamos con asociaciones que gestionan bienes provenientes del narcotráfico y su impacto en las comunidades locales.

Esta investigación se ha desarrollado gracias al apoyo de Journalismfund Europe.

Esther Escrivá, coordinator of the AMADEM Mental Health Association, explains to Maldita.es that they set up their office on the first floor of El Campell in 2008. It is the only property from the Fund for Assets Seized for Illicit Drug Trafficking in Spain that changed hands for a social use rather than being sold or auctioned, a 400-square-metre villa valued in three million euros, featuring several parking spots, a pool, a picnic area, an outdoor jacuzzi, two barbecues, multiple wells for collecting water, and a garden.

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^{Photos: Luis Soto.}

El Campell: from drug dealer's home to social use

Until his arrest in August 2006, when he was leaving the house, drug trafficker Francisco Javier Martínez Sanmillán, known as Franky, enjoyed using the property with his family for brief stays. At the time, there was a detention order for him to serve a sentence for two crimes against public health. He had been on the run for over a decade.

The Justice system indicates that Franky —known for changing his fingerprints from his hands to his feet— had not worked or received legal income since 1994, instead spending that time “managing the profits from his previous drug trafficking activities,” with which he purchased the El Campell villa in Pedreguer.

A local resident who was granted anonymity explained to Maldita.es that Franky wanted to build a “traditional house,” stone made, and spent “three or four years” building it. This neighbour, who works nearby as well, claims that Franky only spent short periods at the villa and rarely went downtown: “He came here and said he was a pilot; the bricklayer living in front of the mansion joked every time a plane passed, saying, ‘Look, he’s watching us,’” he recalls.

However, not all corners of the villa have been used in its new life as a social space. In one room on the ground floor of the mansion, which AMADEM now uses as storage, there is a window that does not lead to the outside. When it is opened, it reveals a room covered in stone and wood that extends down to the basement. It has small windows that have to be opened remotely and a large door that leads outside but has no access from the room. Neighbours call it “the bunker,” and it contains a large round table surrounded by armchairs, and a piece of furniture to its right. It remains as Franky left it in 2006 when he was arrested, but AMADEM does not have a key to enter.

Another notable room in El Campell is located on the rooftop. Behind a door, there is a foyer with several small doors leading to a sloped area that requires crawling through brick passageways. This space includes a bathroom, “as if they could hide here,” explains Escrivá, adding that they believe this secluded place may have been used to hide drugs, though she notes that nothing has ever been found.

Another notable room in El Campell is located on the rooftop. Behind a door, there is a foyer with several small doors leading to a sloped area that requires crawling through brick passageways. This space includes a bathroom, “as if they could hide here,” explains Escrivá, adding that they believe this secluded place may have been used to hide drugs, though she notes that nothing has ever been found.

El Campell is the only property from the Fund transferred for social use

Since the establishment of the Fund for Assets Seized for Illicit Drug Trafficking under the National Drug Plan (PNSD) in 2003, El Campell is the only property transferred to entities for social purposes. Assets seized in Spain during drug trafficking operations are placed under judicial custody until a final judgement is rendered. If this trial ends with a conviction, the asset can be seized, meaning it becomes state property.

The Fund is responsible for managing already confiscated assets, which can involve sale, auction, or cession. However, cession is considered an “exceptional” measure under the law that regulates the Fund. Data provided to Maldita.es via a FOIA request asking for the destination and use of non-integrated or unsold assets by the Fund indicate that between 2018 and 2024 only 3.35% of the assets are transferred, mostly to state security forces.

According to the PNSD, since 2003, three properties have not been auctioned and have been managed for other purposes. Besides El Campell, there is the Pazo Baión in Vilanova de Arousa (Galicia), which was rented to several wineries while the judicial situation of its owner, Laureano Oubiña, was solved. Later, the property was auctioned in 2008 to a winery, which remains the owner of the property, promising to hire people with drug dependencies undergoing reintegration. The third is a property in the Galician town of Vilagarcía de Arousa. This last one, explains the government delegate for the PNSD, Joan R. Villalbí, was handed over to the town hall through an appraisal using a 1997 regulation.

From calçotadas to archaeologists' accommodation: a long road to justify its social use

After Franky's arrest, the Pedreguer Town Hall requested the transfer of the villa to the Valencian regional Government. The court overseeing the case approved the “provisional” transfer for the creation of a centre for people with disabilities and mental health issues. In 2008, AMADEM moved into El Campell and has remained there ever since. Following Franky’s conviction, the land came under the jurisdiction of the Fund. In 2017, the town council signed an agreement with the National Drug Plan to cede El Campell for 15 years, renewable every five years for a total of fifty years.

Residents of Pedreguer praise AMADEM for its social work and community support. For example, they recall the charity calçotada (a typical catalan onion barbecue) held annually at the villa for the past ten years, which has gathered up to 550 people in the former drug dealer's mansion. Its coordinator appreciates the reception the event receives year after year but regrets the limited use of the villa: “Initially, we moved all activities here, and gradually we asked for facilities from the Dénia Town Hall (the largest town in the area) because more people were coming; we have been growing, and people couldn’t reach us,” explains Escrivá.

The town's mayor, who joined the council five years after the estate was seized, recalls the process, which he describes as “arduous”: “We had and still have to justify its social use.” The aforementioned law states that these activities must be linked to the prevention of substance abuse, assistance for drug dependents, and social and labour reintegration.

Since the seizure of the land, at least seven organisations have used El Campell, but AMADEM has been there from the beginning. They started by addressing the most severe mental disorders, such as bipolar disorder or psychosis, and over the years, they incorporated individuals suffering from phobias, depression, or anxiety, who often coexist with substance addiction, referred to as Dual Pathology. The association employs eleven people, “all professionals,” emphasises Mercedes, member of the association’s board and whose husband is also a user of AMADEM’s services: “He loves coming [to El Campell]; for him and the other users, it feels like home. They experience total freedom, but transportation is a handicap. If we had a van, we could do more activities here because there is space, but we don’t have the budget for an adapted vehicle or a dedicated driver.”

Although AMADEM has its office in Franky’s former estate, officially, to the Fund, El Campell has been the administrative headquarters of the UPCCA, the Community Prevention Unit for Addictive Behaviours in the Marina Alta area, since 2016. Its head, Liliana Cardona, explains that although they are “on paper” there, the UPCCA services are decentralised: “We do not hold workshops in the property because the geographical dispersion is large and communications are poor; these are small mountain towns.” This body is responsible for notifying the town hall and the PNSD annually about the property’s use.

However, more associations have used the villa. Escrivá explains that the orchard on the premises is used by Adima, a local NGO in Pedreguer assisting children and adolescents. In the first summers after the seizure, the LUDAI association from Dénia used the pool and adjacent space for exercises with children with developmental difficulties until they needed a location to establish an early intervention centre., El Campell did not meet the requirements for that. The association ‘Condenados al Bordillo’ (Condemned to the Curb), which assists individuals with functional diversity, has also used the property. The villa has not only served associations; it also accommodated a group of archaeologists from the Provincial Archaeological Museum of Alicante for a decade, during which they conducted excavations at a local site and held a summer soccer camp for children organised by Valencia’s soccer team captain José Luis Gayá, who was born in Pedreguer. The Pre-Labor Adaptation Workshop for Social Reintegration (TAPIS) from Dénia has also used the facilities temporarily over the past 15 years.

“What does this have to do with rehabilitation or drug prevention? Well, for example, one of the clauses in the agreement stated that the excavation team would dedicate a day to engage with AMADEM users to teach them about excavations,” explains the mayor of Pedreguer. A similar arrangement occurred with the summer camp where, for one day, young people engaged with AMADEM users.

Pedreguer seeks to adapt activities at El Campell

Sergi Ferrús tells Maldita.es that the town hall allocated 80,000 euros to adapt and renovate the house, which suffered thefts and some damage after Franky's arrest. They had to ask for a bank loan for this: “The town hall went into debt, but it was worth it.”

Furthermore, the mayor of Pedreguer emphasises the money they have invested since 2008 for its maintenance. “This is a problem we have faced for years; the total maintenance cost is about 15,000 or 16,000 euros annually, which adds up to approximately 200,000 to 250,000 spent on maintenance. This does not include water, electricity, nor property tax, which should be paid by the state… since it is state property, of course, but they don’t pay for that either,” he explains to Maldita.es in his office.

This maintenance cost poses a challenge for the municipal corporation: “It’s great; the civil society of the region benefits, all the associations that use it are regional, but the other municipalities tend to ignore it and don’t collaborate much. It’s very difficult for Pedreguer to manage these expenses.” In this regard, Ferrús regrets that they have had to look for “subterfuges to use it for other purposes” and proposes moving there the headquarters of the MASSMA, the Social Services Consortium of Marina Alta, to enhance its use and thus achieve the involvement of the remaining 21 municipalities, “because, otherwise, it is unfeasible.” This usage would still be shared with AMADEM, which indicates they would like to use it more “if it weren’t for transportation,” Esther and Mercedes recall.

However, the transfer of the MASSMA requires the Fund's authorization, as the purposes of confiscated assets must be dedicated to “substance abuse prevention programs, assistance for drug dependents, and social and labour reintegration.”

Sergi Ferrús has also considered invoking one of the clauses in the agreement that allows convening a commission between the PNSD and the Pedreguer Town Hall to solve issues at El Campell: “Since we haven’t had conflicts, we haven’t met, but it might be convenient to gather with the Ministry to give it another approach.”

What if the Fund does not authorise another use? Ferrús hopes they can establish the MASSMA headquarters in El Campell; otherwise, it would return to the Asset Recovery Fund, which “will likely auction it because that’s what they do.” It is through this auction and sale of assets that the Fund has raised nearly 95 million euros in ten years, which is then dedicated to “substance abuse prevention programs, assistance for drug dependents, and social and labour reintegration.”

Cover picture: Designed by Malu Saenz Jaramillo, with photos taken by Luis Soto.

From crime to community: the social reuse of confiscated assets in Italy, Spain and Romania

This report is part of a cross-border investigation carried out by Lavialibera (Italy), Scena9 (Romania) y Maldita.es (Spain). This project explores the social reuse of confiscated assets in the three countries highlighting its impact, challenges and possible solutions.

We have analyzed, in four features, the shared problem of the lack of solutions to throw back to society the confiscated assets related to drug trafficking in Spain, Romania and Italy. We also focus on the situation in Spain and speak to associations that manage drug trafficking-assets and their impact on local communities.

This investigation has been developed with the support of Journalismfund Europe.

Desde el año 2003, España cuenta con una legislación que regula el proceso de decomiso y establece la creación de un fondo del Estado. Por otro lado, el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) se encarga de la custodia, cesión y subasta de los bienes decomisados. Con el dinero obtenido, el Fondo licita ayudas destinadas a programas de prevención y reinserción de personas drogodependientes y lo invierte en la mejora de la persecución del narcotráfico, reforzar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y fortalecer los programas de cooperación internacional.

El decomiso en España: se da prioridad a las subastas, pero los expertos piden potenciar las cesiones

Cuando una persona investigada por delitos de narcotráfico es detenida, todos sus bienes son incautados. También se procede a rastrear el patrimonio que la persona pueda tener oculto, un proceso en el que interviene la ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos), dependiente del Ministerio de Justicia. Una vez localizados, estos pasan a la autoridad judicial, que los retiene hasta que haya una sentencia firme del caso. Tras el fallo, que a veces llega 10 o 12 años después de la incautación, esos bienes pasan a ser titularidad del Fondo de Bienes Decomisados, explica Joan R. Villalbí, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Tras incluirse en el Fondo, los bienes pueden ser subastados, cedidos, adscritos o enajenados. Los beneficiarios, estipulados en la Ley 17/2003, que regula el Fondo de bienes decomisados, de los bienes y del dinero que el Fondo obtiene de las subastas, pueden ser: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con competencias en materia de narcotráfico, ayuntamientos, autonomías y ONGs de ámbito autonómico o estatal que desarrollen actividades de prevención o reinserción de drogodependientes.

Sin embargo, las asociaciones y entidades que trabajan en primera línea en ese ámbito señalan algunas deficiencias en el reparto de las ayudas que impiden que puedan ampliar el alcance de sus actividades. Muchas de ellas no cumplen los requisitos para obtener las líneas de ayudas más grandes, por lo que dependen de las que el Fondo transfiere a las comunidades autónomas para su reparto y que, en muchas ocasiones, no responden, denuncian, a los problemas sociales que el narcotráfico provoca en sus zonas.

Por otra parte, los objetos decomisados raramente son cedidos a este tipo de entidades, ya que en España, según la propia ley, se prioriza la monetización. Los expertos consultados no quitan peso a esa opción, pero advierten de que, para luchar contra el narcotráfico y su arraigo social, habría que potenciar la cesión directa de los bienes a las comunidades locales para que puedan disfrutarlos directamente y para que se cree conciencia de que la lucha contra el narcotráfico es tangible y real.

Solamente se ceden un 3,35% de los bienes decomisados para servicios sociales

Las memorias del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) muestran que, entre 2013 y 2023, se han decomisado hasta 7.833 vehículos, procedentes del narcotráfico. Es el bien que más se decomisa en España, seguido de “objetos”, de los que no se especifican detalles en las memorias (6.675), sociedades (2.025), embarcaciones (1.340), inmuebles (1.025) y joyas (869). En su mayoría, según los datos obtenidos por transparencia, estos bienes se destinan al refuerzo de los medios de la Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas.

El PNSD indica que bajo la categoría de objetos se agrupan bienes “fuera del mercado o de muy escaso valor y deteriorados”. Más del 50% son teléfonos móviles, “casi siempre obsoletos y con datos personales". También hay ropa, enseres del hogar, material de manipulación de drogas, bisutería y baratijas o quincalla “de muy difícil monetización”.

Andalucía es la autonomía que más fondos ha recibido en ayudas sociales desde el Fondo, con 17,5 millones de euros desde 2013. Cataluña recibe 13,5 millones de euros y le sigue la Comunidad de Madrid con 10,8 millones. Siempre en cantidades similares año a año puesto que muchas de las licitaciones publicadas se repiten periódicamente. El Fondo obtiene este dinero a partir de las subastas de los bienes. Con lo recaudado en la última década, según los datos de las memorias anuales del PNSD, se han destinado 94.766.262 euros a proyectos relacionados con la prevención de la drogodependencia, con dinero con cargo al Fondo.

Por años, 2016 fue el año en el que más bienes se decomisaron, con 4.046. En 2020, debido a la pandemia, cuando menos: 977 bienes. Andalucía lidera el número de bienes inventariados, con 1.615, siendo las provincias de Málaga y Cádiz las que están a la cabeza. Le siguen la Comunidad de Madrid con 544 y Cataluña con 485. Cabe destacar que estos bienes inventariados se ubican en cada una de estas comunidades autónomas porque es el lugar donde se almacenan durante el juicio hasta que se decide subastarlos o cederlos, no tiene por qué ser el lugar donde fueron incautados. 

Maldita.es realizó una solicitud de acceso a la información pública al Plan Nacional sobre Drogas para conocer el destino de los bienes que no se han subastado. Según los datos entregados, desde 2018 el fondo ha inventariado 4.859 bienes, de los que el 85,5% (4.154) fueron abandonados. El Fondo detalla que los bienes abandonados se acuerdan en una Mesa de Coordinación de Adjudicaciones por su “deterioro material o funcional, o por los elevados gastos de depósito, conservación o administración”. Solamente el 3,35% de estos han sido cedidos a otras entidades para un uso social. 

Un ejemplo de la cesión de bienes decomisados es la mansión de la Finca de El Campell, en Pedreguer (Alicante). Desde 2008, primero la Justicia y el Fondo después, firmaron un convenio con el ayuntamiento de la localidad para permitir su uso social, enfocado a la prevención y asistencia a la drogodependencia. Entre otras organizaciones, tiene su oficina AMADEM, una asociación que atiende a personas con enfermedades de salud mental y, en “un alto porcentaje” conviven con alguna adicción, relata su coordinadora, Esther Escrivá. 

Sin embargo, los casos como El Campell son excepcionales, de hecho, es el único inmueble que se ha cedido de forma gratuita desde 2003, cuando se creó el Fondo. Por lo general, los bienes se subastan, se “monetizan” y luego se destinan a los proyectos de prevención, concluye Villalbí.

Las asociaciones antidroga reclaman planes específicos para poder optar a ayudas directas

El Fondo coopera con las comunidades autónomas, ayuntamientos y asociaciones o fundaciones. Sin embargo, las ayudas directas que da están sujetas a una serie de requisitos que se establecen en cada convocatoria pública, también reguladas. Los solicitantes deben ser ayuntamientos de municipios de al menos 100.000 habitantes o capitales de provincia y las asociaciones deben tener ámbito nacional o, como mínimo, autonómico.

El Campo de Gibraltar (Cádiz) es una de las zonas más afectadas en España por el narcotráfico y sus problemas derivados, ya que es una de las puertas de entrada de la droga a España y Europa. Sin embargo,de los siete municipios que engloban el Campo, solamente Algeciras puede optar a las ayudas directas del Fondo de Bienes Decomisados en función a los requisitos sobre población que plantea el ministerio, ya que es el único que supera los 100.000 habitantes.

Francisco Mena es el presidente de la Coordinadora Alternativas, entidad que reúne a las asociaciones antidroga del Campo de Gibraltar. “Es una ley completamente injusta. El único ayuntamiento que se puede acoger es el de Algeciras. Y el ayuntamiento de La Línea [de la Concepción], con la afectación tan importante que tiene por el narcotráfico, no se puede acoger a estos fondos”, protesta Mena.

La ley establece que las entidades o consistorios que no cumplan con los requisitos pueden optar a las ayudas establecidas desde el Fondo para las comunidades autónomas. Sin embargo, Mena apunta a que la situación que se vive en el Campo de Gibraltar es diferente y que no basta con ceñirse a los datos de consumo de drogas para diseñar las ayudas que, dice, otorga la Junta de Andalucía a cargo de lo que le transfiere el PNSD: “Aquí no se consume más droga que en otros territorios, pero tenemos un problema diferente al resto, que es el entorno que se crea alrededor del narcotráfico donde, por falta de oportunidades, se meten los jóvenes de algunas barriadas”.

En la actualidad, con las ayudas que reciben de la Junta, la Coordinadora Alternativas atiende necesidades que tienen las zonas más perjudicadas por el narcotráfico del Campo de Gibraltar. Entre ellas hay actividades como comedores de verano para niños y niñas cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad, campamentos de verano, planes de inserción laboral… Pero Mena asegura que no es suficiente y exige que las instituciones dejen de “pasarse la pelota las unas a las otras”: “El Fondo y la Junta podrían sentarse para crear una serie de ayudas finalistas específicas para el Campo de Gibraltar”.

Esto, a juicio de Mena, podría mejorar mucho la situación y servir como remedio, pero advierte de que hay que actuar cuanto antes: “Si un chaval de 16, 17 o 18 años sabe que no va a tener ninguna oportunidad, el narcotráfico lo capta rápidamente. Y una vez que están en ese mundo, de ahí no salen porque se acostumbran a ganar 3.000 euros en una noche... Lo ideal es trabajar antes de que ocurra esa circunstancia”.

Agilizar la reutilización social desde los procesos judiciales para reducir el deterioro y abandono de los bienes

Los datos de abandono y deterioro de los bienes decomisados son admitidos por parte de las propias autoridades en los informes y los datos transferidos. Muchos de los cientos de bienes que llegan al Fondo se encuentran en un estado que impide que sean vendidos, subastados o cedidos. Solo en 2023 fueron abandonados 798 bienes (385 objetos, 370 vehículos y 43 embarcaciones), y desde 2018 hasta julio de 2024 fueron 4.020; más de la mitad, objetos.

La Fundación Gallega Contra el Narcotráfico es un organismo pionero que, desde 2019, ofrece auxilio a los juzgados gallegos para gestionar los bienes incautados al narcotráfico, aún no decomisados para darles uso, además de actuar también en el campo de la concienciación social. Su gerente, Fernando J. Alonso, cuenta que desde que empezaron con ese cometido han gestionado en torno a 250 bienes muebles incautados valorados en aproximadamente 1,3 millones de euros.

Sin embargo, es una opción que funciona “a demanda”. “Nosotros nos encargamos de la gestión de los bienes muebles cuando el juzgado nos lo pide, que es algo mucho menos frecuente de lo que nosotros quisiéramos”, explica Alonso. 

Alonso reclama que esa colaboración se amplíe y así el retorno a la sociedad de los bienes del crimen organizado pueda ser mucho más “ágil”. Esto pasaría, prosigue Alonso, por fomentar que los bienes, mientras están incautados en medio de un proceso judicial, puedan ser cedidos temporalmente, como ocurrió a finales de los 90 con el velero ‘Laion’. “Mientras no se vende [en espera de su decomiso definitivo con la condena], ese bien puede estar dando un servicio a la sociedad”, razona Alonso, y añade poniendo un ejemplo: “Si un coche no se puede vender, por la razón que sea, cedámoslo para que se use mientras se decide sobre su destino... Cedámoslo temporalmente aunque sea. De esa manera rinde un gran beneficio a la sociedad si consigues que una organización social pueda beneficiarse de él”.

A la Fundación le ocurre algo similar que a la Coordinadora Alternativas, y es que al no superar el ámbito autonómico, no puede optar a ayudas directas del Fondo para financiar sus actividades, por lo que su interlocución es con la Xunta de Galicia. “No deja de ser paradójico, porque el trabajo nuestro al final también es para el Fondo. Si la Fundación no está, al Fondo, cuando le llegue la sentencia de un coche que puede venderse por 20.000 euros, lo que le va a llegar chatarra tirada en la calle, porque [si se deteriora] ese coche no vale 20.000 euros sino la centésima parte, ya no es que recaude dinero, es que [el Fondo] tendrá que gastarlo [para deshacerse de él]”.

Es necesario, trasladan desde la Fundación, que se reformen las reglas que regulan el Fondo para que más entidades puedan optar a más ayudas, y poner en valor la labor de organizaciones como la suya, que desde la sociedad civil se encargan de forma directa de gestionar la reutilización de bienes por parte de las comunidades locales. Esto último, señalan, sirve especialmente para crear conciencia contra los “criminales”, pero para ello necesitan más capacidad y recursos.

Desde la Fundación matizan, porque no quieren que quede la idea errónea de que en España no se hace nada por la reutilización de objetos, que a través del Fondo se financian decenas de proyectos de reinserción, prevención, estudios y formación para luchar contra el narcotráfico y sus consecuencias. Algo que acreditan las propias memorias del Fondo. “Pero no es suficiente, sobre todo por la gestión de los bienes, que puede ser infinitamente mejor”, concluye Alonso.

Ana E. Carrillo del Teso, investigadora de la Universidad de Salamanca y experta en derecho procesal, existen vías para mejorar la situación, que en parte coinciden con las que pide Alonso: “La mejor solución es la adecuada gestión de los bienes durante el proceso, y hacer uso de las posibilidades que brinda el art. 367 bis y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la destrucción y realización de bienes anticipada, e incluso su utilización provisional”.

La perspectiva internacional de la reutilización de bienes incautados y decomisados en la que España podría fijarse

La cooperación internacional contra el crimen organizado es una prioridad para la mayoría de los países. España aporta a esta tarea el diseño de las políticas públicas de lucha contra el narcotráfico, que ejerce a través de la FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas), en colaboración con la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana (IILA).

Existen además dos directivas europeas, una de 2014 y otra de 2024, que dictan algunas de las políticas que los países deben implementar. En ellas, se hace especial hincapié en la mejora de los sistemas de reutilización social de bienes decomisados.

Ante la petición que hacen algunas entidades como la Fundación Gallega contra el Narcotráfico para favorecer la cesión de bienes y no sólo priorizar su monetización, Borja Díaz, director de la FIIAPP y de COPOLAD, un programa de cooperación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe en materia de políticas de drogas , atiende a Maldita.es por videollamada, asienta algunos aspectos del Fondo: “Se destinan millones de euros a programas, pero en algunos casos también se dan bienes como lanchas o helicópteros a ministerios, a la Fiscalía Antidroga o a la Agencia Tributaria”. 

Massimo Meccheri, técnico de la IILA en el marco del Programa de Cooperación en materia de Drogas, que también participa en la videollamada con Maldita.es, da su parecer, sin desmerecer lo expresado por Díaz: “Yo creo que se podría hacer más en destinación directa de esos bienes a comunidades autónomas y municipios y atraer con ellos proyectos sociales en los territorios”.

Meccheri comenta la experiencia italiana, que es la que cimentó buena parte del espíritu de la directiva europea de 2024. Mientras que en España la prioridad es monetizar y financiar proyectos de prevención y reinserción, en Italia lo primordial es, desde hace décadas, la cesión directa de los inmuebles y bienes del crimen organizado a las comunidades locales.

La diferencia, explica el técnico de la FIIAPP, partiría de que la experiencia de ambos países es diferente. “Esta necesidad de resarcir a la sociedad se da quizás en países donde esta problemática ha sido más fuerte. Sin embargo, esto no quiere decir que no valdría la pena hacerlo. Sí valdría la pena porque aquí también el narcotráfico es un fenómeno fuerte en algunos territorios”, concluye Meccheri.

Solo nueve agentes de policía y Guardia Civil para localizar los bienes: la necesidad de aportar más recursos

Una de las prácticas de los criminales con los bienes (coches, barcos, dinero en efectivo, joyas, etc.) que obtienen a partir de sus delitos es esconderlos e incluso llevarlos a otro país, a otra jurisdicción. Esto, para Daniel Rodríguez Horcajo, Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, y maldito que nos ha prestado sus superpoderes, es parte de la mecánica básica del crimen organizado. “Es de primero de criminalidad”, ironiza Rodríguez.

El jurista incide en que las herramientas legales para el decomiso están lo suficientemente desarrolladas para que sea efectivo: “Lo importante es que se lo hemos quitado de las manos, que le hemos quitado el caramelo vinculado al delito”. 

Pero para llegar hasta ese punto, se necesita que la localización y recuperación de los activos que los criminales ocultan en España o en el extranjero funcione. En España se creó en 2014 la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) al calor de una directiva que emitió la UE, que obligaba a crear estas oficinas en cada país socio. Estaban llamadas a ser una herramienta de la Justicia para buscar, localizar y finalmente incautar los bienes del crimen organizado.

En su décimo aniversario, Rodríguez señala que en este plano los resultados son decepcionantes. “En las estadísticas de la ORGA, el valor de los bienes decomisados, las cantidades son nimias”, comenta Rodríguez. Entre 2014 y 2022, según el último informe elaborado por la ORGA, el acumulado desde su origen asciende a 102,9 millones de euros, aunque los primeros años se dedicaron a desarrollar jurídicamente el organismo.

Maldita.es ha tratado de ponerse en contacto en reiteradas ocasiones con la ORGA por diferentes vías de contacto sin conseguir una respuesta. La finalidad era preguntar con cuántos efectivos cuenta la oficina en la actualidad para rastrear y localizar los bienes del crimen organizado.

El último dato disponible es el de la memoria de 2019. El total de agentes de policía y Guardia Civil adscritos a la ORGA para localizar y recuperar bienes, según ese documento, es de nueve personas, además de otras tres de la Administración General del Estado. Doce personas para investigar dónde esconden los criminales los bienes en España y el extranjero. Daniel Rodríguez Horcajo es claro: “Entiendo que es muy fácil quejarse de esto y decir que la cosa no funciona, pero al menos que no sea por desidia”.

Ana E. Carrillo del Teso, señala que para valorar la acción de la Oficina conviene tener en cuenta sus circunstancias: “La ORGA tiene nueve años de bagaje, pero es difícil evaluar su desempeño ya que ha sido sometida a multitud de cambios administrativos y desde el inicio no se le dieron los recursos ni humanos ni materiales suficientes para su función”.

Foto de portada: Diseño de Malu Saenz Jaramillo, con fotografías de Luis Soto.

Del crimen a la comunidad: bienes decomisados al narcotráfico

Este reportaje forma parte de una investigación internacional en la que han colaborado Lavialibera (Italia), Scena9 (Rumanía) y Maldita.es (España). El proyecto explora las prácticas de reutilización de los bienes decomisados en los tres países destacando su impacto, desafíos y posibles soluciones.

Hemos analizado en profundidad, en cuatro reportajes, el problema compartido de la falta de soluciones para revertir a la sociedad los bienes decomisados al narcotráfico en España, Italia y Rumanía. Además, ponemos el foco en la situación de España y hablamos con asociaciones que gestionan bienes provenientes del narcotráfico y su impacto en las comunidades locales.

Esta investigación se ha desarrollado gracias al apoyo de Journalismfund Europe.

Puedes leer aquí el resto de artículos de la investigación

Del crimen a la comunidad: la reutilización social de bienes decomisados a la mafia y el narcotráfico en Italia, España y Rumanía

El Campell: la antigua mansión del narco Franky que ahora busca nuevas vidas para mantener un uso social

Un velero decomisado al narcotráfico como solución para que todas las personas puedan participar de la "tradición marinera" gallega

En este artículo ha colaborado con sus superpoderes el maldito Daniel Rodríguez Horcajo, Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid.

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Since 2003, Spain’s  legislation regulates the confiscation process and establishes the creation of a State fund. On the other hand, the National Plan on Drugs (PNSD, acronym in Spanish) is responsible for the custody, transfer and auction of confiscated assets. With the money obtained, the Fund tenders aid for prevention and reintegration programmes for drug addicts, the improvement of the pursuit of drug trafficking, reinforcing the resources of the State Security Forces and Corps and strengthening international cooperation programmes.

Confiscation in Spain: priority is given to auctions, but experts call for increased transfers

When someone investigated for drug trafficking crimes is arrested, all their assets are seized. Any assets that the person may have hidden are also tracked , a process in which the ORGA (Office for the Recovery and Management of Assets), dependent on the Ministry of Justice, is involved. Once located, these are transferred to the judicial authority, which retains them until there is a final judgment in the case. After the verdict, which sometimes happens 10 or 12 years after the seizure, these assets become the property of the Confiscated Assets Fund, explains Joan R. Villalbí, Government delegate for the National Plan on Drugs.

After being included in the Fund, the assets can be auctioned, transferred, assigned or sold. The beneficiaries, stipulated in Law 17/2003, which regulates the Confiscated Assets Fund, of the assets and the money that the Fund obtains from the auctions, can be: the State Security Forces with jurisdiction over drug trafficking, town councils, regions and NGOs at the regional or state level that carry out activities for the prevention or reintegration of drug addicts.

However, the associations and entities that work on the front line in this field point out some deficiencies in the distribution of aid that prevent them from expanding the scope of their activities. Many of them do not meet the requirements to obtain the largest lines of aid, so they depend on those that the Fund transfers to the regions for distribution and that, in many cases, do not respond to, or report, the social problems that drug trafficking causes in their areas.

On the other hand, confiscated objects are rarely transferred to this type of entity, since in Spain, according to the law itself, monetization is prioritised. The experts consulted do not downplay this option, but warn that, to fight drug trafficking and its social roots, the direct transfer of goods to local communities should be encouraged so that they can enjoy them directly and so that awareness is created that the fight against drug trafficking is tangible and real.

Only 3.35% of confiscated goods are transferred to social services

The National Plan on Drugs (PNSD) reports show that, between 2013 and 2023, up to 7,833 vehicles have been confiscated, originating from drug trafficking. This is the most confiscated type of good in Spain, followed by “objects”, of which no details are specified in the reports (6,675), companies (2,025), boats (1,340), real estate (1,025) and jewellery (869). According to data obtained in the FOIA request, most of these assets are used to strengthen the resources of the National Police, Civil Guard and regional police forces.

The PNSD indicates that under the category of objects are grouped goods “off the market or of very little value and deteriorated”. More than 50% are mobile phones, “normally  obsolete and with personal data”. There are also clothes, household goods, drug handling material, costume jewellery and trinkets or hardware “that are very difficult to monetise”.

Andalusia is the region that has received the most funds in social aid from the Fund, with 17.5 million euros since 2013. Catalonia receives 13.5 million euros and is followed by the Community of Madrid with 10.8 million. Always in similar amounts year after year since many of the tenders published are repeated periodically. The Fund obtains this money from the auctions of the goods. With the money raised in the last decade, according to data from the annual reports of the PNSD, 94,766,262 euros have been allocated to projects related to the prevention of drug addiction, with money charged to the Fund.

Regarding the years, 2016 was the year in which most assets were seized, with 4,046. In 2020, due to the pandemic, at least: 977 assets. Andalusia leads the number of inventoried assets, with 1,615, with the provinces of Malaga and Cadiz leading the way. It is followed by the Community of Madrid with 544 and Catalonia with 485. It should be noted that these inventoried assets are located in each of these regions because it is the place where they are stored during the trial until it is decided to auction or transfer them, it does not have to be the place where they were seized.

Maldita.es made a FOIA request to the National Plan on Drugs to find out the destination of the assets that have not been auctioned. According to the data provided, since 2018 the fund has inventoried 4,859 properties, of which 85.5% (4,154) were abandoned. The Fund details that abandoned properties are agreed upon in an Adjudication Coordination Table due to their “material or functional deterioration, or due to the high costs of storage, conservation or administration”. Only 3.35% of these have been transferred to other entities for social use.

An example of the transfer of confiscated assets is the mansion in la Finca El Campell, in Pedreguer (Alicante). Since 2008, first the Justice and then the Fund signed an agreement with the town council to allow its social use, focused on the prevention and assistance of drug addiction. Among other organizations, AMADEM has its office, an association that cares for people with mental illnesses and, in “a high percentage” of cases, they live with some addiction, says its coordinator, Esther Escrivá.

However, cases like El Campell are exceptional, in fact, it is the only property that has been given away for free since 2003, when the Fund was created. Generally, the assets are auctioned, “monetized” and then allocated to prevention projects, concludes Villalbí.

Anti-drug associations demand specific plans to be eligible for direct aid

The Fund cooperates with the regions, city councils and associations or foundations. However, the direct aid it gives is subject to a series of requirements that are established in each public call, also regulated. Applicants must be town councils of municipalities with at least 100,000 inhabitants or provincial capitals and the associations must have a national or, at least, regional scope.

Campo de Gibraltar (Cádiz) is one of the most affected areas in Spain by drug trafficking and its resulting problems, as it is one of the gateways for drugs to Spain and Europe. However, of the seven municipalities that comprise Campo, only Algeciras can opt for direct aid from the Confiscated Property Fund based on the population requirements set by the ministry, as it is the only one with more than 100,000 citizens.

Francisco Mena is the president of the Coordinadora Alternativas, an entity that brings together the anti-drug associations of Campo de Gibraltar. “It is a completely unfair law. The only town council that can benefit from it is Algeciras. And the town council of La Línea [de la Concepción], with the significant impact it has from drug trafficking, cannot benefit from these funds,” protests Mena.

The law establishes that entities or councils that do not meet the requirements can opt for the aid established by the Fund for the regions. However, Mena points out that the situation in Campo de Gibraltar is different and that  it is not enough, for example, to stick to the data on drug consumption to design the aid that the Junta de Andalusia grants on the basis of what is transferred to it by the PNSD : “Here there is no more drug consumption than in other territories, but we have a different problem to the rest of the terrotirues, which is the environment that is created around drug trafficking where, due to lack of opportunities, young people from some neighbourhoods get into it.”

Currently, with the aid they receive from the Junta, the Coordinadora Alternativas attends to the needs of the areas most affected by drug trafficking in Campo de Gibraltar. Among them are activities such as summer canteens for youth whose families are in a vulnerable situation, summer camps, job placement plans... But Mena says that it is not enough and demands that the institutions stop “passing the buck to each other”: “The Fund and the Board could sit down to create a series of specific targeted aids for Campo de Gibraltar.”

This, in Mena’s opinion, could greatly improve the situation and serve as a remedy, but he warns that action must be taken as soon as possible: “If a 16, 17 or 18-year-old kid knows that he will not have any opportunity, drug trafficking quickly captures him. And once they are in that world, they don't go out there because they get used to earning 3,000 euros in one night... The ideal is to work before that circumstance occurs.”

Speeding up social reuse from judicial processes to reduce the deterioration and asset stripping

The data on abandonment and deterioration of confiscated assets are admitted by the authorities themselves in the reports and transferred data. Many of the hundreds of assets that arrive at the Fund are in a state that prevents them from being sold, auctioned or transferred. In 2023 alone, 798 assets were abandoned (385 objects, 370 vehicles and 43 boats), and from 2018 to July 2024, 4,020 were abandoned; more than half, objects.

The Galician Foundation Against Drug Trafficking is a pioneering organisation that, since 2019, has been offering assistance to Galician courts to manage assets seized from drug trafficking, not yet confiscated for use, as well as acting in the field of social awareness. Its manager, Fernando J. Alonso, says that since they began with this task they have managed around 250 seized movable assets valued at approximately 1.3 million euros.

However, it is an option that works “on demand”. “We take charge of the management of movable assets when the court asks us to, which is much less frequent than we would like,” explains Alonso.

Alonso calls for this collaboration to be extended so that the return of organised crime assets to society is much more “agile”. This can happen, Alonso continues, by encouraging the possibility that assets, while they are seized in the middle of a judicial process, can be temporarily transferred, as occurred at the end of the 90s with the sailboat ‘Laion’. “While it is not sold [pending its final confiscation with the sentence], that asset can be providing a service to society,” Alonso reasons, and adds by giving an example: “If a car cannot be sold, for whatever reason, let’s transfer it so that it can be used while its destination is decided… Let’s transfer it temporarily, even if it is. In this way it provides a great benefit to society if you manage to ensure that a social organization can benefit from it.”

The Foundation has a similar problem to the Coordinadora Alternativas, which, as it does not operate outside the region, is not eligible for direct aid from the Fund to finance its activities, so its interlocution is with the Xunta de Galicia... “It is paradoxical, because our work is also for the Fund in the end. If the Foundation is not there, when the sentence for a car that can be sold for 20,000 euros reaches the Fund, what it will receive is scrap metal lying on the street, because [if it deteriorates] that car is not worth 20,000 euros but one hundredth of that, it is not just that it collects money, it is that [the Fund] will have to spend it [to get rid of it].”

It is necessary, the Foundation says, to reform the rules that regulate the Fund so that more entities can opt for more aid, and to value the work of organisations like theirs, which from civil society are directly responsible for managing the reuse of goods by local communities. The latter, they point out, serves especially to raise awareness against “criminals,” but to do so they need more capacity and resources.

The Foundation clarifies, because it does not want to give rise to the erroneous idea that nothing is being done in Spain for the reuse of objects, that through the Fund dozens of projects for reintegration, prevention, studies and training are financed to fight against drug trafficking and its consequences. This is confirmed by the Fund's own reports. "But it is not enough, especially for the management of assets, which could be infinitely better," concludes Alonso.

Ana E. Carrillo del Teso, researcher at the University of Salamanca and expert in procedural law, thinks that there are ways to improve the situation, which partly coincide with those requested by Alonso: “The best solution is the proper management of the assets during the judicial process and make use of the possibilities provided by art. 367 bis et seq. of the Criminal Procedure Law, which is the destruction and realization of property in advance, and even its provisional reuse.”

The international perspective of the reuse of seized and confiscated assets that Spain could focus on

International cooperation against organised crime is a priority for most countries. Spain contributes to this task by designing public policies to fight against drug trafficking, which it carries out through the FIIAPP (International and Ibero-American Foundation for Administration and Public Policies), in collaboration with the International Italian-Latin American Organisation (IILA).

There are also two European directives, one from 2014 and another from 2024, which dictate some of the policies that countries must implement. They place special emphasis on improving the social reuse systems of confiscated goods.

In response to the request made by some entities such as the Galician Foundation against Drug Trafficking to promote the transfer of goods and not only prioritize their monetization, Borja Díaz, director of FIIAPP and COPOLAD, a cooperation program between the EU, Latinamerica and Caribbean region, attends Maldita.es by video call, establishes some aspects of the Fund: “Millions of euros are allocated to programs, but in some cases goods such as boats or helicopters are also given to ministries, the Anti-drug Prosecutor or the Tax Agency.

Massimo Meccheri, worker of the IILA at the Cooperation Program about Drug issues, who also participates in the video call with Maldita.es, gives his opinion, without underestimating what Díaz said: “I believe that it could be done more in the direct allocation of these assets to regions and municipalities and attract social projects in the territories with them.”

Meccheri comments on the Italian experience, which is what boosted a good part of the spirit of the European directive of 2024. While in Spain the priority is to monetize and finance prevention and reintegration projects, in Italy the main thing has been, for decades, the direct transfer of the properties and assets of organised crime to local communities.

The difference, explains Meccheri, would be that the experience of both countries is different. “This need to compensate society perhaps occurs in countries where this problem has been stronger. However, this does not mean that it would not be worth doing so. Yes, it would be worth it because here too drug trafficking is a strong phenomenon in some territories,” concludes Meccheri.

Only nine police officers and Civil Guard to locate the assets: the need to provide more resources

One of the practices that criminals do with the assets (cars, boats, cash, jewellery, etc.) they obtain from their crimes is to hide them and even transfer them to another country, with another jurisdiction. This, for Daniel Rodríguez Horcajo, Associate Professor of Criminal Law at the Autonomous University of Madrid, is part of the basic methodologies of organised crime. “It is first-class criminality,” Rodríguez ironically says.

The jurist emphasises that the legal tools for confiscation are sufficiently developed for it to be effective: “The important thing is that we have taken it out of their hands, that we have taken away the candy linked to the crime.”

But to get to that point, the location and recovery of the assets that criminals hide in Spain or abroad needs to work. In Spain, the Office for the Recovery and Management of Assets (ORGA, acronym in Spanish) was created in 2014 in response to a directive issued by the EU, which required the creation of these offices in each partner country. They were intended to be a Justice tool to search for, locate and ultimately seize the assets of organised crime.

However, on its tenth anniversary, Rodríguez points out that in this regard the results are disappointing. “In the statistics of the ORGA, the value of the assets seized, the amounts are negligible,” says Rodríguez. Between 2014 and 2022, according to the latest report prepared by the ORGA, the accumulated amount since its inception amounts to 102.9 million euros, although the first years were dedicated to legally building the organisation.

Maldita.es has tried to contact the ORGA on several occasions through different methods of contact without getting a response. The purpose was to ask how many staff the office currently has to track and locate the assets of organised crime.

The latest available data is from the 2019 report. The total number of police officers and Civil Guard assigned to the ORGA to locate and recover assets, according to that document, is nine people, in addition to another three from the National State Administration. Twelve people to investigate where criminals hide assets in Spain and abroad. Daniel Rodríguez Horcajo is clear: “I understand that it is very easy to complain about this and say that things are not working, but at least it should not be due to negligence.”

Ana E. Carrillo del Teso points out that to evaluate the Office's action it is advisable to take into account its circumstances: “The ORGA has 9 years of experience, but it is difficult to evaluate its performance, because it has been subjected to a multitude of administrative changes and, since its beginning, it was not given sufficient human or material resources for its function.”

Cover picture: Designed by Malu Saenz Jaramillo, with photos taken by Luis Soto.

From crime to community: the social reuse of confiscated assets in Italy, Spain and Romania

This report is part of a cross-border investigation carried out by Lavialibera (Italy), Scena9 (Romania) y Maldita.es (Spain). This project explores the social reuse of confiscated assets in the three countries highlighting its impact, challenges and possible solutions.

We have analyzed, in four features, the shared problem of the lack of solutions to throw back to society the confiscated assets related to drug trafficking in Spain, Romania and Italy. We also focus on the situation in Spain and speak to associations that manage drug trafficking-assets and their impact on local communities.

This investigation has been developed with the support of Journalismfund Europe.

La reutilización social de bienes decomisados ha ganado reconocimiento en las últimas décadas presentándose como una herramienta eficaz para combatir el crimen, no solo reapropiándose del espacio económico y social que antes ocupaban los criminales, entre ellos narcotraficantes o mafiosos, sino también promoviendo la justicia restaurativa, en aquellos bienes que contribuyen a la reparación del daño infligido a las comunidades afectadas. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. Según Europol, solo el 1% de los beneficios generados anualmente por actividades ilícitas a nivel de la Unión Europea se confisca, y un informe de 2020 de la Comisión Europea destaca que sólo 19 de los 27 Estados miembros adoptaron una legislación específica sobre la reutilización social de activos.

La reutilización de los bienes: el valor de devolver los bienes a la sociedad

La historia del decomiso y la reutilización de activos comenzó a finales del siglo pasado, con un importante compromiso de la sociedad civil italiana. Una recogida de firmas de más de un millón de personas apoyó la ley 109/96 presentada por el exdiputado italiano Giuseppe Di Lello. “En el momento histórico en que se votó esta ley, las Cámaras se disolvieron y nos encaminamos hacia las elecciones”, dice Tatiana Giannone, responsable del sector Bienes Confiscados de Libera, la asociación antimafia italiana más importante del país. “Había que aprobar la ley muy rápidamente y después de una gran labor de incidencia política, fue aprobada en la Comisión de Justicia”. 

En aquel momento, ya se trataba de un gran cambio de rumbo en la lucha contra la mafia: la idea de que la represión militar de las organizaciones criminales –también en vista de las masacres que habían ensangrentado Italia– no sería suficiente para frenar su peligrosidad, sobre todo en presencia de enormes reservas de capital. Las categorías de los bienes decomisados a la mafia son diferentes. Desde cuentas corrientes y acciones; bienes inmuebles, como pisos, terrenos y locales comerciales, hasta empresas.

Aunque la norma lleva años implementándose, aún presenta limitaciones, como recuerda Bruno Corda, ex director de la Agencia Nacional de Bienes Confiscados de Italia. “Pasan años –señala Corda– desde el momento en que la agencia asigna el bien hasta el momento en que el bien es reutilizado. Este lapso de tiempo representa un agujero en el mecanismo y corre el riesgo de dar una impresión equivocada”. Para él, “cuando los actores ilegales establecen las reglas del juego, incluso los actores que no están vinculados al crimen organizado tienden a adaptarse porque es la única manera de permanecer en el mercado. Devolver a esa empresa a la economía legal ayuda a restablecer un sistema de competencia sana que beneficia a todo el territorio”.

Para que este ejemplo italiano traspasara las fronteras nacionales, fue fundamental el compromiso de la red europea Chance (Civil hub against organised crime in Europe) para empezar a poner sobre el mapa las prácticas existentes en otros países de la UE, registrando la presencia de activos reutilizados. En 2024, la aprobación de la Directiva Europea 2024/2016 para unificar y fortalecer la manera en que los países de la UE rastrean, confiscan y utilizan los activos pertenecientes al crimen organizado ​​marca un punto de inflexión. “La nueva directiva”, concluye Corda, “contiene medidas de importancia fundamental. Pero es necesario un salto de calidad ideológico en las conciencias y en las normativas nacionales. Sólo cuando dejemos de considerar el delito como un cuerpo extraño y empecemos a entender que disfruta de coexistencia con la sociedad, entonces comprenderemos el valor de devolver los bienes a la comunidad”.

En esto también coincide Tatiana Giannone, que añade otros objetivos para el compromiso de los gobiernos nacionales: imaginar la reutilización social de los bienes confiscados como una verdadera restitución a la comunidad y a las víctimas del delito, e investigar el mercado legal infiltrado por las mafias. Además, también se debe ayudar a las empresas que reutilizan bienes para que sus negocios sean sostenibles. Giannone cierra su enumeración con la última propuesta, la creación de una red de agencias para la gestión de los bienes confiscados: “Para que haya una relación entre el sector público y el privado, para que las instituciones y la sociedad civil puedan dialogar entre sí”.

Mientras estas propuestas buscan concretarse en los próximos meses, las diversidades territoriales de decomiso y reutilización cuentan historias diferentes, de avances y de frenazos, de éxitos y de expectativas.

España: autoridades y asociaciones reclaman una reforma del sistema de ayudas y reparto para agilizar los procesos de venta y transmisión de bienes

En España, los narcotraficantes han utilizado a veces veleros para acercar la droga hasta la playa o han invertido el dinero ilícito en mansiones en mitad del campo. Pero, ¿qué ocurre con esos bienes desde que los narcos son detenidos? En 2003, se creó el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas, adscrito al Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), que a su vez depende del Ministerio de Sanidad. Los bienes que se incautan en operaciones contra el narcotráfico pasan a estar bajo la tutela de la Justicia hasta que se dicta una sentencia firme. Si esta es condenatoria, el bien puede ser decomisado, es decir, puede pasar a ser propiedad del Estado. 

El Fondo se encarga de recibir los bienes ya decomisados para su gestión, que pueden venderse, subastarse o cederse. Sin embargo, la cesión se contempla en la propia legislación como un hecho “excepcional” en el artículo 4.2 de la ley 17/2003, por la que se regula el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Los datos entregados a Maldita.es tras una petición a transparencia sobre el destino y el uso de los bienes no integrados o no subastados por el Fondo, entre los años 2018 y 2024, detallan que solamente el 3,35% de los bienes se ceden. 

En la práctica, autoridades y asociaciones que promueven proyectos sociales a través de bienes decomisados creen que se deberían agilizar los trámites y flexibilizar sus usos sociales. De esta forma, se evitaría que los bienes decomisados al narcotráfico se acumulen en un almacén y acaben obsoletos sin poder devolverle a la comunidad un servicio social como indica la ley, ya sea de forma económica o a través de la cesión de su uso. Según datos facilitados a Maldita.es, entre 2018 y 2024, un total de 4.154 bienes del Fondo fueron abandonados por diferentes razones, como la dilatación durante años de los procesos judiciales hasta que existía una sentencia firme o por el deterioro que sufren mientras tanto esos bienes.

Un ejemplo de cesión es la Finca El Campell, que se encuentra en Pedreguer,  un pueblo de 8.000 habitantes en el interior de Alicante, en el este del país. Se trata de una mansión que, hasta 2006, pertenecía al narcotraficante Francisco Javier Martínez Sanmillán, conocido como Franky, y que ahora está integrada en el Fondo de Bienes Decomisados, dependiente del Ministerio de Sanidad. En la primera planta, tiene su oficina AMADEM, una asociación sin ánimo de lucro que atiende personas con enfermedades de salud mental y que, en algunos casos, van acompañadas de adicciones, lo que se denomina patología dual. También es sede de la unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas de la comarca y varias organizaciones sociales han utilizado sus instalaciones para actividades relacionadas con la prevención de la drogodependencia. Sin embargo, no es suficiente uso para una vivienda de 400 metros cuadrados, y el ayuntamiento de la localidad aspira a encontrar más alternativas de usos sociales. De otra forma, aseguran, tendrán que devolverlo al Ministerio de Sanidad que “probablemente la subastará”.

En Galicia, el velero ‘Laion’ navega por la ría de Camariñas, en A Coruña, sin haber sido subastado por el Estado. Se incautó a narcotraficantes a finales de los años 90. Ahora, tras ser cedido a COGAMI, una organización sin ánimo de lucro, se utiliza como herramienta de inclusión para que la navegación sea una actividad abierta a todas las personas. Fue el caso de Emily y Damián González, hermanos de ocho y diez años respectivamente, ambos con discapacidad motriz, que gracias a la actividad en el ‘Laion’ pudieron conocer a otros jóvenes que participaron en la travesía, según cuenta su madre, Jessica Carmona.

Entre 2013 y 2023, se han incautado en España hasta 7.833 vehículos procedentes del narcotráfico. Es el bien que más se decomisa en España, seguido de “objetos”, como teléfonos móviles, ropa o enseres del hogar (6.675), sociedades (2.025), embarcaciones (1.340), inmuebles (1025) y joyas (869). El caso de este velero es diferente al de otros bienes y no responde a los requisitos actuales que deben cumplirse para proceder a la entrega de un bien a una entidad o institución, ya que se produjo antes de que entrara en funcionamiento el Fondo de Bienes Decomisados. La Audiencia Nacional ordenó su cesión directa en guardia y custodia sin indicar una duración concreta. Esta cesión, que no tiene límite en el tiempo, permite a COGAMI mejorar su actividad: “No inviertes lo mismo en mejorar el barco y mantenerlo en perfecto estado si sabes que al cabo de cinco años no vas a poder usarlo ya”, comenta su coordinadora, Isabel González.

Italia: construir alianzas para superar el “shock de legalidad”

Italia es pionera en materia de decomiso y ha desarrollado un sólido sistema para la reutilización social de esos bienes. El informe de 2023 de la Agencia Nacional para la Gestión y la Asignación de Bienes Incautados y Decomisados ​​a la Delincuencia Organizada (ANBSC), creada en 2010, contabiliza 43.422 bienes inmuebles confiscados a nivel nacional, concentrados principalmente en las regiones más afectadas por la presencia de las mafias (Sicilia, Campania, Calabria, Apulia, pero también la región norte de Lombardía). De ellos, el 55% (23.658 bienes) ha sido transferido para su reutilización, mientras que el 45% restante se mantiene bajo la custodia de la agencia a la espera de ser asignado. En otras palabras, la oferta supera la demanda. 

Las necesidades sociales podrían ayudar a resolver la reutilización de los bienes confiscados, pero las comunidades locales a menudo carecen de los recursos necesarios para solicitar y gestionar el patrimonio. “En muchos casos, los bienes decomisados están muy concentrados en municipios pequeños donde tanto las autoridades locales como las organizaciones de la sociedad civil, cuando están presentes, podrían no ser capaces de diseñar un proyecto de reutilización sostenible y hacerlo funcionar”, señala Bruno Corda. “En estos casos es esencial fomentar la cooperación entre municipios vecinos u organizaciones de la sociedad civil para unir fuerzas”, añade.

Casa Chiaravalle, ubicada en la periferia sur de Milán, ofrece un ejemplo exitoso de cómo la sociedad puede reutilizar un bien decomisado. Consta de dos casas rurales con una superficie total de 1.300 metros cuadrados rodeadas de siete hectáreas de terreno. Es aquí donde Pasquale Molluso, un traficante de armas y drogas, vivía con su familia antes de que la propiedad fuera decomisada por la policía en 2009, luego transferida al ayuntamiento de la localidad en 2013 y finalmente asignada para su reutilización en 2017 a un consorcio de cooperativas. “Si no tuviéramos cinco organizaciones sólidas capaces de ir al banco y conseguir financiación, de ahorrar dinero de nuestras actividades y de recaudar donaciones, esto habría sido imposible”, afirma Marco Lampugnani, presidente del consorcio.

Hoy en día, Casa Chiaravalle acoge una “mezcla de viviendas”, como le gusta decir a Lampugnani: una decena de ancianos que viven en un cohousing social, 14 personas sin hogar, como hogar de acogida de nueve menores, y cuatro solicitantes de asilo. La decoración es sobria. Sólo el mármol que cubre los suelos y el tamaño de los espacios dejan entrever la opulencia en la que vivían los antiguos propietarios. “Se llevaron todo antes de que llegáramos”, dice Lampugnani. “Este es uno de los problemas, el hecho de que pasen demasiados años entre la incautación, la confiscación y la reutilización”. Las obras de reestructuración resultaron más largas, más caras y más complejas de lo previsto: “No había alcantarillado, vertían aguas residuales ilegalmente en los campos. En total, invertimos un millón de euros”.

Las inversiones necesarias para la renovación a menudo desincentivan a las organizaciones a solicitar la reutilización, teniendo en cuenta también que los activos se confían en concesión por unos años sin certeza de renovación. Para superar esta barrera, el pasado mes de enero el Ayuntamiento de Milán introdujo nuevas reglas según las cuales la duración de la concesión puede adaptarse a la inversión necesaria y, si al vencimiento de las concesiones no se ha devuelto todo, la parte restante puede ser cubierta por el nuevo concesionario.

La necesidad de grandes inversiones y capacidades de gestión plantea un desafío aún mayor cuando se trata de recuperar las empresas confiscadas. En Italia hay 3.225 de ellas, pero sólo el 5% está actualmente operando en el mercado, según el informe de la agencia nacional. El 68% se considera “incapaz de continuar o reanudar su actividad económica declarada”, mientras que el 27% restante podría hacerlo solo si se acompaña adecuadamente en la construcción de un plan financiero y operativo sostenible. 

Geotrans, una empresa de transporte con sede en Catania (Sicilia) es uno de los pocos ejemplos de empresas decomisadas que han logrado superar el “shock de la legalidad”, es decir, el paso de la economía criminal a la legal. Fundada en los años 90 por la familia Ercolano-Santapaola, fue intervenida en 2014 y puesta bajo tutela judicial. En 2020, la empresa pasó a manos de sus propios trabajadores unidos en una cooperativa. La transición a la economía legal resultó bastante complicada, como recuerda el presidente Maurizio Faro: “Al principio, nos encontramos con cero clientes. La empresa trabajaba mucho con el sector agrícola, que es conocido por sus altos niveles de infiltración criminal, por lo que muchas granjas vinculadas a la mafia dejaron de trabajar con nosotros. Otros hicieron lo mismo porque vieron que muchas empresas confiscadas cerraban en pocos meses”.

Según Faro, la clave es construir una red de empresas que compartan los mismos valores y se apoyen entre sí: “Si soy productor de queso y me importa la legalidad y estar contra la mafia, ¿por qué no confiar en una compañía como Geotrans para distribuir mis productos?”. Mediante las alianzas con cooperativas, Geotrans ha ganado espacio en el mercado y en la actualidad suministra productos agrícolas sicilianos por toda Italia a la mayor cadena de supermercados de Italia.

El impacto del éxito de historias como esta no se limitan solo a una empresa decomisada, sino que se expande por toda la economía local, como explica Corda: “Cuando un negocio no juega acorde a las reglas, no paga impuestos, no respeta a sus trabajadores o tiene beneficios ilícitos, el resto de empresas en el entorno tiende a hacer lo mismo para permanecer en el mercado. Por tanto, recuperar la empresa a la economía legal contribuye a reestablecer un sistema de competición justa que beneficia a toda la zona”.

Rumanía: un largo camino por delante, pavimentado con buenas intenciones y mucha burocracia

“He leído un estudio europeo que decía que los acusados ​​prefieren pasar tiempo en prisión antes que que les quiten su riqueza. Lo cual resulta ser cierto”, afirmó en 2018 Laura Codruța Kovesi, ahora jefa de la Fiscalía Europea, en una reunión con legisladores sobre la recuperación de activos confiscados. “No hay nada peor que la confiscación de bienes, así que lo mejor es irse”, dijo en 2008 el jefe de la mafia italoamericana Francesco Inzerillo en una intervención telefónica grabada por la policía en el marco de la ‘Operación Puente Viejo’, una operación policial conjunta de Estados Unidos e Italia en la que fueron detenidas 77 personas entre Nueva York y Palermo.

Desde 2015, en Rumanía se encuentra en funcionamiento la Agencia Nacional para la Gestión de Bienes Incautados (ANABI), que comparte con la Agencia Nacional de Administración Fiscal (ANAF) la recuperación de bienes incautados y es la principal responsable de su reutilización social. En la página web de la ANABI, además de subastas de coches y relojes de lujo, lingotes de oro o metros cúbicos de madera confiscada, también hay anuncios sobre edificios que han pasado a ser propiedad del Estado y que podrían ser recuperados por instituciones públicas u ONG para proyectos de prevención del delito o de apoyo a las víctimas.

De las 129 propiedades confiscadas por los fiscales y que pasaron a ser propiedad del Estado, en el transcurso de ocho años (2016-2023), sólo dos están ahora involucradas en un procedimiento de reutilización pública o social.

En 2020, se anunció el primer caso de reutilización pública de un edificio decomisado. Un bloque de oficinas de vidrio y acero en el centro de la capital rumana, Bucarest, que perteneció a un delincuente financiero, y que iba a convertirse en la nueva sede de la Dirección Nacional de Libertad Condicional. El caso estaba relacionado con fraude y malversación de fondos a través de una red offshore. ​​Cuatro años después del anuncio público de su reutilización, el edificio está ocupado temporalmente por otra institución pública, la Administración Nacional de Penitenciarías, a la espera de la renovación de su antigua sede.

Tienen que pasar varios años hasta que un activo puede convertirse en propiedad estatal. Y  varios años más hasta que su comunidad puede darle uso. “En Rumanía, esta transformación es una burocracia en sí misma”, explica Radu Nicolae, un experto en anticorrupción y recuperación de activos, presidente de la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible. “Se necesita presupuesto para pintar las paredes, reparar las habitaciones, el cableado, el equipamiento, el transporte. Todo esto tiene que estar presupuestado, y además se debe poner en venta pública. Luego viene la ejecución de la compra, la recepción y luego la instalación de las personas allí y el funcionamiento”, añade.

En el norte de Rumanía, Sorin Gherghelucă, alcalde de Traian, una pequeña comuna en el condado de Bacau, parece tener más esperanzas. “El fracaso no es una opción para nosotros”, dice con firmeza. Tiene las llaves del primer edificio confiscado que se ha planeado para la reutilización social en el país. Es una lujosa villa de dos pisos de color naranja, con vistas a un enorme huerto abandonado con manzanos, ciruelos y cerezos. Fue decomisada hace siete años a una personalidad local bastante conocida en un caso de fraude fiscal y malversación de fondos. En abril de 2024, el alcalde de Traian vio el anuncio en la página web de ANABI, envió una solicitud de reutilización y habló con el Gobierno rumano para convencerlos de que su municipio es capaz de gestionar lo que planean que sea una residencia para ancianos. Luego recibió las llaves.

Pero hay limitaciones. El municipio está buscando alguna ONG con la que asociarse que tenga la experiencia adecuada en el cuidado de ancianos, y fondos para reformar el edificio. “El año que viene por estas fechas espero que vean a gente viviendo allí”, dice el alcalde. Sabe que hay una gran necesidad en su comunidad, dice que sigue recibiendo muchos mensajes de personas que se van al extranjero y están preocupadas por los padres que dejaron en Traian, un municipio con una población envejecida, en un país donde los servicios sociales y los cuidados paliativos son débiles y escasos.

Gherghelucă planea lanzar una convocatoria pública de licitación, escribir algunas solicitudes de financiación y, como se acerca el invierno, podar los árboles y las plantas, para tener una vista agradable. Los beneficiarios también podrán cuidar el huerto y utilizar sus frutos. “Haremos algo bonito allí”, suspira.

¿Qué hace falta para que más comunidades locales en Rumanía tengan la oportunidad de reutilizar para su beneficio un edificio confiscado al crimen organizado? Bastante, dice el experto Radu Nicolae. En primer lugar, hace falta información: hay que informar a más municipios y ONG sobre la posibilidad de reutilización social. Luego, hay que formarlos y proporcionarles una cantidad de dinero al menos para llevar a cabo las renovaciones. “Podemos hacer lo que hicieron los italianos, que elaboraron una estrategia que forma parte de un programa operativo financiado por la Unión Europea para la rehabilitación de edificios confiscados”. 

Un proceso burocrático más sencillo y fondos diseñados específicamente para la reutilización serían uno de los primeros pasos a seguir. “Creo que si perseveramos en esto los próximos cinco o seis años y lo hacemos cada vez con más tenacidad y mejor, las cosas pueden cambiar. Lo importante es perseverar, porque si nos damos por vencidos, volveremos al punto de partida. Lo que significa once años perdidos”, concluye Nicolae.

Foto de portada: Diseño de Malu Saenz Jaramillo, con fotografías de Paolo Valenti, Luis Soto y Ioana Cîrlig.

Del crimen a la comunidad: bienes decomisados al narcotráfico

Este reportaje forma parte de una investigación internacional en la que han colaborado Lavialibera (Italia), Scena9 (Rumanía) y Maldita.es (España). El proyecto explora las prácticas de reutilización de los bienes decomisados en los tres países destacando su impacto, desafíos y posibles soluciones.

Hemos analizado en profundidad, en cuatro reportajes, el problema compartido de la falta de soluciones para revertir a la sociedad los bienes decomisados al narcotráfico en España, Italia y Rumanía. Además, ponemos el foco en la situación de España y hablamos con asociaciones que gestionan bienes provenientes del narcotráfico y su impacto en las comunidades locales.

Esta investigación se ha desarrollado gracias al apoyo de Journalismfund Europe.

Puedes leer aquí el resto de artículos de la investigación

El laberinto burocrático deteriora los bienes decomisados al narcotráfico en España y dificulta un nuevo uso social

El Campell: la antigua mansión del narco Franky que ahora busca nuevas vidas para mantener un uso social

Un velero decomisado al narcotráfico como solución para que todas las personas puedan participar de la "tradición marinera" gallega

The social reuse of confiscated assets has gained recognition in recent decades as an effective tool to combat crime not only by reappropriating the economic and social space previously occupied by traffickers or gangsters, but also by promoting restorative justice, where these assets contribute to repairing the damage done to the affected communities. However, there is still a long way to go. According to Europol, only 1% of the profits generated annually from illicit activities at the EU level is confiscated and a 2020 report by the European Commission highlights that only 19 out of 27 member States adopted specific legislation on the social reuse of assets.

Reuse of confiscated assets: the value of returning goods to society

The history of the social reuse of confiscated assets began at the end of the last century in Italy, with a major commitment by Italian civil society. A collection of signatures of more than a million people in the country, in fact, supported law 109/96 presented by Giuseppe Di Lello, member of Parliament and former magistrate of the anti-mafia pool. “At the historic moment when this law was voted on, the chambers were dissolved and we were heading towards elections,” says Tatiana Giannone, head of the Confiscated Assets sector of Libera, the most important Italian anti-mafia association. “There was a need to pass the law very quickly and -Giannone continues- after a great advocacy action, it was approved in the Justice Commission in deliberation”. At the time, it was already a great change of direction in the fight against the mafia phenomenon: the idea that military repression of criminal organisations - also in view of the massacres that had bloodied Italy - would not be sufficient to curb their dangerousness, especially in the presence of huge reserves of capital. There are three different asset categories: from current accounts and shares to flats, land, business premises and companies.

Over the years there have been several implementations of the law, but it still has limitations, as Bruno Corda, director of the Italian National Agency for Confiscated Assets until August 2024, recalls: “Years pass from the moment the agency allocates the good to the moment the asset is reused. This time gap represents a sinkhole in the mechanism and risks giving the wrong impression, not only in Italy but also in other European States”. The Italian example was influential for European Union legislation. In 2024, the approval of the European Directive 2024/2016 should unify and strenghen they ways in which EU countries trace, freeze, confiscate and and use assets that belonged to organized crime. “The new directive contains measures of fundamental importance. But an ideological quality leap is needed in national consciences and regulations. Only when we stop considering crime as a foreign body, but begin to understand that it enjoys coexistence with society, then we will grasp the value of returning property to the community”, explains Corda.

Tatiana Giannone also agrees, and she adds other objectives to the commitment of national governments: imagining the social reuse of confiscated property as a true restitution to the community and to the victims of crime, investigating the legal market that has been infiltrated by the mafias and helping companies that reuse well so that their businesses are sustainable, while proposing the establishment of a network of national agencies for the management of confiscated property, "so that there is a relationship between the public and private sectors, so that institutions and civil society can talk to each other".

As these proposals seek to be realised in the coming months and years, the territorial diversities of confiscation and reuse tell different stories, of steps forward and stops, of successes and expectations.

Italy: building alliances to overcome the “legality shock”

Being a pioneer on the matter, Italy has developed a robust system of confiscation and reuse. The 2023 report by the National Agency for the Management and Allocation of Property Seized and Confiscated from Organized Crime (ANBSC), established in 2010, counts 43.422 confiscated immovable assets on the national level as of the 31st of December 2023, mainly concentrated in the regions most affected by the presence of mafias (Sicily, Campania, Calabria, Apulia, but also the northern region of Lombardy). Out of them, 23.658 (55%) have been transferred for reuse, while the remaining 45% is kept under the custody of the agency waiting to be allocated. The social needs that the reuse of confiscated properties could help address are many, but local communities often lack the resources needed to apply for and manage the assets. “In many cases, confiscated properties are highly concentrated in small municipalities where both local authorities and civil society organisations, where present, might not be able to design a sustainable reuse project and make it work”, says Bruno Corda. “In such cases it is essential to encourage cooperation between neighbouring municipalities or civil society organisations to join forces”. 

Casa Chiaravalle, located in the southern outskirts of Milan, offers a successful example of this. The largest confiscated asset in Lombardy, it consists of two farmhouses with a total area of 1,300 square metres surrounded by 7 hectares of land. This is where Pasquale Molluso, an arm and drug trafficker, used to live with his family before the property was seized by law enforcement in 2009, then transferred to the Municipality in 2013 and finally allocated for reuse in 2017 to a consortium of cooperatives. “If we didn’t have five solid organisations able to go to the bank and get funding, to save money from our activities, and to collect donations, this would have been impossible”, says Marco Lampugnani, president of the consortium. 

Today, Casa Chiaravalle hosts a diverse “housing mix”, as Lampugnani likes to say: a dozen elderly people living in a social cohousing, 14 homeless people, 9 minors in foster care, 4 asylum seekers. The decor is sober. Only the fine marble covering the floors and the size of the spaces hint at the opulence in which the former owners used to live. “They took everything away before we came in”, says Lampugnani. “This is one of the problems with the fact that too many years pass between seizure, confiscation and reuse”. The renovation work turned out to be longer, more expensive and more complex than expected: “There was no sewage system, they were illegally spilling wastewater into the fields. In total, we invested one million euros”. 

The investment needed for renovation often discourage organisations from applying for reuse, also considering that the assets are entrusted under concession for a few years with no certainty of renewal. To overcome this barrier, last January the municipality of Milan introduced new rules according to which the duration of the concession can be adapted to the investment needed and, if by the time the concessions expire not all of it has been repaid, the remaining part can be covered by the new concessionaire. 

The need for huge investment and management skills poses an even greater challenge when it comes to recovering confiscated businesses. Italy counts 3,225 of them, but only 5% is currently operating on the market according to the national agency’s report. 68% is deemed “unable to continue or resume their declared economic activity” while the remaining 27% could do so only if properly accompanied in building a sustainable financial and operational plan.

Geotrans, a transportation company based in Catania, Sicily, is one of the rare examples of confiscated companies that have managed to overcome the “legality shock”, meaning the shift from the criminal to the legal economy. Founded in the 1990s by the Ercolano-Santapaola mafia family, it was seized in 2014 and put under judicial management. In 2020, the company was taken over by its own workers united in a cooperative. Transitioning to the legal economy proved to be quite challenging, as president Maurizio Faro recalls: “At the beginning, we found ourselves with zero customers. The company used to work a lot with the agricultural sector, which is known for its high levels of criminal infiltration, so many farms linked to the mafia stopped working with us. Others did the same because they saw that many confiscated companies were shutting down within a few months”.

According to Faro, the key is to build a network of businesses that share the same values and support each other: “If I’m a cheese producer and I care about legality and antimafia, why not rely on a company like Geotrans to distribute my produce?”. By partnering with other cooperatives, Geotrans finally managed to gain a space in the market and today transports agricultural products from Sicily to the supermarkets of a major chain throughout Italy.

The impact of success stories like this one is not limited to the confiscated company alone, but spills over to the local economy, as Corda explains: “When a business doesn’t play by the rules, doesn’t pay taxes, doesn’t respect workers’ rights or benefits from illicit revenue, all other businesses in that area tend to do the same to remain in the market. Therefore, bringing that company back to the legal economy contributes to re-establishing a system of fair competition that benefits the whole area”. 

Spain: authorities and associations call for a reform of the aid and distribution system to speed up the processes of sale and transfer of assets

In Spain, traffickers have occasionally used sailboats to transport drugs to the coast or invested illicit money in mansions in rural areas. But what happens to those assets when they are caught? In 2003, Spain created the Fund for Confiscated Assets from Illicit Drug Trafficking managed by the National Plan on Drugs (PNSD), which is attached to the Spanish Health Ministry. Properties seized in anti-drug trafficking operations are placed under judicial custody until a final verdict is issued. If there is a guilt conviction, the asset can be confiscated, becoming state property.

The Fund is responsible for receiving the assets already confiscated for their management, which can be: sold, auctioned or transferred. However, the transfer is laid down by law  as an “exceptional” event. The data provided to Maldita.es after a FOIA request on the destination and use of the assets not included or not auctioned by the Fund, between 2018 and 2024, detail that only 3.35% of the assets are transferred.

In practice, authorities and associations that promote social projects through confiscated goods believe that the procedures should be streamlined and make their social uses more flexible. This way, it would prevent assets confiscated from drug trafficking from accumulating in a warehouse and becoming obsolete without being able to return a social service to the community as indicated by the law, either economically or through the transfer of their use. “While it is not sold, that good may be providing a service to society”, said Fernando Alonso, manager of the Galician Foundation Against Drug Trafficking. According to data provided to Maldita.es, between 2028 and 2024, a total of 4,154 assets of the Fund were abandoned for different reasons, such as the delay of judicial proceedings for years until a final judgement was issued or the deterioration suffered by these assets in the meantime.

If we talk about transferred assets, an example is the Finca El Campell, located in Pedreguer, a town of 8,000 inhabitants in the interior of Alicante, in the east of the country. It is a mansion that, until 2006, belonged to the drug trafficker Francisco Javier Martínez Sanmillán, known as ‘Franky’, and which is now integrated into the Confiscated Assets Fund. On the first floor, a non-profit association that cares for people with mental health illnesses, AMADEM has its office. The building also hosts the community unit for the prevention of addictive behaviour in the region and several social organisations have used its facilities for activities related to the prevention of drug addiction in previous years. However, there is more space available for other activities in the 400-square-metre house, and the local council hopes to find more alternatives for social uses, to offset the investment made, more than 250.000 euros since 2008, for the recovery and improvement of the asset. Otherwise, they say, they will have to return it to the Ministry of Health, which “will probably auction it off”.

In Galicia, the sailboat ‘Laion’ travels along the Camariñas estuary, in A Coruña, without having been auctioned off by the state. It was seized from drug traffickers at the end of the 1990s. Now, after being transferred to COGAMI, a non-profit organisation, it is used as a tool for inclusion so that sailing is an activity open to all people. This was the case of Emily and Damián González, siblings aged eight and ten, respectively, both with a motor disability, who, thanks to the activity in Laion, were able to meet other young people who participated in the crossing, according to their mother, Jessica Carmona.

Between 2013 and 2023, up to 7,833 vehicles from drug trafficking have been seized in Spain, the most frequent asset, followed by “objects”, such as mobile phones, furniture or clothes (6,675), companies (2,025), boats (1,340), properties (1,025) and jewellery (869). The case of this sailboat is different from other assets and does not respond to the current requirements that must be met to proceed with the delivery of an asset to an entity or institution because it occurred before the Fund for Confiscated Assets came into force. The Spanish High Court ordered the transfer directly into care and custody to the NGO without indicating a specific duration. This allows COGAMI to improve its activity: “You don't invest the same in improving the boat and keeping it in perfect condition if you know that after five years you may no longer be able to use it,” comments its coordinator, Isabel González.

Romania: a long road ahead, paved with good intentions and a lot of bureaucracy

"I read a European study which said that defendants prefer to spend time in prison rather than have their wealth taken away. Which proves to be right," said in 2018 Laura Codruța Kovesi, then Chief Prosecutor of the Romanian National Anticorruption Directorate, now head of the European Public Prosecutor's Office, at a meeting with lawmakers on the recovery of confiscated assets. “There is no worse thing than the seizure of assets, so the best thing is to leave”, said in 2008 the Italian-American mafia boss Francesco Inzerillo in a wiretap recorded by police as part of ‘Operation Old Bridge’, a joint US-Italy law enforcement operation that saw 77 people arrested between New York and Palermo.

Since 2015, Romania has put in place the National Agency for the Management of Seized Assets (ANABI), which shares with The National Agency for Fiscal Administration (ANAF) the recovery of seized assets and is the main responsible for their social reuse. On ANABI’s website, in addition to auctions of luxury cars and watches, gold ingots or cubic meters of confiscated timber, there are also announcements regarding buildings which have become state property and could be reclaimed by public institutions or NGOs for crime prevention projects or victim support. 

Of the 129 properties seized by prosecutors and taken into state ownership over the course of eight years (2016-2023), only two are now involved in a public or social reuse procedure.

In 2020 the first case of public reuse of a seized building was announced with fanfare. A glass and steel office building in the centre of Bucharest, once belonging to a financial criminal, was to become the new headquarters of the National Directorate of Probation. The case involved fraud and embezzlement through an offshore network, at the advice of Romania’s own “Offshore Master”, Laszlo Kiss. Four years after the public announcement of its reuse, the building is temporarily occupied by another public institution, The National Administration of Penitentiaries, while waiting for the renovation of their old headquarters.

It takes several years until an asset can become state property. And then another several years until it can be used by the community. “In Romania, this transformation is bureaucracy in itself”, explains Radu Nicolae, a passionate expert in anti-corruption and asset recovery, president of the Association for Cooperation and Durable Development. “You need budget for painting the walls, re-compartmentalization, wiring, equipment and transportation. All this has to be firstly budgeted and secondly put through public procurement, then comes the carrying out of the procurement, the reception and then the installation of people there and the functioning.”

Someone in Northern Romania seems to be more hopeful. “Failure is not an option for us”, says Sorin Gherghelucă, the mayor of Traian, a small commune in Bacau county. He has the keys to the first confiscated building ever planned for social reuse in the country. It’s a two-storey lush orange villa, with the allure from Great Expectations, overlooking a huge abandoned orchard with apple, plum and cherry trees. It was seized seven years ago from a quite well known local figure in a tax fraud and embezzlement case. In April 2024, the mayor from Traian saw the announcement on ANABI’s website, sent a request for reuse and went to the Romanian Government to convince them his municipality is capable of managing what they plan to be a care home for the elderly. Then he got the keys. 

But the hardest part is just beginning. The municipality is now looking for partner NGOs with the right expertise in caring for the elderly, and funds to transform the building. “This time next year I hope you will see people living there”, says the mayor. He knows there is a great need in his community, he says he keeps receiving many messages from people leaving abroad who are worried about the parents they left in Traian. Indeed, Traian has an aging population, in a country where social services and palliation are very weak and scarce. 

Firstly, Gherghelucă plans to launch a public call for tenders, write some funding applications and, since winter is coming near, to trim the trees and the plants, so that they are a welcoming sight. The beneficiaries could also care for the orchard and use its fruits. “We will make something beautiful there”, he sighs.

What would it take to see more local communities in Romania being given the chance to put to reuse for their benefit a confiscated building from organised crime? Quite a lot, says expert Radu Nicolae. First, there is a need for information - more municipalities and NGOs need to be informed about the opportunity of social reuse. Then, they need to be trained and provided an amount of money to at least carry out the renovations. “We can do what the Italians did. They made a strategy that is part of an operational program funded by the European Union, on the rehabilitation of confiscated buildings.” Indeed, the former Italian government had allocated 300 million euros for this, but the new government stopped the program.

A lighter bureaucratic process and funds specially designed for the re-purposing would be among the first steps in Romania.

“I believe that if we persevere the next five or six years in this and do it more and more stubbornly and better, things can change. The important thing is to persevere, because if we give up, we are right back where we started. Which means 11 wasted years”, concludes Nicolae.

Cover picture: Designed by Malu Saenz Jaramillo, with photos taken by Paolo Valenti, Luis Soto and Ioana Cîrlig.

From crime to community: the social reuse of confiscated assets in Italy, Spain and Romania

This report is part of a cross-border investigation carried out by Lavialibera (Italy), Scena9 (Romania) y Maldita.es (Spain). This project explores the social reuse of confiscated assets in the three countries highlighting its impact, challenges and possible solutions.

We have analyzed, in four features, the shared problem of the lack of solutions to throw back to society the confiscated assets related to drug trafficking in Spain, Romania and Italy. We also focus on the situation in Spain and speak to associations that manage drug trafficking-assets and their impact on local communities.

This investigation has been developed with the support of Journalismfund Europe.

Un informe de la Fundación Iseak comparó la percepción de la ciudadanía sobre la inmigración con los datos oficiales de las personas inmigrantes en España. Según Iseak, existen desviaciones entre la idea que se tiene de la inmigración y los datos oficiales disponibles en torno a la misma. Esta conclusión de Iseak no tiene en cuenta la inmigración irregular, que no aparece en las estadísticas oficiales y de la que sólo hay estimaciones, como la que aporta la iniciativa legislativa popular que busca regularizarla.

Ante la relevancia que tiene la inmigración y para combatir la desinformación con herramientas eficaces, en Maldita.es hemos repasado las cifras más comunes sobre las personas con nacionalidad extranjera que recogen los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos son los principales datos:

• En España una de cada ocho personas es extranjera, según las cifras oficiales del INE

• Más de la mitad de la población extranjera nació en Europa y América, según los datos oficiales

• Una cuarta parte de los extranjeros en España cuenta con estudios superiores, según la EPA

• La brecha entre el paro extranjero y el nacional se ha reducido a la mitad en los últimos diez años

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En España una de cada ocho personas es extranjera, según las cifras oficiales del INE

Los datos definitivos del padrón del INE de 2023 indican que en España había 48.085.361 personas. De estas, una de cada ocho (el 12,66%) son extranjeras: 6.089.620 habitantes. El peso de la población extranjera ha ido aumentando a lo largo de los años (excepto durante los años de la crisis financiera, que se redujo). En 2002, año en el que comienza la serie actual del padrón, el porcentaje de personas extranjeras que vivían en España era del 4,24% sobre el total de habitantes, cuando eran 1.737.972 y la población completa de España de ese año era de 41.035.271.

A este conjunto de personas hay que añadir un grupo más de población: las personas en situación irregular. No se puede contabilizar con certeza el fenómeno de la inmigración irregular, al estar fuera de las estadísticas oficiales. Sin embargo, la iniciativa legislativa popular que pide la regularización de estas personas, actualmente en trámite en el Congreso, estima que en España hay entre 390.000 y 470.000 personas en esta situación basándose en una investigación de 2020 que utilizaba los datos de la Encuesta de Población Activa y de afiliación de la Seguridad Social. Un estudio de Funcas, el centro de investigación financiado por las antiguas cajas de ahorro, dice que la cifra de personas en situación irregular en 2024 podría ser de 687.000 personas.

Según los informes del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero de 2021 y el 15 de septiembre de 2024, llegaron a España un total de 167.986 personas utilizando rutas de acceso irregular. Este dato no implica que estas personas se hayan asentado definitivamente en España: sólo mide las llegadas.

Franca Ferrari, maldita experta en migraciones y comunicación de ONG, que nos ha prestado sus superpoderes, explica que existe la percepción “amplificada por el enfoque mediático” de que la la mayoría de los migrantes llegan por rutas irregulares: “En realidad, llegan más personas de manera legal por medios como el avión que por vías irregulares como en pateras”. Sin embargo, no hay estimaciones de cuántas personas se quedan en España de manera irregular por no contar con un permiso de residencia.

Más de la mitad de la población extranjera nació en Europa y América, según los datos oficiales

Además de saber el total de población, el INE permite agrupar a las personas extranjeras por el país de origen. Según las cifras oficiales, el 38,91% de las personas extranjeras que vivían en España en 2023 provenían del resto de Europa (2.369.169 habitantes). Le sigue América, con el 32,41% (1.973.691); África, con el 20,36% (1.239.604); Asia, con el 8,20% (499.134) y Oceanía, con el 0,07% (4.018). En estas cifras no se cuentan las personas que se encuentran en situación irregular.

Las malditas y expertas consultadas coinciden en que la visión del inmigrante es monolítica. “El inmigrante en el imaginario general se identifica con una persona negra, pobre y que viene a nuestro país a esquilmar nuestros recursos”, explica Alicia González, comunicadora institucional y fundadora de People HELP, que nos ha prestado sus superpoderes.

Las expertas señalan que otros perfiles de inmigrantes no se contemplan socialmente. “Las personas europeas occidentales o blancas no suelen ser vistas como inmigrantes”, indica Anaïs Madera, antropóloga social y cultural que nos ha donado sus superpoderes. “¿Por qué no oímos hablar de ‘inmigrantes británicos’ o ‘inmigrantes alemanes’, por ejemplo? Se reserva principalmente a personas racializadas, procedentes de África, Asia o América Latina. Incluso a sus descendientes”. Madera señala que, mientras a personas provenientes de esos continentes se les trata como “inmigrantes”, a los europeos se les habla de “turistas” o “residentes extranjeros”.

Detrás de esta diferenciación, las expertas creen que hay tres sesgos: xenofobia, racismo y aporofobia (rechazo a las personas pobres). “Es una distinción basada en la percepción de que el pobre reclama y el rico aporta”, indica González, valoración que comparte Madera: “Las personas que provienen de África, Asia o América Latina se reconocen como personas de ‘regiones pobres’, por lo que vienen a ‘aprovecharse’ de nuestro país, mientras que los occidentales vienen a ‘contribuir’ económicamente”.

Ferrari señala que, en el plano mediático, se suele olvidar el perfil del “inmigrante del Norte Global” y la imagen que se proyecta en los medios sobre este asunto “criminaliza a los extranjeros” e “invisibiliza a las mujeres migrantes”.

Una cuarta parte de los extranjeros en España cuenta con estudios superiores, según la EPA

Según los datos del segundo trimestre de 2024 de la Encuesta de Población Activa del INE, tanto la mayor parte de la población extranjera como la que tiene nacionalidad española tiene formación equiparable a la educación secundaria obligatoria (ESO) o posterior. La EPA pregunta sin distinción, por lo que personas en situación irregular también pueden contestarla. La diferencia más destacable se da entre quienes cuentan con el bachillerato y con estudios superiores (universitarios, formación profesional superior y estudios artísticos superiores).

En el caso de la educación superior, hay más población española que extranjera con esta titulación. El 24,22% de la población extranjera cuenta con estudios superiores, mientras que una de cada tres personas con nacionalidad española (el 34,42%) tienen estudios superiores. En cambio, cuando analizamos las personas cuyo nivel educativo llega hasta el bachillerato, la tendencia se invierte: el 20,66% de los extranjeros cuenta con este nivel educativo frente al 12,59% de españoles.

Alicia González indica que la imagen monolítica de la inmigración provoca que se desdibujen los perfiles de personas con elevada cualificación académica y profesional: “Son personas a las que se les obliga a no hablar en otra cosa que no sea español y que buscan trabajo sin parar, mientras la homologación de sus titulaciones está estancada durante más de dos años. Eso hace que, en muchas ocasiones, terminen por irse de nuestro país”.

Según señala el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la homologación de títulos tiene una duración estimada de veinticuatro meses desde la fecha en la que se registra la solicitud en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por lo que, como contamos en Maldita.es, las personas migrantes se ven obligadas a trabajar en sectores informales o donde la contratación irregular es sencilla, como el empleo doméstico.

La brecha entre el paro extranjero y el nacional se ha reducido a la mitad en los últimos diez años

Madera indica que es “curiosa” la percepción dual que se construye alrededor de los migrantes en el aspecto económico. “Por un lado, se construyen narrativas según las cuales se considera que ‘abusan’ de los servicios públicos, haciéndolos dependientes de ellos y sin ‘aportar lo suficiente’ a cambio. No obstante, por otro lado, otras narrativas apuntan que ‘roban’ oportunidades laborales a las personas locales, siendo ‘ competidores’ de empleo”.

Según los datos del segundo trimestre de 2024 de la Encuesta de Población Activa del INE, el 16,85% de la población activa extranjera se encontraba desempleada (esta estadística no distingue entre si la persona está o no en situación regular), mientras que en el caso de las personas de nacionalidad española, la estadística se reduce hasta el 10,06%.

En los últimos diez años, marcados por la recuperación de la crisis financiera, la pandemia y el aumento de la inflación, el paro entre la población extranjera ha sido mayor que entre la nacional, aunque la diferencia ha disminuido a la mitad: si en el primer trimestre de 2014 era de 13,7 puntos porcentuales, en el segundo trimestre de 2024 se redujo a 6,8 puntos.

La mayoría de las personas extranjeras son activas, es decir, trabajan o buscan empleo activamente. En el segundo trimestre de 2024, la tasa de actividad fue del 69,43%, mientras que la tasa de actividad de la población con nacionalidad española fue del 56,36%. Es decir, la tasa de actividad extranjera es 13,07 puntos mayor que la de las personas con nacionalidad española.

En este artículo ha colaborado con sus superpoderes las malditas Franca Ferrari, experta en migraciones y comunicación de ONG; Alicia González, comunicadora institucional y fundadora de People HELP; y Anaïs Madera, antropóloga social y cultural.

Ferrari, González y Madera forman parte de Superpoderosas, un proyecto de Maldita.es que busca aumentar la presencia de científicas y expertas en el discurso público a través de la colaboración en la lucha contra la desinformación.

Gracias a vuestros superpoderes, conocimientos y experiencia podemos luchar más y mejor contra la mentira. La comunidad de Maldita.es sois imprescindibles para parar la desinformación. Ayúdanos en esta batalla:mándanos los bulos que te lleguen a nuestro servicio de Whatsapp, préstanos tus superpoderes, difunde nuestros desmentidos yhazte Embajador.

29 países europeos forman parte de Schengen, 25 de ellos también son países UE

La Comisión Europea cifra en 425 millones los ciudadanos europeos que se benefician de poder viajar, vivir, trabajar o estudiar en países del espacio Schengen sin necesidad de solicitar un visado. Forman parte del tratado 25 de los 27 países de la Unión Europea. Dos de ellos, Bulgaria y Rumanía han iniciado su ingreso en Schengen en 2024 con la supresión de las fronteras aéreas y marítimas, aunque no las terrestres. Hay cuatro países que han firmado el Tratado de Schengen pero que no son miembros de la UE: Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza. 

Hay dos Estados miembros de la UE que no han firmado el Tratado de Schengen, Chipre es un país candidato a entrar en el espacio Schengen, mientras que Irlanda no forma parte del espacio de libre circulación por tener un acuerdo propio con Reino Unido por su frontera con Irlanda del Norte.

439 controles temporales a las fronteras internas hasta mayo de 2024

A pesar de que el espacio Schengen garantiza el libre movimiento entre sus Estados miembros sin la necesidad de pasar controles fronterizos, se han aplicado, al menos, 439 controles temporales en las fronteras entre algunos de los países firmantes del tratado al menos desde 2006, según el recuento de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea, a 31 de mayo de 2024. 

La legislación sí contempla la “reintroducción temporal de controles fronterizos”, pero señala que su carácter debe ser “excepcional y durante un período de tiempo limitado no superior a 30 días, o mientras se prevea que persiste la amenaza grave cuando su duración sobrepase el plazo de 30 días”.

Estos controles los impondrán los Estados miembros cuando “se presente una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior” en el país. Deberán notificarlo al resto de países y a la Comisión Europea, que informará al Parlamento y al Consejo europeos, indica el Capítulo II del Código de Fronteras Schengen. Hay cuatro países que no han notificado la reimposición de controles temporales: Bulgaria y Rumanía, que se han incorporado en marzo de 2024 y Grecia y Croacia.

Según el listado de las notificaciones realizadas por los Estados miembros a la Comisión, el primer control en las fronteras internas se impuso el 21 de octubre de 2006, durante 12 horas, entre España y Francia por una protesta de “jóvenes radicales vascos” en una localidad próxima a la frontera con el País Vasco, detalló el Gobierno francés. España estableció controles fronterizos en los puntos de entrada y salida con Francia en Navarra y País Vasco por la celebración del ‘Gudari Eguna’ (Día del Soldado vasco, en euskera) para los días 26 y 27 de septiembre de 2009.

En muchas ocasiones, los países solicitan prórrogas de sus controles fronterizos superiores a 30 días. El servicio de portavocía de la Comisión Europea explica a Maldita.es en un correo electrónico que en las situaciones “previsibles”, como la declaración de un estado de emergencia, esta extensión de los controles temporales puede ser de hasta seis meses. En los casos de “imprevisto”, se puede prorrogar durante dos meses. Reitera la Comisión Europea que deben ser controles “necesarios y proporcionados”, limitados en el tiempo y como medida de “último recurso” ante una amenaza grave al orden público o a la seguridad interna.

Uno de estos casos es la notificación de Suecia para restablecer controles en todas sus fronteras internas. El 11 de mayo de 2021, justificó estas medidas por “amenazas terroristas” y deficiencias en los controles de las fronteras exteriores de la UE. Unos controles que ha prorrogado de manera periódica hasta, al menos, este 31 de mayo de 2024. Según la última revisión, Suecia los mantendrá, al menos, hasta el 11 de noviembre de 2024, ahora justificados por la ofensiva israelí en Gaza. Puedes consultar los controles fronterizos vigentes en la web de la Comisión Europea.

A 31 de mayo de 2024, el último control de fronteras que España notificó a la Comisión Europea fue entre el 28 de septiembre de 2023 y el 7 de octubre de 2023 por la celebración de la Cumbre de la Comunidad Política Europea y la Cumbre de la Presidencia española del Consejo de la UE en Granada. El Gobierno español detalló que esos controles se instauraron en las carreteras entre Portugal y Francia, en los aeropuertos de Alicante, Almería, Barcelona, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla y Valencia; y en los puertos de Barcelona y Málaga.

Cómo consultar qué controles fronterizos están vigentes

La Comisión Europea tiene una web en la que explica (en inglés) en qué supuestos se pueden reintroducir controles en las fronteras internas. En ella, hay un apartado en el que se reflejan los controles fronterizos actualmente en vigor, con detalle del país que los aplica, la duración de las restricciones y la razón y fronteras en las que se aplica.

La Comisión Europea también ofrece la posibilidad de consultar, siempre que los países lo hayan notificado, en qué puntos fronterizos se han aplicado controles policiales. Además, ofrece un histórico de todas las restricciones impuestas en el espacio Schengen.

Los requisitos de entrada los establecen los Estados miembros que deciden reimponer los controles fronterizos. Un ejemplo de ello es la cumbre del G7 que tendrá lugar en Apulia, al sur de Italia, entre el 13 y el 15 de junio. Ante este evento, han circulado contenidos que aseguran que Iberia ha emitido una “advertencia” a sus pasajeros para que lleven el pasaporte en los vuelos a Italia. El Gobierno italiano ha impuesto controles fronterizos entre el 5 y el 18 de junio en todas sus fronteras terrestres, aéreas y marítimas. La Embajada italiana en España asegura a Maldita.es que “no hay una obligación expresa de viajar con el pasaporte”, sino con un documento de identidad, ya sea el DNI o el pasaporte porque “podrán ser controlados en las fronteras”. Aunque recomiendan consultar con las empresas de transporte para tener más indicaciones. 

Iberia asegura a Maldita.es que cuando un país sale del Tratado Schengen de manera temporal por un evento como el G7, “toda la documentación que se pide va como no Schengen, se pide pasaporte”

Donald Trump y la narrativa desinformadora de que los inmigrantes haitianos se comen los gatos de sus vecinos

El candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, mencionó en el debate presidencial que los inmigrantes se están comiendo a “las mascotas de la gente” que vive en ciudades como Springfiel (Ohio). Es una narrativa desinformadora que usa un bulo que dice que una inmigrante “ilegal” de Haití que se estaba comiendo un gato fue detenida en Springfield. Es falso que sea una inmigrante: se trataba de una ciudadana de Estados Unidos y los hechos sucedieron en otra ciudad de Ohio.

Kamala Harris y sus supuestos pendientes auriculares: por qué no hay pruebas de que lo sean y son los mismos que ha llevado en numerosas ocasiones

“¡La descubrieron! Lleva pendientes con auriculares”. Con mensajes como este se está difundiendo que la candidata demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris, llevó unos pendientes NOVA H1 Audio Earrings como si fuese un pinganillo durante el debate electoral del 10 de septiembre de 2024.

Esto es lo que sabemos: los pendientes que llevó durante este debate no coinciden con los NOVA H1 que estos contenidos afirman que lleva puestos. Además, los que Harris usó son los mismos que ya ha llevado en otras ocasiones, como se puede comprobar en fotos de la vicepresidenta estadounidense en otros eventos. En Maldita.es ya os hemos hablado de que el uso del pinganillo en los debates presidenciales de Estados Unidos es una teoría de la conspiración que vuelve en cada elección, en la que acusan a algunos candidatos, sin pruebas, de llevarlos puestos.

Trump dice que las encuestas le dan ganador en el debate contra Harris "hasta en un 90%", pero no dice cuáles: las que se han publicado dan ganadora a Kamala Harris

“Las encuestas indican que tuvimos un 90%, 60%, 72%, 71% y 89% [de aprobación] así que las encuestas son muy buenas”. Estas son las palabras de Donald Trump al terminar el debate contra Harris, pero Trump no dice la fuente para hacer tal afirmación. Una encuesta de CNN indica que un 63% de los encuestados dio como ganadora a Harris y otra encuesta de Trafalgar apunta al 55% para Harris. Según SoCal Strategies, el 53% de los que vieron el debate creen que ganó la candidata demócrata.

Trump: “La criminalidad ha aumentado y está por las nubes y tenemos una nueva forma de criminalidad llamada crimen migrante y está ocurriendo a niveles que nadie pensó que fuese posible”

Es falso. Los datos muestran que el crimen violento en Estados Unidos viene bajando desde el año 2020, incluyendo en las ciudades que han recibido recientemente altas cantidades de inmigrantes indocumentados, como Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Miami.

El FBI todavía no ha publicado los datos definitivos del año 2023 y de lo que va de 2024. Pero sí publica trimestralmente informes preliminares. En el más reciente, publicado el 10 de junio de 2024, indicó que la tasa de crímenes violentos disminuyó en un 15,2% entre enero y marzo de 2024, comparado con el mismo período en 2023. En ese período de 2024 los homicidios bajaron en un 26,4%, las violaciones en 25,7%, los robos en 17,8%, y los asaltos agravados en 15,1%.

Kamala Harris: “Trump nos dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión”

Harris afirmó que Trump dejó “el peor desempleo desde la Gran Depresión”. Durante el Gobierno de Trump, el empleo en Estados Unidos creció de manera constante cada mes desde su llegada al poder en enero de 2017 hasta febrero de 2020, según indicaron los verificadores de Snopes tras analizar los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

En marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 afectó a las cifras de empleo. En los meses posteriores, millones de estadounidenses perdieron sus trabajos y generó una caída en el crecimiento del empleo y un aumento acelerado del desempleo. En abril de 2020, con el impacto de la pandemia, el desempleo aumentó drásticamente hasta casi el 15%. En comparación, durante la Gran Depresión, la tasa de desempleo llegó al 24,9% en 1932. Para diciembre de 2020, el desempleo había disminuido al 6,7%.

Trump: “Yo no tenía inflación, virtualmente no inflación. Ellos tenían la inflación más alta, quizás en la historia de nuestro país” 

Es falso. La inflación durante el Gobierno Biden llegó al 9,1% en junio de 2022, según datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas en Estados Unidos), pero no es la cifra más alta registrada en EE. UU. En marzo de 1980, se registró una inflación anual del 14,8%; en marzo de 1947, la inflación incrementó al 20,1% respecto a los 12 meses anteriores y, en junio de 1920 aumentó un 23.7%, también en relación con los 12 meses anteriores, según datos del CPI de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

Kamala Harris: “Trump ha dicho que en estas elecciones habrá un 'baño de sangre' si el resultado no es de su agrado”

La vicepresidenta, Kamala Harris, acusó al expresidente Donald Trump de haber pronosticado un “baño de sangre” [bloodbath] si el resultado no es de su agrado en las próximas elecciones presidenciales. Cuando Trump dijo eso, no se refería a una derrota en las elecciones, sino a “un periodo de pérdidas” económicas en un mitin sobre la industria del automóvil. La palabra “bloodbath” en inglés estadounidense se puede traducir como periodo de pérdidas o recesión.

Trump: “El exgobernador de Virginia dice que la ejecución después del nacimiento está bien” 

Trump afirmó que el exgobernador de Virginia, Ralph Northam, dijo que la ejecución de un bebé después del nacimiento estaba "bien”. Es falso que Northam apoyara el infanticidio, fue algo que también repitió en el anterior debate de junio de 2024 contra Joe Biden y se trata de una desinformación que circula desde hace meses a raíz de unos comentarios del exgobernador sacados de contexto.

La afirmación de Harris de que Trump “sería básicamente inmune” si es presidente

Kamala Harris ha dicho durante el debate de ABC News que Trump “sería básicamente inmune sobre cualquier mala conducta si vuelve a la Casa Blanca” [min. 37:46]. Harris se refirió así a la sentencia de la Corte Suprema sobre la inmunidad de los expresidentes. En la sentencia, la Corte falló que los expresidentes tienen inmunidad para “actos oficiales” llevados a cabo durante su estancia en la Casa Blanca, pero no para los actos “no oficiales o privados”.

Qué sabemos sobre los datos sobre los empleos en el sector manufacturero que defendieron Harris y Trump en el segundo debate presidencial 2024 en Estados Unidos

Kamala Harris dijo que durante el actual mandato se han creado 800,000 empleos en manufactura. Trump, por su parte, dice que la actual administración ha destruido 10,000 empleos en dicho sector tan solo en el último mes [min 02:33:38]. Según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, durante la administración Biden se han creado 763.000 empleos manufactureros. Entre julio y agosto de 2024, se perdieron 24.000 empleos en manufactura.

Qué sabemos sobre el proyecto 2025 que Kamala Harris vinculó con Donald Trump

La vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial por el Partido Demócrata, vinculó al expresidente Donald Trump, candidato presidencial del Partido Republicano, con el Proyecto 2025 durante el segundo debate presidencial de las Elecciones en Estados Unidos 2024. “Lo que van a escuchar esta noche es un plan detallado y peligroso llamado Proyecto 2025 que el expresidente pretende implementar si es elegido nuevamente” [min. 11:32]. 

El Proyecto de Transición Presidencial 2025 es, como lo definen sus creadores, una propuesta de gobierno para “sentar las bases de una administración conservadora efectiva” que “rescate al país del control de la izquierda radical”. La propuesta fue creada por la organización conservadora The Heritage Foundation y cuenta, según este grupo, con el respaldo de al menos un centenar de grupos conservadores que quieren que el candidato presidencial republicano Donald Trump lo implemente si vuelve a la Casa Blanca.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó una encuesta especial entre el 27 y el 28 de septiembre de ese año en la que preguntó a los españoles sobre estos atentados. El 80,3% de los encuestados declaró que sintió el ataque como algo muy cercano o bastante cercano y el 79,2% se sentía muy solidario o bastante solidario con el pueblo estadounidense. Además, el 78,7% se mostraba muy preocupado o bastante preocupado por lo que había pasado y por lo que pudiera ocurrir.

Con respecto a las posibles consecuencias de los atentados, el 55,1% creía que el 11-S supondría una nueva etapa y el 55,7% que en las siguientes semanas podría haber más acciones terroristas importantes “en Estados Unidos o en otros países desarrollados”. Además, el 68,7% creía que en caso de que hubiera una actuación armada acabaría produciendo consecuencias en nuestro país.

Septiembre de 2001 fue la primera vez que los españoles introdujeron “el terrorismo internacional” como un problema para el país

El CIS pregunta mes a mes a los españoles cuáles son para ellos los tres principales problemas del país y pueden responder lo que quieran. Si bien en septiembre de 2001 la preocupación por el terrorismo y ETA no subió con respecto a julio (en los meses anteriores había habido 10 atentados de esta banda terrorista), sí que fue la primera vez en la que varios encuestados, el 2,6% del total, marcaron “el terrorismo internacional” como uno de los tres principales problemas de España.

Esta opción, desde entonces, sólo ha sido marcada como un problema para los españoles después de algún ataque terrorista (a excepción de los de ETA), y llegó a su máximo histórico en septiembre de 2017 tras el atentado de Barcelona de agosto de ese año.

Más estadounidenses se sintieron deprimidos tras el 11-S que durante la Guerra del Golfo

El centro de investigación Pew Research realizó una encuesta una semana después de los atentados del 11-S en la que repitió preguntas sobre el estado de ánimo a los estadounidenses que se hicieron en 1991, durante la primera guerra del Golfo. Los resultados reflejaron que tras los atentados del 11-S más personas se habían sentido deprimidas que durante el conflicto armado de los 90.

Además, los días posteriores al 11 de septiembre de 2001 el presidente de los Estados Unidos en ese momento, George W. Bush, obtuvo la mejor valoración a un presidente por parte de los estadounidenses en las encuestas desde 1968, una aprobación de 60 sobre 100. Desde entonces ningún presidente ha vuelto a conseguir esa nota.

Un tercio de los estadounidenses pensaba en 2006 que los altos cargos participaron o no evitaron el atentado, pero no hay pruebas de ello

La Universidad de Ohio realizó una encuesta en 2006 en la que preguntaba a los estadounidenses por algunas de las teorías de la conspiración que rodean al 11-S. Y el 36% de los entrevistados creía que era algo probable o bastante probable que altos cargos estadounidenses o bien participaran en el 11-S o bien decidieran no evitarlo para causar una guerra en Oriente Medio. En Maldita.es ya hemos explicado que no hay rastro de la supuesta implicación el Gobierno estadounidense y que los desinformadores no aportan ninguna prueba.

Con respecto a otras teorías de la conspiración, el 16% veía probable que el derrumbe de las Torres Gemelas se produjera por explosivos colocados en secreto en los edificios y el 12% que lo que impactó contra el Pentágono el 11 de septiembre fuera un misil en lugar de un avión de pasajeros. En Maldita.es ya hemos desmentido ambas desinformaciones.

El episodio de sequía que afecta a diferentes zonas de España ha motivado que se activen limitaciones al consumo de agua en algunas regiones. Estas restricciones se deciden en base a una división territorial que no coincide con las comunidades autónomas ni las provincias, sino con las cuencas hidrográficas: el terreno por el que discurren un río y sus afluentes hasta desembocar en el mar.

Por ejemplo, los municipios de Elche y Orihuela están a 37 kilómetros de distancia. Aunque ambos pertenecen a la provincia de Alicante, las restricciones no les afectan de la misma forma porque están en cuencas hidrográficas diferentes. Elche pertenece a la Cuenca del Júcar, que abarca prácticamente toda la Comunidad Valenciana, una pequeña parte de Castilla-La Mancha y el sur de Aragón. Orihuela, sin embargo, está en la Cuenca del Segura, como toda Murcia y unos kilómetros del sureste castellanomanchego.

En España hay 26 cuencas repartidas entre el territorio peninsular, los archipiélagos y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El agua que discurre por ellas es gestionada por las confederaciones hidrográficas (organismos adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) o bien por las comunidades autónomas si la cuenca empieza y termina dentro de su territorio.

Algunas confederaciones y Gobiernos regionales han limitado el uso del agua en todo o parte del territorio que gestionan ante la situación de sequía que atraviesa el país y que puedes consultar en este mapa. Los municipios también pueden imponer restricciones, que suelen comunicar en sus portales oficiales.

Tanto en el gráfico anterior como en el resto del artículo, el porcentaje de agua acumulada en los embalses representa la situación el mismo martes en que se publican los datos, mientras que a precipitación media acumulada en los pluviómetros representa la última semana completa.

Sequía en Cataluña: restricciones al consumo de agua

Cataluña es una de las regiones donde la situación es crítica. En la mitad oeste, enmarcada en la cuenca del Ebro, la situación es mejor con el agua a un 56,1% de su capacidad. Sin embargo, embalses de Ciurana y Guiamets (Tarragona) son los más perjudicados con unas reservas del 0%. Consulta aquí más datos sobre la Cuenca del Ebro.

Por otro lado, en la mitad este, los las reservas de los embalses de las Cuencas internas de Cataluña continúan creciendo. Aunque la lluvia ha aumentado la última semana (19,4 mm de precipitaciones frente a los 12,1 que serían habituales) los embalses se mantienen al tercio de su capacidad (32,3%). Aunque continúa habiendo restricciones, estas se han suavizado en algunos municipios de Cataluña.

La Generalitat declaró por primera vez la situación de emergencia por sequía en agosto de 2023 para 24 municipios. Le siguieron otros a lo largo el año y este 1 de febrero el estado de emergencia entraba en vigor en otras 202 localidades. En el siguiente mapa puedes consultar cuál es la situación de sequía en Cataluña municipio a municipio.

Con la mejora de la sequía, los 199 municipios que estaban en estado de emergencia pasan a estar en situación de excepcionalidad. Esto implica un aumento de la dotación de agua hasta los 230 litros de agua por habitante.

Teniendo en cuenta estos cambios, en las Cuencas internas catalanas un total de 213 municipios se encuentran en estado de excepcionalidad (199) o emergencia (14), según la Agencia Catalana del Agua. Otras 75 localidades están en prealerta, 329 en alerta y sólo 13 se encuentran en situación de normalidad. Puedes ver las restricciones asociadas a cada estado en la siguiente tabla.

En la imagen de portada, la foto del fondo es de Antonio Soler en Flickr

* Corrección el 12-07-2023: versiones anteriores del mapa mostraban por error el Plan de Sequía de Galicia-Costa aunque no implicase restricciones en ese momento

El PP reconoció tres días antes del viaje en un email que iban a ser “inadmitidos” en Venezuela

El presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, Juan José Matarí (PP), envió un correo electrónico a los miembros de la comisión en el que les explicaba que la Embajada de Venezuela en Madrid advirtió de que la delegación senatorial española sería “inadmitida” y que repetirían la solicitud explicitando las razones del viaje para que se aprobara “en la reunión de la próxima Mesa” de la Cámara Alta. El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha entregado a Maldita.es una copia del email que Matarí envió el 23 de julio, tres días antes de iniciar el viaje. 

El Partido Popular no ha aclarado a Maldita.es cuántas solicitudes realizaron para el viaje a Venezuela y el Ministerio de Exteriores ha respondido a esta redacción que “ha tramitado solicitudes y documentos de terceras partes”, sin detallar quiénes lo hicieron ni la fecha. El responsable de Exteriores, Jose Manuel Albares, explicó en una comparecencia en el Senado el 13 de agosto que su cartera ha “respaldado las misiones presentadas” por el Senado y el Congreso para acudir como observadores a las elecciones. “Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no vimos inconveniente, muy al contrario, en trasladar a las autoridades venezolanas la petición de esta misma Cámara, del Senado, de desplazamiento de una misión de acompañamiento”, ha explicado Albares, que ha proseguido lamentándose de que las autoridades venezolanas remitieran “una respuesta negativa a dicha petición” [min. 35:58].

El PSOE asegura en un comunicado que “la Presidencia del Senado solicitó a Venezuela la admisión de una delegación, esta vez en calidad de miembros del Programa de Acompañamiento del Consejo Nacional Electoral venezolano, solicitud que no recibió respuesta”.

Cuatro días antes de ese correo electrónico, el 19 de junio, el Senado recibió una nota verbal fechada a 17 de junio en la que la Embajada de Venezuela en Madrid notificaba a Exteriores que la misión del PP como observadores electorales no había “sido contemplada en el Programa de Acompañamiento diseñado por el Consejo Nacional Electoral (CNE)”. “En caso de que representantes parlamentarios pretendan violentar las normas electorales de la República Bolivariana de Venezuela, intentando ingresar al territorio venezolano sin formar parte del referido Programa de Acompañamiento Electoral, serán inadmitidos”, concluía el escrito de la Embajada venezolana que el PSOE en el Senado ha entregado a Maldita.es.

Cómo se produjo la retención de los diputados y senadores populares

En la noche del 26 de julio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, escribió en X (antes Twitter), que una delegación del PP estaba “retenida en el aeropuerto de Caracas por el régimen de Maduro” y pedía al Gobierno de España que interviniera para “su liberación inmediata”. 

Según Exteriores, el cónsul general en Caracas, “que es la figura indicada para situaciones de este tipo que puedan vivir españoles en el exterior”, dio asistencia diplomática a los parlamentarios del PP. La delegación estaba conformada, entre otros, por los senadores Juan José Matarí y Alfonso Serrano, los diputados Miguel Tellado, Cayetana Álvarez de Toledo, Belén Hoyo y Macarena Montesinos, y los eurodiputados Esteban González Pons y Juan Salafranca. El Partido Popular no ha respondido a Maldita.es para dar a conocer la identidad del resto de miembros que conformaron la delegación.

Todos sus miembros llegaron a Madrid el 27 de julio y en el aeropuerto, el vicesecretario de acción institucional del PP y eurodiputado, González Pons, explicó que “no iba a entrar en detalles” sobre el trato recibido: “No voy a describir qué motivos alegaron para expulsarnos porque les producirían a todos sonrojo, ni cómo eran ni en qué circunstancias se nos dijo que no éramos admitidos y se nos deportaba del país” [min. 1:17].

Las invitaciones para participar en el Programa de Acompañamiento Electoral las entrega el Gobierno venezolano

Según un documento archivado de la página web del CNE, debido a que a 12 de agosto la web sigue caída, referido a las elecciones de 2018, el Programa de Acompañamiento Electoral se creó en 2006 para “hacer seguimiento del proceso electoral en todas sus fases, desde una perspectiva jurídica, política y técnica”. En este programa participan “autoridades electorales o políticas, instituciones, organismos y personalidades de otros países”, previa invitación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela o “por solicitud” ante este mismo organismo. 

El PP ha explicado que fueron invitados por Edmundo González, candidato opositor, y María Corina Machado, líder de la oposición venezolana [min. 20:28].

El PP pidió al Senado crear una “misión de observación electoral” para las presidenciales venezolanas

Según las actas de la Mesa del Senado publicadas en la web de la Cámara Alta, Juan José Matarí, realizó una petición al órgano de Gobierno del Senado para que autorizara “que una delegación del Senado, formada por representantes de los distintos grupos parlamentarios, participe en una misión de observación electoral independiente que asista a las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela el día 28 de julio de 2024”.

En la reunión del 11 de junio, la Mesa se mostró “favorable” al viaje pero pedía “poner en conocimiento del Gobierno la intención de realizarlo, para que lo traslade a su homólogo venezolano, como viene siendo habitual en este tipo de desplazamientos”.

El 17 de julio, la Mesa se volvió a pronunciar sobre la misión de observación electoral. En un acta facilitada por el Partido Socialista en el Senado a Maldita.es, este organismo autorizó el pago de los gastos de los senadores que participen en el viaje a Venezuela.

En esa misma reunión la Mesa del Senado informó de que el Ministerio de Exteriores dijo “verbalmente” no querer intervenir en la decisión del Senado para conformar el viaje. La delegación se propuso que estuviera conformada por la mesa de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y un representante de cada grupo parlamentario. Pero por parte del Senado acudieron, finalmente, únicamente el presidente de la comisión, Juan José Matarí, y el senador madrileño, Alfonso Serrano, ambos del PP. 

La Mesa también explicitó que enviarían la notificación sobre el viaje a Venezuela al Gobierno para que la trasladaran a la Embajada de España en Caracas “para poder contar con su colaboración”. Aunque detallaron que “en el hipotético escenario de que la Embajada no pueda dar asistencia a la delegación, el acuerdo de la Mesa deberá contemplar la autorización de los gastos extraordinarios que puedan surgir, en su caso, por alojamiento, traslados internos en Venezuela y seguridad de la delegación”.

El secretario cuarto del Senado, el socialista Francisco Manuel Fajardo, explicó que “no encontraba conveniente la realización del desplazamiento, si no se contaba con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de la Embajada” y pidió “dejar claro” las razones del viaje, según el acta de la reunión.

El Senado pagó al menos 9.178 euros por el viaje de los dos senadores del PP a Venezuela

El Senado ha pagado 9.178 euros para cubrir los gastos de los senadores Juan José Matarí y Alfonso Serrano, como contó elDiario.es. Según el documento entregado por el Grupo Socialista a Maldita.es, 8.478 euros correspondieron a los vuelos, mientras que los 700 euros restantes cubrieron seguros de viaje (50 euros por persona) y las dietas (300 euros por persona). Falta por conocer, según la nota de gastos, el coste de una noche de hotel para dos personas “ante la incertidumbre del viaje”.

Por otro lado, la Dirección de Relaciones Internacionales del Senado detalla que “existe la posibilidad de que la Compañía Iberia cargue una penalización por exceso de reservas, derivada de la incertidumbre del viaje. El Senado tendría que hacer frente a ese importe, en su caso”. 

El Congreso asegura que no pagó el viaje a Venezuela de los diputados del PP

Respecto a los diputados del PP que viajaron a Venezuela, el Congreso de los Diputados ha respondido que no ha asumido ningún gasto. El gabinete de prensa del Congreso aclara a Maldita.es que la institución “no paga este tipo de viajes y este caso no es ninguna excepción”. A través de una solicitud de transparencia, el Congreso añade que tampoco ha organizado el viaje para los cuatro diputados del Partido Popular.

Albares, en su comparecencia en el Senado del 13 de agosto, explicó que Exteriores informó a “una delegación del Partido Popular en el Congreso de que las autoridades venezolanas, a pesar de haberlo solicitado, habían denegado otorgar el visado oficial, exigido por aquel ordenamiento jurídico” [min. 37:43].

A preguntas de Maldita.es sobre quién pagó el desplazamiento de Tellado, Álvarez de Toledo, Hoyo y Montesinos, el gabinete de prensa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso se remite a una entrevista del portavoz parlamentario en la que dice que fue el PP quien asumió los gastos. “A la pregunta, ¿quién ha pagado el viaje del Partido Popular? El Partido Popular lo ha pagado, que no se tenga ninguna duda”, respondió Miguel Tellado en una entrevista en esdiario. 

El PSOE pide “transparencia” al PP en su viaje a Venezuela

El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado publicó el pasado 3 de agosto un comunicado para “desmentir” que los miembros del PSOE en la Mesa del Senado (con mayoría del PP) hubieran aprobado el viaje a Venezuela. Han asegurado que “en ningún momento la Mesa ha debatido, votado ni aprobado formalmente el envío de una delegación del Senado a Venezuela” y pidieron al Partido Popular las actas de esas reuniones. La del 11 de junio ya es pública en la web del Senado y en ella no se recoge la oposición de ninguno de los tres miembros socialistas en la Mesa. En el acta del 17 de julio es únicamente el secretario cuarto, Francisco Manuel Fajardo, quien muestra su disconformidad.

El PSOE añade que la nota verbal del Gobierno de Venezuela en la que se notificaba que la delegación sería inadmitida, “motivó que, con excepción del PP, ningún grupo parlamentario decidiera participar en un viaje que no podía llegar a su destino”. El Partido Socialista en el Senado pidió a la Cámara Alta los gastos del viaje, que fueron de 9.178 euros para los dos senadores, sin especificar los costes del resto de diputados del PP que conformaron la misión.

La oposición venezolana invitó a una delegación del PP europeo a las elecciones

Maldita.es ha preguntado también al Parlamento Europeo por la autorización de los miembros del Partido Popular Europeo (PPE) para viajar a Venezuela en la misión electoral, tal y como recoge la web del PPE, pero a fecha de publicación de este artículo no ha obtenido respuesta.

Según consta en la web del PPE, fue la candidatura opositora de Edmundo González y María Corina Machado, de la coalición ConVZLA quien invitó, el 12 de junio, a una delegación de eurodiputados del Partido Popular Europeo, entre los que estaba el español Esteban González Pons. En la invitación se detallaba que “dadas las complejas circunstancias que atraviesa Venezuela y debido a restricciones logísticas, los gastos de viaje, hospedaje y alimentación, así como de seguridad, deberán correr por cuenta de las personalidades que acepten esta invitación”.

Preguntado el PPE por los costes de los europarlamentarios que viajaron a Venezuela junto a la delegación del Senado español, no hemos obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo. Tampoco ha respondido, por ahora, ConVZLA, sobre cómo se gestionaron las invitaciones.

Según ha explicado el Círculo de Bellas Artes a Maldita.es, el alquiler de la sala lo pagó la editorial Península. Respecto a la difusión del evento por streaming, el Gobierno lo enmarca dentro de los contratos para la retransmisión de actos del Gobierno, por lo que no se puede calcular el coste exacto dedicado a la promoción de la presentación del libro.

La plataforma ‘Hazte Oír’ presentó una denuncia contra Sánchez por malversación al presuntamente utilizar dinero público en el acto, y la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que archive la causa porque no aprecia delito.

El segundo libro de Pedro Sánchez tras ‘Manual de Resistencia’ se publicó el 4 de diciembre y, una semana después, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Sánchez hizo la presentación, a la que acudieron 14 ministros del Gobierno. El acto estuvo presentado por la periodista Ángeles Caballero y el presentador de televisión Jorge Javier Vázquez.

Según detalla Presidencia del Gobierno en el documento de ejecución de la resolución del Consejo de Transparencia, Sánchez “intervino” en un acto organizado por una “entidad privada”. 

Maldita.es solicitó los costes de retransmisión del evento y el Gobierno no respondió en plazo

Maldita.es solicitó vía ley de transparencia el 13 de diciembre de 2023 los costes de producción, retransmisión, de uso y distribución de la señal institucional y los contratos para la presentación del libro, pero Presidencia del Gobierno incumplió los plazos establecidos en la ley para responder, que es de un mes desde la admisión a trámite de la solicitud [artículo 20]. 

Esta redacción presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia por silencio informativo el 22 de enero de 2024, la causa más habitual para desestimar una solicitud de acceso a la información pública, según la memoria de 2022 del órgano encargado de velar por la transparencia en España [pág. 29]. Tras presentar el escrito ante el Consejo de Transparencia, la administración afectada tiene un plazo de alegaciones en el que pueden responder a la reclamación e información del reclamante. El 25 de abril, durante el periodo de alegaciones, Presidencia envió una primera respuesta con información que no había aportado durante el plazo legal establecido por ley. 

Presidencia del Gobierno responde parcialmente tras una reclamación ante el Consejo de Transparencia

En la respuesta ofrecida por Presidencia del Gobierno, se explica que la Secretaría General de la Presidencia se encarga de la organización y seguridad de todas las actividades del presidente del Gobierno y la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) es la responsable de la asistencia a las actividades y comparecencias públicas del presidente del Gobierno. 

En cuanto a los medios empleados, detallan que la SEC cuenta con una “Unidad de Logística Informativa a la que le corresponderá la gestión de los medios técnicos y audiovisuales necesarios para la cobertura informativa de las actividades públicas del presidente del Gobierno” y respecto al acto de presentación del libro, especifican que “los trabajos han sido realizados con medios propios de la Unidad de Logística Informativa compuestos por un vocal asesor, un operador de cámara y un fotógrafo”. Añaden que el evento requirió una unidad ‘P6 – 2 jornada: Actos en el resto del territorio nacional con realización’ y otro en el marco de los ‘Servicios especializados de imagen necesarios para las comparecencias y actos públicos en la sala de prensa del edificio portavoz del complejo de la Moncloa”.  

Respecto a los costes de la retransmisión, el Gobierno entregó primeramente un enlace al Portal de Contratación del Sector Público que no funcionaba, e inadmitió la parte de la solicitud de transparencia relativa a los protocolos o normas para la difusión de actos en los canales oficiales de La Moncloa. Justificó su decisión alegando que “no obra en poder de este órgano ningún documento o contenido que se corresponda con lo solicitado”.

Presidencia del Gobierno pidió al Consejo de Transparencia inadmitir la reclamación al considerar que habían entregado la información solicitada. 

El Consejo de Transparencia da la razón a Maldita.es y obliga a Presidencia a detallar más la información

Maldita.es respondió en el trámite de alegaciones que el acto no era un acto oficial como presidente del Gobierno, puesto que esto no aparece recogido entre las funciones y actividades del presidente. Tampoco aclaran si ha sido el Ejecutivo, la editorial o en colaboración entre ambas partes quienes organizaron la presentación del libro. Además, no detalla los costes específicos, solo un enlace genérico que no funcionaba.

El Consejo de Transparencia, en su resolución de 27 de junio, constata que hay una “ausencia de pronunciamiento”, por parte de Presidencia del Gobierno, “respecto de los eventuales costes de producción del acto organizado”. Una información que el CTBG explicita que es de carácter público y el Gobierno no ha invocado causas de inadmisión o límites legales recogidos en la ley para no entregar estos datos concretos.

Respecto a los costes de retransmisión, que el Ejecutivo entregó a través de un enlace que no funcionaba, el Consejo de Transparencia también pide que ofrezca enlaces concretos con la información relativa a los pliegos y contratos para la organización y retransmisión de la presentación del segundo libro de Sánchez. 

El Gobierno cumple con la resolución del CTBG y asegura que no constan costes del evento porque Sánchez acudió como “interviniente”

Por todo ello, el Consejo de Transparencia instó a Presidencia del Gobierno a entregar a Maldita.es, en un plazo de diez días hábiles, la información de los costes de producción de la presentación del libro de Sánchez y los contratos relacionados con el acto. La Moncloa envió a esta redacción la información que el CTGB le obligaba a entregar el 16 de julio.

En ella, especifica que “el presidente del Gobierno “intervino” en el acto de presentación del libro Tierra firme”, un acto que, según la Moncloa, organizó “una entidad privada”, en referencia a la editorial Península, del Grupo Planeta. El Ejecutivo añade que “la presencia del Jefe del Ejecutivo fue en calidad de interviniente, por lo que no existe información en este órgano sobre la gestión de alquileres de espacios o contrataciones de medios materiales o humanos relacionados con la preparación del evento ni, por tanto, ningún gasto de la Presidencia del Gobierno en estos conceptos”.

El Gobierno insertó también dos enlaces a los contratos en los que se da algún detalle sobre cómo se realizan las coberturas mediáticas del Gobierno. En el primero, el Gobierno licita un contrato en 2021 para suministrar la transmisión en directo de todas las comparecencias de miembros del Gobierno, miembros de órganos técnicos, miembros de Gobiernos extranjeros y otras autoridades cuando así lo determine la Secretaría de Estado de Comunicación. 

Los eventos que citan los pliegos técnicos son: ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, actos con “cobertura informativa” en el Complejo de la Moncloa y comparecencias y actos en España, fuera de la Moncloa. Estos actos, se explica en la documentación, estarán coordinados por la SEC. El contrato se adjudicó a Servicios Audiovisuales Overon, del Grupo Mediapro, por valor de 403.200 euros para 2022 y 2023. Específicamente la “unidad ‘P6 – 2 jornada”, mencionada en la primera respuesta del Gobierno, tiene un coste de 2.350 euros, según los datos del Portal de Contratación.

El segundo de los contratos está relacionado con la imagen de los dirigentes públicos que intervienen en las comparecencias públicas. Los pliegos técnicos especifican que con esta licitación se pretenden satisfacer las necesidades para una “correcta imagen pública en las intervenciones de los comparecientes”, que “exige que se realicen rutinariamente ciertos servicios de imagen habituales en el mundo audiovisual”. El contrato aplica a los eventos tanto en la Moncloa como fuera del complejo presidencial y se adjudicó por valor de 30.346 euros en dos años. Estos gastos, como ya contamos en Maldita.es, existen al menos desde 2012.

Con esta información no se puede calcular el coste exacto dedicado a la promoción del acto de presentación del libro de Pedro Sánchez a través de los canales oficiales de La Moncloa, puesto que en los contratos aparecen datos estimados de las comparecencias a realizar durante el año.

El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha explicado a esta redacción en un correo electrónico que “la sala para esa presentación la pagó la editorial Península, de manera completamente normal”. Maldita.es ha preguntado a la editorial Península por los costes del evento y si el Gobierno de Pedro Sánchez colaboró de alguna manera en la organización del acto de presentación del libro ‘Tierra Firme’, pero en el momento de publicación de este artículo no ha obtenido contestación.

Solo tres de 32 federaciones internacionales tienen más de un 40% de presencia femenina en sus órganos de gobierno

Las federaciones deportivas internacionales son las autoridades responsables de gestionar cada uno de los deportes, incluidas sus reglas, principales competiciones mundiales y promoción de las actividades que administran. Estas organizaciones pueden ser o no reconocidas por el Comité Olímpico Internacional (COI) y, eventualmente, participar en los Juegos Olímpicos.

Desde los Juegos Olímpicos de París de 1900, la presencia femenina ha ido progresivamente ascendiendo entre los deportistas que participaban en las competiciones internacionales. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021 debido a la pandemia) se alcanzó la cifra de equidad más alta hasta la fecha: el 48,8% de los deportistas que acudieron a Japón fueron mujeres. En los Juegos Olímpicos de París 2024 se alcanzará la paridad de mujeres y hombres deportistas por primera vez, al ir el mismo número de deportistas femeninos que masculinos.

En los órganos de decisión de las federaciones deportivas, por el contrario, no se encuentra dicha paridad. En ninguna organización internacional de las que participan en París 2024 hay más mujeres que hombres en sus comités ejecutivos tras realizar Maldita.es un rastreo de sus páginas webs oficiales.

Sólo tres federaciones superan el 40% de representatividad (umbral utilizado con frecuencia para diseñar políticas de igualdad de género): World Sailing (organización que gestiona los deportes de vela a nivel mundial), con un 44,44% (cuatro mujeres de nueve personas que componen el comité ejecutivo); la Federación Ecuestre Internacional, con un 42,86% (nueve de 21); y World Triathlon (organización que gestiona el triatlón a nivel mundial), con un 40% de representación de mujeres (cuatro de diez personas).

En el lado opuesto, las tres federaciones con menor presencia de mujeres en sus órganos de gobierno son la Federación Internacional de Balonmano, con el 11,11% (dos mujeres de 18 personas que componen el comité ejecutivo); Union World Wrestling (organización que gestiona la lucha a nivel mundial), con el 13,04% (tres mujeres de 23 personas); y la Federación Internacional de Tenis de Mesa, con el 16,67% (dos mujeres de 12 personas).

Sin paridad en las grandes organizaciones olímpicas internacionales: sólo un órgano de gobierno se acerca al 50% de representación femenina

La falta de participación femenina en los órganos de decisión del deporte mundial no sólo se circunscribe a las federaciones: también afecta al Movimiento Olímpico (el conjunto de organizaciones que promueven las competiciones deportivas internacionales olímpicas). El Comité Olímpico Internacional, máxima autoridad del olimpismo y organismo encargado de seleccionar las sedes y organizar los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno junto con los países anfitriones, tampoco alcanza la paridad: en el comité ejecutivo del COI hay cinco mujeres de 16 personas que lo componen, el 31,25%.

La falta de equidad se da entre las principales organizaciones que componen el olimpismo. Además del COI, cada uno de los países y territorios cuentan con su propio comité olímpico nacional. Estos se agrupan en asociaciones continentales que, además de representar a sus entidades nacionales, organizan competiciones internacionales como los Juegos Asiáticos o los Juegos Panamericanos.

A su vez, todos los comités nacionales y las asociaciones continentales están integradas en la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC por sus siglas en inglés), que actúa como representante ante el COI. 

De los seis comités ejecutivos, los cinco continentales y los de la ANOC, solo este último se acerca a la paridad: de las 31 personas que componen su órgano de gobierno, 15 miembros son mujeres (el 48,39%). Por otro lado, el órgano con menor presencia femenina es el Consejo Olímpico de Asia, con dos mujeres de 34 miembros (el 5,88%).

El COI quiere alcanzar la igualdad tanto en el liderazgo como en los cuerpos técnicos

El COI tiene como uno de sus objetivos la igualdad de género. Este objetivo lo articula a través de dos metas para el período 2021-2024 que reproducimos textualmente:

• “Consolidar los Juegos Olímpicos como una de las plataformas mundiales más eficaces para promover la igualdad de género, la inclusión y la diversidad”.

• “Predicar con el ejemplo y apoyar la aceleración de la representación significativa de las mujeres en los órganos de gobierno, liderazgo y toma de decisiones del Movimiento Olímpico”.

El COI quiere también conseguir la igualdad en las entrenadoras. Según datos del Comité Olímpico Internacional, aunque las mujeres fueron el 48,8% de los deportistas que acudieron a los Juegos Olímpicos de Tokio, sólo el 13% del personal técnico era femenino.

El PP y el PSOE han obtenido la primera y segunda posición, con una ventaja de 4 puntos de los populares sobre los socialistas. En el resto del continente las ventajas entre los ganadores y el resto han sido mucho más marcadas. En el conjunto de la Unión Europea, los resultados dibujan un nuevo Parlamento Europeo con unos equilibrios similares a los que ya había, pero con más peso de las fuerzas a la derecha del Partido Popular Europeo (PPE).

¿Cómo queda el nuevo hemiciclo del Parlamento Europeo?

Desde las elecciones, el Parlamento Europeo ha actualizado la composición del hemiciclo en función de las nuevas alianzas entre partidos para formar los grupos parlamentarios. El 11 de julio, la Eurocámara cambió la distribución de escaños con la creación de ‘Patriotas por Europa’ un grupo parlamentario creado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que aglutina a antiguas formaciones de Identidad y Democracia y otros partidos que han decidido unirse a este nuevo grupo, entre ellos Vox.

De esta manera, en la sesión constitutiva los grupos se han distribuido de la siguiente manera: El Partido Popular Europeo es la primera fuerza con 188 escaños. Le siguen los socialdemócratas con 136. En tercera posición se sitúa ‘Patriotas por Europa’ con 84 eurodiputados.

El grupo de Orbán, que sustituye a ID, que desaparece, ha desbancado de la tercera posición a ECR, que se sitúa cuarto con 78 miembros. Le siguen los liberales de Renew, que bajan respecto a 2019, pero cuentan con 77 eurodiputados. Los verdes tienen 53 eurodiputados. El grupo de La Izquierda ha cosechado 46 eurodiputados. Se ha creado el octavo grupo de la Eurocámara llamado la ‘Europa Soberana de las Naciones’ con 25 miembros. También hay 12 no inscritos y 21 que aún no han declarado su filiación a ningún grupo y que, de no hacerlo se incluyen en los no inscritos.

La actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (PPE), expresó en la misma jornada electoral su voluntad de reeditar los pactos de gobierno con los socialdemócratas y los liberales, con los cuales, según los datos que ya se conocen, se situarían cerca de la mayoría [min. 3:42] La votación para la elección de la presidenta de la Comisión Europea es el 17 de julio.

¿Cuándo se conocieron los resultados definitivos?

Los resultados que se conocieron durante la noche electoral eran provisionales, como suele ocurrir en todas las elecciones. El propio Parlamento Europeo advirtió a Maldita.es de que los resultados provisionales al 100% de voto escrutado en los 27 países se conocerían a lo largo del lunes 10 de junio. Según señala la UE, dependería de cuánto tardara cada uno de los países en confirmar sus recuentos y comunicarlos a las autoridades comunitarias.

En España los resultados definitivos se conocieron cinco días después de la noche electoral, cuando se realizó un nuevo recuento de todos los votos incluyendo el voto exterior de los españoles que viven en el extranjero y que se encuentran agrupados electoralmente en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), el llamado escrutinio general.

Hay que tener en cuenta, además, que en el Parlamento Europeo que se constituye entre el 16 y 19 de julio los grupos políticos varian su número de escaños respecto a la anterior legislatura. Esto se debe a que durante la noche electoral los partidos políticos aportan sus diputados a los mismos grupos de la Eurocámara en los que se encontraban en el parlamento saliente, pero con la constitución de la nueva cámara los partidos dividen sus escaños entre varios grupos. En Maldita.es te contamos cómo se dividían esos grupos la legislatura pasada, que estuvo conformada por siete familias políticas y los requisitos que deben cumplir para poder formar un grupo parlamentario en la Eurocámara.

Estas elecciones europeas se eligieron 720 eurodiputados, 15 más que en los anteriores comicios. El número de escaños del Parlamento Europeo varía en función del crecimiento o decrecimiento de la población o el número de países de la UE, algo que ya te hemos explicado en Maldita.es.

_{*Artículo actualizado a 16 de julio de 2024 con la conformación definitiva del hemiciclo en la sesión constitutiva del Parlamento Europeo.}

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le había prometido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalán, cuando aún era candidata, que si ganaba las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, organizaría el espectáculo pirotécnico en la capital. Catalá ganó y Almeida cumplió su promesa.

El informe medioambiental previo realizado por los promotores del evento advierte del impacto acústico, la emisión de gases y la generación de residuos que podría provocar disparar más de 340 kilos de pólvora en la explanada de Madrid Río, pero la Delegación del Gobierno de Madrid autorizó su celebración. En cambio, en este estudio no se incluyeron las posibles repercusiones que la mascletá tendría sobre la fauna que habita en esta zona de la capital.

Maldita.es ha obtenido esta información tras realizar una solicitud de información pública vía Ley de Transparencia al Ayuntamiento de Madrid. A pesar de que la ordenanza de Transparencia de Madrid indica que debe darse respuesta a las solicitudes en 15 días, cuatro meses después de realizada la petición, Madrid Destino. Cultura, Turismo y Negocio (la sociedad mercantil municipal dependiente del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deportes, encargada de gestionar este evento) ha facilitado la Memoria Medioambiental del evento, elaborada para cumplir con lo establecido en la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid (OCAS) sobre actividades públicas y el Informe Medioambiental emitido por la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental del Consistorio.

La huella de carbono del evento se estimó en 487,6 kg de CO₂e

Como parte de este estudio medioambiental previo al evento recogido en la OCAS, se realiza una estimación de la huella de carbono. Según la propia Memoria Medioambiental, este análisis incluiría las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI o CO_2e) liberadas a la atmósfera como consecuencia de la celebración del espectáculo pirotécnico, tanto directas (las generadas por la empresa promotora) como indirectas (generadas por terceros), según explica el documento). 

En concreto, se han analizado cuatro fuentes de emisión de GEI: consumo de combustible de maquinaria; tratamiento de aguas residuales; viajes y desplazamientos; y gestión y tratamiento de residuos. En su conjunto, y según el estudio elaborado por Madrid Destino, todas ellas dejarían una huella de carbono de 487,6 kg de CO_2e. Las dos últimas tendrían el mayor impacto sobre la atmósfera, con más del 94% de las emisiones.

Sin embargo, esta huella de carbono no contempla el total de las emisiones derivadas de la Mascletá de Madrid 2024. Quedan excluidos, por ejemplo, los gases de efecto invernadero liberados durante los traslados de los espectadores, que son emisiones indirectas. En este sentido, los promotores del evento estimaron que el 60% (de las 10.000 personas previstas en el momento de máxima afluencia) irían al evento en transporte público; puesto que el vehículo privado resulta “un modo de desplazamiento muy poco atractivo” por la reducida oferta de plazas de aparcamiento y la Zona de Bajas Emisiones de Madrid. Únicamente el 4%, según su análisis, optaría por esta segunda opción (y el 1% acudiría en VTC o taxis).

Estimar la huella de carbono de la Mascletá de Madrid 2024 “permite compensar las emisiones de GEI que no se han podido evitar”, explica el estudio de la huella de carbono incluido en la Memoria Medioambiental a la que ha tenido acceso Maldita.es. Esto es, por ejemplo, los gases emitidos como consecuencia del uso de la propia pirotecnia utilizada en el espectáculo. Y añade que esta compensación (contemplada en la normativa municipal sobre calidad del aire y sostenibilidad) “se puede llevar a cabo realizando una aportación económica” destinada a “financiar proyectos que reduzcan o capten la cantidad equivalente de emisiones” liberadas en el evento.

Por otro lado, para reducir el impacto negativo que puedan tener los residuos como consecuencia de este evento, Madrid Destino solicitó al Consistorio madrileño la colocación de contenedores para depositar envases ligeros y otros restos, considerando estos “las

fracciones de residuos que previsiblemente van a generarse”. Además, según explica el Informe Medioambiental emitido por la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de la capital, el servicio municipal de limpieza debe limpiar el espacio donde se dispara la mascletá y sus inmediaciones antes y después del espectáculo.

No hay posibilidad de contaminación del suelo, consumo de recursos naturales ni contaminación lumínica, según la Memoria

Otro de los riesgos medioambientales que se contemplan en el estudio previo es la posibilidad de contaminación lumínica. En este sentido, afirma que “no existe riesgo” de generar este tipo de contaminación al desarrollarse “en horario de día”. La mascletá comenzó a las 13 horas del 18 de julio y duró unos 10 minutos.

Tampoco consideran un riesgo real el consumo de recursos naturales (que lo califican de “prácticamente nulo”), ni la contaminación del suelo. “Apenas existe riesgo de generar vertidos al contar tan solo con un aseo portátil para uso exclusivo de los trabajadores, el cual además no se vaciará ni limpiará in situ”, explica la Memoria Medioambiental. Además, justifican que el riesgo de vertidos accidentales no está previsto puesto que no será necesario recargar de combustible la carretilla elevadora que se utilizará para el montaje y desmontaje de las infraestructuras necesarias para el evento.

La única referencia que se hace del posible impacto a zonas verdes está en un apartado (donde también se incluyen fuentes y estanques públicos) en el que se indica que se han solicitado las autorizaciones pertinentes. En este sentido, el Informe Medioambiental emitido por la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid establece que no se permite la manipulación de elementos vegetales que produzcan daños a los mismos.

Ni la Memoria ni el informe mencionan el impacto sobre la fauna que habita el río Manzanares

En cambio, este estudio previo deja fuera cualquier mención a la fauna pese a que la Ordenanza municipal de Madrid sobre Calidad del Aire y Sostenibilidad (OCAS) establece que debe analizarse también el impacto sobre la “biodiversidad”, así como las medidas preventivas y correctoras que pretende aplicar la empresa promotora del evento.

La Memoria Medioambiental no hace mención alguna al posible impacto que podría tener sobre los animales que habitan la zona disparar centenares de kilos de pólvora en el lugar escogido. En este caso, la mascletá del 18 de febrero de 2024 se celebró en la explanada del Puente del Rey (ubicado en Madrid Río, en el distrito de Moncloa - Aravaca).

La página web del Ayuntamiento de Madrid describe este emplazamiento como “un enorme enclave lúdico y cultural paralelo al río Manzanares, que, gracias a su renaturalización, ha vuelto a contar con una fauna sorprendente”. Explica también que es un corredor para las especies migratorias, que actúa como un “eje abierto y pacífico de comunicación de las aves y de los animales de desplazamiento nocturno”. Así, según datos del propio Consistorio, el tramo urbano del río Manzanares cohabitan más de 50 especies de aves, además de otros animales como galápagos leprosos, galápagos de Florida, nutrias, culebras de agua e, incluso, zorros. También cuenta con una fauna subacuática que se ha regenerado en los últimos años.

El pasado 18 de febrero, se dispararon aproximadamente unos 340 kilos de pólvora en este emplazamiento, según la propuesta elaborada por Pirotecnia Valenciana y remitida a Maldita.es por Madrid Destino como parte de la Memoria justificativa de la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad.

Desde Madrid Destino no se contemplaron los posibles riesgos de este evento sobre los animales y, a fecha de publicación de este texto, tampoco hay informes públicos oficiales que hayan analizado el impacto del mismo. 

Se solicitó una extinción acústica para superar los decibelios permitidos por la normativa municipal durante la mascletá

La Ordenanza municipal de Madrid sobre Calidad del Aire y Sostenibilidad (OCAS) establece que, antes de la celebración de eventos cuya asistencia prevista sea superior a 5.000 personas, es necesaria una memoria que analice el impacto medioambiental de la actividad y recoja las medidas preventivas, correctoras y compensatorias para garantizar su sostenibilidad.

Uno de los factores de riesgo que menciona la Memoria Medioambiental de la Mascletá de Madrid de febrero de 2024 a la que ha tenido acceso Maldita.es es la contaminación acústica. Según la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de Madrid, en los eventos celebrados durante el día en espacios exteriores no pueden superar entre 50 y 65 decibelios (en función del tipo de área acústica en el que se desarrolle). En este caso, el evento se desarrolló en un área acústica con uso residencial y los decibelios máximos en horario diurno se limita a 55. Habitualmente, una mascletá supera los 120 decibelios, según recoge la web turística oficial que promociona las fallas de Valencia.

Es por ello que la entidad encargada de la organización del evento (Madrid Destino) solicitó una exención acústica (en la práctica, una exención de la regulación) para superar los niveles de sonido establecidos “durante los 10 minutos que aproximadamente dura el lanzamiento de la pirotecnia”, según se puede leer en la Memoria Medioambiental del evento.

Este permiso está recogido también en la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica. Esta normativa municipal establece que el Ayuntamiento puede autorizar la modificación o suspensión con carácter temporal de los niveles máximos de emisión sonora (entre otros casos) para la organización de ciertos actos, previa valoración de su incidencia acústica.

Además, según se puede leer en la Memoria Medioambiental, Madrid Destino se comprometió a informar a todo el personal implicado en la producción del espectáculo sobre la adopción de medidas para prevenir las posibles situaciones de contaminación acústica, en especial, durante los procesos de montaje y desmontaje de las infraestructuras.

Maldita.es ha obtenido esta información tras realizar una solicitud de información pública vía Ley de Transparencia al Ayuntamiento de Madrid. Cuatro meses después de esta petición, Madrid Destino. Cultura, Turismo y Negocio (la sociedad mercantil municipal dependiente del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deportes, encargada de gestionar este evento) ha facilitado el gasto total derivado de la organización de esta mascletá. Madrid Destino aclara que la información presupuestaria relativa a los gastos del Ayuntamiento de Madrid no obra en su poder; por lo que el coste total asumido por el Consistorio madrileño por este evento podría ser mayor de lo incluído en este texto, que solo incluye lo desembolsado por Madrid Destino. 

El Consistorio valenciano escogió la empresa encargada de la mascletá y el contrato se adjudicó mediante un procedimiento negociado sin publicidad

Este contrato público se adjudicó a través de un procedimiento negociado sin publicidad. Este proceso de contratación lo utilizan entidades del sector público para adjudicar contratos de manera directa, sin la necesidad de realizar una convocatoria pública o una licitación abierta. Generalmente, se lleva a cabo en circunstancias específicas y excepcionales, cuando se cumplen ciertos criterios que justifican la falta de publicidad y competencia abierta.

En este caso, la Memoria justificativa de la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad a la que ha tenido acceso Maldita.es explica que este servicio (que consta del diseño, creación, producción, transporte, instalación, montaje, disparo y posterior desmontaje del espectáculo pirotécnico “Mascletá 2024 Madrid”) “sólo podía encomendarse a la empresa Pirotecnia Valenciana al tratarse de una actuación artística única” en formato de Mascletá.

Esta justificación está amparada en la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que los órganos de contratación podrán utilizar el procedimiento negociado sin la previa publicación de una licitación (entre otros casos) cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario por alguna de las siguientes razones: 

• Que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte única no integrante del Patrimonio Histórico español o actuación artística única.

• Que no exista competencia por razones técnicas.

• Que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial.

En la memoria justificativa para la adjudicación de este contrato también se especifica que fue el Ayuntamiento de València quién escogió la empresa que prestó este servicio. Según se puede leer en el documento, la Concejalía de Fallas del del Área de Cultura, Educación, Deportes y Fallas del Consistorio valenciano trasladó al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid “la voluntad” de que la mascletá fuese llevada a cabo por la empresa Pirotecnia Valenciana.

El Ayuntamiento de Madrid pagó, en total y con impuestos, más de 80.000 euros por el evento

Este evento se enmarca en el “convenio de colaboración y hermanamiento” suscrito entre las ciudades de Madrid y València en enero de 2024, durante la Feria Internacional del Turismo (FITUR). En este protocolo de promoción turística,se incluyó la promesa electoral de Almeida de celebrar una mascletá en la capital si su compañera de partido, María José Catalá, conseguía ser nombrada alcaldesa de València tras las elecciones municipales de 2023. Y de este evento se hizo cargo (económico) el Ayuntamiento de Madrid. Antes de su celebración, el Consistorio valenciano aseguró en varias ocasiones que no supondría un coste para València.

Para ser exactos, Madrid Destino (la sociedad mercantil madrileña dependiente del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deportes encargada de gestionar este evento) ha pagado un total de 80.600,30 euros, con impuestos, por este servicio (66.680,69€ si dejamos a un lado el Impuesto sobre el Valor Añadido o IVA). 

La mayoría de estos fondos (casi el 83%) se destinaron a abonar los honorarios de la empresa que realizó el servicio. Pirotecnia Valenciana recibió un total de 45.980 euros (38.000 euros sin IVA) por la mascletá disparada el 18 de febrero de 2024 en Madrid Río. Esta es la cifra que publicaron varios medios de comunicación los días previos al evento, cuando únicamente se había publicado el contrato en el Portal de Contratación Pública entre el Consistorio y la empresa pirotécnica. 

Además de los honorarios de la empresa, el Consistorio madrileño gastó otros 34.620 euros con impuestos añadidos en este evento. Estas partidas presupuestarias (que suponen poco más de 17% sobre el total) estaban destinadas a adquirir materiales (como vallas, sacos de arena o lonas) y otros servicios como limpieza o sonido. Maldita.es ha podido ampliar esta información gracias a una solicitud de información pública.

El importe final abonado por el Ayuntamiento de Madrid por este evento podría superar los 80.600,30 euros que mencionamos en este texto. La información a la que ha tenido acceso Maldita.es no contempla los datos presupuestarios relativos a la partida imputable al Ayuntamiento. Según explica Madrid Destino en la resolución a la solicitud de información pública, estas cifras reflejan los gastos derivados de la organización del evento asumidos por la sociedad mercantil.

Pirotecnia Valenciana firmó contratos públicos con la Junta Central Fallera o JCF (organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Valencia encargado de regular y coordinar las fiestas de las Fallas en Valencia y que tiene competencias administrativas y contables al respecto) para prestar sus servicios en la última edición de las fiestas regionales. La JCF pagó 8.500 euros, con impuestos incluídos, a esta empresa por la mascletá disparada del 19 de marzo de 2023 en la Plaza del Ayuntamiento de València (la última de la edición). Previamente, ese mismo año, había abonado otros importes como 6.500 euros con impuestos por la mascletá del 4 de marzo u otros 8.000 euros con impuestos por un castillo disparado el 16 de febrero.

Todos estos contratos públicos fueron adjudicados por un proceso negociado sin publicidad. Maldita.es desconoce las características de estos acuerdos entre la JCF y Pirotecnia Valenciana (como los kilos de pólvora que se utilizan o la duración del evento), puesto que los pliegos técnicos de los contratos no están publicados en el Portal de Contratación Pública. Teniendo en cuenta que las características y requisitos de estos eventos pirotécnicos podrían ser diferentes al de la mascletá celebrada en Madrid en febrero de 2024, no podrían compararse los importes de forma directa, pero sí pueden ayudar a dibujar el precio estimado de estos espectáculos en la ciudad de Valencia.

Maldita.es ha analizado estas tendencias en España y en el resto de países europeos a través de los datos del proyecto Elections24Check, que une los artículos registrados por distintas organizaciones de verificación de toda Europa desde el mes de febrero. El análisis revela un panorama de confusión intencionada y teorías conspirativas que buscan influir en la opinión pública y poner en duda la integridad de los procesos electorales.

Meter dos papeletas en el sobre, el apagón informativo y los resultados anómalos para Junts: las narrativas desinformadoras con más presencia en España durante las elecciones europeas

Las narrativas más repetidas en las verificaciones de las elecciones europeas han sido estas: 

• Incitación al voto nulo (6 desinformaciones). Se ha recomendado votar de forma errónea a algunos partidos, en ocasiones de forma irónica, para que el voto se considere como nulo. Por ejemplo, se ha recomendado hacer voto “dual” metiendo dos papeletas en el sobre (algo que tiene poco que ver con el voto dual real) o escribir el nombre de Begoña Gómez en las papeletas.

• Apagón informativo (6). En España, los colegios electorales cerraron a las 20:00, pero, como en el resto de elecciones europeas, hubo que esperar hasta las 23:00, cuando cerraron los colegios italianos, para que se publicaran los primeros datos. Esto motivó varias teorías conspirativas, como que era un apagón informativo provocado por el Gobierno o que en otros países como Irlanda supieron antes que España los resultados, lo cual era un bulo.

• Cuestionamiento de los resultados (4). Varios contenidos han apuntado a un escrutinio fraudulento por los resultados supuestamente anómalos de partidos como Junts en algunos puntos de España. También se ha difundido que el CIS publicó unos resultados distintos a los ofrecidos en el escrutinio provisional.

• Se han publicado verificaciones sobre supuestos fraudes acerca de la ausencia de papeletas durante la jornada, sobre sucesos que afectaron a la jornada electoral o sobre el voto de las personas extranjeras en las embajadas.

Los que incitaban de manera intencionada a un voto inválido o nulo, de manera equivocada, se han publicado principalmente en la semana previa a las elecciones. Los contenidos sobre el supuesto apagón informativo se han concentrado en los últimos días de la campaña y aquellos que han cuestionado los resultados provisionales, se han publicado en la semana siguiente.

Para este informe se han analizado 2.334 artículos registrados por 43 organizaciones del EFCSN en el marco del proyecto Elections24Check durante más de cuatro meses (desde el 1 de febrero al 17 de junio). La muestra utilizada en este informe es de 170 artículos, de los cuáles 101 han sido realizados por organizaciones españolas. Dentro de la muestra hay 79 verificaciones (debunks) y 37 de ellas son de España.

Para clasificar las narrativas, Maldita.es ha agregado una clasificación propia de los contenidos verificados con tres principales categorías: 

• Incidencia en el voto: buscan influir en la votación antes de que se celebre

• Fraude electoral: cuestionan el proceso o la validez de los resultados

• Distorsión del contexto electoral: desinformaciones con contenidos falsos, manipulados o descontextualizados que afectan a las candidaturas o a colectivos

Un total de 30 de los 37 bulos publicados sobre integridad electoral por parte de las organizaciones de España han estado relacionados con las elecciones europeas. Es la principal cita electoral estudiada en la base de datos del EFCSN, que también incluye otras nacionales o regionales, como las catalanas o vascas.

El pico de desinformación se alcanza en las semanas previa y posterior a las elecciones

Según los datos analizados, el interés por las elecciones europeas aumentó a partir de mediados de abril y alcanzó su pico en la semana del 3 al 9 de junio, la semana previa a la celebración de las elecciones, seguido de la semana posterior. En estas dos semanas se concentran el 48,8% de todos los artículos publicados desde España. 

El pico se produjo el viernes 7 de junio, dos días antes de las elecciones y cuando se cerró la campaña, que había empezado el 24 de mayo. 

Después de las europeas, la siguiente cita sobre la que se han registrado más contenidos han sido las elecciones catalanas del 12 de mayo (9 artículos). De forma más anecdótica se han hecho artículos sobre las elecciones vascas del 21 de abril (1), las de Portugal del 10 de marzo (1), las de Rusia del 15 al 17 de marzo (1) y las de México del 2 de junio (1).

Alemania y España son los países en los que se han registrado más contenidos sobre manipulación de votos

Algunas narrativas desinformadoras observadas en España también se han extendido en otros países:

• Dudas sobre el formato válido del voto o que buscan incidir en la voluntad ciudadana para votar

Mientras que en España algunos contenidos recomendaban prácticas que implican voto nulo como la de introducir dos papeletas en el mismo sobre, en Alemania se han difundido mensajes diferentes pero con un mismo fin. Se decía que los votantes podían elegir hasta tres candidaturas, cuando el máximo es una, algo que también habría invalidado el voto. 

En Alemania las papeletas son diferentes. Se marca con una cruz la candidatura elegida en vez de seleccionar la papeleta de un partido. Algunos contenidos han cuestionado el formato correcto para los votos válidos. Ha habido desinformaciones sobre cómo hay que tachar bien la casilla de un partido o sobre si las papeletas con un orificio son válidas, cuando en realidad son para personas con discapacidad visual. 

En Italia se han realizado verificaciones de contenidos que incitaban en cierta manera a la abstención. Uno de ellos indicaba que para votar era necesario el green pass, el pasaporte europeo de vacunación, lo cual es falso. Otro, también falso, decía que si la participación en las europeas era demasiado baja se contemplaba la realización de un referéndum para salir de la Unión Europea. En España, se difundió un vídeo de un hombre que rompía un voto y ejercía su “derecho a no votar”, aunque se trataba de un vídeo grabado el año anterior durante las generales del 23 de julio.

• Manipulación de la votación

En la base de datos del EFCSN constan más verificaciones sobre manipulación de la votación en Alemania que en España, pese a ser el principal país contribuidor. 

Algunos usuarios dijeron que en un colegio electoral habían invalidado todos los votos para AfD. Otro dice que los trabajadores de un colegio electoral coaccionaron a los electores para no votar al AfD y que destruyeron sus papeletas. En otra desinformación también se muestran papeletas destruidas, pero corresponden a unas elecciones ficticias en un colegio infantil.

Austria ha sido otro de los países con contenidos de este tipo. En varios contenidos se dijo que se habían manipulado votos del FPÖ durante el recuento. 

• Cuestionamiento de los resultados

En España, se han cuestionado los resultados de varios partidos entre los que destacan los de Junts fuera de Cataluña, debido a algunos posibles errores en el recuento provisional. Se ha comentado que les habrían inflado los votos para alcanzar un eurodiputado, algo que no es verdad ya que, según los números, el diputado obtenido se logró de sobra solo con los votos catalanes.

En Italia ha ocurrido algo similar. Se ha criticado el escaño obtenido por Ilaria Salis, una activista antifascista condenada por agresión, por haber conseguido votos únicamente en una circunscripción de Italia. La realidad es que debido al sistema electoral sólo se le podía votar en dos de ellas, donde ha recibido todos sus votos. 

En ocasiones, estos contenidos marcados como prebunk han anticipado las posteriores desinformaciones. Por ejemplo, Maldita.es publicó el 6 de junio un artículo explicando que los resultados se publicarían a partir de las 23 horas debido al cierre de urnas más tardío en Italia, y en los días siguientes se realizaron diversas verificaciones sobre la teoría del apagón informativo provocada por el Gobierno. 

Desinformaciones sobre fraude electoral en España: paralelismos y diferencias entre 2023 y 2024

Hay ciertas narrativas que se repiten en cada cita electoral, como la de que Indra, la empresa encargada en España de la infraestructura digital del recuento provisional, manipula los resultados. Estas desinformaciones suelen repetirse cada vez que hay elecciones en España.

Es frecuente también que en época de elecciones proliferen las desinformaciones relacionadas con la población migrante, como las que dicen que reciben trato de favor, que son aprovechados o violentos. Se han observado muchos de ellos sobre todo en las elecciones catalanas del 12 de mayo de 2024. 

En el contexto de las europeas, se han difundido vídeos de personas “musulmanas” pidiendo el voto para el PSOE o supuestas ayudas repartidas a población extranjera para incitar al discurso anti inmigratorio. También relatos sobre unos candidatos musulmanes en el partido socialista belga o sobre trampas para que los extranjeros voten en embajadas españolas.

Otra narrativa repetida se ha visto contenidos que alentaban a escribir el nombre de Begoña Gómez en las papeletas, algo que las habría invalidado. En las pasadas generales de 2023, se hizo algo muy similar incitando a escribir el nombre de Irene Montero en las papeletas de Sumar

A pesar de las similitudes, cada cita electoral también tiene sus particularidades y sus propias narrativas desinformadoras. En las europeas de 2024, algunas de las que más se han repetido han sido las del apagón informativo o la de los resultados anómalos obtenidos por Junts, en otras ocasiones han sido otras distintas. 

• Municipales y autonómicas de 2023: compra de votos y alteración del censo

El año pasado, proliferaron los contenidos relacionados con la compra de votos debido a los escándalos surgidos en Melilla por irregularidades en el voto por correo. También hubo casos en Mojácar (Almería) o Albudeite (Murcia) en los que se vieron involucrados varios candidatos del PSOE. 

El INE también advirtió sobre aumentos inusuales del censo electoral en algunos municipios pequeños, que afectaban a varios partidos, pero mayormente al PP y al PSOE.

• Generales de 2023: voto por correo y desde el exterior

En relación al proceso electoral, hubo numerosas desinformaciones sobre el voto por correo o sobre el voto CERA (o voto exterior). Estas narrativas de fraude electoral estaban ligadas a la situación de que una gran parte de la población tuvo que votar a distancia, ya que las elecciones se celebran en verano, algo inusual.

También se difundió una teoría conspirativa que decía que Sánchez y el PSOE habían interrumpido la salida de trenes desde Valencia para que la gente no llegase a tiempo a votar el día de las elecciones. 

Maldita.es y Democracy Reporting elaboraron un informe basado en más de 200.000 publicaciones en redes sociales sobre las generales de 2023. Algunas de sus conclusiones fueron que una de cada cuatro publicaciones cuestionaban la integridad del sistema electoral y que la población migrante fue otro de los principales objetivos de la desinformación.

Durante 13 años hubo más bodas de hombres que de mujeres, hasta que en 2018 la tendencia cambió. A partir de ese momento las uniones matrimoniales entre mujeres han sido superiores en número a las de hombres año tras año. En ambos casos las cifras han ido aumentando desde las 1.269 bodas de 2005 hasta las 6.236 que se celebraron en 2022, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). También han aumentado los divorcios desde 2013, el año en que comienza la serie histórica del INE.

El 3 de julio de 2005 el Congreso de los Diputados aprobó el matrimonio entre parejas del mismo género

El 1 de octubre de 2004 el Gobierno de España, presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó el anteproyecto de ley que meses más tarde permitiría el matrimonio entre parejas del mismo género. Antes de su aprobación definitiva, que llegaría alrededor de nueve meses después, el Senado vetó el proyecto de ley gracias a los votos del Partido Popular, cuatro senadores de CiU y dos del Partido Aragonés. Un veto que se levantó en la siguiente votación en el Congreso de los Diputados.

Esta votación tuvo lugar el 30 de junio de 2005, cuando finalmente se aprobó la ley 13/2005 por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio con 187 votos a favor, 147 en contra y 4 abstenciones, tal y como recoge el diario de sesiones del Congreso. La entonces diputada del PP Celia Villalobos fue la única de la formación que votó a favor de la ley.

Tres días más tarde, el 3 de julio, esta ley entró en vigor y las parejas formadas por personas del mismo género que así lo decidieran podrían contraer matrimonio a través de enlaces civiles. Esto significaba que las parejas que se casasen adquirían una serie de derechos hasta entonces reservados a los matrimonios heterosexuales, los únicos reconocidos ante la Ley. Derechos como la adopción conjunta, las herencias o las pensiones. 

Tras la aprobación de la ley, el Partido Popular anunció que recurriría ante el Tribunal Constitucional, y así lo hizo en septiembre de 2005, cuando presentó un recurso de inconstitucionalidad. Según El País, el texto del PP argumentaba que la ley “desnaturaliza la institución constitucional del matrimonio”, además de afirmar que llamar matrimonio a las uniones civiles entre homosexuales era un “fraude de ley”.

Pasaron siete años hasta que el Tribunal Constitucional rechazase, en 2012, durante la primera legislatura del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el recurso interpuesto por los populares.

Más de 68.700 matrimonios hasta 2022, último año del que hay datos disponibles y en el que que más bodas entre parejas del mismo género ha habido

Unos días después de la aprobación de la ley, el 11 de julio de 2005 la pareja formada por Emilio Menéndez y Carlos Baturin se convirtió en la primera homosexual en casarse en España. No fue la única ese año, en menos de seis meses hubo un total de 1.269 enlaces matrimoniales entre parejas del mismo género, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Desde entonces y hasta diciembre de 2022, último año con datos disponibles, ha habido un total de 68.789 bodas entre homosexuales, de las cuales 37.232 (alrededor del 54%) han estado formadas por hombres y las 31.557 restantes, por mujeres (el 46% del total).

Sin contar con los datos de 2023, que a fecha de publicación de este artículo no están disponibles, el año que más matrimonios se han contraído ha sido 2022 (con 6.236 enlaces) seguido de 2019 (5.141) y 2021 (5.073).

Como vemos reflejado en la gráfica anterior, en 2020, durante la pandemia de coronavirus, hubo un descenso de matrimonios (3.189) respecto al año anterior y también al posterior.

Durante los 13 primeros años hubo más bodas entre hombres, aunque desde 2018 la tendencia ha cambiado: ellas se casan más que ellos

Los primeros años tras la aprobación de la ley, la diferencia en número de matrimonios de hombres homosexuales frente al de mujeres fue notable. Las parejas de mujeres que se casaron en 2005 no llegaron al 28% del total de matrimonios homosexuales. Fueron 355 bodas de mujeres frente a 914 de hombres, que supusieron algo más del 72% del total.

Durante los siguientes años continuó habiendo menos enlaces matrimoniales de parejas de mujeres que de hombres, aunque la brecha entre ambas cifras fue disminuyendo poco a poco. Así, en 2017 sólo hubo nueve matrimonios más entre hombres que entre mujeres y 2018 fue el primer año en que resultó ser al revés: hubo 2.512 bodas entre mujeres (51,6%) frente a 2.358 (48,4%) enlaces entre hombres.

Desde entonces los nuevos matrimonios entre mujeres han sido superiores en número a los nuevos enlaces de hombres.

Los divorcios también han aumentado desde que el INE tiene registros

La nueva ley aprobada en 2005 permitía a las parejas formadas por personas del mismo género casarse y, por consiguiente, divorciarse. El INE sólo recopila los datos de los divorcios de estas parejas desde 2013. Entre ese año y 2022 se han llevado a cabo 11.401 divorcios.

Al igual que ocurre con el número de matrimonios heterosexuales, los divorcios de estas parejas también han aumentado en los últimos años, pasando de los 542 en 2013 a los 1.749 de 2022, de los cuales 927 fueron de parejas de hombres y 822 de mujeres. Los divorcios de matrimonios homosexuales de 2022 supusieron el 2,2% del total de parejas divorciadas.

El matrimonio homosexual en el mundo: decenas de países reconocen este derecho y más de la mitad están en Europa

Con la aprobación de la ley en junio de 2005, España se convirtió en el tercer país del mundo en reconocer el derecho de matrimonio de parejas del mismo género, después de Países Bajos, que lo hizo en el año 2000, y Bélgica, en 2003. Casi a la vez que España, Canadá también aprobó el matrimonio homosexual en 2005, ocupando el cuarto lugar delos países que lo han hecho.

Desde que se aprobó la ley española, la situación en el mundo ha cambiado y ahora decenas de países permiten los matrimonios homosexuales. Según Statista, a junio de 2024 son 42 los países en los que una pareja formada por dos personas del mismo género se puede casar. 

Más de la mitad de estos países están en Europa, donde (además de Países Bajos, Bélgica y España) naciones como Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Malta, Eslovenia, Andorra, Estonia y Grecia también han aprobado el matrimonio homosexual.

En otros países europeos, como Italia, el matrimonio homosexual no está permitido. En 2016 la Cámara de Diputados del país aprobó la unión civil entre parejas del mismo género, que no otorga los mismos derechos que el matrimonio, pues entre otras cosas la adopción no está permitida a estas parejas.

Hemos actualizado este artículo el 05/07/2024 para cambiar las referencias a “parejas homosexuales” por “parejas del mismo género”.

En el eurobarómetro de abril, el 71% de los ciudadanos encuestados en toda la UE aseguraron que era “probable” que votaran en las elecciones de 2024. Como contamos en Maldita.es, en España, ese porcentaje era un punto menor, del 70%.

La participación de la UE en las elecciones, entre el 40% y el 60%

Para estas elecciones, el Parlamento Europeo organizó la campaña ‘Usa Tu Voto’, que, según informaron, tuvo un coste de ocho céntimos por cada votante. Con ella pretendían aumentar la participación en los comicios y durante la jornada electoral, los portavoces del Parlamento Europeo valoraron el 51% de participación como un “signo positivo para la democracia europea”.

La cifra de 2024, del 51% de participación, es ocho décimas inferior a la media de participación (51,8%) en todos los comicios al Parlamento Europeo celebrados desde 1979. Ese año la participación marcó un récord con el 62% de los ciudadanos europeos votando en las primeras elecciones europeas.

Desde 1979, la participación ha descendido en las sucesivas convocatorias electorales. En 2019 repuntó hasta el 50,66% y en 2024 ha subido algo menos de medio punto, lo que sitúa la participación en el conjunto de la Unión Europea en 51%.

Eslovaquia y Croacia, los países con una participación inferior al 30%

Las elecciones al Parlamento Europeo consisten en 27 convocatorias nacionales en las que cada Estado miembro elige a un número determinado de eurodiputados que después conforman el hemiciclo. En este sentido, la participación varía de unos países a otros. En 2024, la menor tasa de participación la ha registrado Croacia con un 21,34%. Croacia lleva en la UE desde 2013 y su participación nunca ha superado el 30%: en 2014 fue del 25,24% y hace cinco años subió hasta el 29,85%.

Eslovaquia tiene la menor tasa media de participación en la UE. Desde 2004, han participado un 24,1% del censo, según los datos recabados por el Parlamento Europeo. En 2004 y 2009 la participación fue inferior al 20%. Este año, por el contrario, ha subido hasta el 34,38%.

En España, la participación media desde 1989, tras su entrada en la UE tres años antes, en las elecciones al Parlamento Europeo ha sido del 52,6%. En 2024 se ha quedado en el 49,21%. Como hemos contado en Maldita.es, este dato es mejor no compararlo con el de 2019, que fue del 60,73%, porque ese año se celebraron elecciones autonómicas y municipales. En 2014, cuando solamente se celebraron elecciones europeas, el 43,81% del censo español votó en esos comicios.

Bélgica registra una participación del 90% en 2024

En el lado contrario están países como Bélgica y Luxemburgo, donde la participación en estos comicios ha sido del 89,82% y 82,29%, respectivamente. Estos dos países, junto a Grecia y Bulgaria tienen voto obligatorio. En el caso de Bélgica y Luxemburgo, la participación media ha sido cercana al 90% desde 1979. 

En Grecia y Bulgaria el porcentaje de abstencionistas es superior. La participación media desde 1984 en Grecia ha sido del 64,4%. En Bulgaria, que entró en la UE en 2007 y participó en las primeras elecciones al mismo tiempo que el resto de Estados miembros en 2009, ha registrado una participación media desde entonces del 34,8%, a pesar de ese voto obligatorio que marca su legislación.

La encuesta del CIS que muchos usan para conocer el perfil del votante de SALF 

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó dos encuestas preelectorales antes de las elecciones europeas del 9 de junio. En Maldita.es hemos analizado la primera, que es la única que a fecha de publicación de este artículo tiene la base de datos disponible para poder medir con precisión distintas variables (la metodología la explicamos al final del artículo). Esta encuesta se realizó del 8 al 17 de mayo de 2024.

Según los datos que recogió el CIS, las personas que dijeron que su voto sería para Se Acabó la Fiesta compartían una serie de características : la mayoría eran hombres (78,6% de las respuestas), menores de 45 años (77,1%), que habitaban ciudades pequeñas y medianas (el 77,4% viven en municipios entre 10.000 y 400.000 habitantes), y con una escala ideológica media de 6,89 sobre 10. 

La escala ideológica autopercibida no implica que esas personas sean objetivamente de derechas o de izquierdas. El CIS pregunta desde hace décadas que los encuestados se posicionen según la ideología que tienen en una escala que va del 1 al 10 (siendo 10 más a la derecha y 1, más a la izquierda). Esta pregunta sirve para ver cómo esas personas se perciben, pero no es un criterio externo que defina su ideología.

Las características que aparecen en la encuesta del CIS no significan que se pueda determinar cómo es el votante de Se Acabo la Fiesta. Son estimaciones que cuentan con un margen de error y que dependen de las respuestas que den las personas. El voto en España es secreto.

Las estimaciones realizadas con datos provisionales dicen que el voto de Se Acabó la Fiesta se concentra en la costa mediterránea y en los archipiélagos

La candidatura de Se Acabó la Fiesta consiguió en la noche electoral 800.000 votos y tres diputados. El equipo de Datos elDiario.es ha analizado dónde se ha concentrado el voto de estos partidos a partir de los resultados provisionales. 

Sus conclusiones a partir de las estimaciones que han realizado son que las provincias donde obtuvo mayores apoyos fueron en las provincias costeras del Mediterráneo y en los archipiélagos. Málaga fue la provincia en la que obtuvo más apoyos, con un 7,4% de los votos, mientras que Gipuzkoa fue en la que menos votos sacó, con un 1,4%.

Además, los municipios que cuentan con más jóvenes y que tienen una población de entre 10.000 y 250.000 habitantes son los lugares donde ha obtenido más votos, en línea con las estimaciones que indicaba la encuesta preelectoral del CIS. Aun así, esas estimaciones no permiten determinar quién es el votante de Se Acabo la Fiesta ni de otra candidatura.

A la espera de los sondeos postelectorales para estimar mejor a los votantes

Una vez termina una elección, y después se proclaman los resultados definitivos tras el escrutinio general, es habitual que se realicen sondeos postelectorales para conocer mejor cómo se han comportado los votantes en los comicios. El CIS, por ejemplo, suele publicar encuestas postelectorales aproximadamente un mes más tarde de que se celebren las elecciones. La información que proporcionen sobre los votantes posiblemente sea más precisa que las encuestas preelectorales, sin embargo, seguirán siendo estimaciones, ya que el voto es secreto en España.

El partido de Puigdemont es el que más ha sufrido en esta cita electoral, ya que ha perdido más de la mitad de sus votos, 575.160. El único partido nacionalista que ha mejorado sus resultados ha sido el BNG, que venía de unos resultados positivos en las pasadas autonómicas gallegas de febrero. Fuera de sus territorios, el apoyo a estas opciones ha sido residual, aunque donde más ha impactado ha sido en Baleares, donde Junts ha concentrado el 0,76% de los votos.

Junts ha perdido más de la mitad de sus votos y dos escaños

De las tres candidaturas de ámbito nacionalista que han mantenido su presencia en Europa, Junts es la que más ha bajado. Ha perdido más de la mitad (un 56%) de los votos que consiguió en 2019 en todo el país, mientras que la coalición CEUS ha perdido un 54%.

La que menos ha sufrido la sangría de votos ha sido Ahora Repúblicas, que ha perdido un 31% de los votos obtenidos con respecto a hace cinco años, aunque ha mantenido sus tres escaños, que se reparten ERC, EH Bildu y BNG.

Ahora Repúblicas y CEUS han mantenido sus escaños porque la participación también ha bajado, del 61% al 49%, y aunque han perdido votos, proporcionalmente han mantenido los mismos escaños en el reparto.

El único partido nacionalista representado en el Parlamento Europeo que ha mejorado sus resultados ha sido el BNG

La parte gallega de Ahora Repúblicas, el BNG, es el único partido que ha mejorado sus  resultados de entre todas las candidaturas nacionalistas, aunque tan sólo ha aumentado 7.000 votos, menos de un 5%. De entre los que han perdido, EH Bildu es el que menos ha bajado.

La pérdida de votos de Junts ha sido la más notable de entre todos los partidos integrados en estas candidaturas, ya que ha perdido más de medio millón de votos. También ha sido considerable el descenso de ERC, que se ha dejado  unos 370.000 apoyos en estas elecciones. Ambas formaciones han perdido más de la mitad de los votos que tuvieron en 2019.

¿Dónde se les ha apoyado fuera de sus territorios?

Un 3,4% de los votos recibidos por las tres candidaturas han procedido de territorios externos a los de su ámbito territorial. La provincia donde han tenido más impacto ha sido Baleares, donde Junts ha obtenido un 0,76% de los votos: unos 2.400 apoyos. 

En todos los casos se trata de resultados residuales, ya que en ninguna provincia ajena han logrado sacar más de un 1% de los votos. 

En Huesca, Burgos, Cantabria o La Rioja, estas tres candidaturas han recibido más de un 0,60% de los votos, mientras que por el otro lado, en Jaén, una provincia en la que ninguno de sus partidos está en esas candidaturas, apenas han llegado al 0,11%.

Esta ha sido la ocasión en la que ha habido menor apoyo a los partidos y coaliciones nacionalistas o independentistas desde 2009

Los resultados de 2024 reflejan que ha habido un descenso del apoyo a los partidos nacionalistas o independentistas, es decir, partidos de ámbito regional que en muchos casos se han presentado en coalición para aprovechar el sistema de circunscripción única.

En estas elecciones, los partidos nacionalistas han logrado un 9,1% de los votos y cinco escaños. El máximo apoyo lo consiguieron en 1999 y 2014, cuando tuvieron casi un 14% del voto: 9 de 64 escaños en 1999 y 7 de 54 en 2014.

En Maldita.es hemos reunido publicaciones, herramientas y fuentes oficiales que pueden ayudar a analizar la información relacionada con esta convocatoria. Y algunos de los principales bulos y desinformaciones que circulan sobre la Unión Europea y sus instituciones.

Lunes, 10 de junio

📊 Pleno del sondeo de Sigma-Dos y sobreestimación del CIS al PSOE frente al PP: así se comportaron las encuestas

Durante la noche electoral de las europeas se publicaron dos encuestas privadas y el CIS realizó dos sondeos a lo largo de la campaña que hemos comparado con los resultados en España. Mientras que las privadas han acertado casi todas las horquillas, el CIS ha sobreestimado a la izquierda y erró el sorpasso del PP al PSOE. Las cuatro encuestas previeron la entrada al Parlamento Europeo de la agrupación electoral Se Acabó la Fiesta, encabezada por Alvise Pérez.

🍉Yolanda Díaz deja de sus cargos en Sumar aunque sigue como vicepresidenta segunda del Gobierno

Tras los resultados electorales en las elecciones al Parlamento Europeo, la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciado en una comparecencia sin preguntas que deja su cargo al frente de la formación: “La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino que, sin duda, debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición”. 

Además, Díaz dijo que “las últimas elecciones han servido de espejo: la ciudadanía no se equivoca cuando vota ni cuando decide no ir a votar” y consideró que en los últimos meses siente que no ha hecho “las cosas que debía hacer” y que mejor sabe hacer. 

Sumar ha obtenido en las elecciones europeas un 5% de los votos y tres escaños en el Parlamento Europeo. En la noche electoral, Díaz no acompañó a su cabeza de lista, Estrella Galán, en la comparecencia posterior a conocer los resultados y únicamente puso un tuit asegurando que “no son buenos resultados” y pedía “reflexionar”.

🔒 Qué puede hacer y qué no un eurodiputado si es investigado judicialmente

Los diputados del Parlamento Europeo gozan de tres características: el aforamiento, la inmunidad y la inviolabilidad. La inmunidad consiste en que, para que un juez investigue a un eurodiputado, debe solicitar una autorización al Parlamento Europeo. El aforamiento consiste en que un eurodiputado no es investigado ni juzgado por un tribunal ordinario, sino por el Tribunal Supremo, independientemente del delito. La inviolabilidad consiste en que un eurodiputado no puede ser detenido ni juzgado por las opiniones o votaciones que realice en el ejercicio de su cargo.

🇪🇺 El Parlamento Europeo ofrece una nueva proyección con datos y estimaciones de todos los países a excepción de Irlanda

En la mañana del 10 de junio, el Parlamento Europeo ha actualizado su proyección del hemiciclo de la Eurocámara. A esta hora, el PPE se mantiene con 185 escaños, crece así en nueve eurodiputados. S&D es el segundo grupo más grande con 137, perdiendo dos asientos respecto a 2019. 

En tercer lugar siguen los liberales de Renew Europe con 79 escaños, que baja 23 eurodiputados en cinco años. ECR (73) e ID (58) crecen, en esta proyección, cuatro y nueve escaños más, respectivamente. Los verdes perderían 19 eurodiputados hasta los 52 y La Izquierda se quedaría con 36 escaños, mientras que en 2019 tuvo uno más.

🔴 No, este candidato irlandés no está celebrando su victoria en las elecciones europeas antes de las 23h, es por los resultados en los comicios locales

Circulan contenidos que aseguran que en Irlanda estaban celebrando resultados de las elecciones europeas mientras en España había un “apagón electoral para gestar el pucherazo”. Pero es un bulo. Irlanda ha celebrado comicios locales y las imágenes corresponden a los resultados de un candidato en las municipales. A las 10:00 del lunes 10 de junio, Irlanda todavía no ha ofrecido datos de las elecciones al Parlamento Europeo.

🚫 ¿Qué habría pasado si España hubiera tenido una barrera electoral en las elecciones europeas?

España tendría que haber establecido una barrera electoral de entre el 2% y el 5% para las elecciones europeas de 2024, según una decisión del Consejo de la UE. Si hubiera establecido el umbral mínimo de votos en el 5%, sólo habrían conseguido escaño PP, PSOE y Vox, quedándose el resto de partidos fuera de la Eurocámara. Si hubiera establecido una barrera electoral del 3%, similar a la de las elecciones generales, se habrían quedado fuera Junts y CEUS.

Domingo, 9 de junio

🇪🇺 1:19 - ¿Y ahora qué va a pasar en el PE? De la constitución de la Eurocámara a la elección de la Comisión Europea

Cuando conozcamos los resultados provisionales del nuevo Parlamento Europeo, la UE inicia un proceso para elegir los principales altos cargos de las instituciones europeas. El PE se constituirá entre el 16 y el 19 de julio, después se elegirá al presidente o presidenta de la Comisión Europea, para diciembre, al presidente del Consejo Europeo. Los jefes de Estado y de Gobierno proponen un nombre para presidir la Comisión, que posteriormente ratifica el Parlamento.

🇪🇺 1:17 - El Parlamento Europeo ofrece la última proyección de la noche con la incorporación de más resultados nacionales

El Parlamento Europeo ha ofrecido la última proyección de resultados en la noche del 9 de junio, y que retomarán a las 8 de la mañana del 10 de junio. Según estos datos provisionales, el PPE obtendría 189 escaños, seguido de S&D con 135 eurodiputados. En tercera posición siguen los liberales de Renew Europe con 83, lo que hace que se supere la mayoría de 361 escaños.

Tras ellos estaría el Grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR), con 72 escaños e Identidad y Democracia (ID), con 58. Los Verdes obtendrían 53 eurodiputados y el grupo de La Izquierda con 35. En el grupo de los ‘no inscritos’ habría 45 eurodiputados. Los 50 eurodiputados en la categoría ‘otros’ se incluyen las candidaturas que han sido elegidas por primera vez en el Parlamento Europeo.

📊 0:55 - El Parlamento Europeo que viene: el goteo de resultados provisionales de todos los países se completa el lunes

Para conocer los datos provisionales del Parlamento Europeo completo habrá que esperar al menos hasta el lunes 10 de junio, explican desde la Eurocámara a Maldita.es. En España, por el contrario, los resultados sí se conocen, con el escrutinio provisional completado por encima del 99,9%.

El PP y el PSOE han obtenido la primera y segunda posición, con una ventaja de 4 puntos de los populares sobre los socialistas. En el resto del continente las ventajas entre los ganadores y el resto han sido mucho más marcadas. En el conjunto de la Unión Europea, los resultados dibujan un nuevo Parlamento Europeo con unos equilibrios similares a los que ya había, pero con más peso de las fuerzas a la derecha del Partido Popular Europeo (PPE).

📊 0:53 - Claves de las elecciones europeas 2024: datos y resultados en España

La noche de las europeas en clave de los resultados en España:

• El PP es el partido más votado: así queda el nuevo reparto de los escaños españoles para el Parlamento Europeo 

• Son los mejores resultados para el PP desde 2009: así ha evolucionado el reparto de escaños en las últimas décadas

• El desplome de Ciudadanos y Podemos: los partidos que revolucionaron el bipartidismo desde 2014

• Sumar: IU se queda fuera, la candidata no sale arropada y hay críticas públicas internas

• Se Acabó la Fiesta, la agrupación de electores de Alvise Pérez ha entrado en el Parlamento con tres escaños 

• Esta ha sido la ocasión en la que ha habido menor apoyo a los partidos y coaliciones nacionalistas o independentistas desde 2009

• El efecto de la circunscripción única: beneficia sobre todo a los partidos estatales intermedios con respecto a las generales 

• La participación se sitúa en el 49%, casi 12 puntos menos que las elecciones de 2019, que coincidieron con las autonómicas y municipales y hace que la participación sea mayor

• Los datos que se han dado a conocer el 9 de junio es el recuento provisional y hasta dentro de un mes no se constituirá el Parlamento en función a los resultados oficiales

🇪🇺 23:25 - Segunda proyección de la formación del Parlamento Europeo: los populares crecen (189 escaños) respecto a los socialistas (135)

El Parlamento Europeo ha ofrecido una segunda proyección del hemiciclo comunitario tras el cierre de todos los colegios electorales en la UE. Según estos resultados provisionales, el Grupo de los Populares Europeos (EPP) obtendría 189 escaños, los Socialistas y Demócratas (S&D) conseguirían 135 eurodiputados, y en tercera posición quedarían los liberales de Renew Europe con 80 escaños. Estos tres grupos superan los 361 escaños para la mayoría absoluta en el Parlamento Europeo con 404 escaños. Ursula Von der Leyen, que pretende reeditar la presidencia de la Comisión Europea, ha dicho que pretende pactar con S&D y los liberales para salir reelegida.

En cuarta posición estaría el Grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR), con 72 eurodiputados, seguido de Identidad y Democracia (ID), con 58. Tras ellos, los Verdes con 52 escaños y el grupo de La Izquierda con 36. En el grupo de los ‘no inscritos’ habría 46 eurodiputados. Los 52 eurodiputados en la categoría ‘otros’ se incluyen las candidaturas que han sido elegidas por primera vez en el Parlamento Europeo.

🇪🇸 23:03 - Resultados en España con el 99,59% escrutado: El PP obtiene 22 escaños, frente a los 20 del PSOE. Vox consigue seis

Con el 99,59% escrutado, el Partido Popular ha obtenido el 34,18% de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo y 22 escaños, nueve más que en 2019. Por su parte, el Partido Socialista ha quedado en segunda posición con 20 eurodiputados, uno menos que hace cinco años, y el 30,19% de los votos.

Vox queda en tercer lugar con el 9,62% de los votos y dos escaños más, hasta los seis eurodiputados. Ahora Repúblicas (la coalición de ERC y EH Bildu) obtiene casi un 5% de los votos y se mantiene en tres escaños. Sumar con el 4,65% de los votos consigue también tres escaños. Se Acabó la Fiesta, del que su cabeza de lista es Luis Pérez, conocido como Alvise, cuyos contenidos hemos desmentido en varias ocasiones, obtiene el 4,58% de los sufragios y tres eurodiputados.

Podemos obtiene dos escaños (3,27% de los votos), Junts un eurodiputado (2,55 de los votos) y CEUS, la coalición del PNV y Coalición Canaria, otro eurodiputado (1,61% de los votos). Ciudadanos, que en 2018 tenía ocho eurodiputados, ha quedado fuera del Parlamento Europeo.

🇧🇪 22:37 - Dimite el primer ministro de Bélgica por los malos resultados que ha obtenido su partido en las federales y regionales

El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, ha anunciado que presentará su renuncia mañana por los resultados que ha obtenido su partido Open VLD en las elecciones federales y regionales que se han celebrado en Bélgica, junto a las elecciones al Parlamento Europeo de 2023. “Para nosotros ha sido una noche particularmente difícil, perdimos. A partir de mañana habré dimitido como primer ministro", ha dicho De Croo tras felicitar a los partidos N-VA, Vlaams Belang y Vooruit, formaciones que se han presentado a las elecciones federales y regionales.

🗳️21:49 - 51% de participación en las elecciones al Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha ofrecido los primeros datos estimados de participación en las elecciones europeas. A falta de que se cierren los colegios en Italia y se incluyan los resultados definitivos, la participación ha sido de un 51%. En 2019, la participación definitiva fue del 50,66% y en 2014, del 42,6%. El Parlamento Europeo valora el aumento de la participación como un “signo positivo para la democracia europea”.

🇫🇷 21:05 - Francia convoca elecciones a la Asamblea Nacional para el próximo 30 de junio (primera vuelta) y 7 de julio (segunda)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado elecciones a la Asamblea Nacional para el próximo 30 de junio, en una primera vuelta, y el 7 de julio, en una segunda. En un discurso emitido en televisión, Macron ha dicho que a raíz del resultado que estiman las encuestas para las “fuerzas de extrema derecha”, ha disuelto la Ccámara legislativa. "La principal enseñanza es clara, no es un buen resultado para los países que apoyan a Europa ni la mayoría presidencial", ha dicho. 

Macron también ha indicado que las “fuerzas de extrema derecha” que se oponen al avance de Europa han crecido en toda la UE, y en Francia han crecido un 40%. Las primeras encuestas sitúan a Marine Le -Pen como primera fuerza. 

El actual presidente de Francia ha dicho que firmará el decreto de la convocatoria electoral esta misma noche. Se trata de las elecciones legislativas, no de las elecciones presidenciales, por lo que Emmanuel Macron continuará siendo el presidente de Francia hasta el próximo 2027, independientemente de los resultados que se obtengan en estos comicios. 

🇪🇺 20:33 - Primera proyección de la formación del Parlamento Europeo: dominan los populares (181 escaños) sobre los socialistas (135)

La primera proyección que ha hecho el Parlamento Europeo sobre las primeras estimaciones de países que han cerrado ya sus votaciones dibujan un posible reparto de los escaños en el que el grupo europeo de los populares (EPP) sumarían 181 escaños y los socialdemócratas (S&D) 135, por lo que concentrarían 316 de los 361 que necesitan para alcanzar la mayoría absoluta. 

Los liberales de Renew les seguirían con 82 escaños, seguidos por los Conservadores y Reformistas Europeos (ERC), con 71;  Identidad y Democracia, con 61; los Verdes con 53; los no inscritos con 51 y la Izquierda, con 34. La Eurocámara ubica en el grupo de los no inscritos a 51 eurodiputados de candidaturas que en la pasada legislatura no estaban adscritas a ningún grupo dentro del PE mientras que en la categoría de ‘otros’ se incluyen formaciones que podrían entrar por primera vez en el Parlamento Europeo.

🗳️ 20:10 - Un sondeo de Sociométrica para El Español sitúa al Partido Popular como ganador de las elecciones con el 34,5% de los votos y de 23 a 25 escaños

Un sondeo realizado en los últimos días de la campaña de Sociométrica para El Español sitúa al Partido Popular como primera fuerza con un 34,5% de los votos con una estimación de 23 a 25 escaños. Le sigue el PSOE con el 28,7% de los votos y una estimación de 19 a 20 escaños. Sitúa a Vox como tercera fuerza seguido de Sumar y Podemos. 

🗳️ 20:08 - El sondeo de RTVE da como ganador de las elecciones al PP con el 32,4% de los votos y entre 21 y 23 escaños con el PSOE detrás (30,2% y 20-22 escaños)

El sondeo de la encuestadora Sigma-Dos realizado para RTVE, realizado en los últimos días de campaña, da como ganador al Partido Popular (PP) con el 32,4% de los votos y una estimación de 21 a 23 escaños. Le sigue el PSOE con el 30,2% de los votos y una estimación de 20 a 22 escaños. Vox sería tercera fuerza por delante de Sumar, seguida de Podemos.

📈 20:03 - Por qué es mejor comparar la participación de estas elecciones europeas con las de 2014 y no con las de 2019

Las elecciones europeas de 2019 se celebraron en España junto con las municipales y algunas autonómicas, por lo que es mejor comparar los datos de participación de 2024 con los de 2014, cuando tampoco coincidieron con ningún proceso electoral más. 

🗳️ 19:28 - El Parlamento Europeo ofrece las primeras estimaciones nacionales

Desde las 18:24, el Parlamento Europeo publica en su página web las primeras estimaciones que ofrecen los países de las encuestas a pie de urna y trackings de los últimos días. A las 19:12, hay estimaciones de Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, Grecia, Malta y Países Bajos. Puedes consultarlos aquí: https://results.elections.europa.eu/es/

🗳️🕘18:59 - La participación en las elecciones europeas alcanza el 38,35% a las 18.00h, 11,09 puntos menos que en 2019 y 4,3 más que en 2014

A las 18h, el avance de participación en las Europeas, correspondiente a los votos en España, da cuenta de una participación del 38,35% con el 99,83% del conteo ya comunicado. Esto son 11,09 puntos menos que a la misma hora en las elecciones de 2019, sin embargo, ese año en España también se votaban municipales, y en varias comunidades hubo autonómicas en simultáneo.

Comparado con 2014, último momento en que las elecciones europeas no coincidieron con otros comicios en España y mejor escenario para comparar, la participación a las 18h es 4,3 puntos mayor en 2024.

🔴 19:02 - Qué sabemos sobre el cierre de los colegios electorales después de las 20h en Torrelodones durante las elecciones europeas

“Los colegios electorales de Torrelodones (Comunidad de Madrid) cerrarán hoy a las 20:55”. Así comienza uno de los mensajes que asegura que los centros electorales de ese municipio madrileño cerrarán más tarde por la falta de papeletas del partido Feministas al Congreso (PFAC) en las mesas electorales en la apertura de las europeas del 9 de junio de 2024. Otros contenidos aseguran que las papeletas que faltaban eran las de la candidatura Se acabó la fiesta (SALF). 

La Delegación del Gobierno en Madrid asegura que hubo un retraso en la apertura de colegios por la falta de papeletas del partido PFAC y que, a medida que se distribuyeron las papeletas en cada mesa, estas se fueron abriendo. Afirman que estos colegios se cerrarán más tarde de las 20h y que el horario de cierre será en función de la hora de apertura tras subsanar este problema, siendo la última a las 20:55.

🗳️🕘17.30 - El director de campañas y la portavoz del Parlamento Europeo explican que a las 18:15 el Parlamento Europeo anunciará una primera previsión

En una rueda de prensa este 9 de junio, Philipp Schulmeister, director de campañas, y Delphine Colard, portavoz jefe del Parlamento, explicaron que los resultados electorales provisionales solo podrán darse a partir de las 23h (CEST), momento en que cerrarán las votaciones en Italia, el último miembro en hacerlo.

A las 18:15 (CEST) darán a conocer la primera previsión indicativa con los resultados provisionales que hayan salido de los colegios electorales de Austria, Chipre, Alemania, Grecia, Países Bajos y Malta.

Schulmeister explicó también que al momento de publicar los resultados provisionales, se basarán en la composición de los grupos parlamentarios europeos actualizada a abril de 2024, es decir, a los grupos del Parlamento saliente.

Según han explicado, los partidos políticos sin representación en el Parlamento saliente, pero que son miembros o afiliados a un partido europeo, serán atribuidos a ese grupo político. Los partidos sin representación en el Parlamento saliente serán incluidos en una “categoría artificial” llamada “otros”.

🔴 16:32 - Qué sabemos sobre la supuesta ausencia de papeletas en las cabinas de los colegios electorales de Murcia durante las elecciones europeas de 2024

“He ido a votar y en mi colegio no había papeletas en ninguna cabina. Y hay más colegios así en Murcia”. Usuarios en redes sociales aseguran que dentro de las cabinas de votación de las mesas electorales de Murcia capital no había papeletas. Desde el Ayuntamiento de Murcia dicen que el diseño de varias de las cabinas no permite poner papeletas, por lo que decidieron que no se colocaran en ninguna. La ley electoral (LOREG) dice en su artículo 81.2 que cada mesa electoral “debe disponer de un número suficiente de sobres y de papeletas de cada candidatura, que estarán situados en la cabina o cerca de ella”.

🗳️🕑14.39 - La participación en las elecciones europeas alcanza el 28,01% a las 14.00h, 6,73 puntos menos que en 2019 y 4,17 más que en 2014

El primer avance de participación de las Europeas, el de las 14h, indica que ya ha votado el 28.01% del censo electoral de España. Este porcentaje es 6,73 puntos menor que el de 2019, que a esa hora se situaba en el 34,74%. En ese año las elecciones europeas se celebraron junto con las elecciones municipales en España. También con las elecciones autonómicas en varias comunidades.

En las elecciones europeas de 2014 a las 14h la participación se situó en el 23,84%, 4,17 puntos por debajo respecto a 2024. En 2009 la participación a esa hora fue del 24,10% y en 2004, del 24,56%. Ninguna de estas tres citas electorales coincidió con otro proceso electoral, como ocurre con las de 2024.

El territorio que ha registrado la mayor participación a esta hora es la Comunitat Valenciana (33,15%) y el que menos, la Ciudad Autónoma de Melilla (16,15%).

⚠️11:12 - Ni meter dos papeletas en el mismo sobre ni escribir sobre ella: que no te troleen con estos supuestos trucos

En las horas y días previos las redes sociales se han llenado de mensajes que animan a algunos votantes a meter dos papeletas de diferentes partidos en el sobre o a escribir mensajes de apoyo en la papeleta. Pero ni te servirá para dividir tu voto ni ese mensaje hará que el partido al que quieres votar tenga más apoyo: los votos se declararán nulos. Te contamos algunas de las supuestas estrategias que te están intentando colar. 

🗳️🕘9:00 - Abren a las 9:00 los colegios electorales en España: una guía para seguir la jornada

Empieza la jornada electoral de las europeas en España y para seguirla hay que tener algunos horarios en cuenta:

• 9:00: abren los colegios electorales en España (una hora más tarde en Canarias).

• 14:00: se comunica el primer avance de participación en España a través de la web del Ministerio del Interior.

• 17:30: el Parlamento Europeo comienza la retransmisión de un programa especial sobre las elecciones europeas. A esa misma hora, habrá una primera rueda de prensa.

• 18:00: el Ministerio del Interior comunica el segundo avance de participación en España.

• 18:15: el Parlamento Europeo publicará una primera batería de estimaciones por países.

• 20:00: cierran los colegios electorales en España (una hora más tarde en Canarias).

• 20:15: el Parlamento Europeo ofrecerá una primera proyección de la composición de la nueva Cámara, sobre la base de estimaciones por países. También se ofrecerá una estimación de los resultados en cada país.

• 23:00: cierran los colegios electorales en Italia, último país de la UE en votar.

• 23:15: se comienzan a ofrecer los datos provisionales de las elecciones europeas, tanto a nivel europeo como en España a través de la web del Ministerio del Interior.

• 1:00 (madrugada del 10 de junio): el Parlamento Europeo ofrecerá la última proyección de la composición de la Cámara.

Sábado, 8 de junio

⚠️ La desinformación sobre migración en periodos electorales: las falsas ayudas sociales exclusivas y la violencia como narrativas principales

Durante las campañas y los procesos electorales que llevamos en lo que va de 2024  y 2023 hemos visto cómo los desinformadores han aprovechado el contexto político para difundir bulos sobre personas migrantes. Es algo que ha identificado el Observatorio Europeo de los Medios Digitales (EDMO): “Se describe a los inmigrantes como extremadamente violentos, pero la narrativa principal los retrataba como parásitos y aprovechados que drenan el dinero público y reciben un trato preferente en comparación con los ciudadanos españoles”. 

En Maldita.es hemos identificado y desmentido contenidos desinformadores sobre ayudas que se otorgan expresamente a personas migrantes por su situación o nacionalidad y que vinculan a la migración con la criminalidad.

• No, las personas migrantes en situación irregular no tienen ayudas de 1.000 euros al mes al llegar a España como afirma este video

• No, ni los “menas” ni los “inmigrantes” mayores de 18 años podrán viajar gratis por España este verano por el Verano Joven: es solo para personas mayores de edad y no cubre todo el costo

Viernes, 7 de junio

🔴 Escribir un nombre, tachar o modificar una papeleta electoral supone un voto nulo

Cada vez que hay elecciones, resurge una campaña en redes para animar a escribir en una papeleta. Escribir un nombre en una papeleta o utilizar una papeleta no oficial la invalida y hace que se considere voto nulo. La ley electoral (LOREG) dice que modificar, añadir o tachar nombres en una papeleta, invalida el voto y hace que cuente como voto nulo. Esto implica que este voto ya no sea válido y no se tenga en cuenta en el reparto de escaños.

🪖 En España un 64% y en el este de la UE hasta cinco veces más: cómo ha crecido el gasto militar desde 2014 en Europa

Los países de la Unión Europea (UE) han incrementado su gasto en defensa un 64% desde 2014, al pasar de 146.609 millones de euros a 239.000 millones en 2022. En España también ha aumentado desde entonces en un 64%, hasta los 15.610 millones en 2022. En 2014, Rusia se anexionó la península de Crimea y los países de la OTAN, donde se encuentran 22 de los 27 Estados de la UE, se comprometieron "de manera no formal" a que el gasto en defensa tuviera un peso del 2% del PIB en diez años. 

🗳️ Medidas sobre medioambiente y cambio climático en los programas electorales de las elecciones europeas del 9J

En las políticas de la Unión Europea, las cuestiones climáticas y medioambientales ocupan un lugar central. En 2019, los países miembro se comprometieron en el Pacto Verde Europeo a que la UE sea climáticamente neutra para 2050, y desde entonces impulsan paquetes legislativos que influyen en los impuestos, la industria automovilística o el sector primario. Los partidos que se presentan en España a las elecciones europeas este 9 de junio dedican una parte de su programa a estos asuntos. Resumimos los principales puntos climáticos de las cuatro candidaturas con más estimación de voto: Partido Popular, PSOE, Vox y Sumar.

🔴Qué sabemos de la imagen del Partido Socialista belga y la afirmación de que presenta “solo a candidatos musulmanes” a las elecciones del 9 de junio: los contenidos se basan en los nombres de 4 de los 96 candidatos

“El partido socialista en Bruselas presenta solo a candidatos musulmanes, la izquierda está destruyendo a Europa” (sic). En redes sociales circula una carta propagandística del Partido Socialista (PS) de Bélgica en la que aparecen cuatro de sus miembros, candidatos de cara a las elecciones federales belgas del 9 de junio de 2024. Se difunde con mensajes que dicen que todos los candidatos socialistas en Bruselas son musulmanes o de origen magrebí basándose en los nombres y apellidos de los cuatro candidatos. Sin embargo, estos candidatos son solo 4 de los 96 que van en las listas del Partido Socialista belga en las elecciones europeas, federales y regionales que se celebran en Bélgica el 9 de junio.

💶Cómo ha evolucionado la política económica europea en estos cinco años

Desde el inicio de la legislatura anterior en 2019, Europa ha atravesado múltiples eventos: la pandemia, la crisis inflacionaria y la invasión rusa de Ucrania. Y con estos hechos se han tomado varias decisiones en política económica: se aprobaron los Fondos Next Generation EU, se subieron los tipos de interés del BCE y se suspendieron provisionalmente las reglas fiscales de la Unión Europea. Los Estados miembros llegan a las elecciones europeas con realidades diferentes: un retroceso económico en el centro y norte de Europa, y altos niveles de deuda en el Mediterráneo.

🔴Teorías de la conspiración sobre por qué los resultados de las elecciones europeas no se conocerán hasta las 23h (hay que esperar a que cierren las urnas del resto de países)

En las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, los resultados provisionales no se empezarán a conocer hasta las 23:00 horas, tres horas después de que cierren los colegios electorales en España. Sobre esto han comenzado a circular teorías de la conspiración que afirman que se trata de un “apagón informativo” supuestamente preparado por el Gobierno para “robar” las elecciones, entre otras. Sin embargo, esto se debe a que en estas elecciones los resultados no se conocen hasta que no cierran las urnas del último país de la UE, que es Italia a las 23:00, tal y como ha sucedido en anteriores comicios europeos.

📃 Más de la mitad de las leyes aprobadas en España desde 2019 llegaron de las instituciones europeas

El 53,6% de las leyes aprobadas en España entre 2019 y 2024 tienen su origen en las instituciones europeas, de las 246 leyes, 132 eran legislación directa de la UE o mencionan textos comunitarios. En términos absolutos, 2022 fue el año que más normas de la UE se incorporaron a la legislación española, con 42 leyes.

Si un país no transpone (incorpora a su ordenamiento jurídicos) las directivas europeas, se puede enfrentar a sanciones. España tiene pendientes 55 directivas y 17 procedimientos abiertos en el Tribunal de Justicia de la UE por ello. Consulta todos los datos.

Jueves, 6 de junio

🔴 De "partido fake" a que las papeletas están junto a las de Vox para "engañar": las narrativas desinformadoras sobre la candidatura europea Volt

Cada vez que llega un proceso electoral en España, circulan narrativas desinformadoras que aseguran que el partido político Volt pretende confundir a los votantes para evitar que los electores voten a Vox. Pero no hay nada conspiranoico detrás ni un fraude electoral, Volt está registrado como formación política desde 2019 y sus papeletas se han colocado en otras ocasiones al lado de las de Vox en los colegios electorales por el orden de presentación de las candidaturas que establece la Junta Electoral Central.

🟰 ¿PP y PSOE siempre votan igual en Europa?¿Cuánto coinciden el resto de partidos? Los datos de las votaciones en el Parlamento Europeo

Hemos analizado los datos de cerca de 1.500 votaciones registradas en el pleno del Parlamento Europeo durante la última legislatura (2019-2024). El análisis revela que el PP y el PSOE han votado lo mismo en un 80% de los casos, pero no es el dato más alto. Algunos partidos españoles, como el PSOE y Ciudadanos han coincidido entre sí en nueve de cada 10 votaciones. Sin embargo, normalmente, los partidos tienen un grado de afinidad más alto con los grupos europeos en los que están integrados.

🔍Los datos provisionales comenzarán a conocerse a partir de las 23:00

En las elecciones al Parlamento Europeo los resultados no se pueden conocer hasta que se hayan cerrado las urnas en el último país de la Unión Europea en votar, que es Italia a las 23:00 horas. Aunque en España los colegios electorales cierran a las ocho de la tarde (una hora más en Canarias), se informará de los resultados electorales provisionales a partir de las 23:00 horas del 9 de junio.

En el caso de España, Indra es la empresa contratada por el Gobierno a través de un concurso público para transmitir los datos provisionales de las elecciones. No se encarga ni del recuento, ni de dar los resultados definitivos, que los publicará la Junta Electoral Central como muy tarde el 29 de junio.

🗳️¡Comienzan las elecciones al Parlamento Europeo!

Este jueves 6 de junio empiezan a votar algunos países de la Unión Europea en las elecciones al Parlamento europeo de 2024. Aunque Estonia empezara a votar el 3 de junio, la UE establece como el inicio de las votaciones la fecha del 6 de junio en Países Bajos. España lo hará el 9 de junio junto a otros 20 Estados miembros.

Miércoles, 5 de junio

🗳️De mayoría socialdemócrata a mayoría ‘popular’ en el Parlamento Europeo: así ha cambiado el grupo con más representación desde 1979

El Parlamento Europeo (PE) ha sido una cámara tradicionalmente bipartidista: en todas las elecciones, celebradas desde 1979 hasta 2019, los grupos parlamentarios ‘popular’ y socialdemócrata han sido los más representados. En las últimas cinco elecciones europeas, celebradas entre 1999 y 2019, la fuerza que obtuvo más representación en el Parlamento Europeo (PE) fue el Grupo del Partido Popular Europeo (PPE). En el resto de comicios anteriores, hubomayoría socialdemócrata en la Eurocámara: de 1979 a 1999, el entonces llamado Grupo Socialista fue el que más escaños ocupó.Martes, 4 de junio

Martes, 4 de junio

🔴Cómo están desinformando sobre la Unión Europea y sus instituciones

A tan pocos días de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio, estas son algunas de las narrativas utilizadas para desinformar sobre la Unión Europea y sus instituciones que hemos desmentido y explicado en Maldita.es. Aquí te las recopilamos.

✈️Por amenazas a la seguridad nacional o por flujos migratorios: cuando los países europeos ponen fronteras "temporales" al espacio Schengen

El espacio Schengen permite la libre circulación de personas y mercancías por 29 países de Europa sin necesidad de visados. Pero desde 2006, se han impuesto al menos 439 controles “temporales” en las fronteras internas. Los países lo justifican por razones de seguridad nacional, migración o asuntos sanitarios, según los datos de la Comisión Europea. La Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea recuerda que estos controles deben ser “el último recurso” ante amenazas graves para el orden público.

En Italia, se han impuesto controles en las fronteras internas entre el 5 y el 18 de junio por la cumbre del G7 que se celebra en el país entre el 13 y el 15 de julio. Algunos contenidos han asegurado que Iberia alerta a sus pasajeros de que las autoridades italianas pedirán el pasaporte para entrar. La Embajada de Italia en Madrid indica a Maldita.es que en estos casos se solicita cualquier documento de identidad, pero deben consultarlo con las aerolíneas.

♀️La desigualdad de género en el Parlamento Europeo: de la paridad en países como Letonia o Austria a la ausencia de representantes mujeres por Malta

Únicamente dos de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea (UE) contaban con más eurodiputadas que eurodiputados en el Parlamento Europeo (PE) después de las elecciones de 2019. El primero, Suecia, es el país con más representantes de sexo femenino en la Eurocámara en ese momento, con el 55%. Le sigue Finlandia con el 54%. Estos, como el resto de países, han ido incrementando progresivamente el número de mujeres. Hay alguna excepción, como Chipre, que en la sesión constitutiva de 2019 no tenía ninguna mujer entre sus 6 representantes.

En la UE no existe una norma que obligue a los Estados miembros a tener un mínimo de mujeres eurodiputadas en el PE. La composición de la Eurocámara se basa en elecciones directas celebradas en cada uno de los Estados miembros, en función de sus propias leyes y sistemas electorales. Te contamos cómo ha ido variando el número de eurodiputadas de cada uno de los países en cada legislatura.

Lunes, 3 de junio

☝️La resolución europea de condena a la invasión de Ucrania y en apoyo a la OTAN en 2022: qué votaron los diputados españoles

El 1 de marzo de 2022, se votó en el Parlamento Europeo una resolución de condena a la invasión de Rusia en Ucrania y en apoyo a la OTAN. El texto se aprobó por una amplia mayoría de 637 votos a favor (de 676).

Quizás has escuchado que hay eurodiputados de Podemos, actualmente algunos en Sumar, que se acusan mutuamente de haber votado a favor de esta resolución en el Parlamento Europeo. Las resoluciones no son documentos vinculantes, ya que actúan como una recomendación y los eurodiputados no tienen por qué tener consenso en cada uno de los artículos que votan En Maldita.es te explicamos el contexto de aquella votación para que no te pierdas.

✉️ Más de 632.000 personas han solicitado el voto por correo para el 9J, según Correos

Correos ha informado de que ha recibido 632.115 solicitudes de voto por correo para las elecciones al Parlamento Europeo. Del total, 439.904 se han presentado en las oficinas de Correos y 192.211 de forma telemática. Esto supone un 105,6% más que en 2019, cuando se recibieron 307.509 solicitudes.

Hasta el viernes 7 de junio, quienes hayan recibido el voto por correo, deberán depositarlo en las oficinas para emitir su voto. Los votos por correo se meten en las urnas durante la jornada electoral y se contabilizan junto al resto de votos durante el escrutinio provisional.

Domingo, 2 de junio

🗳️ Imprimir papeletas para votar en las elecciones europeas sólo está permitido para los ciudadanos españoles que residen en el extranjero

Con las elecciones es habitual que aparezcan mensajes que animan a imprimir papeletas y que con la convocatoria de las europeas del 9 de junio también han vuelto a circular. Tras la reforma de la ley electoral de 2022, sólo pueden imprimir papeletas los votantes que residen en el extranjero y que pertenecen al censo de electores residentes ausentes (CERA). Si los ciudadanos que viven en España imprimen papeletas que luego depositan en la urna o envían por correo, sus votos pueden ser anulados, aunque la Junta Electoral Central se ha pronunciado en algunos casos.

🗳️ Introducir papeletas de partidos distintos no es “válido para las europeas”: anula el voto

Puede que estos días te hayas encontrado mensajes que animen a introducir papeletas de diferentes partidos en el mismo sobre. Introducir papeletas de varios candidatos declarará nulo el voto y no contabilizará para el reparto de escaños. La ley electoral sí permite introducir varias papeletas de la misma candidatura en un sobre, que contabilizará como un sólo voto válido.

Viernes, 31 de mayo

🗳️ El papel de Indra en las elecciones europeas: sólo transmite los datos provisionales y no participa en el escrutinio

Cada vez que hay una cita con las urnas se difunden bulos y desinformaciones relacionadas con los comicios. Hay algunos que se repiten con frecuencia, como aquellos contenidos que cuestionan el papel de Indra en el recuento de los votos. Indra es la empresa contratada por el Gobierno a través de un concurso público para transmitir los datos provisionales de las elecciones. No se encarga ni del recuento, ni de dar los resultados definitivos.

El recuento lo hacen los miembros de la mesa electoral. Al cierre de los colegios electorales, a las ocho de la tarde, y después de introducir los votos recibidos por correo junto a los de los miembros de la mesa electoral y los interventores, comienza el escrutinio de los votos. Aquí te contamos cómo es el proceso completo.

♀️Las mujeres cobran un 21% menos en Estonia y, en Luxemburgo, un 0,7% más: cómo es la brecha salarial en la UE

La brecha salarial de género en la Unión Europea (UE) se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, según los últimos datos disponibles en Eurostat, en 2022, las mujeres de la UE ganan de media un 12,7% menos por hora que los hombres; tres puntos más que doce años atrás (cuando se registró una diferencia en los ingresos de ambos sexos del 15,8%). 

En 2022, la mayor brecha salarial de género fue la de Estonia (21,3%). Luxemburgo es el único Estado miembro en el que las mujeres cobran más que los hombres (0,7%), y la siguiente más baja fue la de Italia (4,3 %).

🗳️ Por qué no aparecen todos los candidatos en las papeletas a las europeas: está permitido en el caso de los partidos regionales

Algunas papeletas para las elecciones europeas del 9 de junio de 2024 muestran sólo a los candidatos de un partido dentro de una candidatura compuesta por varias formaciones, pero no aparece la lista completa. ¿Pero es esto legal? La ley electoral permite que en las elecciones europeas las candidaturas elijan si quieren mostrar sólo los nombres de los partidos en una comunidad concreta, aunque la lista a nivel nacional incluya a más partidos de otros territorios

🔴 No, estas imágenes de papeletas del PP y de Vox para las elecciones europeas con el voto dividido en porcentajes no es un ‘voto dual’: se considera nulo

Resuelto: circulan contenidos con una papeleta del Partido Popular y otra de Vox con porcentajes escritos en ellas como si fuese la forma de ejercer el voto dual en las elecciones europeas de junio de 2024, pero es un bulo. La ley electoral establece que introducir en un sobre más de una papeleta de distintas candidaturas o hacer inscripciones en las papeletas son algunos de los supuestos para considerar un voto como nulo.

🔴 No, la mujer que saluda a Hitler en esta imagen no es la abuela de Ursula von der Leyen

Se difunde en redes sociales una imagen de una mujer saludando a Hitler como si se tratara de la abuela de Ursula von der Leyen. Pero es un bulo, la imagen está disponible en el banco de imágenes Picture Library East Prussia y la mujer se llamaba Hildegard Zantop. Según su árbol genealógico, Ursula von der Leyen no tiene ninguna abuela con este nombre.

🔴 No, la Unión Europea no ha retirado su título al campeón europeo de wushu kung fu por mostrar una bandera palestina

Circulan mensajes que dicen que la Unión Europea retiró sus premios al campeón europeo de wushu kung fu por mostrar la bandera palestina en el podio de una competición. Pero es un bulo. El atleta Necmettin Erbakan Akyuz sí mostró la bandera de Palestina al vencer en el Campeonato de Europa de diciembre de 2023, pero la UE no tiene nada que ver con el evento ni ha considerado sancionarle. La Federación Europea de wushu kung fu, organizadora del evento, anunció en diciembre de 2023 que estudiaría la acción y el protagonista sería sancionado, pero a 14 de mayo de 2024 no han hecho pública ninguna decisión.

Jueves, 30 de mayo

📊 Casi el 70% de los jóvenes españoles dice que tiene pensado ir a votar a las próximas elecciones europeas, según el Eurobarómetro de mayo de 2024

El 68% de los jóvenes españoles tiene intención de votar en las próximas elecciones europeas del 9 de junio. El sondeo también revela que un 70% cree que las políticas comunitarias tienen impacto en su vida diaria. Un 77 % de los encuestados en España cree que han recibido habilidades digitales para identificar la desinformación y en el conjunto de los países de la UE un 73%.

Miércoles, 29 de mayo

🏛️ De 410 a 720 escaños: cómo ha cambiado el número de eurodiputados en el Parlamento Europeo desde 1979

El número de representantes que forman la Eurocámara no es siempre el mismo: varía en función de circunstancias como la anexión de países a la UE o los cambios demográficos. En 2004, aumentó 162 escaños con la incorporación de diez países, hasta los 788 escaños. En 2020, disminuyó en 46 eurodiputados por el Brexit. La próxima legislatura, el Parlamento Europeo lo compondrán 720 eurodiputados de los 27 Estados miembros. Aquí puedes repasar cómo ha evolucionado el número de escaños en la Eurocámara.

👩🧑 Entre 300.000 y 600.000 votos: el coste de entrar en el Parlamento Europeo desde España

El reparto de los escaños españoles es parecido al de las generales en España, salvo en que no hay barrera electoral, es una única circunscripción y se escogen menos representantes. El coste en votos para tener representantes en el Parlamento Europeo ha variado de una cita electoral a otra: en la última década ha oscilado entre los 633.090 y 302.266 votos.

Martes, 28 de mayo

🔍“¿Qué ha hecho la Unión Europea por nosotros?”: cómo saber a dónde se destina el dinero de la UE

La Unión Europea cuenta con un presupuesto propio para ejecutar políticas que afecten a los diferentes Estados miembros. Desde grandes planes que afectan a toda la Unión como la política agraria común (PAC) o el programa Erasmus+ hasta inversiones locales en ciudades y pueblos de los 27 socios comunitarios. Las inversiones directas y las acciones realizadas por la Unión Europea pueden consultarse por región, áreas temáticas o eventos de actualidad a través de una página web interactiva.

🪖 Muy importante en Lituania, poco en España: cuánto preocupa la seguridad europea a los países de la UE según la proximidad de la guerra de Ucrania

Los países del este y la frontera norte de Europa son los que más importancia le dan a que se hable de defensa y seguridad de la UE por su proximidad al conflicto entre Rusia. España es el país de la UE que menos importancia le da a que se trate este asunto durante la campaña, según un Eurobarómetro de abril de 2024. 

Otros temas que los europeos consideran “prioritarios” para la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo son la lucha contra la pobreza y la exclusión social y la salud pública. En el lado opuesto están la igualdad de género y la digitalización de la economía y la sociedad europea.

🏛️ Qué grupos parlamentarios hay en el Parlamento Europeo y qué partidos los conforman

Aunque en cada país de la UE votemos a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, después éstos no se agrupan por países, sino por familias políticas. En la pasada legislatura hubo siete grupos parlamentarios en la Eurocámara. Tras las elecciones, los eurodiputados tendrán que adscribirse a los grupos y deberán formarse antes del 16 de julio, fecha de constitución del pleno.

Lunes, 27 de mayo

🔴 No, esta dj no está pinchando una canción que dice "Alemania para los alemanes, fuera los extranjeros": es un montaje al que le han superpuesto el audio

Circula un vídeo en el que se ve a una dj en su cabina supuestamente pinchando una canción que dice “‘Deutschland den Deutschen, Ausländer raus’ (Alemania para los alemanes, fuera los extranjeros)” Pero es un bulo. 

El vídeo original es una transmisión de diciembre de 2023 en la que en ningún momento suena esa canción, lo han manipulado. Una de las cuentas que lo difunde publicó un mensaje en Twitter rectificando. Además, encontramos en medios alemanes otro vídeo cuyo audio coincide con el que ahora se difunde.

🤝 Los ‘lobbies’ en la UE: así puedes consultar las reuniones de los políticos en la Unión Europea con grupos de presión

Los grupos de presión, o lobbies en inglés, son todas esas organizaciones que se reúnen con políticos para intentar influir en la toma de decisiones, o en la legislación que se debate, en favor de sus intereses. La Unión Europea cuenta con un registro público que cualquier persona puede consultar y ver qué organismos, como las ONG, empresas, asociaciones y fundaciones, mantienen encuentros con políticos de la Comisión, el Consejo o el Parlamento europeos y qué finalidad buscan en esas reuniones. Te contamos cómo puedes consultar este registro.