¿Los productos marroquíes no tendrán que pasar controles adicionales? El Ministerio español lo niega y es una competencia exclusiva de la UE

Varios contenidos dicen que los productos marroquíes “no tendrán que pasar inspecciones adicionales al entrar en España”. Uno de los más compartidos dice, citando a “una fuente anónima”, que la Oficina Nacional de Seguridad Alimentaria de Marruecos (ONSSA, siglas en francés) emitirá certificados y pruebas aprobadas por las autoridades españolas “sin necesidad de realizar más pruebas”. Todo ello en base a un supuesto acuerdo entre Marruecos y España.

En respuesta a Maldita.es, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (el responsable del control en frontera de la seguridad alimentaria) negó que exista tal acuerdo e indicó que “todos los productos alimentarios que entran en la UE procedentes de terceros países están sometidos a control fronterizo, de acuerdo a reglamentos que establece la Unión”. 

En esta respuesta a Maldita.es, el Ministerio no aclaró a qué hacía referencia este “control fronterizo”. Sin embargo, en respuesta parlamentaria al grupo Vox, el Gobierno indicó qué controles hace a los productos agroalimentarios destinados al consumo humano procedentes de Marruecos: control documental, control de identidad siguiendo “unas frecuencias determinadas” para asegurar que los datos de los documentos concuerdan con los productos, y un control físico, que puede ir desde una inspección visual hasta la toma de muestras para análisis.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) señalaron a Maldita.es que se pusieron en contacto con el Ministerio de Agricultura de España, quien también les negó que se fuesen a eliminar controles en fronteras. “Desde el Ministerio nos indicaron que esto no se correspondía con ningún cambio con la normativa relacionada”, explica COAG.

Además, la Comisión Europea indicó a Maldita.es que cualquier producto vendido en la UE, tanto nacional como importado, “debe cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias de la UE, incluidos los productos marroquíes”.

Por último, es importante destacar que la política comercial y aduanera es exclusiva de la Unión Europea, según recoge el Tratado de Lisboa. Por ello, España no puede cambiar la regulación de las importaciones de productos agrícolas marroquíes, según explica Esther López Barrero, doctora en Derecho Internacional, profesora titular de la UE en la Universidad a Distancia en Madrid y maldita que nos ha prestado sus superpoderes.

Los productos alimentarios importados, como los de Marruecos, deben cumplir las normas de la UE

La legislación europea exige que los alimentos y piensos que se importen a la Unión Europea “deberán cumplir los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria o condiciones que se reconozca al menos como equivalentes”. La legislación sobre estos requisitos es amplia (aquí puedes ver un resumen) y se va actualizando con la ciencia del momento, pero en líneas generales el requisito fundamental es que no se podrán comercializar alimentos que no sean seguros, ya sean nocivos o no aptos para el consumo humano.

En el caso de que exista un acuerdo entre la UE y el país en materia de seguridad alimentaria, deben cumplirse “los requisitos de dicho acuerdo”. Entre la UE y Marruecos existen varios acuerdos de libre comercio que incluyen a productos agrícolas y pesqueros, según informa una página de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea, pero estos textos no cambian las normas de legislación alimentaria entre la UE y Marruecos.

Así, la UE realiza y publica auditorías periódicas en Marruecos para comprobar que se cumple la legislación europea de seguridad alimentaria. En esta página se pueden buscar las auditorías por cada país (incluyendo Marruecos) y aquí enlazamos la más reciente (septiembre de 2025). Los productos importados desde Marruecos también están sujetos al sistema europeo de alertas alimentarias. En este artículo de Maldita.es hay más información sobre este sistema de vigilancia europeo.

El prefijo del código de barras no indica el origen del producto

Vinculado con lo anterior, unos contenidos dicen que aquellos productos con código de barras que comienza por 61 o por 611 significa que son “hechos en Marruecos” y por tanto “no tendrán que pasar controles sanitarios en el estado español”. Esto no es correcto, el código de barras no indica el país de origen del producto, como explica la empresa GS1, que regula varios estándares de códigos de barras muy utilizados mundialmente.

Esos tres primeros dígitos (611) indican que la empresa está adherida a GS1 Marruecos. Las empresas adheridas a GS1 Marruecos (que deben pagar una tasa) pueden emplear códigos de barras con prefijo 611. En el caso de las empresas adheridas a GS1 Spain, como explicamos en Maldita.es, el prefijo comienza por 84 (desde 840 al 849).

Sin embargo, como aclara GS1, estos prefijos no indican el país de origen del producto, ya que estas compañías adheridas a GS1 de cada país pueden comercializar sus productos en todo el mundo. Por ejemplo, una empresa adherida a GS1 Spain que comercializa judías procedentes de Marruecos tiene código de barras que comienza por 84.

A su vez, estar adherido al GS1 de un país determinado tampoco indica que la empresa sea de ese país. “Las empresas, de cualquier país del mundo, pueden solicitar su código de barras a la organización GS1 que más le convenga, con indiferencia de donde opere”, explica a Maldita.es la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC).

En este artículo ha colaborado con sus superpoderes la maldita Esther López Barrero, doctora en Derecho Internacional, profesora titular de la Unión Europea en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

Esther López Barrero forma parte de Superpoderosas, un proyecto de Maldita.es que busca aumentar la presencia de científicas y expertas en el discurso público a través de la colaboración en la lucha contra la desinformación.

Gracias a vuestros superpoderes, conocimientos y experiencia podemos luchar más y mejor contra la mentira. La comunidad de Maldita.es sois imprescindibles para parar la desinformación. Ayúdanos en esta batalla: mándanos los bulos que te lleguen a nuestro servicio de WhatsApp, préstanos tus superpoderes, difunde nuestros desmentidos y hazte Embajador.

Por otro lado, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha contado a Maldita.es que "no hay un límite temporal" para recibir la RGC, pero que en la práctica, es improbable que se reciba la ayuda de forma vitalicia, como se menciona en el audio difundido, ya que el benefactor tiene que estar inscrito en el Servicio Público de Ocupación de Cataluña y perdería la RGC en caso de rechazar "una oferta de trabajo adecuada".

Otras publicaciones aseguran que la RGC es exclusiva para "inmigrantes ilegales o refugiados", además de mujeres que presenten "un informe de servicios sociales o denuncia de violencia de género con sólo indicios". Pero también es un bulo. La Ley 14/2017, por la que se regula la Renta Garantizada de Ciudadanía, no tiene como requisito estar en alguna de esas situaciones para percibir la ayuda. De hecho, se tiene que "residir de manera continuada, legal y efectiva en Cataluña" para acceder a la misma, por lo que las personas en situación irregular no pueden cobrar la RGC.

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*El 29 de enero de 2019 se ha actualizado este artículo añadiendo el párrafo marcado con el asterisco (*) como completo a la información utilizada para verificar el bulo.

*El 11 de agosto de 2023 se ha actualizado este artículo y se han añadido las cuantías de las ayudas actualizadas al 2023.

*10/05/2024 se ha actualizado este artículo para añadir las cuantías de la RGC de 2024.

*El 11/06/2025 se ha actualizado este artículo para añadir las cuantías de la RGC de 2025.

*El 23/06/2026 se ha actualizado este artículo para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es y añadir las cuantías de la RGC para 2026

Actualmente, la ley contempla cinco posibles vías para adquirir la nacionalidad española, pero en ninguna de ellas el apellido es determinante: por origen, residencia, opción, carta de naturaleza o posesión de estado.

En noviembre de 2022, Chequeado (Argentina), miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN) como Maldita.es, publicó que “es falso que existe una lista de apellidos que puedan recibir la ciudadanía española”, y en 2024, Efecto Cocuyo (Venezuela), también miembro del IFCN, publicó: “No existe una lista de apellidos que pueden aplicar a la ciudadanía española, mentira circula desde 2021”.

*El 29/07/2026 se actualizó este artículo para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es

Desde la web oficial de Drone Amplified, explican que IGNIS, nombre que recibe esta herramienta, funciona “con drones fabricados en Estados Unidos, controlados por una aplicación diseñada para bomberos” y que además “elimina el riesgo para el personal” y permite trabajar en la extinción de incendios durante la noche. Es decir, ha sido creada específicamente para bomberos y para mejorar su seguridad, no para generar incendios.

También explican sobre su funcionamiento que las esferas que se almacenan en el dron “se encienden entre 30 y 60 segundos después de caer” para así “crear líneas defensivas para los bomberos en terrenos accidentados y, a veces, inalcanzables”.

Controlar el fuego con fuego

Esta técnica se refiere al uso del fuego táctico, que es empleada por ejemplo por las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), un cuerpo especial que brinda apoyo a las comunidades autónomas en los grandes incendios forestales y dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Consiste en “la ignición de una línea de fuego por delante del frente de incendio que se pretende controlar”, con el objetivo de que una línea de fuego avance de forma controlada hacía el incendio descontrolado, y que ambas se extingan ante la falta de combustible.

Para la realización de esta técnica de cortafuego es necesario no solo preparar la zona y eliminar la vegetación, sino también iniciar el fuego a través de equipos de encendido. Encendido que normalmente se realiza por la brigada en el terreno, pero que con herramientas como el Helitorch o IGNIS se podría realizar desde una distancia segura.

La limpieza de los montes en España la regula la Ley de Montes y la legislación autonómica

En el apartado 4 del artículo 48 de la Ley de Montes se recogen las obligaciones mínimas que deben incluirse en los planes de prevención de incendios de todas las comunidades autónomas, entre ellas “los trabajos de carácter preventivo (...), en particular los tratamientos selvícolas que procedan”. 

Los tratamientos selvícolas incluyen la eliminación de matorrales, la poda y otras técnicas de limpieza de la vegetación que forman parte de la defensa contra los incendios. Aunque esta obligación debe estar incluida en la normativa de todas las comunidades, es responsabilidad de los organismos autonómicos reforzar estas medidas en sus planes de prevención contra incendios forestales.

Algunos contenidos culpan a la Agenda 2030, pero esta no prohíbe limpiar los montes. No es una legislación, sino un acuerdo internacional de la ONU aprobado en 2015 al que los países se han suscrito voluntariamente y que no tiene obligaciones legales. Marca objetivos de desarrollo sostenible, pero no regula técnicas concretas de prevención de incendios. Según el plan de implementación de la Agenda en España, la mayoría de esos objetivos ya están recogidos en la Ley de Montes.

José Manuel Zapata, maldito que nos ha prestado sus superpoderes e ingeniero forestal especialista en legislación de defensa contra incendios forestales, señala que el término ‘limpiar los montes’ es “incorrecto”: “Los montes no están sucios si tienen estrato herbáceo, subarbustivo, arbustivo y/o arbóreo”. Indica que el término adecuado sería “aplicar la silvicultura”, ya que “un monte correctamente gestionado puede ser más resiliente frente al nuevo escenario climático y puede ser menos susceptible a sufrir incendios de especial virulencia”.

Planes autonómicos de prevención contra incendios: los ejemplos de Madrid, Galicia y Castilla y León

En Castilla y León, la orden 510/2013 regula el uso del fuego y obliga a organismos locales y particulares a “tomar medidas de seguridad oportunas respecto a la limpieza” de cunetas y caminos, y a “evitar la acumulación de residuos, matorral leñoso y vegetación seca” [Artículo 9].

En la Comunidad de Madrid, la norma de referencia es la Ley 16/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza, complementada por el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA, Decreto 59/2017), que organiza los dispositivos de vigilancia y extinción en la comunidad. Desde abril de 2026, Madrid tiene en marcha una reforma de su ley forestal orientada a reforzar la prevención de incendios y adaptar el texto al marco básico estatal.

En Galicia, el artículo 3 del plan de prevención y defensa contra los incendios forestales (2007) señala entre las obligaciones para propietarios de los terrenos forestales la de “mantenerlos en condiciones que contribuyan a prevenir o evitar los incendios forestales, respetando especialmente las relativas a la gestión de la biomasa vegetal”. Por gestión de biomasa vegetal se entiende el control y “eliminación total o parcial” de determinada vegetación. De hecho, en mayo de 2024 el Ayuntamiento de Ourense recordaba en un comunicado la obligación de limpiar la vegetación de las fincas con multas de hasta 100.000 euros si no lo hacían.

¿Se necesita autorización para podar y desbrozar los montes? No siempre, depende de la comunidad autónoma

En redes sociales también circulan quejas sobre los trámites, la burocracia y los plazos. En el caso de las tareas de limpieza de montes, las autorizaciones solo son necesarias en algunos casos y dependen de las comunidades autónomas. Maldita.es no puede verificar de manera independiente en cada caso qué plazos de respuesta tiene cada autoridad competente, pero te contamos la situación en dos de las comunidades más afectadas por los incendios de 2026.

En Castilla y León, el decreto 5/2025 detalla los supuestos en los que se necesita realizar una “declaración responsable” (por ejemplo, para extraer matorrales de más de 1,5 metros), y los supuestos en los que no es necesaria (como aprovechar ramas muertas o caídas). Esta declaración se puede presentar digitalmente o en persona en cualquier momento y el plazo máximo de respuesta es de un mes. 

En la Comunidad de Madrid, tampoco hace falta ningún trámite para el aprovechamiento de matorral de menos de 1,5 metros de altura, de especies no protegidas o para el aprovechamiento de ramas muertas o caídas, según los requisitos de la declaración responsable y la autorización de aprovechamiento de madera y leña. Para cortas y podas mayores sí es necesaria una declaración responsable, que se puede presentar en cualquier momento. Solo en casos más complejos (sin proyecto de ordenación previo o por encima de ciertos volúmenes) es necesaria una autorización expresa de la Consejería, con un plazo de resolución de hasta tres meses. 

La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común establece que el silencio administrativo (falta de respuesta) es positivo como regla general, pero fija el silencio negativo para los procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, entre otros supuestos. 

En este artículo han colaborado con sus superpoderes el maldito José Manuel Zapata, ingeniero forestal especialista en legislación de defensa contra incendios forestales. 

Gracias a vuestros superpoderes, conocimientos y experiencia podemos luchar más y mejor contra la mentira. La comunidad de Maldita.es sois imprescindibles para parar la desinformación. Ayúdanos en esta batalla: mándanos los bulos que te lleguen a nuestro servicio de Whatsapp, préstanos tus superpoderes, difunde nuestros desmentidos y hazte Embajador.

El mensaje lleva difundiéndose desde al menos 2007 y sigue haciéndolo en 2026 pero, como decimos, la menor falleció hace 21 años. Así consta en la página de Facebook de la asociación creada por sus padres para "informar sobre la enfermedad".

En concreto, la cadena pide que la compartas para encontrar a más familias afectadas por la FOP y conseguir así "encontrar los genes que originan esta enfermedad". En Maldita.es hemos comprobado que este mensaje lleva circulando desde, al menos, 2007, año en el que aparece publicado en un contenido del periódico argentino Clarín. 

La FOP es un desorden genético que hace que se forme hueso en los músculos, tendones, ligamentos y otros tejidos blandos. La consecuencia es que la movilidad del paciente queda restringida de forma progresiva, al desarrollarse puentes de hueso extra en las articulaciones.

En 2005 hacían falta muestras de sangre de pacientes y familiares sanos

"En esos años se estaban realizando los estudios genéticos y eran necesarias muestras de sangre de pacientes y familiares sanos. El número de muestras depende de cada enfermedad y su prevalencia", explicó  a Maldita.es Francisco Javier Bachiller Corral, del Servicio de Reumatología del Hospital Ramón y Cajal (Madrid) y, en 2019 presidente electo de la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid (SORCOM).

Los avances en la investigación sobre esta enfermedad harían que, hoy en día, encontrar a esas diez familias no fuera necesario. En palabras de Bachiller, desde 2006 se han producido importantes progresos para entender la fisiopatología de la FOP, así como su tratamiento y, de hecho, en los últimos años han surgido dos fármacos específicos que todavía se están investigando.

Actualmente, no existe tratamiento que permita prevenir o detener la progresión de la FOP

La Asociación Española de Enfermos con Fibrodisplasia (AEFOP) explica en su página web que, hasta la fecha, no existe tratamiento para esta enfermedad puesto que existen “dificultades que impiden la investigación y retrasan el desarrollo de tratamientos efectivos”. Por esta razón, la AEFOP señala que a día de hoy el tratamiento para la FOP es paliativo y preventivo, aplicando “medidas higiénico-posturales, fisioterapia respiratoria y muscular, el uso de corticoides” y también antiinflamatorios y/o analgésicos durante los brotes. En su página web, la AEFOP también menciona los medicamentos para esta enfermedad que se encuentran actualmente en estudios clínicos. 

La Ley de Montes establece que las comunidades autónomas deben garantizar “las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados”. Al mismo tiempo, prohíbe que se puedan recalificar esas zonas “al menos durante 30 años”. Además, prohíbe realizar “cualquier actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal” durante el tiempo que determine la legislación de cada autonomía. 

La ley establece dos excepciones. La primera de ellas indica que se puede cambiar la calificación forestal por “razones imperiosas de interés público de primer orden” aprobadas por una ley estatal o autonómica. Según dos expertos consultados por Maldita.es, para activar esta excepción, hay que aprobar una ley específica para cada caso en que quiera activarse. La ley estatal o autonómica debe aprobarse “para cada supuesto concreto, no con carácter general”, explica María Ángeles López Lax. Coincide el abogado Antonio Benítez Ostos: la excepción “requiere una ley singular para cada caso”.

También puede ocurrir que un terreno quemado se recalifique si dicha recalificación ya estaba aprobada antes del incendio o si contaba con una evaluación ambiental favorable.

Es falso que Franco comprase 30 aviones CL-215 (los únicos Canadair que tiene España que estaban disponibles en aquella época), sino que compró diez: dos en 1971 y ocho en 1974, frente a los 20 comprados ya en democracia, de los que diez siguen operativos. En este documento de la Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa es posible seguir el recorrido histórico de todos ellos.

Todos los aviones tienen una designación militar única para cada uno de ellos: UD.13, para denominar a todos los Canadair CL-215, y a continuación el número de orden del avión (páginas 3 y 6).

Los dos primeros llegaron a España en 1971, siendo los UD.13-01 y UD.13-02. Estos, junto a los ocho comprados en 1974, hacen que los diez aviones comprados durante el franquismo tengan designaciones que van de la UD.13-01 a la UD.13-10. A partir de ahí, los aviones con designación posterior a la 10 (de UD.13-11 hasta UD.13-30) se compraron a partir del año 1979 (página 9).

Todos los aviones Canadair en funcionamiento fueron comprados a partir de 1987

En un acuerdo interdepartamental publicado en el BOE del 2020 entre el Ministerio de Defensa y el MINECO se recogen las designaciones de los aviones Canadair CL-215 operativos en aquel momento, teniendo el más antiguo designación UD.13-15, y por tanto perteneciendo todos ya a los comprados en democracia.

Tal y como figura en el acuerdo, España también tiene otro modelo de avión Canadair en operación, el Canadair CL-415 (la empresa Bombardier compró Canadair en los años 80, por lo que al modelo se le denomina actualmente Bombardier 415). Este modelo comenzó a producirse en los años 90 y el primero se recibió en España en el año 2006. Están identificados como UD.14, y son cuatro. Tres de ellos son propiedad del Ministerio de Defensa y el otro del MITECO.

En 2023 se subastaron los UD.13-15, 16, 17 y 19 mediante una resolución del MITECO publicada en el BOE.

Por tanto, los diez aviones Canadair CL-215 actualmente en funcionamiento, con sus fechas de compra recogidas a partir de la página 9 del documento el Ministerio de Defensa son:

• UD.13-20 (comprado en 1987)

• UD.13-21, UD.13-22, UD.13-23, UD.13-24, UD.13-25, UD.13-26, UD.13-27 y UD.13-28 (comprados en 1989)

• UD.13-30 (comprado en 1991)

A los que se suman los 415 con designaciones UD.14-01, UD.14-02, UD.14-03 y UD.14-04, los producidos a partir de los años 90. A pesar de tener la denominación UD.14, en el fuselaje se muestran los números 31, 32, 33 y 34, por ser también aviones anfibios Canadair/Bombardier. La suma de los CL-215 y los CL-415 hace un total de 14 aeronaves.

A pesar de que en la página web de la Unidad Militar de Emergencias figura que disponen de 14 Canadair CL-215 en lugar de diez, ese número ya figuraba en el año 2022, antes de la subasta de los cuatro aviones, como se puede comprobar en una versión archivada de la web tomada en noviembre de 2022, sin que se haya actualizado tras la misma.

Los aviones comprados durante el franquismo quedaron fuera de servicio por accidentes o fueron vendidos

La web Aeronaves Militares Españolas mantiene un registro de las designaciones de estos aviones Canadair CL-215 y lo que sucedió con ellos que coincide con el documento del Ministerio de Defensa. Ninguno de ellos está ya en operación:

• El primer Canadair, 01, se encuentra en la exposición exterior del Museo de Defensa en Cuatro Vientos.

• Cinco de ellos (02, 04, 07, 08 y 09 en la página 8 de este documento) sufrieron accidentes entre 1976 y 1988. 

• Dos de ellos (03, 05) se vendieron a la empresa CEGISA como muestra el documento de la Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa (página 13) 

• Los otros dos (06, 10) se vendieron a Italia como muestra el mismo documento de la Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa (página 11) 

* Este artículo se ha actualizado el 05/06/2026 para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es. Se puede ver la anterior versión aquí.

No hay rastro de las supuestas declaraciones y el contenido más antiguo es una cuenta trol

No hay rastro de que la ministra de Juventud e Infancia haya dicho que hay que acabar con los empresarios ni que “el paro lo crean los que despiden”, ni durante su actual puesto como ministra ni en anteriores comparecencias públicas como eurodiputada o como miembro del ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Tampoco en sus redes sociales hay rastro de ninguna publicación hecha por Rego con estas supuestas declaraciones.

Además, al buscar la supuesta cita, vemos que los únicos resultados que aparecen están relacionados con un tuit que ha difundido una cuenta llamada Jacinta Rebolledo ‘republicatransg’ en Twitter (ahora X). Si buscamos en esta red social por palabras clave “sira rego paro desempleo” tampoco hay rastro de que haya hecho esas declaraciones.

El contenido más antiguo lo difundió esta cuenta el 21 de noviembre de 2023, un día después de que se anunciaran las carteras que conformarían la nueva legislatura liderada por Pedro Sánchez.

Además, el tuit que comparte la supuesta cita no incluye ni fuentes ni ningún enlace para probar que el contenido que difunde es real.

El perfil de Twitter Jacinta Rebolledo (@republicatransg) es una cuenta trol

En Maldita.es hemos desmentido en varias ocasiones tuits difundidos por la cuenta Jacinta Rebolledo, como es el caso de la supuesta medida laboral de Podemos “para poder masturbarse en el puesto de trabajo” o el supuesto proyecto "para facilitar el parto anal" de padres adoptivos. Esta cuenta trol mezcla contenidos políticos con otros más esperpénticos para intoxicar el debate y manipular la conversación pública.

En su biografía de Twitter se define como "Vice-subdirectora General Tercera de la Agencia Salud Púbica y Sanitaria sindical" (sic). Pero esta cuenta ha cambiado su nombre y su descripción en varias ocasiones. También se define como “Círculo Podemita Revolucionario y Feminista Ntra. Sra. de la Fuensanta” (sic), pero desde la formación ya indicaron a Maldita.es no tener constancia de que alguien llamado Jacinta Rebolledo forme parte del partido.

Además, su handle (el nombre que aparece detrás de la @ en Twitter) ha pasado de ser @rencorosa3 a @rebolucionara y más tarde a @republicatransg, como lo tiene ahora. Si buscamos el handle antiguo (@rencorosa) en Twitter vemos que los resultados que nos arroja la plataforma muestra respuestas a este usuario ahora llamado @rebolucionara. Además, si comprobamos tuits antiguos que publicó como @rencorosa3 y que desmentimos en Maldita.es, ahora aparecen con el nuevo handle.

Por tanto, es un bulo que Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia haya dicho que “acabando con los empresarios acabaremos con el desempleo". No hay rastro de que la ministra haya hecho esas declaraciones, y quien lo ha difundido ha sido la cuenta ‘republicatransg’, que es una cuenta trol de la que ya te hemos hablado en Maldita.es en varias ocasiones.

Según establece la metodología de Maldita.es, la selección de contenidos a verificar o contextualizar dependerá de su viralidad y peligrosidad. En caso de contenidos acerca de diagnósticos médicos concretos que se hayan reportado repetidamente, nuestro trabajo se limitará a examinar aquello que circula públicamente así como las afirmaciones verificables asociadas. En ningún caso se pretende cuestionar la vivencia personal de ninguna persona ni desacreditar situaciones médicas reales, sino aportar contexto y criterios de verificación ante contenidos virales de interés público.

Verificación: el vídeo, difundido por un canal que forma parte de una red de desinformadores en YouTube sobre la que hemos publicado una investigación en Maldita.es, no aporta ninguna prueba ni cita a fuentes que respalden el mensaje que comparte. No hay registro en publicaciones oficiales de la Guardia Civil (a la que pertenece la UCO) de que hayan llevado a cabo la operación mencionada. Tampoco hay rastro de ello en medios de comunicación. Sobre el supuesto “bloqueo diplomático” de varios países europeos a España, el Ministerio de Asuntos Exteriores dice a Maldita.es que ninguno de ellos ha retirado a sus embajadores en el país. 

El vídeo no aporta pruebas ni citas que pudieran sostener su mensaje

El vídeo acusa al presidente Pedro Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez, de tener una mansión en Dubái en la que tendrían millones de euros en lingotes de oro y joyas. Explican una supuesta operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en ese país que la habría descubierto.

Sin embargo, en ningún momento presentan pruebas ni citan a fuentes que pudieran sostener la narrativa. Hablan de la Guardia Civil, pero no hay ninguna publicación oficial de este cuerpo, ni documentos públicos, que demuestren que se haya llevado a cabo o esté en marcha una investigación sobre propiedades y dinero de Begoña Gómez en Emiratos Árabes Unidos.

Maldita.es preguntó al respecto a la Guardia Civil, pero a las 14 horas del 23 de abril de 2025 no ha habido respuesta.

En el vídeo cuentan que la UCO habría actuado en colaboración con Interpol y la policía de Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, dicen que “la Guardia Civil ha irrumpido en una mansión millonaria propiedad del matrimonio”, es decir, que habrían sido agentes de dicha unidad quienes debieron llevar a cabo la presunta operación en Dubái. 

Según Exteriores, no hay ningún “bloqueo diplomático” de varios países europeos a España

En el vídeo hablan de que a raíz de esa supuesta investigación, a España se le habría hecho un “bloqueo diplomático” y que “Italia, Austria, Suecia y los Países Bajos han retirado temporalmente a sus embajadores en Madrid”. Tampoco hay rastro de que esto haya sucedido.

Maldita.es consultó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, desde donde responden que ninguno de esos países ha retirado, a 23 de abril de 2025, a sus embajadores ni a su representación diplomática en España. 

Utilizan imágenes que no tienen ninguna relación con la supuesta investigación de la UCO

“Las autoridades de Dubái han entregado ya las grabaciones de las cámaras de seguridad de los helipuertos privados donde aterrizaban los helicópteros con el oro español. En ellas se puede ver a personal uniformado descargando cajas negras”. Esto afirma uno de los fragmentos del vídeo, en el que cuentan que Begoña Gómez se habría valido de vuelos oficiales y personal del Estado para transportar lingotes de oro a Emiratos Árabes Unidos. 

Mientras la voz en off hace esas afirmaciones, las imágenes muestran la llegada de un coche a un párking subterráneo resguardado por un oficial de policía. Esas imágenes, sin embargo, no tienen ninguna relación con la narrativa del vídeo. Fueron captadas y difundidas por la agencia Europa Press en mayo de 2021. Se trata de la llegada de Pedro Sánchez a la sede del PSOE en la Calle de Ferraz, en Madrid, para reunirse con la ejecutiva de su partido. 

Lo mismo sucede con las imágenes de Begoña Gómez utilizadas. Toman una entrevista que se le hizo durante el congreso FOOD 4 FUTURE de 2022, en Bilbao.

El canal que lo difunde forma parte de una red de desinformadores en YouTube

Además de YouTube, el vídeo circula también en otras redes sociales como TikTok o Twitter (ahora X), donde mantienen el sello de agua del canal de YouTube del que provienen las imágenes: “Política en Primera Línea”.

Este canal forma parte de una red de 49 canales desinformadores en YouTube analizados por Maldita.es que publican contenido que ataca a políticos españoles. Para ello siguen una misma estrategia que consiste en difundir en varios canales el mismo mensaje con distintos títulos y miniaturas para desinformar, usando voces sintéticas para narrarlos y en algunos casos, con imágenes generadas con IA. 

Este es el desmentido que hicimos en 2018:

Primera fecha de publicación de este desmentido: 17/01/2018

Además, no encontramos ningún artículo publicado por la CNN en el que informen de este supuesto virus informático que se está difundiendo, ni en ningún otro medio de comunicación o fuente oficial, al contrario de lo que afirma la cadena.

No es la primera vez que desde Maldita.es advertimos de las cadenas de WhatsApp que te alertan de un supuesto hackeo en el móvil si abres una imagen o vídeo. Por ejemplo, a principios de 2022 se viralizó un texto que afirmaba que una imagen que "muestra cómo el COVID-19 se cura en México" escondía un virus que se instalaba en tu teléfono en cinco segundos.

El texto de la cadena es muy similar al que está circulando ahora, incluso hace referencia a medios de comunicación como la CNN y la BBC. Sin embargo, el INCIBE, la Policía Nacional y la Asociación Mexicana de Ciberseguridad (AMECI) aseguraron que no tenían constancia sobre este supuesto virus.

Este no es el único caso. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, se difundió una cadena de WhatsApp prácticamente idéntica que advertía de un supuesto archivo que hackea tu teléfono denominado "Argentina lo está logrando". En 2021, circuló otro texto que alertaba de un supuesto virus llamado "India lo está haciendo". Como vemos, el mensaje va cambiando el supuesto nombre del archivo malicioso, pero en ninguno de los casos las autoridades tenían constancia del supuesto riesgo.

*Hemos actualizado este artículo el 11 de junio de 2026 para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es y para cambiar el rating de “desinformación sin pruebas” a “falso”.

En este vídeo afirma que va a ir a la cárcel “dos años, dos meses y un día y medio” después de que sus “vecinos extranjeros” le denunciaran por poner el himno de España, pero proviene de esta cuenta de TikTok e Instagram que se dedica a inventarse historias. La grabación tiene más de 204.300 visualizaciones desde el 16 de febrero y el perfil de TikTok que la ha publicado tiene 59.000 seguidores, a 19 de febrero de 2026. 

No es el único vídeo en el que afirma haber sido sentenciado a una pena de prisión por distintos motivos. Además, no es cierto que en España te puedan meter dos años de cárcel por el simple hecho de poner el himno de España en tu vivienda particular. El Código Penal no contempla penas de prisión por poner música patriótica o himnos. 

Este vídeo de un hombre que cuenta que ha sido despedido por no halagar a su jefe no refleja un caso real

En este otro vídeo afirma que le acaban de despedir de su trabajo “después de trece años, trece meses con doce días y medio” por negarse a llamar “guapo” y “sexi” a su nuevo jefe y proviene de la misma cuenta de TikTok e Instagram que se dedica a inventarse historias. La grabación cuenta con más de 1.300.000 visualizaciones desde el 6 de febrero de 2026 .

Tampoco es el único vídeo en el que afirma haber sido despedido de su trabajo por distintos motivos. Por ejemplo, con menos de una semana de diferencia publica dos vídeos que se contradicen entre sí: en el primero asegura que ha sido despedido de su empresa como “vigilante de seguridad después de 20 años” por “negarse a arrestar a niños de cinco, seis, siete años que estaban robando”, y cinco días después publica otro vídeo donde dice que lo han despedido “después de 23 años” como “reponedor” en un supermercado por “coger una plancha para cocinar” sin pagarla. Además, en España no pueden despedirte legalmente solo por no halagar a tu jefe. Se trataría de un despido improcedente, según el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores y la empresa tendría la obligación de readmitirte o indemnizarte. 

Este vídeo de un hombre supuestamente condenado a cuatro años tras descubrir una infidelidad no es real

También ha difundido un vídeo en el que afirma que va a entrar en prisión “cuatro años, cuatro meses con sus cuatro días” después de que su novia le denunciara por “insultos, amenazas, injurias, calumnias” tras supuestamente él pillarla en directo siéndole infiel, que no narra una situación real. La grabación proviene de esta cuenta de TikTok e Instagram que se dedica a inventarse historias. El vídeo, del mismo perfil en la red social, cuenta con más de dos millones de visualizaciones desde el 28 de enero de 2026. 

En la grabación publicada el 28 de enero asegura que tiene que “entrar en prisión en diez días”, sin embargo en el perfil de TikTok hay vídeos publicados hoy 19 de febrero de 2025 sobre otros temas, cuando el plazo de diez días ya ha vencido. Además, no es el único vídeo en el que afirma haber sido condenado a prisión por otros motivos. Por ejemplo, el 5 de febrero publicó un vídeo donde supuestamente enseña “la celda” en la que se encuentra en Estados Unidos por realizar “un bizum por error” y el 13 de febrero publicó otro en el que aseguraba que lleva “un año en prisión” porque su jefe le despidió. Además, la mera denuncia no implica condena automática, debe haber investigación, pruebas suficientes y un juicio con sentencia. 

Este vídeo de un hombre que dice que ha sido condenado por intentar echar a okupas de su casa no es una situación real

El mismo perfil de TikTok ha publicado el 19 de febrero otro vídeo en el que afirma que va a entrar en prisión “cuatro años” tras celebrarse un “juicio rápido” por “querer echar” a “okupas” de su casa. Pero la grabación no muestra un caso real: proviene de una cuenta de TikTok e Instagram que se dedica a inventarse historias. 

El vídeo cuenta con más de 113.900 visualizaciones desde el 19 de febrero de 2026 y el perfil de TikTok que la ha publicado tiene 60.400 seguidores a fecha de 20 de febrero. En dicha grabación realiza afirmaciones como que tiene que “pasarle manutención a los hijos del ‘okupa’”. Sin embargo, según el Código Civil, en España la obligación de pagar pensión de alimentos corresponde únicamente a los padres o tutores legales. 

*ACTUALIZACIÓN: A 20 de febrero a las 13:20 horas para incluir un nuevo desmentido sobre un vídeo publicado en este perfil de TikTok.

¿Qué es Chat Control? ¿Y qué prórrogas ha tenido?

Hay dos reglamentos de la Unión Europea que se conocen popularmente como Chat Control y ambos abordan cómo las plataformas deben detectar material de abuso sexual infantil (CSAM) en los mensajes de sus usuarios.

Uno estuvo vigente desde agosto de 2021 hasta que expiró en abril de 2026: el reglamento conocido como Chat Control 1.0, que entró en vigor para derogar temporalmente algunas disposiciones de la directiva ePrivacy que trata sobre la privacidad de las comunicaciones electrónicas. La medida “permitía la detección voluntaria, por parte de las plataformas de internet, de material de abuso sexual infantil en línea”, según la Sala de Prensa del Parlamento Europeo. El 10 de abril de 2024, el Parlamento Europeo votó a favor de extenderlo hasta el 3 de abril de 2026, tras vencer su fecha límite inicial, para que se pudiera alcanzar un acuerdo sobre el marco jurídico a largo plazo.

Ante esto, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE negociaron una nueva prórroga temporal de Chat Control 1.0 el 16 de marzo de 2026, pero en ese momento no se alcanzó un acuerdo y el reglamento expiró el 3 de abril de 2026. El Parlamento votó en contra en la primera lectura legislativa porque quería que la prórroga fuera hasta agosto de 2027 (no hasta abril de 2028, como proponía la Comisión) y “limitar el alcance de las medidas para garantizar su proporcionalidad” con la protección de la privacidad. Con esto se refería a que las medidas no afecten a comunicaciones cifradas de extremo a extremo y que no permitan el escaneo de datos de tráfico junto con los de contenido, que el rastreo se aplique “al material que ya haya sido identificado o señalado como material de abuso sexual infantil por un usuario” y a “los usuarios o grupos de usuarios sobre los que haya una sospecha razonable, manifestada por una autoridad judicial, de conexión con ese tipo de material ”, como argumentó en su postura el 11 de marzo.

El Parlamento también argumentó que “la Comisión carece de pruebas claras de eficacia de las medidas” y que “solicitó un enfoque más específico”. El informe que había presentado la Comisión afirma que “los datos disponibles son insuficientes para dar una respuesta definitiva” sobre su proporcionalidad. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) recogió una caída en el número de informes en 2024 y “lo atribuyó, en parte, (...) al cifrado de extremo a extremo”, afirma la Comisión. Por su parte, INHOPE registró un aumento de los informes en 2025 y afirma que el material de abuso sexual infantil se encuentra “principalmente en foros y comunidades en línea abiertas”.

El 9 de julio de 2026, el Parlamento Europeo volvió a votar sobre Chat Control 1.0: el resultado fue a favor de una nueva prórroga del reglamento. En esta fase del proceso (segunda lectura del Parlamento) se necesitaba una mayoría absoluta de eurodiputados para rechazar o modificar la postura del Consejo. En una primera votación, una mayoría simple apoyó el rechazo a Chat Control 1.0 (314 votos a favor, 276 en contra y 17 abstenciones): al no alcanzar la mayoría absoluta no pudo ser rechazado. 

La postura del Parlamento Europeo se remitirá ahora al Consejo, que tiene tres meses para aprobar o rechazar las modificaciones. Entre ellas, se encuentran las enmiendas que especifican que se excluye del alcance de la normativa “las comunicaciones interpersonales a las que se aplique, se haya aplicado o se vaya a aplicar el cifrado de extremo a extremo”. 

Por otro lado, el otro reglamento, conocido como Chat Control 2.0, es un marco jurídico a largo plazo en el que se sigue trabajando. El Reglamento 2022/0155 o 'Reglamento para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores’, es una propuesta que fue presentada por la Comisión Europea el 11 de mayo de 2022. Ella Jakubowska, responsable de Políticas Públicas de European Digital Rights (EDRi), explicó a Maldita.es que surge como un “marco legal permanente (que sustituya a Chat Control 1.0) que se podría usar para obligar a las plataformas y servicios en línea a escanear los mensajes privados de los usuarios”. 

¿En qué punto está la propuesta de Chat Control 2.0?

A la fecha, Chat Control 2.0 sigue siendo una propuesta, por lo que aún puede sufrir modificaciones. El 26 de noviembre de 2025, el Consejo Europeo adoptó su posición, en la que apostó por eliminar la detección obligatoria y reforzar los requerimientos a las plataformas para que adopten medidas de mitigación contra la difusión de CSAM. “El Consejo quiere convertir en permanente una medida, actualmente temporal, que permite a las empresas analizar voluntariamente sus servicios en busca de abuso sexual infantil”, señala el comunicado de prensa del Consejo. 

La resolución llegó durante la presidencia danesa del Consejo Europeo que priorizó en su programa “la labor relativa al Reglamento y la Directiva sobre el abuso sexual infantil”. Una petición viral para detener la regulación acusaba a la presidencia de “colar” su aprobación el 26 de noviembre de 2025 “a través de un proceso silencioso para que nadie lo notara”. Desde la Unión Europea indican a Maldita.es que la posición adoptada se ha conseguido a través de “un procedimiento estándar dentro del Consejo” y que la agenda de dicha reunión era pública. 

El Consejo alcanzó así un acuerdo dos años después que el Parlamento, que votó su posición en noviembre de 2023. En su resolución, el Parlamento también apostó por la implementación de medidas de mitigación, pero señaló que cuando no fueran suficientes “se utilizarán órdenes de detección validadas por los tribunales para rastrear material ilegal”. Sin embargo, en su posición se excluye de la detección el material cifrado de extremo a extremo. 

Después de que el Consejo y el Parlamento adoptaron sus posiciones, el reglamento ha seguido su curso legislativo en los diálogos tripartitos. El texto que resultase de estas negociaciones tendrá que ser otra vez votado en el pleno del Parlamento y adoptado por el Consejo antes de publicarse oficialmente en el Diario Oficial de la Unión Europea. Desde la Unión Europea recalcan a Maldita.es que “a este punto, es imposible predecir cuándo será finalmente adoptada (y cuando entrará en vigor)”. Hasta la fecha, “aún se mantienen las negociaciones con el Consejo”, afirmó el Parlamento el 17 de marzo de 2026.

¿Qué ha pasado con la posición de Alemania respecto a la propuesta?

En octubre de 2025, circularon contenidos que aseguraban que Alemania había “bloqueado Chat Control”. Esto debido a que el 14 de octubre de 2025 estaba programado que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior deliberara sobre la propuesta de Chat Control 2.0. Pero el 8 de octubre, el Parlamento Federal alemán comunicó que Alemania no respaldaría la propuesta de la presidencia danesa. 

Después del anuncio de Alemania, el debate sobre el reglamento se eliminó de la agenda, algo que desde el Consejo Europeo indicaron a Maldita.es. No hay confirmación oficial de que este cambio haya sido por la oposición de Alemania, pero sitios web de noticias, como Euronews, han señalado que su negativa ha congelado la votación de la regulación. 

La votación que se llevaría a cabo el 14 de octubre requería una mayoría cualificada para que el Consejo adoptara la propuesta, es decir, el voto a favor del 55% de los Estados miembros, que representan al menos el 65% de la población de la UE. Si la votación se hubiera llevado a cabo, el voto alemán, sumado a los de los otros ocho países también posicionados en contra, habría hecho que la propuesta no saliera adelante.

Aunque se hubiera llegado a un acuerdo en el Consejo, el reglamento no hubiera entrado inmediatamente en vigor (como aseguraba un vídeo viral). Antes de que se cancelara la deliberación, Maldita.es consultó al Consejo Europeo sobre el tema y, en respuesta, precisaron que la regulación “no entrará en vigor el 14 de octubre: El Consejo de la UE puede probablemente alcanzar un acuerdo en su posición, pero este no es el final del proceso”. 

En una conferencia de prensa el 13 de octubre, el ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, afirmó: “Vamos a seguir con las negociaciones las próximas semanas de manera bilateral para intentar alcanzar un compromiso”. Un acuerdo que se alcanzó el 26 de noviembre de 2025. 

¿Quién tiene acceso a nuestros mensajes privados?

En un vídeo viralizado se indica que Chat Control “ya ha pasado todas las fases en el Parlamento Europeo para poder tener acceso a todos los mensajes privados de los europeos”. Pero tanto en la legislación que estuvo vigente como en la propuesta, serían las plataformas las que acceden y revisan con tecnologías específicas los mensajes de los usuarios. “Ninguna institución europea tendría acceso a los mensajes privados de los europeos en ningún caso”, destaca la asociación comercial de empresas de comunicaciones y tecnología Communications Industry Association Europe (CCIA).

La asociación añade que Chat Control 1.0 “solamente permite a los proveedores de servicios de comunicación interpersonal continuar con la detección y eliminación proactiva de material de abuso sexual infantil”. En ese sentido, Jabukowska recuerda que “permite a los proveedores revisar las comunicaciones privadas, pero no los obliga”. 

En el artículo 3 del reglamento, se indica que las tecnologías usadas deben ser “las menos intrusivas para la intimidad” y, si se utilizan para escanear mensajes, “que no sean capaces de deducir la sustancia del contenido, sino que sean únicamente capaces de detectar patrones que apunten a posibles abusos sexuales de menores en línea”. Si una plataforma detecta CSAM, debe denunciar a “las autoridades policiales y judiciales competentes o a organizaciones que actúen en interés público contra los abusos sexuales de menores”. 

Pero incluso antes de su entrada en vigor en 2021, plataformas como Facebook, Instagram y TikTok ya tenían acceso a nuestras conversaciones y decían utilizar de forma voluntaria tecnologías específicas con el fin de detectar el abuso sexual de menores en línea. Esto, antes de que Meta activara por defecto el cifrado de extremo a extremo para los mensajes de Facebook Messenger e Instagram en 2023. 

Actualmente, en España, sólo se puede acceder a las comunicaciones, sean por el medio que sean, mediante una orden judicial, y las plataformas tienen el "deber de colaboración" si son requeridas por un juez. Sin embargo, en el caso de las comunicaciones cifradas de extremo a extremo no se puede acceder a los mensajes, y, por tanto, incluso aunque hubiera una orden judicial, a día de hoy las plataformas no podrían garantizarlo.

En el caso de Chat Control 2.0, la propuesta inicial de la Comisión sí que podría obligar a las empresas tecnológicas a identificar y eliminar material de abuso sexual infantil. Pero es importante recordar que este texto sigue siendo una propuesta y puede sufrir modificaciones a lo largo del proceso legislativo hasta ser aprobada.

¿Qué tecnología deberán usar las empresas para el escaneo con Chat Control 2.0?

En un contenido que se ha viralizado sobre Chat Control 2.0 se asegura que esta propuesta 

“propone utilizar el client-side scanning para inspeccionar los mensajes antes de que se cifren en tu teléfono”. 

El client-side scanning  es una técnica que permite analizar el contenido “directamente en el dispositivo del usuario, antes de que el mensaje, la foto o el vídeo sean cifrados y enviados”, explica Jorge Louzao, experto en ciberseguridad y maldito que nos ha prestado sus superpoderes. La organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, Internet Society, precisa que el client-side scanning funciona analizando “el contenido de los mensajes en busca de coincidencias o similitudes con una base de datos de contenido objetable antes de enviar el mensaje al destinatario”. 

Pero la propuesta de la Comisión Europea no menciona explícitamente en su texto esta técnica. Louzao dice que “deja libertad [a las plataformas] para decidir qué herramientas usar, pero exige que sean eficaces, fiables y lo menos intrusivas posible”. Sin embargo, el experto añade que, en el caso de las plataformas cifradas, “esa tecnología parece la única forma realista de cumplir con las obligaciones de detección sin debilitar el cifrado en tránsito”. De momento, no hay mención oficial a ello en el texto de la Comisión Europea.

Con Chat Control 2.0, ¿los mensajes serán escaneados antes de cifrarse? 

Un vídeo viral asegura que “cada foto, cada mensaje, cada audio, será escaneado antes de cifrarse”. Sobre esto, CCIA Europe explica a Maldita.es que, según la propuesta inicial de la Comisión, “los mensajes de los usuarios se escanearían antes del cifrado, pero solo una vez que los proveedores reciban la orden de detección emitida por una autoridad judicial competente o una autoridad administrativa independiente del Estado miembro”. Es decir, los mensajes de los usuarios serían escaneados antes de cifrarse solamente si las plataformas reciben la orden de hacerlo, y la orden para ese escaneo podría dictarla un organismo administrativo independiente, no solo un juez.

¿Cuáles son los riesgos de privacidad asociados a romper el cifrado de extremo a extremo? 

La propuesta presentada por la Comisión de Chat Control 2.0 ha sido ampliamente criticada por grupos de derechos digitales, abogados y expertos en protección de menores. De hecho, se ha iniciado una campaña ciudadana en la que usuarios envían correos electrónicos en masa a eurodiputados y otros actores políticos para advertir sobre los supuestos riesgos de esta propuesta.  

Ella Jakubowska, responsable de Políticas Públicas de EDRi advierte de que la obligación de escanear los mensajes “socavaría el cifrado de extremo a extremo [mensajes que son sólo legibles para la persona que lo envía y la persona que lo recibe] para todos los ciudadanos europeos que dependen de él, y además conllevaría una vigilancia masiva ilegal”. Esto genera preocupación por sus consecuencias para la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios. 

Una posible aprobación de Chat Control 2.0 que implicara romper el cifrado podría tener un impacto en los derechos individuales y civiles de la ciudadanía. Yolanda Quintana, coordinadora y cofundadora de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI), explicó a Maldita.es que “tanto en regímenes autoritarios como democráticos, la libertad de expresión está comprometida si no tenemos garantizado el secreto de nuestras comunicaciones y, en algunos casos, el anonimato”.

Para romper el cifrado de extremo a extremo, Jakubowska explica que las plataformas y servicios en línea “tendrían que integrar proactivamente puertas traseras en sus servicios para acceder a los mensajes privados cifrados cuando reciban una orden para transmitir la información a la policía. De lo contrario, estarían infringiendo la ley”. Esto, según la experta, puede exponer estos sistemas a agentes maliciosos, como “gobiernos hostiles, hackers e incluso redes de abuso infantil”. 

En conversación con Maldita.es Louzao afirmó que si la ley se aprueba y acaba aplicándose habrá “una filtración de datos muy sensibles”. Iverna McGowan, secretaria general de la rama europea del Centro para la Democracia y la Tecnología, dijo a WIRED que “romper el cifrado de extremo a extremo para todos no solo sería desproporcionado, sino que sería ineficaz para lograr el objetivo de proteger a los niños".

Sin embargo, en el texto de la propuesta de Chat Control 2.0 se justifica que, “a pesar de la importante contribución de algunos proveedores, la acción voluntaria ha demostrado ser insuficiente para abordar el uso indebido de los servicios en línea con fines de abuso sexual infantil”. Emilio Puccio, secretario general del Intergrupo sobre los Derechos del Niño del Parlamento Europeo, defendió en LinkedIn que esta propuesta es “el arma más poderosa” contra los agresores de menores: “Creo firmemente en el poder de la seguridad jurídica; por eso es fundamental obligar a las empresas tecnológicas a detectar y denunciar todos los casos de abuso sexual infantil y a eliminar el abuso sexual infantil”.

En este artículo ha colaborado con sus superpoderes el maldito experto en ciberseguridad Jorge Louzao.

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Este artículo se ha actualizado el 14/05/2025 para cambiar el formato a preguntas y respuestas, el 26/11/2025 para actualizar la información, el 5/12/2025 para resolver una nueva pregunta sobre el ‘client-side scanning’, el 05/05/2026 para incluir la expiración de Chat Control 1.0 en abril de 2026 y el 10/07/2026 para incluir una nueva votación del Parlamento para prorrogar Chat Control 1.0.

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Las imágenes no aportan pruebas que relacionen ese etiquetado con Marruecos

Las imágenes muestran botellas de aceite de oliva virgen extra, sobre todo de la marca Carbonell, pero también de Hojiblanca y Koipe. Sus autores aseguran que si el origen indica “Unión Europea - no Unión Europea", el aceite procede de Marruecos. No aportan ninguna prueba para sostener su afirmación.

Según las normas europeas de comercialización del aceite de oliva, ese tipo de origen indica que en una misma botella se han mezclado aceites de aceitunas cosechadas en países dentro y fuera de la UE (artículos 8.3b iii y 8.7 del Reglamento 2022/2104).

Al no indicar el país concreto, no puede deducirse que el país externo a la UE que aporta aceite a la mezcla sea Marruecos, como se afirma en los vídeos. “Hay muchísimos países productores”, recuerda Raquel Gómez-Coca, investigadora en el Centro Superior de Investigaciones Científicas sobre detección de fraude en aceite de oliva.

La empresa productora niega haber usado aceite de Marruecos entre 2022 y 2026 en ninguna de las marcas mencionadas

Aunque las imágenes y vídeos se difundan ahora, comenzaron a circular al menos en 2023, con lo que las botellas son las de entonces. Deoleo, empresa que agrupa a Carbonell, Hojiblanca y Koipe, ha indicado a Maldita.es que las botellas de Carbonell son de la campaña 2022/2023. El vídeo que señala a Hojiblanca se difundió junto a los de Carbonell y, en el caso de Koipe, la propia etiqueta indica que el aceite es de esa misma campaña. Otras imágenes, que circulan al menos desde 2025 según la búsqueda inversa de Google, Deoleo asegura que “por el etiquetado y el contexto de la imagen, la botella corresponde al año 2022 o 2023”.

Desde Deoleo aseguran que “Marruecos no es un país proveedor de materia prima para Deoleo” ni lo fue en “ninguna de las campañas” 2022/23, 2023/24, 2024/25 ni 2025/26 para “ninguna de las marcas” mencionadas en los vídeos. Aseguran a 8 de julio de 2026 que “el 100 % del aceite de oliva que Carbonell comercializa en el mercado español proviene de almazaras ubicadas en España” y que han incorporado un código QR en cada envase a partir del cual “se puede comprobar el origen y la trazabilidad exacta del aceite”.

Explican que en la temporada 22/23, “España vivió una situación excepcional de sequía y temperaturas extremas que redujo drásticamente la disponibilidad de aceituna nacional”, por lo que “se incorporaron partidas de aceite de oliva virgen extra fresco procedentes de Chile y Argentina” de forma puntual, junto a una pequeña cantidad de Túnez.

Raquel Gómez-Coca cuenta que mezclar aceites de distintos países en una botella es una práctica “muy común” y que “depende de las necesidades” de cada participante en la cadena productiva, como productores o envasadores.

Marruecos supuso el 2% de las importaciones españolas de aceite de oliva en 2023

España es el principal productor de aceite de oliva del mundo, con 1.289.000 toneladas producidas en la campaña 2024/2025, según el Consejo Oleícola Internacional. Le siguen Turquía (450.000), Túnez (340.000) y Grecia (250.000), mientras que Marruecos está en el octavo lugar con 90.000 toneladas.

Por sus estadísticas de comercio exterior sabemos que España exporta más aceite del que importa. En 2023, año en que se vendieron las botellas que aparecen en los vídeos, el país al que más aceite compró España fue Portugal, que representó un 38% de las importaciones, seguido de Túnez con el 19,6%. Marruecos fue el octavo y representó un 2,1% del total de compras. Estas cifras se refieren a aceite de oliva en general, incluyendo virgen extra, virgen y el resto. Aquí contamos más sobre las importaciones y exportaciones españolas de aceite de oliva.

* En una versión inicial, decíamos que Deoleo sólo había aportado información sobre el origen no europeo del AOVE de 2022/2023 para la marca Carbonell, sin aclarar los de Hojiblanca y Koipe, por lo que la categoría del desmentido fue “Necesita contexto”. El 8 de agosto de 2025 elevamos la categoría a “Alerta” una vez Deoleo amplió sus declaraciones a las otras dos marcas.

A las personas inmigrantes que se encuentren en situación irregular en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar, como mínimo, haber residido al menos cinco meses antes del momento de presentar la solicitud. La autorización de residencia que obtendrán las personas beneficiadas por la regularización tendrá una duración inicial de un año y habilitará a trabajar. Pasado este periodo, deberán acogerse a alguna de las figuras ordinarias que contempla la Ley de Extranjería para mantener su residencia legal en España. 

La cifra estimada de beneficiarios de esta regularización es de 500.000, como anunció Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 27 de enero, cuando se acordó iniciar la tramitación urgente de la regularización.

Además, Saiz también aseguró que los menores a cargo de estas personas migrantes en situación irregular y los solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 también podrán beneficiarse de la regularización. 

Según el último informe del centro de análisis Funcas, elaborado con datos del año 2025, a 1 de enero había 840.000 personas no comunitarias en situación administrativa irregular en España. 

¿Qué requisitos se exige a las personas migrantes para poder beneficiarse de esta regularización?

Según el texto publicado en el BOE , se exigirá haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y poder acreditar una permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses en el momento de la solicitud. 

Para llevar a cabo esta acreditación no sólo será válido el padrón, sino que también se aceptará “cualquier documento público, privado o combinación de ambas que contengan datos personales que puedan acreditar la identidad de los solicitantes y que estén fechados”.  

Otra de las medidas exigidas será demostrar no tener antecedentes penales. Según el BOE, se exigirá el certificado de antecedentes penales en España, en país de origen, así como en los países en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España. No se incluye la opción de presentar una declaración responsable como sustituta del certificado de antecedentes penales, que sí que se valoró al inicio de la tramitación en enero. Por lo tanto, aquellas personas con una orden de expulsión vigente por la comisión de algún delito, no podrían optar a esta regularización.

Además, el texto publicado en el BOE recoge que las personas interesadas en acogerse a la regularización deberán demostrarhaber trabajado ya en España o acreditar el interés por hacerlo, contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado, o bien acreditar encontrarse en situación de vulnerabilidad.

¿Cuándo y cómo comenzarán los trámites? 

El decreto, publicado en el BOE el 15 de abril, entra en vigor un día después, el 16 de abril. Según explicó la ministra de Migraciones, los trámites telemáticos comenzarán el jueves 16 de abril y todo el proceso, tanto el envío de la documentación como la resolución, se podrá hacer a través de la plataforma Mercurio. En el caso de las personas que opten por la vía presencial, podrán hacerlo a partir del lunes 20 de abril y deberán solicitar cita previa. Podrán hacerlo por  vía telemática o en el teléfono 060.

Además, Saiz ha asegurado que participarán en el proceso oficinas de la Seguridad Social, sucursales de correos y oficinas de extranjería en horario de tarde. Para este trámite, ha afirmado la ministra, se contará con 550 personas extra.

¿Regularizar es lo mismo que nacionalizar?

No, la regularización y la nacionalización son procesos diferentes. La regularización es un proceso administrativo por el cual las personas migrantes que están irregulares en el territorio obtendrán una autorización de residencia legal. Esta autorización tendrá una vigencia inicial de un año, cinco en el caso de los menores de edad, que cuentan con autorizaciones de residencia propias reconocidas en la legislación española. Además, las personas migrantes que soliciten esta regularización podrán trabajar desde el momento en el que su solicitud sea admitida a trámite, un periodo que se estima que no se prolongue más de quince días.

Por otro lado, la nacionalidad por residencia en España es un procedimiento que requiere, al menos, 10 años de residencia “de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición”. En el caso de nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, el periodo de residencia se reduce a dos años. Además, deberán hacer dos pruebas en el Instituto Cervantes: una sobre el conocimiento del idioma español y otra de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. En ningún caso la regularización supone la obtención de la nacionalidad.

Además de esta vía, las personas extranjeras también pueden optar a la nacionalidad por opción, por carta de naturaleza o por posesión de estado.

¿La regularización concede derecho a voto? 

Estar regularizado no concede automáticamente el derecho a voto. En el caso de las elecciones generales y autonómicas, este es un derecho reservado únicamente a las personas con nacionalidad española. 

En cuanto a las elecciones municipales, las personas migrantes que tienen derecho a votar son aquellas que residen legalmente y que o bien son ciudadanas de la Unión Europea, o bien proceden de alguno de los países con los que España tiene firmados acuerdos de reciprocidad. En las últimas elecciones municipales, celebradas en 2023, pudieron votar extranjeros de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago que hubieran residido cinco años en España (tres en el caso de Reino Unidos y Noruega). 

En el caso de las elecciones europeas, el derecho a voto es para ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea que residan en España y a personas con nacionalidad española. 

¿Esta es la primera regularización extraordinaria de personas migrantes?

No. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España ha habido otras seis regularizaciones extraordinarias antes de la prevista para 2026. La primera de ellas se produjo en 1986 bajo el Gobierno de Felipe González (PSOE) y otras dos en 1991 y 1996, con un total de 174.011 solicitudes aprobadas. En 2005 hubo otra regularización de 576.506 personas bajo un gobierno socialista, esta vez durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). En el año 2000 y 2001, el gobierno de Aznar (PP) concedió la regularización a cerca de 500.000 personas en situación irregular en sus dos legislaturas.

¿Las personas migrantes regularizadas pueden ser deportadas?

Sí, si cometen algún delito con una pena de prisión superior a un año, como recogen la Ley de Extranjería y el Código Penal. Así lo estableció también el Tribunal Supremo en 2018. Esta expulsión conlleva “la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España”, así como “el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado”. 

¿Las personas migrantes regularizadas pueden optar a la reagrupación familiar?

Sí. Según recoge la Ley de Extranjería, las personas extranjeras residentes en España tienen derecho a la reagrupación familiar, después de la renovación del primer permiso de residencia, de su pareja, de sus hijos menores de edad o los de su pareja y de los hijos mayores de edad en situación de dependencia. Además, si consiguen la residencia de larga duración, obtenida tras cinco años de residencia legal y continuada en España, también podrán reagrupar a los ascendientes en primer grado mayores de 75 años. 

¿Las personas ucranianas y las “apátridas saharauis” han sido excluidas del proceso de regularización?

La regularización está dirigida a personas migrantes en situación irregular y tanto las personas ucranianas desplazadas por la guerra como las personas apátridas, entre las que se encuentran las saharauis, ya tienen permiso de residencia en España o tienen un procedimiento distinto para solicitarlo. 

En el caso de las personas de Ucrania desplazadas por la guerra con Rusia, el estatus que se les reconoce es el de protección temporal, una figura regulada en la directiva europea para la concesión temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Además, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuentan a Maldita.es que se está trabajando en un procedimiento específico, diferenciado de la regularización extraordinaria, que permitirá a estas personas cambiar su actual autorización de residencia por cualquiera de las previstas en la Ley de Extranjería y la Ley de apoyo a los emprendedores y internacionalización. 

Por otro lado, las personas apátridas, que no son reconocidas como nacionales por ningún Estado, también tienen permiso de residencia y trabajo en España, sean o no saharauis. Así lo recoge el Real Decreto 865/2001, una normativa específica que regula su estatus y les ampara, como señala el Ministerio en su página web. Además, en el caso de los solicitantes del estatuto de apatridia, la ley también contempla que obtengan una autorización provisional de residencia mientras se resuelve su expediente. En caso de resolución denegatoria, podrán acogerse a alguna de las figuras de regularización previstas en la Ley de Extranjería. 

¿Cuál es el perfil de los solicitantes de la regularización extraordinaria?

El 2 de julio de 2026, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó un balance provisional de la regularización extraordinaria, que cerró el 30 de junio con 1.174.978 peticiones, de las que 609.737 ya han sido tramitadas. 

Casi el 80% del total se corresponden con solicitudes por circunstancias de arraigo extraordinario, esto es, personas que se encontraban en España desde antes del 1 de enero de 2026 y podían demostrar cinco meses de residencia efectiva. El 20% de solicitudes restantes corresponden a solicitantes de protección internacional. Madrid y Barcelona son las ciudades en las que más solicitudes se han presentado, con un 17% y un 16%, respectivamente. 

En cuanto al perfil de los solicitantes, el 57% son hombres, frente a un 43% de mujeres, y la franja de edad más habitual es la de entre 25 y 34 años.

Según su origen, el 67% de los solicitantes proceden de países de Centroamérica y América del Sur, seguidos de casi un 23% de África y un 8,3% de Asia. Si se desagregan los datos por país, Colombia es el que más solicitantes acumula, con un 25,9%, seguido de Marruecos (13,3%) y Venezuela (11,8%). 

En su balance provisional, el Ministerio también ofrece información sobre la formación de los solicitantes o sus competencias lingüísticas. Estos datos se extraen mediante una encuesta voluntaria enviada a los mayores de 16 años a los que ya se les ha admitido a trámite la solicitud. A 2 de julio de 2026, se han enviado 160.799 cuestionarios y el 23% de ellos han sido respondidos, lo que supone unas 37.000 respuestas de los casi 1.175.000 solicitantes. De estas respuestas se extrae que, para esos 37.000 solicitantes que respondieron, ocho  de cada diez tienen “competencia lingüística plena” y dos de cada tres tienen estudios postobligatorios. 

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*El 28/01/26 se ha modificado el requisito de la permanencia de cinco meses en España

*El 30/01/26 se ha modificado el nombre de los responsables de la puesta en marcha de la ILP por la regularización 

*El 03/02/26 se ha añadido información sobre el texto provisional acerca de la regularización y los documentos que se pueden utilizar para acreditar no tener antecedentes penales

*El 14/04/26 se ha actualizado para ampliar la información tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros

*El 15/04/26 se ha actualizado para añadir la información recogida en el BOE

*El 17/04/26 se ha actualizado incluyendo el ladillo relativo a las personas ucranianas y saharauis

*El 21/04/26 se ha actualizado para incluir el tiempo de residencia concedido a los menores de edad según el texto definitivo de la regularización

*El 08/07/26 se ha actualizado este artículo para incluir información sobre el perfil de los solicitantes de la regularización extraordinaria.

A 14/03/2025 se ha modificado este artículo para cambiar la categoría de “no hay pruebas” a “bulo”. 

A 6/7/2026 hemos actualizado este artículo para volver a consultar a Quirónsalud por Diego Yllanes Vizcay.

¿Qué sabemos sobre los casos de abuso sexual a menores en Reino Unido?

Anne Cryer, diputada de la localidad de Keighley (West Yorkshire), fue una de las primeras voces públicas en hablar, en 2002, sobre posibles abusos sexuales hacia menores en su ciudad. Según recoge The Times, Cryer contó públicamente que varias madres de Keighley habían acudido a ella para quejarse de la inacción de las autoridades al pedirles ayuda para proteger a sus hijas de sus “novios pakistaníes”, ya que “no lo veían como un delito” y “temían ser acusados de racistas”. 

Dos años después, en 2004, se estrenó el documental “Edge of the City”, centrado en los abusos sexuales a menores que hombres de origen asiático estaban cometiendo en Bradford y Keighley, como publicó entonces The Guardian: “se estaban produciendo abusos flagrantes ante los ojos de todos y nadie parecía capaz de impedirlo”. Los testimonios que recoge el documental relatan que “hombres de la comunidad asiática de Bradford” estaban “captando a niñas de 11 o 12 años” para “ser violadas” y, en algunos casos, “secuestradas y violadas en grupo”. 

En 2007, se hizo público otro caso de abuso sexual a menores cuando The Times publicó un artículo sobre el encarcelamiento de dos hombres de origen asiático por “secuestro, actividad sexual con un menor y suministro de sustancias”. 

En 2011, The Times publicó una serie de reportajes sobre explotación sexual de menores en varias ciudades del norte de Inglaterra, que fueron bautizadas como “grooming gangs” o “bandas de captación sexual”. Según estos contenidos, durante más de diez años se produjeron abusos sexuales por parte de hombres adultos “de origen pakistaní” hacia menores de edad de entre 11 y 16 años en situación de vulnerabilidad, a las que captaban en la calle.  

Ya en 2014, se publicó el primer informe centrado en casos de abuso sexual infantil en Rotherham, ocurridos entre 1997 y 2013. Esta investigación, llevada a cabo por la académica británica Alexis Jay, concluyó que “nadie conoce la verdadera magnitud de la explotación sexual infantil en Rotherham” y que, según sus estimaciones “más conservadoras”, alrededor de 1.400 menores fueron explotados sexualmente en los años que abarca el estudio. El documento también recoge que "la mayoría de los agresores fueron descritos como asiáticos por las víctimas", muchos de ellos pakistaníes. Además, añade que los representantes políticos “no discutieron con la comunidad pakistaní sobre cuál era la mejor manera de abordar conjuntamente el problema". En 2018, la Agencia Nacional del Crimen británica (NCA, por sus siglas en inglés) actualizó las estimaciones de víctimas de abuso sexual infantil en Rotherham, en el marco de la Operación Stovewood, y elevó la cifra a 1.510 casos. 

También se han elaborado informes centrados en casos de abuso sexual infantil en otras ciudades británicas, como Telford, Oxfordshire u Oldham. 

Por otro lado, en 2022 se publicó una “investigación independiente” para Inglaterra y Gales sobre redes organizadas de explotación sexual infantil, exceptuando aquellos lugares sobre los que ya se habían hecho investigaciones previas (como Rotherham, Rochdale u Oxfordshire), que concluyó que resultaba “imposible conocer la magnitud” de estos casos. Además, se describía el abuso sexual infantil como algo “endémico”. 

A nivel gubernamental, en 2025 se publicó una auditoría que también concluyó que no se había podido evaluar la magnitud de la explotación sexual en grupo, ya que “el concepto de ‘bandas de explotación sexual infantil’, si bien es conocido por el público, no se refleja claramente en ningún conjunto de datos oficiales”. La única base de datos al respecto mencionada en este informe es el Conjunto de Datos sobre Abuso Infantil Complejo y Organizado (COCAD, por sus siglas en inglés), de nueva creación, y que establece que en 2024, el 3,6% de los casos de  abuso y explotación sexual infantil en Reino Unido fueron en grupo (más de dos participantes). 

En cuanto a las víctimas, esta auditoría determinó que la mayoría eran niñas y los perpetradores, hombres, aunque señalaba que “la etnia se evita [en los registros]”, lo que impide hacer una evaluación precisa a partir de los datos recopilados a nivel nacional. 

A finales de 2025, el Gobierno británico anunció la creación de una Comisión Independiente sobre Bandas de Abusadores Sexuales que, durante tres años, se centrará en investigar a las “grooming gangs”, abordando las “deficiencias sistémicas” identificadas en el tratamiento de los casos y tendrá en cuenta “el origen étnico, la religión y la cultura”, tanto de víctimas como de abusadores. 

La última investigación (no oficial) respecto a estas redes de explotación sexual en Reino Unido es la elaborada por Rupert Lowe, fundador del partido Restore Britain, publicada el 16 de junio de 2026. En ella se incluye una estimación de 250.000 víctimas, pero esta cifra no es precisa, como reconoce el propio texto. Se basa en unas declaraciones del político Malcom Pearson, pronunciadas en 2018 y 2019, y que, a su vez, surgen de una extrapolación de las cifras aproximadas de víctimas recogidas en los informes mencionados anteriormente a todo el territorio nacional. Te contamos más detalles sobre este informe aquí. 

¿Qué sabemos sobre el supuesto encubrimiento de los casos por parte de las autoridades?

El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) es el organismo encargado de decidir qué casos se procesan judicialmente tras una investigación policial. Entre 2008 y 2013, Keir Starmer, ex primer ministro británico, estuvo al frente de este órgano y, en 2012, reconoció que sí hubo fallos durante la investigación de los casos de abuso sexual infantil, como recogió The Times, porque “la policía, los fiscales y los tribunales no comprendieron la naturaleza del abuso”. Starmer declaró que, si bien existía “un problema de etnia” que debía “comprenderse y abordarse”, fue el trato a las víctimas, “la cuestión de la credibilidad”, lo que provocó que estos casos “no se procesaran”. 

Starmer también hizo referencia a “mitos y estereotipos” sobre las víctimas. Entre ellos se encuentra la creencia de que “una víctima real denunciaría rápidamente la violación, ofrecería un relato coherente de cualquier agresión sexual y no volvería con el agresor”, mientras que la realidad de las víctimas de explotación sexual era que “tardaban meses o incluso años” en hablar de ellos y, en muchos casos, “volvían con sus abusadores”. Te contamos más sobre el papel de Starmer en relación a las investigaciones de estos casos aquí. 

Además, en 2022, Nazir Afzal, sucesor de Starmer al frente de la CPS, también reconoció que se habían cometido errores en el ejuiciamiento de algunos de los hombres implicados en casos de abuso sexual infantil en Rochdale, durante el liderazgo de Starmer, como publicó entonces The Guardian. También señaló que Starmer había estado de acuerdo en enmendar el error y procesar a los acusados. Según las pruebas presentadas ante el Comité de Asuntos Internos, la decisión de no llevar a cabo este enjuiciamiento se basó en las directrices del CPS, que creía que las víctimas “no tenían posibilidades reales de lograr una condena”. 

Por otro lado, el informe de 2014, centrado en casos de abuso sexual en Rotherham, señala que “durante los doce primeros años de investigación, los fracasos colectivos de la dirección política y de los oficiales fueron flagrantes”, hasta el punto de producirse “supresión” de documentos. Además, el informe independiente publicado en 2022 reconoció fallos en la recogida de datos por parte de las autoridades sobre la “etnia de las víctimas y los presuntos perpetradores”.   

En cuanto a la investigación de estos casos, muchas de las personas implicadas en estas redes de abuso sexual infantil ya han sido condenadas: 

• En el marco de la Operación Stovewood, siete hombres fueron condenados a penas de prisión que suman 106 años por delitos sexuales contra menores en Rotherham. 

• Ese mismo año, otros once hombres fueron condenados a penas de entre ocho y 11 años en Derbyshire por los mismos delitos. 

• En el marco de la Operación Lakeland, entre 2008 y 2010, tres personas fueron condenadas por explotar sexualmente a unas 30 niñas menores de edad en Cornualles. 

• En mayo de 2012, la Operación Span concluyó con la condena a entre cuatro y 19 años de prisión para nueve hombres por delitos de explotación sexual infantil en Rochdale y Oldham.

• La Operación Bullfinch, concluida en junio de 2013, condenó a siete hombres de Oxford por delitos relacionados con la explotación sexual infantil, incluyendo violación, trata de personas con fines de prostitución o la trata dentro de Reino Unido. 

• En 2014, 13 hombres fueron condenados en Bristol en el marco de la Operación Brooke, con penas de prisión de entre 18 meses y 13 años. 

Además, según reporta la BBC, a lo largo de los últimos diez años, 66 personas de Bradford han sido condenadas por casos de explotación sexual infantil grupal y, a junio de 2026, hay otras 24 investigaciones en curso. 

La Comisión Independiente sobre Bandas de Abusadores Sexuales, creada por el Gobierno británico a finales de 2025, ha anunciado que los primeros lugares que se investigarán en relación con las bandas de explotación sexual infantil serán Oldham, Bradford, Keighley y Londres, como publica la BBC. Según recoge el artículo, la Comisión “obligará a personas e instituciones a explicar qué hicieron o dejaron de hacer para proteger a los niños del abuso sexual”.

¿Qué sabemos sobre la cobertura mediática de los casos de abuso sexual infantil?

Al contrario de lo que señalan algunos de los contenidos difundidos, los medios de comunicación, tanto británicos como internacionales, llevan años cubriendo casos relacionados con las redes de explotación sexual en Reino Unido. Ya en 2007, The Times cubrió las primeras condenas de hombres asiáticos involucrados en abuso sexual de menores y, anteriormente, en 2004, otros como The Guardian se hicieron eco del estreno del documental “Edge of the City”, centrado en los abusos sexuales a menores en Bradford y Keighley. La BBC, la cadena de televisión ITV o The Telegraph también han hecho publicaciones al respecto. 

A nivel internacional, otros también se han hecho eco de noticias relacionadas con estas redes de explotación. En Estados Unidos, el Washington Post, la cadena de televisión CNN, The New York Times o la emisora FOX han publicado al respecto. En España, El País o El Mundo también han hecho seguimiento de los casos. 

¿Qué contenidos han circulado alrededor de estos casos de explotación sexual infantil?

Desde Maldita.es hemos identificado diferentes contenidos sobre la investigación de las redes de explotación sexual infantil en Reino Unido. Algunas de estas publicaciones contienen desinformación. Te contamos lo que sabemos al respecto: 

• Qué sabemos del papel de Keir Starmer, exprimer ministro británico, en las investigaciones sobre las redes de explotación sexual en Reino Unido

• Qué sabemos sobre la cifra de 250.000 "niñas blancas" víctimas de redes de explotación sexual en Reino Unido: se trata de una estimación hecha por un parlamentario británico en 2018 y recogida en una investigación no oficial

• Qué sabemos del rapto y violación "con perros" de "chicas blancas" en Reino Unido: son testimonios de víctimas recogidos en una "investigación independiente" del caso

• Qué sabemos sobre la desaparición de Charlene Downes, su relación con las “bandas de explotación sexual” en Reino Unido y el supuesto uso de su cuerpo como “carne de kebab”

Actualizaremos este artículo a medida que se conozcan nuevos datos sobre el tema. 

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*El 26/06/2026 se ha actualizado este artículo para incluir la información disponible hasta la fecha acerca de los abusos sexuales a menores en Reino Unido

Maldita.es también contactó el 12 de marzo de 2026 con el Ministerio de Hacienda para preguntarle por estas afirmaciones y en el momento de publicar no obtuvo respuesta.

Por otro lado, respecto a los contenidos que afirman que el exprimer ministro supervisó el envío de “cartas de advertencia” a 13.000 hombres involucrados en estas redes de explotación sexual infantil, estos se basan en la investigación propia de Rupert Lowe, fundador del partido Restore Britain, que, a su vez, menciona otra investigación publicada por la web Express. El uso de notificaciones de alerta por secuestro de menores (CAWN, por sus siglas en inglés) es habitual en casos de explotación sexual infantil. Así, según una investigación independiente para Inglaterra y Gales publicada en 2022, en el caso de las “bandas de explotación sexual infantil” se detectó un uso elevado de estas notificaciones, frente a otras técnicas de desarticulación, pero no se menciona el papel que Starmer jugó en su utilización. 

Por su parte, el exprimer ministro se defendió de los comentarios que cuestionaban su labor como Fiscal General, afirmando, en una rueda de prensa en 2025, que, durante su etapa al frente del CPS, abordó “ese problema [el de las redes de explotación sexual infantil] de frente” y que por eso reabrió “casos que habían sido cerrados y supuestamente concluidos”. Y añadió: “Llevé a cabo la primera acusación importante contra una banda asiática de explotación sexual infantil. Cambié por completo el enfoque de la fiscalía”. 

Por otro lado, algunos informes y publicaciones sobre el desarrollo de las investigaciones sobre estas redes de explotación sexual infantil sostienen que el miedo a “ser etiquetados como racistas” había obstaculizado la capacidad de los organismos oficiales para “combatir el acoso y la explotación sexual”, pero en ningún momento se señala a Keir Starmer.  

El partido Restore Britain, fundado por Rupert Lowe, tiene objetivos antimigratorios, tales como expulsar a personas migrantes en lo que llaman “inmigración masiva inversa” o “priorizar los intereses británicos”. 

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*El 24/06/2026 se ha actualizado este artículo incluyendo la defensa de Starmer sobre su papel al frente de la Fiscalía General y la última investigación, publicada por Rupert Lowe, sobre las redes de explotación sexual infantil en Reino Unido

En este caso el texto es similar a otro texto de opinión: una carta abierta al Rey Juan Carlos en Periodista Digitalde Jaime Miguel Tur en febrero de 2011.

Un contrato público con un presupuesto base de 58.000 euros adjudicado por unos 43.000

El Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó un anuncio de licitación el 12 de diciembre de 2023 para adjudicar a una empresa el “suministro de panadería y bollería” para “la elaboración de los diferentes desayunos, menús, platos y otros productos” que se ofrecen en la cafetería-comedor de la sede del ministerio, ubicada en el Paseo de la Castellana número 63, en Madrid. 

El Ministerio de Trabajo explicó en ese momento a Maldita.es que esta cafetería-comedor presta servicio a sus trabajadores y a los de otras carteras, cuyos edificios están próximos a la sede central del ministerio liderado por Yolanda Díaz. Aseguró, además, que los empleados tienen que pagar por estos productos “como en cualquier cafetería”.

No hay rastro de los 68.000 euros que se han viralizado en redes sociales entre las cifras que aparecen en los diferentes documentos publicados en el Portal de Contratación del Sector Público para 2024, cuando empezó a circular este contenido. Estos textos revelan que contaba con un presupuesto base de 57.960,82 euros con impuestos (54.444,20 euros sin IVA) y terminó adjudicándose por 43.359,19 euros (40.660,90 euros sin impuestos) a la pyme Frutícolas Ateca S.L., según se publicó el 14 de febrero de 2024 en el Portal de Contratación del Sector Público.

El valor estimado del contrato (la cantidad que calcula el organismo que costará ejecutar un contrato sumando posibles prórrogas y otras incidencias que pueden encarecer la previsión inicial) asciende a 92.682,64 euros. 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social explicó en 2024 a Maldita.es que el importe de adjudicación es el que se ve reflejado en los documentos publicados en el Portal de Contratación del Sector Público. Y aseguró que no tiene constancia de los 68.000 euros que circulan por redes sociales.

La empresa adjudicataria se encargaba de suministrar productos de panadería y bollería y churros y porras

Algunos de los contenidos desinformadores aseguran que el ministerio ha gastado 68.000 euros en churros, porras y bollería industrial. El contrato constaba de dos lotes para el suministro de “productos de panadería y bollería” y “churros y porras”. Según los documentos de la adjudicación: 

• El primer lote tenía un valor estimado de 81.336,64 euros y un presupuesto base de 50.915,32 euros. El importe total adjudicado a la empresa por este lote fue de 39.476,08 euros con impuestos. 

• El segundo lote tenía un valor más reducido, estimado en 11.346 euros y un presupuesto base de 7.045,5 euros. El importe total adjudicado a la empresa por este lote fue de 3.883,11 euros con impuestos. 

  

  En el pliego de prescripciones técnicas del contrato se incluye un listado con la cantidad que la empresa debe aportar para cada artículo solicitado por el ministerio. Sumando los dos lotes, el Ministerio de Trabajo y Economía Social solicita 38 productos diferentes, entre los que encontramos, por ejemplo, caracolas, galletas de mantequilla, saladitos, buñuelos o churros. 

Tanto el número de artículos a suministrar como el importe de los mismos se han calculado en función de los consumos anuales anteriores, según explica el pliego de prescripciones técnicas del contrato. Este documento incluye también otros requisitos para la prestación de este servicio, como que al inicio del contrato se planificaría la cantidad semanal a suministrar teniendo en cuenta los días festivos de ámbito nacional. 

El plazo de ejecución de este contrato público eran siete meses en 2024

Los documentos del Portal de Contratación del Sector Público también aclaran que el plazo de ejecución de este contrato público era de siete meses, y no dos como aseguran algunos de los contenidos que se han viralizado. El suministro de los productos establecidos para ambos lotes tendría que realizarse hasta el 31 de octubre de 2024. El servicio del primer lote estaba previsto para el 21 de marzo y el segundo, para el 1 de abril.

Si tenemos en cuenta estos plazos y el importe final adjudicado a la empresa por cada uno de los lotes, el ministerio no se gasta “unos 1.700 euros diarios” en desayunos como aseguran los contenidos desinformadores. El primer lote de productos de panadería y bollería tenía que ejecutarse en 157 días laborables (sin contar los festivos nacionales), lo que supuso un gasto de 251,4 euros diarios. Y el segundo lote de churros y porras en 154 días laborables, por lo que el gasto diario estaba previsto  de 25,7 euros.

No es la primera vez que la adjudicación del contrato público para el suministro de víveres para el servicio de cafetería-comedor del Ministerio de Trabajo va acompañada de desinformación. En 2022, varias páginas web publicaron una supuesta “lista de la compra” de la cartera de Yolanda Díaz valorada en más de 824.000 euros. Las cifras se extrajeron de un anuncio de licitación con una duración de un año para el suministro de víveres para el servicio de cafetería-comedor de la sede central del ministerio. Como contamos en Maldita.es, la licitación de 2017 para este mismo servicio fue por un valor de 785.501 euros y en 2019 por 822.957 euros. La de 2022 se suspendió y anuló por “un error en los pliegos”.

En 2024 se adjudicó otro contrato de panadería, bollería, churros y porras por valor de 123.000 euros para un año

El 24 de julio de 2024, el Ministerio de Trabajo adjudicó a una pyme el lote 5 del contrato de suministro de víveres para la cafetería-comedor de la sede central del ministerio por valor de 123.640,60 euros durante 12 meses, y que entró en vigor en noviembre de 2024. Este lote incluye productos de panadería, bollería, churros y porras [pág 26].

_{*Artículo actualizado el 18/02/2026 para indicar que el contrato es de 2024, y en contratos posteriores tampoco aparecen las cifras que se mencionan en los contenidos desinformadores que vuelven a circular.}

Índice

• Qué dicen las agencias de medicamentos

• La evidencia científica disponible sobre seguridad y eficacia de esta vacuna

• Desinformaciones que se comparten sobre esta vacuna

• RFK Jr. contribuye y consigue dinero con estas desinformaciones

• Extra: recopilación de literatura científica sobre las vacunas contra el VPH

Qué dicen agencias de medicamentos sobre las vacunas de VPH que han aprobado

Las agencias responsables de aprobar y vigilar medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios muestran datos favorables de la vacuna contra el VPH que han autorizado. Destacan que este producto previene la mayoría de cánceres vinculados a este tipo de virus y de verrugas genitales, y que se ha notado un descenso en enfermedades asociadas al VPH desde que empezaron sus programas de vacunación.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) tiene autorizadas tres vacunas contra el VPH. De la última aprobada presenta datos de seis estudios diferentes donde se muestra que esta vacuna previene la mayoría de cánceres de cuello uterino, vagina y vulva producidos por estos virus, así como verrugas genitales asociadas al VPH. También destaca que quienes recibieron esta vacuna en los ensayos clínicos desarrollan anticuerpos contra algunos de los virus de VPH de mayor riesgo.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) destacan que la vacuna contra el VPH muestra una efectividad muy alta, “cercana al 100%”, a la hora de prevenir las infecciones de estos virus y dos tipos de cáncer vinculados al VPH.

El Sistema Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) mantiene desde 2008 un programa de vacunación que ha demostrado “un gran descenso” en enfermedades vinculadas al VPH, como el cáncer de cuello uterino y las verrugas genitales. Organizaciones que estudian el cáncer en este país corroboran que esta vacuna está previniendo los casos de este cáncer.

El Comité Consultivo Global sobre Seguridad de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaba ya en 2017 que aquellos países que mantienen un programa de vacunación contra el VPH muestran menor incidencia de cáncer de cuello uterino y de lesiones precancerosas. Al mismo tiempo, destacaba que en aquellos países que no recomiendan activamente la vacunación, como Japón, mostraban un aumento de la mortalidad por estos cánceres.

Qué dice la evidencia científica disponible sobre la seguridad y efectividad de la vacuna contra el VPH

Se han hecho multitud de trabajos científicos sobre la efectividad de distintas vacunas de VPH. En líneas generales, apuntan a lo siguiente:

• La vacuna contra el VPH ha demostrado que previene el desarrollo de cánceres, incluyendo el cáncer de cuello de útero, y de las verrugas genitales vinculados a este grupo de virus.

• La efectividad es mayor en quienes se han vacunado más jóvenes, pero quienes reciben la vacuna en edad más adulta o tras infectarse de VPH también se ven beneficiados.

• Su efecto adverso más común es dolor en el lugar del pinchazo, seguido de dolor de cabeza. 

• A pesar de que se difunden rumores sobre enfermedades autoinmunes asociadas a la vacuna, no se ha conseguido demostrar que sean causadas por este fármaco.

• Tampoco se ha encontrado una relación entre esta vacuna e infertilidad, tal y como apuntan algunos contenidos.

Al final de este artículo recopilamos en un bloque un resumen de evidencias científicas sobre la efectividad de estas vacunas (la capacidad que tienen para prevenir o reducir la incidencia de enfermedades) y la seguridad (que los beneficios de vacunarse sean mayores que los posibles daños o riesgos).

Las desinformaciones que se comparten sobre la vacuna contra el VPH

A pesar de la evidencia científica, se comparten mensajes desinformadores sobre esta vacuna contra el VPH. Algunos de los estudios del apartado anterior reconocen que estos rumores y especulaciones pueden afectar a la cobertura de esta vacuna en la población que debe recibirla. 

Algunos de estos mensajes dicen que esta vacuna aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino, que los riesgos de sus efectos adversos superan los supuestos beneficios que se consiguen con esta vacuna o que los ensayos clínicos se hicieron incorrectamente o no han tenido un seguimiento adecuado. También hay mensajes que no apuntan a un motivo concreto, simplemente indican que este producto es dañino, peligroso o que la información disponible no es fiable e invitan a hacer su propia investigación.

RFK Jr., candidato a dirigir los servicios de Salud de Estados Unidos, contribuye y consigue dinero con estas desinformaciones

Una persona que ha contribuido a estas desinformaciones sobre la vacuna contra el VPH es Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.), actual secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, brazo del Gobierno estadounidense que dirige diferentes agencias estadounidenses con impacto en la salud pública, como los CDC, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o los Institutos Nacionales de Salud (NIH). 

Desde sus perfiles en redes sociales, Kennedy ha compartido que la vacuna aprobada en Estados Unidos contra el VPH aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino “de la misma forma que la de COVID aumenta el riesgo de COVID”, que algunos efectos adversos “graves” reportados sobre esta vacuna “estaban contando como ‘no graves’”, que existe literatura científica que vincula esta vacuna a enfermedades autoinmunes, entre otros mensajes.

Kennedy fundó y presidió en su momento la organización Defensa de la Salud de los Niños (CHD, siglas en inglés). Esta organización ha contribuido también a diseminar algunas de las desinformaciones sobre esta vacuna, sirviendo como repositorio de enlaces desde los que el candidato comparte sus mensajes y mostrando supuestas evidencias de por qué no vacunarse contra el VPH.

RFK Jr., además, participó en un litigio contra Merck, compañía farmacéutica que fabrica Gardasil, la vacuna contra el VPH aprobada en Estados Unidos. Esta participación, explica Reuters, consistió en construir el caso para bufetes y abogados que buscaban demandar a Merck por supuestas lesiones causadas por vacunas, lo que podría obligar a la farmacéutica a compensar económicamente a estas personas. 

Por último, Kennedy mantiene una participación económica en varios litigios contra Merck según una declaración de intereses que hizo pública en enero de 2025 y que publicó el New York Times. Esta declaración señalaba que RFK Jr. tenía derecho a cobrar el 10% de los honorarios de casos que él remitió a un bufete de abogados que disputaba contra Merck en los tribunales.

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*El 20/7/23 se ha modificado el titular de este artículo para pasar de "No, no hay pruebas de que 'los musulmanes procedentes de Marruecos vivan en un 80% de las ayudas sociales'. Es una cifra inventada" a "Las desinformaciones que dicen que los musulmanes procedentes de Marruecos viven en un 80% de las ayudas sociales en Cataluña".

*El 20/7/23 se ha incluido mención en este artículo al Ingreso Mínimo Vital.

*El 23/06/2026 se actualizó este artículo para incluir la exigencia a los beneficiarios de la RGC de estar inscritos en el SOC

Desde Ecovidrio aseguran a Maldita.es que la recaudación ya no está activa

La iniciativa de Ecovidrio, en colaboración con la asociación DalecandELA, promovía la difusión de un vídeo sobre el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que se lanzó el 21 de junio de 2023 en YouTube. Su objetivo era alcanzar 300.000 reproducciones para poder donar 6.000 euros a la asociación de Jaime Lafita. 

Desde el departamento de comunicación de Ecovidrio aseguran a Maldita.es que la recaudación se llevó a cabo en verano de 2023, momento en el que se alcanzaron las reproducciones. Por lo tanto, la recaudación ya no está activa.

En la descripción del vídeo publicado en YouTube la entidad añade que ya han conseguido el objetivo marcado.

No se puede recaudar dinero difundiendo un vídeo o una imagen por WhatsApp

La campaña de Ecovidrio perseguía conseguir las 300.000 visitas en YouTube. Sin embargo, ahora se está difundiendo como una cadena de WhatsApp. Como se puede leer en su apartado de preguntas frecuentes, WhatsApp utiliza "el cifrado de extremo a extremo" lo que hace que "sólo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo". 

Por tanto, compartir un vídeo o una imagen por WhatsApp no hace que se recaude dinero porque nadie sabe cuántas veces se reenvía y la plataforma no conoce el contenido del vídeo qué se está compartiendo. 

La única manera de recaudar dinero sería pinchando en el enlace del vídeo de YouTube, pero a 29 de enero no tendría ningún efecto porque la recaudación ya no está activa. 

En Maldita.es ya hemos explicado cómo puede una campaña online generar dinero por las visitas que tenga un vídeo. Así mismo, hemos alertado de casos similares como el vídeo de esta niña para recaudar supuestos fondos para que la operen de cáncer o esta cadena viral de 2017 que aseguraba que por cada 10 personas con las que compartieras esa misma fotografía se dedicaría “1 euro para la investigación contra el cáncer”.

El portal mezcla casos de corrupción con casos que no se están investigando como tal: contabiliza el rescate bancario como un caso de corrupción nacional del Partido Popular. Esta cifra representaría la mitad de la corrupción del PP. La propia web reconoce que el rescate "no es un caso de corrupción, judicialmente hablando, por ahora".

Los datos que muestra “Casos Aislados” son “públicos” y “salen en los medios de comunicación, las sentencias judiciales y varias páginas web”, según se indica en el propio portal. Al mezclar también casos con sentencia firme con casos que están siendo investigados las cifras pueden no coincidir con lo que posteriormente se pruebe.  

La web afirma que los datos se han recopilado como “iniciativa y trabajo personal” y aseguran que no van ligados a ningún partido ni organización.

_{*Este artículo ha sido actualizado a 17 de junio de 2026 para adaptarlo a la metodología actual de Maldita.es.}

En cuanto al tratamiento, según la revista científica de la Asociación Española de Pediatría, el enfoque debe ser multidisciplinar y dirigido principalmente a mantener una adecuada ventilación. Los pacientes, “necesitan asistencia respiratoria mediante una máquina (ventilación mecánica) o un dispositivo que estimule un patrón respiratorio normal (marcapasos de diafragma)”, señala el portal Medline, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y añade que algunos “necesitan este apoyo las 24 horas del día, mientras que otras solo lo necesitan por la noche”. 

Sobre el pronóstico de estos pacientes, conforme existe un mayor conocimiento y soporte tecnológico, este “ha ido mejorando”, aunque sigue limitado “por las complicaciones derivadas de la ventilación mecánica prolongada”. La expectativa de vida y el grado de discapacidad intelectual derivado dependen de la gravedad del trastorno, el momento del diagnóstico y el éxito del tratamiento.

En relación al caso de Thiago, desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con la cuenta de Instagram a la que apelan los vídeos (@thiago_siguerespirando), desde donde responden que el caso “es real” y que se dispone de “todos los informes médicos y pruebas genéticas”. Además, desde la Asociación Síndrome de Ondine “manifiestan públicamente” que el caso del menor “es real y corresponde a una familia que forma parte activa de la asociación”, según un comunicado publicado la noche del 17 de febrero.

Estas imágenes que se difunden tienen muy poca calidad y están recortadas. Pero al hacer una búsqueda por palabras clave encontramos varias publicaciones sobre el vídeo en 2008. De hecho, si nos fijamos en el vídeo original, sin recortar, vemos que en el propio suelo del plató de televisión en el que se hizo la entrevista ponía “2008”.

La entrevista la realizó el periodista Iñaki Gabilondo, quien también dice en este otro vídeo de 2017 que aquellas palabras las pronunció Zapatero “antes de las elecciones de 2008” (minuto 0.05). En esas elecciones el expresidente fue reelegido. Según El Mundo, Gabilondo pidió disculpas por la distribución de estas imágenes que se grabaron después de la entrevista, afirmando que había sido un “descuido”.

*Hemos actualizado este artículo el 15 de junio de 2026 para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es.

En el texto, que no se ha aprobado todavía, se incluyen artículos que autorizan la “eutanasia” y, “en casos excepcionales”, las autoridades locales podrán intervenir para “poner fin al peligro que representan los animales callejeros”, según una traducción con Google Translate del artículo 51 del texto.

El proyecto de ley también incluye medidas como la creación de una base de datos de animales callejeros, así como nuevas condiciones para los centros que asisten a estos animales. El texto, revisado y traducido por Maldita.es, no incluye ninguna mención al Mundial de Fútbol 2030. A 25 de marzo de 2026 la norma continúa en tramitación parlamentaria. 

Mientras este proyecto de ley sigue su curso parlamentario, la Ley Orgánica de Municipios marroquí establece que la competencia en esta materia es de los municipios, que sonquienes tienen que “llevar a cabo operaciones para recoger perros callejeros y combatir la rabia y cualquier otra enfermedad que amenace a los animales domésticos”.

La asociación animalista International Animal Coalition indica a Maldita.es que hay “un aumento de matanzas de perros callejeros” en varias ciudades marroquíes  

La International Animal Coalition (IAWPC) indica a Maldita.es que “en Marruecos los perros son constantemente asesinados de forma violenta” y que reciben “informes diarios de todo Marruecos”. Sobre ello, publican contenidos “específicamente relacionados con las sedes de la Copa Africana de Naciones” sobre el daño que están sufriendo estos animales. En una petición de firmas online la IAWPC asegura, sin aportar ninguna prueba de ello en el interior de la publicación, que “hombres armados, con órdenes del Gobierno, recorren las zonas urbanas y rurales de Marruecos día y noche, con rifles y pistolas, disparando a los perros”. 

Al contactar a la asociación IAWPC, la entidad sí envió a Maldita.es un conjunto de contenidos que evidenciarían el asesinato de perros en Marruecos por parte de las autoridades. Junto a vídeos o fotografías con carácter explícito de asesinatos de perros, IAWPC facilitó a Maldita.es una “solicitud oficial de munición de 1000 cartuchos para matar perros callejeros durante un período de cinco días en la región de Nador”. En el propio documento, firmado por el Ministerio del Interior marroquí en septiembre de 2025, se indica que el objeto de esta compra de cartuchos es la “caza para matar perros callejeros”.

Según una publicación de Hespress, el Tribunal Administrativo de Primera Instancia de Rabat emitió una sentencia en julio de 2025 (dos meses antes de la fecha que aparece en la firma del documento del Ministerio del Interior mencionado anteriormente) en la que establecía que es el Ministerio del Interior quien tiene que garantizar que se respeten las leyes vigentes y consideró que “la ejecución de perros callejeros mediante disparos o envenenamiento” es una “violación de las leyes y acuerdos relativos a la protección de animales”. 

Maldita.es ha preguntado por la veracidad de este documento el 25 de marzo de 2026 al la portavocía del Gobierno de Marruecos, la Embajada marroquí en España y al Ministerio del Interior de Marruecos y en el momento de publicar esta información no hemos recibido respuesta.

La IAWPC asegura a Maldita.es también que en ciudades como Agadir, Tánger, Marrakech, Fez, Casablanca y Rabat hay “un aumento en las redadas violentas y la matanza de perros callejeros”. “Existen bastantes pruebas relacionadas con las redadas violentas y la matanza de perros en relación con el fútbol y otros eventos nacionales e internacionales”, indican. 

La IAWPC tiene otros contenidos subidos en redes sociales, como un testimonio anónimo de un supuesto antiguo oficial del Ejército marroquí que les habría dicho que personal del ejército estaría disparando a los perros. Maldita.es contactó con el Ejército de Marruecos el 25 de marzo de 2026 y en el momento de publicar no hemos recibido respuesta. 

También subieron a su perfil de Instagram un vídeo de un concejal de la ciudad de Marrakech defendiendo, según sus propias palabras, “la vuelta a los métodos tradicionales” para controlar a los perros callejeros disparándolos. La intervención de Khalil Boulhassan es real y la subió a YouTube en octubre de 2025 una cadena de televisión marroquí llamada Marrakechalaan. En su intervención Boulhassan rechaza que haya “equipos que se encarguen de la recolección” de perros. 

Según una nota de prensa del Ayuntamiento de Marrakech, el 4 de noviembre de 2024 se pusieron “unidades de intervención” para “controlar la presencia de perros callejeros”. En una de las imágenes de la propia publicación del Ayuntamiento de Marrakech se puede observar a un grupo de personas uniformadas al lado de dos furgonetas blancas. En la otra imagen aparece una de las furgonetas circulando en la plaza del mercado Jamaa el-Fna de la ciudad.

Ya había publicaciones denunciando matanzas de los perros callejeros en Marruecos antes del anuncio de la candidatura junto a España y Portugal en 2023

Antes de que se anunciase la celebración del mundial allí en diciembre de 2024 e incluso antes del anuncio de la candidatura conjunta en marzo de 2023, ya había publicaciones en prensa o de organizaciones animalistas que alertaban sobre la situación de los perros callejeros en el país y las matanzas que se estaban realizando: 

• Un estudio de 2017 cifró los perros se habían sacrificado en Marruecos entre los años 1971 y 2012. En el año 2005 se habrían llegado a sacrificar a más de 400.000 perros.

• La Sociedad Protectora de Animales en Marruecos monitoriza las cifras de perros asesinados desde 1956 hasta la actualidad y en 2023, su último año completo disponible, se habrían asesinado a más de 500.000 perros. 

• Una publicación de 2018 del medio deportivo Inside World Footbal mencionaba que “Marruecos fue criticado por grupos de derechos de los animales por intentar presentar una imagen falsa al matar a perros callejeros”. 

• Un vídeo del periódico digital marroquí Hespress, de enero de 2022, ya hablaba de la “proliferación de perros callejeros” en Salé, una ciudad cercana a su capital, Rabat.

• Un artículo del digital marroquí Rue20 de enero de 2022 hablaba de una “matanza a tiros” de perros callejeros cerca de Rabat. 

• Una publicación de mayo de 2023 de Party For Animals llamaba a “detener la matanza de perros callejeros”. 

• En noviembre de 2024 la IAWPC subió a Instagram un reportaje informando de “matanzas masivas de animales en la región de Uchda” que se habrían producido durante las fases eliminatorias de la Copa Africana de Naciones. 

• La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) también alertó de esta “matanza sistemática” en diciembre de 2024.

Un portavoz de la FIFA, que no identifican, comentó al Daily Mail en febrero de 2026 “que durante su candidatura para la Copa de 2030, Marruecos aumentó su compromiso con el bienestar animal, destacando los esfuerzos del Gobierno para expandir las clínicas y apoyar programas para perros callejeros”. En el informe de noviembre de 2024 de evaluación de la candidatura de la FIFA indica que Marruecos se había “comprometido con la protección de los derechos de los animales”.

Un artículo publicado por la OMS menciona que la “gestión” para controlar la población de perros callejeros en Marruecos ha sido “principalmente” su “eliminación”

Un artículo publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Revista de Salud del Mediterráneo Oriental en agosto de 2025 calcula que hay “entre 3 y 4 millones” de canes viviendo en las calles del país, algo que representa una “amenaza real para la salud y la seguridad en Marruecos” y dice que “la gestión de los perros callejeros en Marruecos ha consistido principalmente en la eliminación”. 

En el mismo artículo se cita que desde 2019 el Gobierno de Marruecos adoptó el método ‘Capturar-Esterilizar-Vacunar-Liberar’ (CNVR o TNVR, por sus siglas en inglés) para controlar la población de perros callejeros. Este programa se basa en atrapar a los animales callejeros para esterilizarlos, vacunarlos y luego liberarlos. El método se ha utilizado en otras zonas del mundo (como Tailandia o Líbano) con el mismo objetivo. Sin embargo, el mismo artículo indica que en el país marroquí se habría retrasado su implementación por la llegada de la pandemia de la COVID-19. 

El Gobierno de Marruecos dice que se trata de una “campaña de desinformación sistemática” debido a la celebración del mundial de fútbol allí

Según la Agencia EFE, el ministro del Interior marroquí, Abdelouafi Laftit, dijo en julio de 2025 que “desde el anuncio de la organización por parte de Marruecos de varios eventos deportivos internacionales, el país está siendo objeto de ataques mediáticos sistemáticos que buscan dañar su imagen, centrados de manera llamativa en el tema de los perros callejeros”. 

“Estas campañas difunden datos erróneos fuera de su contexto real y acusan a las autoridades de seguir prácticas inhumanas, sin tener en cuenta la información objetiva ni la magnitud de los esfuerzos realizados a nivel nacional en materia de prevención, protección de la salud pública y respeto de los principios de los derechos de los animales”, indicó Laftit.  

La Embajada de Marruecos en España indica a Maldita.es que “la información que circula es completamente falsa” y que la implementación del programa CNVR o TNVR (‘Capturar-Esterilizar-Vacunar-Liberar’) “se ha acelerado desde 2023” con la “instalación de infraestructuras adecuadas para la acogida de los animales capturados”. También explican que prevén ampliar la red de refugios, creando instalaciones en cinco grandes ciudades del país y una decena de ciudades adicionales para “alcanzar una cobertura integral del territorio nacional”.

_{*El 26/03/206 Maldita.es actualizó esta información para incorporar más datos y contexto tras consultar a la IAWPC.}

En 2018 ya contamos que no encontramos ninguna iniciativa, declaración o medio de comunicación que confirmara en su día esta supuesta oferta. Además, desde Maldita.es nos pusimos en contacto con Presidencia del Gobierno y nos respondieron que era “rotundamente falso” que se fuera a retirar de Cataluña a la Policía Nacional y la Guardia Civil. En el PDeCAT nos dijeron que no les constaba la propuesta de Pedro Sánchez y desde ERC nos contaron que no había “ninguna negociación abierta en relación a los Presupuestos”.

Este mensaje vuelve ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que se ha comenzado la tramitación de los Presupuestos para 2027. También después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunciara que el Ejecutivo llevará al Consejo de Ministros del próximo 23 de junio la actualización del cuadro macroeconómico que servirá de base a la elaboración de las cuentas.

Esta no ha sido la primera vez que ha circulado un mensaje sin pruebas que habla de supuestos acuerdos del Gobierno de Sánchez para sacar a la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña. En agosto de 2018 circuló otro contenido sobre un supuesto pacto entre el Gobierno y las autoridades del País Vasco y Cataluña para que la Guardia Civil y la Policía Nacional saliera “en marzo de 2020” de dichas regiones.

^{**Este artículo ha sido actualizado a 11 de junio de 2026 para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es y cambiar la calificación de “desinformación sin pruebas” a “alerta”.}

A Zelenski le preguntaron en una entrevista en Associated Press el 1 de febrero de 2025 por su reacción ante la paralización de la ayuda económica de Estados Unidos a organizaciones que actúan en Ucrania. En su respuesta afirmó que había escuchado antes y ese mismo día “desde Estados Unidos” que ese país había dado a Ucrania 177.000 millones de dólares aprobados por el Congreso estadounidense. Luego añadió que, como presidente de Ucrania, “nunca” había recibido 100.000 de esos 177.000, según la transcripción y traducción automática del ucraniano al inglés que ofrece YouTube de la entrevista.

“Hemos recibido armas por 70.000 millones de dólares”, dijo también Zelenski, incluyendo su transporte y entrenamiento, pero añadió que “no es cierto” que Ucrania haya recibido durante la guerra “200.000 millones de dólares” para apoyar el Ejército. “No sé donde está todo ese dinero”, pero Ucrania ha recibido “76.000 millones con algo” de ayuda militar de Estados Unidos, añadió Zelenski.

La cantidad total de ayuda militar acordada para Ucrania cuando se hizo esa entrevista varía según la fuente consultada y los periodos temporales que maneja cada una.

• Según la organización Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB por sus siglas en inglés), hasta mayo de 2024, Estados Unidos envió un total de 53.700 millones de dólares a Ucrania desde que comenzó la guerra en 2022, de un total aprobado de ayuda militar directa a Ucrania que ascendía a 71.4000 millones de dólares a mayo de 2024.

• En cambio, el Departamento de Estado de Estados Unidos reduce la ayuda militar de Estados Unidos acordada para Ucrania a los 65.900 millones de dólares desde 2022 a 31 de diciembre de 2024.

• El Instituto para la Economía Mundial de Kiel (Alemania) cifra en 64.000 millones de dólares la ayuda militar de Estados Unidos para Ucrania en febrero de 2025.

Estas cifras son inferiores a los 76.000 millones de dólares de ayuda militar que Zelenski reconocía en la entrevista de febrero de 2025 que Ucrania había recibido de Estados Unidos.

Las ayudas militares se quedan en gran medida en Estados Unidos, según el CSIS

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés)  explicaba que imaginar que la ayuda estadounidense a Ucrania llega “en palets de dinero” no es correcta. De esta cantidad, más de 30.000 millones se quedarían en Estados Unidos porque van a parar a la industria armamentística, el sector humanitario y el personal militar. “Alrededor del 72% de este dinero en total y el 86% de la ayuda militar” se gastarían en Estados Unidos debido a que muchas de las armas enviadas a Ucrania son producidas en Estados Unidos y los salarios del personal de los servicios militares de Estados Unidos se pagan mayoritariamente en Estados Unidos, indicaba el CSIS.

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha detectado casos de corrupción interna de armas, como uno valorado en casi 40 millones de dólares estadounidenses gastado en municiones que nunca llegaron, según el Servicio de Seguridad de Ucrania. Pese a ello, el Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó en agosto de 2024 que "no hay evidencia creíble de desvío ilícito de equipos de defensa proporcionados por Estados Unidos, apoyo presupuestario directo o asistencia humanitaria desde Ucrania".

_{* Este artículo ha sido actualizado el 11/06/2026 para incluir los contenidos que circulan en 2026 y ajustar el artículo a nuestra metodología.}

La regularización no concede automáticamente el derecho a voto. La participación en las elecciones generales y autonómicas está reservada únicamente a las personas con nacionalidad española. La nacionalidad no se consigue con la regularización, sino que es necesario acreditar, al menos, 10 años de residencia “legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición” como norma general  y dos años para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. También hay que realizar dos pruebas en el Instituto Cervantes, además de cumplir otros requisitos. 

En el caso de las elecciones municipales, las personas a las que se les conceda la regularización anunciada por el Gobierno podrán  votar si hay un acuerdo de reciprocidad con su país de origen y reúnen los requisitos establecidos en dicho acuerdo, como cumplir con un período mínimo de residencia legal*. Actualmente, las personas extranjeras de  Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago pueden votar en las elecciones municipales tras cinco años de residencia en España (tres en el caso de Reino Unido y Noruega), además de los ciudadanos de la Unión Europea.

Así, las personas migrantes regularizadas no podrán votar, por tiempos, en ninguna de las elecciones de 2027. 

Por último, en las elecciones europeas tienen derecho a voto los ciudadanos de algún estado miembro de la Unión Europea residiendo en España y las personas con nacionalidad española, por lo tanto, las personas regularizadas este año no podrían votar en las próximas elecciones europeas, previstas para 2029, a menos que obtuviesen la nacionalidad española.

No, las personas migrantes que se acojan a la regularización extraordinaria no pueden lograr la nacionalidad sin un certificado de antecedentes penales

La regularización extraordinaria de personas inmigrantes no supone la concesión de la  nacionalidad “sin un certificado de antecedentes penales”, como afirman los contenidos difundidos. La nacionalización y la regularización son procesos diferentes, aunque para la nacionalidad, primero es necesario estar en situación regular. En ambos procedimientos, se exige acreditar no tener antecedentes penales, aunque en el caso de la regularización extraordinaria, en un primer momento se planteó la posibilidad de sustituir el certificado de inexistencia de antecedentes por una declaración responsable. Los contenidos que se difunden utilizan un titular de una publicación de The Objective que ya ha sido rectificada, aclarando en sus redes sociales que se referían a la medida anunciada por el Gobierno de conceder permisos de residencia a personas migrantes en situación irregular. 

Para acceder a la nacionalidad se exige la acreditación de “buena conducta cívica” mediante la aportación de un certificado de antecedentes penales expedido por el país de origen “debidamente legalizado y traducido” y los informes que expidan al respecto las autoridades españolas. La ley también contempla que, en el caso de ciudadanos de algún Estado de la Unión Europea, dicho certificado puede sustituirse por el Certificado del Registro Central de Penados español “donde conste expresamente que se han consultado los antecedentes con el país de origen”.

No, las personas migrantes que se beneficien de la regularización extraordinaria no tendrán pleno estatus legal europeo para cruzar a cualquier país de la Unión Europea y quedarse a trabajar o residir

La regularización extraordinaria de personas migrantes no autoriza a vivir o trabajar en cualquier país de la Unión Europea, pero sí permite visitar los países que forman parte del Espacio Schengen en los mismos términos que quienes tienen visado de turista o de estudios. Según un documento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre dudas del proceso, este permiso “no otorga autorización para establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea”. Según la nota de prensa sobre la aprobación de la regularización publicada por este ministerio, las personas migrantes en situación irregular y los solicitantes de protección internacional que accedan a ella obtendrán una autorización con una vigencia inicial de un año, cinco en el caso de familias con hijos menores de edad, que habilita a “residir y trabajar por cuenta ajena o propia, en cualquier parte del territorio español”. El traslado a otro país de la Unión Europea para vivir o trabajar es un derecho reservado a los ciudadanos de un Estado miembro y, como os hemos contado en Maldita.es, las personas que se beneficien de la regularización no obtendrán la nacionalidad, puesto que se trata de dos procesos distintos. Más allá de la normativa de la regularización extraordinaria, la actual Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE), que acredita la permanencia legal de extranjeros en España por un tiempo superior a tres meses, también se limita al territorio español.

No, el certificado de vulnerabilidad para la regularización no concede a los inmigrantes prioridad en el acceso a ayudas sociales o “casa gratis”: este documento solo es válido para este trámite

Las personas migrantes que quieran acogerse a la regularización deberán demostrar haber trabajado por cuenta propia o ajena en España, contar con una unidad familiar en territorio español o acreditar estar en situación de vulnerabilidad presentando un certificado. Este documento “surtirá efectos exclusivamente a los fines previstos” en el texto de la regularización, por lo que no podrá ser utilizado para solicitar, por ejemplo, ayudas sociales ni concederá “privilegios” como vivienda gratuita, como mencionan los contenidos difundidos. Esta aclaración también la recoge el modelo de certificado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene disponible para descarga en su página web.

Qué sabemos sobre la anulación de las órdenes de expulsión de las personas migrantes que opten a la regularización: sólo se aplicará a las órdenes que deriven de estar en situación irregular en España o trabajando sin autorización

Las personas migrantes en situación irregular que soliciten la regularización extraordinaria y  que tengan una orden de expulsión podrán anularla únicamente en dos casos, según recoge el texto publicado en el BOE. El primero, que la orden haya sido emitida por “encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente”. 

El segundo caso es haber obtenido la orden de expulsión por “encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida”. El texto sobre las condiciones de la regularización no contempla, sin embargo, cancelar las órdenes de expulsión cuando estas hayan sido impuestas por la comisión de una infracción de las recogidas en la Ley de Extranjería.

Cuidado con los contenidos que afirman que el Gobierno ha excluido a los “apátridas saharauis” de la regularización extraordinaria: una normativa específica les concede permiso de residencia

La regularización extraordinaria está dirigida a personas migrantes en situación irregular en España. En cambio, las personas apátridas, que no son reconocidas por ningún Estado como nacionales, ya tienen permiso de residencia y trabajo en España, sean o no saharauis, como recoge el Real Decreto 865/2001, que regula su estatus. Por ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aclara en su web que la regularización no es un proceso dirigido a ellas, ya que “cuentan con una normativa específica que les ampara”. Además, en el caso de los solicitantes del estatuto de apatridia, la ley también contempla que obtengan una autorización provisional de residencia mientras se resuelve su expediente. En caso de resolución denegatoria, podrán acogerse a alguna de las figuras de regularización previstas en la Ley de Extranjería.

Cuidado con los contenidos que afirman que el Gobierno ha excluido a los "refugiados ucranianos" de la regularización extraordinaria: ya tienen permiso de residencia, por lo que la regularización no les afecta

Al proceso de regularización extraordinaria se pueden acoger las personas que estén en situación irregular en España, pero las personas desplazadas por la guerra de Ucrania, a las que se refieren los contenidos que se difunden, ya tienen permiso de residencia y de trabajo al ser beneficiarios de protección temporal. Esto lo regula la directiva europea para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Esta misma situación se da en el caso de las personas refugiadas que tienen concedido el asilo en España.

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura a Maldita.es que aprobarán una medida específica que permitirá a estas personas modificar su autorización y cambiarla por cualquiera de las previstas en la ley de extranjería, así como a las incluidas en la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Este procedimiento, diferenciado del de la regularización extraordinaria, podrá concederles permiso de residencia y trabajo de hasta cuatro años de duración. Por otro lado, el Ministerio señala que el proceso de regularización no excluye a personas en función de su nacionalidad, sino que depende del cumplimiento de los requisitos exigidos. 

Qué sabemos sobre obtener la regularización sin presentar un certificado de antecedentes penales: el texto final exige la presentación de este documento El texto definitivo de la regularización extraordinaria, aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de abril de 2026, no incluye la posibilidad de que las personas migrantes sustituyan el certificado de antecedentes penales por una declaración responsable. Esta opción sí aparecía contemplada en el borrador del texto, pero finalmente ha sido excluida. Así, las personas interesadas en acogerse a esta regularización deberán acreditar la ausencia de antecedentes en España, en país de origen, así como en los países en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España por medio de este certificado. El texto recogido en el BOE contempla que, si en el plazo de un mes, el país responsable de la emisión de este documento no lo ha remitido a la persona interesada, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podrá solicitarlo por vía diplomática a la autoridad competente. Cuidado con los contenidos que dicen que Sánchez dará 2.800 euros al mes durante dos años a inmigrantes regularizados: no hay rastro de esa ayuda A 29 de abril de 2026, no hay rastro de que el Gobierno haya aprobado o anunciado una ayuda de 2.800 euros al mes durante dos años para inmigrantes regularizados y sus familias, como afirma una imagen que circula simulando ser la portada de un periódico. Pero no consta que exista un medio español activo y reconocible con la cabecera “El Diario de España”. Además, dicha portada aparece fechada el 24 de mayo del año 2024. En cuanto a la forma en la que supuestamente se financiaría esta ayuda según el contenido, a 29 de abril de 2026, no existe ningún plan aprobado bajo el nombre "Plan de Inclusión y Cohesión social 2024-2026". Sí existe el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que sirve para ordenar la planificación, ejecución y seguimiento de las subvenciones gestionadas por el Ministerio. No es una ayuda directa y automática a familias inmigrantes regularizadas ni recoge, con esos términos, una prestación mensual de 2.800 euros durante dos años. Además, el texto de la regularización extraordinaria, en vigor desde el 16 de abril de 2026, no menciona ninguna prestación económica vinculada a la búsqueda de empleo. No, Bruselas no ha frenado la regularización extraordinaria de personas migrantes en España: se ha aprobado modificar el reglamento de retorno de la UE, que no tiene que ver con la regularización El Parlamento Europeo no ha frenado la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español, en vigor desde el 16 de abril de 2026. Ha aprobado la modificación del reglamento de retorno de personas migrantes procedentes de países extracomunitarios en situación administrativa irregular, una normativa que nada tiene que ver con el proceso de regularización extraordinaria. Este reglamento, que se encuentra en fase de negociaciones, plantea incluir novedades como enviar a personas migrantes en situación irregular a “centros de retorno” en terceros países. Esta medida, aunque ya estuviese en vigor, no afectaría a las personas en proceso de regularización en España, ya que las órdenes de expulsión por residir o trabajar sin autorización aplicadas a personas que se acojan a este proceso serán anuladas, según recoge el texto de la regularización.  Qué sabemos sobre el acceso de las personas migrantes regularizadas a pensiones de jubilación no contributivas: podrán cobrarlas después de 10 años de residencia legal en España Las personas migrantes que se acojan a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, en vigor desde el 16 de abril de 2026, tendrán derecho a una pensión de jubilación no contributiva pasados diez años, ya que deben acreditar ese periodo de tiempo de residencia legal en España antes de optar a esta prestación. Además, dos años tienen que ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. El derecho a esta prestación, por lo tanto, no será automático. Asimismo, durante el tiempo que dure el cobro de la pensión, deberán mantener su residencia en territorio español. En cuanto a los requisitos económicos, las personas solicitantes deberán acreditar carecer de ingresos o que estos no superen los 8.803,20 euros anuales, una cantidad que se corresponde con la cuantía máxima a percibir como pensión en 2026, lo que equivale a 628,80 euros mensuales.  Las pensiones de jubilación no contributivas las pueden solicitar los mayores de 65 años sin haber cotizado nunca o sin haber cotizado el mínimo de 15 años exigido para acceder a una pensión contributiva. Qué sabemos sobre los supuestos empadronamientos “al azar” para regularizar migrantes: estar empadronado no es requisito indispensable para la regularización extraordinaria La regularización extraordinaria de personas migrantes, en vigor desde el 16 de abril de 2026, no exige presentar el certificado de empadronamiento para acreditar los cinco meses de residencia en España exigidos para el trámite, sino que este documento puede ser sustituido por cualquier otro “público o privado que incluya datos personales”. Además, al exigir cinco meses de residencia, un empadronamiento realizado ahora o en los “próximos meses” no serviría por sí solo para cumplir con este requisito. En cambio, el proceso de regularización por las vías ordinarias previstas en la Ley de Extranjería sí exige aportar un documento de empadronamiento que acredite el tiempo de residencia en España exigido en cada caso, salvo en la residencia por arraigo familiar. Para empadronarse es necesario acreditar la residencia en el domicilio indicado. En algunos casos se puede utilizar la escritura de la vivienda, un contrato de alquiler en vigor o una autorización de empadronamiento firmada por el propietario del inmueble. Ahora bien, sí se han registrado casos en los que algunas personas han logrado empadronarse en domicilios ajenos utilizando documentación falsa. Qué sabemos de los inmigrantes que acceden a la regularización y las pensiones: podrán solicitar la pensión no contributiva tras 10 años de residencia legal En este vídeo, publicado por la Asociación Rumiñahui, se ve a personas inmigrantes agradeciendo a la asociación por haberles ayudado a obtener el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos que pueden aportarse para acceder a la regularización extraordinaria que entró en vigor el 16 de abril. Las imágenes se están difundiendo junto a mensajes que dicen que, al obtener la regularización, estas personas podrán acceder a una pensión en España sin haber cotizado nunca. Pero para obtener una  pensión no contributiva (solo para mayores de 65 años que no tengan ingresos suficientes), primero tienen que acreditar haber residido en España durante, al menos, 10 años de manera legal, dos de los cuales deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación. Por ello, una persona migrante que aplique a la regularización extraordinaria no podrá acceder de manera inmediata a esta pensión. Además, la cuantía mensual que recibe una persona con una pensión no contributiva, no es la misma que la que recibe una persona con pensión contributiva.  Cuidado con los contenidos que afirman que inmigrantes de otros países europeos han llegado a España para regularizarse: Interior dice no tener constancia y sólo pueden acogerse si viven en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 Los contenidos afirman, sin pruebas, que tras la aprobación de la regularización extraordinaria, la policía ha emitido una alerta acerca de la llegada de miles de personas migrantes de Alemania, Bélgica, Reino Unido o Francia para acogerse a ella. El Ministerio del Interior niega a Maldita.es que exista tal alerta y dice no tener constancia de que se esté produciendo la entrada de personas procedentes de estos países para la regularización. Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirma que desde que se anunció la regularización, en enero de 2026, “no se ha registrado ningún repunte en las cifras de llegadas irregulares”. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, desde el 1 de enero hasta el 15 de abril de 2026, las llegadas de personas migrantes en situación irregular descendieron un 47,5% respecto al mismo periodo en 2025. Además, solo quienes estén situación irregular en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar cinco meses de residencia en el país podrán acogerse a esta figura. Así, ninguna persona que haya llegado en 2026 a España podrá beneficiarse de este trámite. No, este vídeo de una patera llegando a una playa de Almería no es actual y tampoco guarda relación con la regularización de personas migrantes en España Este vídeo, que muestra a un grupo de personas llegando en una patera a una playa, no es de 2026 y no tiene relación con la entrada en vigor el 16 de abril de la regularización extraordinaria de personas migrantes en España. Publicaciones de redes sociales comparten la grabación junto a mensajes que afirman que serían imágenes del “28-4-26” en Almería, supuestamente, como “resultado de la regularización masiva de Pedro Sánchez”. Aunque sí son imágenes grabadas en Almería, concretamente en la costa de Adra, pero no de este año, sino de 2024. Una búsqueda inversa de varios fotogramas del vídeo permite constatar que la grabación circula en internet desde el 20 de enero de 2024. En TikTok encontramos otra grabación publicada un día después que muestra la misma escena desde otra perspectiva. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Almería publicó el vídeo en Twitter (ahora X) el 20 de enero de 2024 ubicando las imágenes en la playa de Adra ese mismo sábado 20 a las dos de la tarde. El diario de Almería también compartió la grabación el 23 de enero. ABC y El Español publicaron las imágenes para afirmar que la Guardia Civil había rescatado “el cadáver de una persona en aguas de Adra” que “viajaba en una patera”.  No, este vídeo no muestra "barcos llenos de inmigrantes" rumbo a España en 2026 ni tiene relación con la regularización de migrantes Este vídeo no muestra “barcos llenos de inmigrantes ilegales” rumbo a España, no es de 2026, ni tiene relación con la entrada en vigor de la regularización extraordinaria de personas del 16 de abril de este mismo año. El video original fue publicado en redes sociales por el usuario Hamad Bavly en abril de 2025. En sus videos de Youtube, Bavly narra su experiencia migrando hacia Europa desde Egipto y asegura que el video lo grabó en 2022 en un barco rumbo a Italia en el que viajaban 584 personas. En su video no menciona a España en ningún momento. A la par, en su testimonio, compartió otros videos y fotografías del mismo barco desde distintos ángulos. Según la web El Cairo 24, Bavly afirmó que publicó el vídeo en 2025 “para concienciar a la gente”.  Estas mismas imágenes también se difundieron en febrero de 2026 tras el anuncio de la regularización extraordinaria de personas migrantes, que ha entrado en vigor en abril. Además, solo las personas que se encontraban en situación administrativa irregular y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026 podrán acceder al proceso de regularización,  por lo que no afecta a quienes lleguen después ni supone un incentivo para nuevas entradas. No, este vídeo no es de "inmigrantes ilegales" regularizados peleándose en la estación de Atocha: ocurrió en India El vídeo que se atribuye a la estación de Atocha (Madrid) “tras la regularización masiva de inmigrantes ilegales de Pedro Sánchez” es en realidad de la estación de Manmad, en el estado de Maharashtra, India. Las imágenes difundidas recogen el momento en el que varios hombres trepan al techo de un tren y luego escalan la estructura de la catenaria. Los letreros del tren están escritos en hindi, y algunas páginas de sucesos que comparten el vídeo recogen el acontecimiento como “una violenta y temeraria pelea”. También denuncian la “enorme deficiencia en la seguridad pública y ferroviaria” de la estación de tren de Manmad, en Maharashtra. Qué sabemos sobre las ayudas y derechos a los que pueden acceder los "inmigrantes ilegales" al regularizarse que menciona esta imagen La imagen mezcla derechos que ya se reconocen a las personas migrantes en situación irregular con residencia efectiva en España, como el acceso a la sanidad en los mismos términos que los españoles, con ayudas que, además de la regularización, exigen tiempo mínimo de residencia legal en España. Este es el caso del Ingreso Mínimo Vital, que exige llevar al menos un año viviendo en España de manera regular. Otras de las prestaciones mencionadas, en cambio, sí se pueden obtener a partir de la regularización, como las ayudas al alquiler o el abono único de transportes.   La acreditación de la vulnerabilidad es otro de los factores que permite a las personas, tanto españolas como extranjeras, acceder a determinadas prestaciones en igualdad de condiciones, sin preferencia por nacionalidad. Qué sabemos de los "más de 2,5 millones de extranjeros" que, supuestamente, han pedido nacionalizarse "con derecho a voto": se acogieron a la Ley de Memoria Democrática, un procedimiento distinto al de la regularización extraordinaria La afirmación de que más de 2,5 millones de extranjeros o “inmigrantes” piden nacionalizarse con derecho a voto se ha vinculado  con la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, que el Gobierno estima que beneficiará a 500.000 personas. Pero son dos cosas distintas. Las solicitudes de nacionalización a las que se refieren los contenidos difundidos se tramitan a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida también como ‘ley de nietos’, que aplica para descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo y a los hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad española al casarse. El plazo para postularse a este proceso cerró el 22 de octubre de 2025. En cambio, la regularización extraordinaria, en vigor desde el 16 de abril de 2026, está dirigida a personas inmigrantes que viven en España en situación irregular y que puedan acreditar que lo han hecho durante al menos los cinco meses anteriores al 31 de diciembre de 2025. Las personas que se beneficien de este procedimiento no obtendrán la nacionalidad española, solo una autorización de residencia y trabajo.  En cuanto al derecho a voto, las personas que obtengan la nacionalidad española sí podrán ejercer su derecho a voto en España aunque residan en el extranjero. En cambio, quienes se regularicen, no tendrán automáticamente el derecho a voto. En el caso de las elecciones generales y autonómicas, solo pueden participar las personas con nacionalidad española, mientras que en las municipales pueden participar extranjeros con residencia legal en España siempre que exista un acuerdo de reciprocidad con su país de origen y cumplan con los requisitos establecidos en estos. La homologación de más de 30.000 títulos de Medicina extranjeros y la regularización extraordinaria: son procesos independientes y la homologación es de 2025 La regularización extraordinaria y la homologación de títulos extranjeros son procesos independientes y no están relacionados entre sí, como ha contado el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades a Maldita.es. La regularización extraordinaria entró en vigor el 16 de abril, mientras que la cifra de 30.303 títulos de Medicina homologados difundida se corresponde con el año 2025, según el último informe de homologaciones presentado por el mencionado Ministerio. Esta cantidad supone casi el 80% del total de  homologaciones que se realizaron ese año y supera, con mucha diferencia, a los convalidados en años anteriores debido a un “rediseño del sistema”, tanto a nivel tecnológico, con la automatización y robotización de algunos procedimientos, como a nivel normativo, imponiendo plazos máximos de apertura y resolución de expedientes o priorizando expedientes en función de las demandas del mercado laboral.  En cuanto a la procedencia de los expedientes resueltos, después de los españoles con títulos obtenidos en el extranjero, las personas de Colombia, Venezuela y Cuba son las que más homologaciones obtuvieron en 2025.  Qué sabemos sobre si "España ha regularizado a estos tres asesinos de dos chicas noruegas": fueron condenados en Marruecos en 2019 y se difunde sin pruebas Los tres hombres marroquíes de la imagen fueron condenados en Marruecos en 2019 por asesinar a dos jóvenes escandinavas, según informó BBC, The Guardian, El País o El Mundo. Los asesinos, partidarios del DAESH (autodenominado Estado Islámico), degollaron, decapitaron y grabaron a las víctimas en 2018 y los condenaron a pena de muerte al año siguiente, indica la prensa. Aunque “los tribunales continúan dictando sentencias de muerte” en Marruecos, “no se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1993”, afirmaba Amnistía Internacional en 2018. En 2019, cuando los condenaron, se registraron siete condenas de muerte, pero ninguna ejecución. En 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 tampoco hubo ejecuciones, según Amnistía Internacional.  En cuanto a si estas personas “están en España regularizando la nacionalidad”, la afirmación circula sin pruebas que lo respalde. Estas imágenes también se han compartido en otros contextos. Además, la regularización no concede la nacionalidad española, son procesos diferentes.
Qué sabemos sobre que la regularización “convertirá en españoles a 500.000 africanos”: el 91% son de América y la regularización no les concede automáticamente la nacionalidad española El Gobierno ha cifrado en 500.000 personas migrantes en situación irregular las beneficiadas por la regularización extraordinaria, pero no ha aclarado de dónde sale esa cifra frente al total de 837.978 que se estima estaban en irregularidad administrativa a 1 de enero de 2025. De estas, el 91% (763.435) proceden del continente americano, con especial representación de Colombia (287.955), Perú (107.520) y Honduras (90.294), según el último informe de Funcas, un centro de análisis dedicado a la investigación económica y social. El Gobierno tampoco ha hablado públicamente de los orígenes del grupo de potenciales beneficiarios, ya que no existe una base de datos oficial que recoja el número de personas migrantes en situación irregular en España, como ha contado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Maldita.es. Según el informe de Funcas, el segundo grupo más numeroso de personas en situación irregular procede de África, que en enero de 2025 sumaba 44.954 personas, siendo Argelia (17.765) y Marruecos (20.693) los países con más nacionales en España. Ninguna de estas personas adquirirá automáticamente la nacionalidad española al regularizarse. La nacionalidad por residencia requiere, al menos, de 10 años de residencia “legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición”, salvo para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, a quienes se exige dos años de residencia legal. Además, se requiere la superación de dos pruebas en el Instituto Cervantes.

Con respecto al supuesto proceso de observación, hay que tener en cuenta que los microscopios utilizan dos técnicas de iluminación: luz transmitida (irradia la luz hacia arriba y a través de la muestra) y luz reflejada (irradia la luz hacia abajo y en la muestra, permitiéndole observar el reflejo). También que el microscopio óptico es un tipo de microscopio de luz transmitida, mientras que el microscopio estereoscópico es de luz reflejada.

En base a esto, el experto plantea ciertos errores. Por ejemplo, que en el vídeo se ve cómo se coloca la fresa entera y un trozo de ella sobre un microscopio óptico y, por tanto, que funciona luz transmitida. Según Perales, no habría suficiente luz para atravesar la fresa entera, por lo que “sería imposible visualizar su superficie”. De hecho, las imágenes que supuestamente muestran la fresa al microscopio son propias de un microscopio estereoscópico, que usa luz reflejada. De ahí que Perales concluya que el vídeo sea “un montaje”: “las imágenes no se corresponden con el microscopio que se emplearía”. Por último, el experto subraya que la morfología y el color de la superficie que se ve en el vídeo no parecen corresponderse a los de una fresa, lo que considera otra señal de que pueda tratarse de “un montaje”.

En la segunda parte del vídeo, se parte un trozo de la fresa para observar su interior y al observarse al microscopio, supuestamente aparece repleto de pequeños gusanos que, según Perales, podrían tratarse de larvas de mosca. 

Como explicaba en su cuenta de Twitter (ahora X) Miguel Ángel Lurueña, tecnólogo de los alimentos, es habitual que estos insectos pongan sus huevos en frutas y es poco probable que estas lleguen a nuestro frutero: normalmente los daños que estos y otros insectos pueden ocasionar en las frutas se reducen evitando la sobremaduración, descartando los frutos dañados, colocando trampas, usando insecticidas… En cualquier caso, en palabras de Perales, ingerir larvas de mosca de la fruta tampoco supondría un riesgo o una intoxicación alimentaria.

En este artículo ha colaborado con sus superpoderes el maldito Alfonso Perales, microbiólogo clínico de alimentos y aguas.

Gracias a vuestros superpoderes, conocimientos y experiencia podemos luchar más y mejor contra la mentira. La comunidad de Maldita.es sois imprescindibles para parar la desinformación. Ayúdanos en esta batalla: mándanos los bulos que te lleguen a nuestro servicio de Whatsapp, préstanos tus superpoderes, difunde nuestros desmentidos y hazte Embajador.

Los contenidos aseguran que, para Gates, sería un buen resultado lograr que sólo una de cada 10.000 personas vacunadas muriese. Eso tampoco es cierto. De nuevo, Gates no solo no habla de tasa de mortalidad a causa de la vacunación, sino que tampoco menciona que la tasa de efectos secundarios a partir de esta (esa persona entre 10.000) sea un "buen resultado": la utiliza para explicar que es importante comprender la seguridad de la vacuna.

Estas fueron sus palabras: "Ya sabes, si 1 de cada 10.000 personas tiene efectos secundarios, son más de 700.000 personas las que sufrirán esos efectos. Así que entender realmente la seguridad a escala gigantesca en todas las edades, embarazadas, hombres, mujeres, desnutridos, comorbilidades existentes, es muy, muy difícil".

Respecto al lugar en el que fue grabado el vídeo, los contenidos difundidos señalan que fue en Alemania, pero desde Maldita.es no hemos podido verificarlo de manera independiente. 

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En este artículo ha colaborado Sarah Mustafa, escritora y activista italo-palestina; Ahmed Aquil, cofundador de la primera ONG gestionada por personas refugiadas en Georgia; y Yasser Algabry, periodista e investigador centrado en migraciones y comunidades árabes en Europa, integrantes de MigraVoice.

MigraVoice es una comunidad transfronteriza de personas expertas migrantes o con contexto migratorio que se ponen a disposición de periodistas de medios europeos como fuentes de conocimiento de confianza. Si quieres aportar tu conocimiento a los medios de comunicación europeos, puedes registrarte aquí. Si eres periodista, y deseas consultar a las personas expertas de MigraVoice, puedes unirte aquí.

*Este artículo se ha actualizado el 1/06/2026 para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es

Sí es cierto que desde septiembre de 2025, la Junta Electoral permite acreditar la identidad de los votantes en las mesas electorales con la aplicación de mi DNI y sin necesidad de generar un código QR para que sea válido; pero eso sólo no es suficiente. Hay que tener en cuenta que según el artículo 2.2 de la Ley Electoral, para poder votar es “indispensable la inscripción en el censo electoral vigente”.

Para poder votar no vale con presentarse con el DNI en cualquier colegio electoral; para poder llevar a cabo la suplantación de identidad que plantea el vídeo de El Debate habría que:

• Conocer sus datos censales: saber que la persona a la que vamos a suplantar está inscrita en el censo, en qué mesa vota, nombre y apellidos y DNI *

• Estar seguro de que no ha votado anteriormente dado que los miembros de la mesa anotan cuando alguien que está en el censo ya ha votado. 

• Que nadie lo impugne (interventores, apoderados, miembros de la mesa, etc).

Desde que la Junta Electoral aprobó este método de acreditación ya se han celebrado elecciones en Extremadura y en Aragón, y según ha dicho la JEC a Newtral, miembro del IFCN como Maldita.es, no se han registrado problemas de suplantación de identidad.

*En una versión anterior de este artículo ponía que para poder suplantar la identidad de un votante había que conocer, entre otra información, su fecha y lugar de nacimiento y su grado de escolaridad. El 16/03/2026 hemos retirado la mención a estos datos.

• No son fotos actuales, como afirman algunos contenidos, sino del 11 de junio y tampoco se trata de una “protesta de Vox” como indican otros.

• Corresponden al paro de 10 minutos contra la propuesta de reforma del acceso a la carrera judicial del Gobierno que convocaron todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, el pasado 11 de junio en las puertas de las sedes judiciales.

• De hecho, en una pancarta que aparece en las imágenes hay menciones a la “justicia independiente” como “pilar de la democracia y garante de la constitución. ‘No un chiringuito del sanchismo’. Gobierno dimisión”.

• La cuenta oficial de Vox en Badajoz capital publicó en X (antes Twitter) que la concejal María Jesús Salvatierra, así como “parte del equipo de Vox Badajoz” acompañaron “a jueces y fiscales en su protesta por la intromisión y acoso que sufren por parte del Gobierno”. 

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La protesta en la puerta del juzgado de Beatriz Biedma era el paro judicial contra la reforma judicial que propone el Gobierno

Una búsqueda inversa de cualquiera de las imágenes que circula de la protesta en la puerta del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, del que Beatriz Biedma es titular, lleva a publicaciones en medios y en redes sobre el paro judicial del 11 de junio. Varios medios publicaron que Biedma secundó el paro de 10 minutos que habían convocado a mediodía todas las asociaciones de fiscales y jueces, menos las progresistas, para ese día. 

Vox Badajoz tuiteó que parte del equipo y una concejala “han acompañado a jueces y fiscales” en esa protesta

Vox Badajoz capital publicó en su cuenta oficial en X el 11 de junio que la concejal María Jesús Salvatierra y “parte del equipo de Vox Badajoz han acompañado a jueces y fiscales en su protesta por la intromisión y acoso que sufren por parte del Gobierno. “Defenderemos siempre la democracia y la independencia del Poder Judicial”. 

En la pancarta que sujetan varias personas, entre ellas Salvatierra, se puede leer: “La justicia es independiente, pilar de la democracia y garante de la constitución. ‘No un chiringuito del sanchismo’. Gobierno dimisión”.