En comentarios a la publicación da la razón a los usuarios que ponen en duda que cobre 1.300 euros de ayuda

En la publicación del vídeo que ahora circula descontextualizado, el protagonista responde dándoles la razón a usuarios que ponen en duda que realmente cobre  una paga de 1.300 euros o que viva de okupa.

Una sola persona no puede cobrar 1.300 euros en ayudas ni en la Comunidad Valenciana, en la que reside, ni de prestaciones estatales

El protagonista del vídeo habla en todo momento en singular y cuenta que cobra 1.300 euros al mes de ayudas económicas. Sin embargo, no hay ayudas ni a nivel estatal ni en la Comunidad Valenciana, donde reside, que otorguen esa cuantía a una sola persona. 

En 2024, cuando se difundió el vídeo, prestaciones estatales como el Ingreso Mínimo Vital suponían poco más de 600 euros para beneficiarios individuales y solo superaba los 1.300 euros cuando se trataba de beneficiarios con cuatro o más hijos. En 2025, las cuantías se han modificado y la cantidad de 1.300 euros sólo la superan familias monoparentales con tres o más hijos. 

En la Comunidad Valenciana, prestaciones como la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), apenas superan los 500 euros cuando se trata de beneficiarios sin otras personas a cargo. 
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*El 30/01/2025 este artículo se actualizó para incluir las cuantías del Ingreso Mínimo Vital en 2025

En este caso el texto es similar a otro texto de opinión: una carta abierta al Rey Juan Carlos en Periodista Digitalde Jaime Miguel Tur en febrero de 2011.

En 2013, tras la publicación por El País de los 'papeles de Bárcenas', Santiago Abascal Escuza reconoció haber cobrado dos millones de pesetas por parte del Partido Popular en 1999. Santiago Abascal Escuza fue miembro de las Juntas Generales de Álava desde 1987 a 1991 y de 1995 a 2015 por el PP y diputado en el Congreso por Álava durante entre 2003 y 2004.

Santiago Abascal Escuza abandonó el PP y se incorporó al partido fundado por su hijo. En 2016 se presentó como candidato a lehendakari de Vox en las elecciones al Parlamento Vasco. Abascal Escuza falleció en julio de 2017.

Bárcenas declaró que los papeles originales eran los que no mencionan a Rajoy y que se habían modificado para presionar al expresidente

La Audiencia Nacional condenó en noviembre de 2021 a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular (PP), y al PP responsable civil subsidiario por las obras realizadas en su sede central de la calle Génova de Madrid con más de un millón de euros no declarado a Hacienda entre 2005 y 2010. En esta sentencia se menciona la presencia de ‘M. Rajoy’ en los papeles de Bárcenas, la caja B del PP. Lo hace en tres ocasiones. Rajoy nunca sale con el nombre Mariano, solo con la inicial M, como sale en una versión de los papeles de Bárcenas.

En la sentencia se afirma que ‘M. Rajoy’ aparecía en los apuntes publicados por El País en 2013. Este medio señaló que Rajoy empezó a aparecer en las anotaciones en 1997 con pagos semestrales de 2.100.000 pesetas o trimestrales de 1.050.000 pesetas y a partir de 2002 pasan a ser de su equivalente en euros (12.600 euros semestrales o 6.300 euros trimestrales), hasta 2008. Aparecía con el nombre completo de Mariano Rajoy en muchas ocasiones y con iniciales en otras con un pago anual de 25.200 euros anuales durante 11 años, según El País. En 2008 salió por última vez como ‘M. Rajoy’. Solo se juzgó estos supuestos pagos a partir de 2007 por la prescripción de los posibles delitos de los años anteriores.

Pero un perito observó discrepancias entre los apuntes aparecidos en El País con los presentados por el propio Bárcenas ante la Justicia, como el de M. Rajoy. Bárcenas explicó estas diferencias porque el anterior tesorero, Álvaro Lapuerta, le pidió modificarlo “porque iba a hablar con el presidente”. Bárcenas afirmó en el juicio que la aparición de ‘M. Rajoy’ en los apuntes fue una “forma de presión” a Rajoy por parte de Lapuerta. Según Bárcenas, el original es la hoja en la que no aparece Rajoy, que la que dio a la Justicia. Lo publicado por El País provenía de una copia que guardaba el abogado amigo de Bárcenas, Jorge Trías.

La sentencia recoge que "determinados apuntes o anotaciones de salida han quedado corroborados con otras pruebas, lo que nos lleva a concluir que los papeles recogen acontecimientos que en una parte sí son reales". También los jueces consideraron que Bárcenas dio “explicaciones poco lógicas o contradictorias”. Esto “obliga a valorar su testimonio con cautela” y admitir lo afirmado por Bárcenas siempre “que venga corroborado con otras pruebas”. En el juicio, Bárcenas dijo que Rajoy recibió 20.000 euros de sobresueldo en 2009 y de 25.000 euros en 2010. 

Una cantidad anual inferior a la del delito fiscal

Según los apuntes, Rajoy habría recibido 163.507 euros entre 2003 y 2008, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, según publicó infoLibre en 2013. Como explicamos antes, el máximo cobrado supuestamente por Rajoy en un año es de 25.000 euros. Pero para cometer un delito fiscal se debe defraudar al menos 120.000 euros en un año, según el Código Penal. El abogado de la acusación popular de Izquierda Unida (IU), Juan Moreno, indicó a El Periódico de España que el juez instructor del caso ya apuntó a que el dinero negro supuestamente cobrado por cargos del partido no se iban a investigar por su cuantía.

Preguntado por Maldita.es, Juan Moreno, ahora coordinador de IU en el Congreso de los Diputados, ha aclarado que los presuntos pagos en B a Rajoy nunca se pudieron juzgar por tres motivos: no tener “base probatoria suficiente”, es decir, no haber suficientes pruebas; ser cantidades inferiores a los 120.000 euros anuales y estar prescrito todos los pagos anteriores a 2007.

Mariano Rajoy no está siendo investigando en la única pieza de Gürtel que queda por juzgar a junio de 2025

Aunque la sentencia indica que “la procedencia y finalidad” de los donativos continúan siendo investigados por la Audiencia Nacional, al centrarse ese juicio en la reforma de la sede de Génova, desde el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional aclaran a Maldita.es que “no queda ninguna investigación relativa a la Gürtel” salvo una, la principal “relativa a los delitos fiscales de algunos de los investigados”, entre los que no está Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno no está ni ha estado entre los investigados en ninguna pieza de la Gürtel, aclara la Audiencia Nacional. Esta pieza ya está en la sala para enjuiciamiento, indican, a 20 de junio de 2025. En diciembre de 2022 se archivó otra pieza de los papeles de Bárcenas que investigaba las adjudicaciones de obra pública a cambio de donaciones.

A las personas inmigrantes que se encuentren en situación irregular en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar, como mínimo, haber residido al menos cinco meses antes del momento de presentar la solicitud. La autorización de residencia que obtendrán las personas beneficiadas por la regularización tendrá una duración inicial de un año y habilitará a trabajar. Pasado este periodo, deberán acogerse a alguna de las figuras ordinarias que contempla la Ley de Extranjería para mantener su residencia legal en España. 

La cifra estimada de beneficiarios de esta regularización es de 500.000, como anunció Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 27 de enero, cuando se acordó iniciar la tramitación urgente de la regularización.

Además, Saiz también aseguró que los menores a cargo de estas personas migrantes en situación irregular y los solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 también podrán beneficiarse de la regularización. 

Según el último informe del centro de análisis Funcas, elaborado con datos del año 2025, a 1 de enero había 840.000 personas no comunitarias en situación administrativa irregular en España. 

¿Qué requisitos se exige a las personas migrantes para poder beneficiarse de esta regularización?

Según el texto publicado en el BOE , se exigirá haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y poder acreditar una permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses en el momento de la solicitud. 

Para llevar a cabo esta acreditación no sólo será válido el padrón, sino que también se aceptará “cualquier documento público, privado o combinación de ambas que contengan datos personales que puedan acreditar la identidad de los solicitantes y que estén fechados”.  

Otra de las medidas exigidas será demostrar no tener antecedentes penales. Según el BOE, se exigirá el certificado de antecedentes penales en España, en país de origen, así como en los países en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España. No se incluye la opción de presentar una declaración responsable como sustituta del certificado de antecedentes penales, que sí que se valoró al inicio de la tramitación en enero. Por lo tanto, aquellas personas con una orden de expulsión vigente por la comisión de algún delito, no podrían optar a esta regularización.

Además, el texto publicado en el BOE recoge que las personas interesadas en acogerse a la regularización deberán demostrarhaber trabajado ya en España o acreditar el interés por hacerlo, contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado, o bien acreditar encontrarse en situación de vulnerabilidad.

¿Cuándo y cómo comenzarán los trámites? 

El decreto, publicado en el BOE el 15 de abril, entra en vigor un día después, el 16 de abril. Según explicó la ministra de Migraciones, los trámites telemáticos comenzarán el jueves 16 de abril y todo el proceso, tanto el envío de la documentación como la resolución, se podrá hacer a través de la plataforma Mercurio. En el caso de las personas que opten por la vía presencial, podrán hacerlo a partir del lunes 20 de abril y deberán solicitar cita previa. Podrán hacerlo por  vía telemática o en el teléfono 060.

Además, Saiz ha asegurado que participarán en el proceso oficinas de la Seguridad Social, sucursales de correos y oficinas de extranjería en horario de tarde. Para este trámite, ha afirmado la ministra, se contará con 550 personas extra.

¿Regularizar es lo mismo que nacionalizar?

No, la regularización y la nacionalización son procesos diferentes. La regularización es un proceso administrativo por el cual las personas migrantes que están irregulares en el territorio obtendrán una autorización de residencia legal. Esta autorización tendrá una vigencia inicial de un año, cinco en el caso de los menores de edad, que cuentan con autorizaciones de residencia propias reconocidas en la legislación española. Además, las personas migrantes que soliciten esta regularización podrán trabajar desde el momento en el que su solicitud sea admitida a trámite, un periodo que se estima que no se prolongue más de quince días.

Por otro lado, la nacionalidad por residencia en España es un procedimiento que requiere, al menos, 10 años de residencia “de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición”. En el caso de nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, el periodo de residencia se reduce a dos años. Además, deberán hacer dos pruebas en el Instituto Cervantes: una sobre el conocimiento del idioma español y otra de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. En ningún caso la regularización supone la obtención de la nacionalidad.

Además de esta vía, las personas extranjeras también pueden optar a la nacionalidad por opción, por carta de naturaleza o por posesión de estado.

¿La regularización concede derecho a voto? 

Estar regularizado no concede automáticamente el derecho a voto. En el caso de las elecciones generales y autonómicas, este es un derecho reservado únicamente a las personas con nacionalidad española. 

En cuanto a las elecciones municipales, las personas migrantes que tienen derecho a votar son aquellas que residen legalmente y que o bien son ciudadanas de la Unión Europea, o bien proceden de alguno de los países con los que España tiene firmados acuerdos de reciprocidad. En las últimas elecciones municipales, celebradas en 2023, pudieron votar extranjeros de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago que hubieran residido cinco años en España (tres en el caso de Reino Unidos y Noruega). 

En el caso de las elecciones europeas, el derecho a voto es para ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea que residan en España y a personas con nacionalidad española. 

¿Esta es la primera regularización extraordinaria de personas migrantes?

No. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España ha habido otras seis regularizaciones extraordinarias antes de la prevista para 2026. La primera de ellas se produjo en 1986 bajo el Gobierno de Felipe González (PSOE) y otras dos en 1991 y 1996, con un total de 174.011 solicitudes aprobadas. En 2005 hubo otra regularización de 576.506 personas bajo un gobierno socialista, esta vez durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). En el año 2000 y 2001, el gobierno de Aznar (PP) concedió la regularización a cerca de 500.000 personas en situación irregular en sus dos legislaturas.

¿Las personas migrantes regularizadas pueden ser deportadas?

Sí, si cometen algún delito con una pena de prisión superior a un año, como recogen la Ley de Extranjería y el Código Penal. Así lo estableció también el Tribunal Supremo en 2018. Esta expulsión conlleva “la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España”, así como “el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado”. 

¿Las personas migrantes regularizadas pueden optar a la reagrupación familiar?

Sí. Según recoge la Ley de Extranjería, las personas extranjeras residentes en España tienen derecho a la reagrupación familiar, después de la renovación del primer permiso de residencia, de su pareja, de sus hijos menores de edad o los de su pareja y de los hijos mayores de edad en situación de dependencia. Además, si consiguen la residencia de larga duración, obtenida tras cinco años de residencia legal y continuada en España, también podrán reagrupar a los ascendientes en primer grado mayores de 75 años. 

¿Las personas ucranianas y las “apátridas saharauis” han sido excluidas del proceso de regularización?

La regularización está dirigida a personas migrantes en situación irregular y tanto las personas ucranianas desplazadas por la guerra como las personas apátridas, entre las que se encuentran las saharauis, ya tienen permiso de residencia en España o tienen un procedimiento distinto para solicitarlo. 

En el caso de las personas de Ucrania desplazadas por la guerra con Rusia, el estatus que se les reconoce es el de protección temporal, una figura regulada en la directiva europea para la concesión temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Además, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuentan a Maldita.es que se está trabajando en un procedimiento específico, diferenciado de la regularización extraordinaria, que permitirá a estas personas cambiar su actual autorización de residencia por cualquiera de las previstas en la Ley de Extranjería y la Ley de apoyo a los emprendedores y internacionalización. 

Por otro lado, las personas apátridas, que no son reconocidas como nacionales por ningún Estado, también tienen permiso de residencia y trabajo en España, sean o no saharauis. Así lo recoge el Real Decreto 865/2001, una normativa específica que regula su estatus y les ampara, como señala el Ministerio en su página web. Además, en el caso de los solicitantes del estatuto de apatridia, la ley también contempla que obtengan una autorización provisional de residencia mientras se resuelve su expediente. En caso de resolución denegatoria, podrán acogerse a alguna de las figuras de regularización previstas en la Ley de Extranjería. 

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*El 28/01/26 se ha modificado el requisito de la permanencia de cinco meses en España

*El 30/01/26 se ha modificado el nombre de los responsables de la puesta en marcha de la ILP por la regularización 

*El 03/02/26 se ha añadido información sobre el texto provisional acerca de la regularización y los documentos que se pueden utilizar para acreditar no tener antecedentes penales

*El 14/04/26 se ha actualizado para ampliar la información tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros

*El 15/04/26 se ha actualizado para añadir la información recogida en el BOE

*El 17/04/26 se ha actualizado incluyendo el ladillo relativo a las personas ucranianas y saharauis

*El 21/04/26 se ha actualizado para incluir el tiempo de residencia concedido a los menores de edad según el texto definitivo de la regularización

“Suiza no ha prohibido la mamografía. Los cantones (las unidades administrativas que forman el Estado suizo federal) establecen programas de detección precoz. Se recomienda realizarse una mamografía a partir de los 50 años””, señalan a Maldita.es desde la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza 

La mayoría de los cantones suizos disponen de un programa de cribado del cáncer de mama, a 24 de abril de 2026. “A partir de los 50 años, la mamografía es la principal prueba de detección del cáncer de mama. Algunos cantones recomiendan a las mujeres mayores de 50 años que se realicen una mamografía cada dos años. Estos programas de detección precoz contribuyen a reducir la mortalidad por cáncer de mama. La participación es voluntaria”, afirma en su web la Liga Suiza contra el Cáncer.

Estas afirmaciones acerca de la supuesta prohibición de las mamografías en Suiza surgen en 2014, a partir de  la publicación de una opinión del Consejo Médico Suizo en The New England Journal of Medicine. En ella se recomendaba no introducir nuevos programas de cribado mamográfico generalizado, establecer límites temporales a los programas actuales, evaluar la calidad del cribado y proporcionar información clara sobre los beneficios y los perjuicios. 

Uno de los motivos de este posicionamiento, lejos de una supuesta “estimulación del crecimiento tumoral”, fue el riesgo de sobrediagnóstico asociado a estos programas, que supone la detección de tumores que no hubiesen causado síntomas ni problemas de salud de no haberse detectado. Esto implica repetir mamografías y hacer biopsias para cánceres que, en realidad, nunca afectarán negativamente a la salud, con el coste físico y emocional correspondiente. Sin embargo, este posicionamiento científico proponía limitar, no eliminar, las mamografías. 

La Liga Suiza contra el Cáncer, una organización perteneciente a la Asociación de Ligas Europeas contra el Cáncer, “recomienda y apoya los programas de cribado del cáncer de mama” siguiendo las “recomendaciones europeas de garantía de calidad”. Según esta organización, las ventajas de los programas de cribado (la detección temprana supone unos tratamientos menos agresivos, una mayor calidad de vida y menor número de muertes) superan a los inconvenientes.

Las mamografías se recomiendan a mujeres mayores de 50 años

Las mamografías usan radiación para explorar el tejido mamario y detectar en él anomalías que sirvan para diagnosticar casos de cáncer de forma temprana y mejorar así el diagnóstico de la paciente. 

Según el informe sobre dosis de radiación del Consejo de Seguridad Nuclear, el promedio de radiación natural que recibe una persona en España al año (es decir, la radiación que recibimos del suelo y la materia que nos rodea)es de unos 0,6 mSv (miliSievert, unidad que mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva). La que recibimos a través de la alimentación, de entre 0,2 a 0,8 mSv,. En cambio, la radiación que se absorbe de media de las mamografías, según el informe del Consejo, es de 0,51 mSv al año. “La radiación que emite es muy baja”, señaló a Maldita.es José E. Gordillo, especialista en radiodiagnóstico en el Área Sanitaria Norte de Córdoba. 

Es decir, aunque es cierto que la radiación de pruebas médicas como las mamografías tiene efectos sobre nuestro cuerpo, es un porcentaje muy pequeño del total de la radiación que recibimos de forma habitual. lAdemás, según la evidencia científica, la probabilidad de que las mamografías provoquen cáncer es pequeña en relación con los posibles efectos beneficiosos del cribado.Para el Instituto Nacional Francés del Cáncer, el riesgo de muerte por cáncer inducido por radiación se sitúa entre uno y 10 de cada 100.000 mujeres que se han sometido a una mamografía cada dos años durante 10 años. “El número de muertes que se evitan con el cribado supera con creces el riesgo de muerte por cáncer inducido por la radiación”, concluyen.

La regularización no concede automáticamente el derecho a voto. La participación en las elecciones generales y autonómicas está reservada únicamente a las personas con nacionalidad española. La nacionalidad no se consigue con la regularización, sino que es necesario acreditar, al menos, 10 años de residencia “legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición” como norma general  y dos años para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. También hay que realizar dos pruebas en el Instituto Cervantes, además de cumplir otros requisitos. 

En el caso de las elecciones municipales, las personas a las que se les conceda la regularización anunciada por el Gobierno podrán  votar si hay un acuerdo de reciprocidad con su país de origen y reúnen los requisitos establecidos en dicho acuerdo, como cumplir con un período mínimo de residencia legal*. Actualmente, las personas extranjeras de  Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago pueden votar en las elecciones municipales tras cinco años de residencia en España (tres en el caso de Reino Unido y Noruega), además de los ciudadanos de la Unión Europea.

Así, las personas migrantes regularizadas no podrán votar, por tiempos, en ninguna de las elecciones de 2027. 

Por último, en las elecciones europeas tienen derecho a voto los ciudadanos de algún estado miembro de la Unión Europea residiendo en España y las personas con nacionalidad española, por lo tanto, las personas regularizadas este año no podrían votar en las próximas elecciones europeas, previstas para 2029, a menos que obtuviesen la nacionalidad española.

No, las personas migrantes que se acojan a la regularización extraordinaria no pueden lograr la nacionalidad sin un certificado de antecedentes penales

La regularización extraordinaria de personas inmigrantes no supone la concesión de la  nacionalidad “sin un certificado de antecedentes penales”, como afirman los contenidos difundidos. La nacionalización y la regularización son procesos diferentes, aunque para la nacionalidad, primero es necesario estar en situación regular. En ambos procedimientos, se exige acreditar no tener antecedentes penales, aunque en el caso de la regularización extraordinaria, en un primer momento se planteó la posibilidad de sustituir el certificado de inexistencia de antecedentes por una declaración responsable. Los contenidos que se difunden utilizan un titular de una publicación de The Objective que ya ha sido rectificada, aclarando en sus redes sociales que se referían a la medida anunciada por el Gobierno de conceder permisos de residencia a personas migrantes en situación irregular. 

Para acceder a la nacionalidad se exige la acreditación de “buena conducta cívica” mediante la aportación de un certificado de antecedentes penales expedido por el país de origen “debidamente legalizado y traducido” y los informes que expidan al respecto las autoridades españolas. La ley también contempla que, en el caso de ciudadanos de algún Estado de la Unión Europea, dicho certificado puede sustituirse por el Certificado del Registro Central de Penados español “donde conste expresamente que se han consultado los antecedentes con el país de origen”.

No, las personas migrantes que se beneficien de la regularización extraordinaria no tendrán pleno estatus legal europeo para cruzar a cualquier país de la Unión Europea y quedarse a trabajar o residir

La regularización extraordinaria de personas migrantes no autoriza a vivir o trabajar en cualquier país de la Unión Europea, pero sí permite visitar los países que forman parte del Espacio Schengen en los mismos términos que quienes tienen visado de turista o de estudios. Según un documento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre dudas del proceso, este permiso “no otorga autorización para establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea”. Según la nota de prensa sobre la aprobación de la regularización publicada por este ministerio, las personas migrantes en situación irregular y los solicitantes de protección internacional que accedan a ella obtendrán una autorización con una vigencia inicial de un año, cinco en el caso de familias con hijos menores de edad, que habilita a “residir y trabajar por cuenta ajena o propia, en cualquier parte del territorio español”. El traslado a otro país de la Unión Europea para vivir o trabajar es un derecho reservado a los ciudadanos de un Estado miembro y, como os hemos contado en Maldita.es, las personas que se beneficien de la regularización no obtendrán la nacionalidad, puesto que se trata de dos procesos distintos. Más allá de la normativa de la regularización extraordinaria, la actual Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE), que acredita la permanencia legal de extranjeros en España por un tiempo superior a tres meses, también se limita al territorio español.

No, el certificado de vulnerabilidad para la regularización no concede a los inmigrantes prioridad en el acceso a ayudas sociales o “casa gratis”: este documento solo es válido para este trámite

Las personas migrantes que quieran acogerse a la regularización deberán demostrar haber trabajado por cuenta propia o ajena en España, contar con una unidad familiar en territorio español o acreditar estar en situación de vulnerabilidad presentando un certificado. Este documento “surtirá efectos exclusivamente a los fines previstos” en el texto de la regularización, por lo que no podrá ser utilizado para solicitar, por ejemplo, ayudas sociales ni concederá “privilegios” como vivienda gratuita, como mencionan los contenidos difundidos. Esta aclaración también la recoge el modelo de certificado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene disponible para descarga en su página web.

Qué sabemos sobre la anulación de las órdenes de expulsión de las personas migrantes que opten a la regularización: sólo se aplicará a las órdenes que deriven de estar en situación irregular en España o trabajando sin autorización

Las personas migrantes en situación irregular que soliciten la regularización extraordinaria y  que tengan una orden de expulsión podrán anularla únicamente en dos casos, según recoge el texto publicado en el BOE. El primero, que la orden haya sido emitida por “encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente”. 

El segundo caso es haber obtenido la orden de expulsión por “encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida”. El texto sobre las condiciones de la regularización no contempla, sin embargo, cancelar las órdenes de expulsión cuando estas hayan sido impuestas por la comisión de una infracción de las recogidas en la Ley de Extranjería.

Cuidado con los contenidos que afirman que el Gobierno ha excluido a los “apátridas saharauis” de la regularización extraordinaria: una normativa específica les concede permiso de residencia

La regularización extraordinaria está dirigida a personas migrantes en situación irregular en España. En cambio, las personas apátridas, que no son reconocidas por ningún Estado como nacionales, ya tienen permiso de residencia y trabajo en España, sean o no saharauis, como recoge el Real Decreto 865/2001, que regula su estatus. Por ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aclara en su web que la regularización no es un proceso dirigido a ellas, ya que “cuentan con una normativa específica que les ampara”. Además, en el caso de los solicitantes del estatuto de apatridia, la ley también contempla que obtengan una autorización provisional de residencia mientras se resuelve su expediente. En caso de resolución denegatoria, podrán acogerse a alguna de las figuras de regularización previstas en la Ley de Extranjería.

Cuidado con los contenidos que afirman que el Gobierno ha excluido a los "refugiados ucranianos" de la regularización extraordinaria: ya tienen permiso de residencia, por lo que la regularización no les afecta

Al proceso de regularización extraordinaria se pueden acoger las personas que estén en situación irregular en España, pero las personas desplazadas por la guerra de Ucrania, a las que se refieren los contenidos que se difunden, ya tienen permiso de residencia y de trabajo al ser beneficiarios de protección temporal. Esto lo regula la directiva europea para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Esta misma situación se da en el caso de las personas refugiadas que tienen concedido el asilo en España.

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura a Maldita.es que aprobarán una medida específica que permitirá a estas personas modificar su autorización y cambiarla por cualquiera de las previstas en la ley de extranjería, así como a las incluidas en la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Este procedimiento, diferenciado del de la regularización extraordinaria, podrá concederles permiso de residencia y trabajo de hasta cuatro años de duración. Por otro lado, el Ministerio señala que el proceso de regularización no excluye a personas en función de su nacionalidad, sino que depende del cumplimiento de los requisitos exigidos. 

Qué sabemos sobre obtener la regularización sin presentar un certificado de antecedentes penales: el texto final exige la presentación de este documento El texto definitivo de la regularización extraordinaria, aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de abril de 2026, no incluye la posibilidad de que las personas migrantes sustituyan el certificado de antecedentes penales por una declaración responsable. Esta opción sí aparecía contemplada en el borrador del texto, pero finalmente ha sido excluida. Así, las personas interesadas en acogerse a esta regularización deberán acreditar la ausencia de antecedentes en España, en país de origen, así como en los países en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España por medio de este certificado. El texto recogido en el BOE contempla que, si en el plazo de un mes, el país responsable de la emisión de este documento no lo ha remitido a la persona interesada, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podrá solicitarlo por vía diplomática a la autoridad competente.
Qué sabemos sobre que la regularización “convertirá en españoles a 500.000 africanos”: el 91% son de América y la regularización no les concede automáticamente la nacionalidad española El Gobierno ha cifrado en 500.000 personas migrantes en situación irregular las beneficiadas por la regularización extraordinaria, pero no ha aclarado de dónde sale esa cifra frente al total de 837.978 que se estima estaban en irregularidad administrativa a 1 de enero de 2025. De estas, el 91% (763.435) proceden del continente americano, con especial representación de Colombia (287.955), Perú (107.520) y Honduras (90.294), según el último informe de Funcas, un centro de análisis dedicado a la investigación económica y social. El Gobierno tampoco ha hablado públicamente de los orígenes del grupo de potenciales beneficiarios, ya que no existe una base de datos oficial que recoja el número de personas migrantes en situación irregular en España, como ha contado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Maldita.es. Según el informe de Funcas, el segundo grupo más numeroso de personas en situación irregular procede de África, que en enero de 2025 sumaba 44.954 personas, siendo Argelia (17.765) y Marruecos (20.693) los países con más nacionales en España. Ninguna de estas personas adquirirá automáticamente la nacionalidad española al regularizarse. La nacionalidad por residencia requiere, al menos, de 10 años de residencia “legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición”, salvo para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, a quienes se exige dos años de residencia legal. Además, se requiere la superación de dos pruebas en el Instituto Cervantes.

De acuerdo con Cazadores de Fake News, miembros de la International Fact-Checking Network (IFCN), al igual que Maldita.es, la imagen que tomaron de María Corina Machado para integrarla junto a Epstein sería una publicada por The Telegraph en la que se la ve con la misma ropa y aretes. También afirman que el montaje se hizo con inteligencia artificial generativa.

El vídeo circula desde 2017

“¡Campaña para la cirugía de esta monada! Cada vez que reenvías este video, ella gana 0,10$”. Con este mensaje se difunde el vídeo de una niña bailando junto a varios enfermeros en lo que parece una sala de hospital. La cadena asegura que compartiendo este vídeo entre nuestros contactos, estaríamos donando dinero para que esta niña, que según el mensaje que circula sufre cáncer, fuera operada.

Pero es un bulo que estemos donando dinero al compartir este vídeo. Como os hemos explicado en otras ocasiones, es un bulo que WhatsApp dé dinero por cada imagen o vídeo que se comparte. Como indican desde la plataforma de mensajería a Maldita.es y se puede leer en su apartado de preguntas frecuentes, WhatsApp utiliza "el cifrado de extremo a extremo" lo que hace que "sólo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo".

Por tanto, si WhatsApp no puede ver el contenido que se comparte entre usuarios, no sabe si es el vídeo de la niña, en este caso, la que se está compartiendo.

Además, es falso que este vídeo sea actual o que estemos donando dinero al compartirlo. Estas imágenes circulan desde al menos 2017, momento en las que habrían sido tomadas en un hospital en Sao Paulo, Brasil, según asegura Mirror y canales en redes sociales como ViralHog, que detallan que la niña que aparece en el vídeo en realidad padece histiocitosis de células de Langerhans (HCL). Por lo que este vídeo ni es actual ni ha sido grabado en España.

Ya se han difundido otros contenidos con mensajes similares

A finales de 2021 también se difundió un vídeo por WhatsApp en el que se veía cómo un tractor colocaba en un prado con vacas varios rollos rosas de hierba de forma que hacían la figura de un lazo. En el texto del vídeo se podía leer: "Comparte este vídeo y estarás donando 1€ a la Asociación Española Contra el Cáncer" (AECC). Esto hizo que usuarios nos preguntaran si podían contribuir a la causa compartiéndolo por la plataforma de mensajería.

Aunque la campaña era real, de 2020, cuando empezó a circular el contenido por WhatsApp ya no estaba activa. Además, nunca se donó un euro cada vez que el vídeo se compartía a través de WhatsApp. La granja ecológica que la organizó explicó a Maldita.es que donó un euro, hasta un máximo de mil, por cada vez que se compartió su publicación de Facebook.

También se hizo viral en 2017 una imagen con afirmaciones que decían que por cada 10 personas con las que compartieras esa misma fotografía, WhatsApp dedicaría "1 euro a la investigación contra el cáncer". Algo que la Policía Nacional desmintió a través de su cuenta de Twitter.

El 16 de abril se abre el plazo para la realización de los trámites telemáticos. Todo el proceso, tanto el envío de la documentación como la resolución, se podrá hacer a través de la plataforma Mercurio. En el caso de las personas que opten por la vía presencial, podrán hacerlo a partir del lunes 20 de abril y deberán solicitar cita previa por vía telemática o en el teléfono 060. El proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.* 

Te contamos todos los detalles sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes aquí.

*El 16/04/26 se ha añadido la fecha en la que comienzan los trámites para la regularización

Además, sobre el proceso para conseguir la nacionalidad, las personas a las que se les conceda la regularización extraordinaria podrán optar a la nacionalidad si acreditan, como norma general, 10 años de residencia “legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición” en España, dos en el caso de nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen serfardí. Por último, es necesario hacer dos pruebas de conocimiento en el Instituto Cervantes: una sobre el idioma español y otra sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España.

*El 15/04/26 se ha actualizado este artículo incluyendo la información recogida en el texto final de la regularización

*El 30/01/26 se ha modificado el nombre de los responsables de la puesta en marcha de la ILP por la regularización

*El 15/04/26 se ha actualizado este artículo incluyendo la información recogida en el BOE sobre la regularización extraordinaria

* Hemos actualizado esta información el 23 de enero de 2026 para aplicar la nueva metodología de Maldita.es.

¿Qué ha pasado? 

Desde el 27 de agosto de 2025 ha circulado un vídeo en el que Carolina, una joven andaluza diagnosticada con ataxia de Friedreich, señalaba que desde algunas comunidades autónomas (como Andalucía) no se podía “acceder” al “único tratamiento disponible para frenar el avance de la enfermedad” (omaveloxolona), a pesar de que estaba “aprobado hace dos años” tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. 

En España, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha propuesto su financiación, aunque el listado que presentó el 28 de enero de 2026, en el que aparece la omaveloxolona de Skyclarys, tiene todavía “carácter provisional”, según la nota de prensa del Ministerio de Sanidad.

Según el mismo documento, “las propuestas de financiación positiva de la CIPM se convierten en propuestas de resolución por parte de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio que tienen que ser aceptadas por las compañías farmacéuticas”. Una vez que se acepta la propuesta, “se emite una resolución definitiva de financiación y el medicamento entra en el Nomenclátor [la lista oficial de medicamentos financiados] de facturación correspondiente”. 

¿De qué hablamos en este tema?

1. ¿Qué es la omaveloxolona?

2. ¿Cuánto cuesta el medicamento y quién debe pagarlo?

3. ¿En España, existe la posibilidad de acceso a la omaveloxolona?

4. ¿Es posible el acceso al medicamento desde cualquier comunidad autónoma?

5. ¿Cómo se solicita el fármaco en España?

6. ¿Qué ocurrió en el caso de Carolina?

7. ¿Qué dijo la familia de Carolina tras publicar el vídeo viral?

8. ¿Qué dijo la Junta de Andalucía?

9. ¿Qué dijo la AEMPS?

10. ¿Qué dijo el Ministerio de Sanidad?

11. ¿Qué dijo el hospital Virgen del Rocío de Sevilla?

12. ¿Qué dicen las asociaciones?

13. ¿El Ministerio está en negociaciones con Biogen para financiar dicho medicamento?

14. ¿En qué comunidades autónomas sí se dispensó la omaveloxolona?

¿Qué es la omaveloxolona?

La omaveloxolona es el principio activo de Skyclarys, un medicamento indicado para el tratamiento de la ataxia de Friedreich en adultos y adolescentes a partir de los 16 años de edad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), aprobó en febrero del 2023 el uso del fármaco como el primer tratamiento para la ataxia de Friedreich, una enfermedad degenerativa, hereditaria y rara que daña el sistema nervioso y se caracteriza por una coordinación y una marcha deficientes. Su eficacia y seguridad se evaluó en un estudio aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego de 48 semanas.

En la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) también aprobó su uso el 14 de diciembre de 2023, al considerar que los potenciales beneficios del fármaco son mayores que sus riesgos. Su comercialización a nivel europeo se produce desde el 9 de febrero de 2024. 

En España, el 28 de enero de 2026 la CIPM ha propuesto su financiación. 

¿Cuánto cuesta el medicamento y quién debe pagarlo?

De acuerdo con la Federación de Ataxias de España (Fedaes), Skyclarys tiene un precio de 346 euros por pastilla y la dosis recomendada para pacientes con ataxia de Friedreich es de tres pastillas al día. Desde Maldita.es hemos consultado al laboratorio Biogen el precio de venta del fármaco en España: “El coste del tratamiento sería el mismo que en otros países europeos”, respondieron, sin especificar ese precio en el resto de Europa.  

En España, cuando se hizo viral el vídeo de Carolina, la omaveloxolona o Skyclarys no se incluía en la cartera de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS). De ahí que, en el caso de los hospitales públicos, el pago del medicamento procediera del presupuesto que asigna la comunidad autónoma. En el caso de los pacientes de hospitales privados, el pago quedaba a cargo de este mismo o de la aseguradora, según explicó la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) a Maldita.es. 

¿En España, existe la posibilidad de acceso a la omaveloxolona?

En España la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGCYF) emitió una resolución de “no inclusión en la prestación farmacéutica” para Skyclarys en abril de 2025, por “criterios de racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud”. 

Con la nueva propuesta de la CIPM, y hasta que quede incluído dicho medicamento en el Nomenclátor, solo puede obtenerse mediante “uso compasivo”, lo que significa que no sigue el proceso habitual de venta. Aun  así, hasta la fecha de inclusión, han existido procedimientos para acceder a él en casos concretos, según señaló el Ministerio de Sanidad a Maldita.es. De hecho, algunas comunidades autónomas sí autorizaron la financiación de la omaveloxolona, solicitando así su dispensa a la AEMPS, en casos específicos e individualizados. No fue el caso de Andalucía.

¿Es posible acceder al medicamento desde cualquier comunidad autónoma?

En teoría, sí. Es decir, todos los hospitales tienen la posibilidad de solicitar a la AEMPS un medicamento compasivo para uno de sus pacientes. Sin embargo, desde Maldita.es, no podemos comprobar independientemente si hay hospitales que no llegan a solicitar medicamentos de este tipo por una cuestión económica u otras razones.

¿Cómo se solicita el fármaco en España?

Para obtener un medicamento no financiado, como es todavía el caso de la omaveloxolona hasta su inclusión en el Nomenclátor, es el profesional sanitario que atiende al paciente quien debe realizar un informe clínico justificando la necesidad del tratamiento para ese caso específico (algo que en el caso de Carolina, según su madre, no sucedió), así como la solicitud de uso compasivo (que es el uso de un medicamento antes de su autorización en España) a través del servicio farmacológico del hospital (ya sea público o privado). Todo este proceso tiene que ser revisado por AEMPS para su aprobación. Este organismo señaló a Maldita.es a 19 de noviembre de 2025 que no había recibido ninguna solicitud de este compasivo desde Andalucía. 

El 1 de junio de 2025 se publicó la resolución expresa de no financiación de este medicamento. Esto quiere decir que el medicamento no se incluyó en la cartera de servicios del SNS. Cuando se da esta situación, explica la propia AEMPS, la agencia “no permite el acceso a pacientes a través de esta vía hasta que cada comunidad autónoma da el visto bueno de manera individualizada a cada paciente, es decir, supone un paso adicional”. 

Ahora el medicamento está pendiente de su inclusión en el Nomenclátor, algo que según la nota de informativa de la comisión interministerial , “generalmente ocurre en los dos primeros días del segundo mes transcurrido después de la reunión de la CIPM en la que se adopta la propuesta”, pero apunta que el periodo “puede ser variable”. 

¿Qué ocurrió en el caso de Carolina? 

En el vídeo, Carolina afirmó el 27 de agosto de 2025 que “desde algunas comunidades de España” no se puede acceder a la omaveloxolona. “El Ministerio de Sanidad sigue en negociaciones con el laboratorio mientras el tiempo pasa y mi vida depende de ellos. Cada día que pasa sin este tratamiento es un día perdido, un día más en el que mi enfermedad avanza”, añadía la joven.  

“La omaveloxolona ya está aprobada, ya existe y la necesito, por eso le pido al Ministerio de Sanidad que, por favor, agilice este proceso y permita el acceso inmediato a esta medicación. Tanto mi futuro como el de muchas personas depende de ello”. Al final del vídeo Carolina planteaba una cuestión: el porqué de “algunos sí [tenían acceso] y otros no.

Maldita.es durante una entrevista con Marian Vaya, la madre de Carolina, supo o que la negativa al acceso al fármaco fue directamente por parte de la neuróloga que lleva su caso, que no ha solicitado el medicamento a los servicios hospitalarios hasta en dos ocasiones según la madre la neuróloga les dijo que no podía ser porque “tiene un alto coste”. Marian señaló que iban a solicitar por escrito las razones de denegación de la omaveloxolona a Carolina. 

A 29 de enero de 2026, Marian Vaya, ha celebrado “con prudencia” en sus redes sociales que “por fin” han conseguido “la financiación de la omaveloxolona”. 

¿Qué dijo la familia de Carolina tras publicar el vídeo viral?

La madre de Carolina, Marian Vaya, señaló a Maldita.es que en consulta con la neuróloga que atiende a Carolina en el Hospital Vírgen del Rocío en Sevilla, se solicitó a finales de 2024 el poder acceder a la omaveloxolona, pero que la respuesta fue negativa.

El 27 de agosto (día en que Carolina publicó el vídeo viral), fueron a consulta nuevamente con la neuróloga para pedirle que le prescribiera el medicamento a Carolina pero que esta les dijo que no de nuevo sin darles por escrito los motivos de la negativa. 

“La neuróloga nos dice que no, que no se está dando, que de momento están en negociaciones, que no puede ser porque tiene un alto coste que supondría un desajuste para el sistema”, explicó Marian.

Marian también explicó que aunque a Carolina se le atiende en Sevilla, en el Hospital Vírgen del Rocío, se le ha derivado al Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona donde cuentan con un centro de enfermedades raras, pero que ahí tampoco se suministraba el medicamento. 

¿Qué dijo la Junta de Andalucía?

En un primer contacto el 15 de septiembre de 2025, la Junta de Andalucía respondió a Maldita.es que “el Servicio Andaluz de Salud está obligado a cumplir la normativa estatal en materia de financiación de medicamentos” y que, en este caso “había indicación expresa de no financiación”. Esta institución se refiere así al testimonio viral, pero no dijo nada con respecto a tener acceso a dicho medicamento por la vía del “uso compasivo”.  

Tras repreguntar el 4 de noviembre de 2025 a la Junta de Andalucía sobre el caso particular de Carolina, su respuesta a Maldita.es fue: “En todos los casos, la solicitud se gestiona a través de los Servicios de Farmacia Hospitalaria y cuenta con los controles de seguridad y seguimiento clínico necesarios. Se trata de un procedimiento habitual en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, también en nuestra comunidad. En este caso, no nos consta solicitud de esta persona; si nos llegase dicha solicitud, se tramitaría siempre siguiendo la indicación del Ministerio, que por ahora, no financia este medicamento”. 

Maldita.es envió una solicitud de acceso a la información pública a la Junta de Andalucía el 30 de septiembre de 2025 para conocer los casos de pacientes a los que se les haya dispensado algún medicamento de “uso compasivo”, el presupuesto asignado por la comunidad autónoma para estos medicamentos y las peticiones denegadas de omaveloxolona. El 10 de octubre de 2025 ampliaron el plazo de contestación a un máximo de 20 días y no fue hasta el 11 de diciembre de 2025 (fuera de plazo) cuando se obtuvo una respuesta. Sobre la primera cuestión, la Junta de Andalucía indicó que no dispone de dicha información y dice que inadmite la solicitud de información pública “por estar dirigida a un órgano en cuyo poder no obra la información”.

En cuanto al presupuesto que se asigna desde la comunidad para este tipo de medicamentos, la Junta respondió que "la financiación pública de cualquier medicamento es competencia exclusiva del Estado".

Sobre las peticiones denegadas de omaveloxolona, la Junta hace referencia a dos casos, uno de un paciente de 64 años y otro de 44. En ambos casos la Junta alega: "En este paciente no se cumplía uno de los criterios de elegibilidad del estudio pivotal argumentando como evidencia". En este mismo apartado, se reitera que "no se ha recibido ninguna otra solicitud de este medicamento".

¿Qué dijo la AEMPS?

Desde la AEMPS, explicaron a Maldita.es en septiembre de 2025 a través de su servicio de prensa que los pacientes que querían acceder a este medicamento antes de estar aprobada su financiación debían tratar su caso de manera individual en el hospital. “La solicitud del uso compasivo debe realizarla el servicio de farmacia hospitalaria del centro que trata al paciente y debe acompañarse de un informe clínico en el que el profesional sanitario justifique la idoneidad del tratamiento para el caso concreto. Esta solicitud debe contar, además, con el visto bueno de la dirección del hospital dónde se trata a la persona y con la conformidad del laboratorio titular del medicamento”, detallaban. 

Es entonces cuando la AEMPS recibe la solicitud de uso compasivo, que debe valorar para confirmar que el paciente cumpla con los criterios establecidos (ausencia de tratamiento alternativo en el mercado y evidencia de que requiere el medicamento) y emite una respuesta. Estas evaluaciones se responden en un plazo estimado de entre 48 y 72 horas. 

En cuanto al suministro de estos “medicamentos en situaciones especiales” como la omaveloxolona, el encargado es el laboratorio titular, en este caso, Biogen. Este sería quien establezca las condiciones. Durante el proceso, la AEMPS se limita a comunicar estas al centro hospitalario y, posteriormente, otorgar el pago correspondiente.

También explicaban que con una resolución expresa de no financiación del pasado 1 de junio de 2025, la AEMPS no permitía “el acceso a pacientes a través de esta vía hasta que cada comunidad autónoma da el visto bueno de manera individualizada a cada paciente”.

¿Qué dijo el Ministerio de Sanidad?

Por medio de una petición de Transparencia, el 14 de octubre de 2025 la Agencia Española del Medicamento, dependiente del Ministerio de Sanidad, respondió a Maldita.es que no se había recibido “en la AEMPS ninguna solicitud de Skyclarys (omaveloxolona) desde Andalucía”.

¿Qué dijo el hospital Virgen del Rocío de Sevilla?

El Hospital Vírgen del Rocío de Sevilla no respondió a nuestras preguntas sobre la denegación de la omaveloxolona a Carolina. 

¿Qué dicen las asociaciones?

Desde el área de comunicación de la Federación de Ataxias de España (Fedaes) califican la propuesta de financiación como “hito histórico”. “Sabemos que esto no es solo un trámite administrativo; es una puerta abierta hacia una mejor calidad de vida para muchos de nuestros compañeros y compañeras que conviven con la Ataxia de Friedreich”, añaden. 

Durante todo este tiempo y antes de conocerse la resolución del 28 de enero de 2026, la federación indicaba a  Maldita.es que habían sabido de casos en los que el médico negó el acceso a la omaveloxolona sin rendir ningún informe por escrito, por lo que recomendaron a los afectados que pidieran un informe de denegación para tener evidencia de ello. Fedaes documentó “todas las denegaciones de Skyclarys de todos los hospitales y regiones donde la están denegando”, así como los sitios donde “sí se está recetando el fármaco”. 

Fedaes ha recopilado reportes de casos de denegación del medicamento en comunidades como Andalucía, Cataluña, Madrid, Extremadura y País Vasco. 

En el caso específico de Andalucía, la Fedaes recibió una denegación de omaveloxolona por parte de un paciente del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla con fecha del 28 de octubre de 2025 (documento que no nos permiten compartir por Protección de Datos Personales) en la que se especifica que “tal y como figura en el BIFIMED, con fecha de 1 de junio de 2025 existe una resolución expresa de no financiación. Esto quiere decir que el medicamento no se puede utilizar con cargo al Sistema Nacional de Salud”. 

El mismo documento también menciona que en el proceso de evaluación de financiación del medicamento, existe una vía excepcional de solicitud de autorización de los tratamientos de forma individualizada, para pacientes concretos. La solicitud es evaluada por cada autonomía, y en el caso del Sistema Andaluz de Salud, la realiza la “Comisión Offlabel”. Si la comisión emite una resolución positiva para el uso del medicamento aunque no haya financiación, “se permite continuar con la administración de ese tratamiento ya iniciado previamente. En cualquier caso, una vez existe una resolución de no financiación, dicha vía se cierra para nuevos pacientes y ya no es posible cursar nuevas solicitudes”, siempre según la respuesta de dicho hospital compartida por FEDAES.

A 18 de noviembre, y volviendo a repreguntar a la AEMPS si se puede o no solicitar el medicamento por la vía de los “compasivos”  aunque la resolución previa haya sido la de no financiación, AEMPS respondiólo siguiente: “En el caso concreto de la omaveloxolona, es accesible a través de la aplicación de Medicamentos en situaciones espaciales de la AEMPS desde junio de 2024 y desde entonces han accedido 10 pacientes”.

¿El Ministerio está en negociaciones con Biogen para financiar dicho medicamento?

Sí. El 28 de enero de 2026 se llevó a cabo la más reciente reunión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), conformada por varios ministerios y las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, en la que se propuso“una decisión de financiación positiva” de tres nuevos medicamentos, incluido el Skyclarys, según una nota informativa del Ministerio de Sanidad. 

A este respecto, prensa del Ministerio de Sanidad señala a Maldita.es, que la financiación de la omaveloxolona entraría en vigor en el Sistema Nacional de Salud (SNS) “cuando se publique en el Nomenclátor, que suele ser el 1 o el 2 (del mes entrante, en este caso, de marzo)”.

Desde Maldita.es, consultamos a Biogen respecto a los acuerdos a los que se llegó con la CIPM: “Tras haber seguido el procedimiento de precio y reembolso con el Ministerio de Sanidad, Skyclarys (omaveloxolona) ha sido financiado por el Sistema Nacional de Salud e incluido en la financiación pública de España”, respondía el 3 de febrero de 2026. 

En abril de 2025 también se propuso la financiación de este medicamento a la CIPM, pero no se aceptaron las alegaciones y se emitió una resolución para solicitar a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGCYF) la “no inclusión en la prestación farmacéutica” para Skyclarys, teniendo en cuenta “criterios de racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud”.

Esa resolución se hizo efectiva el 1 de junio de 2025 en el BIFIMED, el Buscador de la Información sobre la situación de financiación de los medicamentos y continuará vigente hasta que Skyclarys entre en el Nomenclátor de facturación correspondiente.

A este respecto, el Ministerio de Sanidad señaló que, normalmente, cuando no se otorga la financiación, los laboratorios vuelven a presentar otra solicitud: “Pensamos que en este caso ocurrirá así y que, por lo tanto, volverá a haber otra propuesta para someter a la consideración de la comisión de precios de los medicamentos”. 

Biogen afirmó a Maldita.es que se encontraba “en constantes conversaciones con el Ministerio de Sanidad” de cara a “presentar una nueva propuesta y tratar de conseguir la financiación pública para la comunidad de ataxia de Friedreich lo antes posible”.

El 17 de junio de 2025, la ministra de Sanidad, Mónica García, había dichoen el Senado que “el tratamiento para la ataxia de Friedreich está en estos momentos en un proceso de evaluación” en el que el Consejo Interministerial de Precios de los Medicamentos “no habla de racionalización de los gastos”, sino de algo más complejo como la evaluación de la eficiencia. “Esperemos que ese fármaco sea financiado próximamente”, apuntó en respuesta a una pregunta del Partido Popular (PP) [min. 59:12]. 

¿En qué comunidades autónomas sí se dispensó la omaveloxolona?

Según la petición de transparencia hecha por Maldita.es a la AEMPS desde que se concedió el acceso a este “medicamento en situaciones especiales” el 12 de junio de 2024, se había autorizado a diez pacientes de Galicia, Castilla La Mancha, Madrid, Asturias y Murcia.

Si te encuentras en una situación parecida en alguna comunidad autónoma respecto al acceso a la omaveloxolona, ¡escríbenos a contacto@maldita.es! 

*Actualizado a 30 de enero de 2026 para incluir la resolución positiva de financiación de Skyclarys del 28 de enero. Aquí la versión original de la pieza: https://archive.ph/mBz2l.

Verificación: 

• Ninguna de las sentencias recoge que los discos duros fueran destruidos a martillazos. Sí indican que fueron formateados 35 veces y rayados.

• Según Isabel Elbal, una de las abogadas del caso, los escritos de acusación tampoco mencionaban los martillazos.

• La técnica de borrado usada por el PP garantiza la eliminación de los archivos de los discos duros y es habitual en "entornos de alta seguridad", según los expertos.

• La teoría de los martillazos ha sido difundida desde 2013 por partidos políticos y medios de comunicación.

Ninguna de las sentencias recoge que los discos duros se destruyeran a martillazos 

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el 20 de julio de 2020 la absolución del Partido Popular (PP) por la destrucción de los ordenadores utilizados por el extesorero Luis Bárcenas en su sede de la calle Génova. Tras la absolución, se viralizaron varias publicaciones en las que se criticaba la decisión judicial porque, según ellos, los discos duros habían sido destruidos a martillazos. 

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, no se hace referencia en ningún momento a la destrucción de los discos duros a martillazos y da por buenos los hechos probados en la sentencia del Juzgado de lo Penal nº31 de Madrid de septiembre de 2019, que fue apelada por la acusación. En los hechos probados de esta última sentencia, se aseguraba que el informático del PP José Manuel Moreno sobrescribió los discos duros 35 veces antes de rayarlos hasta su destrucción.

Puedes encontrar el fragmento anterior en la página 5 de la sentencia:

Sentencia AP Sección Séptima ordenadores de Bárcenas (confirmatoria) disociada by Maldita.es on Scribd

A continuación tienes la sentencia completa anonimizada:

Sentencia_discos_duros.pdf by Maldita.es on Scribd

Los escritos de acusación no incluían la teoría de los martillazos según Isabel Elbal, una de las abogadas del caso

La abogada Isabel Elbal, que representó a la Asociación Observatori de Drets Humans como acusación en el caso de los ordenadores de Bárcenas, asegura a Maldita.es que "nadie ha incluido en los escritos de acusación que los discos duros se destruyeran a martillazos". Añade que el responsable de los servicios informáticos del Partido Popular declaró que formateó los discos duros en 35 ocasiones y que "luego los rayó y tiró a la basura".

Como decimos, las sentencias del caso recogen como hecho probado que los discos duros fueron rayados, por lo que esto último sería según Elbal "una verdad jurídica que ya es firme". Sin embargo, Elbal señala que "antes del dictado de la sentencia, se podría decir cualquier cosa porque el informático, acogiéndose a su derecho a mentir como investigado, declaró que lo hizo así". "Podría haberse hecho de cualquier forma porque la destrucción fue absoluta, de ahí que el imaginario se construyó con algo tan gráfico como los martillazos", añade.

De hecho, Isabel Elbal asegura a Maldita.es que aunque desconoce "de dónde procede lo de los martillazos" ella misma mantuvo en su informe oral al finalizar el juicio que "bien pudieron haber sido destruidos a martillazos, pues solo sabemos que fueron destruidos, pero no conocemos el mecanismo".

Esteban Mestre, quien defendió en el juicio al abogado del PP Alberto Durán, asegura a Maldita.es que la afirmación de que los discos duros se rompieron a martillazos "es un bulo" y que "en toda la causa se ha hablado siempre de un procedimiento seguro que suponía la sobreescritura en el disco en un determinado número de veces, de tal forma que su hipotético contenido resultaría inaccesible".

¿Cómo eliminó el PP los archivos y los discos duros de Bárcenas?

Tal y como se señala en las sentencias del caso, los servicios informáticos del Partido Popular sobrescribieron los discos duros de Bárcenas en 35 ocasiones. Es el conocido como método Gutmann, que según los expertos consultados por Maldita.es garantiza que los archivos que estaban en el disco duro sean irrecuperables.

Alfredo Reino, experto en ciberseguridad, afirma que métodos como el de Gutmann se usan "cuando quieres asegurarte de que es imposible recuperar información borrada, por mucho método avanzado de recuperación que se use". Coincide con él Lorenzo Martínez, perito informático forense y director de Securízame: "Lo que te garantiza [el método Gutmann] es que la información es irrecuperable", aunque aclara que "a día de hoy y con los medios actuales" no es necesario hacer la sobrescritura 35 veces ya que bastarían "un par de pasadas".

En respuesta a si este método es habitual, Reino explica que "en algunos entornos de alta seguridad es obligatorio borrar los discos así antes de descartarlos o revenderlos". Por su parte, Martínez señala que también es frecuente optar por la destrucción física de los discos duros: "En muchos casos lo que se suele hacer cuando se trata de la destrucción de discos duros es taladrarlos".

Tal y como se puede comprobar en esta guía del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), es habitual destruir físicamente los discos duros para borrar la información de forma segura.

La teoría de la destrucción a martillazos ha sido difundida por PSOE, Podemos y algunos medios de comunicación de forma continuada desde 2013

Durante años, algunos partidos políticos y medios de comunicación han asegurado que los discos duros de Luis Bárcenas fueron destruidos a martillazos. Por ejemplo, ya en septiembre de 2013 el por aquel entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo referencia a ello en una entrevista en El programa de Ana Rosa de Telecinco [min. 33:40].

Durante los años siguientes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repitió en varias ocasiones esta teoría. Así lo hizo durante el debate sobre el estado de la nación del 24 de febrero de 2015 en el Congreso de los Diputados [a partir del minuto 20:56]. En diciembre de ese mismo año, coincidiendo con la campaña de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, Sánchez volvió a asegurar que los discos duros habían sido destruidos a martillazos. Unos meses después, en julio de 2016, Sánchez hizo referencia una vez más a los martillazos después de que un auto judicial procesara al Partido Popular por la destrucción de los discos duros.

Sin embargo, el auto del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid no recogía en ningún lugar que los discos duros hubieran sido destruidos a martillazos. De hecho, ya en aquel escrito se indicaba que se había procedido a la "sobreescritura de los discos duros, hasta en 35 ocasiones" y a su "posterior ralladura".

Puedes verlo en la página 3 de esta versión anonimizada del auto:

AJI_32_2016.pdf by Maldita.es on Scribd

En declaraciones a Maldita.es, el PSOE asegura que sus líderes hicieron "referencia a la existencia de daños físicos en el disco duro, en el ordenador, que sí están acreditados en el auto", pero, como se puede comprobar, en dicho auto no se habla en ningún momento de martillazos. Los socialistas también nos aseguran que se basaron "en la prensa de aquellos días", poniendo como ejemplo un artículo de El Periódico en el que sí se asegura que fueron destruidos a martillazos pero que fue publicado en septiembre de 2019. Es decir, seis años después de que el partido empezara a hablar de los martillazos.

El PSOE no es la única formación que se ha hecho eco de esa teoría durante los últimos años, ya que la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y diputada de Unidas Podemos, Ione Belarra, también aseguró en una entrevista en el programa Más Vale Tarde de La Sexta que dichos discos duros se destruyeron a martillazos. El partido volvió a hacer esa afirmación en su cuenta oficial de Twitter (ahora X) en septiembre de 2019.

Maldita.es se ha puesto en contacto con Podemos por esta cuestión, pero no han respondido antes de la publicación de este artículo.

Cospedal negó que los discos duros hubieran sido destruidos a martillazos

La que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, negó en reiteradas ocasiones que los discos duros hubieran sido destruidos a martillazos durante su comparecencia el 29 de mayo de 2018 en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados relativa a la presunta financiación del Partido Popular. Esto se puede comprobar en el diario de sesiones.

Por ejemplo, durante un intercambio con el diputado de Unidas Podemos, Txema Guijarro, aseguró que lo de los martillazos "lo dijo en una ocasión un político, creo que del Partido Socialista, y, por lo visto, ha tenido mucho éxito, pero es absolutamente falso". Puedes leerlo en la página 16 del diario de sesiones.

Maldita.es también se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con el Partido Popular para contar con su versión, pero no han respondido al cierre de esta información.

¿De dónde sale la teoría de los martillazos?

Es complicado hallar el origen de una teoría tan difundida a lo largo de los años, pero las primeras referencias que hemos encontrado a través de varias búsquedas avanzadas en Google, X y Facebook son de finales de agosto de 2013, cuando unos pocos usuarios sugirieron que los discos duros habían sido destruidos a martillazos.

Sin embargo, dicha teoría empezó a ser ampliamente difundida en septiembre de ese mismo año después de que el líder del PSOE de por aquel entonces, Alfredo Pérez Rubalcaba, hiciera referencia a los martillazos en una entrevista concedida a Telecinco.

En todo caso, en ninguna de las sentencias del caso se señala que los discos duros hubieran sido destruidos a martillazos, tal y como se ha asegurado durante años. Lo que sí consideran como hechos probados es que los mismos fueron sobrescritos en 35 ocasiones antes de ser rayados.

Maldita.es se ha puesto también en contacto con el resto de abogados que participaron en el caso tanto en la acusación como en la defensa. Si alguno de ellos responde, actualizaremos este artículo para que conste su versión.

Primera fecha de publicación de este artículo: 24/07/2020.

A 13/02/2025 se ha actualizado este artículo para añadir claves, cambiar la estructura de la entradilla y añadir los contenidos que circulan en febrero de 2025.

En 1985, se firmó la orden que desarrolla este acuerdo sobre Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos, que entró en vigor en 1986. En el artículo 6 de esta orden se establece que "corresponderá al Estado, a través de la correspondiente dotación presupuestaria, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica. El Estado transferirá las cantidades precisas a la Administración sanitaria competente".

Ya en el Anexo III se puntualiza lo siguiente respecto a la financiación: "No obstante lo dispuesto en el artículo 6.º, la obligación financiera relativa al servicio de asistencia religiosa católica seguirá correspondiendo a las Entidades que sean actualmente titulares de los centros hospitalarios públicos. En los centros hospitalarios que sean creados en el futuro por las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y Fundaciones Públicas, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica corresponderá a las Entidades fundadoras".

Carles Mulet, exportavoz de Compromís en el Senado, presentó dos preguntas al Gobierno sobre la asistencia católica en los centros sanitarios españoles en 2020

El contenido circula desde 2020. El 8 de enero de ese año, el entonces portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet presentó dos preguntas escritas al Gobierno sobre la asistencia católica en los centros sanitarios españoles. En una de ellas, el senador preguntaba qué cantidad se ha destinado a la asistencia religiosa desde 1986. En la otra, qué medidas iba a adoptar el Gobierno para derogar el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos y para derogar el acuerdo sobre la asistencia religiosa católica en hospitales, vigente desde la orden de 1985, "por atentar contra la aconfesionalidad del Estado".

En su respuesta, el Gobierno afirmaba que "un servicio de asistencia religiosa en los centros sanitarios públicos no supone un obstáculo para un Estado aconfesional" y que son las Comunidades Autónomas las encargadas de organizar este servicio:

"Ahora bien, al residir en las Comunidades Autónomas las competencias referidas a la organización y gestión de las asistencia sanitaria en su territorio, a ellas corresponde, por tanto, la organización de sus servicios de salud y el establecimiento de convenios que estimen oportunos para garantizar las asistencia religiosa católica en los centros sanitarios integrados en la red sanitaria pública que les competen."

Después de que ABC publicara que “Compromís pide la expulsión de los curas católicos de la sanidad pública y los equipara a las sectas”, la formación política remitió una nota a ABC diciendo que “en ningún momento se pide expulsar a nadie de los centros sanitarios, son preguntas para que se explique el coste de dinero público de esta asistencia, y para que se expliquen medidas futuras acorde a la aconfesionalidad del Estado”.

El Gobierno no puede derogar con una ley ordinaria los acuerdos con la Santa Sede, por los que se presta asistencia católica en hospitales

El 31 de mayo de 2020, Mulet reiteró su pregunta sobre derogar el acuerdo de entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 1979. El Gobierno respondió el 13 de julio y explicó que "los Acuerdos entre el Reino de España y la Santa Sede no son una ley estatal que se pueda modificar siguiendo los trámites legislativos ordinarios".

Según el Gobierno, "al tratarse de convenios de naturaleza internacional, están sometidos a lo dispuesto en los artículos 94 y 96 de la Constitución". Según el artículo 96, las disposiciones de los convenios internacionales "sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional".

En su respuesta, el Gobierno insiste en que "no basta con una simple derogación" y que "la modificación de los Acuerdos con la Iglesia Católica tiene un carácter bilateral". Además, manifiesta que "la voluntad de avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, en los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, permanece y el compromiso asumido por el Gobierno en este sentido es firme".

El Gobierno ha abierto "un espacio de diálogo" para "actualizar el marco de sus relaciones" con la Iglesia

El 21 de julio de 2020, Mulet volvió a insistir: "¿Ya pueden ambas partes ponerse de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera convenidos en unos Acuerdos con la Santa Sede considerados por los expertos como preconstitucionales, ¿por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado?".

El Gobierno respondió el 10 de septiembre y aseguró que "los propios Acuerdos prevén mecanismos de interpretación y modificación que requieren de la intervención de ambas partes". En este sentido, en el documento destacan la reunión que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tuvo con el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, el 24 de junio de 2020.

En esa reunión, según la respuesta del Gobierno, se acordó establecer una agenda de trabajo para "avanzar en un modelo que permita la colaboración y la resolución de las posibles discrepancias que pudieran plantearse". Según el documento, "asuntos como la fiscalidad de la iglesia, la protección a la infancia, las inmatriculaciones o la reforma del marco normativo de la Educación, figuran entre las cuestiones que serán abordadas". Según apunta el Gobierno, se ha abierto "un espacio de diálogo con la Iglesia Católica" que permite "actualizar el marco de sus relaciones".

Desde Maldita.es consultamos en 2020 a la Vicepresidencia Primera del Gobierno si entre las cuestiones que se iban a abordar estaba la posible supresión de la asistencia católica en los hospitales, pero no recibimos respuesta.

*Hemos actualizado este artículo el 27/02/2026, cuando ha vuelto a circular, de acuerdo con nuestra nueva metodología y para añadir la respuesta de Obispos del Sur de España.

Verificación: Es un bulo. El contenido utiliza la plantilla con la que El Confidencial publicó en 2021 una serie de audios filtrados de Florentino Pérez, pero la han alterado para colocar una cita que el medio nunca publicó. También han cambiado la foto de Cristiano Ronaldo por una de aficionados del Real Madrid y han añadido el rótulo “Real Madrid Club de árbitros”. 

Es una imagen alterada: han utilizado una captura de las publicaciones de El Confidencial y la han modificado

En julio de 2021, El Confidencial publicó una serie de audios filtrados en los que se escucha a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Club de Fútbol, criticando a jugadores, entrenadores y agentes que estaban en ese momento, o que habían estado en el club. Para publicarlos en redes sociales, utilizan una plantilla en la que se ve una fotografía de Pérez a la izquierda, una imagen de la persona de la que habla en el audio a la derecha, y las palabras del presidente madridista en el centro.

En el contenido que se difunde han utilizado una de esas plantillas, pero la han alterado para difundir una cita que supuestamente dijo Florentino Pérez. Sin embargo, El Confidencial no ha publicado esas supuestas declaraciones. Tampoco hay registro o pruebas de que se haya pronunciado así públicamente. 

En el contenido original, Florentino Pérez habla de Cristiano Ronaldo

El contenido que circula mantiene el título del original: “Florentino, en bruto: Cristiano Ronaldo”. 

Los audios filtrados de Florentino Pérez fueron publicados originalmente en varias entregas, divididos según la persona de quien está hablando. En este caso, la plantilla tomada para difundir la cita falsa es del presidente del Real Madrid hablando del futbolista portugués, Cristiano Ronaldo.

Así, la imagen de una captura de El Confidencial con una supuesta afirmación de Florentino Pérez sobre que “Los aficionados del real Madrid son unos subnormales” (sic) es un bulo. Los contenidos que lo difunden utilizan una plantilla de dicho medio, pero en ningún momento ha hecho El Confidencial tal publicación. Tampoco hay registro ni constancia de que el presidente madridista haya dicho esas palabras públicamente. 

El Ministerio de Transportes modificó su estructura en julio de 2025 y “suprimió”, en palabras textuales del BOE, la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis. Este organismo se sustituyó por un observatorio, del que no hay información pública sobre sus reuniones, funciones o composición a fecha de publicación de este artículo.

Los contenidos que han circulado a raíz del accidente ferroviario de Adamuz afirman que la Unidad de Emergencias “no actuaba sólo cuando ocurría un accidente, su principal valor estaba en el trabajo previo”, mientras que el actual observatorio “no ha tenido ningún papel en la prevención de accidentes”. El ministro Óscar Puente los ha calificado de “bulo” y ha afirmado que las mismas cuatro personas que formaban la unidad, que hoy forman parte del observatorio, “no tienen ninguna competencia en materia de prevención y seguridad ferroviaria”.

Pero su propio nombre lo contradice: “Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes e incidentes en los modos de transporte”. También el real decreto que lo constituye cuando cita la “realización de estudios preventivos” entre sus funciones. Aunque el puesto de subdirector general, figura encargada de estos estudios según la convocatoria de Transportes, no estaba ocupado cuando ocurrió el accidente de Adamuz (18 de enero de 2026). Desde la creación del Observatorio en julio de 2025, este puesto estuvo vacante seis meses, porque no se nombró hasta el 6 de febrero. Su publicación en el BOE fue el 12 de abril, por lo que, como pronto, tomó posesión del cargo al día siguiente.

¿Se suprimió la Unidad de Emergencias?

Sí, en julio de 2025 se “suprimió” la Unidad de Emergencias, pero supuestamente “asumió sus competencias” un “observatorio” (Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes e incidentes en los modos de transporte), según el Real Decreto 690/2025, de 29 de julio que modificaba la estructura orgánica del Ministerio de Transportes.

Tras el accidente de Adamuz, se ha viralizado esta decisión del departamento de Óscar Puente. El ministro ha defendido en Twitter (ahora X) que se trata de una “transformación” y dijo durante su comparecencia en el Senado el 29 de enero que “la Unidad se subsumió en el Observatorio”. Su gabinete también trasladó al programa de Cuatro ‘Todo es mentira’ [min.  2:10] que “no se suprimió”, aunque no habló sólo de un “cambio de nombre”, como indicó Puente en la Cámara Alta, sino de que “se modificaron las funciones”.

¿El Observatorio tiene las mismas competencias que la Unidad?

Según Óscar Puente, sí. Según su gabinete, ahora “asume además nuevas funciones en materia de atención a víctimas y coordinación con autoridad de investigación”. Según los reales decretos que regulan cada una, mantienen funciones parecidas, pero el del actual Observatorio cita explícitamente: “Impulso y coordinación de la realización de estudios preventivos de mitigación de riesgos y adaptación de las infraestructuras y los servicios de transporte frente a eventuales situaciones de emergencias y crisis”.

El Español publicó que el Ministerio “le retiró competencias clave en coordinación de seguridad con Adif y Renfe pocos meses antes de que se suprimiera la Unidad”, según “archivos en poder de la UCO” de los que adjunta algunas capturas de mails y cartas. Maldita.es ha preguntado al Ministerio de Transportes si hubo este cambio de competencias que se afirma en los contenidos, ya que no hay rastro en el BOE sobre ello, sin respuesta a 10 de abril de 2026.

¿El Observatorio tiene competencias en prevención?

El Observatorio, según su propio nombre, tiene competencias en “coordinación y prevención”. Asimismo, el real decreto incluye “estudios preventivos” y “aprobación de los protocolos para situaciones de emergencias” como algunas de sus funciones.

Óscar Puente dijo en el Senado que “no tiene competencia ninguna en materia de prevención y seguridad ferroviaria”. Maldita.es ha preguntado al Ministerio de Transportes por esta contradicción y por las funciones de “prevención de crisis” referidas en el propio nombre del Observatorio, sin respuesta a 10 de abril de 2026. Por otro lado, su gabinete dijo a ‘Todo es mentira’ [min. 3:54] que “es un órgano consultor”, por lo que también le hemos preguntado quién le consulta qué y si sus decisiones son vinculantes.

Vozpópuli publicó que el actual Observatorio “no ha tenido ningún papel” en prevención de accidentes, mientras que la anterior Unidad realizaba un “mapeo periódico de los puntos críticos de la red y de los puntos negros (donde se producía un mayor número de arrollamientos) a partir de los datos que, prácticamente en tiempo real, suministraban desde Adif y Renfe”, según “fuentes sindicales” que no identifica. Por su parte, Puente dijo en el Senado que “no tiene ninguna competencia en materia de prevención y seguridad ferroviaria”, pero se contradijo al afirmar: “Nos pasan un parte diario de incidencias, siguen pasándoselo desde su existencia”.

Por su parte, El Español afirmó que la Unidad “era clave para la seguridad ferroviaria”, según “informes en poder de la UCO”, porque “analizaba incidencias, detectaba patrones de riesgo y elaboraba mapas de puntos críticos para prevenir siniestros”, “mantenía reuniones periódicas con responsables de seguridad de Adif para analizar averías, incidencias, problemas de agujas, arrollamientos y alteraciones de la circulación” y “elaboraba informes que elevaba al secretario de Estado para anticipar riesgos y activar medidas antes de que se produjese un accidente grave”.

Maldita.es ha preguntado al Ministerio de Transportes si la Unidad de Emergencias realizaba las funciones que se afirman en estos contenidos y si el Observatorio ha dejado de hacerlas, ya que no hay documentos públicos que nos permitan verificarlo de manera independiente y los informes de la UCO no son públicos. También hemos pedido documentos, actas de reunión e informes a través del Portal de Transparencia para comprobarlo, información que nos denegaron el 10 de marzo y por la que hemos interpuesto una reclamación ante el Consejo de Transparencia.

¿Qué funciones ha tenido en el accidente de Adamuz?

No se conocen las funciones del Observatorio en el accidente de Adamuz porque no existe información pública al respecto. Según ha indicado el Ministerio de Transportes a Maldita.es a través de transparencia, el observatorio se encargó de la “recogida de datos por vía telefónica (...) sobre víctimas y afectados y la respuesta de asistencia” y ejerció como “punto focal para canalizar las consultas (...) en relación con la tramitación de solicitudes de ayuda”, sin facilitar la documentación sobre los informes diarios de seguimiento del accidente que le requerimos. 

¿De quién depende el Observatorio?

Sólo sabemos, según el real decreto que lo constituye, que depende del titular de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible y que tiene “rango de subdirección general”, al igual que la anterior Unidad.

En el apartado web de esta secretaría, sólo se menciona el Observatorio, pero no se ofrece más información sobre sus funciones, reuniones o composición. Tampoco consta en el listado de observatorios de Transportes ni en el propio buscador de la web del Ministerio a 10 de abril de 2026. Maldita.es ha solicitado esta información al Ministerio de Transportes, sin respuesta.

Además, el Observatorio tampoco aparece en el organigrama de Transportes, porque el que está publicado en la web del Ministerio a 10 de abril de 2026 es anterior a la reforma de su estructura. Por tanto, podemos saber dónde se situaba la anterior Unidad, pero no el nuevo Observatorio. Maldita.es también sigue esperando respuesta del Ministerio sobre esta cuestión. 

¿En el Observatorio trabajan menos personas que en la Unidad?

Sí, hay un puesto menos creado. Además, antes del accidente de Adamuz, en el observatorio trabajaban dos personas menos que en la anterior unidad y, desde febrero de 2026, una menos. En junio de 2025, aparecen seis plazas de funcionarios ocupadas en la Unidad de Emergencias y otras cuatro plazas aparecen como “vacantes”, un total de diez. En septiembre de 2025, aparecen también dos puestos de personal laboral administrativo en esta unidad, una ocupada y otra como “vacante”. Si atendemos a esta información, trabajaban siete personas en la Unidad antes de la reforma.

En enero de 2026, de las nueve plazas de funcionarios disponibles en el observatorio, cuatro estaban ocupadas, mientras que de los dos puestos de personal laboral administrativo, estaba ocupado uno de ellos, conformando el Observatorio un total de cinco personas; ni “cuatro” ni “las mismas”, como dijo Óscar Puente en Twitter, ni “un historiador, un psicólogo y dos auxiliares administrativos”, como dijo en el Senado.

Tampoco la conformarían “los mismos desde hace muchos años”, como dijo en otro tuit. Las adjudicaciones de los puestos que conocemos son de 2024, 2017 y 2014 . Hemos pedido el resto de adjudicaciones a Transportes tanto al gabinete de prensa como a través del Portal de Transparencia, sin respuesta a 12 de febrero de 2026. Tras el accidente de Adamuz, se nombró al subdirector general el 6 de febrero, por lo que pasarían a conformar el observatorio 6 personas.

¿Quién componía el Observatorio cuando se produjo el accidente de Adamuz?

Según el ministerio, un jefe de área (“adjudicado mediante una redistribución”, del que el ministerio no ha detallado más información), un jefe de servicio (con estas funciones), jefe de negociado (para el que Transportes nos entrega un documento en el que no aparecen sus funciones), programador de primera (con estas funciones) y un administrativo del que no nos facilita adjudicación (quien puede realizar estas funciones). Maldita.es ha preguntado al departamento qué funciones corresponderían a los otros puestos que no tienen trabajador, pero no tenemos respuesta.

Por su parte, Vozpópuli publicó que “la Oficina de Atención a las Víctimas de Accidentes (OAV) integrada en ese Observatorio cuenta con un solo funcionario”, según fuentes que no identifica. Maldita.es ha preguntado a Transportes por las oficinas que componen el Observatorio y los trabajadores de cada una de ellas, sin respuesta a 10 de abril de 2026.

¿Quién dirigía el Observatorio el 18 de enero?

Cuando ocurrió el accidente de Adamuz, nadie. No se nombró al subdirector general hasta febrero de 2026 y Maldita.es también ha preguntado al Ministerio por qué está vacante el puesto que se encarga de los estudios de prevención y quién y cómo dirige el Observatorio si no. El puesto de subdirector general se ha de encargar, entre otras cosas, de esos “estudios preventivos” de los que habla el real decreto, según la convocatoria de Transportes de noviembre de 2025 para este puesto. Pero estaba vacante.

En su creación en 2012, este puesto lo ocupó Ignacio Alcázar, teniente coronel de la Guardia Civil. A partir de 2020 lo ocupó Rubén Eladio López, inspector de la Policía Nacional, hasta su cese el 30 de julio de 2025 con la supresión de la anterior unidad, indica Transportes a Maldita.es por Transparencia. Este puesto estuvo vacante más de seis meses vacante, hasta que Miguel Álvaro Antolín, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (o equivalente habilitante, según el BOE) ocupó el cargo del actual observatorio en febrero de 2026.

¿El Observatorio ya no reporta diariamente las incidencias ferroviarias?

Según dijo Óscar Puente en la comparecencia en el Senado, el Observatorio “sigue pasando un parte diario de incidencias desde su existencia”. Así lo afirmó también en un tuit en el adjuntó capturas de un informe del 27 de enero. Maldita.es ha pedido al Ministerio los informes completos desde su creación y nos los ha denegado, por lo que hemos interpuesto una reclamación ante el Consejo de Transparencia, para el que el organismo tiene tres meses para resolver.

Maldita.es ha recopilado en este artículo lo que se sabe (y lo que no) sobre estos organismos y las contradicciones entre las declaraciones de Óscar Puente y la información disponible sobre el Observatorio. También ha enviado consultas a Transportes y solicitado documentación a través del Portal de Transparencia, con respuestas parciales a 10 de abril de 2026 e interponiendo reclamación ante el Consejo de Transparencia.

Qué preguntas ha trasladado Maldita.es al Ministerio de Transportes sobre la Unidad de Emergencias y el Observatorio 

• ¿En qué consisten las funciones de “prevención de crisis” del Observatorio?

• ¿Las decisiones del Observatorio son vinculantes?

• ¿Quién y qué consulta información al Observatorio?

• ¿La anterior Unidad de Emergencias analizaba incidencias, detectaba patrones de riesgo, elaboraba mapas de puntos críticos para prevenir riesgos, mantenía reuniones periódicas con Adif y elaboraba informes para elevarlos al secretario de Estado, como afirman los contenidos?

• ¿Se encarga el Observatorio actual de la “seguridad preventiva”?

• ¿Con qué periodicidad se envían los reportes y a quién?

• ¿Se le retiró competencias en la coordinación de seguridad con Adif y Renfe a la Unidad unos meses antes de que se suprimiera?

• ¿Qué funciones ha tenido el Observatorio en el accidente de Adamuz? ¿Qué funciones tuvo antes en ese tramo de la vía?

• ¿Qué realiza cada una de las personas que trabajan en el Observatorio?

• ¿Por qué hay cinco vacantes en este Observatorio y qué funciones tendrían?

• ¿Quién dirige este Observatorio y qué hace?

• ¿Por qué está vacante el puesto de subdirector general, si es la persona que ha de saber sobre “estudios preventivos de mitigación de riesgos y adaptación de las infraestructuras y los servicios de transporte”?

• ¿Este puesto ha estado siempre ocupado? ¿Y las dos únicas personas encargadas han sido Rubén Eladio López Martínez e Ignacio Alcázar? 

• Dentro del organigrama del Ministerio de Transportes, ¿dónde se incluye el Observatorio específicamente?

_{* Este artículo se ha actualizado el 10/04/2026 para incluir las respuestas parciales del Ministerio de Transportes a través de Transparencia.}

Maldita.es · No se están hackeando cuentas con "imágenes pre-elaboradas" de "buenos días"

Este tipo de cadenas con afirmaciones falsas son habituales. En junio de 2024 cuando Meta anunció sus planes de usar los datos de los usuarios en Europa para entrenar su IA (que después paralizó y reactivó en mayo de 2025), también circularon mensajes similares supuestamente para evitar que nuestros datos y publicaciones se usaran con estos fines.

El mismo texto de “Adiós Meta AI” circuló en inglés durante septiembre del mismo año y fue compartido por deportistas y celebridades. En este contexto, un portavoz de Meta comunicó a la BBC que “compartir esta historia no cuenta como una forma válida de objeción”. 

En relación a Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de la compañía que se menciona al comienzo de la cadena de texto, sólo se puede evitar que se usen nuestros contenidos en las redes sociales de Meta e interacciones con el chatbot para entrenar la IA de la empresa a través de los formularios oficiales (este para Instagram y este para Facebook).

Estas cadenas de texto no tienen ninguna validez legal y no pueden modificar las condiciones que ya aceptamos al crear nuestras cuentas

Cuando nos creamos una cuenta en Instagram o Facebook, aceptamos sus condiciones de uso y políticas de privacidad. Publicar un texto de este tipo no tiene efectos sobre el acuerdo que ya hemos establecido con Meta. 

"La relación con Facebook es contractual mediante la adhesión a sus condiciones generales de contratación. Este tipo de contratos 'adhesivos' no permiten ser negociados por el usuario. Poner una declaración de ese tipo no tiene ningún valor legal ni en Europa ni en España", explicó a Maldita.es en relación a otra cadena de texto la abogada experta en derecho de tecnologías de la información Paloma Llaneza.

Meta no es una entidad pública y tampoco hay registros de que tenga planes de convertirse en una

En la cadena de texto viral se asegura que “Meta es ahora una entidad pública”. Esto no es correcto: Meta es una entidad privada controlada por Mark Zuckerberg. Es una empresa que cotiza en la Bolsa de valores desde 2012 y se pueden comprar y vender sus acciones, pero no pertenece ni hay noticias de que vaya a pertenecer a ningún gobierno. 

Tampoco hay registros en su página web, redes sociales ni en fuentes de información fiables de que la compañía tenga intenciones de ser una entidad pública para realizar funciones del estado o gestionar servicios públicos. 

TRANSPARENCIA: Maldita.es participa desde 2019 en el programa de verificación de datos externo de Meta.

*Este artículo se ha actualizado el 14/08/2025 para añadir que hasta esta fecha continúa siendo un bulo.

Versiones de esta cadena en relación a Facebook circulan por lo menos desde el 2012, cuando fue desmentida por el verificador Snopes. En Maldita.es la desmentimos por primera vez el 2020. En ese entonces, desde Facebook España nos aseguraron que se trataba “de un meme" y que “cualquiera que use Facebook posee y controla el contenido y la información que publica, como se establece en nuestras condiciones”. En ese sentido, aseguraron que los usuarios “controlan cómo se comparte ese contenido e información. Esa es nuestra política y siempre lo ha sido”.

En octubre de 2021, la empresa de Facebook cambió su nombre a Meta y bajo este nombre agrupó el conglomerado de empresas del que forman parte esta red social y otras como Instagram. También la aplicación de mensajería WhatsApp, que tiene sus propias condiciones y políticas independientes. 

Las Condiciones del servicio actuales de Meta precisan que el contenido que creamos y compartimos en Facebook y en los demás Productos de las empresas de Meta es de nuestra propiedad: “Ninguna disposición incluida en estas Condiciones anula los derechos que tienes sobre tu propio contenido. Por lo tanto, puedes compartir libremente tu contenido con quien quieras y donde desees”, indica. En ese sentido, los usuarios pueden configurar sus perfiles para que sus publicaciones sean públicas o sólo puedan verlas sus amigos, amigos concretos o solo ellos mismos. 

En la cadena también se asegura que “todo lo que has publicado se podrá publicar a partir de hoy, incluso mensajes eliminados”. Pero en las Condiciones del servicio se explica que cuando eliminamos un contenido, este “deja de estar visible para el resto de usuarios mientras se lleva a cabo el proceso de eliminación” definitivo de los sistemas. 

Las Condiciones de WhatsApp tampoco incluyen esta supuesta “nueva norma”, y los mensajes en la app están cifrados de extremo a extremo 

En el caso de WhatsApp, la cadena circula por lo menos desde el 2021. En las Condiciones de Servicio no figura que WhatsApp pueda utilizar nuestras fotos o el contenido que subimos para otro fin que no sea garantizar el servicio de mensajería. 

"Viene a decir que todo lo que generas en el servicio (mensajes, fotos, audios y demás) es tuyo pero se lo prestas a ellos para que puedan moverlo de aquí para allá, pero siempre vinculado al servicio objeto de WhatsApp: la mensajería", nos explica Jorge Morell, abogado especializado en derecho tecnológico y en el análisis de los Términos y Condiciones de las plataformas. "Esa licencia que les damos es mundial, gratuita ya que no nos pagan por ello, no exclusiva ya que esas cosas puedes ponerlas en otros sitios, y sublicenciable y transferible para facilitar que terceros accedan a ello

Legalmente hablando, según explica Morell, esa licencia es la que permite que el mensaje que mandas a tu madre a través de WhatsApp se le muestre a ella en su aplicación, ya que técnicamente WhatsApp no podría "cederlos" a un tercero (en este caso, tu madre) sin tu permiso.

Además desde 2016, WhatsApp tiene incorporado el cifrado de extremo a extremo en la plataforma, que significa que no puede acceder a los mensajes ni leerlos mientras el mensaje está transmitiéndose de un móvil a otro a través de los servidores de la compañía. Una vez llegan al destinatario, el mensaje se guarda en el dispositivo. También las llamadas que hacemos a través de la aplicación y el contenido multimedia que enviamos está cifrado con la misma técnica, por lo que la empresa no puede escuchar lo que decimos o los audios que grabamos ni ver las fotos que enviamos.

En la Política de Privacidad se especifica que los mensajes no son accesibles para WhatsApp ni otras compañías, a menos que el propio usuario decida compartirlos o hacerlos públicos. Los únicos mensajes que se guardan en los servidores de la compañía son aquellos que no se pueden enviar inmediatamente (por ejemplo, por falta de cobertura). Estos se guardan encriptados durante 30 días, por lo que no son legibles.

La cadena también dice que se harán públicos mensajes "eliminados". Esto tampoco es posible, ya que los mensajes se guardan cifrados en el propio dispositivo, según WhatsApp. Una vez los borramos, ya no se almacenan, a menos que hayamos hecho una copia de seguridad previa. Por ejemplo, en Google Drive.

Reenviar una cadena o "publicar" un mensaje en una plataforma no da autorización para nada

Además de que no hay rastro de estas nuevas normas en las condiciones de Facebook y WhatsApp, el hecho de compartir este texto tampoco impediría que se te aplicasen los cambios en una política de privacidad.

"La relación con Facebook es contractual mediante la adhesión a sus condiciones generales de contratación. Este tipo de contratos 'adhesivos' no permiten ser negociados por el usuario. Poner una declaración de ese tipo no tienen ningún valor legal ni en Europa ni en España", ha explicado a Maldita.es la abogada experta en derecho de tecnologías de la información Paloma Llaneza.

*Este artículo ha sido actualizado el 08/04/2026 para incluir la versión de esta cadena que circula sobre Facebook. 

TRANSPARENCIA: Maldita.es participa desde 2019 en el programa de verificación de datos externo de Meta.

La cadena circula sin ninguna prueba y el INCIBE asegura que este tipo de mensajes suelen ser un bulo

El mensaje que está circulando afirma que el hackeo “no se puede detener de ninguna manera” y que en la televisión habrían advertido sobre estas supuestas fotos que se comparten por WhatsApp. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna referencia en medios de comunicación, fuentes oficiales u organismos de ciberseguridad sobre el supuesto archivo malicioso que te hackea en tan sólo unos segundos. La cadena te invita a compartir la alerta con tus familiares y amigos, pero no aporta ninguna prueba de su veracidad. Además, desde el INCIBE aseguraron a Maldita.es que este tipo de mensajes “suele ser un bulo”.

Otro bulo más sobre un supuesto hackeo en el móvil

Desde Maldita.es hemos desmentido varias cadenas de WhatsApp que advierten de un supuesto archivo malicioso que puede piratear tu teléfono en tan sólo 10 segundos. Todas estas cadenas siguen la misma estructura y lo único que cambia es el nombre del supuesto archivo. Por ejemplo, a principios de 2024 ya desmentimos que unas fotos de los terremotos de Japón y Marruecos puedan hackear tu móvil. Si comparamos esa cadena con la que circula ahora, podemos comprobar que la estructura y algunas frases son prácticamente iguales:

En 2023, también aclaramos que unas fotos del terremoto de El Calvario de Colombia no podían piratear tu móvil. En 2020, también desmentimos el hackeo con unas supuestas fotos del volcán Chillán de Chile. Y en 2018, desmentimos que unas fotos del pico de Orizaba (en México) pudieran infectarte el móvil en cuestión de segundos. Es un bulo que lleva moviéndose años y que ha sido desmentido varias veces por las fuerzas de seguridad. 

Durante la pandemia de COVID-19, también se difundieron este tipo de cadenas por WhatsApp con nombres que hacían referencia a distintos países, como “México lo hizo”, "India lo está haciendo" o "Argentina lo está logrando". Pero ni el INCIBE ni las autoridades consultadas entonces tenían constancia de estos supuestos archivos maliciosos. 

Asimismo, este tipo de mensajes también llegan y circulan por otros países. Por ejemplo, Chequeado, medio de fact-checking de Argentina que forma parte de la International Fact-Checking Network (IFCN),desmintió que al descargarte unas fotos del terremoto de Cariaco de Venezuela te hackean el teléfono en 10 segundos.

Las situaciones de emergencia son una situación propicia para la aparición de bulos. Así, en Maldita.es seguimos desmintiendo bulos y desinformaciones relacionadas con la DANA y varias teorías de la conspiración desde el pasado martes 29 de octubre. Es fundamental fiarse sólo de fuentes oficiales y, ante la duda, es preferible no compartirlo. Aquí puedes consultar herramientas y fuentes para informarte sobre la DANA que está recorriendo España.

¿Los productos marroquíes no tendrán que pasar controles adicionales? El Ministerio español lo niega y es una competencia exclusiva de la UE

Varios contenidos dicen que los productos marroquíes “no tendrán que pasar inspecciones adicionales al entrar en España”. Uno de los más compartidos dice, citando a “una fuente anónima”, que la Oficina Nacional de Seguridad Alimentaria de Marruecos (ONSSA, siglas en francés) emitirá certificados y pruebas aprobadas por las autoridades españolas “sin necesidad de realizar más pruebas”. Todo ello en base a un supuesto acuerdo entre Marruecos y España.

En respuesta a Maldita.es, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (el responsable del control en frontera de la seguridad alimentaria) negó que exista tal acuerdo e indicó que “todos los productos alimentarios que entran en la UE procedentes de terceros países están sometidos a control fronterizo, de acuerdo a reglamentos que establece la Unión”. 

En esta respuesta a Maldita.es, el Ministerio no aclaró a qué hacía referencia este “control fronterizo”. Sin embargo, en respuesta parlamentaria al grupo Vox, el Gobierno indicó qué controles hace a los productos agroalimentarios destinados al consumo humano procedentes de Marruecos: control documental, control de identidad siguiendo “unas frecuencias determinadas” para asegurar que los datos de los documentos concuerdan con los productos, y un control físico, que puede ir desde una inspección visual hasta la toma de muestras para análisis.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) señalaron a Maldita.es que se pusieron en contacto con el Ministerio de Agricultura de España, quien también les negó que se fuesen a eliminar controles en fronteras. “Desde el Ministerio nos indicaron que esto no se correspondía con ningún cambio con la normativa relacionada”, explica COAG.

Además, la Comisión Europea indicó a Maldita.es que cualquier producto vendido en la UE, tanto nacional como importado, “debe cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias de la UE, incluidos los productos marroquíes”.

Por último, es importante destacar que la política comercial y aduanera es exclusiva de la Unión Europea, según recoge el Tratado de Lisboa. Por ello, España no puede cambiar la regulación de las importaciones de productos agrícolas marroquíes, según explica Esther López Barrero, doctora en Derecho Internacional, profesora titular de la UE en la Universidad a Distancia en Madrid y maldita que nos ha prestado sus superpoderes.

Los productos alimentarios importados, como los de Marruecos, deben cumplir las normas de la UE

La legislación europea exige que los alimentos y piensos que se importen a la Unión Europea “deberán cumplir los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria o condiciones que se reconozca al menos como equivalentes”. La legislación sobre estos requisitos es amplia (aquí puedes ver un resumen) y se va actualizando con la ciencia del momento, pero en líneas generales el requisito fundamental es que no se podrán comercializar alimentos que no sean seguros, ya sean nocivos o no aptos para el consumo humano.

En el caso de que exista un acuerdo entre la UE y el país en materia de seguridad alimentaria, deben cumplirse “los requisitos de dicho acuerdo”. Entre la UE y Marruecos existen varios acuerdos de libre comercio que incluyen a productos agrícolas y pesqueros, según informa una página de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea, pero estos textos no cambian las normas de legislación alimentaria entre la UE y Marruecos.

Así, la UE realiza y publica auditorías periódicas en Marruecos para comprobar que se cumple la legislación europea de seguridad alimentaria. En esta página se pueden buscar las auditorías por cada país (incluyendo Marruecos) y aquí enlazamos la más reciente (septiembre de 2025). Los productos importados desde Marruecos también están sujetos al sistema europeo de alertas alimentarias. En este artículo de Maldita.es hay más información sobre este sistema de vigilancia europeo.

El prefijo del código de barras no indica el origen del producto

Vinculado con lo anterior, unos contenidos dicen que aquellos productos con código de barras que comienza por 61 o por 611 significa que son “hechos en Marruecos” y por tanto “no tendrán que pasar controles sanitarios en el estado español”. Esto no es correcto, el código de barras no indica el país de origen del producto, como explica la empresa GS1, que regula varios estándares de códigos de barras muy utilizados mundialmente.

Esos tres primeros dígitos (611) indican que la empresa está adherida a GS1 Marruecos. Las empresas adheridas a GS1 Marruecos (que deben pagar una tasa) pueden emplear códigos de barras con prefijo 611. En el caso de las empresas adheridas a GS1 Spain, como explicamos en Maldita.es, el prefijo comienza por 84 (desde 840 al 849).

Sin embargo, como aclara GS1, estos prefijos no indican el país de origen del producto, ya que estas compañías adheridas a GS1 de cada país pueden comercializar sus productos en todo el mundo. Por ejemplo, una empresa adherida a GS1 Spain que comercializa judías procedentes de Marruecos tiene código de barras que comienza por 84.

A su vez, estar adherido al GS1 de un país determinado tampoco indica que la empresa sea de ese país. “Las empresas, de cualquier país del mundo, pueden solicitar su código de barras a la organización GS1 que más le convenga, con indiferencia de donde opere”, explica a Maldita.es la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC).

En este artículo ha colaborado con sus superpoderes la maldita Esther López Barrero, doctora en Derecho Internacional, profesora titular de la Unión Europea en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

Esther López Barrero forma parte de Superpoderosas, un proyecto de Maldita.es que busca aumentar la presencia de científicas y expertas en el discurso público a través de la colaboración en la lucha contra la desinformación.

Gracias a vuestros superpoderes, conocimientos y experiencia podemos luchar más y mejor contra la mentira. La comunidad de Maldita.es sois imprescindibles para parar la desinformación. Ayúdanos en esta batalla: mándanos los bulos que te lleguen a nuestro servicio de WhatsApp, préstanos tus superpoderes, difunde nuestros desmentidos y hazte Embajador.

Maldita.es también contactó el 12 de marzo de 2026 con el Ministerio de Hacienda para preguntarle por estas afirmaciones y en el momento de publicar no obtuvo respuesta.

Se difunde sin aportar pruebas de quién, supuestamente, ha tirado la comida ni se menciona dónde ha sucedido 

No hay evidencias de que la comida que se muestra en el vídeo la hayan tirado “mujeres de origen marroquí”. El vídeo se difunde de forma aislada sin aportar pruebas de dónde se ha cogido la comida o quién supuestamente ha dejado la comida al lado de un contenedor. Tampoco menciona en qué lugar ha sucedido.

Cruz Roja asegura que no reparten “ni refrescos ni productos congelados” a las personas beneficiarias del programa de alimentos

En el vídeo aparecen varios productos, como tomate frito o botes de judías blancas, con una etiqueta que indica que pertenece al programa del “Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas” (FEAD) de 2023.

Actualmente, no está en funcionamiento. Se ha sustituido por el programa de Asistencia Material Básica, instrumento por el que se conceden tarjetas monedero trimestrales a familias en situación de pobreza severa para la compra de alimentos y productos no perecederos. Está financiado por uno de los fondos de cohesión que da la Unión Europea a sus países miembros en función de la desigualdad que presentan y con el objetivo de reducirla. La persona del vídeo señala el logo y asegura que son alimentos “de la Cruz Roja”. 

Un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el Programa de ayuda alimentaria de 2023 enumera los alimentos que se van a distribuir. En la lista no aparecen varios productos que sí se ven en el vídeo, como refrescos de cola, productos congelados o cruasanes, y sobre los que se asegura que los ha donado Cruz Roja.

Cruz Roja ha asegurado a Maldita.es que en las donaciones se pueden incluir “algún producto de bollería, como galletas, pero no refrescos ni productos congelados”, como sí aparecen en el vídeo. 

En otro momento del vídeo, la persona que habla afirma que “han tirado la comida porque seguramente lleva cerdo”. En el programa FEAD, a las personas beneficiarias se les pregunta si no pueden consumir alguno de los alimentos que se van a repartir, ya sea “por principios, motivo religioso, alguna alergia o problema similar”, explican desde la Cruz Roja.

El informe del programa de ayudas también establece que los beneficiarios del programa de ayuda alimentaria son las “personas más desfavorecidas: individuos, familias, hogares o grupos que se encuentren en situación de pobreza económica, así como las personas sin hogar y otras personas en situación de especial vulnerabilidad social”.

En ningún caso menciona que las beneficiarias de estas ayudas son, exclusivamente, personas inmigrantes, musulmanas o marroquíes.

La organización también ha explicado que los productos “pueden ser de cualquiera de las entidades sociales que participaban habitualmente en el reparto y no solo podría corresponder a Cruz Roja”. 

No es la primera vez que se difunden imágenes y vídeos de comida supuestamente donada con mensajes que aseguran que la habían tirado personas inmigrantes o musulmanas. 

Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.

No hay prueba de ningún tipo sobre las supuestas palabras de la madre de Trump

El contenido que se difunde es una imagen en blanco y negro de Donald Trump junto a su madre (fallecida en el 2000). El texto que la acompaña dice: "'Yes, he's an idiot with zero common sense, and no social skills, but he IS my son. I just hope he never gets into politics. He'd be a disaster.' Mary Anne Trump". Al hacer una búsqueda, no hay rastro de estas supuestas declaraciones en inglés. 

Tampoco hay rastro de ninguna prueba en español (“Sí, es un idiota con cero sentido común ni habilidades sociales, pero es mi hijo. Tan solo espero que nunca entre en la política, sería un desastre”).

Otros medios de verificación, miembros al igual que Maldita.es de la International Fact-Checking Network, como Snopes, Reuters y Politifact, también han publicado que no hay evidencias de que Mary Anne Trump mencionara estas palabras.

Críticas de parte de su hermana

Sí hay registro de una publicación de la BBC, de agosto de 2020, en la que se lee que “la hermana mayor de Trump critica duramente al presidente de EEUU”. Según esa publicación, la hermana del reelecto presidente dijo que "no tiene principios" y que "no se puede confiar en él". Esas declaraciones, de noviembre de 2018, quedaron registradas en un audio publicado por The Washington Post. La hermana de Donald Trump se llama Maryanne, muy parecido al nombre de su madre: Mary Anne.

Primera fecha de publicación de este artículo: 17/11/2020

Desde Ecovidrio aseguran a Maldita.es que la recaudación ya no está activa

La iniciativa de Ecovidrio, en colaboración con la asociación DalecandELA, promovía la difusión de un vídeo sobre el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que se lanzó el 21 de junio de 2023 en YouTube. Su objetivo era alcanzar 300.000 reproducciones para poder donar 6.000 euros a la asociación de Jaime Lafita. 

Desde el departamento de comunicación de Ecovidrio aseguran a Maldita.es que la recaudación se llevó a cabo en verano de 2023, momento en el que se alcanzaron las reproducciones. Por lo tanto, la recaudación ya no está activa.

En la descripción del vídeo publicado en YouTube la entidad añade que ya han conseguido el objetivo marcado.

No se puede recaudar dinero difundiendo un vídeo o una imagen por WhatsApp

La campaña de Ecovidrio perseguía conseguir las 300.000 visitas en YouTube. Sin embargo, ahora se está difundiendo como una cadena de WhatsApp. Como se puede leer en su apartado de preguntas frecuentes, WhatsApp utiliza "el cifrado de extremo a extremo" lo que hace que "sólo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo". 

Por tanto, compartir un vídeo o una imagen por WhatsApp no hace que se recaude dinero porque nadie sabe cuántas veces se reenvía y la plataforma no conoce el contenido del vídeo qué se está compartiendo. 

La única manera de recaudar dinero sería pinchando en el enlace del vídeo de YouTube, pero a 29 de enero no tendría ningún efecto porque la recaudación ya no está activa. 

En Maldita.es ya hemos explicado cómo puede una campaña online generar dinero por las visitas que tenga un vídeo. Así mismo, hemos alertado de casos similares como el vídeo de esta niña para recaudar supuestos fondos para que la operen de cáncer o esta cadena viral de 2017 que aseguraba que por cada 10 personas con las que compartieras esa misma fotografía se dedicaría “1 euro para la investigación contra el cáncer”.

En cuanto al tratamiento, según la revista científica de la Asociación Española de Pediatría, el enfoque debe ser multidisciplinar y dirigido principalmente a mantener una adecuada ventilación. Los pacientes, “necesitan asistencia respiratoria mediante una máquina (ventilación mecánica) o un dispositivo que estimule un patrón respiratorio normal (marcapasos de diafragma)”, señala el portal Medline, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y añade que algunos “necesitan este apoyo las 24 horas del día, mientras que otras solo lo necesitan por la noche”. 

Sobre el pronóstico de estos pacientes, conforme existe un mayor conocimiento y soporte tecnológico, este “ha ido mejorando”, aunque sigue limitado “por las complicaciones derivadas de la ventilación mecánica prolongada”. La expectativa de vida y el grado de discapacidad intelectual derivado dependen de la gravedad del trastorno, el momento del diagnóstico y el éxito del tratamiento.

En relación al caso de Thiago, desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con la cuenta de Instagram a la que apelan los vídeos (@thiago_siguerespirando), desde donde responden que el caso “es real” y que se dispone de “todos los informes médicos y pruebas genéticas”. Además, desde la Asociación Síndrome de Ondine “manifiestan públicamente” que el caso del menor “es real y corresponde a una familia que forma parte activa de la asociación”, según un comunicado publicado la noche del 17 de febrero.

El aeropuerto de Madrid tiene, en  total, siete salas de culto religioso: tres capillas, dos mezquitas y dos salas multiconfesionales, distribuidas entre las terminales 1, 2 y 4. 

El convenio permitía que el Centro de Transfusión de Madrid (CTCM) y la Unidad de Extracción para la Donación de Sangre de la Cruz Roja trabajasen juntas para suplir las necesidades de sangre de los hospitales. En 2026, el convenio “está en fase de negociación con vistas a una posible renovación”, indica la ONG a Maldita.es, que también ha preguntado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por este acuerdo, sin respuesta a fecha de publicación de este artículo.

_{* Este artículo se ha actualizado el 30/02/2026 para actualizar lo que sabemos a 2026 y el 01/04/2026 para incluir la respuesta de Cruz Roja.}