¿Qué sabemos sobre los casos de abuso sexual a menores en Reino Unido?

Anne Cryer, diputada de la localidad de Keighley (West Yorkshire), fue una de las primeras voces públicas en hablar, en 2002, sobre posibles abusos sexuales hacia menores en su ciudad. Según recoge The Times, Cryer contó públicamente que varias madres de Keighley habían acudido a ella para quejarse de la inacción de las autoridades al pedirles ayuda para proteger a sus hijas de sus “novios pakistaníes”, ya que “no lo veían como un delito” y “temían ser acusados de racistas”. 

Dos años después, en 2004, se estrenó el documental “Edge of the City”, centrado en los abusos sexuales a menores que hombres de origen asiático estaban cometiendo en Bradford y Keighley, como publicó entonces The Guardian: “se estaban produciendo abusos flagrantes ante los ojos de todos y nadie parecía capaz de impedirlo”. Los testimonios que recoge el documental relatan que “hombres de la comunidad asiática de Bradford” estaban “captando a niñas de 11 o 12 años” para “ser violadas” y, en algunos casos, “secuestradas y violadas en grupo”. 

En 2007, se hizo público otro caso de abuso sexual a menores cuando The Times publicó un artículo sobre el encarcelamiento de dos hombres de origen asiático por “secuestro, actividad sexual con un menor y suministro de sustancias”. 

En 2011, The Times publicó una serie de reportajes sobre explotación sexual de menores en varias ciudades del norte de Inglaterra, que fueron bautizadas como “grooming gangs” o “bandas de captación sexual”. Según estos contenidos, durante más de diez años se produjeron abusos sexuales por parte de hombres adultos “de origen pakistaní” hacia menores de edad de entre 11 y 16 años en situación de vulnerabilidad, a las que captaban en la calle.  

Ya en 2014, se publicó el primer informe centrado en casos de abuso sexual infantil en Rotherham, ocurridos entre 1997 y 2013. Esta investigación, llevada a cabo por la académica británica Alexis Jay, concluyó que “nadie conoce la verdadera magnitud de la explotación sexual infantil en Rotherham” y que, según sus estimaciones “más conservadoras”, alrededor de 1.400 menores fueron explotados sexualmente en los años que abarca el estudio. El documento también recoge que "la mayoría de los agresores fueron descritos como asiáticos por las víctimas", muchos de ellos pakistaníes. Además, añade que los representantes políticos “no discutieron con la comunidad pakistaní sobre cuál era la mejor manera de abordar conjuntamente el problema". En 2018, la Agencia Nacional del Crimen británica (NCA, por sus siglas en inglés) actualizó las estimaciones de víctimas de abuso sexual infantil en Rotherham, en el marco de la Operación Stovewood, y elevó la cifra a 1.510 casos. 

También se han elaborado informes centrados en casos de abuso sexual infantil en otras ciudades británicas, como Telford, Oxfordshire u Oldham. 

Por otro lado, en 2022 se publicó una “investigación independiente” para Inglaterra y Gales sobre redes organizadas de explotación sexual infantil, exceptuando aquellos lugares sobre los que ya se habían hecho investigaciones previas (como Rotherham, Rochdale u Oxfordshire), que concluyó que resultaba “imposible conocer la magnitud” de estos casos. Además, se describía el abuso sexual infantil como algo “endémico”. 

A nivel gubernamental, en 2025 se publicó una auditoría que también concluyó que no se había podido evaluar la magnitud de la explotación sexual en grupo, ya que “el concepto de ‘bandas de explotación sexual infantil’, si bien es conocido por el público, no se refleja claramente en ningún conjunto de datos oficiales”. La única base de datos al respecto mencionada en este informe es el Conjunto de Datos sobre Abuso Infantil Complejo y Organizado (COCAD, por sus siglas en inglés), de nueva creación, y que establece que en 2024, el 3,6% de los casos de  abuso y explotación sexual infantil en Reino Unido fueron en grupo (más de dos participantes). 

En cuanto a las víctimas, esta auditoría determinó que la mayoría eran niñas y los perpetradores, hombres, aunque señalaba que “la etnia se evita [en los registros]”, lo que impide hacer una evaluación precisa a partir de los datos recopilados a nivel nacional. 

A finales de 2025, el Gobierno británico anunció la creación de una Comisión Independiente sobre Bandas de Abusadores Sexuales que, durante tres años, se centrará en investigar a las “grooming gangs”, abordando las “deficiencias sistémicas” identificadas en el tratamiento de los casos y tendrá en cuenta “el origen étnico, la religión y la cultura”, tanto de víctimas como de abusadores. 

La última investigación (no oficial) respecto a estas redes de explotación sexual en Reino Unido es la elaborada por Rupert Lowe, fundador del partido Restore Britain, publicada el 16 de junio de 2026. En ella se incluye una estimación de 250.000 víctimas, pero esta cifra no es precisa, como reconoce el propio texto. Se basa en unas declaraciones del político Malcom Pearson, pronunciadas en 2018 y 2019, y que, a su vez, surgen de una extrapolación de las cifras aproximadas de víctimas recogidas en los informes mencionados anteriormente a todo el territorio nacional. Te contamos más detalles sobre este informe aquí. 

¿Qué sabemos sobre el supuesto encubrimiento de los casos por parte de las autoridades?

El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) es el organismo encargado de decidir qué casos se procesan judicialmente tras una investigación policial. Entre 2008 y 2013, Keir Starmer, ex primer ministro británico, estuvo al frente de este órgano y, en 2012, reconoció que sí hubo fallos durante la investigación de los casos de abuso sexual infantil, como recogió The Times, porque “la policía, los fiscales y los tribunales no comprendieron la naturaleza del abuso”. Starmer declaró que, si bien existía “un problema de etnia” que debía “comprenderse y abordarse”, fue el trato a las víctimas, “la cuestión de la credibilidad”, lo que provocó que estos casos “no se procesaran”. 

Starmer también hizo referencia a “mitos y estereotipos” sobre las víctimas. Entre ellos se encuentra la creencia de que “una víctima real denunciaría rápidamente la violación, ofrecería un relato coherente de cualquier agresión sexual y no volvería con el agresor”, mientras que la realidad de las víctimas de explotación sexual era que “tardaban meses o incluso años” en hablar de ellos y, en muchos casos, “volvían con sus abusadores”. Te contamos más sobre el papel de Starmer en relación a las investigaciones de estos casos aquí. 

Además, en 2022, Nazir Afzal, sucesor de Starmer al frente de la CPS, también reconoció que se habían cometido errores en el ejuiciamiento de algunos de los hombres implicados en casos de abuso sexual infantil en Rochdale, durante el liderazgo de Starmer, como publicó entonces The Guardian. También señaló que Starmer había estado de acuerdo en enmendar el error y procesar a los acusados. Según las pruebas presentadas ante el Comité de Asuntos Internos, la decisión de no llevar a cabo este enjuiciamiento se basó en las directrices del CPS, que creía que las víctimas “no tenían posibilidades reales de lograr una condena”. 

Por otro lado, el informe de 2014, centrado en casos de abuso sexual en Rotherham, señala que “durante los doce primeros años de investigación, los fracasos colectivos de la dirección política y de los oficiales fueron flagrantes”, hasta el punto de producirse “supresión” de documentos. Además, el informe independiente publicado en 2022 reconoció fallos en la recogida de datos por parte de las autoridades sobre la “etnia de las víctimas y los presuntos perpetradores”.   

En cuanto a la investigación de estos casos, muchas de las personas implicadas en estas redes de abuso sexual infantil ya han sido condenadas: 

• En el marco de la Operación Stovewood, siete hombres fueron condenados a penas de prisión que suman 106 años por delitos sexuales contra menores en Rotherham. 

• Ese mismo año, otros once hombres fueron condenados a penas de entre ocho y 11 años en Derbyshire por los mismos delitos. 

• En el marco de la Operación Lakeland, entre 2008 y 2010, tres personas fueron condenadas por explotar sexualmente a unas 30 niñas menores de edad en Cornualles. 

• En mayo de 2012, la Operación Span concluyó con la condena a entre cuatro y 19 años de prisión para nueve hombres por delitos de explotación sexual infantil en Rochdale y Oldham.

• La Operación Bullfinch, concluida en junio de 2013, condenó a siete hombres de Oxford por delitos relacionados con la explotación sexual infantil, incluyendo violación, trata de personas con fines de prostitución o la trata dentro de Reino Unido. 

• En 2014, 13 hombres fueron condenados en Bristol en el marco de la Operación Brooke, con penas de prisión de entre 18 meses y 13 años. 

Además, según reporta la BBC, a lo largo de los últimos diez años, 66 personas de Bradford han sido condenadas por casos de explotación sexual infantil grupal y, a junio de 2026, hay otras 24 investigaciones en curso. 

La Comisión Independiente sobre Bandas de Abusadores Sexuales, creada por el Gobierno británico a finales de 2025, ha anunciado que los primeros lugares que se investigarán en relación con las bandas de explotación sexual infantil serán Oldham, Bradford, Keighley y Londres, como publica la BBC. Según recoge el artículo, la Comisión “obligará a personas e instituciones a explicar qué hicieron o dejaron de hacer para proteger a los niños del abuso sexual”.

¿Qué sabemos sobre la cobertura mediática de los casos de abuso sexual infantil?

Al contrario de lo que señalan algunos de los contenidos difundidos, los medios de comunicación, tanto británicos como internacionales, llevan años cubriendo casos relacionados con las redes de explotación sexual en Reino Unido. Ya en 2007, The Times cubrió las primeras condenas de hombres asiáticos involucrados en abuso sexual de menores y, anteriormente, en 2004, otros como The Guardian se hicieron eco del estreno del documental “Edge of the City”, centrado en los abusos sexuales a menores en Bradford y Keighley. La BBC, la cadena de televisión ITV o The Telegraph también han hecho publicaciones al respecto. 

A nivel internacional, otros también se han hecho eco de noticias relacionadas con estas redes de explotación. En Estados Unidos, el Washington Post, la cadena de televisión CNN, The New York Times o la emisora FOX han publicado al respecto. En España, El País o El Mundo también han hecho seguimiento de los casos. 

¿Qué contenidos han circulado alrededor de estos casos de explotación sexual infantil?

Desde Maldita.es hemos identificado diferentes contenidos sobre la investigación de las redes de explotación sexual infantil en Reino Unido. Algunas de estas publicaciones contienen desinformación. Te contamos lo que sabemos al respecto: 

• Qué sabemos del papel de Keir Starmer, exprimer ministro británico, en las investigaciones sobre las redes de explotación sexual en Reino Unido

• Qué sabemos sobre la cifra de 250.000 "niñas blancas" víctimas de redes de explotación sexual en Reino Unido: se trata de una estimación hecha por un parlamentario británico en 2018 y recogida en una investigación no oficial

• Qué sabemos del rapto y violación "con perros" de "chicas blancas" en Reino Unido: son testimonios de víctimas recogidos en una "investigación independiente" del caso

• Qué sabemos sobre la desaparición de Charlene Downes, su relación con las “bandas de explotación sexual” en Reino Unido y el supuesto uso de su cuerpo como “carne de kebab”

Actualizaremos este artículo a medida que se conozcan nuevos datos sobre el tema. 

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*El 26/06/2026 se ha actualizado este artículo para incluir la información disponible hasta la fecha acerca de los abusos sexuales a menores en Reino Unido

Maldita.es también contactó el 12 de marzo de 2026 con el Ministerio de Hacienda para preguntarle por estas afirmaciones y en el momento de publicar no obtuvo respuesta.

Por otro lado, respecto a los contenidos que afirman que el exprimer ministro supervisó el envío de “cartas de advertencia” a 13.000 hombres involucrados en estas redes de explotación sexual infantil, estos se basan en la investigación propia de Rupert Lowe, fundador del partido Restore Britain, que, a su vez, menciona otra investigación publicada por la web Express. El uso de notificaciones de alerta por secuestro de menores (CAWN, por sus siglas en inglés) es habitual en casos de explotación sexual infantil. Así, según una investigación independiente para Inglaterra y Gales publicada en 2022, en el caso de las “bandas de explotación sexual infantil” se detectó un uso elevado de estas notificaciones, frente a otras técnicas de desarticulación, pero no se menciona el papel que Starmer jugó en su utilización. 

Por su parte, el exprimer ministro se defendió de los comentarios que cuestionaban su labor como Fiscal General, afirmando, en una rueda de prensa en 2025, que, durante su etapa al frente del CPS, abordó “ese problema [el de las redes de explotación sexual infantil] de frente” y que por eso reabrió “casos que habían sido cerrados y supuestamente concluidos”. Y añadió: “Llevé a cabo la primera acusación importante contra una banda asiática de explotación sexual infantil. Cambié por completo el enfoque de la fiscalía”. 

Por otro lado, algunos informes y publicaciones sobre el desarrollo de las investigaciones sobre estas redes de explotación sexual infantil sostienen que el miedo a “ser etiquetados como racistas” había obstaculizado la capacidad de los organismos oficiales para “combatir el acoso y la explotación sexual”, pero en ningún momento se señala a Keir Starmer.  

El partido Restore Britain, fundado por Rupert Lowe, tiene objetivos antimigratorios, tales como expulsar a personas migrantes en lo que llaman “inmigración masiva inversa” o “priorizar los intereses británicos”. 

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*El 24/06/2026 se ha actualizado este artículo incluyendo la defensa de Starmer sobre su papel al frente de la Fiscalía General y la última investigación, publicada por Rupert Lowe, sobre las redes de explotación sexual infantil en Reino Unido

En este caso el texto es similar a otro texto de opinión: una carta abierta al Rey Juan Carlos en Periodista Digitalde Jaime Miguel Tur en febrero de 2011.

* Este artículo se ha actualizado el 05/06/2026 para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es. Se puede ver la anterior versión aquí.

Un contrato público con un presupuesto base de 58.000 euros adjudicado por unos 43.000

El Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó un anuncio de licitación el 12 de diciembre de 2023 para adjudicar a una empresa el “suministro de panadería y bollería” para “la elaboración de los diferentes desayunos, menús, platos y otros productos” que se ofrecen en la cafetería-comedor de la sede del ministerio, ubicada en el Paseo de la Castellana número 63, en Madrid. 

El Ministerio de Trabajo explicó en ese momento a Maldita.es que esta cafetería-comedor presta servicio a sus trabajadores y a los de otras carteras, cuyos edificios están próximos a la sede central del ministerio liderado por Yolanda Díaz. Aseguró, además, que los empleados tienen que pagar por estos productos “como en cualquier cafetería”.

No hay rastro de los 68.000 euros que se han viralizado en redes sociales entre las cifras que aparecen en los diferentes documentos publicados en el Portal de Contratación del Sector Público para 2024, cuando empezó a circular este contenido. Estos textos revelan que contaba con un presupuesto base de 57.960,82 euros con impuestos (54.444,20 euros sin IVA) y terminó adjudicándose por 43.359,19 euros (40.660,90 euros sin impuestos) a la pyme Frutícolas Ateca S.L., según se publicó el 14 de febrero de 2024 en el Portal de Contratación del Sector Público.

El valor estimado del contrato (la cantidad que calcula el organismo que costará ejecutar un contrato sumando posibles prórrogas y otras incidencias que pueden encarecer la previsión inicial) asciende a 92.682,64 euros. 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social explicó en 2024 a Maldita.es que el importe de adjudicación es el que se ve reflejado en los documentos publicados en el Portal de Contratación del Sector Público. Y aseguró que no tiene constancia de los 68.000 euros que circulan por redes sociales.

La empresa adjudicataria se encargaba de suministrar productos de panadería y bollería y churros y porras

Algunos de los contenidos desinformadores aseguran que el ministerio ha gastado 68.000 euros en churros, porras y bollería industrial. El contrato constaba de dos lotes para el suministro de “productos de panadería y bollería” y “churros y porras”. Según los documentos de la adjudicación: 

• El primer lote tenía un valor estimado de 81.336,64 euros y un presupuesto base de 50.915,32 euros. El importe total adjudicado a la empresa por este lote fue de 39.476,08 euros con impuestos. 

• El segundo lote tenía un valor más reducido, estimado en 11.346 euros y un presupuesto base de 7.045,5 euros. El importe total adjudicado a la empresa por este lote fue de 3.883,11 euros con impuestos. 

  

  En el pliego de prescripciones técnicas del contrato se incluye un listado con la cantidad que la empresa debe aportar para cada artículo solicitado por el ministerio. Sumando los dos lotes, el Ministerio de Trabajo y Economía Social solicita 38 productos diferentes, entre los que encontramos, por ejemplo, caracolas, galletas de mantequilla, saladitos, buñuelos o churros. 

Tanto el número de artículos a suministrar como el importe de los mismos se han calculado en función de los consumos anuales anteriores, según explica el pliego de prescripciones técnicas del contrato. Este documento incluye también otros requisitos para la prestación de este servicio, como que al inicio del contrato se planificaría la cantidad semanal a suministrar teniendo en cuenta los días festivos de ámbito nacional. 

El plazo de ejecución de este contrato público eran siete meses en 2024

Los documentos del Portal de Contratación del Sector Público también aclaran que el plazo de ejecución de este contrato público era de siete meses, y no dos como aseguran algunos de los contenidos que se han viralizado. El suministro de los productos establecidos para ambos lotes tendría que realizarse hasta el 31 de octubre de 2024. El servicio del primer lote estaba previsto para el 21 de marzo y el segundo, para el 1 de abril.

Si tenemos en cuenta estos plazos y el importe final adjudicado a la empresa por cada uno de los lotes, el ministerio no se gasta “unos 1.700 euros diarios” en desayunos como aseguran los contenidos desinformadores. El primer lote de productos de panadería y bollería tenía que ejecutarse en 157 días laborables (sin contar los festivos nacionales), lo que supuso un gasto de 251,4 euros diarios. Y el segundo lote de churros y porras en 154 días laborables, por lo que el gasto diario estaba previsto  de 25,7 euros.

No es la primera vez que la adjudicación del contrato público para el suministro de víveres para el servicio de cafetería-comedor del Ministerio de Trabajo va acompañada de desinformación. En 2022, varias páginas web publicaron una supuesta “lista de la compra” de la cartera de Yolanda Díaz valorada en más de 824.000 euros. Las cifras se extrajeron de un anuncio de licitación con una duración de un año para el suministro de víveres para el servicio de cafetería-comedor de la sede central del ministerio. Como contamos en Maldita.es, la licitación de 2017 para este mismo servicio fue por un valor de 785.501 euros y en 2019 por 822.957 euros. La de 2022 se suspendió y anuló por “un error en los pliegos”.

En 2024 se adjudicó otro contrato de panadería, bollería, churros y porras por valor de 123.000 euros para un año

El 24 de julio de 2024, el Ministerio de Trabajo adjudicó a una pyme el lote 5 del contrato de suministro de víveres para la cafetería-comedor de la sede central del ministerio por valor de 123.640,60 euros durante 12 meses, y que entró en vigor en noviembre de 2024. Este lote incluye productos de panadería, bollería, churros y porras [pág 26].

_{*Artículo actualizado el 18/02/2026 para indicar que el contrato es de 2024, y en contratos posteriores tampoco aparecen las cifras que se mencionan en los contenidos desinformadores que vuelven a circular.}

Por otro lado, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha contado a Maldita.es que "no hay un límite temporal" para recibir la RGC, pero que en la práctica, es improbable que se reciba la ayuda de forma vitalicia, como se menciona en el audio difundido, ya que el benefactor tiene que estar inscrito en el Servicio Público de Ocupación de Cataluña y perdería la RGC en caso de rechazar "una oferta de trabajo adecuada".

Otras publicaciones aseguran que la RGC es exclusiva para "inmigrantes ilegales o refugiados", además de mujeres que presenten "un informe de servicios sociales o denuncia de violencia de género con sólo indicios". Pero también es un bulo. La Ley 14/2017, por la que se regula la Renta Garantizada de Ciudadanía, no tiene como requisito estar en alguna de esas situaciones para percibir la ayuda. De hecho, se tiene que "residir de manera continuada, legal y efectiva en Cataluña" para acceder a la misma, por lo que las personas en situación irregular no pueden cobrar la RGC.

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*El 29 de enero de 2019 se ha actualizado este artículo añadiendo el párrafo marcado con el asterisco (*) como completo a la información utilizada para verificar el bulo.

*El 11 de agosto de 2023 se ha actualizado este artículo y se han añadido las cuantías de las ayudas actualizadas al 2023.

*10/05/2024 se ha actualizado este artículo para añadir las cuantías de la RGC de 2024.

*El 11/06/2025 se ha actualizado este artículo para añadir las cuantías de la RGC de 2025.

*El 23/06/2026 se ha actualizado este artículo para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es y añadir las cuantías de la RGC para 2026

Índice

• Qué dicen las agencias de medicamentos

• La evidencia científica disponible sobre seguridad y eficacia de esta vacuna

• Desinformaciones que se comparten sobre esta vacuna

• RFK Jr. contribuye y consigue dinero con estas desinformaciones

• Extra: recopilación de literatura científica sobre las vacunas contra el VPH

Qué dicen agencias de medicamentos sobre las vacunas de VPH que han aprobado

Las agencias responsables de aprobar y vigilar medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios muestran datos favorables de la vacuna contra el VPH que han autorizado. Destacan que este producto previene la mayoría de cánceres vinculados a este tipo de virus y de verrugas genitales, y que se ha notado un descenso en enfermedades asociadas al VPH desde que empezaron sus programas de vacunación.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) tiene autorizadas tres vacunas contra el VPH. De la última aprobada presenta datos de seis estudios diferentes donde se muestra que esta vacuna previene la mayoría de cánceres de cuello uterino, vagina y vulva producidos por estos virus, así como verrugas genitales asociadas al VPH. También destaca que quienes recibieron esta vacuna en los ensayos clínicos desarrollan anticuerpos contra algunos de los virus de VPH de mayor riesgo.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) destacan que la vacuna contra el VPH muestra una efectividad muy alta, “cercana al 100%”, a la hora de prevenir las infecciones de estos virus y dos tipos de cáncer vinculados al VPH.

El Sistema Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) mantiene desde 2008 un programa de vacunación que ha demostrado “un gran descenso” en enfermedades vinculadas al VPH, como el cáncer de cuello uterino y las verrugas genitales. Organizaciones que estudian el cáncer en este país corroboran que esta vacuna está previniendo los casos de este cáncer.

El Comité Consultivo Global sobre Seguridad de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaba ya en 2017 que aquellos países que mantienen un programa de vacunación contra el VPH muestran menor incidencia de cáncer de cuello uterino y de lesiones precancerosas. Al mismo tiempo, destacaba que en aquellos países que no recomiendan activamente la vacunación, como Japón, mostraban un aumento de la mortalidad por estos cánceres.

Qué dice la evidencia científica disponible sobre la seguridad y efectividad de la vacuna contra el VPH

Se han hecho multitud de trabajos científicos sobre la efectividad de distintas vacunas de VPH. En líneas generales, apuntan a lo siguiente:

• La vacuna contra el VPH ha demostrado que previene el desarrollo de cánceres, incluyendo el cáncer de cuello de útero, y de las verrugas genitales vinculados a este grupo de virus.

• La efectividad es mayor en quienes se han vacunado más jóvenes, pero quienes reciben la vacuna en edad más adulta o tras infectarse de VPH también se ven beneficiados.

• Su efecto adverso más común es dolor en el lugar del pinchazo, seguido de dolor de cabeza. 

• A pesar de que se difunden rumores sobre enfermedades autoinmunes asociadas a la vacuna, no se ha conseguido demostrar que sean causadas por este fármaco.

• Tampoco se ha encontrado una relación entre esta vacuna e infertilidad, tal y como apuntan algunos contenidos.

Al final de este artículo recopilamos en un bloque un resumen de evidencias científicas sobre la efectividad de estas vacunas (la capacidad que tienen para prevenir o reducir la incidencia de enfermedades) y la seguridad (que los beneficios de vacunarse sean mayores que los posibles daños o riesgos).

Las desinformaciones que se comparten sobre la vacuna contra el VPH

A pesar de la evidencia científica, se comparten mensajes desinformadores sobre esta vacuna contra el VPH. Algunos de los estudios del apartado anterior reconocen que estos rumores y especulaciones pueden afectar a la cobertura de esta vacuna en la población que debe recibirla. 

Algunos de estos mensajes dicen que esta vacuna aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino, que los riesgos de sus efectos adversos superan los supuestos beneficios que se consiguen con esta vacuna o que los ensayos clínicos se hicieron incorrectamente o no han tenido un seguimiento adecuado. También hay mensajes que no apuntan a un motivo concreto, simplemente indican que este producto es dañino, peligroso o que la información disponible no es fiable e invitan a hacer su propia investigación.

RFK Jr., candidato a dirigir los servicios de Salud de Estados Unidos, contribuye y consigue dinero con estas desinformaciones

Una persona que ha contribuido a estas desinformaciones sobre la vacuna contra el VPH es Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.), actual secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, brazo del Gobierno estadounidense que dirige diferentes agencias estadounidenses con impacto en la salud pública, como los CDC, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o los Institutos Nacionales de Salud (NIH). 

Desde sus perfiles en redes sociales, Kennedy ha compartido que la vacuna aprobada en Estados Unidos contra el VPH aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino “de la misma forma que la de COVID aumenta el riesgo de COVID”, que algunos efectos adversos “graves” reportados sobre esta vacuna “estaban contando como ‘no graves’”, que existe literatura científica que vincula esta vacuna a enfermedades autoinmunes, entre otros mensajes.

Kennedy fundó y presidió en su momento la organización Defensa de la Salud de los Niños (CHD, siglas en inglés). Esta organización ha contribuido también a diseminar algunas de las desinformaciones sobre esta vacuna, sirviendo como repositorio de enlaces desde los que el candidato comparte sus mensajes y mostrando supuestas evidencias de por qué no vacunarse contra el VPH.

RFK Jr., además, participó en un litigio contra Merck, compañía farmacéutica que fabrica Gardasil, la vacuna contra el VPH aprobada en Estados Unidos. Esta participación, explica Reuters, consistió en construir el caso para bufetes y abogados que buscaban demandar a Merck por supuestas lesiones causadas por vacunas, lo que podría obligar a la farmacéutica a compensar económicamente a estas personas. 

Por último, Kennedy mantiene una participación económica en varios litigios contra Merck según una declaración de intereses que hizo pública en enero de 2025 y que publicó el New York Times. Esta declaración señalaba que RFK Jr. tenía derecho a cobrar el 10% de los honorarios de casos que él remitió a un bufete de abogados que disputaba contra Merck en los tribunales.

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*El 20/7/23 se ha modificado el titular de este artículo para pasar de "No, no hay pruebas de que 'los musulmanes procedentes de Marruecos vivan en un 80% de las ayudas sociales'. Es una cifra inventada" a "Las desinformaciones que dicen que los musulmanes procedentes de Marruecos viven en un 80% de las ayudas sociales en Cataluña".

*El 20/7/23 se ha incluido mención en este artículo al Ingreso Mínimo Vital.

*El 23/06/2026 se actualizó este artículo para incluir la exigencia a los beneficiarios de la RGC de estar inscritos en el SOC

Desde Ecovidrio aseguran a Maldita.es que la recaudación ya no está activa

La iniciativa de Ecovidrio, en colaboración con la asociación DalecandELA, promovía la difusión de un vídeo sobre el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que se lanzó el 21 de junio de 2023 en YouTube. Su objetivo era alcanzar 300.000 reproducciones para poder donar 6.000 euros a la asociación de Jaime Lafita. 

Desde el departamento de comunicación de Ecovidrio aseguran a Maldita.es que la recaudación se llevó a cabo en verano de 2023, momento en el que se alcanzaron las reproducciones. Por lo tanto, la recaudación ya no está activa.

En la descripción del vídeo publicado en YouTube la entidad añade que ya han conseguido el objetivo marcado.

No se puede recaudar dinero difundiendo un vídeo o una imagen por WhatsApp

La campaña de Ecovidrio perseguía conseguir las 300.000 visitas en YouTube. Sin embargo, ahora se está difundiendo como una cadena de WhatsApp. Como se puede leer en su apartado de preguntas frecuentes, WhatsApp utiliza "el cifrado de extremo a extremo" lo que hace que "sólo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo". 

Por tanto, compartir un vídeo o una imagen por WhatsApp no hace que se recaude dinero porque nadie sabe cuántas veces se reenvía y la plataforma no conoce el contenido del vídeo qué se está compartiendo. 

La única manera de recaudar dinero sería pinchando en el enlace del vídeo de YouTube, pero a 29 de enero no tendría ningún efecto porque la recaudación ya no está activa. 

En Maldita.es ya hemos explicado cómo puede una campaña online generar dinero por las visitas que tenga un vídeo. Así mismo, hemos alertado de casos similares como el vídeo de esta niña para recaudar supuestos fondos para que la operen de cáncer o esta cadena viral de 2017 que aseguraba que por cada 10 personas con las que compartieras esa misma fotografía se dedicaría “1 euro para la investigación contra el cáncer”.

El portal mezcla casos de corrupción con casos que no se están investigando como tal: contabiliza el rescate bancario como un caso de corrupción nacional del Partido Popular. Esta cifra representaría la mitad de la corrupción del PP. La propia web reconoce que el rescate "no es un caso de corrupción, judicialmente hablando, por ahora".

Los datos que muestra “Casos Aislados” son “públicos” y “salen en los medios de comunicación, las sentencias judiciales y varias páginas web”, según se indica en el propio portal. Al mezclar también casos con sentencia firme con casos que están siendo investigados las cifras pueden no coincidir con lo que posteriormente se pruebe.  

La web afirma que los datos se han recopilado como “iniciativa y trabajo personal” y aseguran que no van ligados a ningún partido ni organización.

_{*Este artículo ha sido actualizado a 17 de junio de 2026 para adaptarlo a la metodología actual de Maldita.es.}

En cuanto al tratamiento, según la revista científica de la Asociación Española de Pediatría, el enfoque debe ser multidisciplinar y dirigido principalmente a mantener una adecuada ventilación. Los pacientes, “necesitan asistencia respiratoria mediante una máquina (ventilación mecánica) o un dispositivo que estimule un patrón respiratorio normal (marcapasos de diafragma)”, señala el portal Medline, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y añade que algunos “necesitan este apoyo las 24 horas del día, mientras que otras solo lo necesitan por la noche”. 

Sobre el pronóstico de estos pacientes, conforme existe un mayor conocimiento y soporte tecnológico, este “ha ido mejorando”, aunque sigue limitado “por las complicaciones derivadas de la ventilación mecánica prolongada”. La expectativa de vida y el grado de discapacidad intelectual derivado dependen de la gravedad del trastorno, el momento del diagnóstico y el éxito del tratamiento.

En relación al caso de Thiago, desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con la cuenta de Instagram a la que apelan los vídeos (@thiago_siguerespirando), desde donde responden que el caso “es real” y que se dispone de “todos los informes médicos y pruebas genéticas”. Además, desde la Asociación Síndrome de Ondine “manifiestan públicamente” que el caso del menor “es real y corresponde a una familia que forma parte activa de la asociación”, según un comunicado publicado la noche del 17 de febrero.

Estas imágenes que se difunden tienen muy poca calidad y están recortadas. Pero al hacer una búsqueda por palabras clave encontramos varias publicaciones sobre el vídeo en 2008. De hecho, si nos fijamos en el vídeo original, sin recortar, vemos que en el propio suelo del plató de televisión en el que se hizo la entrevista ponía “2008”.

La entrevista la realizó el periodista Iñaki Gabilondo, quien también dice en este otro vídeo de 2017 que aquellas palabras las pronunció Zapatero “antes de las elecciones de 2008” (minuto 0.05). En esas elecciones el expresidente fue reelegido. Según El Mundo, Gabilondo pidió disculpas por la distribución de estas imágenes que se grabaron después de la entrevista, afirmando que había sido un “descuido”.

*Hemos actualizado este artículo el 15 de junio de 2026 para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es.

En el texto, que no se ha aprobado todavía, se incluyen artículos que autorizan la “eutanasia” y, “en casos excepcionales”, las autoridades locales podrán intervenir para “poner fin al peligro que representan los animales callejeros”, según una traducción con Google Translate del artículo 51 del texto.

El proyecto de ley también incluye medidas como la creación de una base de datos de animales callejeros, así como nuevas condiciones para los centros que asisten a estos animales. El texto, revisado y traducido por Maldita.es, no incluye ninguna mención al Mundial de Fútbol 2030. A 25 de marzo de 2026 la norma continúa en tramitación parlamentaria. 

Mientras este proyecto de ley sigue su curso parlamentario, la Ley Orgánica de Municipios marroquí establece que la competencia en esta materia es de los municipios, que sonquienes tienen que “llevar a cabo operaciones para recoger perros callejeros y combatir la rabia y cualquier otra enfermedad que amenace a los animales domésticos”.

La asociación animalista International Animal Coalition indica a Maldita.es que hay “un aumento de matanzas de perros callejeros” en varias ciudades marroquíes  

La International Animal Coalition (IAWPC) indica a Maldita.es que “en Marruecos los perros son constantemente asesinados de forma violenta” y que reciben “informes diarios de todo Marruecos”. Sobre ello, publican contenidos “específicamente relacionados con las sedes de la Copa Africana de Naciones” sobre el daño que están sufriendo estos animales. En una petición de firmas online la IAWPC asegura, sin aportar ninguna prueba de ello en el interior de la publicación, que “hombres armados, con órdenes del Gobierno, recorren las zonas urbanas y rurales de Marruecos día y noche, con rifles y pistolas, disparando a los perros”. 

Al contactar a la asociación IAWPC, la entidad sí envió a Maldita.es un conjunto de contenidos que evidenciarían el asesinato de perros en Marruecos por parte de las autoridades. Junto a vídeos o fotografías con carácter explícito de asesinatos de perros, IAWPC facilitó a Maldita.es una “solicitud oficial de munición de 1000 cartuchos para matar perros callejeros durante un período de cinco días en la región de Nador”. En el propio documento, firmado por el Ministerio del Interior marroquí en septiembre de 2025, se indica que el objeto de esta compra de cartuchos es la “caza para matar perros callejeros”.

Según una publicación de Hespress, el Tribunal Administrativo de Primera Instancia de Rabat emitió una sentencia en julio de 2025 (dos meses antes de la fecha que aparece en la firma del documento del Ministerio del Interior mencionado anteriormente) en la que establecía que es el Ministerio del Interior quien tiene que garantizar que se respeten las leyes vigentes y consideró que “la ejecución de perros callejeros mediante disparos o envenenamiento” es una “violación de las leyes y acuerdos relativos a la protección de animales”. 

Maldita.es ha preguntado por la veracidad de este documento el 25 de marzo de 2026 al la portavocía del Gobierno de Marruecos, la Embajada marroquí en España y al Ministerio del Interior de Marruecos y en el momento de publicar esta información no hemos recibido respuesta.

La IAWPC asegura a Maldita.es también que en ciudades como Agadir, Tánger, Marrakech, Fez, Casablanca y Rabat hay “un aumento en las redadas violentas y la matanza de perros callejeros”. “Existen bastantes pruebas relacionadas con las redadas violentas y la matanza de perros en relación con el fútbol y otros eventos nacionales e internacionales”, indican. 

La IAWPC tiene otros contenidos subidos en redes sociales, como un testimonio anónimo de un supuesto antiguo oficial del Ejército marroquí que les habría dicho que personal del ejército estaría disparando a los perros. Maldita.es contactó con el Ejército de Marruecos el 25 de marzo de 2026 y en el momento de publicar no hemos recibido respuesta. 

También subieron a su perfil de Instagram un vídeo de un concejal de la ciudad de Marrakech defendiendo, según sus propias palabras, “la vuelta a los métodos tradicionales” para controlar a los perros callejeros disparándolos. La intervención de Khalil Boulhassan es real y la subió a YouTube en octubre de 2025 una cadena de televisión marroquí llamada Marrakechalaan. En su intervención Boulhassan rechaza que haya “equipos que se encarguen de la recolección” de perros. 

Según una nota de prensa del Ayuntamiento de Marrakech, el 4 de noviembre de 2024 se pusieron “unidades de intervención” para “controlar la presencia de perros callejeros”. En una de las imágenes de la propia publicación del Ayuntamiento de Marrakech se puede observar a un grupo de personas uniformadas al lado de dos furgonetas blancas. En la otra imagen aparece una de las furgonetas circulando en la plaza del mercado Jamaa el-Fna de la ciudad.

Ya había publicaciones denunciando matanzas de los perros callejeros en Marruecos antes del anuncio de la candidatura junto a España y Portugal en 2023

Antes de que se anunciase la celebración del mundial allí en diciembre de 2024 e incluso antes del anuncio de la candidatura conjunta en marzo de 2023, ya había publicaciones en prensa o de organizaciones animalistas que alertaban sobre la situación de los perros callejeros en el país y las matanzas que se estaban realizando: 

• Un estudio de 2017 cifró los perros se habían sacrificado en Marruecos entre los años 1971 y 2012. En el año 2005 se habrían llegado a sacrificar a más de 400.000 perros.

• La Sociedad Protectora de Animales en Marruecos monitoriza las cifras de perros asesinados desde 1956 hasta la actualidad y en 2023, su último año completo disponible, se habrían asesinado a más de 500.000 perros. 

• Una publicación de 2018 del medio deportivo Inside World Footbal mencionaba que “Marruecos fue criticado por grupos de derechos de los animales por intentar presentar una imagen falsa al matar a perros callejeros”. 

• Un vídeo del periódico digital marroquí Hespress, de enero de 2022, ya hablaba de la “proliferación de perros callejeros” en Salé, una ciudad cercana a su capital, Rabat.

• Un artículo del digital marroquí Rue20 de enero de 2022 hablaba de una “matanza a tiros” de perros callejeros cerca de Rabat. 

• Una publicación de mayo de 2023 de Party For Animals llamaba a “detener la matanza de perros callejeros”. 

• En noviembre de 2024 la IAWPC subió a Instagram un reportaje informando de “matanzas masivas de animales en la región de Uchda” que se habrían producido durante las fases eliminatorias de la Copa Africana de Naciones. 

• La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) también alertó de esta “matanza sistemática” en diciembre de 2024.

Un portavoz de la FIFA, que no identifican, comentó al Daily Mail en febrero de 2026 “que durante su candidatura para la Copa de 2030, Marruecos aumentó su compromiso con el bienestar animal, destacando los esfuerzos del Gobierno para expandir las clínicas y apoyar programas para perros callejeros”. En el informe de noviembre de 2024 de evaluación de la candidatura de la FIFA indica que Marruecos se había “comprometido con la protección de los derechos de los animales”.

Un artículo publicado por la OMS menciona que la “gestión” para controlar la población de perros callejeros en Marruecos ha sido “principalmente” su “eliminación”

Un artículo publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Revista de Salud del Mediterráneo Oriental en agosto de 2025 calcula que hay “entre 3 y 4 millones” de canes viviendo en las calles del país, algo que representa una “amenaza real para la salud y la seguridad en Marruecos” y dice que “la gestión de los perros callejeros en Marruecos ha consistido principalmente en la eliminación”. 

En el mismo artículo se cita que desde 2019 el Gobierno de Marruecos adoptó el método ‘Capturar-Esterilizar-Vacunar-Liberar’ (CNVR o TNVR, por sus siglas en inglés) para controlar la población de perros callejeros. Este programa se basa en atrapar a los animales callejeros para esterilizarlos, vacunarlos y luego liberarlos. El método se ha utilizado en otras zonas del mundo (como Tailandia o Líbano) con el mismo objetivo. Sin embargo, el mismo artículo indica que en el país marroquí se habría retrasado su implementación por la llegada de la pandemia de la COVID-19. 

El Gobierno de Marruecos dice que se trata de una “campaña de desinformación sistemática” debido a la celebración del mundial de fútbol allí

Según la Agencia EFE, el ministro del Interior marroquí, Abdelouafi Laftit, dijo en julio de 2025 que “desde el anuncio de la organización por parte de Marruecos de varios eventos deportivos internacionales, el país está siendo objeto de ataques mediáticos sistemáticos que buscan dañar su imagen, centrados de manera llamativa en el tema de los perros callejeros”. 

“Estas campañas difunden datos erróneos fuera de su contexto real y acusan a las autoridades de seguir prácticas inhumanas, sin tener en cuenta la información objetiva ni la magnitud de los esfuerzos realizados a nivel nacional en materia de prevención, protección de la salud pública y respeto de los principios de los derechos de los animales”, indicó Laftit.  

La Embajada de Marruecos en España indica a Maldita.es que “la información que circula es completamente falsa” y que la implementación del programa CNVR o TNVR (‘Capturar-Esterilizar-Vacunar-Liberar’) “se ha acelerado desde 2023” con la “instalación de infraestructuras adecuadas para la acogida de los animales capturados”. También explican que prevén ampliar la red de refugios, creando instalaciones en cinco grandes ciudades del país y una decena de ciudades adicionales para “alcanzar una cobertura integral del territorio nacional”.

_{*El 26/03/206 Maldita.es actualizó esta información para incorporar más datos y contexto tras consultar a la IAWPC.}

En 2018 ya contamos que no encontramos ninguna iniciativa, declaración o medio de comunicación que confirmara en su día esta supuesta oferta. Además, desde Maldita.es nos pusimos en contacto con Presidencia del Gobierno y nos respondieron que era “rotundamente falso” que se fuera a retirar de Cataluña a la Policía Nacional y la Guardia Civil. En el PDeCAT nos dijeron que no les constaba la propuesta de Pedro Sánchez y desde ERC nos contaron que no había “ninguna negociación abierta en relación a los Presupuestos”.

Este mensaje vuelve ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que se ha comenzado la tramitación de los Presupuestos para 2027. También después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunciara que el Ejecutivo llevará al Consejo de Ministros del próximo 23 de junio la actualización del cuadro macroeconómico que servirá de base a la elaboración de las cuentas.

Esta no ha sido la primera vez que ha circulado un mensaje sin pruebas que habla de supuestos acuerdos del Gobierno de Sánchez para sacar a la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña. En agosto de 2018 circuló otro contenido sobre un supuesto pacto entre el Gobierno y las autoridades del País Vasco y Cataluña para que la Guardia Civil y la Policía Nacional saliera “en marzo de 2020” de dichas regiones.

^{**Este artículo ha sido actualizado a 11 de junio de 2026 para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es y cambiar la calificación de “desinformación sin pruebas” a “alerta”.}

Según establece la metodología de Maldita.es, la selección de contenidos a verificar o contextualizar dependerá de su viralidad y peligrosidad. En caso de contenidos acerca de diagnósticos médicos concretos que se hayan reportado repetidamente, nuestro trabajo se limitará a examinar aquello que circula públicamente así como las afirmaciones verificables asociadas. En ningún caso se pretende cuestionar la vivencia personal de ninguna persona ni desacreditar situaciones médicas reales, sino aportar contexto y criterios de verificación ante contenidos virales de interés público.

A Zelenski le preguntaron en una entrevista en Associated Press el 1 de febrero de 2025 por su reacción ante la paralización de la ayuda económica de Estados Unidos a organizaciones que actúan en Ucrania. En su respuesta afirmó que había escuchado antes y ese mismo día “desde Estados Unidos” que ese país había dado a Ucrania 177.000 millones de dólares aprobados por el Congreso estadounidense. Luego añadió que, como presidente de Ucrania, “nunca” había recibido 100.000 de esos 177.000, según la transcripción y traducción automática del ucraniano al inglés que ofrece YouTube de la entrevista.

“Hemos recibido armas por 70.000 millones de dólares”, dijo también Zelenski, incluyendo su transporte y entrenamiento, pero añadió que “no es cierto” que Ucrania haya recibido durante la guerra “200.000 millones de dólares” para apoyar el Ejército. “No sé donde está todo ese dinero”, pero Ucrania ha recibido “76.000 millones con algo” de ayuda militar de Estados Unidos, añadió Zelenski.

La cantidad total de ayuda militar acordada para Ucrania cuando se hizo esa entrevista varía según la fuente consultada y los periodos temporales que maneja cada una.

• Según la organización Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB por sus siglas en inglés), hasta mayo de 2024, Estados Unidos envió un total de 53.700 millones de dólares a Ucrania desde que comenzó la guerra en 2022, de un total aprobado de ayuda militar directa a Ucrania que ascendía a 71.4000 millones de dólares a mayo de 2024.

• En cambio, el Departamento de Estado de Estados Unidos reduce la ayuda militar de Estados Unidos acordada para Ucrania a los 65.900 millones de dólares desde 2022 a 31 de diciembre de 2024.

• El Instituto para la Economía Mundial de Kiel (Alemania) cifra en 64.000 millones de dólares la ayuda militar de Estados Unidos para Ucrania en febrero de 2025.

Estas cifras son inferiores a los 76.000 millones de dólares de ayuda militar que Zelenski reconocía en la entrevista de febrero de 2025 que Ucrania había recibido de Estados Unidos.

Las ayudas militares se quedan en gran medida en Estados Unidos, según el CSIS

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés)  explicaba que imaginar que la ayuda estadounidense a Ucrania llega “en palets de dinero” no es correcta. De esta cantidad, más de 30.000 millones se quedarían en Estados Unidos porque van a parar a la industria armamentística, el sector humanitario y el personal militar. “Alrededor del 72% de este dinero en total y el 86% de la ayuda militar” se gastarían en Estados Unidos debido a que muchas de las armas enviadas a Ucrania son producidas en Estados Unidos y los salarios del personal de los servicios militares de Estados Unidos se pagan mayoritariamente en Estados Unidos, indicaba el CSIS.

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha detectado casos de corrupción interna de armas, como uno valorado en casi 40 millones de dólares estadounidenses gastado en municiones que nunca llegaron, según el Servicio de Seguridad de Ucrania. Pese a ello, el Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó en agosto de 2024 que "no hay evidencia creíble de desvío ilícito de equipos de defensa proporcionados por Estados Unidos, apoyo presupuestario directo o asistencia humanitaria desde Ucrania".

_{* Este artículo ha sido actualizado el 11/06/2026 para incluir los contenidos que circulan en 2026 y ajustar el artículo a nuestra metodología.}

Además, no encontramos ningún artículo publicado por la CNN en el que informen de este supuesto virus informático que se está difundiendo, ni en ningún otro medio de comunicación o fuente oficial, al contrario de lo que afirma la cadena.

No es la primera vez que desde Maldita.es advertimos de las cadenas de WhatsApp que te alertan de un supuesto hackeo en el móvil si abres una imagen o vídeo. Por ejemplo, a principios de 2022 se viralizó un texto que afirmaba que una imagen que "muestra cómo el COVID-19 se cura en México" escondía un virus que se instalaba en tu teléfono en cinco segundos.

El texto de la cadena es muy similar al que está circulando ahora, incluso hace referencia a medios de comunicación como la CNN y la BBC. Sin embargo, el INCIBE, la Policía Nacional y la Asociación Mexicana de Ciberseguridad (AMECI) aseguraron que no tenían constancia sobre este supuesto virus.

Este no es el único caso. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, se difundió una cadena de WhatsApp prácticamente idéntica que advertía de un supuesto archivo que hackea tu teléfono denominado "Argentina lo está logrando". En 2021, circuló otro texto que alertaba de un supuesto virus llamado "India lo está haciendo". Como vemos, el mensaje va cambiando el supuesto nombre del archivo malicioso, pero en ninguno de los casos las autoridades tenían constancia del supuesto riesgo.

*Hemos actualizado este artículo el 11 de junio de 2026 para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es y para cambiar el rating de “desinformación sin pruebas” a “falso”.

La regularización no concede automáticamente el derecho a voto. La participación en las elecciones generales y autonómicas está reservada únicamente a las personas con nacionalidad española. La nacionalidad no se consigue con la regularización, sino que es necesario acreditar, al menos, 10 años de residencia “legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición” como norma general  y dos años para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. También hay que realizar dos pruebas en el Instituto Cervantes, además de cumplir otros requisitos. 

En el caso de las elecciones municipales, las personas a las que se les conceda la regularización anunciada por el Gobierno podrán  votar si hay un acuerdo de reciprocidad con su país de origen y reúnen los requisitos establecidos en dicho acuerdo, como cumplir con un período mínimo de residencia legal*. Actualmente, las personas extranjeras de  Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago pueden votar en las elecciones municipales tras cinco años de residencia en España (tres en el caso de Reino Unido y Noruega), además de los ciudadanos de la Unión Europea.

Así, las personas migrantes regularizadas no podrán votar, por tiempos, en ninguna de las elecciones de 2027. 

Por último, en las elecciones europeas tienen derecho a voto los ciudadanos de algún estado miembro de la Unión Europea residiendo en España y las personas con nacionalidad española, por lo tanto, las personas regularizadas este año no podrían votar en las próximas elecciones europeas, previstas para 2029, a menos que obtuviesen la nacionalidad española.

No, las personas migrantes que se acojan a la regularización extraordinaria no pueden lograr la nacionalidad sin un certificado de antecedentes penales

La regularización extraordinaria de personas inmigrantes no supone la concesión de la  nacionalidad “sin un certificado de antecedentes penales”, como afirman los contenidos difundidos. La nacionalización y la regularización son procesos diferentes, aunque para la nacionalidad, primero es necesario estar en situación regular. En ambos procedimientos, se exige acreditar no tener antecedentes penales, aunque en el caso de la regularización extraordinaria, en un primer momento se planteó la posibilidad de sustituir el certificado de inexistencia de antecedentes por una declaración responsable. Los contenidos que se difunden utilizan un titular de una publicación de The Objective que ya ha sido rectificada, aclarando en sus redes sociales que se referían a la medida anunciada por el Gobierno de conceder permisos de residencia a personas migrantes en situación irregular. 

Para acceder a la nacionalidad se exige la acreditación de “buena conducta cívica” mediante la aportación de un certificado de antecedentes penales expedido por el país de origen “debidamente legalizado y traducido” y los informes que expidan al respecto las autoridades españolas. La ley también contempla que, en el caso de ciudadanos de algún Estado de la Unión Europea, dicho certificado puede sustituirse por el Certificado del Registro Central de Penados español “donde conste expresamente que se han consultado los antecedentes con el país de origen”.

No, las personas migrantes que se beneficien de la regularización extraordinaria no tendrán pleno estatus legal europeo para cruzar a cualquier país de la Unión Europea y quedarse a trabajar o residir

La regularización extraordinaria de personas migrantes no autoriza a vivir o trabajar en cualquier país de la Unión Europea, pero sí permite visitar los países que forman parte del Espacio Schengen en los mismos términos que quienes tienen visado de turista o de estudios. Según un documento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre dudas del proceso, este permiso “no otorga autorización para establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea”. Según la nota de prensa sobre la aprobación de la regularización publicada por este ministerio, las personas migrantes en situación irregular y los solicitantes de protección internacional que accedan a ella obtendrán una autorización con una vigencia inicial de un año, cinco en el caso de familias con hijos menores de edad, que habilita a “residir y trabajar por cuenta ajena o propia, en cualquier parte del territorio español”. El traslado a otro país de la Unión Europea para vivir o trabajar es un derecho reservado a los ciudadanos de un Estado miembro y, como os hemos contado en Maldita.es, las personas que se beneficien de la regularización no obtendrán la nacionalidad, puesto que se trata de dos procesos distintos. Más allá de la normativa de la regularización extraordinaria, la actual Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE), que acredita la permanencia legal de extranjeros en España por un tiempo superior a tres meses, también se limita al territorio español.

No, el certificado de vulnerabilidad para la regularización no concede a los inmigrantes prioridad en el acceso a ayudas sociales o “casa gratis”: este documento solo es válido para este trámite

Las personas migrantes que quieran acogerse a la regularización deberán demostrar haber trabajado por cuenta propia o ajena en España, contar con una unidad familiar en territorio español o acreditar estar en situación de vulnerabilidad presentando un certificado. Este documento “surtirá efectos exclusivamente a los fines previstos” en el texto de la regularización, por lo que no podrá ser utilizado para solicitar, por ejemplo, ayudas sociales ni concederá “privilegios” como vivienda gratuita, como mencionan los contenidos difundidos. Esta aclaración también la recoge el modelo de certificado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene disponible para descarga en su página web.

Qué sabemos sobre la anulación de las órdenes de expulsión de las personas migrantes que opten a la regularización: sólo se aplicará a las órdenes que deriven de estar en situación irregular en España o trabajando sin autorización

Las personas migrantes en situación irregular que soliciten la regularización extraordinaria y  que tengan una orden de expulsión podrán anularla únicamente en dos casos, según recoge el texto publicado en el BOE. El primero, que la orden haya sido emitida por “encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente”. 

El segundo caso es haber obtenido la orden de expulsión por “encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida”. El texto sobre las condiciones de la regularización no contempla, sin embargo, cancelar las órdenes de expulsión cuando estas hayan sido impuestas por la comisión de una infracción de las recogidas en la Ley de Extranjería.

Cuidado con los contenidos que afirman que el Gobierno ha excluido a los “apátridas saharauis” de la regularización extraordinaria: una normativa específica les concede permiso de residencia

La regularización extraordinaria está dirigida a personas migrantes en situación irregular en España. En cambio, las personas apátridas, que no son reconocidas por ningún Estado como nacionales, ya tienen permiso de residencia y trabajo en España, sean o no saharauis, como recoge el Real Decreto 865/2001, que regula su estatus. Por ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aclara en su web que la regularización no es un proceso dirigido a ellas, ya que “cuentan con una normativa específica que les ampara”. Además, en el caso de los solicitantes del estatuto de apatridia, la ley también contempla que obtengan una autorización provisional de residencia mientras se resuelve su expediente. En caso de resolución denegatoria, podrán acogerse a alguna de las figuras de regularización previstas en la Ley de Extranjería.

Cuidado con los contenidos que afirman que el Gobierno ha excluido a los "refugiados ucranianos" de la regularización extraordinaria: ya tienen permiso de residencia, por lo que la regularización no les afecta

Al proceso de regularización extraordinaria se pueden acoger las personas que estén en situación irregular en España, pero las personas desplazadas por la guerra de Ucrania, a las que se refieren los contenidos que se difunden, ya tienen permiso de residencia y de trabajo al ser beneficiarios de protección temporal. Esto lo regula la directiva europea para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Esta misma situación se da en el caso de las personas refugiadas que tienen concedido el asilo en España.

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura a Maldita.es que aprobarán una medida específica que permitirá a estas personas modificar su autorización y cambiarla por cualquiera de las previstas en la ley de extranjería, así como a las incluidas en la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Este procedimiento, diferenciado del de la regularización extraordinaria, podrá concederles permiso de residencia y trabajo de hasta cuatro años de duración. Por otro lado, el Ministerio señala que el proceso de regularización no excluye a personas en función de su nacionalidad, sino que depende del cumplimiento de los requisitos exigidos. 

Qué sabemos sobre obtener la regularización sin presentar un certificado de antecedentes penales: el texto final exige la presentación de este documento El texto definitivo de la regularización extraordinaria, aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de abril de 2026, no incluye la posibilidad de que las personas migrantes sustituyan el certificado de antecedentes penales por una declaración responsable. Esta opción sí aparecía contemplada en el borrador del texto, pero finalmente ha sido excluida. Así, las personas interesadas en acogerse a esta regularización deberán acreditar la ausencia de antecedentes en España, en país de origen, así como en los países en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España por medio de este certificado. El texto recogido en el BOE contempla que, si en el plazo de un mes, el país responsable de la emisión de este documento no lo ha remitido a la persona interesada, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podrá solicitarlo por vía diplomática a la autoridad competente. Cuidado con los contenidos que dicen que Sánchez dará 2.800 euros al mes durante dos años a inmigrantes regularizados: no hay rastro de esa ayuda A 29 de abril de 2026, no hay rastro de que el Gobierno haya aprobado o anunciado una ayuda de 2.800 euros al mes durante dos años para inmigrantes regularizados y sus familias, como afirma una imagen que circula simulando ser la portada de un periódico. Pero no consta que exista un medio español activo y reconocible con la cabecera “El Diario de España”. Además, dicha portada aparece fechada el 24 de mayo del año 2024. En cuanto a la forma en la que supuestamente se financiaría esta ayuda según el contenido, a 29 de abril de 2026, no existe ningún plan aprobado bajo el nombre "Plan de Inclusión y Cohesión social 2024-2026". Sí existe el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que sirve para ordenar la planificación, ejecución y seguimiento de las subvenciones gestionadas por el Ministerio. No es una ayuda directa y automática a familias inmigrantes regularizadas ni recoge, con esos términos, una prestación mensual de 2.800 euros durante dos años. Además, el texto de la regularización extraordinaria, en vigor desde el 16 de abril de 2026, no menciona ninguna prestación económica vinculada a la búsqueda de empleo. No, Bruselas no ha frenado la regularización extraordinaria de personas migrantes en España: se ha aprobado modificar el reglamento de retorno de la UE, que no tiene que ver con la regularización El Parlamento Europeo no ha frenado la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español, en vigor desde el 16 de abril de 2026. Ha aprobado la modificación del reglamento de retorno de personas migrantes procedentes de países extracomunitarios en situación administrativa irregular, una normativa que nada tiene que ver con el proceso de regularización extraordinaria. Este reglamento, que se encuentra en fase de negociaciones, plantea incluir novedades como enviar a personas migrantes en situación irregular a “centros de retorno” en terceros países. Esta medida, aunque ya estuviese en vigor, no afectaría a las personas en proceso de regularización en España, ya que las órdenes de expulsión por residir o trabajar sin autorización aplicadas a personas que se acojan a este proceso serán anuladas, según recoge el texto de la regularización.  Qué sabemos sobre el acceso de las personas migrantes regularizadas a pensiones de jubilación no contributivas: podrán cobrarlas después de 10 años de residencia legal en España Las personas migrantes que se acojan a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, en vigor desde el 16 de abril de 2026, tendrán derecho a una pensión de jubilación no contributiva pasados diez años, ya que deben acreditar ese periodo de tiempo de residencia legal en España antes de optar a esta prestación. Además, dos años tienen que ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. El derecho a esta prestación, por lo tanto, no será automático. Asimismo, durante el tiempo que dure el cobro de la pensión, deberán mantener su residencia en territorio español. En cuanto a los requisitos económicos, las personas solicitantes deberán acreditar carecer de ingresos o que estos no superen los 8.803,20 euros anuales, una cantidad que se corresponde con la cuantía máxima a percibir como pensión en 2026, lo que equivale a 628,80 euros mensuales.  Las pensiones de jubilación no contributivas las pueden solicitar los mayores de 65 años sin haber cotizado nunca o sin haber cotizado el mínimo de 15 años exigido para acceder a una pensión contributiva. Qué sabemos sobre los supuestos empadronamientos “al azar” para regularizar migrantes: estar empadronado no es requisito indispensable para la regularización extraordinaria La regularización extraordinaria de personas migrantes, en vigor desde el 16 de abril de 2026, no exige presentar el certificado de empadronamiento para acreditar los cinco meses de residencia en España exigidos para el trámite, sino que este documento puede ser sustituido por cualquier otro “público o privado que incluya datos personales”. Además, al exigir cinco meses de residencia, un empadronamiento realizado ahora o en los “próximos meses” no serviría por sí solo para cumplir con este requisito. En cambio, el proceso de regularización por las vías ordinarias previstas en la Ley de Extranjería sí exige aportar un documento de empadronamiento que acredite el tiempo de residencia en España exigido en cada caso, salvo en la residencia por arraigo familiar. Para empadronarse es necesario acreditar la residencia en el domicilio indicado. En algunos casos se puede utilizar la escritura de la vivienda, un contrato de alquiler en vigor o una autorización de empadronamiento firmada por el propietario del inmueble. Ahora bien, sí se han registrado casos en los que algunas personas han logrado empadronarse en domicilios ajenos utilizando documentación falsa. Qué sabemos de los inmigrantes que acceden a la regularización y las pensiones: podrán solicitar la pensión no contributiva tras 10 años de residencia legal En este vídeo, publicado por la Asociación Rumiñahui, se ve a personas inmigrantes agradeciendo a la asociación por haberles ayudado a obtener el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos que pueden aportarse para acceder a la regularización extraordinaria que entró en vigor el 16 de abril. Las imágenes se están difundiendo junto a mensajes que dicen que, al obtener la regularización, estas personas podrán acceder a una pensión en España sin haber cotizado nunca. Pero para obtener una  pensión no contributiva (solo para mayores de 65 años que no tengan ingresos suficientes), primero tienen que acreditar haber residido en España durante, al menos, 10 años de manera legal, dos de los cuales deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación. Por ello, una persona migrante que aplique a la regularización extraordinaria no podrá acceder de manera inmediata a esta pensión. Además, la cuantía mensual que recibe una persona con una pensión no contributiva, no es la misma que la que recibe una persona con pensión contributiva.  Cuidado con los contenidos que afirman que inmigrantes de otros países europeos han llegado a España para regularizarse: Interior dice no tener constancia y sólo pueden acogerse si viven en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 Los contenidos afirman, sin pruebas, que tras la aprobación de la regularización extraordinaria, la policía ha emitido una alerta acerca de la llegada de miles de personas migrantes de Alemania, Bélgica, Reino Unido o Francia para acogerse a ella. El Ministerio del Interior niega a Maldita.es que exista tal alerta y dice no tener constancia de que se esté produciendo la entrada de personas procedentes de estos países para la regularización. Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirma que desde que se anunció la regularización, en enero de 2026, “no se ha registrado ningún repunte en las cifras de llegadas irregulares”. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, desde el 1 de enero hasta el 15 de abril de 2026, las llegadas de personas migrantes en situación irregular descendieron un 47,5% respecto al mismo periodo en 2025. Además, solo quienes estén situación irregular en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar cinco meses de residencia en el país podrán acogerse a esta figura. Así, ninguna persona que haya llegado en 2026 a España podrá beneficiarse de este trámite. No, este vídeo de una patera llegando a una playa de Almería no es actual y tampoco guarda relación con la regularización de personas migrantes en España Este vídeo, que muestra a un grupo de personas llegando en una patera a una playa, no es de 2026 y no tiene relación con la entrada en vigor el 16 de abril de la regularización extraordinaria de personas migrantes en España. Publicaciones de redes sociales comparten la grabación junto a mensajes que afirman que serían imágenes del “28-4-26” en Almería, supuestamente, como “resultado de la regularización masiva de Pedro Sánchez”. Aunque sí son imágenes grabadas en Almería, concretamente en la costa de Adra, pero no de este año, sino de 2024. Una búsqueda inversa de varios fotogramas del vídeo permite constatar que la grabación circula en internet desde el 20 de enero de 2024. En TikTok encontramos otra grabación publicada un día después que muestra la misma escena desde otra perspectiva. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Almería publicó el vídeo en Twitter (ahora X) el 20 de enero de 2024 ubicando las imágenes en la playa de Adra ese mismo sábado 20 a las dos de la tarde. El diario de Almería también compartió la grabación el 23 de enero. ABC y El Español publicaron las imágenes para afirmar que la Guardia Civil había rescatado “el cadáver de una persona en aguas de Adra” que “viajaba en una patera”.  No, este vídeo no muestra "barcos llenos de inmigrantes" rumbo a España en 2026 ni tiene relación con la regularización de migrantes Este vídeo no muestra “barcos llenos de inmigrantes ilegales” rumbo a España, no es de 2026, ni tiene relación con la entrada en vigor de la regularización extraordinaria de personas del 16 de abril de este mismo año. El video original fue publicado en redes sociales por el usuario Hamad Bavly en abril de 2025. En sus videos de Youtube, Bavly narra su experiencia migrando hacia Europa desde Egipto y asegura que el video lo grabó en 2022 en un barco rumbo a Italia en el que viajaban 584 personas. En su video no menciona a España en ningún momento. A la par, en su testimonio, compartió otros videos y fotografías del mismo barco desde distintos ángulos. Según la web El Cairo 24, Bavly afirmó que publicó el vídeo en 2025 “para concienciar a la gente”.  Estas mismas imágenes también se difundieron en febrero de 2026 tras el anuncio de la regularización extraordinaria de personas migrantes, que ha entrado en vigor en abril. Además, solo las personas que se encontraban en situación administrativa irregular y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026 podrán acceder al proceso de regularización,  por lo que no afecta a quienes lleguen después ni supone un incentivo para nuevas entradas. No, este vídeo no es de "inmigrantes ilegales" regularizados peleándose en la estación de Atocha: ocurrió en India El vídeo que se atribuye a la estación de Atocha (Madrid) “tras la regularización masiva de inmigrantes ilegales de Pedro Sánchez” es en realidad de la estación de Manmad, en el estado de Maharashtra, India. Las imágenes difundidas recogen el momento en el que varios hombres trepan al techo de un tren y luego escalan la estructura de la catenaria. Los letreros del tren están escritos en hindi, y algunas páginas de sucesos que comparten el vídeo recogen el acontecimiento como “una violenta y temeraria pelea”. También denuncian la “enorme deficiencia en la seguridad pública y ferroviaria” de la estación de tren de Manmad, en Maharashtra. Qué sabemos sobre las ayudas y derechos a los que pueden acceder los "inmigrantes ilegales" al regularizarse que menciona esta imagen La imagen mezcla derechos que ya se reconocen a las personas migrantes en situación irregular con residencia efectiva en España, como el acceso a la sanidad en los mismos términos que los españoles, con ayudas que, además de la regularización, exigen tiempo mínimo de residencia legal en España. Este es el caso del Ingreso Mínimo Vital, que exige llevar al menos un año viviendo en España de manera regular. Otras de las prestaciones mencionadas, en cambio, sí se pueden obtener a partir de la regularización, como las ayudas al alquiler o el abono único de transportes.   La acreditación de la vulnerabilidad es otro de los factores que permite a las personas, tanto españolas como extranjeras, acceder a determinadas prestaciones en igualdad de condiciones, sin preferencia por nacionalidad. Qué sabemos de los "más de 2,5 millones de extranjeros" que, supuestamente, han pedido nacionalizarse "con derecho a voto": se acogieron a la Ley de Memoria Democrática, un procedimiento distinto al de la regularización extraordinaria La afirmación de que más de 2,5 millones de extranjeros o “inmigrantes” piden nacionalizarse con derecho a voto se ha vinculado  con la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, que el Gobierno estima que beneficiará a 500.000 personas. Pero son dos cosas distintas. Las solicitudes de nacionalización a las que se refieren los contenidos difundidos se tramitan a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida también como ‘ley de nietos’, que aplica para descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo y a los hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad española al casarse. El plazo para postularse a este proceso cerró el 22 de octubre de 2025. En cambio, la regularización extraordinaria, en vigor desde el 16 de abril de 2026, está dirigida a personas inmigrantes que viven en España en situación irregular y que puedan acreditar que lo han hecho durante al menos los cinco meses anteriores al 31 de diciembre de 2025. Las personas que se beneficien de este procedimiento no obtendrán la nacionalidad española, solo una autorización de residencia y trabajo.  En cuanto al derecho a voto, las personas que obtengan la nacionalidad española sí podrán ejercer su derecho a voto en España aunque residan en el extranjero. En cambio, quienes se regularicen, no tendrán automáticamente el derecho a voto. En el caso de las elecciones generales y autonómicas, solo pueden participar las personas con nacionalidad española, mientras que en las municipales pueden participar extranjeros con residencia legal en España siempre que exista un acuerdo de reciprocidad con su país de origen y cumplan con los requisitos establecidos en estos. La homologación de más de 30.000 títulos de Medicina extranjeros y la regularización extraordinaria: son procesos independientes y la homologación es de 2025 La regularización extraordinaria y la homologación de títulos extranjeros son procesos independientes y no están relacionados entre sí, como ha contado el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades a Maldita.es. La regularización extraordinaria entró en vigor el 16 de abril, mientras que la cifra de 30.303 títulos de Medicina homologados difundida se corresponde con el año 2025, según el último informe de homologaciones presentado por el mencionado Ministerio. Esta cantidad supone casi el 80% del total de  homologaciones que se realizaron ese año y supera, con mucha diferencia, a los convalidados en años anteriores debido a un “rediseño del sistema”, tanto a nivel tecnológico, con la automatización y robotización de algunos procedimientos, como a nivel normativo, imponiendo plazos máximos de apertura y resolución de expedientes o priorizando expedientes en función de las demandas del mercado laboral.  En cuanto a la procedencia de los expedientes resueltos, después de los españoles con títulos obtenidos en el extranjero, las personas de Colombia, Venezuela y Cuba son las que más homologaciones obtuvieron en 2025.  Qué sabemos sobre si "España ha regularizado a estos tres asesinos de dos chicas noruegas": fueron condenados en Marruecos en 2019 y se difunde sin pruebas Los tres hombres marroquíes de la imagen fueron condenados en Marruecos en 2019 por asesinar a dos jóvenes escandinavas, según informó BBC, The Guardian, El País o El Mundo. Los asesinos, partidarios del DAESH (autodenominado Estado Islámico), degollaron, decapitaron y grabaron a las víctimas en 2018 y los condenaron a pena de muerte al año siguiente, indica la prensa. Aunque “los tribunales continúan dictando sentencias de muerte” en Marruecos, “no se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1993”, afirmaba Amnistía Internacional en 2018. En 2019, cuando los condenaron, se registraron siete condenas de muerte, pero ninguna ejecución. En 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 tampoco hubo ejecuciones, según Amnistía Internacional.  En cuanto a si estas personas “están en España regularizando la nacionalidad”, la afirmación circula sin pruebas que lo respalde. Estas imágenes también se han compartido en otros contextos. Además, la regularización no concede la nacionalidad española, son procesos diferentes.
Qué sabemos sobre que la regularización “convertirá en españoles a 500.000 africanos”: el 91% son de América y la regularización no les concede automáticamente la nacionalidad española El Gobierno ha cifrado en 500.000 personas migrantes en situación irregular las beneficiadas por la regularización extraordinaria, pero no ha aclarado de dónde sale esa cifra frente al total de 837.978 que se estima estaban en irregularidad administrativa a 1 de enero de 2025. De estas, el 91% (763.435) proceden del continente americano, con especial representación de Colombia (287.955), Perú (107.520) y Honduras (90.294), según el último informe de Funcas, un centro de análisis dedicado a la investigación económica y social. El Gobierno tampoco ha hablado públicamente de los orígenes del grupo de potenciales beneficiarios, ya que no existe una base de datos oficial que recoja el número de personas migrantes en situación irregular en España, como ha contado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Maldita.es. Según el informe de Funcas, el segundo grupo más numeroso de personas en situación irregular procede de África, que en enero de 2025 sumaba 44.954 personas, siendo Argelia (17.765) y Marruecos (20.693) los países con más nacionales en España. Ninguna de estas personas adquirirá automáticamente la nacionalidad española al regularizarse. La nacionalidad por residencia requiere, al menos, de 10 años de residencia “legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición”, salvo para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, a quienes se exige dos años de residencia legal. Además, se requiere la superación de dos pruebas en el Instituto Cervantes.

Con respecto al supuesto proceso de observación, hay que tener en cuenta que los microscopios utilizan dos técnicas de iluminación: luz transmitida (irradia la luz hacia arriba y a través de la muestra) y luz reflejada (irradia la luz hacia abajo y en la muestra, permitiéndole observar el reflejo). También que el microscopio óptico es un tipo de microscopio de luz transmitida, mientras que el microscopio estereoscópico es de luz reflejada.

En base a esto, el experto plantea ciertos errores. Por ejemplo, que en el vídeo se ve cómo se coloca la fresa entera y un trozo de ella sobre un microscopio óptico y, por tanto, que funciona luz transmitida. Según Perales, no habría suficiente luz para atravesar la fresa entera, por lo que “sería imposible visualizar su superficie”. De hecho, las imágenes que supuestamente muestran la fresa al microscopio son propias de un microscopio estereoscópico, que usa luz reflejada. De ahí que Perales concluya que el vídeo sea “un montaje”: “las imágenes no se corresponden con el microscopio que se emplearía”. Por último, el experto subraya que la morfología y el color de la superficie que se ve en el vídeo no parecen corresponderse a los de una fresa, lo que considera otra señal de que pueda tratarse de “un montaje”.

En la segunda parte del vídeo, se parte un trozo de la fresa para observar su interior y al observarse al microscopio, supuestamente aparece repleto de pequeños gusanos que, según Perales, podrían tratarse de larvas de mosca. 

Como explicaba en su cuenta de Twitter (ahora X) Miguel Ángel Lurueña, tecnólogo de los alimentos, es habitual que estos insectos pongan sus huevos en frutas y es poco probable que estas lleguen a nuestro frutero: normalmente los daños que estos y otros insectos pueden ocasionar en las frutas se reducen evitando la sobremaduración, descartando los frutos dañados, colocando trampas, usando insecticidas… En cualquier caso, en palabras de Perales, ingerir larvas de mosca de la fruta tampoco supondría un riesgo o una intoxicación alimentaria.

En este artículo ha colaborado con sus superpoderes el maldito Alfonso Perales, microbiólogo clínico de alimentos y aguas.

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Los contenidos aseguran que, para Gates, sería un buen resultado lograr que sólo una de cada 10.000 personas vacunadas muriese. Eso tampoco es cierto. De nuevo, Gates no solo no habla de tasa de mortalidad a causa de la vacunación, sino que tampoco menciona que la tasa de efectos secundarios a partir de esta (esa persona entre 10.000) sea un "buen resultado": la utiliza para explicar que es importante comprender la seguridad de la vacuna.

Estas fueron sus palabras: "Ya sabes, si 1 de cada 10.000 personas tiene efectos secundarios, son más de 700.000 personas las que sufrirán esos efectos. Así que entender realmente la seguridad a escala gigantesca en todas las edades, embarazadas, hombres, mujeres, desnutridos, comorbilidades existentes, es muy, muy difícil".

Respecto al lugar en el que fue grabado el vídeo, los contenidos difundidos señalan que fue en Alemania, pero desde Maldita.es no hemos podido verificarlo de manera independiente. 

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En este artículo ha colaborado Sarah Mustafa, escritora y activista italo-palestina; Ahmed Aquil, cofundador de la primera ONG gestionada por personas refugiadas en Georgia; y Yasser Algabry, periodista e investigador centrado en migraciones y comunidades árabes en Europa, integrantes de MigraVoice.

MigraVoice es una comunidad transfronteriza de personas expertas migrantes o con contexto migratorio que se ponen a disposición de periodistas de medios europeos como fuentes de conocimiento de confianza. Si quieres aportar tu conocimiento a los medios de comunicación europeos, puedes registrarte aquí. Si eres periodista, y deseas consultar a las personas expertas de MigraVoice, puedes unirte aquí.

*Este artículo se ha actualizado el 1/06/2026 para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es

Sí es cierto que desde septiembre de 2025, la Junta Electoral permite acreditar la identidad de los votantes en las mesas electorales con la aplicación de mi DNI y sin necesidad de generar un código QR para que sea válido; pero eso sólo no es suficiente. Hay que tener en cuenta que según el artículo 2.2 de la Ley Electoral, para poder votar es “indispensable la inscripción en el censo electoral vigente”.

Para poder votar no vale con presentarse con el DNI en cualquier colegio electoral; para poder llevar a cabo la suplantación de identidad que plantea el vídeo de El Debate habría que:

• Conocer sus datos censales: saber que la persona a la que vamos a suplantar está inscrita en el censo, en qué mesa vota, nombre y apellidos y DNI *

• Estar seguro de que no ha votado anteriormente dado que los miembros de la mesa anotan cuando alguien que está en el censo ya ha votado. 

• Que nadie lo impugne (interventores, apoderados, miembros de la mesa, etc).

Desde que la Junta Electoral aprobó este método de acreditación ya se han celebrado elecciones en Extremadura y en Aragón, y según ha dicho la JEC a Newtral, miembro del IFCN como Maldita.es, no se han registrado problemas de suplantación de identidad.

*En una versión anterior de este artículo ponía que para poder suplantar la identidad de un votante había que conocer, entre otra información, su fecha y lugar de nacimiento y su grado de escolaridad. El 16/03/2026 hemos retirado la mención a estos datos.

• No son fotos actuales, como afirman algunos contenidos, sino del 11 de junio y tampoco se trata de una “protesta de Vox” como indican otros.

• Corresponden al paro de 10 minutos contra la propuesta de reforma del acceso a la carrera judicial del Gobierno que convocaron todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, el pasado 11 de junio en las puertas de las sedes judiciales.

• De hecho, en una pancarta que aparece en las imágenes hay menciones a la “justicia independiente” como “pilar de la democracia y garante de la constitución. ‘No un chiringuito del sanchismo’. Gobierno dimisión”.

• La cuenta oficial de Vox en Badajoz capital publicó en X (antes Twitter) que la concejal María Jesús Salvatierra, así como “parte del equipo de Vox Badajoz” acompañaron “a jueces y fiscales en su protesta por la intromisión y acoso que sufren por parte del Gobierno”. 

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La protesta en la puerta del juzgado de Beatriz Biedma era el paro judicial contra la reforma judicial que propone el Gobierno

Una búsqueda inversa de cualquiera de las imágenes que circula de la protesta en la puerta del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, del que Beatriz Biedma es titular, lleva a publicaciones en medios y en redes sobre el paro judicial del 11 de junio. Varios medios publicaron que Biedma secundó el paro de 10 minutos que habían convocado a mediodía todas las asociaciones de fiscales y jueces, menos las progresistas, para ese día. 

Vox Badajoz tuiteó que parte del equipo y una concejala “han acompañado a jueces y fiscales” en esa protesta

Vox Badajoz capital publicó en su cuenta oficial en X el 11 de junio que la concejal María Jesús Salvatierra y “parte del equipo de Vox Badajoz han acompañado a jueces y fiscales en su protesta por la intromisión y acoso que sufren por parte del Gobierno. “Defenderemos siempre la democracia y la independencia del Poder Judicial”. 

En la pancarta que sujetan varias personas, entre ellas Salvatierra, se puede leer: “La justicia es independiente, pilar de la democracia y garante de la constitución. ‘No un chiringuito del sanchismo’. Gobierno dimisión”.

Qué ha pasado en Aranjuez y por qué el Gobierno no ha “recortado” el trasvase

Los contenidos dicen que el Gobierno ha “recortado” el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que lleva agua del primer al segundo río, menos caudaloso, para destinarla al regadío y al consumo humano en el sureste español, sobre todo en Murcia. Dichas publicaciones hacen referencia a que este 1 de enero de 2026 ha entrado en vigor un aumento del caudal ecológico mínimo del río Tajo a su paso por Aranjuez, en la Comunidad de Madrid; es decir, la cantidad mínima de agua necesaria para la vida en ese tramo del río. Los contenidos dicen que ese incremento deja menos agua disponible para enviar al Segura. 

El aumento del caudal mínimo del río Tajo a su paso por Aranjuez no es una decisión del Gobierno, sino que responde a dos sentencias judiciales. Por otro lado, aunque el Gobierno sí puede modificar las reglas de explotación del trasvase por real decreto, basándose en aquella u otras razones, a 12 de febrero de 2026 ese cambio de reglas no se ha producido. La última modificación fue en julio de 2021.

A partir del 1 de enero y hasta marzo de 2026, el río Tajo debe llevar a su paso por Aranjuez un mínimo de 10,4 m³/s, un caudal que desciende en los trimestres siguientes. Esto supone un aumento con respecto a los 6 m³/s fijos para todo el año del plan hidrológico aprobado por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en 2016. Como decimos, ese aumento no es una decisión del Gobierno, sino que responde a varias sentencias del Tribunal Supremo publicadas en 2019 y 2025:

• Estimando los recursos de varias asociaciones, en 2019 el Supremo anuló parte del plan hidrológico de 2016 porque los caudales mínimos que fijaba para el río Tajo en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina no cumplían con la legislación. En 2023, la CHT acató la sentencia del Tribunal Supremo en su siguiente plan hidrológico, estableciendo caudales ecológicos mínimos en esos tres tramos del río para cada trimestre de 2026, y aumentándolos para los trimestres de 2027.

• Tras un recurso de la Red Ciudadana del Tajo, en 2025 el Supremo sentenció que ese nuevo plan no podía aplazar el objetivo de alcanzar el buen estado de las masas de agua en zonas protegidas a 2027. Dado que el caudal ecológico mínimo es una de las herramientas para conseguir ese buen estado y que el río Tajo en Aranjuez atraviesa una zona Red Natura 2000, desde el día siguiente a la sentencia deben aplicarse los caudales ecológicos mínimos que el plan hidrológico sitúa para 2027, explica Beatriz Larraz, directora de la Cátedra del Tajo (Universidad de Castilla-La Mancha), a Maldita.es.

• Los nuevos caudales ecológicos mínimos se establecieron siguiendo una metodología que tiene en cuenta el nivel máximo y mínimo de agua que ha llevado el río históricamente y las condiciones que necesitan sus animales y plantas para sobrevivir.

Por otro lado, como ya hemos explicado, ese aumento del caudal mínimo del Tajo en Aranjuez no reduce automáticamente los volúmenes de agua transferibles al río Segura, pues el Gobierno no ha aprobado nuevas reglas de explotación, un paso previo necesario.

La cantidad de agua que se trasvasa al Segura depende de las reservas conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en Guadalajara. Por un lado, si esos embalses vierten más agua al Tajo para cumplir con el nuevo caudal ecológico, pero siguen enviando el mismo volumen de agua al trasvase, se vaciarán más rápidamente, obligando a trasvasar cantidades menores, explica la Beatriz Larraz. Por tanto, de forma indirecta ese aumento del caudal en Aranjuez sí podría reducir el trasvase.

Sin embargo, “las cantidades que se trasvasan están dictaminadas por las reglas de explotación y estas, hasta el día de hoy, no han sufrido ninguna modificación”, indicaba la experta en febrero de 2026. “Pudiera ser que los volúmenes trasvasables se redujeran, pero hasta el momento actual ese cambio de reglas no se ha producido”, coincidía la Confederación Hidrográfica del Tajo en respuesta a Maldita.es.

La Opinión de Murcia ha publicado el 27 de mayo, citando “fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica”, que el procedimiento para modificar las reglas de explotación ya estaría en marcha y tendría que seguir varios pasos: un trabajo técnico del CEDEX y la Dirección General del Agua, un debate en la Comisión Central de Explotación del acueducto, un informe y refrendo del Consejo Nacional del Agua, la deliberación del Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y la publicación en el BOE para que entre en vigor. Antes, es posible que se añadan una consulta pública previa y un informe del Consejo de la Demarcación.

La financiación española de trasvases en Marruecos: es un acuerdo diplomático que no concreta proyectos ni fechas

Los contenidos que dicen que España financiará trasvases en Marruecos se basan en la última Reunión de Alto Nivel entre ambos países, que tuvo lugar en diciembre de 2025 entre Pedro Sánchez y el Jefe de Gobierno marroquí, Aziz Akhannouch. Tras la reunión, los dirigentes acordaron que “procurarán utilizar los instrumentos financieros de España” para respaldar proyectos hídricos en Marruecos, por ejemplo, de “transferencia entre cuencas”. Sin embargo, es una declaración conjunta en la que no detallaron cifras, fechas ni proyectos concretos, ni indicaron los mecanismos financieros a utilizar.

El agua que llega a Portugal: el Convenio de Albufeira fija caudales mínimos, no máximos, y no han cambiado desde 2008

Uno de los contenidos afirma que Portugal recibe del Tajo “el doble del agua pactada” en el Convenio de Albufeira, sin especificar a qué periodo se refiere. En varias ocasiones, y bajo diferentes Gobiernos, ha llegado más agua a Portugal que el caudal mínimo que debe llegar al país vecino, ya que en el convenio no hay una cantidad “pactada” como tal sino que se marca una cantidad mínima de agua que debe cumplirse.

Al nacer en España y desembocar en Portugal, el Tajo es un río internacional y, por eso, su gestión está regulada por el Convenio de Albufeira, un acuerdo firmado en 1998 por ambos países para proteger y aprovechar de forma conjunta las aguas de los ríos compartidos (Miño, Duero/Douro, Tajo/Tejo y Guadiana).

El Convenio obliga a cumplir caudales mínimos (no máximos) por año, trimestre y semana, “garantizando un mínimo de caudal [del río] de forma continua durante todo el año”, detalla Rogelio Galván, ingeniero técnico de Obras Públicas y maldito que nos ha prestado sus superpoderes. Estos valores se revisaron por última vez en 2008. En 2024, Portugal y España acordaron establecer también un caudal diario. En España, el control del agua que llega al país vecino se realiza en el embalse fronterizo de Cedillo (Cáceres).

El caudal anual mínimo del Tajo que España tiene que transferir a Portugal es de 2.700 hm³. Este se ha superado en la mayoría de los años desde 2005 y durante los Gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez, según los informes anuales del Convenio “Superar los volúmenes acordados no está contemplado” como una infracción, explica la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) a Maldita.es. El único valor anual acordado es el caudal mínimo de 2.700 hm³, pero el Convenio sí que se incumple si no se llega al mínimo anual establecido.

En este artículo ha colaborado con sus superpoderes el maldito Rogelio Galván, ingeniero técnico de Obras Públicas.

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*Hemos actualizado este artículo el 28 de mayo de 2026 para añadir la novedad de que el Gobierno estaría iniciando los trámites para modificar las reglas de explotación del Tajo-Segura.

En 1985, se firmó la orden que desarrolla este acuerdo sobre Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos, que entró en vigor en 1986. En el artículo 6 de esta orden se establece que "corresponderá al Estado, a través de la correspondiente dotación presupuestaria, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica. El Estado transferirá las cantidades precisas a la Administración sanitaria competente".

Ya en el Anexo III se puntualiza lo siguiente respecto a la financiación: "No obstante lo dispuesto en el artículo 6.º, la obligación financiera relativa al servicio de asistencia religiosa católica seguirá correspondiendo a las Entidades que sean actualmente titulares de los centros hospitalarios públicos. En los centros hospitalarios que sean creados en el futuro por las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y Fundaciones Públicas, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica corresponderá a las Entidades fundadoras".

Carles Mulet, exportavoz de Compromís en el Senado, presentó dos preguntas al Gobierno sobre la asistencia católica en los centros sanitarios españoles en 2020

El contenido circula desde 2020. El 8 de enero de ese año, el entonces portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet presentó dos preguntas escritas al Gobierno sobre la asistencia católica en los centros sanitarios españoles. En una de ellas, el senador preguntaba qué cantidad se ha destinado a la asistencia religiosa desde 1986. En la otra, qué medidas iba a adoptar el Gobierno para derogar el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos y para derogar el acuerdo sobre la asistencia religiosa católica en hospitales, vigente desde la orden de 1985, "por atentar contra la aconfesionalidad del Estado".

En su respuesta, el Gobierno afirmaba que "un servicio de asistencia religiosa en los centros sanitarios públicos no supone un obstáculo para un Estado aconfesional" y que son las Comunidades Autónomas las encargadas de organizar este servicio:

"Ahora bien, al residir en las Comunidades Autónomas las competencias referidas a la organización y gestión de las asistencia sanitaria en su territorio, a ellas corresponde, por tanto, la organización de sus servicios de salud y el establecimiento de convenios que estimen oportunos para garantizar las asistencia religiosa católica en los centros sanitarios integrados en la red sanitaria pública que les competen."

Después de que ABC publicara que “Compromís pide la expulsión de los curas católicos de la sanidad pública y los equipara a las sectas”, la formación política remitió una nota a ABC diciendo que “en ningún momento se pide expulsar a nadie de los centros sanitarios, son preguntas para que se explique el coste de dinero público de esta asistencia, y para que se expliquen medidas futuras acorde a la aconfesionalidad del Estado”.

El Gobierno no puede derogar con una ley ordinaria los acuerdos con la Santa Sede, por los que se presta asistencia católica en hospitales

El 31 de mayo de 2020, Mulet reiteró su pregunta sobre derogar el acuerdo de entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 1979. El Gobierno respondió el 13 de julio y explicó que "los Acuerdos entre el Reino de España y la Santa Sede no son una ley estatal que se pueda modificar siguiendo los trámites legislativos ordinarios".

Según el Gobierno, "al tratarse de convenios de naturaleza internacional, están sometidos a lo dispuesto en los artículos 94 y 96 de la Constitución". Según el artículo 96, las disposiciones de los convenios internacionales "sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional".

En su respuesta, el Gobierno insiste en que "no basta con una simple derogación" y que "la modificación de los Acuerdos con la Iglesia Católica tiene un carácter bilateral". Además, manifiesta que "la voluntad de avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, en los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, permanece y el compromiso asumido por el Gobierno en este sentido es firme".

El Gobierno ha abierto "un espacio de diálogo" para "actualizar el marco de sus relaciones" con la Iglesia

El 21 de julio de 2020, Mulet volvió a insistir: "¿Ya pueden ambas partes ponerse de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera convenidos en unos Acuerdos con la Santa Sede considerados por los expertos como preconstitucionales, ¿por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado?".

El Gobierno respondió el 10 de septiembre y aseguró que "los propios Acuerdos prevén mecanismos de interpretación y modificación que requieren de la intervención de ambas partes". En este sentido, en el documento destacan la reunión que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tuvo con el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, el 24 de junio de 2020.

En esa reunión, según la respuesta del Gobierno, se acordó establecer una agenda de trabajo para "avanzar en un modelo que permita la colaboración y la resolución de las posibles discrepancias que pudieran plantearse". Según el documento, "asuntos como la fiscalidad de la iglesia, la protección a la infancia, las inmatriculaciones o la reforma del marco normativo de la Educación, figuran entre las cuestiones que serán abordadas". Según apunta el Gobierno, se ha abierto "un espacio de diálogo con la Iglesia Católica" que permite "actualizar el marco de sus relaciones".

Desde Maldita.es consultamos en 2020 a la Vicepresidencia Primera del Gobierno si entre las cuestiones que se iban a abordar estaba la posible supresión de la asistencia católica en los hospitales, pero no recibimos respuesta.

*Hemos actualizado este artículo el 27/02/2026, cuando ha vuelto a circular, de acuerdo con nuestra nueva metodología y para añadir la respuesta de Obispos del Sur de España.

¿Los productos marroquíes no tendrán que pasar controles adicionales? El Ministerio español lo niega y es una competencia exclusiva de la UE

Varios contenidos dicen que los productos marroquíes “no tendrán que pasar inspecciones adicionales al entrar en España”. Uno de los más compartidos dice, citando a “una fuente anónima”, que la Oficina Nacional de Seguridad Alimentaria de Marruecos (ONSSA, siglas en francés) emitirá certificados y pruebas aprobadas por las autoridades españolas “sin necesidad de realizar más pruebas”. Todo ello en base a un supuesto acuerdo entre Marruecos y España.

En respuesta a Maldita.es, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (el responsable del control en frontera de la seguridad alimentaria) negó que exista tal acuerdo e indicó que “todos los productos alimentarios que entran en la UE procedentes de terceros países están sometidos a control fronterizo, de acuerdo a reglamentos que establece la Unión”. 

En esta respuesta a Maldita.es, el Ministerio no aclaró a qué hacía referencia este “control fronterizo”. Sin embargo, en respuesta parlamentaria al grupo Vox, el Gobierno indicó qué controles hace a los productos agroalimentarios destinados al consumo humano procedentes de Marruecos: control documental, control de identidad siguiendo “unas frecuencias determinadas” para asegurar que los datos de los documentos concuerdan con los productos, y un control físico, que puede ir desde una inspección visual hasta la toma de muestras para análisis.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) señalaron a Maldita.es que se pusieron en contacto con el Ministerio de Agricultura de España, quien también les negó que se fuesen a eliminar controles en fronteras. “Desde el Ministerio nos indicaron que esto no se correspondía con ningún cambio con la normativa relacionada”, explica COAG.

Además, la Comisión Europea indicó a Maldita.es que cualquier producto vendido en la UE, tanto nacional como importado, “debe cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias de la UE, incluidos los productos marroquíes”.

Por último, es importante destacar que la política comercial y aduanera es exclusiva de la Unión Europea, según recoge el Tratado de Lisboa. Por ello, España no puede cambiar la regulación de las importaciones de productos agrícolas marroquíes, según explica Esther López Barrero, doctora en Derecho Internacional, profesora titular de la UE en la Universidad a Distancia en Madrid y maldita que nos ha prestado sus superpoderes.

Los productos alimentarios importados, como los de Marruecos, deben cumplir las normas de la UE

La legislación europea exige que los alimentos y piensos que se importen a la Unión Europea “deberán cumplir los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria o condiciones que se reconozca al menos como equivalentes”. La legislación sobre estos requisitos es amplia (aquí puedes ver un resumen) y se va actualizando con la ciencia del momento, pero en líneas generales el requisito fundamental es que no se podrán comercializar alimentos que no sean seguros, ya sean nocivos o no aptos para el consumo humano.

En el caso de que exista un acuerdo entre la UE y el país en materia de seguridad alimentaria, deben cumplirse “los requisitos de dicho acuerdo”. Entre la UE y Marruecos existen varios acuerdos de libre comercio que incluyen a productos agrícolas y pesqueros, según informa una página de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea, pero estos textos no cambian las normas de legislación alimentaria entre la UE y Marruecos.

Así, la UE realiza y publica auditorías periódicas en Marruecos para comprobar que se cumple la legislación europea de seguridad alimentaria. En esta página se pueden buscar las auditorías por cada país (incluyendo Marruecos) y aquí enlazamos la más reciente (septiembre de 2025). Los productos importados desde Marruecos también están sujetos al sistema europeo de alertas alimentarias. En este artículo de Maldita.es hay más información sobre este sistema de vigilancia europeo.

El prefijo del código de barras no indica el origen del producto

Vinculado con lo anterior, unos contenidos dicen que aquellos productos con código de barras que comienza por 61 o por 611 significa que son “hechos en Marruecos” y por tanto “no tendrán que pasar controles sanitarios en el estado español”. Esto no es correcto, el código de barras no indica el país de origen del producto, como explica la empresa GS1, que regula varios estándares de códigos de barras muy utilizados mundialmente.

Esos tres primeros dígitos (611) indican que la empresa está adherida a GS1 Marruecos. Las empresas adheridas a GS1 Marruecos (que deben pagar una tasa) pueden emplear códigos de barras con prefijo 611. En el caso de las empresas adheridas a GS1 Spain, como explicamos en Maldita.es, el prefijo comienza por 84 (desde 840 al 849).

Sin embargo, como aclara GS1, estos prefijos no indican el país de origen del producto, ya que estas compañías adheridas a GS1 de cada país pueden comercializar sus productos en todo el mundo. Por ejemplo, una empresa adherida a GS1 Spain que comercializa judías procedentes de Marruecos tiene código de barras que comienza por 84.

A su vez, estar adherido al GS1 de un país determinado tampoco indica que la empresa sea de ese país. “Las empresas, de cualquier país del mundo, pueden solicitar su código de barras a la organización GS1 que más le convenga, con indiferencia de donde opere”, explica a Maldita.es la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC).

En este artículo ha colaborado con sus superpoderes la maldita Esther López Barrero, doctora en Derecho Internacional, profesora titular de la Unión Europea en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

Esther López Barrero forma parte de Superpoderosas, un proyecto de Maldita.es que busca aumentar la presencia de científicas y expertas en el discurso público a través de la colaboración en la lucha contra la desinformación.

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A partir del minuto 20:55, la exsenadora colombiana Piedad  Córdoba dijo en una entrevista: “Pero ustedes cómo hacen, yo no lo logro entender. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Me dijo: a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por nuestro lado, nos llega por acá”.

Según la exsenadora, Zapatero añadió que acababan de comprar “implementos para minería en China” y que les estaba yendo “bien” porque “todo el mundo quiere el oro de aquí”. 

El Gobierno de Venezuela impulsó a partir de 2016 la explotación minera de oro, coltán o diamante con la creación del Arco Minero del Orinoco en el sur del país. Una investigación de Insight Crime publicada en 2021 muestra el impacto que ha tenido en el sector el papel de las guerrillas, el comercio ilegal de los minerales, las sanciones internacionales o su repercusión medioambiental.

Tras estas declaraciones, el opositor venezolano Américo de Grazia dijo que Zapatero es uno de los operadores de una mina ilegal en el río Icabarú

El diputado venezolano Américo de Grazia publicó en sus redes sociales en junio de 2020, unos meses después de la entrevista de Piedad Córdoba, que Zapatero es “uno de los operadores de Ikabaru”, un río situado en la zona del Orinoco, donde se registraba actividad minera ilegal. No aportó ninguna prueba de esta afirmación.

En 2021, el exjefe de inteligencia militar de Venezuela, ‘El Pollo’ Carvajal, dijo a la Justicia española que iba a aportar pruebas sobre la mina de oro de Zapatero, pero a 7 de agosto de 2024 no han salido a la luz

El Confidencial publicó en 2021 que Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, jefe de inteligencia militar del chavismo, dijo a la Audiencia Nacional en España que presentaría pruebas para demostrar que Zapatero es propietario de una mina de oro en Venezuela y sobre otras operaciones de corrupción, como el supuesto cobro de comisiones en adjudicaciones públicas.

El Confidencial citaba a “fuentes próximas al caso” que no identificaba y hasta la fecha no han salido a la luz las supuestas pruebas que demostrarían que el expresidente explota una mina de oro de Venezuela. 

Estas declaraciones se habrían producido, según el artículo, en un intento de colaboración entre Carvajal y la Justicia española para evitar su extradición a Estados Unidos, que le reclamaba por causas de narcotráfico. Carvajal había sido detenido en septiembre de 2021 en Madrid después de pasar dos años en paradero desconocido y fue finalmente extraditado a Estados Unidos en julio de 2023.

Zapatero calificó las acusaciones de “surrealistas”

En octubre de 2021, Zapatero respondió sobre la mina de oro a un reportero de Informativos Telecinco, tras la publicación sobre ‘El Pollo’ Carvajal en octubre de 2021. El expresidente se limitó a responder que las acusaciones le parecían “surrealistas”.

Maldita.es contactó con la Audiencia Nacional y con el PSOE para preguntar sobre la causa de Carvajal y la postura del expresidente Zapatero al respecto, pero no hemos obtenido respuesta de ninguno de ellos.

_{*Artículo actualizado el 26/05/2026 para incluir lo conocido en los documentos judiciales tras la imputación de Zapatero, sobre las menciones a minas de oro.}

• El porcentaje de población activa extranjera —esto es, mayores de 16 años trabajando o en condiciones de incorporarse a un trabajo— era de 69,3%. 

• Dentro de esta población activa, el 84,3% era población ocupada, es decir, trabajadores por cuenta propia o ajena. 

Los últimos datos disponibles son del segundo trimestre de 2025 (abril-junio). En este periodo, el porcentaje de población extranjera activa era de 69,1% y de esta, el 83,5% estaba ocupada.

La afirmación de que el “58% de inmigrantes viven en España sin trabajar” se ha obtenido utilizando la cifra de personas extranjeras (6.735.487) recogida en la Estadística Continua de Población (ECP) en relación al tercer trimestre de 2024 y el número de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social (2.831.073) a 31 de octubre de 2024. Desde el gabinete de comunicación del INE cuentan a Maldita.es que, siempre que sea posible, aconsejan utilizar una única fuente de datos.  

Además, los datos de afiliaciones a la Seguridad Social presentan ciertas limitaciones, tal y como explican en su metodología, ya que “el número de afiliados no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino que se trata de relaciones laborales o situaciones que generan obligación de estar afiliado”. Así, una misma persona “se contabiliza tantas veces como situaciones de cotización tenga”. 

Anabel Forte Deltell, experta en Estadística, directora del Máster de Bioestadística de la Universidad de Valencia y maldita que nos ha prestado sus superpoderes, también cuenta a Maldita.es que el cruce de estas bases de datos “hace que la interpretación de los resultados sea complicada o que pueda llevar a sesgos”. Así, explica que si entre la población extranjera hay más menores de 16 años que entre la no extranjera, el porcentaje de afiliación será menor entre los primeros. 

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En este artículo han colaborado con sus superpoderes la maldita Anabel Forte Deltell,  experta en Estadística, directora del Máster de Bioestadística de la Universidad de Valencia

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La teoría sin pruebas de que el euro digital se impondrá por la fuerza y sustituirá al dinero en efectivo: la idea es que sea una forma complementaria de pago

En diversos contenidos se asegura que el euro digital se impondrá por la fuerza y será la única forma de pagar. Según esta teoría sin pruebas, llegará un momento en el que no se podrá pagar con billetes y monedas, tarjetas bancarias asociadas a nuestra cuenta o bizums y que sólo se podrá utilizar el euro digital.

Este no es el objetivo que tiene el proyecto del BCE. Como ya explicamos en Maldita.es, la autoridad bancaria quiere que el euro digital sea una forma de pago complementaria al resto de medios de pago que ya existen. Será otra forma más de realizar compras y tendrá la misma validez que pagar una cena con un billete o una tarjeta de crédito, o mandarle un bizum a tu amigo tras tomarte un café. Un euro digital tendrá el mismo valor que una moneda física de un euro, según indica el BCE. Podrán intercambiarse euros digitales por euros físicos o transferirlos a la cuenta bancaria sin ningún coste por realizar dicho servicio.

En junio de 2023, la Comisión Europea presentó la “Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la instauración del euro digital”, un marco legislativo para el uso de esta moneda electrónica que sigue en una etapa inicial del proceso legislativo. Además de esta, la Comisión presentó otra propuesta cuyo objetivo es garantizar que particulares y empresas puedan seguir pagando en efectivo en toda la eurozona (que también está a la espera de su primera lectura en el Parlamento y Consejo Europeo). “El CBE también apoya la propuesta de la Comisión Europea para reforzar el derecho a pagar con dinero en efectivo”, señaló el organismo en una nota de prensa. 

Un contenido viral publicado en abril de 2026 y que pide que el Parlamento Europeo “rechace” el euro digital dice que “el propio BCE reconoce que los pagos digitales reducen de forma natural la circulación del efectivo con el tiempo”. Desde Maldita.es no hemos encontrado rastro de dichas declaraciones. “No sabemos de dónde puede venir esta afirmación”, agrega el organismo a Maldita.es. “El euro digital complementaría el efectivo físico (billetes y monedas), mejorando conjuntamente las opciones de pago al ofrecer moneda en formato tanto digital como físico”.

La teoría sin pruebas de que el euro digital será programable y podrán bloquear tus movimientos o cobrarte multas instantáneas: la propuesta de regulación (sujeta a cambios) y el BCE aseguran que no lo será

Otros contenidos aseguran que el euro digital será programable. Los mensajes que circulan sobre esta teoría sin pruebas afirman que al tener esta característica, podrán ser utilizados por el Gobierno para bloquear automáticamente algunas compras, cargar multas de manera instantánea o controlar tu dinero. Por ejemplo, un vídeo viral en mayo de 2026 dice que permitiría al BCE controlar el consumo de los europeos. 

El Banco Central Europeo explica que el dinero programable es una forma digital de dinero prevista para un fin predefinido, como un vale, que puede usarse con limitaciones. Ni el BCE ni la Comisión Europea contemplan que el euro digital sea programable. La propuesta legislativa de la Comisión prohíbe expresamente que los euros sean programables. Es importante recordar que este texto sigue siendo una propuesta y puede sufrir modificaciones a lo largo del proceso legislativo hasta ser aprobada.

Los ciudadanos sí que podrán configurar pagos automáticos, que se denominan pagos condicionados en la legislación europea, como una transferencia recurrente a amigos y familiares.

La teoría sin pruebas de que los euros digitales estarán vinculados a tu identidad y rastrearán todos tus movimientos: el BCE ha dicho que no almacenará datos personales

Hay mensajes que dicen, sin aportar ninguna prueba, que los euros digitales estarán asociados a la identidad de los ciudadanos y que, por tanto, el euro digital será una herramienta de vigilancia o de control.

El BCE ha dicho que no almacenará datos personales de los usuarios que utilicen euros digitales. La propuesta legislativa de la Comisión Europea establece qué información personal podrán tener acceso los bancos centrales: el número de cuenta, el alias del usuario y la autenticación del usuario.

Lo que todavía no sabemos es cómo se garantizará: hasta el momento, no sabemos qué tecnología implementará el Banco Central Europeo para garantizar la privacidad de las operaciones y cumplir con la propuesta legislativa de la Comisión Europea.

La teoría sin pruebas que vincula el euro digital con la Agenda 2030 y la ciudad de los 15 minutos

Algunos mensajes vinculan la creación del euro digital con la intención del Estado de imponer un régimen autoritario y están relacionando el proyecto de la moneda electrónica con otras teorías sin pruebas sobre la Agenda 2030 y la ciudad de los 15 minutos, de las que ya hemos hablado en Maldita.es.

El proyecto europeo de una moneda digital tiene tres elementos que dificultan que se lleve a cabo el rastreo y control social que afirman estas teorías: será un medio de pago más que no será obligatorio usar o tener (podrá usarse otros métodos como el pago con billetes y monedas), según la propuesta legislativa la moneda no será programable (y por tanto no controlable a distancia por el Gobierno) y no recopilará información personal de los ciudadanos.

Además, este proyecto tiene que pasar una aprobación europea para ser validado. La propuesta legislativa de la Comisión Europea todavía no ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, lo que podría cambiar aspectos que concreten la tecnología que utilizará y desarrollen detalles específicos sobre su regulación.

*Este artículo se ha modificado el 21/05/2026 para actualizar la información a esta fecha. 

Aunque la asignatura se impartió por primera vez en la Región de Murcia en el año 2012, desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes cuentan a Maldita.es que en esta y otras comunidades ya se habían desarrollado actividades parecidas bajo el paraguas del convenio aprobado en 1980.

Uno de los objetivos principales de este programa es proporcionar al alumnado marroquí una formación que le permita “salvaguardar su identidad, vivir su cultura respetando la del país de acogida (...)”, así como la inclusión escolar y sociocultural de este alumnado en el sistema educativo español y el fomento de la “educación intercultural”, entre otros, como se recoge en la guía de funcionamiento del programa. 

*El 19/05/26 este artículo ha sido actualizado para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es

Otros mensajes con los que circula el contenido atribuyen la medida del copago del 40% al “socialismo”. Aunque la reforma para incluir el mencionado porcentaje en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios se llevó a cabo en julio de 2018, bajo el mandato de Pedro Sánchez (PSOE), la aplicación de esta medida en la Comunidad de Madrid ya estaba vigente desde 2015, cuando gobernaba Cristina Cifuentes (PP) y se implantó el código DAR. En ese momento, todavía no existía la limitación mensual de 8,23 euros para las personas migrantes en situación irregular.

*El 19/05/2026 se ha actualizado este artículo para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es e incluir la nueva legislación sobre copago de medicamentos

¿Qué ha pasado? 

Desde el 27 de agosto de 2025 ha circulado un vídeo en el que Carolina, una joven andaluza diagnosticada con ataxia de Friedreich, señalaba que desde algunas comunidades autónomas (como Andalucía) no se podía “acceder” al “único tratamiento disponible para frenar el avance de la enfermedad” (omaveloxolona), a pesar de que estaba “aprobado hace dos años” tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. 

En España, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha propuesto su financiación, aunque el listado que presentó el 28 de enero de 2026, en el que aparece la omaveloxolona de Skyclarys, tiene todavía “carácter provisional”, según la nota de prensa del Ministerio de Sanidad.

Según el mismo documento, “las propuestas de financiación positiva de la CIPM se convierten en propuestas de resolución por parte de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio que tienen que ser aceptadas por las compañías farmacéuticas”. Una vez que se acepta la propuesta, “se emite una resolución definitiva de financiación y el medicamento entra en el Nomenclátor [la lista oficial de medicamentos financiados] de facturación correspondiente”. 

¿De qué hablamos en este tema?

1. ¿Qué es la omaveloxolona?

2. ¿Cuánto cuesta el medicamento y quién debe pagarlo?

3. ¿En España, existe la posibilidad de acceso a la omaveloxolona?

4. ¿Es posible el acceso al medicamento desde cualquier comunidad autónoma?

5. ¿Cómo se solicita el fármaco en España?

6. ¿Qué ocurrió en el caso de Carolina?

7. ¿Qué dijo la familia de Carolina tras publicar el vídeo viral?

8. ¿Qué dijo la Junta de Andalucía?

9. ¿Qué dijo la AEMPS?

10. ¿Qué dijo el Ministerio de Sanidad?

11. ¿Qué dijo el hospital Virgen del Rocío de Sevilla?

12. ¿Qué dicen las asociaciones?

13. ¿El Ministerio está en negociaciones con Biogen para financiar dicho medicamento?

14. ¿En qué comunidades autónomas sí se dispensó la omaveloxolona?

¿Qué es la omaveloxolona?

La omaveloxolona es el principio activo de Skyclarys, un medicamento indicado para el tratamiento de la ataxia de Friedreich en adultos y adolescentes a partir de los 16 años de edad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), aprobó en febrero del 2023 el uso del fármaco como el primer tratamiento para la ataxia de Friedreich, una enfermedad degenerativa, hereditaria y rara que daña el sistema nervioso y se caracteriza por una coordinación y una marcha deficientes. Su eficacia y seguridad se evaluó en un estudio aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego de 48 semanas.

En la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) también aprobó su uso el 14 de diciembre de 2023, al considerar que los potenciales beneficios del fármaco son mayores que sus riesgos. Su comercialización a nivel europeo se produce desde el 9 de febrero de 2024. 

En España, el 28 de enero de 2026 la CIPM ha propuesto su financiación. 

¿Cuánto cuesta el medicamento y quién debe pagarlo?

De acuerdo con la Federación de Ataxias de España (Fedaes), Skyclarys tiene un precio de 346 euros por pastilla y la dosis recomendada para pacientes con ataxia de Friedreich es de tres pastillas al día. Desde Maldita.es hemos consultado al laboratorio Biogen el precio de venta del fármaco en España: “El coste del tratamiento sería el mismo que en otros países europeos”, respondieron, sin especificar ese precio en el resto de Europa.  

En España, cuando se hizo viral el vídeo de Carolina, la omaveloxolona o Skyclarys no se incluía en la cartera de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS). De ahí que, en el caso de los hospitales públicos, el pago del medicamento procediera del presupuesto que asigna la comunidad autónoma. En el caso de los pacientes de hospitales privados, el pago quedaba a cargo de este mismo o de la aseguradora, según explicó la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) a Maldita.es. 

¿En España, existe la posibilidad de acceso a la omaveloxolona?

En España la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGCYF) emitió una resolución de “no inclusión en la prestación farmacéutica” para Skyclarys en abril de 2025, por “criterios de racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud”. 

Con la nueva propuesta de la CIPM, y hasta que quede incluído dicho medicamento en el Nomenclátor, solo puede obtenerse mediante “uso compasivo”, lo que significa que no sigue el proceso habitual de venta. Aun  así, hasta la fecha de inclusión, han existido procedimientos para acceder a él en casos concretos, según señaló el Ministerio de Sanidad a Maldita.es. De hecho, algunas comunidades autónomas sí autorizaron la financiación de la omaveloxolona, solicitando así su dispensa a la AEMPS, en casos específicos e individualizados. No fue el caso de Andalucía.

¿Es posible acceder al medicamento desde cualquier comunidad autónoma?

En teoría, sí. Es decir, todos los hospitales tienen la posibilidad de solicitar a la AEMPS un medicamento compasivo para uno de sus pacientes. Sin embargo, desde Maldita.es, no podemos comprobar independientemente si hay hospitales que no llegan a solicitar medicamentos de este tipo por una cuestión económica u otras razones.

¿Cómo se solicita el fármaco en España?

Para obtener un medicamento no financiado, como es todavía el caso de la omaveloxolona hasta su inclusión en el Nomenclátor, es el profesional sanitario que atiende al paciente quien debe realizar un informe clínico justificando la necesidad del tratamiento para ese caso específico (algo que en el caso de Carolina, según su madre, no sucedió), así como la solicitud de uso compasivo (que es el uso de un medicamento antes de su autorización en España) a través del servicio farmacológico del hospital (ya sea público o privado). Todo este proceso tiene que ser revisado por AEMPS para su aprobación. Este organismo señaló a Maldita.es a 19 de noviembre de 2025 que no había recibido ninguna solicitud de este compasivo desde Andalucía. 

El 1 de junio de 2025 se publicó la resolución expresa de no financiación de este medicamento. Esto quiere decir que el medicamento no se incluyó en la cartera de servicios del SNS. Cuando se da esta situación, explica la propia AEMPS, la agencia “no permite el acceso a pacientes a través de esta vía hasta que cada comunidad autónoma da el visto bueno de manera individualizada a cada paciente, es decir, supone un paso adicional”. 

Ahora el medicamento está pendiente de su inclusión en el Nomenclátor, algo que según la nota de informativa de la comisión interministerial , “generalmente ocurre en los dos primeros días del segundo mes transcurrido después de la reunión de la CIPM en la que se adopta la propuesta”, pero apunta que el periodo “puede ser variable”. 

¿Qué ocurrió en el caso de Carolina? 

En el vídeo, Carolina afirmó el 27 de agosto de 2025 que “desde algunas comunidades de España” no se puede acceder a la omaveloxolona. “El Ministerio de Sanidad sigue en negociaciones con el laboratorio mientras el tiempo pasa y mi vida depende de ellos. Cada día que pasa sin este tratamiento es un día perdido, un día más en el que mi enfermedad avanza”, añadía la joven.  

“La omaveloxolona ya está aprobada, ya existe y la necesito, por eso le pido al Ministerio de Sanidad que, por favor, agilice este proceso y permita el acceso inmediato a esta medicación. Tanto mi futuro como el de muchas personas depende de ello”. Al final del vídeo Carolina planteaba una cuestión: el porqué de “algunos sí [tenían acceso] y otros no.

Maldita.es durante una entrevista con Marian Vaya, la madre de Carolina, supo o que la negativa al acceso al fármaco fue directamente por parte de la neuróloga que lleva su caso, que no ha solicitado el medicamento a los servicios hospitalarios hasta en dos ocasiones según la madre la neuróloga les dijo que no podía ser porque “tiene un alto coste”. Marian señaló que iban a solicitar por escrito las razones de denegación de la omaveloxolona a Carolina. 

A 29 de enero de 2026, Marian Vaya, ha celebrado “con prudencia” en sus redes sociales que “por fin” han conseguido “la financiación de la omaveloxolona”. 

¿Qué dijo la familia de Carolina tras publicar el vídeo viral?

La madre de Carolina, Marian Vaya, señaló a Maldita.es que en consulta con la neuróloga que atiende a Carolina en el Hospital Vírgen del Rocío en Sevilla, se solicitó a finales de 2024 el poder acceder a la omaveloxolona, pero que la respuesta fue negativa.

El 27 de agosto (día en que Carolina publicó el vídeo viral), fueron a consulta nuevamente con la neuróloga para pedirle que le prescribiera el medicamento a Carolina pero que esta les dijo que no de nuevo sin darles por escrito los motivos de la negativa. 

“La neuróloga nos dice que no, que no se está dando, que de momento están en negociaciones, que no puede ser porque tiene un alto coste que supondría un desajuste para el sistema”, explicó Marian.

Marian también explicó que aunque a Carolina se le atiende en Sevilla, en el Hospital Vírgen del Rocío, se le ha derivado al Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona donde cuentan con un centro de enfermedades raras, pero que ahí tampoco se suministraba el medicamento. 

¿Qué dijo la Junta de Andalucía?

En un primer contacto el 15 de septiembre de 2025, la Junta de Andalucía respondió a Maldita.es que “el Servicio Andaluz de Salud está obligado a cumplir la normativa estatal en materia de financiación de medicamentos” y que, en este caso “había indicación expresa de no financiación”. Esta institución se refiere así al testimonio viral, pero no dijo nada con respecto a tener acceso a dicho medicamento por la vía del “uso compasivo”.  

Tras repreguntar el 4 de noviembre de 2025 a la Junta de Andalucía sobre el caso particular de Carolina, su respuesta a Maldita.es fue: “En todos los casos, la solicitud se gestiona a través de los Servicios de Farmacia Hospitalaria y cuenta con los controles de seguridad y seguimiento clínico necesarios. Se trata de un procedimiento habitual en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, también en nuestra comunidad. En este caso, no nos consta solicitud de esta persona; si nos llegase dicha solicitud, se tramitaría siempre siguiendo la indicación del Ministerio, que por ahora, no financia este medicamento”. 

Maldita.es envió una solicitud de acceso a la información pública a la Junta de Andalucía el 30 de septiembre de 2025 para conocer los casos de pacientes a los que se les haya dispensado algún medicamento de “uso compasivo”, el presupuesto asignado por la comunidad autónoma para estos medicamentos y las peticiones denegadas de omaveloxolona. El 10 de octubre de 2025 ampliaron el plazo de contestación a un máximo de 20 días y no fue hasta el 11 de diciembre de 2025 (fuera de plazo) cuando se obtuvo una respuesta. Sobre la primera cuestión, la Junta de Andalucía indicó que no dispone de dicha información y dice que inadmite la solicitud de información pública “por estar dirigida a un órgano en cuyo poder no obra la información”.

En cuanto al presupuesto que se asigna desde la comunidad para este tipo de medicamentos, la Junta respondió que "la financiación pública de cualquier medicamento es competencia exclusiva del Estado".

Sobre las peticiones denegadas de omaveloxolona, la Junta hace referencia a dos casos, uno de un paciente de 64 años y otro de 44. En ambos casos la Junta alega: "En este paciente no se cumplía uno de los criterios de elegibilidad del estudio pivotal argumentando como evidencia". En este mismo apartado, se reitera que "no se ha recibido ninguna otra solicitud de este medicamento".

¿Qué dijo la AEMPS?

Desde la AEMPS, explicaron a Maldita.es en septiembre de 2025 a través de su servicio de prensa que los pacientes que querían acceder a este medicamento antes de estar aprobada su financiación debían tratar su caso de manera individual en el hospital. “La solicitud del uso compasivo debe realizarla el servicio de farmacia hospitalaria del centro que trata al paciente y debe acompañarse de un informe clínico en el que el profesional sanitario justifique la idoneidad del tratamiento para el caso concreto. Esta solicitud debe contar, además, con el visto bueno de la dirección del hospital dónde se trata a la persona y con la conformidad del laboratorio titular del medicamento”, detallaban. 

Es entonces cuando la AEMPS recibe la solicitud de uso compasivo, que debe valorar para confirmar que el paciente cumpla con los criterios establecidos (ausencia de tratamiento alternativo en el mercado y evidencia de que requiere el medicamento) y emite una respuesta. Estas evaluaciones se responden en un plazo estimado de entre 48 y 72 horas. 

En cuanto al suministro de estos “medicamentos en situaciones especiales” como la omaveloxolona, el encargado es el laboratorio titular, en este caso, Biogen. Este sería quien establezca las condiciones. Durante el proceso, la AEMPS se limita a comunicar estas al centro hospitalario y, posteriormente, otorgar el pago correspondiente.

También explicaban que con una resolución expresa de no financiación del pasado 1 de junio de 2025, la AEMPS no permitía “el acceso a pacientes a través de esta vía hasta que cada comunidad autónoma da el visto bueno de manera individualizada a cada paciente”.

¿Qué dijo el Ministerio de Sanidad?

Por medio de una petición de Transparencia, el 14 de octubre de 2025 la Agencia Española del Medicamento, dependiente del Ministerio de Sanidad, respondió a Maldita.es que no se había recibido “en la AEMPS ninguna solicitud de Skyclarys (omaveloxolona) desde Andalucía”.

¿Qué dijo el hospital Virgen del Rocío de Sevilla?

El Hospital Vírgen del Rocío de Sevilla no respondió a nuestras preguntas sobre la denegación de la omaveloxolona a Carolina. 

¿Qué dicen las asociaciones?

Desde el área de comunicación de la Federación de Ataxias de España (Fedaes) califican la propuesta de financiación como “hito histórico”. “Sabemos que esto no es solo un trámite administrativo; es una puerta abierta hacia una mejor calidad de vida para muchos de nuestros compañeros y compañeras que conviven con la Ataxia de Friedreich”, añaden. 

Durante todo este tiempo y antes de conocerse la resolución del 28 de enero de 2026, la federación indicaba a  Maldita.es que habían sabido de casos en los que el médico negó el acceso a la omaveloxolona sin rendir ningún informe por escrito, por lo que recomendaron a los afectados que pidieran un informe de denegación para tener evidencia de ello. Fedaes documentó “todas las denegaciones de Skyclarys de todos los hospitales y regiones donde la están denegando”, así como los sitios donde “sí se está recetando el fármaco”. 

Fedaes ha recopilado reportes de casos de denegación del medicamento en comunidades como Andalucía, Cataluña, Madrid, Extremadura y País Vasco. 

En el caso específico de Andalucía, la Fedaes recibió una denegación de omaveloxolona por parte de un paciente del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla con fecha del 28 de octubre de 2025 (documento que no nos permiten compartir por Protección de Datos Personales) en la que se especifica que “tal y como figura en el BIFIMED, con fecha de 1 de junio de 2025 existe una resolución expresa de no financiación. Esto quiere decir que el medicamento no se puede utilizar con cargo al Sistema Nacional de Salud”. 

El mismo documento también menciona que en el proceso de evaluación de financiación del medicamento, existe una vía excepcional de solicitud de autorización de los tratamientos de forma individualizada, para pacientes concretos. La solicitud es evaluada por cada autonomía, y en el caso del Sistema Andaluz de Salud, la realiza la “Comisión Offlabel”. Si la comisión emite una resolución positiva para el uso del medicamento aunque no haya financiación, “se permite continuar con la administración de ese tratamiento ya iniciado previamente. En cualquier caso, una vez existe una resolución de no financiación, dicha vía se cierra para nuevos pacientes y ya no es posible cursar nuevas solicitudes”, siempre según la respuesta de dicho hospital compartida por FEDAES.

A 18 de noviembre, y volviendo a repreguntar a la AEMPS si se puede o no solicitar el medicamento por la vía de los “compasivos”  aunque la resolución previa haya sido la de no financiación, AEMPS respondiólo siguiente: “En el caso concreto de la omaveloxolona, es accesible a través de la aplicación de Medicamentos en situaciones espaciales de la AEMPS desde junio de 2024 y desde entonces han accedido 10 pacientes”.

¿El Ministerio está en negociaciones con Biogen para financiar dicho medicamento?

Sí. El 28 de enero de 2026 se llevó a cabo la más reciente reunión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), conformada por varios ministerios y las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, en la que se propuso“una decisión de financiación positiva” de tres nuevos medicamentos, incluido el Skyclarys, según una nota informativa del Ministerio de Sanidad. 

A este respecto, prensa del Ministerio de Sanidad señala a Maldita.es, que la financiación de la omaveloxolona entraría en vigor en el Sistema Nacional de Salud (SNS) “cuando se publique en el Nomenclátor, que suele ser el 1 o el 2 (del mes entrante, en este caso, de marzo)”.

Desde Maldita.es, consultamos a Biogen respecto a los acuerdos a los que se llegó con la CIPM: “Tras haber seguido el procedimiento de precio y reembolso con el Ministerio de Sanidad, Skyclarys (omaveloxolona) ha sido financiado por el Sistema Nacional de Salud e incluido en la financiación pública de España”, respondía el 3 de febrero de 2026. 

En abril de 2025 también se propuso la financiación de este medicamento a la CIPM, pero no se aceptaron las alegaciones y se emitió una resolución para solicitar a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGCYF) la “no inclusión en la prestación farmacéutica” para Skyclarys, teniendo en cuenta “criterios de racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud”.

Esa resolución se hizo efectiva el 1 de junio de 2025 en el BIFIMED, el Buscador de la Información sobre la situación de financiación de los medicamentos y continuará vigente hasta que Skyclarys entre en el Nomenclátor de facturación correspondiente.

A este respecto, el Ministerio de Sanidad señaló que, normalmente, cuando no se otorga la financiación, los laboratorios vuelven a presentar otra solicitud: “Pensamos que en este caso ocurrirá así y que, por lo tanto, volverá a haber otra propuesta para someter a la consideración de la comisión de precios de los medicamentos”. 

Biogen afirmó a Maldita.es que se encontraba “en constantes conversaciones con el Ministerio de Sanidad” de cara a “presentar una nueva propuesta y tratar de conseguir la financiación pública para la comunidad de ataxia de Friedreich lo antes posible”.

El 17 de junio de 2025, la ministra de Sanidad, Mónica García, había dichoen el Senado que “el tratamiento para la ataxia de Friedreich está en estos momentos en un proceso de evaluación” en el que el Consejo Interministerial de Precios de los Medicamentos “no habla de racionalización de los gastos”, sino de algo más complejo como la evaluación de la eficiencia. “Esperemos que ese fármaco sea financiado próximamente”, apuntó en respuesta a una pregunta del Partido Popular (PP) [min. 59:12]. 

¿En qué comunidades autónomas sí se dispensó la omaveloxolona?

Según la petición de transparencia hecha por Maldita.es a la AEMPS desde que se concedió el acceso a este “medicamento en situaciones especiales” el 12 de junio de 2024, se había autorizado a diez pacientes de Galicia, Castilla La Mancha, Madrid, Asturias y Murcia.

Si te encuentras en una situación parecida en alguna comunidad autónoma respecto al acceso a la omaveloxolona, ¡escríbenos a contacto@maldita.es! 

*Actualizado a 30 de enero de 2026 para incluir la resolución positiva de financiación de Skyclarys del 28 de enero. Aquí la versión original de la pieza: https://archive.ph/mBz2l.

A nivel autonómico, la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), cuyas distintas modalidades han sido unificadas en una sola y entrará en vigor en octubre de 2026, establece que un único beneficiario podrá percibir, como máximo, 793,80 euros mensuales. Ni siquiera las unidades familiares de seis o más miembros alcanzan los 1.300 euros mencionados en el vídeo.

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*El 30/01/2025 este artículo se actualizó para incluir las cuantías del Ingreso Mínimo Vital en 2025

*El 14/05/2026 se actualizó este artículo para cambiar su calificación de CONTEXTO a ALERTA, siguiendo la metodología de Maldita.es.

El Tribunal de Cuentas dice a Maldita.es que “es un órgano de control externo” y no un órgano de investigación. “Todos los procedimientos de análisis que se utilizan son los propios de la auditoría, en donde, en todo caso, se requiere soportar los hallazgos con evidencia documental, analizando los expedientes facilitados por los fiscalizados”. 

Hasta ahora se “han aprobado 13 informes de fiscalización y están programadas otras 12 fiscalizaciones en relación” a los fondos europeos Next Generation. “El resultado de todos los informes es público, siendo accesibles en la página web del Tribunal y, entre otras cuestiones, recogen conclusiones, recomendaciones y detectan áreas de mejora, pero de ninguna forma recogen la afirmación de que es imposible investigar a dónde han ido a parar los fondos”, concluye el Tribunal de Cuentas. 

Haciendo una búsqueda dentro de los documentos relacionados con sus fiscalizaciones, se puede comprobar que entre 2023 y 2025 han publicado informes que monitorizan el control de estos fondos europeos en diferentes campos. Por ejemplo, las medidas que se han tomado para controlarlos en el ámbito local, autonómico, estatal o en entidades del sector público. También cuentan con informes por objetivos específicos. Uno de estos ha fiscalizado las subvenciones que han recibido los ayuntamientos entre los años 2021 y 2023 y las actuaciones que han hecho con ellas. 

Otros han hecho lo mismo con las actuaciones que se hicieron en 2021 para fortalecer la economía en zonas turísticas, la modernización de la formación profesional entre los años 2021 y 2024 o la digitalización del sistema educativo por parte de las CCAA. Además, cuentan con informes sobre entidades concretas, como la Fundación Biodiversidad; el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía; el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas; Puertos del Estado;  ADIF o la entidad pública Red.es. 

En ninguno de estos informes se recoge de forma textual que sea “imposible” investigar los fondos de recuperación europeos. Pero todos ellos sí que incluyen apartados específicos con recomendaciones para mejorar el nivel de transparencia o ejecución por parte de las administraciones u organizaciones con este tipo de subvenciones de la Unión Europea.

El informe de 2023 que evalúa la actuación de la Administración del Estado recoge 11 recomendaciones y subraya, entre otras, que es necesario agilizar la tramitación de los expedientes administrativos, implementar “acciones adicionales de comunicación en favor de un mayor conocimiento y transparencia de la gestión de los fondos” o “proporcionar información más detallada sobre el cumplimiento” para seguir fehacientemente su ejecución. De igual manera, el informe de 2023 que evalúa la gestión autonómica incluye 11 recomendaciones, como el desarrollo de manuales específicos sobre las bases reguladoras de estas ayudas, la formación de empleados públicos especializados en la supervisión de estos fondos o la promoción pública de estas ayudas, entre otras.

Maldita.es no entra a evaluar la gestión de los fondos europeos Next Generation. Existe una narrativa sobre los fondos Next Generation que afirma que es imposible fiscalizar qué hace el Gobierno de España con este dinero. En Maldita.es ya te hemos explicado los mecanismos que tienen la Unión Europea y el Gobierno de España para controlar estos fondos. 

La tarjeta de apoderada no es la de Adelante Andalucía

En el vídeo se asegura que la mujer de menor edad es “apoderada” o “colaboradora” de Adelante Andalucía, pero en la imagen comparativa, el logo que lleva la mujer en su tarjeta de apoderada coincide con el de Centrados Molvízar. Adelante Andalucía publicó en mayo de 2023 en su cuenta de Twitter (ahora X) que la credencial que lleva no es del partido y que tampoco se presentaban en el pueblo.

Como vemos en la imagen, la tarjeta de apoderada que porta la mujer en el vídeo es blanca con un fragmento verde en la parte inferior, que además es en horizontal. En cambio, la tarjeta de apoderado de Adelante Andalucía que proporcionó el partido a Maldita.es, está en horizontal y se aprecia el nombre del partido en grande.

* Esta información se ha actualizado el 11/05/2025 por nuevos contenidos que comenzar a circular con la misma grabación.

Las ayudas económicas específicas para las mujeres víctimas de violencia de género en España no tienen carácter vitalicio

En agosto de 2024, el Ministerio de Igualdad publicó la nueva edición de la Guía de Derechos para Víctimas de Violencia de Género y Violencias Sexuales. En ella se recogen, entre otras cosas, las prestaciones económicas a las que pueden acceder las mujeres víctimas de violencia de género. Algunas de estas ayudas son exclusivas para quienes acrediten esta situación, pero otras son prestaciones genéricas que incluyen un supuesto específico para víctimas de violencia de género:

• Ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia de género con especiales dificultades para obtener un empleo: esta prestación está dirigida a mujeres víctimas de violencia de género con rentas inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional y que por edad, falta de preparación o circunstancias sociales, tengan dificultades para acceder a un empleo. Esta última circunstancia deberá ser acreditada mediante un informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esta prestación se abona en un pago único, no “de por vida”, como afirman algunos contenidos, y la cuantía dependerá de la carga familiar de la mujer. Las comunidades autónomas son las encargadas de tramitar esta prestación, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que si bien es compatible con otras ayudas previstas en la Ley 35/1995 de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género, es incompatible con otras ayudas que tengan la misma finalidad y con la Renta Activa de Inserción (RAI). Frente a los contenidos que afirman que esta prestación se puede cobrar desde el extranjero, el Ministerio de la Presidencia ha contado a Maldita.es que "la ayuda se da independientemente de lo que haga la víctima luego”.

• Renta Activa de Inserción (RAI): aunque se derogó el 1 de noviembre de 2024, las personas que ya tenían reconocida esta prestación, continuarán percibiéndola hasta cumplir el periodo íntegro. Se trata de una ayuda económica gestionada por el SEPE que no es exclusiva para mujeres víctimas de violencia de género, sino que se le concedía a las personas desempleadas que no tenían derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo y que formaban parte del programa de Renta Activa de Inserción, orientado a “incrementar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo”. Las mujeres víctimas de violencia de género que quisieran beneficiarse de esta prestación debían acreditar su condición de víctimas, estar inscritas como demandantes de empleo, no convivir con su agresor, ser menor de 65 años y mayor de 45 y carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. La cuantía de la RAI era el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y tenía una duración máxima de 11 meses. Además, las víctimas de violencia de género podían percibir una ayuda adicional de pago único si se habían visto obligadas a cambiar de residencia por sus circunstancias de violencia de género.

• Subsidio por desempleo para las personas víctimas de violencia de género: esta prestación se introduce a través del Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, y sustituye a la Renta Activa de Inserción (RAI). Las víctimas de violencia de género acreditadas como tal pueden acceder a esta ayuda si reúnen requisitos como no tener derecho a la prestación por desempleo contributivo, estar inscritas como demandantes de empleo o carecer de rentas propias, entre otros. La duración máxima de esta prestación es de 30 meses, salvo para quienes se hubieran beneficiado de la RAI con anterioridad, en cuyo caso la duración se reduce a 20 meses.

El Ingreso Mínimo Vital exige tener residencia legal y efectiva en España tanto al solicitar la prestación como durante su percepción

Las mujeres víctimas de violencia de género también pueden beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda estatal orientada a prevenir el riesgo de pobreza o exclusión social que no es exclusiva para personas en situación de violencia, pero que les flexibiliza los requisitos. 

A diferencia de lo exigido a otros beneficiarios, las víctimas de violencia de género no tienen que cumplir con la exigencia de tener 23 años como mínimo ni tampoco están obligadas a estar unidas por matrimonio o pareja de hecho. También se les elimina el requisito de formar parte de otra unidad de convivencia, siendo consideradas ellas y sus hijos o familiares de hasta segundo grado una unidad en sí misma. En este último caso, se prevé un complemento del 22% de la cuantía establecida por la situación de violencia.  

Además, tampoco se les exigirá haber residido en España de manera ininterrumpida durante, al menos, el año anterior a la presentación de la solicitud, aunque desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuentan a Maldita.es que “uno de los requisitos para acceder a esta prestación es la residencia en España”, que debe cumplirse “tanto en el momento de la presentación de la solicitud como durante la percepción de la prestación”.

En el caso de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, Raquel López Merchán, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, experta en migración, mujer y violencia de género y maldita que nos ha prestado sus superpoderes, cuenta que pueden “acreditar la residencia legal en España con la autorización provisional de residencia” que expide la autoridad competente en esta materia. 

El IMV no tiene una duración máxima, sino que se continúa cobrando “mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en la Ley”. Entre esos requisitos está no trasladarse al extranjero más de 90 días naturales durante un año, sin comunicar y sin justificación, por lo que ningún beneficiario puede vivir fuera de España y continuar cobrando la ayuda.

Algunas comunidades también otorgan ayudas económicas específicas para víctimas de violencia de género que tampoco son vitalicias

Algunas comunidades autónomas ponen a disposición de las víctimas de violencia de género ayudas económicas: 

• Andalucía: en noviembre de 2023, se aprobaron por primera vez las prestaciones económicas para menores hijos de mujeres víctimas mortales de violencia de género residentes en Andalucía. Esta ayuda está orientada a “garantizar la cobertura de las necesidades básicas materiales de las personas beneficiarias hasta su mayoría de edad”. 

• Asturias: contempla diferentes cuantías para mujeres víctimas de violencia de género y/o violencia vicaria, y para hijos de víctimas mortales por violencia de género, empadronados y con residencia efectiva en el Principado. En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia vicaria, esto es, homicidio o asesinato de los hijos, pueden recibir un único pago anual de 3.000 euros si cumplen con los requisitos establecidos. Esta ayuda podrá ser solicitada durante tres años, consecutivos o no. En el caso de los hijos de víctimas mortales por violencia de género menores de 26 años, podrán beneficiarse de un pago único anual de 6.000 euros que puede ser renovado anualmente. 

• Comunidad Valenciana: existe un paquete de ayudas de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género que está destinado a cubrir necesidades básicas, como alimentación e higiene; necesidades de alojamiento; necesidades de transporte o desplazamientos; y cualquier otra necesidad que procure “tanto la seguridad como la protección de las víctimas”. 

• Galicia: desde enero de 2025, las víctimas de violencia de género empadronadas y con residencia efectiva en Galicia pueden optar a una prestación económica que tiene el objetivo de “garantizarles unas condiciones suficientes de independencia económica respecto del agresor”. En el caso de las mujeres extranjeras, deberán acreditar residencia legal en España. La cuantía varía entre los 200 y los 800 euros mensuales, hasta un máximo de doce meses, en función de las rentas e ingresos de la solicitante, el grado de discapacidad o los menores a su cargo. 

• País Vasco: en función del grado de discapacidad y del número de personas a su cargo, las mujeres víctimas de violencia de género empadronadas y con residencia efectiva en País Vasco pueden acceder a una ayuda económica de pago único para “facilitar tanto su independencia económica como su inclusión social”. Las cuantías van desde los 3.420 hasta los 12.420 euros. 

• Castilla  y León: los hijos menores de edad de víctimas de violencia de género residentes en Castilla y León pueden acceder a una prestación económica orientada a cubrir sus necesidades básicas materiales y educativas. La cuantía es de 5.000 euros anuales hasta alcanzar la mayoría de edad. Además, los hijos huérfanos de víctimas de violencia de género mayores de 18 años también tendrán acceso gratuito a estudios universitarios públicos o privados en una universidad de Castilla y León. 

• Castilla-La Mancha: las mujeres víctimas de “violencia doméstica” que sufran lesiones, secuelas o daños psíquicos graves que les provoquen una incapacidad temporal mínima de 4 meses o incapacidad permanente podrán optar a una “ayuda de solidaridad”. Su importe variará en función de la renta, el número de integrantes de la unidad familiar y las secuelas o daños de la víctima, pero no puede ser inferior, en ningún caso, al triple del salario mínimo interprofesional mensual. Además, los hijos menores de 21 años (25 en caso de tener reconocido un grado de discapacidad superior al 33%) de mujeres víctimas mortales de la violencia de género también tendrán derecho a una prestación compensatoria. 

• Baleares: las víctimas de violencia machista que se encuentren en paro y sean alumnas de acciones formativas previstas por el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) tendrán derecho a una beca durante sus estudios de 10 euros por día lectivo hasta la finalización del curso, así como a ayudas en concepto de transporte, manutención y alojamiento y conciliación. 

• Aragón: el Gobierno de Aragón prevé la concesión de prestaciones complementarias para hijos menores de edad de mujeres víctimas mortales por violencia de género empadronados en Aragón y para mujeres víctimas de violencia de género mayores de 65 años. La ayuda concedida se concederá con periodicidad mensual hasta alcanzar la mayoría de edad en el caso de los hijos y en forma de pago único en el caso de las mujeres de más de 65 años. 

• Navarra: las mujeres víctimas de violencia de género que se encuentren en “situación grave de riesgo personal”, deban abandonar su residencia habitual y carezcan de medios económicos para hacer frente a sus necesidades básicas pueden optar a una ayuda de emergencia social. Su objetivo es cubrir las necesidades de la solicitante, así como de sus hijos menores o personas a su cargo hasta el segundo grado de consanguinidad. Esta ayuda solo se podrá conceder una vez y su cuantía dependerá de las circunstancias de cada solicitante. 

• Comunidad de Madrid: las mujeres víctimas de violencia de género que hayan residido en alguno de los centros residenciales de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid pueden acceder a una prestación específica destinada a apoyar su autonomía e inserción social. Las cuantías varían entre los 2.400 y los 4.800 euros, en función de las circunstancias personales. Además, los hijos menores de edad de mujeres asesinadas por violencia de género también pueden acceder a una ayuda de pago único que será dos veces el importe del IPREM. 

• Extremadura: desde la Junta de Extremadura se prevén ayudas para facilitar la “recuperación integral” de las mujeres víctimas de violencia de género. Además de tener acreditada esta situación de violencia, las beneficiarias deben disponer de unas rentas o ingresos mensuales inferiores a 2,5 veces el IPREM, no convivir con su agresor y disponer de un informe positivo del Instituto de la Mujer de Extremadura en el que conste la estrategia de intervención a seguir. La cuantía se abonará en un pago único y no podrá superar los 5.000 euros, aunque podrá solicitarse hasta en dos ocasiones más. 

Además, las comunidades autónomas también cuentan con programas de ayuda para mujeres víctimas de violencia de género sin una solución habitacional inmediata. 

Las ayudas específicas para víctimas de violencia de género exigen una acreditación oficial de esta situación

Para poder optar a ayudas específicas por violencia de género, es necesario una acreditación oficial que reconozca esta situación. El artículo 23 de la Ley contra la Violencia de Género establece como vías para dicha acreditación una “sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima”. También reconoce como vía válida para la acreditación un  informe del Ministerio Fiscal que “indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género”. 

También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en disposiciones normativas. 

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El 27/08/2025 se actualizó este artículo para añadir las novedades sobre las prestaciones económicas para mujeres víctimas de violencia de género. 

El 01/02/2024 se actualizó este artículo para añadir el texto con el que se estaba difundiendo el bulo

El 08/06/2023 se actualizó este artículo para añadir las novedades sobre las prestaciones económicas para mujeres víctimas de violencia de género.

El 26/01/2026 se ha actualizado este artículo para adaptarlo a nueva metodología de Maldita.es.

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En este artículo ha colaborado con sus superpoderes la doctora en Derecho y Ciencias Sociales Raquel López Merchán, que forma parte de Superpoderosas, un proyecto de Maldita.es en colaboración con FECYT que busca aumentar la presencia de científicas y expertas en el discurso público a través de la colaboración en la lucha contra la desinformación.

Gracias a vuestros superpoderes, conocimientos y experiencia podemos luchar más y mejor contra la mentira. La comunidad de Maldita.es sois imprescindibles para parar la desinformación. Ayúdanos en esta batalla: mándanos los bulos que te lleguen a nuestro servicio de WhatsApp, préstanos tus superpoderes, difunde nuestros desmentidos y hazte Embajador.

Los números de teléfono que aparecen en la imagen no pertenecen a España, sino a Argentina. Varios diarios argentinos reportaron este nuevo intento de robo ubicándolo en diferentes ciudades del país. No hay rastro de ningún comunicado oficial que alerte de este intento de robo ni de las instituciones argentinas ni de las españolas. Desde Maldita.es hemos preguntado a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero hasta el momento no ha habido respuesta. 

Los números de teléfono tienen el prefijo de Buenos Aires, Argentina

La Policía Nacional aseguró a Maldita.es en 2024 no tener constancia de que se hayan dado casos de esta supuesta modalidad de robo en España. En 2025, hemos contactado de nuevo con este organismo, pero no han contestado a las consultas. 

Además, los números de teléfono que se muestran en la imagen no pertenecen a España, sino que van precedidos por el prefijo telefónico 11, que pertenece a Buenos Aires.

Al hacer una búsqueda en Google de ese texto aparecen varias publicaciones de diarios argentinos advirtiendo de esta supuesta modalidad de robo junto a la imagen que está circulando. Algunas de estas publicaciones indican que este intento de estafa se ha dado en las ciudades argentinas de Neuquén, Necochea y Quequén. 

Según se detalla en estas publicaciones, el modus operandi consiste en tirar una llave, que lleva escrito un número de teléfono, en un sitio público. Cuando una persona llama al teléfono para notificar al supuesto dueño de la llave, los delincuentes piden la dirección de su domicilio para, supuestamente, ir a recuperarla. Es entonces cuando ingresan en el domicilio y cometen el robo.

No hay rastro de ningún comunicado oficial alertando de este supuesto intento de robo 

Las publicaciones señalan que “la policía de la provincia de Buenos Aires” y  “jefaturas de policías de distintas regiones de Buenos Aires” han alertado de esta supuesta actividad delictiva. Sin embargo, no hay rastro de ningún comunicado oficial por parte de la Policía de Buenos Aires ni de las ciudades argentinas donde supuestamente se reportaron los casos. Tampoco hay rastro de ningún comunicado de la Policía Nacional de España. 

Desde Maldita.es hemos contactado con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con los departamentos de policía donde supuestamente se localizaron los casos pero hasta el momento no ha habido respuesta. 

¿Qué es Chat Control? 

Hay dos reglamentos de la Unión Europea que se conocen popularmente como Chat Control y ambos abordan cómo las plataformas deben detectar material de abuso sexual infantil (CSAM) en los mensajes de sus usuarios.

Uno estuvo vigente entre agosto de 2021 y expiró en abril de 2026: el reglamento conocido como Chat Control 1.0, que entró en vigor para derogar temporalmente algunas disposiciones de la directiva ePrivacy que trata sobre la privacidad de las comunicaciones electrónicas. La medida “permitía la detección voluntaria, por parte de las plataformas de internet, de material de abuso sexual infantil en línea”, según la Sala de Prensa del Parlamento Europeo. El 10 de abril de 2024, el Parlamento Europeo votó a favor de extenderlo hasta el 3 de abril de 2026, tras vencer su fecha límite inicial, para que se pudiera alcanzar un acuerdo sobre el marco jurídico a largo plazo. Pero a 5 de mayo de 2026 ese acuerdo no ha llegado.

Ante esto, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE negociaron una nueva prórroga temporal de Chat Control 1.0 el 16 de marzo de 2026, pero no se alcanzó un acuerdo y el reglamento expiró el 3 de abril de 2026. El Parlamento votó en contra en la primera lectura legislativa porque quería que la prórroga fuera hasta agosto de 2027 (no hasta abril de 2028, como proponía la Comisión) y “limitar el alcance de las medidas para garantizar su proporcionalidad” con la protección de la privacidad. Con esto se refería a que las medidas no afecten a comunicaciones cifradas de extremo a extremo y que no permitan el escaneo de datos de tráfico junto con los de contenido, que el rastreo se aplique “al material que ya haya sido identificado o señalado como material de abuso sexual infantil por un usuario” y a “los usuarios o grupos de usuarios sobre los que haya una sospecha razonable, manifestada por una autoridad judicial, de conexión con ese tipo de material ”, como argumentó en su postura el 11 de marzo.

El Parlamento también argumentó que “la Comisión carece de pruebas claras de eficacia de las medidas” y que “solicitó un enfoque más específico”. El informe que había presentado la Comisión afirma que “los datos disponibles son insuficientes para dar una respuesta definitiva” sobre su proporcionalidad. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) recogió una caída en el número de informes en 2024 y “lo atribuyó, en parte, (...) al cifrado de extremo a extremo”, afirma la Comisión. Por su parte, INHOPE registró un aumento de los informes en 2025 y afirma que el material de abuso sexual infantil se encuentra “principalmente en foros y comunidades en línea abiertas”.

El otro reglamento es justamente el marco jurídico a largo plazo en el que se sigue trabajando. El Reglamento 2022/0155 o 'Reglamento para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores’, también conocido como Chat Control 2.0, es una propuesta que fue presentado por la Comisión Europea el 11 de mayo de 2022. Ella Jakubowska, responsable de Políticas Públicas de European Digital Rights (EDRi), explicó a Maldita.es que surge como un “marco legal permanente (que sustituya a Chat Control 1.0) que se podría usar para obligar a las plataformas y servicios en línea a escanear los mensajes privados de los usuarios”. 

¿En qué punto está la propuesta de Chat Control 2.0?

A la fecha, Chat Control 2.0 sigue siendo una propuesta, por lo que aún puede sufrir modificaciones. El 26 de noviembre de 2025, el Consejo Europeo adoptó su posición, en la que apostó por eliminar la detección obligatoria y reforzar los requerimientos a las plataformas para que adopten medidas de mitigación contra la difusión de CSAM. “El Consejo quiere convertir en permanente una medida, actualmente temporal, que permite a las empresas analizar voluntariamente sus servicios en busca de abuso sexual infantil”, señala el comunicado de prensa del Consejo. 

La resolución llegó durante la presidencia danesa del Consejo Europeo que priorizó en su programa “la labor relativa al Reglamento y la Directiva sobre el abuso sexual infantil”. Una petición viral para detener la regulación acusaba a la presidencia de “colar” su aprobación el 26 de noviembre de 2025 “a través de un proceso silencioso para que nadie lo notara”. Desde la Unión Europea indican a Maldita.es que la posición adoptada se ha conseguido a través de “un procedimiento estándar dentro del Consejo” y que la agenda de dicha reunión era pública. 

El Consejo alcanzó así un acuerdo dos años después que el Parlamento, que votó su posición en noviembre de 2023. En su resolución, el Parlamento también apostó por la implementación de medidas de mitigación, pero señaló que cuando no fueran suficientes “se utilizarán órdenes de detección validadas por los tribunales para rastrear material ilegal”. Sin embargo, en su posición se excluye de la detección el material cifrado de extremo a extremo. 

Después de que el Consejo y el Parlamento adoptaron sus posiciones, el reglamento ha seguido su curso legislativo en los diálogos tripartitos. El texto que resultase de estas negociaciones tendrá que ser otra vez votado en el pleno del Parlamento y adoptado por el Consejo antes de publicarse oficialmente en el Diario Oficial de la Unión Europea. Desde la Unión Europea recalcan a Maldita.es que “a este punto, es imposible predecir cuándo será finalmente adoptada (y cuando entrará en vigor)”. Hasta la fecha, “aún se mantienen las negociaciones con el Consejo”, afirmó el Parlamento el 17 de marzo de 2026.

¿Qué ha pasado con la posición de Alemania respecto a la propuesta?

En octubre de 2025, circularon contenidos que aseguraban que Alemania había “bloqueado Chat Control”. Esto debido a que el 14 de octubre de 2025 estaba programado que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior deliberara sobre la propuesta de Chat Control 2.0. Pero el 8 de octubre, el Parlamento Federal alemán comunicó que Alemania no respaldaría la propuesta de la presidencia danesa. 

Después del anuncio de Alemania, el debate sobre el reglamento se eliminó de la agenda, algo que desde el Consejo Europeo indicaron a Maldita.es. No hay confirmación oficial de que este cambio haya sido por la oposición de Alemania, pero sitios web de noticias, como Euronews, han señalado que su negativa ha congelado la votación de la regulación. 

La votación que se llevaría a cabo el 14 de octubre requería una mayoría cualificada para que el Consejo adoptara la propuesta, es decir, el voto a favor del 55% de los Estados miembros, que representan al menos el 65% de la población de la UE. Si la votación se hubiera llevado a cabo, el voto alemán, sumado a los de los otros ocho países también posicionados en contra, habría hecho que la propuesta no saliera adelante.

Aunque se hubiera llegado a un acuerdo en el Consejo, el reglamento no hubiera entrado inmediatamente en vigor (como aseguraba un vídeo viral). Antes de que se cancelara la deliberación, Maldita.es consultó al Consejo Europeo sobre el tema y, en respuesta, precisaron que la regulación “no entrará en vigor el 14 de octubre: El Consejo de la UE puede probablemente alcanzar un acuerdo en su posición, pero este no es el final del proceso”. 

En una conferencia de prensa el 13 de octubre, el ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, afirmó: “Vamos a seguir con las negociaciones las próximas semanas de manera bilateral para intentar alcanzar un compromiso”. Un acuerdo que se alcanzó el 26 de noviembre de 2025. 

¿Quién tiene acceso a nuestros mensajes privados?

En un vídeo viralizado se indica que Chat Control “ya ha pasado todas las fases en el Parlamento Europeo para poder tener acceso a todos los mensajes privados de los europeos”. Pero tanto en la legislación que estuvo vigente como en la propuesta, serían las plataformas las que acceden y revisan con tecnologías específicas los mensajes de los usuarios. “Ninguna institución europea tendría acceso a los mensajes privados de los europeos en ningún caso”, destaca la asociación comercial de empresas de comunicaciones y tecnología Communications Industry Association Europe (CCIA).

La asociación añade que Chat Control 1.0 “solamente permite a los proveedores de servicios de comunicación interpersonal continuar con la detección y eliminación proactiva de material de abuso sexual infantil”. En ese sentido, Jabukowska recuerda que “permite a los proveedores revisar las comunicaciones privadas, pero no los obliga”. 

En el artículo 3 del reglamento, se indica que las tecnologías usadas deben ser “las menos intrusivas para la intimidad” y, si se utilizan para escanear mensajes, “que no sean capaces de deducir la sustancia del contenido, sino que sean únicamente capaces de detectar patrones que apunten a posibles abusos sexuales de menores en línea”. Si una plataforma detecta CSAM, debe denunciar a “las autoridades policiales y judiciales competentes o a organizaciones que actúen en interés público contra los abusos sexuales de menores”. 

Pero incluso antes de su entrada en vigor en 2021, plataformas como Facebook, Instagram y TikTok ya tenían acceso a nuestras conversaciones y decían utilizar de forma voluntaria tecnologías específicas con el fin de detectar el abuso sexual de menores en línea. Esto, antes de que Meta activara por defecto el cifrado de extremo a extremo para los mensajes de Facebook Messenger e Instagram en 2023. 

Actualmente, en España, sólo se puede acceder a las comunicaciones, sean por el medio que sean, mediante una orden judicial, y las plataformas tienen el "deber de colaboración" si son requeridas por un juez. Sin embargo, en el caso de las comunicaciones cifradas de extremo a extremo no se puede acceder a los mensajes, y, por tanto, incluso aunque hubiera una orden judicial, a día de hoy las plataformas no podrían garantizarlo.

En el caso de Chat Control 2.0, la propuesta inicial de la Comisión sí que podría obligar a las empresas tecnológicas a identificar y eliminar material de abuso sexual infantil. Pero es importante recordar que este texto sigue siendo una propuesta y puede sufrir modificaciones a lo largo del proceso legislativo hasta ser aprobada.

¿Qué tecnología deberán usar las empresas para el escaneo con Chat Control 2.0?

En un contenido que se ha viralizado sobre Chat Control 2.0 se asegura que esta propuesta 

“propone utilizar el client-side scanning para inspeccionar los mensajes antes de que se cifren en tu teléfono”. 

El client-side scanning  es una técnica que permite analizar el contenido “directamente en el dispositivo del usuario, antes de que el mensaje, la foto o el vídeo sean cifrados y enviados”, explica Jorge Louzao, experto en ciberseguridad y maldito que nos ha prestado sus superpoderes. La organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, Internet Society, precisa que el client-side scanning funciona analizando “el contenido de los mensajes en busca de coincidencias o similitudes con una base de datos de contenido objetable antes de enviar el mensaje al destinatario”. 

Pero la propuesta de la Comisión Europea no menciona explícitamente en su texto esta técnica. Louzao dice que “deja libertad [a las plataformas] para decidir qué herramientas usar, pero exige que sean eficaces, fiables y lo menos intrusivas posible”. Sin embargo, el experto añade que, en el caso de las plataformas cifradas, “esa tecnología parece la única forma realista de cumplir con las obligaciones de detección sin debilitar el cifrado en tránsito”. De momento, no hay mención oficial a ello en el texto de la Comisión Europea.

Con Chat Control 2.0, ¿los mensajes serán escaneados antes de cifrarse? 

Un vídeo viral asegura que “cada foto, cada mensaje, cada audio, será escaneado antes de cifrarse”. Sobre esto, CCIA Europe explica a Maldita.es que, según la propuesta inicial de la Comisión, “los mensajes de los usuarios se escanearían antes del cifrado, pero solo una vez que los proveedores reciban la orden de detección emitida por una autoridad judicial competente o una autoridad administrativa independiente del Estado miembro”. Es decir, los mensajes de los usuarios serían escaneados antes de cifrarse solamente si las plataformas reciben la orden de hacerlo, y la orden para ese escaneo podría dictarla un organismo administrativo independiente, no solo un juez.

¿Cuáles son los riesgos de privacidad asociados a romper el cifrado de extremo a extremo? 

La propuesta presentada por la Comisión de Chat Control 2.0 ha sido ampliamente criticada por grupos de derechos digitales, abogados y expertos en protección de menores. De hecho, se ha iniciado una campaña ciudadana en la que usuarios envían correos electrónicos en masa a eurodiputados y otros actores políticos para advertir sobre los supuestos riesgos de esta propuesta.  

Ella Jakubowska, responsable de Políticas Públicas de EDRi advierte de que la obligación de escanear los mensajes “socavaría el cifrado de extremo a extremo [mensajes que son sólo legibles para la persona que lo envía y la persona que lo recibe] para todos los ciudadanos europeos que dependen de él, y además conllevaría una vigilancia masiva ilegal”. Esto genera preocupación por sus consecuencias para la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios. 

Una posible aprobación de Chat Control 2.0 que implicara romper el cifrado podría tener un impacto en los derechos individuales y civiles de la ciudadanía. Yolanda Quintana, coordinadora y cofundadora de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI), explicó a Maldita.es que “tanto en regímenes autoritarios como democráticos, la libertad de expresión está comprometida si no tenemos garantizado el secreto de nuestras comunicaciones y, en algunos casos, el anonimato”.

Para romper el cifrado de extremo a extremo, Jakubowska explica que las plataformas y servicios en línea “tendrían que integrar proactivamente puertas traseras en sus servicios para acceder a los mensajes privados cifrados cuando reciban una orden para transmitir la información a la policía. De lo contrario, estarían infringiendo la ley”. Esto, según la experta, puede exponer estos sistemas a agentes maliciosos, como “gobiernos hostiles, hackers e incluso redes de abuso infantil”. 

En conversación con Maldita.es Louzao afirmó que si la ley se aprueba y acaba aplicándose habrá “una filtración de datos muy sensibles”. Iverna McGowan, secretaria general de la rama europea del Centro para la Democracia y la Tecnología, dijo a WIRED que “romper el cifrado de extremo a extremo para todos no solo sería desproporcionado, sino que sería ineficaz para lograr el objetivo de proteger a los niños".

Sin embargo, en el texto de la propuesta de Chat Control 2.0 se justifica que, “a pesar de la importante contribución de algunos proveedores, la acción voluntaria ha demostrado ser insuficiente para abordar el uso indebido de los servicios en línea con fines de abuso sexual infantil”. Emilio Puccio, secretario general del Intergrupo sobre los Derechos del Niño del Parlamento Europeo, defendió en LinkedIn que esta propuesta es “el arma más poderosa” contra los agresores de menores: “Creo firmemente en el poder de la seguridad jurídica; por eso es fundamental obligar a las empresas tecnológicas a detectar y denunciar todos los casos de abuso sexual infantil y a eliminar el abuso sexual infantil”.

En este artículo ha colaborado con sus superpoderes el maldito experto en ciberseguridad Jorge Louzao.

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Este artículo se ha actualizado el 14/05/2025 para cambiar el formato a preguntas y respuestas, el 26/11/2025 para actualizar la información, el 5/12/2025 para resolver una nueva pregunta sobre el ‘client-side scanning’ y el 05/05/2026 para incluir la expiración de Chat Control 1.0 en abril de 2026. Una versión anterior se puede consultar en este enlace. 

*El 05/05/2026 hemos actualizado este artículo para adaptarlo a nueva metodología de Maldita.es