A nivel autonómico, la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), cuyas distintas modalidades han sido unificadas en una sola y entrará en vigor en octubre de 2026, establece que un único beneficiario podrá percibir, como máximo, 793,80 euros mensuales. Ni siquiera las unidades familiares de seis o más miembros alcanzan los 1.300 euros mencionados en el vídeo.

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*El 30/01/2025 este artículo se actualizó para incluir las cuantías del Ingreso Mínimo Vital en 2025

*El 14/05/2026 se actualizó este artículo para cambiar su calificación de CONTEXTO a ALERTA, siguiendo la metodología de Maldita.es.

El Tribunal de Cuentas dice a Maldita.es que “es un órgano de control externo” y no un órgano de investigación. “Todos los procedimientos de análisis que se utilizan son los propios de la auditoría, en donde, en todo caso, se requiere soportar los hallazgos con evidencia documental, analizando los expedientes facilitados por los fiscalizados”. 

Hasta ahora se “han aprobado 13 informes de fiscalización y están programadas otras 12 fiscalizaciones en relación” a los fondos europeos Next Generation. “El resultado de todos los informes es público, siendo accesibles en la página web del Tribunal y, entre otras cuestiones, recogen conclusiones, recomendaciones y detectan áreas de mejora, pero de ninguna forma recogen la afirmación de que es imposible investigar a dónde han ido a parar los fondos”, concluye el Tribunal de Cuentas. 

Haciendo una búsqueda dentro de los documentos relacionados con sus fiscalizaciones, se puede comprobar que entre 2023 y 2025 han publicado informes que monitorizan el control de estos fondos europeos en diferentes campos. Por ejemplo, las medidas que se han tomado para controlarlos en el ámbito local, autonómico, estatal o en entidades del sector público. También cuentan con informes por objetivos específicos. Uno de estos ha fiscalizado las subvenciones que han recibido los ayuntamientos entre los años 2021 y 2023 y las actuaciones que han hecho con ellas. 

Otros han hecho lo mismo con las actuaciones que se hicieron en 2021 para fortalecer la economía en zonas turísticas, la modernización de la formación profesional entre los años 2021 y 2024 o la digitalización del sistema educativo por parte de las CCAA. Además, cuentan con informes sobre entidades concretas, como la Fundación Biodiversidad; el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía; el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas; Puertos del Estado;  ADIF o la entidad pública Red.es. 

En ninguno de estos informes se recoge de forma textual que sea “imposible” investigar los fondos de recuperación europeos. Pero todos ellos sí que incluyen apartados específicos con recomendaciones para mejorar el nivel de transparencia o ejecución por parte de las administraciones u organizaciones con este tipo de subvenciones de la Unión Europea.

El informe de 2023 que evalúa la actuación de la Administración del Estado recoge 11 recomendaciones y subraya, entre otras, que es necesario agilizar la tramitación de los expedientes administrativos, implementar “acciones adicionales de comunicación en favor de un mayor conocimiento y transparencia de la gestión de los fondos” o “proporcionar información más detallada sobre el cumplimiento” para seguir fehacientemente su ejecución. De igual manera, el informe de 2023 que evalúa la gestión autonómica incluye 11 recomendaciones, como el desarrollo de manuales específicos sobre las bases reguladoras de estas ayudas, la formación de empleados públicos especializados en la supervisión de estos fondos o la promoción pública de estas ayudas, entre otras.

Maldita.es no entra a evaluar la gestión de los fondos europeos Next Generation. Existe una narrativa sobre los fondos Next Generation que afirma que es imposible fiscalizar qué hace el Gobierno de España con este dinero. En Maldita.es ya te hemos explicado los mecanismos que tienen la Unión Europea y el Gobierno de España para controlar estos fondos. 

La regularización no concede automáticamente el derecho a voto. La participación en las elecciones generales y autonómicas está reservada únicamente a las personas con nacionalidad española. La nacionalidad no se consigue con la regularización, sino que es necesario acreditar, al menos, 10 años de residencia “legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición” como norma general  y dos años para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. También hay que realizar dos pruebas en el Instituto Cervantes, además de cumplir otros requisitos. 

En el caso de las elecciones municipales, las personas a las que se les conceda la regularización anunciada por el Gobierno podrán  votar si hay un acuerdo de reciprocidad con su país de origen y reúnen los requisitos establecidos en dicho acuerdo, como cumplir con un período mínimo de residencia legal*. Actualmente, las personas extranjeras de  Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago pueden votar en las elecciones municipales tras cinco años de residencia en España (tres en el caso de Reino Unido y Noruega), además de los ciudadanos de la Unión Europea.

Así, las personas migrantes regularizadas no podrán votar, por tiempos, en ninguna de las elecciones de 2027. 

Por último, en las elecciones europeas tienen derecho a voto los ciudadanos de algún estado miembro de la Unión Europea residiendo en España y las personas con nacionalidad española, por lo tanto, las personas regularizadas este año no podrían votar en las próximas elecciones europeas, previstas para 2029, a menos que obtuviesen la nacionalidad española.

No, las personas migrantes que se acojan a la regularización extraordinaria no pueden lograr la nacionalidad sin un certificado de antecedentes penales

La regularización extraordinaria de personas inmigrantes no supone la concesión de la  nacionalidad “sin un certificado de antecedentes penales”, como afirman los contenidos difundidos. La nacionalización y la regularización son procesos diferentes, aunque para la nacionalidad, primero es necesario estar en situación regular. En ambos procedimientos, se exige acreditar no tener antecedentes penales, aunque en el caso de la regularización extraordinaria, en un primer momento se planteó la posibilidad de sustituir el certificado de inexistencia de antecedentes por una declaración responsable. Los contenidos que se difunden utilizan un titular de una publicación de The Objective que ya ha sido rectificada, aclarando en sus redes sociales que se referían a la medida anunciada por el Gobierno de conceder permisos de residencia a personas migrantes en situación irregular. 

Para acceder a la nacionalidad se exige la acreditación de “buena conducta cívica” mediante la aportación de un certificado de antecedentes penales expedido por el país de origen “debidamente legalizado y traducido” y los informes que expidan al respecto las autoridades españolas. La ley también contempla que, en el caso de ciudadanos de algún Estado de la Unión Europea, dicho certificado puede sustituirse por el Certificado del Registro Central de Penados español “donde conste expresamente que se han consultado los antecedentes con el país de origen”.

No, las personas migrantes que se beneficien de la regularización extraordinaria no tendrán pleno estatus legal europeo para cruzar a cualquier país de la Unión Europea y quedarse a trabajar o residir

La regularización extraordinaria de personas migrantes no autoriza a vivir o trabajar en cualquier país de la Unión Europea, pero sí permite visitar los países que forman parte del Espacio Schengen en los mismos términos que quienes tienen visado de turista o de estudios. Según un documento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre dudas del proceso, este permiso “no otorga autorización para establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea”. Según la nota de prensa sobre la aprobación de la regularización publicada por este ministerio, las personas migrantes en situación irregular y los solicitantes de protección internacional que accedan a ella obtendrán una autorización con una vigencia inicial de un año, cinco en el caso de familias con hijos menores de edad, que habilita a “residir y trabajar por cuenta ajena o propia, en cualquier parte del territorio español”. El traslado a otro país de la Unión Europea para vivir o trabajar es un derecho reservado a los ciudadanos de un Estado miembro y, como os hemos contado en Maldita.es, las personas que se beneficien de la regularización no obtendrán la nacionalidad, puesto que se trata de dos procesos distintos. Más allá de la normativa de la regularización extraordinaria, la actual Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE), que acredita la permanencia legal de extranjeros en España por un tiempo superior a tres meses, también se limita al territorio español.

No, el certificado de vulnerabilidad para la regularización no concede a los inmigrantes prioridad en el acceso a ayudas sociales o “casa gratis”: este documento solo es válido para este trámite

Las personas migrantes que quieran acogerse a la regularización deberán demostrar haber trabajado por cuenta propia o ajena en España, contar con una unidad familiar en territorio español o acreditar estar en situación de vulnerabilidad presentando un certificado. Este documento “surtirá efectos exclusivamente a los fines previstos” en el texto de la regularización, por lo que no podrá ser utilizado para solicitar, por ejemplo, ayudas sociales ni concederá “privilegios” como vivienda gratuita, como mencionan los contenidos difundidos. Esta aclaración también la recoge el modelo de certificado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene disponible para descarga en su página web.

Qué sabemos sobre la anulación de las órdenes de expulsión de las personas migrantes que opten a la regularización: sólo se aplicará a las órdenes que deriven de estar en situación irregular en España o trabajando sin autorización

Las personas migrantes en situación irregular que soliciten la regularización extraordinaria y  que tengan una orden de expulsión podrán anularla únicamente en dos casos, según recoge el texto publicado en el BOE. El primero, que la orden haya sido emitida por “encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente”. 

El segundo caso es haber obtenido la orden de expulsión por “encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida”. El texto sobre las condiciones de la regularización no contempla, sin embargo, cancelar las órdenes de expulsión cuando estas hayan sido impuestas por la comisión de una infracción de las recogidas en la Ley de Extranjería.

Cuidado con los contenidos que afirman que el Gobierno ha excluido a los “apátridas saharauis” de la regularización extraordinaria: una normativa específica les concede permiso de residencia

La regularización extraordinaria está dirigida a personas migrantes en situación irregular en España. En cambio, las personas apátridas, que no son reconocidas por ningún Estado como nacionales, ya tienen permiso de residencia y trabajo en España, sean o no saharauis, como recoge el Real Decreto 865/2001, que regula su estatus. Por ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aclara en su web que la regularización no es un proceso dirigido a ellas, ya que “cuentan con una normativa específica que les ampara”. Además, en el caso de los solicitantes del estatuto de apatridia, la ley también contempla que obtengan una autorización provisional de residencia mientras se resuelve su expediente. En caso de resolución denegatoria, podrán acogerse a alguna de las figuras de regularización previstas en la Ley de Extranjería.

Cuidado con los contenidos que afirman que el Gobierno ha excluido a los "refugiados ucranianos" de la regularización extraordinaria: ya tienen permiso de residencia, por lo que la regularización no les afecta

Al proceso de regularización extraordinaria se pueden acoger las personas que estén en situación irregular en España, pero las personas desplazadas por la guerra de Ucrania, a las que se refieren los contenidos que se difunden, ya tienen permiso de residencia y de trabajo al ser beneficiarios de protección temporal. Esto lo regula la directiva europea para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Esta misma situación se da en el caso de las personas refugiadas que tienen concedido el asilo en España.

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura a Maldita.es que aprobarán una medida específica que permitirá a estas personas modificar su autorización y cambiarla por cualquiera de las previstas en la ley de extranjería, así como a las incluidas en la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Este procedimiento, diferenciado del de la regularización extraordinaria, podrá concederles permiso de residencia y trabajo de hasta cuatro años de duración. Por otro lado, el Ministerio señala que el proceso de regularización no excluye a personas en función de su nacionalidad, sino que depende del cumplimiento de los requisitos exigidos. 

Qué sabemos sobre obtener la regularización sin presentar un certificado de antecedentes penales: el texto final exige la presentación de este documento El texto definitivo de la regularización extraordinaria, aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de abril de 2026, no incluye la posibilidad de que las personas migrantes sustituyan el certificado de antecedentes penales por una declaración responsable. Esta opción sí aparecía contemplada en el borrador del texto, pero finalmente ha sido excluida. Así, las personas interesadas en acogerse a esta regularización deberán acreditar la ausencia de antecedentes en España, en país de origen, así como en los países en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España por medio de este certificado. El texto recogido en el BOE contempla que, si en el plazo de un mes, el país responsable de la emisión de este documento no lo ha remitido a la persona interesada, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podrá solicitarlo por vía diplomática a la autoridad competente. Cuidado con los contenidos que dicen que Sánchez dará 2.800 euros al mes durante dos años a inmigrantes regularizados: no hay rastro de esa ayuda A 29 de abril de 2026, no hay rastro de que el Gobierno haya aprobado o anunciado una ayuda de 2.800 euros al mes durante dos años para inmigrantes regularizados y sus familias, como afirma una imagen que circula simulando ser la portada de un periódico. Pero no consta que exista un medio español activo y reconocible con la cabecera “El Diario de España”. Además, dicha portada aparece fechada el 24 de mayo del año 2024. En cuanto a la forma en la que supuestamente se financiaría esta ayuda según el contenido, a 29 de abril de 2026, no existe ningún plan aprobado bajo el nombre "Plan de Inclusión y Cohesión social 2024-2026". Sí existe el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que sirve para ordenar la planificación, ejecución y seguimiento de las subvenciones gestionadas por el Ministerio. No es una ayuda directa y automática a familias inmigrantes regularizadas ni recoge, con esos términos, una prestación mensual de 2.800 euros durante dos años. Además, el texto de la regularización extraordinaria, en vigor desde el 16 de abril de 2026, no menciona ninguna prestación económica vinculada a la búsqueda de empleo. No, Bruselas no ha frenado la regularización extraordinaria de personas migrantes en España: se ha aprobado modificar el reglamento de retorno de la UE, que no tiene que ver con la regularización El Parlamento Europeo no ha frenado la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español, en vigor desde el 16 de abril de 2026. Ha aprobado la modificación del reglamento de retorno de personas migrantes procedentes de países extracomunitarios en situación administrativa irregular, una normativa que nada tiene que ver con el proceso de regularización extraordinaria. Este reglamento, que se encuentra en fase de negociaciones, plantea incluir novedades como enviar a personas migrantes en situación irregular a “centros de retorno” en terceros países. Esta medida, aunque ya estuviese en vigor, no afectaría a las personas en proceso de regularización en España, ya que las órdenes de expulsión por residir o trabajar sin autorización aplicadas a personas que se acojan a este proceso serán anuladas, según recoge el texto de la regularización.  Qué sabemos sobre el acceso de las personas migrantes regularizadas a pensiones de jubilación no contributivas: podrán cobrarlas después de 10 años de residencia legal en España Las personas migrantes que se acojan a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, en vigor desde el 16 de abril de 2026, tendrán derecho a una pensión de jubilación no contributiva pasados diez años, ya que deben acreditar ese periodo de tiempo de residencia legal en España antes de optar a esta prestación. Además, dos años tienen que ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. El derecho a esta prestación, por lo tanto, no será automático. Asimismo, durante el tiempo que dure el cobro de la pensión, deberán mantener su residencia en territorio español. En cuanto a los requisitos económicos, las personas solicitantes deberán acreditar carecer de ingresos o que estos no superen los 8.803,20 euros anuales, una cantidad que se corresponde con la cuantía máxima a percibir como pensión en 2026, lo que equivale a 628,80 euros mensuales.  Las pensiones de jubilación no contributivas las pueden solicitar los mayores de 65 años sin haber cotizado nunca o sin haber cotizado el mínimo de 15 años exigido para acceder a una pensión contributiva. Qué sabemos de los inmigrantes que acceden a la regularización y las pensiones: podrán solicitar la pensión no contributiva tras 10 años de residencia legal En este vídeo, publicado por la Asociación Rumiñahui, se ve a personas inmigrantes agradeciendo a la asociación por haberles ayudado a obtener el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos que pueden aportarse para acceder a la regularización extraordinaria que entró en vigor el 16 de abril. Las imágenes se están difundiendo junto a mensajes que dicen que, al obtener la regularización, estas personas podrán acceder a una pensión en España sin haber cotizado nunca. Pero para obtener una  pensión no contributiva (solo para mayores de 65 años que no tengan ingresos suficientes), primero tienen que acreditar haber residido en España durante, al menos, 10 años de manera legal, dos de los cuales deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación. Por ello, una persona migrante que aplique a la regularización extraordinaria no podrá acceder de manera inmediata a esta pensión. Además, la cuantía mensual que recibe una persona con una pensión no contributiva, no es la misma que la que recibe una persona con pensión contributiva.  Cuidado con los contenidos que afirman que inmigrantes de otros países europeos han llegado a España para regularizarse: Interior dice no tener constancia y sólo pueden acogerse si viven en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 Los contenidos afirman, sin pruebas, que tras la aprobación de la regularización extraordinaria, la policía ha emitido una alerta acerca de la llegada de miles de personas migrantes de Alemania, Bélgica, Reino Unido o Francia para acogerse a ella. El Ministerio del Interior niega a Maldita.es que exista tal alerta y dice no tener constancia de que se esté produciendo la entrada de personas procedentes de estos países para la regularización. Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirma que desde que se anunció la regularización, en enero de 2026, “no se ha registrado ningún repunte en las cifras de llegadas irregulares”. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, desde el 1 de enero hasta el 15 de abril de 2026, las llegadas de personas migrantes en situación irregular descendieron un 47,5% respecto al mismo periodo en 2025. Además, solo quienes estén situación irregular en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar cinco meses de residencia en el país podrán acogerse a esta figura. Así, ninguna persona que haya llegado en 2026 a España podrá beneficiarse de este trámite. No, este vídeo de una patera llegando a una playa de Almería no es actual y tampoco guarda relación con la regularización de personas migrantes en España Este vídeo, que muestra a un grupo de personas llegando en una patera a una playa, no es de 2026 y no tiene relación con la entrada en vigor el 16 de abril de la regularización extraordinaria de personas migrantes en España. Publicaciones de redes sociales comparten la grabación junto a mensajes que afirman que serían imágenes del “28-4-26” en Almería, supuestamente, como “resultado de la regularización masiva de Pedro Sánchez”. Aunque sí son imágenes grabadas en Almería, concretamente en la costa de Adra, pero no de este año, sino de 2024. Una búsqueda inversa de varios fotogramas del vídeo permite constatar que la grabación circula en internet desde el 20 de enero de 2024. En TikTok encontramos otra grabación publicada un día después que muestra la misma escena desde otra perspectiva. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Almería publicó el vídeo en Twitter (ahora X) el 20 de enero de 2024 ubicando las imágenes en la playa de Adra ese mismo sábado 20 a las dos de la tarde. El diario de Almería también compartió la grabación el 23 de enero. ABC y El Español publicaron las imágenes para afirmar que la Guardia Civil había rescatado “el cadáver de una persona en aguas de Adra” que “viajaba en una patera”.  No, este vídeo no muestra "barcos llenos de inmigrantes" rumbo a España en 2026 ni tiene relación con la regularización de migrantes Este vídeo no muestra “barcos llenos de inmigrantes ilegales” rumbo a España, no es de 2026, ni tiene relación con la entrada en vigor de la regularización extraordinaria de personas del 16 de abril de este mismo año. El video original fue publicado en redes sociales por el usuario Hamad Bavly en abril de 2025. En sus videos de Youtube, Bavly narra su experiencia migrando hacia Europa desde Egipto y asegura que el video lo grabó en 2022 en un barco rumbo a Italia en el que viajaban 584 personas. En su video no menciona a España en ningún momento. A la par, en su testimonio, compartió otros videos y fotografías del mismo barco desde distintos ángulos. Según la web El Cairo 24, Bavly afirmó que publicó el vídeo en 2025 “para concienciar a la gente”.  Estas mismas imágenes también se difundieron en febrero de 2026 tras el anuncio de la regularización extraordinaria de personas migrantes, que ha entrado en vigor en abril. Además, solo las personas que se encontraban en situación administrativa irregular y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026 podrán acceder al proceso de regularización,  por lo que no afecta a quienes lleguen después ni supone un incentivo para nuevas entradas. No, este vídeo no es de "inmigrantes ilegales" regularizados peleándose en la estación de Atocha: ocurrió en India El vídeo que se atribuye a la estación de Atocha (Madrid) “tras la regularización masiva de inmigrantes ilegales de Pedro Sánchez” es en realidad de la estación de Manmad, en el estado de Maharashtra, India. Las imágenes difundidas recogen el momento en el que varios hombres trepan al techo de un tren y luego escalan la estructura de la catenaria. Los letreros del tren están escritos en hindi, y algunas páginas de sucesos que comparten el vídeo recogen el acontecimiento como “una violenta y temeraria pelea”. También denuncian la “enorme deficiencia en la seguridad pública y ferroviaria” de la estación de tren de Manmad, en Maharashtra. Qué sabemos sobre las ayudas y derechos a los que pueden acceder los "inmigrantes ilegales" al regularizarse que menciona esta imagen La imagen mezcla derechos que ya se reconocen a las personas migrantes en situación irregular con residencia efectiva en España, como el acceso a la sanidad en los mismos términos que los españoles, con ayudas que, además de la regularización, exigen tiempo mínimo de residencia legal en España. Este es el caso del Ingreso Mínimo Vital, que exige llevar al menos un año viviendo en España de manera regular. Otras de las prestaciones mencionadas, en cambio, sí se pueden obtener a partir de la regularización, como las ayudas al alquiler o el abono único de transportes.   La acreditación de la vulnerabilidad es otro de los factores que permite a las personas, tanto españolas como extranjeras, acceder a determinadas prestaciones en igualdad de condiciones, sin preferencia por nacionalidad. Qué sabemos de los "más de 2,5 millones de extranjeros" que, supuestamente, han pedido nacionalizarse "con derecho a voto": se acogieron a la Ley de Memoria Democrática, un procedimiento distinto al de la regularización extraordinaria La afirmación de que más de 2,5 millones de extranjeros o “inmigrantes” piden nacionalizarse con derecho a voto se ha vinculado  con la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, que el Gobierno estima que beneficiará a 500.000 personas. Pero son dos cosas distintas. Las solicitudes de nacionalización a las que se refieren los contenidos difundidos se tramitan a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida también como ‘ley de nietos’, que aplica para descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo y a los hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad española al casarse. El plazo para postularse a este proceso cerró el 22 de octubre de 2025. En cambio, la regularización extraordinaria, en vigor desde el 16 de abril de 2026, está dirigida a personas inmigrantes que viven en España en situación irregular y que puedan acreditar que lo han hecho durante al menos los cinco meses anteriores al 31 de diciembre de 2025. Las personas que se beneficien de este procedimiento no obtendrán la nacionalidad española, solo una autorización de residencia y trabajo.  En cuanto al derecho a voto, las personas que obtengan la nacionalidad española sí podrán ejercer su derecho a voto en España aunque residan en el extranjero. En cambio, quienes se regularicen, no tendrán automáticamente el derecho a voto. En el caso de las elecciones generales y autonómicas, solo pueden participar las personas con nacionalidad española, mientras que en las municipales pueden participar extranjeros con residencia legal en España siempre que exista un acuerdo de reciprocidad con su país de origen y cumplan con los requisitos establecidos en estos. La homologación de más de 30.000 títulos de Medicina extranjeros y la regularización extraordinaria: son procesos independientes y la homologación es de 2025 La regularización extraordinaria y la homologación de títulos extranjeros son procesos independientes y no están relacionados entre sí, como ha contado el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades a Maldita.es. La regularización extraordinaria entró en vigor el 16 de abril, mientras que la cifra de 30.303 títulos de Medicina homologados difundida se corresponde con el año 2025, según el último informe de homologaciones presentado por el mencionado Ministerio. Esta cantidad supone casi el 80% del total de  homologaciones que se realizaron ese año y supera, con mucha diferencia, a los convalidados en años anteriores debido a un “rediseño del sistema”, tanto a nivel tecnológico, con la automatización y robotización de algunos procedimientos, como a nivel normativo, imponiendo plazos máximos de apertura y resolución de expedientes o priorizando expedientes en función de las demandas del mercado laboral.  En cuanto a la procedencia de los expedientes resueltos, después de los españoles con títulos obtenidos en el extranjero, las personas de Colombia, Venezuela y Cuba son las que más homologaciones obtuvieron en 2025.  Qué sabemos sobre si "España ha regularizado a estos tres asesinos de dos chicas noruegas": fueron condenados en Marruecos en 2019 y se difunde sin pruebas Los tres hombres marroquíes de la imagen fueron condenados en Marruecos en 2019 por asesinar a dos jóvenes escandinavas, según informó BBC, The Guardian, El País o El Mundo. Los asesinos, partidarios del DAESH (autodenominado Estado Islámico), degollaron, decapitaron y grabaron a las víctimas en 2018 y los condenaron a pena de muerte al año siguiente, indica la prensa. Aunque “los tribunales continúan dictando sentencias de muerte” en Marruecos, “no se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1993”, afirmaba Amnistía Internacional en 2018. En 2019, cuando los condenaron, se registraron siete condenas de muerte, pero ninguna ejecución. En 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 tampoco hubo ejecuciones, según Amnistía Internacional.  En cuanto a si estas personas “están en España regularizando la nacionalidad”, la afirmación circula sin pruebas que lo respalde. Estas imágenes también se han compartido en otros contextos. Además, la regularización no concede la nacionalidad española, son procesos diferentes.
Qué sabemos sobre que la regularización “convertirá en españoles a 500.000 africanos”: el 91% son de América y la regularización no les concede automáticamente la nacionalidad española El Gobierno ha cifrado en 500.000 personas migrantes en situación irregular las beneficiadas por la regularización extraordinaria, pero no ha aclarado de dónde sale esa cifra frente al total de 837.978 que se estima estaban en irregularidad administrativa a 1 de enero de 2025. De estas, el 91% (763.435) proceden del continente americano, con especial representación de Colombia (287.955), Perú (107.520) y Honduras (90.294), según el último informe de Funcas, un centro de análisis dedicado a la investigación económica y social. El Gobierno tampoco ha hablado públicamente de los orígenes del grupo de potenciales beneficiarios, ya que no existe una base de datos oficial que recoja el número de personas migrantes en situación irregular en España, como ha contado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Maldita.es. Según el informe de Funcas, el segundo grupo más numeroso de personas en situación irregular procede de África, que en enero de 2025 sumaba 44.954 personas, siendo Argelia (17.765) y Marruecos (20.693) los países con más nacionales en España. Ninguna de estas personas adquirirá automáticamente la nacionalidad española al regularizarse. La nacionalidad por residencia requiere, al menos, de 10 años de residencia “legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición”, salvo para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, a quienes se exige dos años de residencia legal. Además, se requiere la superación de dos pruebas en el Instituto Cervantes.

La tarjeta de apoderada no es la de Adelante Andalucía

En el vídeo se asegura que la mujer de menor edad es “apoderada” o “colaboradora” de Adelante Andalucía, pero en la imagen comparativa, el logo que lleva la mujer en su tarjeta de apoderada coincide con el de Centrados Molvízar. Adelante Andalucía publicó en mayo de 2023 en su cuenta de Twitter (ahora X) que la credencial que lleva no es del partido y que tampoco se presentaban en el pueblo.

Como vemos en la imagen, la tarjeta de apoderada que porta la mujer en el vídeo es blanca con un fragmento verde en la parte inferior, que además es en horizontal. En cambio, la tarjeta de apoderado de Adelante Andalucía que proporcionó el partido a Maldita.es, está en horizontal y se aprecia el nombre del partido en grande.

* Esta información se ha actualizado el 11/05/2025 por nuevos contenidos que comenzar a circular con la misma grabación.

En cuanto al tratamiento, según la revista científica de la Asociación Española de Pediatría, el enfoque debe ser multidisciplinar y dirigido principalmente a mantener una adecuada ventilación. Los pacientes, “necesitan asistencia respiratoria mediante una máquina (ventilación mecánica) o un dispositivo que estimule un patrón respiratorio normal (marcapasos de diafragma)”, señala el portal Medline, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y añade que algunos “necesitan este apoyo las 24 horas del día, mientras que otras solo lo necesitan por la noche”. 

Sobre el pronóstico de estos pacientes, conforme existe un mayor conocimiento y soporte tecnológico, este “ha ido mejorando”, aunque sigue limitado “por las complicaciones derivadas de la ventilación mecánica prolongada”. La expectativa de vida y el grado de discapacidad intelectual derivado dependen de la gravedad del trastorno, el momento del diagnóstico y el éxito del tratamiento.

En relación al caso de Thiago, desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con la cuenta de Instagram a la que apelan los vídeos (@thiago_siguerespirando), desde donde responden que el caso “es real” y que se dispone de “todos los informes médicos y pruebas genéticas”. Además, desde la Asociación Síndrome de Ondine “manifiestan públicamente” que el caso del menor “es real y corresponde a una familia que forma parte activa de la asociación”, según un comunicado publicado la noche del 17 de febrero.

Las ayudas económicas específicas para las mujeres víctimas de violencia de género en España no tienen carácter vitalicio

En agosto de 2024, el Ministerio de Igualdad publicó la nueva edición de la Guía de Derechos para Víctimas de Violencia de Género y Violencias Sexuales. En ella se recogen, entre otras cosas, las prestaciones económicas a las que pueden acceder las mujeres víctimas de violencia de género. Algunas de estas ayudas son exclusivas para quienes acrediten esta situación, pero otras son prestaciones genéricas que incluyen un supuesto específico para víctimas de violencia de género:

• Ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia de género con especiales dificultades para obtener un empleo: esta prestación está dirigida a mujeres víctimas de violencia de género con rentas inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional y que por edad, falta de preparación o circunstancias sociales, tengan dificultades para acceder a un empleo. Esta última circunstancia deberá ser acreditada mediante un informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esta prestación se abona en un pago único, no “de por vida”, como afirman algunos contenidos, y la cuantía dependerá de la carga familiar de la mujer. Las comunidades autónomas son las encargadas de tramitar esta prestación, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que si bien es compatible con otras ayudas previstas en la Ley 35/1995 de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género, es incompatible con otras ayudas que tengan la misma finalidad y con la Renta Activa de Inserción (RAI). Frente a los contenidos que afirman que esta prestación se puede cobrar desde el extranjero, el Ministerio de la Presidencia ha contado a Maldita.es que "la ayuda se da independientemente de lo que haga la víctima luego”.

• Renta Activa de Inserción (RAI): aunque se derogó el 1 de noviembre de 2024, las personas que ya tenían reconocida esta prestación, continuarán percibiéndola hasta cumplir el periodo íntegro. Se trata de una ayuda económica gestionada por el SEPE que no es exclusiva para mujeres víctimas de violencia de género, sino que se le concedía a las personas desempleadas que no tenían derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo y que formaban parte del programa de Renta Activa de Inserción, orientado a “incrementar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo”. Las mujeres víctimas de violencia de género que quisieran beneficiarse de esta prestación debían acreditar su condición de víctimas, estar inscritas como demandantes de empleo, no convivir con su agresor, ser menor de 65 años y mayor de 45 y carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. La cuantía de la RAI era el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y tenía una duración máxima de 11 meses. Además, las víctimas de violencia de género podían percibir una ayuda adicional de pago único si se habían visto obligadas a cambiar de residencia por sus circunstancias de violencia de género.

• Subsidio por desempleo para las personas víctimas de violencia de género: esta prestación se introduce a través del Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, y sustituye a la Renta Activa de Inserción (RAI). Las víctimas de violencia de género acreditadas como tal pueden acceder a esta ayuda si reúnen requisitos como no tener derecho a la prestación por desempleo contributivo, estar inscritas como demandantes de empleo o carecer de rentas propias, entre otros. La duración máxima de esta prestación es de 30 meses, salvo para quienes se hubieran beneficiado de la RAI con anterioridad, en cuyo caso la duración se reduce a 20 meses.

El Ingreso Mínimo Vital exige tener residencia legal y efectiva en España tanto al solicitar la prestación como durante su percepción

Las mujeres víctimas de violencia de género también pueden beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda estatal orientada a prevenir el riesgo de pobreza o exclusión social que no es exclusiva para personas en situación de violencia, pero que les flexibiliza los requisitos. 

A diferencia de lo exigido a otros beneficiarios, las víctimas de violencia de género no tienen que cumplir con la exigencia de tener 23 años como mínimo ni tampoco están obligadas a estar unidas por matrimonio o pareja de hecho. También se les elimina el requisito de formar parte de otra unidad de convivencia, siendo consideradas ellas y sus hijos o familiares de hasta segundo grado una unidad en sí misma. En este último caso, se prevé un complemento del 22% de la cuantía establecida por la situación de violencia.  

Además, tampoco se les exigirá haber residido en España de manera ininterrumpida durante, al menos, el año anterior a la presentación de la solicitud, aunque desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuentan a Maldita.es que “uno de los requisitos para acceder a esta prestación es la residencia en España”, que debe cumplirse “tanto en el momento de la presentación de la solicitud como durante la percepción de la prestación”.

En el caso de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, Raquel López Merchán, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, experta en migración, mujer y violencia de género y maldita que nos ha prestado sus superpoderes, cuenta que pueden “acreditar la residencia legal en España con la autorización provisional de residencia” que expide la autoridad competente en esta materia. 

El IMV no tiene una duración máxima, sino que se continúa cobrando “mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en la Ley”. Entre esos requisitos está no trasladarse al extranjero más de 90 días naturales durante un año, sin comunicar y sin justificación, por lo que ningún beneficiario puede vivir fuera de España y continuar cobrando la ayuda.

Algunas comunidades también otorgan ayudas económicas específicas para víctimas de violencia de género que tampoco son vitalicias

Algunas comunidades autónomas ponen a disposición de las víctimas de violencia de género ayudas económicas: 

• Andalucía: en noviembre de 2023, se aprobaron por primera vez las prestaciones económicas para menores hijos de mujeres víctimas mortales de violencia de género residentes en Andalucía. Esta ayuda está orientada a “garantizar la cobertura de las necesidades básicas materiales de las personas beneficiarias hasta su mayoría de edad”. 

• Asturias: contempla diferentes cuantías para mujeres víctimas de violencia de género y/o violencia vicaria, y para hijos de víctimas mortales por violencia de género, empadronados y con residencia efectiva en el Principado. En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia vicaria, esto es, homicidio o asesinato de los hijos, pueden recibir un único pago anual de 3.000 euros si cumplen con los requisitos establecidos. Esta ayuda podrá ser solicitada durante tres años, consecutivos o no. En el caso de los hijos de víctimas mortales por violencia de género menores de 26 años, podrán beneficiarse de un pago único anual de 6.000 euros que puede ser renovado anualmente. 

• Comunidad Valenciana: existe un paquete de ayudas de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género que está destinado a cubrir necesidades básicas, como alimentación e higiene; necesidades de alojamiento; necesidades de transporte o desplazamientos; y cualquier otra necesidad que procure “tanto la seguridad como la protección de las víctimas”. 

• Galicia: desde enero de 2025, las víctimas de violencia de género empadronadas y con residencia efectiva en Galicia pueden optar a una prestación económica que tiene el objetivo de “garantizarles unas condiciones suficientes de independencia económica respecto del agresor”. En el caso de las mujeres extranjeras, deberán acreditar residencia legal en España. La cuantía varía entre los 200 y los 800 euros mensuales, hasta un máximo de doce meses, en función de las rentas e ingresos de la solicitante, el grado de discapacidad o los menores a su cargo. 

• País Vasco: en función del grado de discapacidad y del número de personas a su cargo, las mujeres víctimas de violencia de género empadronadas y con residencia efectiva en País Vasco pueden acceder a una ayuda económica de pago único para “facilitar tanto su independencia económica como su inclusión social”. Las cuantías van desde los 3.420 hasta los 12.420 euros. 

• Castilla  y León: los hijos menores de edad de víctimas de violencia de género residentes en Castilla y León pueden acceder a una prestación económica orientada a cubrir sus necesidades básicas materiales y educativas. La cuantía es de 5.000 euros anuales hasta alcanzar la mayoría de edad. Además, los hijos huérfanos de víctimas de violencia de género mayores de 18 años también tendrán acceso gratuito a estudios universitarios públicos o privados en una universidad de Castilla y León. 

• Castilla-La Mancha: las mujeres víctimas de “violencia doméstica” que sufran lesiones, secuelas o daños psíquicos graves que les provoquen una incapacidad temporal mínima de 4 meses o incapacidad permanente podrán optar a una “ayuda de solidaridad”. Su importe variará en función de la renta, el número de integrantes de la unidad familiar y las secuelas o daños de la víctima, pero no puede ser inferior, en ningún caso, al triple del salario mínimo interprofesional mensual. Además, los hijos menores de 21 años (25 en caso de tener reconocido un grado de discapacidad superior al 33%) de mujeres víctimas mortales de la violencia de género también tendrán derecho a una prestación compensatoria. 

• Baleares: las víctimas de violencia machista que se encuentren en paro y sean alumnas de acciones formativas previstas por el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) tendrán derecho a una beca durante sus estudios de 10 euros por día lectivo hasta la finalización del curso, así como a ayudas en concepto de transporte, manutención y alojamiento y conciliación. 

• Aragón: el Gobierno de Aragón prevé la concesión de prestaciones complementarias para hijos menores de edad de mujeres víctimas mortales por violencia de género empadronados en Aragón y para mujeres víctimas de violencia de género mayores de 65 años. La ayuda concedida se concederá con periodicidad mensual hasta alcanzar la mayoría de edad en el caso de los hijos y en forma de pago único en el caso de las mujeres de más de 65 años. 

• Navarra: las mujeres víctimas de violencia de género que se encuentren en “situación grave de riesgo personal”, deban abandonar su residencia habitual y carezcan de medios económicos para hacer frente a sus necesidades básicas pueden optar a una ayuda de emergencia social. Su objetivo es cubrir las necesidades de la solicitante, así como de sus hijos menores o personas a su cargo hasta el segundo grado de consanguinidad. Esta ayuda solo se podrá conceder una vez y su cuantía dependerá de las circunstancias de cada solicitante. 

• Comunidad de Madrid: las mujeres víctimas de violencia de género que hayan residido en alguno de los centros residenciales de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid pueden acceder a una prestación específica destinada a apoyar su autonomía e inserción social. Las cuantías varían entre los 2.400 y los 4.800 euros, en función de las circunstancias personales. Además, los hijos menores de edad de mujeres asesinadas por violencia de género también pueden acceder a una ayuda de pago único que será dos veces el importe del IPREM. 

• Extremadura: desde la Junta de Extremadura se prevén ayudas para facilitar la “recuperación integral” de las mujeres víctimas de violencia de género. Además de tener acreditada esta situación de violencia, las beneficiarias deben disponer de unas rentas o ingresos mensuales inferiores a 2,5 veces el IPREM, no convivir con su agresor y disponer de un informe positivo del Instituto de la Mujer de Extremadura en el que conste la estrategia de intervención a seguir. La cuantía se abonará en un pago único y no podrá superar los 5.000 euros, aunque podrá solicitarse hasta en dos ocasiones más. 

Además, las comunidades autónomas también cuentan con programas de ayuda para mujeres víctimas de violencia de género sin una solución habitacional inmediata. 

Las ayudas específicas para víctimas de violencia de género exigen una acreditación oficial de esta situación

Para poder optar a ayudas específicas por violencia de género, es necesario una acreditación oficial que reconozca esta situación. El artículo 23 de la Ley contra la Violencia de Género establece como vías para dicha acreditación una “sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima”. También reconoce como vía válida para la acreditación un  informe del Ministerio Fiscal que “indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género”. 

También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en disposiciones normativas. 

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El 27/08/2025 se actualizó este artículo para añadir las novedades sobre las prestaciones económicas para mujeres víctimas de violencia de género. 

El 01/02/2024 se actualizó este artículo para añadir el texto con el que se estaba difundiendo el bulo

El 08/06/2023 se actualizó este artículo para añadir las novedades sobre las prestaciones económicas para mujeres víctimas de violencia de género.

El 26/01/2026 se ha actualizado este artículo para adaptarlo a nueva metodología de Maldita.es.

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En este artículo ha colaborado con sus superpoderes la doctora en Derecho y Ciencias Sociales Raquel López Merchán, que forma parte de Superpoderosas, un proyecto de Maldita.es en colaboración con FECYT que busca aumentar la presencia de científicas y expertas en el discurso público a través de la colaboración en la lucha contra la desinformación.

Gracias a vuestros superpoderes, conocimientos y experiencia podemos luchar más y mejor contra la mentira. La comunidad de Maldita.es sois imprescindibles para parar la desinformación. Ayúdanos en esta batalla: mándanos los bulos que te lleguen a nuestro servicio de WhatsApp, préstanos tus superpoderes, difunde nuestros desmentidos y hazte Embajador.

Desde Ecovidrio aseguran a Maldita.es que la recaudación ya no está activa

La iniciativa de Ecovidrio, en colaboración con la asociación DalecandELA, promovía la difusión de un vídeo sobre el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que se lanzó el 21 de junio de 2023 en YouTube. Su objetivo era alcanzar 300.000 reproducciones para poder donar 6.000 euros a la asociación de Jaime Lafita. 

Desde el departamento de comunicación de Ecovidrio aseguran a Maldita.es que la recaudación se llevó a cabo en verano de 2023, momento en el que se alcanzaron las reproducciones. Por lo tanto, la recaudación ya no está activa.

En la descripción del vídeo publicado en YouTube la entidad añade que ya han conseguido el objetivo marcado.

No se puede recaudar dinero difundiendo un vídeo o una imagen por WhatsApp

La campaña de Ecovidrio perseguía conseguir las 300.000 visitas en YouTube. Sin embargo, ahora se está difundiendo como una cadena de WhatsApp. Como se puede leer en su apartado de preguntas frecuentes, WhatsApp utiliza "el cifrado de extremo a extremo" lo que hace que "sólo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo". 

Por tanto, compartir un vídeo o una imagen por WhatsApp no hace que se recaude dinero porque nadie sabe cuántas veces se reenvía y la plataforma no conoce el contenido del vídeo qué se está compartiendo. 

La única manera de recaudar dinero sería pinchando en el enlace del vídeo de YouTube, pero a 29 de enero no tendría ningún efecto porque la recaudación ya no está activa. 

En Maldita.es ya hemos explicado cómo puede una campaña online generar dinero por las visitas que tenga un vídeo. Así mismo, hemos alertado de casos similares como el vídeo de esta niña para recaudar supuestos fondos para que la operen de cáncer o esta cadena viral de 2017 que aseguraba que por cada 10 personas con las que compartieras esa misma fotografía se dedicaría “1 euro para la investigación contra el cáncer”.

Los números de teléfono que aparecen en la imagen no pertenecen a España, sino a Argentina. Varios diarios argentinos reportaron este nuevo intento de robo ubicándolo en diferentes ciudades del país. No hay rastro de ningún comunicado oficial que alerte de este intento de robo ni de las instituciones argentinas ni de las españolas. Desde Maldita.es hemos preguntado a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero hasta el momento no ha habido respuesta. 

Los números de teléfono tienen el prefijo de Buenos Aires, Argentina

La Policía Nacional aseguró a Maldita.es en 2024 no tener constancia de que se hayan dado casos de esta supuesta modalidad de robo en España. En 2025, hemos contactado de nuevo con este organismo, pero no han contestado a las consultas. 

Además, los números de teléfono que se muestran en la imagen no pertenecen a España, sino que van precedidos por el prefijo telefónico 11, que pertenece a Buenos Aires.

Al hacer una búsqueda en Google de ese texto aparecen varias publicaciones de diarios argentinos advirtiendo de esta supuesta modalidad de robo junto a la imagen que está circulando. Algunas de estas publicaciones indican que este intento de estafa se ha dado en las ciudades argentinas de Neuquén, Necochea y Quequén. 

Según se detalla en estas publicaciones, el modus operandi consiste en tirar una llave, que lleva escrito un número de teléfono, en un sitio público. Cuando una persona llama al teléfono para notificar al supuesto dueño de la llave, los delincuentes piden la dirección de su domicilio para, supuestamente, ir a recuperarla. Es entonces cuando ingresan en el domicilio y cometen el robo.

No hay rastro de ningún comunicado oficial alertando de este supuesto intento de robo 

Las publicaciones señalan que “la policía de la provincia de Buenos Aires” y  “jefaturas de policías de distintas regiones de Buenos Aires” han alertado de esta supuesta actividad delictiva. Sin embargo, no hay rastro de ningún comunicado oficial por parte de la Policía de Buenos Aires ni de las ciudades argentinas donde supuestamente se reportaron los casos. Tampoco hay rastro de ningún comunicado de la Policía Nacional de España. 

Desde Maldita.es hemos contactado con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con los departamentos de policía donde supuestamente se localizaron los casos pero hasta el momento no ha habido respuesta. 

¿Qué es Chat Control? 

Hay dos reglamentos de la Unión Europea que se conocen popularmente como Chat Control y ambos abordan cómo las plataformas deben detectar material de abuso sexual infantil (CSAM) en los mensajes de sus usuarios.

Uno estuvo vigente entre agosto de 2021 y expiró en abril de 2026: el reglamento conocido como Chat Control 1.0, que entró en vigor para derogar temporalmente algunas disposiciones de la directiva ePrivacy que trata sobre la privacidad de las comunicaciones electrónicas. La medida “permitía la detección voluntaria, por parte de las plataformas de internet, de material de abuso sexual infantil en línea”, según la Sala de Prensa del Parlamento Europeo. El 10 de abril de 2024, el Parlamento Europeo votó a favor de extenderlo hasta el 3 de abril de 2026, tras vencer su fecha límite inicial, para que se pudiera alcanzar un acuerdo sobre el marco jurídico a largo plazo. Pero a 5 de mayo de 2026 ese acuerdo no ha llegado.

Ante esto, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE negociaron una nueva prórroga temporal de Chat Control 1.0 el 16 de marzo de 2026, pero no se alcanzó un acuerdo y el reglamento expiró el 3 de abril de 2026. El Parlamento votó en contra en la primera lectura legislativa porque quería que la prórroga fuera hasta agosto de 2027 (no hasta abril de 2028, como proponía la Comisión) y “limitar el alcance de las medidas para garantizar su proporcionalidad” con la protección de la privacidad. Con esto se refería a que las medidas no afecten a comunicaciones cifradas de extremo a extremo y que no permitan el escaneo de datos de tráfico junto con los de contenido, que el rastreo se aplique “al material que ya haya sido identificado o señalado como material de abuso sexual infantil por un usuario” y a “los usuarios o grupos de usuarios sobre los que haya una sospecha razonable, manifestada por una autoridad judicial, de conexión con ese tipo de material ”, como argumentó en su postura el 11 de marzo.

El Parlamento también argumentó que “la Comisión carece de pruebas claras de eficacia de las medidas” y que “solicitó un enfoque más específico”. El informe que había presentado la Comisión afirma que “los datos disponibles son insuficientes para dar una respuesta definitiva” sobre su proporcionalidad. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) recogió una caída en el número de informes en 2024 y “lo atribuyó, en parte, (...) al cifrado de extremo a extremo”, afirma la Comisión. Por su parte, INHOPE registró un aumento de los informes en 2025 y afirma que el material de abuso sexual infantil se encuentra “principalmente en foros y comunidades en línea abiertas”.

El otro reglamento es justamente el marco jurídico a largo plazo en el que se sigue trabajando. El Reglamento 2022/0155 o 'Reglamento para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores’, también conocido como Chat Control 2.0, es una propuesta que fue presentado por la Comisión Europea el 11 de mayo de 2022. Ella Jakubowska, responsable de Políticas Públicas de European Digital Rights (EDRi), explicó a Maldita.es que surge como un “marco legal permanente (que sustituya a Chat Control 1.0) que se podría usar para obligar a las plataformas y servicios en línea a escanear los mensajes privados de los usuarios”. 

¿En qué punto está la propuesta de Chat Control 2.0?

A la fecha, Chat Control 2.0 sigue siendo una propuesta, por lo que aún puede sufrir modificaciones. El 26 de noviembre de 2025, el Consejo Europeo adoptó su posición, en la que apostó por eliminar la detección obligatoria y reforzar los requerimientos a las plataformas para que adopten medidas de mitigación contra la difusión de CSAM. “El Consejo quiere convertir en permanente una medida, actualmente temporal, que permite a las empresas analizar voluntariamente sus servicios en busca de abuso sexual infantil”, señala el comunicado de prensa del Consejo. 

La resolución llegó durante la presidencia danesa del Consejo Europeo que priorizó en su programa “la labor relativa al Reglamento y la Directiva sobre el abuso sexual infantil”. Una petición viral para detener la regulación acusaba a la presidencia de “colar” su aprobación el 26 de noviembre de 2025 “a través de un proceso silencioso para que nadie lo notara”. Desde la Unión Europea indican a Maldita.es que la posición adoptada se ha conseguido a través de “un procedimiento estándar dentro del Consejo” y que la agenda de dicha reunión era pública. 

El Consejo alcanzó así un acuerdo dos años después que el Parlamento, que votó su posición en noviembre de 2023. En su resolución, el Parlamento también apostó por la implementación de medidas de mitigación, pero señaló que cuando no fueran suficientes “se utilizarán órdenes de detección validadas por los tribunales para rastrear material ilegal”. Sin embargo, en su posición se excluye de la detección el material cifrado de extremo a extremo. 

Después de que el Consejo y el Parlamento adoptaron sus posiciones, el reglamento ha seguido su curso legislativo en los diálogos tripartitos. El texto que resultase de estas negociaciones tendrá que ser otra vez votado en el pleno del Parlamento y adoptado por el Consejo antes de publicarse oficialmente en el Diario Oficial de la Unión Europea. Desde la Unión Europea recalcan a Maldita.es que “a este punto, es imposible predecir cuándo será finalmente adoptada (y cuando entrará en vigor)”. Hasta la fecha, “aún se mantienen las negociaciones con el Consejo”, afirmó el Parlamento el 17 de marzo de 2026.

¿Qué ha pasado con la posición de Alemania respecto a la propuesta?

En octubre de 2025, circularon contenidos que aseguraban que Alemania había “bloqueado Chat Control”. Esto debido a que el 14 de octubre de 2025 estaba programado que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior deliberara sobre la propuesta de Chat Control 2.0. Pero el 8 de octubre, el Parlamento Federal alemán comunicó que Alemania no respaldaría la propuesta de la presidencia danesa. 

Después del anuncio de Alemania, el debate sobre el reglamento se eliminó de la agenda, algo que desde el Consejo Europeo indicaron a Maldita.es. No hay confirmación oficial de que este cambio haya sido por la oposición de Alemania, pero sitios web de noticias, como Euronews, han señalado que su negativa ha congelado la votación de la regulación. 

La votación que se llevaría a cabo el 14 de octubre requería una mayoría cualificada para que el Consejo adoptara la propuesta, es decir, el voto a favor del 55% de los Estados miembros, que representan al menos el 65% de la población de la UE. Si la votación se hubiera llevado a cabo, el voto alemán, sumado a los de los otros ocho países también posicionados en contra, habría hecho que la propuesta no saliera adelante.

Aunque se hubiera llegado a un acuerdo en el Consejo, el reglamento no hubiera entrado inmediatamente en vigor (como aseguraba un vídeo viral). Antes de que se cancelara la deliberación, Maldita.es consultó al Consejo Europeo sobre el tema y, en respuesta, precisaron que la regulación “no entrará en vigor el 14 de octubre: El Consejo de la UE puede probablemente alcanzar un acuerdo en su posición, pero este no es el final del proceso”. 

En una conferencia de prensa el 13 de octubre, el ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, afirmó: “Vamos a seguir con las negociaciones las próximas semanas de manera bilateral para intentar alcanzar un compromiso”. Un acuerdo que se alcanzó el 26 de noviembre de 2025. 

¿Quién tiene acceso a nuestros mensajes privados?

En un vídeo viralizado se indica que Chat Control “ya ha pasado todas las fases en el Parlamento Europeo para poder tener acceso a todos los mensajes privados de los europeos”. Pero tanto en la legislación que estuvo vigente como en la propuesta, serían las plataformas las que acceden y revisan con tecnologías específicas los mensajes de los usuarios. “Ninguna institución europea tendría acceso a los mensajes privados de los europeos en ningún caso”, destaca la asociación comercial de empresas de comunicaciones y tecnología Communications Industry Association Europe (CCIA).

La asociación añade que Chat Control 1.0 “solamente permite a los proveedores de servicios de comunicación interpersonal continuar con la detección y eliminación proactiva de material de abuso sexual infantil”. En ese sentido, Jabukowska recuerda que “permite a los proveedores revisar las comunicaciones privadas, pero no los obliga”. 

En el artículo 3 del reglamento, se indica que las tecnologías usadas deben ser “las menos intrusivas para la intimidad” y, si se utilizan para escanear mensajes, “que no sean capaces de deducir la sustancia del contenido, sino que sean únicamente capaces de detectar patrones que apunten a posibles abusos sexuales de menores en línea”. Si una plataforma detecta CSAM, debe denunciar a “las autoridades policiales y judiciales competentes o a organizaciones que actúen en interés público contra los abusos sexuales de menores”. 

Pero incluso antes de su entrada en vigor en 2021, plataformas como Facebook, Instagram y TikTok ya tenían acceso a nuestras conversaciones y decían utilizar de forma voluntaria tecnologías específicas con el fin de detectar el abuso sexual de menores en línea. Esto, antes de que Meta activara por defecto el cifrado de extremo a extremo para los mensajes de Facebook Messenger e Instagram en 2023. 

Actualmente, en España, sólo se puede acceder a las comunicaciones, sean por el medio que sean, mediante una orden judicial, y las plataformas tienen el "deber de colaboración" si son requeridas por un juez. Sin embargo, en el caso de las comunicaciones cifradas de extremo a extremo no se puede acceder a los mensajes, y, por tanto, incluso aunque hubiera una orden judicial, a día de hoy las plataformas no podrían garantizarlo.

En el caso de Chat Control 2.0, la propuesta inicial de la Comisión sí que podría obligar a las empresas tecnológicas a identificar y eliminar material de abuso sexual infantil. Pero es importante recordar que este texto sigue siendo una propuesta y puede sufrir modificaciones a lo largo del proceso legislativo hasta ser aprobada.

¿Qué tecnología deberán usar las empresas para el escaneo con Chat Control 2.0?

En un contenido que se ha viralizado sobre Chat Control 2.0 se asegura que esta propuesta 

“propone utilizar el client-side scanning para inspeccionar los mensajes antes de que se cifren en tu teléfono”. 

El client-side scanning  es una técnica que permite analizar el contenido “directamente en el dispositivo del usuario, antes de que el mensaje, la foto o el vídeo sean cifrados y enviados”, explica Jorge Louzao, experto en ciberseguridad y maldito que nos ha prestado sus superpoderes. La organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, Internet Society, precisa que el client-side scanning funciona analizando “el contenido de los mensajes en busca de coincidencias o similitudes con una base de datos de contenido objetable antes de enviar el mensaje al destinatario”. 

Pero la propuesta de la Comisión Europea no menciona explícitamente en su texto esta técnica. Louzao dice que “deja libertad [a las plataformas] para decidir qué herramientas usar, pero exige que sean eficaces, fiables y lo menos intrusivas posible”. Sin embargo, el experto añade que, en el caso de las plataformas cifradas, “esa tecnología parece la única forma realista de cumplir con las obligaciones de detección sin debilitar el cifrado en tránsito”. De momento, no hay mención oficial a ello en el texto de la Comisión Europea.

Con Chat Control 2.0, ¿los mensajes serán escaneados antes de cifrarse? 

Un vídeo viral asegura que “cada foto, cada mensaje, cada audio, será escaneado antes de cifrarse”. Sobre esto, CCIA Europe explica a Maldita.es que, según la propuesta inicial de la Comisión, “los mensajes de los usuarios se escanearían antes del cifrado, pero solo una vez que los proveedores reciban la orden de detección emitida por una autoridad judicial competente o una autoridad administrativa independiente del Estado miembro”. Es decir, los mensajes de los usuarios serían escaneados antes de cifrarse solamente si las plataformas reciben la orden de hacerlo, y la orden para ese escaneo podría dictarla un organismo administrativo independiente, no solo un juez.

¿Cuáles son los riesgos de privacidad asociados a romper el cifrado de extremo a extremo? 

La propuesta presentada por la Comisión de Chat Control 2.0 ha sido ampliamente criticada por grupos de derechos digitales, abogados y expertos en protección de menores. De hecho, se ha iniciado una campaña ciudadana en la que usuarios envían correos electrónicos en masa a eurodiputados y otros actores políticos para advertir sobre los supuestos riesgos de esta propuesta.  

Ella Jakubowska, responsable de Políticas Públicas de EDRi advierte de que la obligación de escanear los mensajes “socavaría el cifrado de extremo a extremo [mensajes que son sólo legibles para la persona que lo envía y la persona que lo recibe] para todos los ciudadanos europeos que dependen de él, y además conllevaría una vigilancia masiva ilegal”. Esto genera preocupación por sus consecuencias para la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios. 

Una posible aprobación de Chat Control 2.0 que implicara romper el cifrado podría tener un impacto en los derechos individuales y civiles de la ciudadanía. Yolanda Quintana, coordinadora y cofundadora de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI), explicó a Maldita.es que “tanto en regímenes autoritarios como democráticos, la libertad de expresión está comprometida si no tenemos garantizado el secreto de nuestras comunicaciones y, en algunos casos, el anonimato”.

Para romper el cifrado de extremo a extremo, Jakubowska explica que las plataformas y servicios en línea “tendrían que integrar proactivamente puertas traseras en sus servicios para acceder a los mensajes privados cifrados cuando reciban una orden para transmitir la información a la policía. De lo contrario, estarían infringiendo la ley”. Esto, según la experta, puede exponer estos sistemas a agentes maliciosos, como “gobiernos hostiles, hackers e incluso redes de abuso infantil”. 

En conversación con Maldita.es Louzao afirmó que si la ley se aprueba y acaba aplicándose habrá “una filtración de datos muy sensibles”. Iverna McGowan, secretaria general de la rama europea del Centro para la Democracia y la Tecnología, dijo a WIRED que “romper el cifrado de extremo a extremo para todos no solo sería desproporcionado, sino que sería ineficaz para lograr el objetivo de proteger a los niños".

Sin embargo, en el texto de la propuesta de Chat Control 2.0 se justifica que, “a pesar de la importante contribución de algunos proveedores, la acción voluntaria ha demostrado ser insuficiente para abordar el uso indebido de los servicios en línea con fines de abuso sexual infantil”. Emilio Puccio, secretario general del Intergrupo sobre los Derechos del Niño del Parlamento Europeo, defendió en LinkedIn que esta propuesta es “el arma más poderosa” contra los agresores de menores: “Creo firmemente en el poder de la seguridad jurídica; por eso es fundamental obligar a las empresas tecnológicas a detectar y denunciar todos los casos de abuso sexual infantil y a eliminar el abuso sexual infantil”.

En este artículo ha colaborado con sus superpoderes el maldito experto en ciberseguridad Jorge Louzao.

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Este artículo se ha actualizado el 14/05/2025 para cambiar el formato a preguntas y respuestas, el 26/11/2025 para actualizar la información, el 5/12/2025 para resolver una nueva pregunta sobre el ‘client-side scanning’ y el 05/05/2026 para incluir la expiración de Chat Control 1.0 en abril de 2026. Una versión anterior se puede consultar en este enlace. 

*El 05/05/2026 hemos actualizado este artículo para adaptarlo a nueva metodología de Maldita.es

Respecto a la cuantía de la pensión no contributiva, en 2026 es de 628,20 euros como máximo para un único beneficiario, aunque esta cantidad varía en función de los ingresos y el número de integrantes de la unidad de convivencia. En 2022, cuando se difundió el vídeo, esta cantidad no alcanzaba los 500 euros mensuales. Tanto la pensión de jubilación contributiva como la no contributiva exigen residir legalmente en España durante todo el periodo que dure el cobro de la prestación. 

En el vídeo también se menciona que las personas migrantes que, supuestamente, cobran una pensión con solo dos años cotizados acceden a un puesto de trabajo “comprando un contrato”. Sin embargo, sea o no cierta esta práctica, María Pilar Diez explica a Maldita.es que para que ese trabajo compute a efectos de la jubilación, el trabajador debe estar dado de alta en la Seguridad Social y cotizar, para lo que se necesita una autorización de residencia y trabajo en España. “Sin ese permiso de trabajo, esas cotizaciones no serían válidas”, añade. 

Otra de las pensiones mencionadas en el vídeo son las de incapacidad. Se afirma, sin pruebas, que se está produciendo una “invasión” de personas migrantes de más de 60 años a las que se les ha reconocido un grado de incapacidad en origen, sin el rigor adecuado, por el que cobran una pensión en España. Sin embargo, para poder acceder a este tipo de pensión, el “grado de minusvalía o enfermedad crónica” debe ser determinado por las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Servicios Sociales o los órganos competentes de las comunidades autónomas, por lo que no basta con un informe del país de origen. Además,  se exige residir legalmente en España y haberlo hecho durante, al menos, cinco años, dos de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud, además de no superar el límite anual de ingresos, que en 2026 es de 8.803,20 euros anuales. 

En cuanto a la población extranjera que reside en España, el vídeo menciona que están llegando masivamente personas de más de 60 años procedentes de Argentina, México, Uruguay o Marruecos, entre otros países. Según los últimos datos del INE, a 1 de enero de 2025, de las 820.660 personas extranjeras mayores de 60 años residentes en España, el 10% procede de algún país de África y casi el 19% de América Latina. 

El eurodiputado Alvise Pérez dijo a través de su canal de Telegram que desde Moncloa habrían declarado que la causa del apagón del 28 de abril de 2025 fue una “vibración atmosférica inducida”.

El Gobierno de España no ha dicho en ningún momento que esa fuera la causa del apagón. Pedro Sánchez compareció a las 23 horas del 28 de abril, casi dos horas después de la publicación de Alvise Pérez en Telegram (21:21), y tampoco habló de la supuesta “vibración atmosférica inducida”.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) comunicó a través de Twitter (ahora X) el 29 de abril de 2025 a las 10:12 que “Durante la jornada del 28 de abril no se detectó en España ningún fenómeno meteorológico o atmosférico inusual, ni tampoco variaciones bruscas de la temperatura”.

Alvise menciona el bulo del fenómeno atmosférico raro distribuido por Reuters

La publicación en Telegram de Alvise Pérez arranca diciendo que “La Agencia de Noticias Reuters atribuye el apagón a ‘un fenómeno atmosférico raro’ ocasionado por un cambio brusco en la temperatura en el centro de la península”.

Esto ya lo desmentimos en Maldita.es. Reuters citaba a Redes Eléctricas Nacionais (REN), el operador energético portugués. Estos, sin embargo, han declarado a medios como Verificat, miembro de la European Fact-Checking Standards Network (EFCSN) como Maldita.es, que “no es cierto” y que no habían “hablado con ellos [con Reuters]”.

Desde Reuters también declararon a Verificat que habían borrado la publicación y toda mención a la misma.

Otros contenidos utilizan la misma narrativa pero cambiando el país, diciendo que “España culpa del apagón a un ‘fenómeno atmosférico raro’”. De nuevo, es un bulo. Ni el Gobierno español ni ninguna entidad oficial han dado tal explicación.

• Lo que sí sabemos: el efecto dominó que produjo el apagón

• 📄 Causas del apagón según el informe europeo final

• 📄 Causas del apagón según el informe del Gobierno

• 📄 Causas del apagón según el informe de Red Eléctrica

• El cambio de normativa para evitar más apagones

• Red Eléctrica descartó el ciberataque

• Qué es un cero eléctrico

• ¿Un “exceso” de energías renovables derivó en el apagón?

• Cómo se fue reactivando el sistema eléctrico

• A qué hora se restableció la electricidad

• Qué dijo el Gobierno español las horas siguientes al apagón

• Qué dijo el operador eléctrico portugués

• Qué dijo el Gobierno portugués

• Qué dijo el operador eléctrico francés

• Bulos y desinformaciones

  Lo que sí sabemos: el efecto dominó que produjo el apagón

  Los informes publicados hasta ahora sobre el apagón (el del comité formado por el Gobierno, el de Red Eléctrica como operador del sistema y los dos del organismo europeo de operadores de sistemas eléctricos) describen el mismo fenómeno. Durante la mañana del 28 de abril, la red eléctrica sufrió distintos desequilibrios (oscilaciones) que se pudieron controlar, pero entre las 12:32:00 y las 12:32:57 se produjo una serie de caídas de generación que aumentaron la tensión de la red, comenzando a desestabilizarla. A las 12:32:57, un transformador de la provincia de Granada que estaba inyectando electricidad desde varias centrales solares y eólicas se “dispara”, es decir, se desconecta de la red. Unos 19 segundos después, ocurre lo mismo en una subestación de Badajoz y acto seguido, en cuestión de segundos, le siguen múltiples desconexiones en cascada.

  Cada desconexión desequilibraba el sistema, lo que provocaba que aún más centrales se desconectaran en un efecto dominó. Finalmente, la inestabilidad es extrema, haciendo que el sistema eléctrico francés y el marroquí se desconecten del español por seguridad. Con esto último, el sistema colapsa y la tensión de la red cae a cero, produciéndose el cero eléctrico.

  📄 Causas del apagón según el informe europeo final

  El 20 de marzo de 2026, ENTSO-E publicó el informe final sobre el apagón, atribuyendo el incidente a “la interacción de múltiples factores” y no a un único responsable. Destaca que ese día los modelos de red de Red Eléctrica no funcionaban correctamente: mostraban datos incorrectos debido a un error informático en la programación de los equipos para controlar la tensión. Además, indica que los resultados de la herramienta para evaluar la estabilidad de la red no estaban integrados en el sistema de alarmas de control y que los operadores “no pudieron aplicar medidas manuales de control de tensión debido a la brevedad del evento”.

  Asimismo, ese día Red Eléctrica mantuvo la tensión de la red en la máxima permitida para su funcionamiento (435 kV), lo que provocó que el margen de seguridad antes del apagado automático de las centrales para evitar daños fuera “bajo o inexistente”. Por otro lado, señala que nueve de las 19 desconexiones de centrales ocurrieron antes de lo permitido por la normativa porque tenían las protecciones mal ajustadas o demasiado sensibles. Esto supuso perder cerca de 2 GW de golpe. 

  En el momento del apagón, la presencia de energía nuclear era limitada en comparación con la de las renovables en el suroeste del país, donde se originó la inestabilidad de la red. A esto se sumó que ese día las renovables estaban programadas en un modo “fijo”, cumpliendo con el Real Decreto 413/2014. Con esta programación, “fueron incapaces de responder a las oscilaciones de voltaje [de tensión]” después de bajar su producción en 500 MW esa mañana y de que una proporción de placas solares domésticas, es decir, de autoconsumo, (317 MW) se desconectara. Esto, según el informe, aceleró la subida “rápida e incontrolada” de la red.

  Por otro lado, señala que faltaron “grandes centrales” que tuvieran instalado el sistema de protección de tensión, que habría ayudado a frenar las oscilaciones que desestabilizaron la red. No lo tenían instalado ni las centrales hidroeléctricas ni las nucleares, y la central de bombeo que sí lo tenía se desconectó para intentar salvar el equilibrio del sistema. Además, ese día varios generadores de energía convencionales (como nuclear o ciclos combinados de gas) no proporcionaron el apoyo obligatorio a la red durante más del 25% del tiempo.

  📄 Causas del apagón según el informe del Gobierno

  El 17 de junio de 2025 se presentaron las conclusiones del comité creado por el Gobierno para analizar el apagón. Según el informe, el origen del apagón fue “multifactorial”.

  Por un lado, habría habido un error de planificación por parte de Red Eléctrica (REE, la empresa responsable de transportar la electricidad y operar el sistema). Durante los ajustes que debe hacer REE al mercado eléctrico por motivos de seguridad, el 27 de abril programó que diez centrales síncronas (7 de ciclo combinado y 3 nucleares) estuvieran disponibles al día siguiente para aportar estabilidad a la red en caso de problemas con la tensión. El Gobierno no ha identificado estas centrales ni las empresas que las gestionan. Una de esas centrales (de ciclo combinado, sin que se haya precisado exactamente cuál) dijo que no podría operar y REE, tras reajustar, no consideró necesario sustituirla por otra.

  El 28 de abril había un total de 11 centrales térmicas (4 nucleares, 6 de gas y una de carbón) funcionando a las 12.30 h, minutos antes del apagón, el número más bajo de centrales de este tipo desde principios de año, según el informe.

  Por otro lado, el comité también ha señalado la actuación de las centrales eléctricas en el día del apagón, que están operadas por empresas privadas. Este documento del Gobierno recalca que esas centrales estaban programadas para controlar oscilaciones de tensión del sistema eléctrico, pero “prácticamente la totalidad” de ellas no actuó según lo previsto por la normativa.

  Tanto las oscilaciones de tensión del día 28 de abril como las medidas aplicadas para corregirlas contribuyeron a que el sistema eléctrico empeorase su ‘salud’ antes del apagón. También se decidió conectar una central para hacer frente a estas oscilaciones, pero esta indicó poco antes del apagón (a las 12.26 h) que no estaría lista hasta las 14.00 h. 

  Debido a estos problemas en la tensión, decenas de las centrales eléctricas que estaban produciendo electricidad en distintos puntos de España comenzaron a desconectarse de la red. Aunque esas desconexiones se debían a un aumento de la tensión eléctrica, algunas de ellas fueron “aparentemente indebidas” y fuera del protocolo, según el comité.

  

  📄 Causas del apagón según Red Eléctrica

  El 18 de junio de 2025, Red Eléctrica presentó el informe que tiene que hacer sobre el apagón.

  A diferencia del informe del Gobierno, Red Eléctrica no considera que hubiera errores en su planificación ni operación. El documento del Gobierno dice que hubo un ajuste el día previo donde se pidió a 10 centrales que estuvieran disponibles para controlar tensión, pero que finalmente fueron 9 y REE no consideró necesario sustituir la que había caído. Red Eléctrica se limita a decir que se verificó que las centrales disponibles eran “suficientes para dicho control”.

  Un punto en el que Red Eléctrica coincide con el Gobierno es que hubo centrales que se desconectaron de forma indebida y esto tuvo un papel importante en el descontrol de la tensión en esa jornada, que fue lo que acabó llevando al cero.

  • Las centrales síncronas (gas, nuclear, hidroeléctrica y otras) tienen una obligación legal de regular dinámicamente la tensión. REE dice que algunas no cumplieron con su deber.

  • Las asíncronas (fotovoltaica y eólica) no tienen esa responsabilidad, pero necesitan operar entre unos márgenes de tensión sin desconectarse. REE dice que algunas se desconectaron indebidamente cuando estaban dentro de esos márgenes.

  El informe de Red Eléctrica señala 12 eventos diferentes que llevaron al apagón. El primero de todos los problemas del día habría sido una planta fotovoltaica en Badajoz (sin identificar, puesto que partes del informe son confidenciales), donde se originó una fuerte oscilación de frecuencia a las 12.03 h. Red Eléctrica cree que esto lo causó “un mal funcionamiento de un control interno” o “una anomalía interna de la planta”, e indica que esto lo deberá aclarar la empresa privada responsable de la planta. Aunque esa oscilación se consiguió salvar, las medidas que debieron aplicarse para corregirla también influyeron en la ‘mala salud’ del sistema.

  El cambio de normativa para evitar más apagones

  En el momento del apagón, sólo las centrales síncronas (hidroeléctricas, nucleares, de gas y otras menos comunes) estaban obligadas a controlar las variaciones rápidas de tensión en la red, mientras que las eólicas y fotovoltaicas, aun teniendo capacidad, no estaban obligadas por la normativa y su función era seguir operando siempre que la tensión se mantuviese dentro de unos márgenes. Según Red Eléctrica, al no estar todas las centrales implicadas en el control de tensión, había menos recursos disponibles para evitar que el sistema se desestabilizase (y, además, las centrales que sí estaban obligadas no ejercieron dicho control).

  Red Eléctrica había solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2020 la revisión de esta normativa, llamada procedimiento de operación 7.4, para incluir a eólica y solar en el control de tensión en tiempo real. Finalmente y tras el apagón, en junio de 2025 se modificó y las primeras solares y eólicas fueron habilitadas para hacer control dinámico de tensión en octubre de 2025.

  Red Eléctrica descartó el ciberataque

  En una comparecencia el 29 de abril, Red Eléctrica indicó lo siguiente: “Con los análisis que hemos podido realizar en este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica. En este sentido, desde ayer [28 de abril] hemos tenido la colaboración del CNPIC [Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas], de INCIBE [Instituto Nacional de Ciberseguridad] y del CNI [Centro Nacional de Inteligencia], y esta mañana hemos podido concluir que, efectivamente, no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente”.

  :cámara_de_cine: El director de operaciones de Red Eléctrica detalla que "se produjeron dos desconexiones separadas un segundo y medio en la región suroeste de España" que pueden estar relacionadas con el apagónhttps://t.co/XAIVy3ql6F pic.twitter.com/qRU9uSRntd

  — Cadena SER (@La_SER) April 29, 2025

  El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó ese 29 de abril que iban a llegar “hasta el fondo del asunto”. En este sentido, el Gobierno creó una comisión de investigación en materia de ciberseguridad en el marco del Consejo de Seguridad Nacional, junto con la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia para esclarecer lo ocurrido. Sánchez explicó que el INCIBE, junto al Centro Criptológico Nacional, investiga los “riesgos derivados de la emergencia eléctrica” y que ambos revisarían los registros de información de Red Eléctrica y los operadores privados “para no descartar ninguna hipótesis”.

  Además, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición ecológica, Sara Aagesen, anunció la creación de dos grupos de trabajo, el primero para analizar la operación del sistema eléctrico y el segundo sobre sistemas digitales y ciberseguridad.

  “Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque, valoramos positivamente este aspecto pero en cualquier caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente (...) y no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados”, concluyó el presidente del Gobierno.

  La Audiencia Nacional abrió diligencias para investigar si el apagón fue un sabotaje informático a infraestructuras críticas y ha requerido al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica informes sobre lo sucedido.

  Finalmente, el 17 de junio de 2025, el comité formado por el Gobierno para el apagón dijo que “no existe evidencia de ciberincidente o ciberataque, ni por parte del operador del sistema [Red Eléctrica] ni en distintos niveles del sistema eléctrico”, aunque sí habían localizado “vulnerabilidades” que pueden exponer al sistema a riesgos de seguridad.

  Qué es un cero eléctrico

  Álvaro de la Puente Gil, profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de León, indica a Science Media Centre España que es una situación en la que la red eléctrica “pierde completamente la tensión, todo el sistema se apaga”. Según explica, este apagón ocurrió porque en muy poco tiempo “se perdió más de la mitad de la capacidad de generación eléctrica”.

  La tensión es importante porque es lo que permite transportar electricidad entre diferentes puntos de manera segura. En la península ibérica, la red funciona a tensiones de 400 y 200 kilovoltios, explica Red Eléctrica. En este artículo puedes ampliar la información.

  ¿Un “exceso” de energías renovables derivó en el apagón?

  Algunos contenidos aseguraron que el “exceso” de generación eléctrica con fotovoltaica y eólica el 28 de abril de 2025 produjo oscilaciones en la red que la baja presencia de nuclear no pudo amortiguar. Otros dicen que la oscilación tenía causa desconocida y, una vez ocurrió, ese mix eléctrico no pudo amortiguarla.

  En sus explicaciones, Red Eléctrica indicó que hubo oscilaciones en la red, pero sin ‘culpar’ a ninguna tecnología en concreto. Además, ha habido días similares al lunes 28, con alta generación de electricidad a partir de energías fotovoltaica y eólica con baja producción nuclear, sin que haya habido problemas en la red. En este artículo te contamos lo que sabemos.

  Cómo se fue reactivando el sistema eléctrico

  Red Eléctrica activó los planes de reposición tras el apagón que, en caso de incidentes nacionales, obligan, según una resolución del Ministerio de Industria de 1998, a los centros de control de productores, distribuidores y transporte a coordinar la restitución “rápida del servicio”.

  A las 13:33 h, Red Eléctrica informó de que se estaba empezando a recuperar tensión por el norte y el sur peninsular, un hecho que era “clave para atender progresivamente el suministro de electricidad”. Este proceso suponía la energización paulatina de la red de transporte a medida que los grupos de generación se acoplen, explicó la empresa que opera y gestiona el sistema eléctrico español, es decir, “reponer la tensión” en los sistemas auxiliares de la generación eléctrica para alimentar las centrales.

  El director de operaciones de Red Eléctrica informó en una comparecencia a las 20:35 h que ya se había repuesto el 35% de la demanda prevista.

  A las 22:30 h, Red Eléctrica aseguró haber recuperado el 48% de la demanda en la península ibérica y media hora más tarde estaba restablecido el 51%. Durante la noche siguió aumentando ese porcentaje y a las 6 de la mañana, ya era del 99% de la demanda de la España peninsular. A las 11:15 h, Red Eléctrica informó de que se había normalizado el suministro.

  En el informe final europeo se puede comprobar cómo el sistema fue recuperando tensión desde las redes eléctricas de Francia y Marruecos y con algunas centrales que tienen capacidad para arrancar de forma autónoma, un mecanismo conocido como arranque en negro o black start en inglés.

  

  

  A qué hora se restableció la electricidad

  Según el informe final publicado por ENTSO-e, el restablecimiento de la red de transporte española por parte de Red Eléctrica concluyó a las 4:00 horas del 29 de abril, mientras que el de la red de distribución concluyó a las 7:00 horas. A las 11:15 h del 29 de abril, Red Eléctrica informó de que se había “normalizado el funcionamiento del sistema eléctrico peninsular”.

  

  Qué dijo el Gobierno español las horas siguientes al apagón

  El día del apagón, Pedro Sánchez compareció en dos ocasiones desde la Moncloa sin aceptar preguntas. El presidente español explicó que se había decretado la “crisis de electricidad” y varias comunidades autónomas solicitaron el nivel 3 de emergencias de Protección Civil, lo que supone que es el Gobierno quien asume la gestión. A última hora de la noche, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró la emergencia de interés nacional en Andalucía, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Comunitat Valenciana. El 29 de abril, Interior desactivó la emergencia nacional para seis de las ocho comunidades. Un día después hizo lo propio con Madrid y Extremadura. 

  El presidente del Gobierno explicó que parte de la recuperación del suministro por las interconexiones con Francia y Marruecos e incidió en que no había “información concluyente” sobre las causas del apagón, pidió seguir las comunicaciones oficiales sin especulaciones, dijo que no había “problemas de inseguridad” y el sistema hospitalario funcionaba “correctamente” gracias a los grupos electrógenos, para los que la UME repuso algunos de ellos.

  En el tráfico portuario “no se ha detectado ninguna situación especialmente grave”, explicó en redes el ministro de Transportes, Óscar Puente, y, respecto a las conexiones aéreas, Sánchez dijo que las habían reducido un 20% “para garantizar la seguridad y el funcionamiento fluido”. Se produjeron cancelaciones en 344 de los 6.000 vuelos programados por la desactivación de torres de control. Durante la tarde, el tráfico ferroviario estuvo interrumpido y durante la noche se fue restableciendo. Puente informó en la mañana del 29 de abril que algunas redes ferroviarias estaban suspendidas, mientras que otras conexiones volverían a la normalidad durante el día.

  Servicios ferroviarios. Situación actual. pic.twitter.com/HlG0WczPQu

  — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 29, 2025

  Sánchez pidió “reducir al máximo los desplazamientos”. En el caso de los trabajadores no esenciales, pidió también “priorizar la seguridad” y evitar desplazarse a sus lugares de trabajo. Además, insistió en consultar la información oficial y evitar propagar bulos, y hacer un “uso responsable” del teléfono móvil –llamadas breves y acudir al 112 solo cuando sea realmente necesario– por el “momento crítico” de la red de telecomunicaciones, que sufría interrupciones por la falta de suministro en las antenas. 

  Qué dijo el operador eléctrico portugués

  Redes Enérgicas Nacionais (REN), la operadora eléctrica portuguesa, informó que también a las 11:33 h (hora en Portugal) un “acontecimiento absolutamente excepcional, con origen externo” provocó un apagón en España y Portugal. 12 horas después, Portugal ya había restablecido “el funcionamiento de todas las subestaciones de la red”.

  Qué dijo el Gobierno portugués

  El primer ministro portugués, Luis Montenegro, explicó que “todo apuntaba” a que el fallo en Portugal se debió a la interconexión con España y añadió que no había indicios que apuntaran a un ciberataque, según recogieron medios locales.

  Qué dijo el operador eléctrico francés

  En Francia, hubo algunos cortes de electricidad sobre las 12:30 h “durante minutos” en el País Vasco francés, restablecidos al poco tiempo, según informó el Réseau de Transport d'Électricité (RTE), el operador eléctrico francés. Añadió que la red francesa “es segura” y “no existe riesgo de contagio”. Además, la red de la península ibérica se desconectó automáticamente entre las 12:38 h y las 13:30 h de la red europea, y Francia colaboró en prestar asistencia a la red española.

  En un mensaje en redes sociales, la empresa gestora de la electricidad en Francia negó que el origen del incidente estuviera relacionado con un incendio entre Perpiñán y Narbona, al sur del país. No se reportó ningún incendio y las causas del apagón están aún por determinar.

  Bulos y desinformaciones

  Estos son los bulos y desinformaciones sobre el apagón que hemos verificado hasta ahora. 

  Foto de portada: Una mujer usa la linterna de su teléfono mientras pasea a su perro en una calle de Vigo a oscuras durante el apagón que ha afectado a la península ibérica el 28 de abril de 2025. (Foto de MIGUEL RIOPA / AFP)

  
  

No, Ursula von der Leyen no dijo que el apagón se debiera a un ciberataque ruso

Uno de los primeros bulos decía que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había confirmado que el apagón eléctrico fue consecuencia de un ciberataque con origen en Rusia. Era un bulo: en canales y redes oficiales de la Comisión no había rastro de que Von der Leyen hubiera hecho esas declaraciones. A las 14:30 del 28 de abril, la Cadena SER informó que desde la Comisión Europea habían declarado a los medios que esos contenidos son falsos.

No, el apagón no fue causado por un incendio entre Perpiñán y Narbona, en el sur de Francia

Otros contenidos aseguraron que el apagón fue provocado por un incendio entre Narbona y Perpiñán, dos pueblos del sur de Francia, “que dañó una línea de alta tensión crucial” para la red eléctrica ibérica. Era un bulo. El operador francés de la red eléctrica de alta tensión, RTE, aseguró que no se había reportado ningún incendio entre Narbona y Perpiñán y lo catalogó de “información falsa”. Redes Eléctricas Nacionais, entidad encargada de suministrar electricidad y gas natural en Portugal, afirmó a Verificat que el incendio entre Perpiñán y Narbona es “una historia antigua”. El 24 de julio de 2021, un incidente con un hidroavión en la zona produjo cortes de energía en España y Portugal. Red Eléctrica Española (REE), gestora del sistema eléctrico nacional, también reportó este incendio.

El "fenómeno atmosférico raro" como causa del apagón: el operador eléctrico portugués negó haberlo afirmado y Reuters borró su publicación

Algunos contenidos decían que según Redes Eléctricas Nacionais, la compañía que gestiona la red eléctrica portuguesa, el apagón del 28 de abril de 2025 en toda la península ibérica se había originado por un “fenómeno atmosférico raro”. Era un bulo. La afirmación apuntaba a una publicación de la agencia Reuters que citaba a REN, pero el operador portugués negó haber hecho esas declaraciones y dijo no haber siquiera hablado con Reuters. Reuters eliminó la publicación y toda referencia a la supuesta cita.

El primer contenido identificado por Maldita.es que contenía esta afirmación fue publicado a las 16:01 horas por el canal CGTN, la televisión oficial del Gobierno chino, señalada por el Servicio Europeo de Acción Exterior en su último informe por “coordinar y amplificar operaciones de manipulación de información”. Estas son otras desinformaciones sobre el apagón que recorrieron el mundo.

No, el Gobierno de España no dijo que el apagón fuera ocasionado por una “vibración atmosférica inducida”

Alvise Pérez publicó que el Gobierno español había dicho que la causa del apagón del 28 de abril de 2025 fue una “vibración atmosférica inducida”. Era un bulo. El Gobierno no había declarado tal cosa y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informó que el 28 de abril de 2025 no se detectó en España “ningún fenómeno meteorológico o atmosférico inusual”.

No, este vídeo no muestra la demolición de una central nuclear: es la central térmica de La Robla (León) que se cerró en 2020

En un vídeo, un operario celebra la demolición, supuestamente, de una central nuclear. Este vídeo se compartió en los días siguientes al cero eléctrico. Era un bulo. Se trata de una central térmica de carbón en La Robla (León) que Naturgy demolió en mayo de 2022. La central se encontraba cerrada desde junio de 2020 debido a una directiva europea que obligaba a clausurarla al no haber realizado mejoras medioambientales.

El vídeo que hablaba de "una prueba global de desconexión digital parcial" el 28 de abril de 2025: la cuenta predice catástrofes para fechas aleatorias

En TikTok se viralizó un vídeo que vaticinaba “una prueba global de desconexión parcial” para el 28 de abril de 2025. La “predicción” no hablaba de un apagón eléctrico en España y Portugal, sino de una “prueba global de desconexión parcial”. El apagón sólo afectó a España, Portugal y algunas zonas del sur de Francia. La cuenta que ha publicado este contenido se dedica a emitir predicciones catastróficas para fechas aleatorias, que justifica en supuestos vaticinios de la serie de televisión Los Simpson. Por ejemplo, el perfil advirtió de varios eventos catastróficos que no sucedieron, como la erupción de un volcán submarino el 5 de marzo, una cuarentena mundial para finales de ese mismo mes y un temblor global el 20 de abril.

El bulo que relacionaba la compra de gasóleo por parte del Gobierno español con el apagón

Circularon contenidos que dicen que el Gobierno de España ya sabía que ocurriría el apagón y que por ello el 15 de abril habían hecho una adquisición de gasóleo tipo C, para suministrar las instalaciones de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, por más de 670.000 euros. Pero era un bulo. La adquisición era real, pero era un contrato que comenzaría el 18 de julio de 2025, casi tres meses después del apagón. Además, en la memoria justificativa se explica que el contrato actual finaliza el 17 de julio de 2025 y que por eso es “necesaria la tramitación de un nuevo expediente”.

Cuidado con las supuestas imágenes satelitales de la península Ibérica a oscuras por el apagón

Circulan en redes sociales supuestas imágenes satelitales nocturnas en las que la península Ibérica aparece completamente a oscuras. Cuidado con estas imágenes. En varias de ellas aparecen sin luz zonas como Baleares o Francia, donde no se registró ningún corte eléctrico. En las imágenes satelitales públicas, como las de la NASA, no se ve la superficie de la península ibérica tan oscura como muestran las de los contenidos que están circulando, que no especifican la fuente.

No, Risto culpó del apagón a Ayuso y Feijóo: es un vídeo desinformador y lo que dice nunca sucedió

Un vídeo afirmaba en YouTube que Risto Mejide, presentador de ‘Todo es mentira’ en Cuatro, habría culpado a Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso de estar detrás del apagón de la península ibérica el 28 de abril de 2025. Era un bulo: en Maldita.es revisamos todos los programas emitidos desde el apagón hasta el 30 de abril, día en el que se publicó dicho vídeo, y no sucede tal cosa.

Por qué que en Marruecos haya luz no tiene que ver con lo que sucede en España

Un vídeo aseguraba que el apagón del 28 de abril de 2025 podía deberse a un “ataque coordinado” contra la UE porque en países como Marruecos no se había cortado la electricidad. En Marruecos no sufrieron un apagón porque tienen una red eléctrica propia, que se desconectó de la ibérica para evitar daños, según el informe final publicado por el organismo europeo de operadores de red. Eso sí, la compañía telefónica Orange notificó problemas con Internet en Marruecos por el apagón en la península, según informó la web local ‘Le Desk’. Tampoco el cero eléctrico afectó a varios países europeos, como decía el vídeo, sino que tuvo lugar en España y Portugal (salvo sus islas) y en una zona del sur de Francia. Además, Red Eléctrica descartó el ciberataque como causa del apagón.

El artículo que suplanta a The Independent, la Operación Matrioska y la desinformación de que el apagón es consecuencia de las sanciones europeas al Kremlin

No habían pasado ni 48 horas del apagón eléctrico generalizado en la península ibérica cuando la maquinaria de desinformación rusa puso en marcha una nueva campaña. En esta ocasión, atribuyendo el apagón a las sanciones interpuestas por la Unión Europea a Rusia tras el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. La campaña desinformativa, que empezó en Telegram, falsificó un artículo del diario británico The Independent con un titular que decía: “Apagón masivo en España-Portugal en directo: consecuencia de las acciones europeas contra Rusia”. Siempre se comparte la misma captura del falso artículo con 269 comentarios.

También ha circulado en plataformas como X un vídeo falsificado suplantando a la cadena francesa France 24 con afirmaciones similares. En este caso, también ha sido compartido por bots de la denominada Operación Matrioska, que consiste en la publicación de contenido falso que posteriormente se comparte de forma coordinada en X, pidiendo a medios de comunicación y fact-checkers verificar contenido. Atribuida a Rusia, fue descubierta en enero de 2024 por AFP Factuel y el colectivo Antibot4Navalny. Pero no hay constancia de que The Independent o France 24 hayan publicado este contenido. Tampoco de que el apagón eléctrico generalizado del pasado 28 de abril sea consecuencia o tenga relación con las sanciones de la Unión Europea a Rusia.

Qué sabemos sobre la afirmación de Pedro Sánchez de que las centrales nucleares consumieron mucha energía tras el apagón

El día siguiente al apagón, Pedro Sánchez declaró lo siguiente: “Las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar mucha energía para mantener sus núcleos estables”. Esto es lo que sabemos y lo que no. Las centrales nucleares cuentan con generadores diésel para mantener la seguridad en caso de emergencia, por ejemplo, refrigerando los reactores para mantener estables los núcleos de uranio, explica el Consejo de Seguridad Nuclear a Maldita.es. La asociación Foro Nuclear, que agrupa a empresas y organizaciones del sector, aseguró que los generadores “arrancaron automáticamente” y permanecieron activos hasta que se recuperó la red eléctrica, pero no hemos podido verificar de forma independiente el momento exacto en que las centrales se conectaron a la red.

El bulo de las muertes en los hospitales de Toledo o Albacete por la falta de suministro eléctrico durante el a

Una cadena de texto decía que en el Hospital de Toledo hubo varias muertes causadas por la falta de suministro eléctrico durante el apagón del 28 de abril de 2025. Se afirmaba que había sido denunciado por “personal del hospital”. Era un bulo. Desde el hospital dijeron a Maldita.es que era “totalmente falso”. Además, no había ningún reporte o registro en medios o canales oficiales que pudieran dar cuenta de esas supuestas muertes ni denuncias. Otra versión del contenido se difundió con el mismo texto, pero cambiando “Toledo” por “Albacete”.

Los supuestos saqueos en Madrid y Barcelona por el apagón: según Mossos d’Esquadra y el Ministerio del Interior, no hubo “incidentes destacables”

Varios mensajes aseguraban que en Madrid y Barcelona se iban a producir saqueos durante la noche del 28 de abril a raíz del apagón eléctrico generalizado. Pero Mossos d’Esquadra aseguró a Maldita.es que en Barcelona no encontraron “nada relevante ni nada destacable relacionado con el apagón”. Añaden que sí registraron algún hurto, pero “nada fuera de lo normal”. El Ministerio del Interior publicó en sus redes que la noche del apagón fue “tranquila y sin incidentes destacables de seguridad ni de orden público”.

El supuesto ciberataque a 200.000 cuentas bancarias europeas durante el apagón: Comisión Europea y Banco Central afirmaron no tener constancia

Un texto afirmaba que el día del apagón hubo un ciberataque que afectó a las cuentas bancarias de miles de europeos. El contenido no aportaba ninguna prueba y no había referencias al supuesto ciberataque en fuentes oficiales. Desde la Comisión Europea y el Banco Central Europeo afirmaron a Maldita.es que era “falso” y que no hay ninguna constancia de ello.

No, esta mujer con gafas oscuras y ataviada con la bandera de España no gritaba durante el apagón: el vídeo es de 2023

Un vídeo muestra a una mujer con gafas oscuras y la bandera de España colgada a la espalda gritando en la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Lo acompañaban mensajes como “Una mujer sufrió una crisis de nervios en plena vía pública tras el apagón masivo que afectó a gran parte de la ciudad” que dicen que es durante el apagón del 28 de abril de 2025 y que esa habría sido su reacción. Era un bulo. El vídeo es de 2023, durante una manifestación en contra de la amnistía para los líderes políticos catalanes apresados. No tiene ninguna relación con el apagón.

Qué sabemos sobre si la torre del aeropuerto de la base naval de Rota fue desconectada 20 minutos antes del apagón: Defensa niega que dejase de funcionar y ese día aterrizaron helicópteros

Se difundió que la torre del aeropuerto de la base naval de Rota (Cádiz) la desconectaron a propósito 20 minutos antes del apagón en la península ibérica del 28 de abril de 2025 y que ese día no hubo aterrizajes. El Ministerio de Defensa negó que la torre dejase de funcionar en ningún momento el día del apagón y aseguró que “funcionaron todos los equipos”. Hubo ocho aterrizajes en la base de Rota el día 28 de abril de 2025, tres tras el apagón y uno cuatro minutos antes, según webs que rastrean los vuelos en tiempo real.

El vídeo de Pedro Sánchez y el gran apagón: es de 2022 y habla sobre medidas para ayudar con el suministro de gas tras la invasión rusa de Ucrania

Tras el apagón se viralizó un vídeo donde se ve a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, decir: “No va a haber ni apagones de electricidad, ni razonamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas”. Circulaba con mensajes como: “Pedro Sánchez también nos contaba que el gran apagón era un bulo”. Se trata de un vídeo de 2022 en el que hablaba sobre medidas para el ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética en el país en el contexto de un posible corte de gas ruso en Europa tras la invasión rusa de Ucrania.

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El Código Civil fija la obligatoriedad de los padres para hacerse cargo de la manutención de sus hijos, esto incluye la vivienda

Juan Antonio Gimeno, experto en fiscalidad y profesor en la UNED, comenta a Maldita.es que el hecho de vivir con tus padres “hasta una edad” no tiene “ningún sentido que se grave como una donación”. 

En este supuesto, todos los expertos consultados por Maldita.es coinciden en que en caso de tratarse de los hijos menores de edad o mayores de edad “que carecen de recursos propios suficientes”, el Código Civil establece que es obligatorio que los padres se hagan cargo de los “alimentos”, “el sustento, habitación, vestido y asistencia médica” de sus hijos “aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable”.  

Rosa María Galán, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid añade que “el deber de alimentos incluye la habitación y permite que los progenitores alojen a sus hijos sin consecuencias fiscales cuando existe una situación real de necesidad”. “No hay donación, ya que se trata del cumplimiento de una obligación legal”, detalla Galán. 

GESTHA asegura que “no habría problema” en que los hijos vivieran en una segunda vivienda sin pagar alquiler, en todo caso aplicaría el impuesto sobre la renta

Sobre el uso de una segunda vivienda por parte de hijos sin pagar alquiler o gastos, Carlos Cruzado, portavoz del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), detalla a Maldita.es que no habría problema en “estar en precario”, es decir, sin pagar. Cruzado matiza que la única consecuencia tributaria sería someter ese domicilio a los impuestos de la renta al tratarse de una segunda vivienda o sucesiva, que no es la habitual, tal y como sucede aunque no vivan ahí los hijos de los propietarios. “En caso de familiares de hasta tercer grado no hay problema en que se pueda estar haciendo así uso de ella, no conlleva ningún problema tributario”, indica el portavoz del sindicato. 

En este supuesto el Impuesto a la Renta dice que habría que imputarle al propietario el valor que tiene la casa, que sería un 2% o un 1,1% del su valor catastral, dependiendo el caso. 

Rosa María Galán concreta a Maldita.es que en este supuesto “dadas estas circunstancias”, no cree “que la inspección tributaria de la hacienda autonómica se ocupe de investigar estas situaciones que generan poca recaudación en la mayoría de los casos”. “Dudo mucho que por vivir en un piso de tus padres la administración tributaria de una comunidad autónoma considere que estás recibiendo una donación”, indica a Maldita.es Violeta Ruiz, catedrática en derecho financiero y tributario de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Benja Anglés, profesor de derecho financiero y tributario en la Universitat Oberta de Catalunya, comenta con Maldita.es que en este supuesto “la trazabilidad para Hacienda es muy difícil dado que los padres no obtienen ningún ingreso extra por la cesión” al no existir “movimientos bancarios”. En tal caso, Anglés también recomienda “firmar un contrato en precario” para “poder acreditar ante Hacienda que los padres no obtienen ningún rendimiento a cambio de esta cesión”.

* Maldita.es actualizó este artículo el 13 de febrero de 2026 para incluir más declaraciones de expertos.

El texto que circula desde al menos enero de 2025 incluye fragmentos como: “Hay 7.800 millones de consumidores dispuestos a reemplazar el iPhone por el Samsung o el Huawei en menos de 42 horas. Además pueden reemplazar el Levi 's por Zara o Massimo Duti. Tranquilamente, en menos de medio año, podemos dejar de comprar vehículos Ford o Chevrolet y reemplazarlos por un Toyota, KIA, Mazda, Honda, Hyundai, Volvo, Subaru, Renault o BMW, que técnicamente superan por mucho a los autos que ustedes producen” (sic).

Lo difunden con mensajes como “la presidenta mexicana tiene los ovarios bien puestos”, y en algunos casos cierran el texto con el nombre de Claudia Sheinbaum, como si se tratara de una carta suya.

Sin embargo, al hacer una revisión de publicaciones oficiales y medios de comunicación, no encontramos rastro ni pruebas de que sea un texto de Sheinbaum ni de que la presidenta de México se haya pronunciado así públicamente.

Maldita.es preguntó al Gobierno de México al respecto en febrero de 2025, cuando ya circulaba esta carta, pero no hubo respuesta.

El mismo texto lo encontramos también en distintas redes sociales difundido a modo de cadena anónima, sin atribuir a Sheinbaum y de parte de “el resto del mundo”.

Hay ejemplos en los que directamente dicen “texto anónimo”. 

Por lo tanto, no hay pruebas de que esta carta que pide boicotear productos de Estados Unidos sea de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El texto que se le atribuye se difunde también como una cadena anónima y no hay registro ni en medios oficiales ni en redes de que lo haya escrito o dicho ella. 

^{*Hemos actualizado este artículo el 12/01/2026 para adaptarlo a la nueva metodología de Maldita.es.}

El Tribunal afirmó que:

• Archiva la denuncia por “la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado” sobre la existencia de un delito o sobre la “mínima verosimilitud” de la participación de las personas mencionadas.

• En el auto se afirma que las supuestas cuentas que mostraban los contenidos como prueba eran una “tabla de elaboración casera” con datos sin base indiciaria plasmados en “unas hojas igualmente de elaboración propia, sin formato reconocible, carentes de valor acreditativo alguno”.

• Esta denuncia fue elevada al Tribunal Supremo después de que se enviase al Senado un dossier con supuestas pruebas de estas cuentas en diciembre de 2024.

En diciembre de 2024 llega al Senado una denuncia que vincula a ministros socialistas con cuentas en República Dominicana

El 18 de diciembre de 2024, a la Comisión de Investigación del Senado llegó un dossier con información que supuestamente demostraría la participación de ministros del Gobierno y diputados del Partido Socialista (PSOE) en la trama del Caso Ábalos, con cuentas en República Dominicana para blanquear dinero.

En los meses posteriores, circularon publicaciones y mensajes como “Nuevo ministro socialista con presuntas cuentas bancarias en Santo Domingo (RD): Ángel Víctor Torres”. 

Además del nombre del ministro de Política Territorial y Administración, también apareció el de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

A finales de 2024, el empresario Víctor de Aldama declaró ante la Audiencia Nacional por su papel como comisionista en el Caso Ábalos. Uno de los puntos que abordó era la existencia de cuentas en República Dominicana para lavar dinero de la trama.

La denuncia plantea que estas supuestas cuentas de políticos del PSOE serían parte de las referidas por de Aldama.

El Tribunal Supremo dice que la denuncia se basaba en “titulares difusos y carentes de apoyo” y en “hojas en blanco sin membrete” ni referencias a bancos dominicanos

El 3 de abril de 2025, el Tribunal Supremo emitió un comunicado sobre el auto que rechaza “una denuncia que incluía un listado de cuentas en República Dominicana que atribuía a ministros”. Explica que se rechaza debido a “la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado, primero sobre la existencia de algún delito y segundo, de indicios fundados o dotados de mínima verosimilitud sobre la participación en el mismo de las personas mencionadas en la denuncia”.

El comunicado del Supremo añade que los hechos incluídos en la denuncia se basan en “titulares de noticias difundidas en medios de comunicación, difusas y carentes de apoyo y base objetiva y racionalmente accesible y comprobable”. También indica que en el auto se incluyen “unas hojas en blanco, sin membrete ni referencia a entidad bancaria alguna, donde figuran unas líneas alfanuméricas referentes a depósitos y cuentas bancarias abiertas en Bancos de la República Dominicana”. 

La agencia Europa Press publica que en el auto, al que no hemos tenido acceso en Maldita.es, el denunciante no “revela sus fuentes de conocimiento, sino que se limita a consignar en una tabla de elaboración casera un conjunto de datos sobre los que no existe la más mínima base indiciaria que conforme su coincidencia con la realidad”.

En el auto, continúa Europa Press, el Tribunal explica que “con la vaguedad de la descripción fáctica de la denuncia, ni siquiera se concretan conductas típicas de corrupción o de blanqueo”. 

Estos contenidos con las supuestas cuentas en esas hojas en blanco volvieron a circular cuando la denuncia llegó al Senado

El 18 de diciembre de 2024, un abogado envió a la Comisión de Investigación del Senado un dossier con información que supuestamente demostraría la participación de ministros del Gobierno y miembros del Partido Socialista (PSOE) en la trama del caso Ábalos. Les acusaba de tener cuentas en República Dominicana para blanquear dinero. 

En los meses posteriores, circularon publicaciones y mensajes enumerando nuevos supuestos implicados como “Nuevo ministro socialista con presuntas cuentas bancarias en Santo Domingo (RD): Ángel Víctor Torres”. Estos contenidos apuntan a que los otros ministros del PSOE que aparecen en la denuncia son Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación), Óscar López (Transformación Digital y de la Función Pública), Pilar Alegría (Educación y Formación Profesional), además del secretario de organización del partido, Santos Cerdán y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López.

Además del nombre del ministro de Política Territorial y Administración, también circuló el de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

A finales de 2024, el empresario Víctor de Aldama declaró ante la Audiencia Nacional por su papel como comisionista en el Caso Ábalos. Uno de los puntos que abordó, según varios medios que accedieron a la declaración, era la existencia de cuentas en República Dominicana para lavar dinero de la trama.

La denuncia plantea que estas supuestas cuentas de políticos del PSOE serían parte de las referidas por de Aldama.

Según EFE y Europa Press, “fuentes fiscales” compararon los señalamientos contra ministros del PSOE con denuncias presentadas por el exjuez Presencia

“El comisionista Víctor de Aldama hizo referencia a estos depósitos el pasado 22 de enero pero no presentó pruebas”. El 22 de enero de 2025, en una entrevista en la Cadena COPE, De Aldama  habló de la existencia de cuentas en el extranjero a nombre de la vicepresidenta Montero, de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. 

En ese momento, las agencias EFE y Europa Press publicaron que “fuentes fiscales” les dijeron que la denuncia mencionada por De Aldama guarda similitudes con “algunas de las que presentó el exjuez Fernando Presencia contra altos cargos”.

Presencia, exjuez de Talavera de la Reina (Toledo) se alió con Alberto y Santiago Royuela (Expediente Royuela) y comenzó la interposición de denuncias falsas en contra de políticos, abogados, jueces y fiscales, a quienes acusaba de tener dinero en cuentas fuera de España sin aportar ningún tipo de prueba.

De la misma manera, De Aldama tampoco presentó ningún tipo de pruebas, tan solo dijo que “me consta que hay una denuncia en Fiscalía en la que hay un listado con la señora Gómez, con cuentas en el extranjero por más de seis millones de dólares”.

En ese momento, Maldita.es preguntó a la Fiscalía General del Estado, desde donde respondieron que “la Fiscalía Anticorrupción ha archivado esa denuncia porque los hechos denunciados carecen por completo de verosimilitud”.

En este caso el texto es similar a otro texto de opinión: una carta abierta al Rey Juan Carlos en Periodista Digitalde Jaime Miguel Tur en febrero de 2011.

En 2013, tras la publicación por El País de los 'papeles de Bárcenas', Santiago Abascal Escuza reconoció haber cobrado dos millones de pesetas por parte del Partido Popular en 1999. Santiago Abascal Escuza fue miembro de las Juntas Generales de Álava desde 1987 a 1991 y de 1995 a 2015 por el PP y diputado en el Congreso por Álava durante entre 2003 y 2004.

Santiago Abascal Escuza abandonó el PP y se incorporó al partido fundado por su hijo. En 2016 se presentó como candidato a lehendakari de Vox en las elecciones al Parlamento Vasco. Abascal Escuza falleció en julio de 2017.

Bárcenas declaró que los papeles originales eran los que no mencionan a Rajoy y que se habían modificado para presionar al expresidente

La Audiencia Nacional condenó en noviembre de 2021 a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular (PP), y al PP responsable civil subsidiario por las obras realizadas en su sede central de la calle Génova de Madrid con más de un millón de euros no declarado a Hacienda entre 2005 y 2010. En esta sentencia se menciona la presencia de ‘M. Rajoy’ en los papeles de Bárcenas, la caja B del PP. Lo hace en tres ocasiones. Rajoy nunca sale con el nombre Mariano, solo con la inicial M, como sale en una versión de los papeles de Bárcenas.

En la sentencia se afirma que ‘M. Rajoy’ aparecía en los apuntes publicados por El País en 2013. Este medio señaló que Rajoy empezó a aparecer en las anotaciones en 1997 con pagos semestrales de 2.100.000 pesetas o trimestrales de 1.050.000 pesetas y a partir de 2002 pasan a ser de su equivalente en euros (12.600 euros semestrales o 6.300 euros trimestrales), hasta 2008. Aparecía con el nombre completo de Mariano Rajoy en muchas ocasiones y con iniciales en otras con un pago anual de 25.200 euros anuales durante 11 años, según El País. En 2008 salió por última vez como ‘M. Rajoy’. Solo se juzgó estos supuestos pagos a partir de 2007 por la prescripción de los posibles delitos de los años anteriores.

Pero un perito observó discrepancias entre los apuntes aparecidos en El País con los presentados por el propio Bárcenas ante la Justicia, como el de M. Rajoy. Bárcenas explicó estas diferencias porque el anterior tesorero, Álvaro Lapuerta, le pidió modificarlo “porque iba a hablar con el presidente”. Bárcenas afirmó en el juicio que la aparición de ‘M. Rajoy’ en los apuntes fue una “forma de presión” a Rajoy por parte de Lapuerta. Según Bárcenas, el original es la hoja en la que no aparece Rajoy, que la que dio a la Justicia. Lo publicado por El País provenía de una copia que guardaba el abogado amigo de Bárcenas, Jorge Trías.

La sentencia recoge que "determinados apuntes o anotaciones de salida han quedado corroborados con otras pruebas, lo que nos lleva a concluir que los papeles recogen acontecimientos que en una parte sí son reales". También los jueces consideraron que Bárcenas dio “explicaciones poco lógicas o contradictorias”. Esto “obliga a valorar su testimonio con cautela” y admitir lo afirmado por Bárcenas siempre “que venga corroborado con otras pruebas”. En el juicio, Bárcenas dijo que Rajoy recibió 20.000 euros de sobresueldo en 2009 y de 25.000 euros en 2010. 

Una cantidad anual inferior a la del delito fiscal

Según los apuntes, Rajoy habría recibido 163.507 euros entre 2003 y 2008, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, según publicó infoLibre en 2013. Como explicamos antes, el máximo cobrado supuestamente por Rajoy en un año es de 25.000 euros. Pero para cometer un delito fiscal se debe defraudar al menos 120.000 euros en un año, según el Código Penal. El abogado de la acusación popular de Izquierda Unida (IU), Juan Moreno, indicó a El Periódico de España que el juez instructor del caso ya apuntó a que el dinero negro supuestamente cobrado por cargos del partido no se iban a investigar por su cuantía.

Preguntado por Maldita.es, Juan Moreno, ahora coordinador de IU en el Congreso de los Diputados, ha aclarado que los presuntos pagos en B a Rajoy nunca se pudieron juzgar por tres motivos: no tener “base probatoria suficiente”, es decir, no haber suficientes pruebas; ser cantidades inferiores a los 120.000 euros anuales y estar prescrito todos los pagos anteriores a 2007.

Mariano Rajoy no está siendo investigando en la única pieza de Gürtel que queda por juzgar a junio de 2025

Aunque la sentencia indica que “la procedencia y finalidad” de los donativos continúan siendo investigados por la Audiencia Nacional, al centrarse ese juicio en la reforma de la sede de Génova, desde el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional aclaran a Maldita.es que “no queda ninguna investigación relativa a la Gürtel” salvo una, la principal “relativa a los delitos fiscales de algunos de los investigados”, entre los que no está Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno no está ni ha estado entre los investigados en ninguna pieza de la Gürtel, aclara la Audiencia Nacional. Esta pieza ya está en la sala para enjuiciamiento, indican, a 20 de junio de 2025. En diciembre de 2022 se archivó otra pieza de los papeles de Bárcenas que investigaba las adjudicaciones de obra pública a cambio de donaciones.

A las personas inmigrantes que se encuentren en situación irregular en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar, como mínimo, haber residido al menos cinco meses antes del momento de presentar la solicitud. La autorización de residencia que obtendrán las personas beneficiadas por la regularización tendrá una duración inicial de un año y habilitará a trabajar. Pasado este periodo, deberán acogerse a alguna de las figuras ordinarias que contempla la Ley de Extranjería para mantener su residencia legal en España. 

La cifra estimada de beneficiarios de esta regularización es de 500.000, como anunció Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 27 de enero, cuando se acordó iniciar la tramitación urgente de la regularización.

Además, Saiz también aseguró que los menores a cargo de estas personas migrantes en situación irregular y los solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 también podrán beneficiarse de la regularización. 

Según el último informe del centro de análisis Funcas, elaborado con datos del año 2025, a 1 de enero había 840.000 personas no comunitarias en situación administrativa irregular en España. 

¿Qué requisitos se exige a las personas migrantes para poder beneficiarse de esta regularización?

Según el texto publicado en el BOE , se exigirá haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y poder acreditar una permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses en el momento de la solicitud. 

Para llevar a cabo esta acreditación no sólo será válido el padrón, sino que también se aceptará “cualquier documento público, privado o combinación de ambas que contengan datos personales que puedan acreditar la identidad de los solicitantes y que estén fechados”.  

Otra de las medidas exigidas será demostrar no tener antecedentes penales. Según el BOE, se exigirá el certificado de antecedentes penales en España, en país de origen, así como en los países en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España. No se incluye la opción de presentar una declaración responsable como sustituta del certificado de antecedentes penales, que sí que se valoró al inicio de la tramitación en enero. Por lo tanto, aquellas personas con una orden de expulsión vigente por la comisión de algún delito, no podrían optar a esta regularización.

Además, el texto publicado en el BOE recoge que las personas interesadas en acogerse a la regularización deberán demostrarhaber trabajado ya en España o acreditar el interés por hacerlo, contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado, o bien acreditar encontrarse en situación de vulnerabilidad.

¿Cuándo y cómo comenzarán los trámites? 

El decreto, publicado en el BOE el 15 de abril, entra en vigor un día después, el 16 de abril. Según explicó la ministra de Migraciones, los trámites telemáticos comenzarán el jueves 16 de abril y todo el proceso, tanto el envío de la documentación como la resolución, se podrá hacer a través de la plataforma Mercurio. En el caso de las personas que opten por la vía presencial, podrán hacerlo a partir del lunes 20 de abril y deberán solicitar cita previa. Podrán hacerlo por  vía telemática o en el teléfono 060.

Además, Saiz ha asegurado que participarán en el proceso oficinas de la Seguridad Social, sucursales de correos y oficinas de extranjería en horario de tarde. Para este trámite, ha afirmado la ministra, se contará con 550 personas extra.

¿Regularizar es lo mismo que nacionalizar?

No, la regularización y la nacionalización son procesos diferentes. La regularización es un proceso administrativo por el cual las personas migrantes que están irregulares en el territorio obtendrán una autorización de residencia legal. Esta autorización tendrá una vigencia inicial de un año, cinco en el caso de los menores de edad, que cuentan con autorizaciones de residencia propias reconocidas en la legislación española. Además, las personas migrantes que soliciten esta regularización podrán trabajar desde el momento en el que su solicitud sea admitida a trámite, un periodo que se estima que no se prolongue más de quince días.

Por otro lado, la nacionalidad por residencia en España es un procedimiento que requiere, al menos, 10 años de residencia “de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición”. En el caso de nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, el periodo de residencia se reduce a dos años. Además, deberán hacer dos pruebas en el Instituto Cervantes: una sobre el conocimiento del idioma español y otra de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. En ningún caso la regularización supone la obtención de la nacionalidad.

Además de esta vía, las personas extranjeras también pueden optar a la nacionalidad por opción, por carta de naturaleza o por posesión de estado.

¿La regularización concede derecho a voto? 

Estar regularizado no concede automáticamente el derecho a voto. En el caso de las elecciones generales y autonómicas, este es un derecho reservado únicamente a las personas con nacionalidad española. 

En cuanto a las elecciones municipales, las personas migrantes que tienen derecho a votar son aquellas que residen legalmente y que o bien son ciudadanas de la Unión Europea, o bien proceden de alguno de los países con los que España tiene firmados acuerdos de reciprocidad. En las últimas elecciones municipales, celebradas en 2023, pudieron votar extranjeros de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago que hubieran residido cinco años en España (tres en el caso de Reino Unidos y Noruega). 

En el caso de las elecciones europeas, el derecho a voto es para ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea que residan en España y a personas con nacionalidad española. 

¿Esta es la primera regularización extraordinaria de personas migrantes?

No. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España ha habido otras seis regularizaciones extraordinarias antes de la prevista para 2026. La primera de ellas se produjo en 1986 bajo el Gobierno de Felipe González (PSOE) y otras dos en 1991 y 1996, con un total de 174.011 solicitudes aprobadas. En 2005 hubo otra regularización de 576.506 personas bajo un gobierno socialista, esta vez durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). En el año 2000 y 2001, el gobierno de Aznar (PP) concedió la regularización a cerca de 500.000 personas en situación irregular en sus dos legislaturas.

¿Las personas migrantes regularizadas pueden ser deportadas?

Sí, si cometen algún delito con una pena de prisión superior a un año, como recogen la Ley de Extranjería y el Código Penal. Así lo estableció también el Tribunal Supremo en 2018. Esta expulsión conlleva “la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España”, así como “el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado”. 

¿Las personas migrantes regularizadas pueden optar a la reagrupación familiar?

Sí. Según recoge la Ley de Extranjería, las personas extranjeras residentes en España tienen derecho a la reagrupación familiar, después de la renovación del primer permiso de residencia, de su pareja, de sus hijos menores de edad o los de su pareja y de los hijos mayores de edad en situación de dependencia. Además, si consiguen la residencia de larga duración, obtenida tras cinco años de residencia legal y continuada en España, también podrán reagrupar a los ascendientes en primer grado mayores de 75 años. 

¿Las personas ucranianas y las “apátridas saharauis” han sido excluidas del proceso de regularización?

La regularización está dirigida a personas migrantes en situación irregular y tanto las personas ucranianas desplazadas por la guerra como las personas apátridas, entre las que se encuentran las saharauis, ya tienen permiso de residencia en España o tienen un procedimiento distinto para solicitarlo. 

En el caso de las personas de Ucrania desplazadas por la guerra con Rusia, el estatus que se les reconoce es el de protección temporal, una figura regulada en la directiva europea para la concesión temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Además, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuentan a Maldita.es que se está trabajando en un procedimiento específico, diferenciado de la regularización extraordinaria, que permitirá a estas personas cambiar su actual autorización de residencia por cualquiera de las previstas en la Ley de Extranjería y la Ley de apoyo a los emprendedores y internacionalización. 

Por otro lado, las personas apátridas, que no son reconocidas como nacionales por ningún Estado, también tienen permiso de residencia y trabajo en España, sean o no saharauis. Así lo recoge el Real Decreto 865/2001, una normativa específica que regula su estatus y les ampara, como señala el Ministerio en su página web. Además, en el caso de los solicitantes del estatuto de apatridia, la ley también contempla que obtengan una autorización provisional de residencia mientras se resuelve su expediente. En caso de resolución denegatoria, podrán acogerse a alguna de las figuras de regularización previstas en la Ley de Extranjería. 

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*El 28/01/26 se ha modificado el requisito de la permanencia de cinco meses en España

*El 30/01/26 se ha modificado el nombre de los responsables de la puesta en marcha de la ILP por la regularización 

*El 03/02/26 se ha añadido información sobre el texto provisional acerca de la regularización y los documentos que se pueden utilizar para acreditar no tener antecedentes penales

*El 14/04/26 se ha actualizado para ampliar la información tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros

*El 15/04/26 se ha actualizado para añadir la información recogida en el BOE

*El 17/04/26 se ha actualizado incluyendo el ladillo relativo a las personas ucranianas y saharauis

*El 21/04/26 se ha actualizado para incluir el tiempo de residencia concedido a los menores de edad según el texto definitivo de la regularización

“Suiza no ha prohibido la mamografía. Los cantones (las unidades administrativas que forman el Estado suizo federal) establecen programas de detección precoz. Se recomienda realizarse una mamografía a partir de los 50 años””, señalan a Maldita.es desde la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza 

La mayoría de los cantones suizos disponen de un programa de cribado del cáncer de mama, a 24 de abril de 2026. “A partir de los 50 años, la mamografía es la principal prueba de detección del cáncer de mama. Algunos cantones recomiendan a las mujeres mayores de 50 años que se realicen una mamografía cada dos años. Estos programas de detección precoz contribuyen a reducir la mortalidad por cáncer de mama. La participación es voluntaria”, afirma en su web la Liga Suiza contra el Cáncer.

Estas afirmaciones acerca de la supuesta prohibición de las mamografías en Suiza surgen en 2014, a partir de  la publicación de una opinión del Consejo Médico Suizo en The New England Journal of Medicine. En ella se recomendaba no introducir nuevos programas de cribado mamográfico generalizado, establecer límites temporales a los programas actuales, evaluar la calidad del cribado y proporcionar información clara sobre los beneficios y los perjuicios. 

Uno de los motivos de este posicionamiento, lejos de una supuesta “estimulación del crecimiento tumoral”, fue el riesgo de sobrediagnóstico asociado a estos programas, que supone la detección de tumores que no hubiesen causado síntomas ni problemas de salud de no haberse detectado. Esto implica repetir mamografías y hacer biopsias para cánceres que, en realidad, nunca afectarán negativamente a la salud, con el coste físico y emocional correspondiente. Sin embargo, este posicionamiento científico proponía limitar, no eliminar, las mamografías. 

La Liga Suiza contra el Cáncer, una organización perteneciente a la Asociación de Ligas Europeas contra el Cáncer, “recomienda y apoya los programas de cribado del cáncer de mama” siguiendo las “recomendaciones europeas de garantía de calidad”. Según esta organización, las ventajas de los programas de cribado (la detección temprana supone unos tratamientos menos agresivos, una mayor calidad de vida y menor número de muertes) superan a los inconvenientes.

Las mamografías se recomiendan a mujeres mayores de 50 años

Las mamografías usan radiación para explorar el tejido mamario y detectar en él anomalías que sirvan para diagnosticar casos de cáncer de forma temprana y mejorar así el diagnóstico de la paciente. 

Según el informe sobre dosis de radiación del Consejo de Seguridad Nuclear, el promedio de radiación natural que recibe una persona en España al año (es decir, la radiación que recibimos del suelo y la materia que nos rodea)es de unos 0,6 mSv (miliSievert, unidad que mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva). La que recibimos a través de la alimentación, de entre 0,2 a 0,8 mSv,. En cambio, la radiación que se absorbe de media de las mamografías, según el informe del Consejo, es de 0,51 mSv al año. “La radiación que emite es muy baja”, señaló a Maldita.es José E. Gordillo, especialista en radiodiagnóstico en el Área Sanitaria Norte de Córdoba. 

Es decir, aunque es cierto que la radiación de pruebas médicas como las mamografías tiene efectos sobre nuestro cuerpo, es un porcentaje muy pequeño del total de la radiación que recibimos de forma habitual. lAdemás, según la evidencia científica, la probabilidad de que las mamografías provoquen cáncer es pequeña en relación con los posibles efectos beneficiosos del cribado.Para el Instituto Nacional Francés del Cáncer, el riesgo de muerte por cáncer inducido por radiación se sitúa entre uno y 10 de cada 100.000 mujeres que se han sometido a una mamografía cada dos años durante 10 años. “El número de muertes que se evitan con el cribado supera con creces el riesgo de muerte por cáncer inducido por la radiación”, concluyen.

De acuerdo con Cazadores de Fake News, miembros de la International Fact-Checking Network (IFCN), al igual que Maldita.es, la imagen que tomaron de María Corina Machado para integrarla junto a Epstein sería una publicada por The Telegraph en la que se la ve con la misma ropa y aretes. También afirman que el montaje se hizo con inteligencia artificial generativa.

El vídeo circula desde 2017

“¡Campaña para la cirugía de esta monada! Cada vez que reenvías este video, ella gana 0,10$”. Con este mensaje se difunde el vídeo de una niña bailando junto a varios enfermeros en lo que parece una sala de hospital. La cadena asegura que compartiendo este vídeo entre nuestros contactos, estaríamos donando dinero para que esta niña, que según el mensaje que circula sufre cáncer, fuera operada.

Pero es un bulo que estemos donando dinero al compartir este vídeo. Como os hemos explicado en otras ocasiones, es un bulo que WhatsApp dé dinero por cada imagen o vídeo que se comparte. Como indican desde la plataforma de mensajería a Maldita.es y se puede leer en su apartado de preguntas frecuentes, WhatsApp utiliza "el cifrado de extremo a extremo" lo que hace que "sólo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo".

Por tanto, si WhatsApp no puede ver el contenido que se comparte entre usuarios, no sabe si es el vídeo de la niña, en este caso, la que se está compartiendo.

Además, es falso que este vídeo sea actual o que estemos donando dinero al compartirlo. Estas imágenes circulan desde al menos 2017, momento en las que habrían sido tomadas en un hospital en Sao Paulo, Brasil, según asegura Mirror y canales en redes sociales como ViralHog, que detallan que la niña que aparece en el vídeo en realidad padece histiocitosis de células de Langerhans (HCL). Por lo que este vídeo ni es actual ni ha sido grabado en España.

Ya se han difundido otros contenidos con mensajes similares

A finales de 2021 también se difundió un vídeo por WhatsApp en el que se veía cómo un tractor colocaba en un prado con vacas varios rollos rosas de hierba de forma que hacían la figura de un lazo. En el texto del vídeo se podía leer: "Comparte este vídeo y estarás donando 1€ a la Asociación Española Contra el Cáncer" (AECC). Esto hizo que usuarios nos preguntaran si podían contribuir a la causa compartiéndolo por la plataforma de mensajería.

Aunque la campaña era real, de 2020, cuando empezó a circular el contenido por WhatsApp ya no estaba activa. Además, nunca se donó un euro cada vez que el vídeo se compartía a través de WhatsApp. La granja ecológica que la organizó explicó a Maldita.es que donó un euro, hasta un máximo de mil, por cada vez que se compartió su publicación de Facebook.

También se hizo viral en 2017 una imagen con afirmaciones que decían que por cada 10 personas con las que compartieras esa misma fotografía, WhatsApp dedicaría "1 euro a la investigación contra el cáncer". Algo que la Policía Nacional desmintió a través de su cuenta de Twitter.

El 16 de abril se abre el plazo para la realización de los trámites telemáticos. Todo el proceso, tanto el envío de la documentación como la resolución, se podrá hacer a través de la plataforma Mercurio. En el caso de las personas que opten por la vía presencial, podrán hacerlo a partir del lunes 20 de abril y deberán solicitar cita previa por vía telemática o en el teléfono 060. El proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.* 

Te contamos todos los detalles sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes aquí.

*El 16/04/26 se ha añadido la fecha en la que comienzan los trámites para la regularización

Además, sobre el proceso para conseguir la nacionalidad, las personas a las que se les conceda la regularización extraordinaria podrán optar a la nacionalidad si acreditan, como norma general, 10 años de residencia “legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición” en España, dos en el caso de nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen serfardí. Por último, es necesario hacer dos pruebas de conocimiento en el Instituto Cervantes: una sobre el idioma español y otra sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España.

*El 15/04/26 se ha actualizado este artículo incluyendo la información recogida en el texto final de la regularización

*El 30/01/26 se ha modificado el nombre de los responsables de la puesta en marcha de la ILP por la regularización

*El 15/04/26 se ha actualizado este artículo incluyendo la información recogida en el BOE sobre la regularización extraordinaria

* Hemos actualizado esta información el 23 de enero de 2026 para aplicar la nueva metodología de Maldita.es.

¿Qué ha pasado? 

Desde el 27 de agosto de 2025 ha circulado un vídeo en el que Carolina, una joven andaluza diagnosticada con ataxia de Friedreich, señalaba que desde algunas comunidades autónomas (como Andalucía) no se podía “acceder” al “único tratamiento disponible para frenar el avance de la enfermedad” (omaveloxolona), a pesar de que estaba “aprobado hace dos años” tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. 

En España, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha propuesto su financiación, aunque el listado que presentó el 28 de enero de 2026, en el que aparece la omaveloxolona de Skyclarys, tiene todavía “carácter provisional”, según la nota de prensa del Ministerio de Sanidad.

Según el mismo documento, “las propuestas de financiación positiva de la CIPM se convierten en propuestas de resolución por parte de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio que tienen que ser aceptadas por las compañías farmacéuticas”. Una vez que se acepta la propuesta, “se emite una resolución definitiva de financiación y el medicamento entra en el Nomenclátor [la lista oficial de medicamentos financiados] de facturación correspondiente”. 

¿De qué hablamos en este tema?

1. ¿Qué es la omaveloxolona?

2. ¿Cuánto cuesta el medicamento y quién debe pagarlo?

3. ¿En España, existe la posibilidad de acceso a la omaveloxolona?

4. ¿Es posible el acceso al medicamento desde cualquier comunidad autónoma?

5. ¿Cómo se solicita el fármaco en España?

6. ¿Qué ocurrió en el caso de Carolina?

7. ¿Qué dijo la familia de Carolina tras publicar el vídeo viral?

8. ¿Qué dijo la Junta de Andalucía?

9. ¿Qué dijo la AEMPS?

10. ¿Qué dijo el Ministerio de Sanidad?

11. ¿Qué dijo el hospital Virgen del Rocío de Sevilla?

12. ¿Qué dicen las asociaciones?

13. ¿El Ministerio está en negociaciones con Biogen para financiar dicho medicamento?

14. ¿En qué comunidades autónomas sí se dispensó la omaveloxolona?

¿Qué es la omaveloxolona?

La omaveloxolona es el principio activo de Skyclarys, un medicamento indicado para el tratamiento de la ataxia de Friedreich en adultos y adolescentes a partir de los 16 años de edad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), aprobó en febrero del 2023 el uso del fármaco como el primer tratamiento para la ataxia de Friedreich, una enfermedad degenerativa, hereditaria y rara que daña el sistema nervioso y se caracteriza por una coordinación y una marcha deficientes. Su eficacia y seguridad se evaluó en un estudio aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego de 48 semanas.

En la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) también aprobó su uso el 14 de diciembre de 2023, al considerar que los potenciales beneficios del fármaco son mayores que sus riesgos. Su comercialización a nivel europeo se produce desde el 9 de febrero de 2024. 

En España, el 28 de enero de 2026 la CIPM ha propuesto su financiación. 

¿Cuánto cuesta el medicamento y quién debe pagarlo?

De acuerdo con la Federación de Ataxias de España (Fedaes), Skyclarys tiene un precio de 346 euros por pastilla y la dosis recomendada para pacientes con ataxia de Friedreich es de tres pastillas al día. Desde Maldita.es hemos consultado al laboratorio Biogen el precio de venta del fármaco en España: “El coste del tratamiento sería el mismo que en otros países europeos”, respondieron, sin especificar ese precio en el resto de Europa.  

En España, cuando se hizo viral el vídeo de Carolina, la omaveloxolona o Skyclarys no se incluía en la cartera de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS). De ahí que, en el caso de los hospitales públicos, el pago del medicamento procediera del presupuesto que asigna la comunidad autónoma. En el caso de los pacientes de hospitales privados, el pago quedaba a cargo de este mismo o de la aseguradora, según explicó la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) a Maldita.es. 

¿En España, existe la posibilidad de acceso a la omaveloxolona?

En España la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGCYF) emitió una resolución de “no inclusión en la prestación farmacéutica” para Skyclarys en abril de 2025, por “criterios de racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud”. 

Con la nueva propuesta de la CIPM, y hasta que quede incluído dicho medicamento en el Nomenclátor, solo puede obtenerse mediante “uso compasivo”, lo que significa que no sigue el proceso habitual de venta. Aun  así, hasta la fecha de inclusión, han existido procedimientos para acceder a él en casos concretos, según señaló el Ministerio de Sanidad a Maldita.es. De hecho, algunas comunidades autónomas sí autorizaron la financiación de la omaveloxolona, solicitando así su dispensa a la AEMPS, en casos específicos e individualizados. No fue el caso de Andalucía.

¿Es posible acceder al medicamento desde cualquier comunidad autónoma?

En teoría, sí. Es decir, todos los hospitales tienen la posibilidad de solicitar a la AEMPS un medicamento compasivo para uno de sus pacientes. Sin embargo, desde Maldita.es, no podemos comprobar independientemente si hay hospitales que no llegan a solicitar medicamentos de este tipo por una cuestión económica u otras razones.

¿Cómo se solicita el fármaco en España?

Para obtener un medicamento no financiado, como es todavía el caso de la omaveloxolona hasta su inclusión en el Nomenclátor, es el profesional sanitario que atiende al paciente quien debe realizar un informe clínico justificando la necesidad del tratamiento para ese caso específico (algo que en el caso de Carolina, según su madre, no sucedió), así como la solicitud de uso compasivo (que es el uso de un medicamento antes de su autorización en España) a través del servicio farmacológico del hospital (ya sea público o privado). Todo este proceso tiene que ser revisado por AEMPS para su aprobación. Este organismo señaló a Maldita.es a 19 de noviembre de 2025 que no había recibido ninguna solicitud de este compasivo desde Andalucía. 

El 1 de junio de 2025 se publicó la resolución expresa de no financiación de este medicamento. Esto quiere decir que el medicamento no se incluyó en la cartera de servicios del SNS. Cuando se da esta situación, explica la propia AEMPS, la agencia “no permite el acceso a pacientes a través de esta vía hasta que cada comunidad autónoma da el visto bueno de manera individualizada a cada paciente, es decir, supone un paso adicional”. 

Ahora el medicamento está pendiente de su inclusión en el Nomenclátor, algo que según la nota de informativa de la comisión interministerial , “generalmente ocurre en los dos primeros días del segundo mes transcurrido después de la reunión de la CIPM en la que se adopta la propuesta”, pero apunta que el periodo “puede ser variable”. 

¿Qué ocurrió en el caso de Carolina? 

En el vídeo, Carolina afirmó el 27 de agosto de 2025 que “desde algunas comunidades de España” no se puede acceder a la omaveloxolona. “El Ministerio de Sanidad sigue en negociaciones con el laboratorio mientras el tiempo pasa y mi vida depende de ellos. Cada día que pasa sin este tratamiento es un día perdido, un día más en el que mi enfermedad avanza”, añadía la joven.  

“La omaveloxolona ya está aprobada, ya existe y la necesito, por eso le pido al Ministerio de Sanidad que, por favor, agilice este proceso y permita el acceso inmediato a esta medicación. Tanto mi futuro como el de muchas personas depende de ello”. Al final del vídeo Carolina planteaba una cuestión: el porqué de “algunos sí [tenían acceso] y otros no.

Maldita.es durante una entrevista con Marian Vaya, la madre de Carolina, supo o que la negativa al acceso al fármaco fue directamente por parte de la neuróloga que lleva su caso, que no ha solicitado el medicamento a los servicios hospitalarios hasta en dos ocasiones según la madre la neuróloga les dijo que no podía ser porque “tiene un alto coste”. Marian señaló que iban a solicitar por escrito las razones de denegación de la omaveloxolona a Carolina. 

A 29 de enero de 2026, Marian Vaya, ha celebrado “con prudencia” en sus redes sociales que “por fin” han conseguido “la financiación de la omaveloxolona”. 

¿Qué dijo la familia de Carolina tras publicar el vídeo viral?

La madre de Carolina, Marian Vaya, señaló a Maldita.es que en consulta con la neuróloga que atiende a Carolina en el Hospital Vírgen del Rocío en Sevilla, se solicitó a finales de 2024 el poder acceder a la omaveloxolona, pero que la respuesta fue negativa.

El 27 de agosto (día en que Carolina publicó el vídeo viral), fueron a consulta nuevamente con la neuróloga para pedirle que le prescribiera el medicamento a Carolina pero que esta les dijo que no de nuevo sin darles por escrito los motivos de la negativa. 

“La neuróloga nos dice que no, que no se está dando, que de momento están en negociaciones, que no puede ser porque tiene un alto coste que supondría un desajuste para el sistema”, explicó Marian.

Marian también explicó que aunque a Carolina se le atiende en Sevilla, en el Hospital Vírgen del Rocío, se le ha derivado al Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona donde cuentan con un centro de enfermedades raras, pero que ahí tampoco se suministraba el medicamento. 

¿Qué dijo la Junta de Andalucía?

En un primer contacto el 15 de septiembre de 2025, la Junta de Andalucía respondió a Maldita.es que “el Servicio Andaluz de Salud está obligado a cumplir la normativa estatal en materia de financiación de medicamentos” y que, en este caso “había indicación expresa de no financiación”. Esta institución se refiere así al testimonio viral, pero no dijo nada con respecto a tener acceso a dicho medicamento por la vía del “uso compasivo”.  

Tras repreguntar el 4 de noviembre de 2025 a la Junta de Andalucía sobre el caso particular de Carolina, su respuesta a Maldita.es fue: “En todos los casos, la solicitud se gestiona a través de los Servicios de Farmacia Hospitalaria y cuenta con los controles de seguridad y seguimiento clínico necesarios. Se trata de un procedimiento habitual en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, también en nuestra comunidad. En este caso, no nos consta solicitud de esta persona; si nos llegase dicha solicitud, se tramitaría siempre siguiendo la indicación del Ministerio, que por ahora, no financia este medicamento”. 

Maldita.es envió una solicitud de acceso a la información pública a la Junta de Andalucía el 30 de septiembre de 2025 para conocer los casos de pacientes a los que se les haya dispensado algún medicamento de “uso compasivo”, el presupuesto asignado por la comunidad autónoma para estos medicamentos y las peticiones denegadas de omaveloxolona. El 10 de octubre de 2025 ampliaron el plazo de contestación a un máximo de 20 días y no fue hasta el 11 de diciembre de 2025 (fuera de plazo) cuando se obtuvo una respuesta. Sobre la primera cuestión, la Junta de Andalucía indicó que no dispone de dicha información y dice que inadmite la solicitud de información pública “por estar dirigida a un órgano en cuyo poder no obra la información”.

En cuanto al presupuesto que se asigna desde la comunidad para este tipo de medicamentos, la Junta respondió que "la financiación pública de cualquier medicamento es competencia exclusiva del Estado".

Sobre las peticiones denegadas de omaveloxolona, la Junta hace referencia a dos casos, uno de un paciente de 64 años y otro de 44. En ambos casos la Junta alega: "En este paciente no se cumplía uno de los criterios de elegibilidad del estudio pivotal argumentando como evidencia". En este mismo apartado, se reitera que "no se ha recibido ninguna otra solicitud de este medicamento".

¿Qué dijo la AEMPS?

Desde la AEMPS, explicaron a Maldita.es en septiembre de 2025 a través de su servicio de prensa que los pacientes que querían acceder a este medicamento antes de estar aprobada su financiación debían tratar su caso de manera individual en el hospital. “La solicitud del uso compasivo debe realizarla el servicio de farmacia hospitalaria del centro que trata al paciente y debe acompañarse de un informe clínico en el que el profesional sanitario justifique la idoneidad del tratamiento para el caso concreto. Esta solicitud debe contar, además, con el visto bueno de la dirección del hospital dónde se trata a la persona y con la conformidad del laboratorio titular del medicamento”, detallaban. 

Es entonces cuando la AEMPS recibe la solicitud de uso compasivo, que debe valorar para confirmar que el paciente cumpla con los criterios establecidos (ausencia de tratamiento alternativo en el mercado y evidencia de que requiere el medicamento) y emite una respuesta. Estas evaluaciones se responden en un plazo estimado de entre 48 y 72 horas. 

En cuanto al suministro de estos “medicamentos en situaciones especiales” como la omaveloxolona, el encargado es el laboratorio titular, en este caso, Biogen. Este sería quien establezca las condiciones. Durante el proceso, la AEMPS se limita a comunicar estas al centro hospitalario y, posteriormente, otorgar el pago correspondiente.

También explicaban que con una resolución expresa de no financiación del pasado 1 de junio de 2025, la AEMPS no permitía “el acceso a pacientes a través de esta vía hasta que cada comunidad autónoma da el visto bueno de manera individualizada a cada paciente”.

¿Qué dijo el Ministerio de Sanidad?

Por medio de una petición de Transparencia, el 14 de octubre de 2025 la Agencia Española del Medicamento, dependiente del Ministerio de Sanidad, respondió a Maldita.es que no se había recibido “en la AEMPS ninguna solicitud de Skyclarys (omaveloxolona) desde Andalucía”.

¿Qué dijo el hospital Virgen del Rocío de Sevilla?

El Hospital Vírgen del Rocío de Sevilla no respondió a nuestras preguntas sobre la denegación de la omaveloxolona a Carolina. 

¿Qué dicen las asociaciones?

Desde el área de comunicación de la Federación de Ataxias de España (Fedaes) califican la propuesta de financiación como “hito histórico”. “Sabemos que esto no es solo un trámite administrativo; es una puerta abierta hacia una mejor calidad de vida para muchos de nuestros compañeros y compañeras que conviven con la Ataxia de Friedreich”, añaden. 

Durante todo este tiempo y antes de conocerse la resolución del 28 de enero de 2026, la federación indicaba a  Maldita.es que habían sabido de casos en los que el médico negó el acceso a la omaveloxolona sin rendir ningún informe por escrito, por lo que recomendaron a los afectados que pidieran un informe de denegación para tener evidencia de ello. Fedaes documentó “todas las denegaciones de Skyclarys de todos los hospitales y regiones donde la están denegando”, así como los sitios donde “sí se está recetando el fármaco”. 

Fedaes ha recopilado reportes de casos de denegación del medicamento en comunidades como Andalucía, Cataluña, Madrid, Extremadura y País Vasco. 

En el caso específico de Andalucía, la Fedaes recibió una denegación de omaveloxolona por parte de un paciente del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla con fecha del 28 de octubre de 2025 (documento que no nos permiten compartir por Protección de Datos Personales) en la que se especifica que “tal y como figura en el BIFIMED, con fecha de 1 de junio de 2025 existe una resolución expresa de no financiación. Esto quiere decir que el medicamento no se puede utilizar con cargo al Sistema Nacional de Salud”. 

El mismo documento también menciona que en el proceso de evaluación de financiación del medicamento, existe una vía excepcional de solicitud de autorización de los tratamientos de forma individualizada, para pacientes concretos. La solicitud es evaluada por cada autonomía, y en el caso del Sistema Andaluz de Salud, la realiza la “Comisión Offlabel”. Si la comisión emite una resolución positiva para el uso del medicamento aunque no haya financiación, “se permite continuar con la administración de ese tratamiento ya iniciado previamente. En cualquier caso, una vez existe una resolución de no financiación, dicha vía se cierra para nuevos pacientes y ya no es posible cursar nuevas solicitudes”, siempre según la respuesta de dicho hospital compartida por FEDAES.

A 18 de noviembre, y volviendo a repreguntar a la AEMPS si se puede o no solicitar el medicamento por la vía de los “compasivos”  aunque la resolución previa haya sido la de no financiación, AEMPS respondiólo siguiente: “En el caso concreto de la omaveloxolona, es accesible a través de la aplicación de Medicamentos en situaciones espaciales de la AEMPS desde junio de 2024 y desde entonces han accedido 10 pacientes”.

¿El Ministerio está en negociaciones con Biogen para financiar dicho medicamento?

Sí. El 28 de enero de 2026 se llevó a cabo la más reciente reunión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), conformada por varios ministerios y las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, en la que se propuso“una decisión de financiación positiva” de tres nuevos medicamentos, incluido el Skyclarys, según una nota informativa del Ministerio de Sanidad. 

A este respecto, prensa del Ministerio de Sanidad señala a Maldita.es, que la financiación de la omaveloxolona entraría en vigor en el Sistema Nacional de Salud (SNS) “cuando se publique en el Nomenclátor, que suele ser el 1 o el 2 (del mes entrante, en este caso, de marzo)”.

Desde Maldita.es, consultamos a Biogen respecto a los acuerdos a los que se llegó con la CIPM: “Tras haber seguido el procedimiento de precio y reembolso con el Ministerio de Sanidad, Skyclarys (omaveloxolona) ha sido financiado por el Sistema Nacional de Salud e incluido en la financiación pública de España”, respondía el 3 de febrero de 2026. 

En abril de 2025 también se propuso la financiación de este medicamento a la CIPM, pero no se aceptaron las alegaciones y se emitió una resolución para solicitar a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGCYF) la “no inclusión en la prestación farmacéutica” para Skyclarys, teniendo en cuenta “criterios de racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud”.

Esa resolución se hizo efectiva el 1 de junio de 2025 en el BIFIMED, el Buscador de la Información sobre la situación de financiación de los medicamentos y continuará vigente hasta que Skyclarys entre en el Nomenclátor de facturación correspondiente.

A este respecto, el Ministerio de Sanidad señaló que, normalmente, cuando no se otorga la financiación, los laboratorios vuelven a presentar otra solicitud: “Pensamos que en este caso ocurrirá así y que, por lo tanto, volverá a haber otra propuesta para someter a la consideración de la comisión de precios de los medicamentos”. 

Biogen afirmó a Maldita.es que se encontraba “en constantes conversaciones con el Ministerio de Sanidad” de cara a “presentar una nueva propuesta y tratar de conseguir la financiación pública para la comunidad de ataxia de Friedreich lo antes posible”.

El 17 de junio de 2025, la ministra de Sanidad, Mónica García, había dichoen el Senado que “el tratamiento para la ataxia de Friedreich está en estos momentos en un proceso de evaluación” en el que el Consejo Interministerial de Precios de los Medicamentos “no habla de racionalización de los gastos”, sino de algo más complejo como la evaluación de la eficiencia. “Esperemos que ese fármaco sea financiado próximamente”, apuntó en respuesta a una pregunta del Partido Popular (PP) [min. 59:12]. 

¿En qué comunidades autónomas sí se dispensó la omaveloxolona?

Según la petición de transparencia hecha por Maldita.es a la AEMPS desde que se concedió el acceso a este “medicamento en situaciones especiales” el 12 de junio de 2024, se había autorizado a diez pacientes de Galicia, Castilla La Mancha, Madrid, Asturias y Murcia.

Si te encuentras en una situación parecida en alguna comunidad autónoma respecto al acceso a la omaveloxolona, ¡escríbenos a contacto@maldita.es! 

*Actualizado a 30 de enero de 2026 para incluir la resolución positiva de financiación de Skyclarys del 28 de enero. Aquí la versión original de la pieza: https://archive.ph/mBz2l.

Verificación: 

• Ninguna de las sentencias recoge que los discos duros fueran destruidos a martillazos. Sí indican que fueron formateados 35 veces y rayados.

• Según Isabel Elbal, una de las abogadas del caso, los escritos de acusación tampoco mencionaban los martillazos.

• La técnica de borrado usada por el PP garantiza la eliminación de los archivos de los discos duros y es habitual en "entornos de alta seguridad", según los expertos.

• La teoría de los martillazos ha sido difundida desde 2013 por partidos políticos y medios de comunicación.

Ninguna de las sentencias recoge que los discos duros se destruyeran a martillazos 

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el 20 de julio de 2020 la absolución del Partido Popular (PP) por la destrucción de los ordenadores utilizados por el extesorero Luis Bárcenas en su sede de la calle Génova. Tras la absolución, se viralizaron varias publicaciones en las que se criticaba la decisión judicial porque, según ellos, los discos duros habían sido destruidos a martillazos. 

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, no se hace referencia en ningún momento a la destrucción de los discos duros a martillazos y da por buenos los hechos probados en la sentencia del Juzgado de lo Penal nº31 de Madrid de septiembre de 2019, que fue apelada por la acusación. En los hechos probados de esta última sentencia, se aseguraba que el informático del PP José Manuel Moreno sobrescribió los discos duros 35 veces antes de rayarlos hasta su destrucción.

Puedes encontrar el fragmento anterior en la página 5 de la sentencia:

Sentencia AP Sección Séptima ordenadores de Bárcenas (confirmatoria) disociada by Maldita.es on Scribd

A continuación tienes la sentencia completa anonimizada:

Sentencia_discos_duros.pdf by Maldita.es on Scribd

Los escritos de acusación no incluían la teoría de los martillazos según Isabel Elbal, una de las abogadas del caso

La abogada Isabel Elbal, que representó a la Asociación Observatori de Drets Humans como acusación en el caso de los ordenadores de Bárcenas, asegura a Maldita.es que "nadie ha incluido en los escritos de acusación que los discos duros se destruyeran a martillazos". Añade que el responsable de los servicios informáticos del Partido Popular declaró que formateó los discos duros en 35 ocasiones y que "luego los rayó y tiró a la basura".

Como decimos, las sentencias del caso recogen como hecho probado que los discos duros fueron rayados, por lo que esto último sería según Elbal "una verdad jurídica que ya es firme". Sin embargo, Elbal señala que "antes del dictado de la sentencia, se podría decir cualquier cosa porque el informático, acogiéndose a su derecho a mentir como investigado, declaró que lo hizo así". "Podría haberse hecho de cualquier forma porque la destrucción fue absoluta, de ahí que el imaginario se construyó con algo tan gráfico como los martillazos", añade.

De hecho, Isabel Elbal asegura a Maldita.es que aunque desconoce "de dónde procede lo de los martillazos" ella misma mantuvo en su informe oral al finalizar el juicio que "bien pudieron haber sido destruidos a martillazos, pues solo sabemos que fueron destruidos, pero no conocemos el mecanismo".

Esteban Mestre, quien defendió en el juicio al abogado del PP Alberto Durán, asegura a Maldita.es que la afirmación de que los discos duros se rompieron a martillazos "es un bulo" y que "en toda la causa se ha hablado siempre de un procedimiento seguro que suponía la sobreescritura en el disco en un determinado número de veces, de tal forma que su hipotético contenido resultaría inaccesible".

¿Cómo eliminó el PP los archivos y los discos duros de Bárcenas?

Tal y como se señala en las sentencias del caso, los servicios informáticos del Partido Popular sobrescribieron los discos duros de Bárcenas en 35 ocasiones. Es el conocido como método Gutmann, que según los expertos consultados por Maldita.es garantiza que los archivos que estaban en el disco duro sean irrecuperables.

Alfredo Reino, experto en ciberseguridad, afirma que métodos como el de Gutmann se usan "cuando quieres asegurarte de que es imposible recuperar información borrada, por mucho método avanzado de recuperación que se use". Coincide con él Lorenzo Martínez, perito informático forense y director de Securízame: "Lo que te garantiza [el método Gutmann] es que la información es irrecuperable", aunque aclara que "a día de hoy y con los medios actuales" no es necesario hacer la sobrescritura 35 veces ya que bastarían "un par de pasadas".

En respuesta a si este método es habitual, Reino explica que "en algunos entornos de alta seguridad es obligatorio borrar los discos así antes de descartarlos o revenderlos". Por su parte, Martínez señala que también es frecuente optar por la destrucción física de los discos duros: "En muchos casos lo que se suele hacer cuando se trata de la destrucción de discos duros es taladrarlos".

Tal y como se puede comprobar en esta guía del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), es habitual destruir físicamente los discos duros para borrar la información de forma segura.

La teoría de la destrucción a martillazos ha sido difundida por PSOE, Podemos y algunos medios de comunicación de forma continuada desde 2013

Durante años, algunos partidos políticos y medios de comunicación han asegurado que los discos duros de Luis Bárcenas fueron destruidos a martillazos. Por ejemplo, ya en septiembre de 2013 el por aquel entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo referencia a ello en una entrevista en El programa de Ana Rosa de Telecinco [min. 33:40].

Durante los años siguientes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repitió en varias ocasiones esta teoría. Así lo hizo durante el debate sobre el estado de la nación del 24 de febrero de 2015 en el Congreso de los Diputados [a partir del minuto 20:56]. En diciembre de ese mismo año, coincidiendo con la campaña de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, Sánchez volvió a asegurar que los discos duros habían sido destruidos a martillazos. Unos meses después, en julio de 2016, Sánchez hizo referencia una vez más a los martillazos después de que un auto judicial procesara al Partido Popular por la destrucción de los discos duros.

Sin embargo, el auto del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid no recogía en ningún lugar que los discos duros hubieran sido destruidos a martillazos. De hecho, ya en aquel escrito se indicaba que se había procedido a la "sobreescritura de los discos duros, hasta en 35 ocasiones" y a su "posterior ralladura".

Puedes verlo en la página 3 de esta versión anonimizada del auto:

AJI_32_2016.pdf by Maldita.es on Scribd

En declaraciones a Maldita.es, el PSOE asegura que sus líderes hicieron "referencia a la existencia de daños físicos en el disco duro, en el ordenador, que sí están acreditados en el auto", pero, como se puede comprobar, en dicho auto no se habla en ningún momento de martillazos. Los socialistas también nos aseguran que se basaron "en la prensa de aquellos días", poniendo como ejemplo un artículo de El Periódico en el que sí se asegura que fueron destruidos a martillazos pero que fue publicado en septiembre de 2019. Es decir, seis años después de que el partido empezara a hablar de los martillazos.

El PSOE no es la única formación que se ha hecho eco de esa teoría durante los últimos años, ya que la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y diputada de Unidas Podemos, Ione Belarra, también aseguró en una entrevista en el programa Más Vale Tarde de La Sexta que dichos discos duros se destruyeron a martillazos. El partido volvió a hacer esa afirmación en su cuenta oficial de Twitter (ahora X) en septiembre de 2019.

Maldita.es se ha puesto en contacto con Podemos por esta cuestión, pero no han respondido antes de la publicación de este artículo.

Cospedal negó que los discos duros hubieran sido destruidos a martillazos

La que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, negó en reiteradas ocasiones que los discos duros hubieran sido destruidos a martillazos durante su comparecencia el 29 de mayo de 2018 en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados relativa a la presunta financiación del Partido Popular. Esto se puede comprobar en el diario de sesiones.

Por ejemplo, durante un intercambio con el diputado de Unidas Podemos, Txema Guijarro, aseguró que lo de los martillazos "lo dijo en una ocasión un político, creo que del Partido Socialista, y, por lo visto, ha tenido mucho éxito, pero es absolutamente falso". Puedes leerlo en la página 16 del diario de sesiones.

Maldita.es también se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con el Partido Popular para contar con su versión, pero no han respondido al cierre de esta información.

¿De dónde sale la teoría de los martillazos?

Es complicado hallar el origen de una teoría tan difundida a lo largo de los años, pero las primeras referencias que hemos encontrado a través de varias búsquedas avanzadas en Google, X y Facebook son de finales de agosto de 2013, cuando unos pocos usuarios sugirieron que los discos duros habían sido destruidos a martillazos.

Sin embargo, dicha teoría empezó a ser ampliamente difundida en septiembre de ese mismo año después de que el líder del PSOE de por aquel entonces, Alfredo Pérez Rubalcaba, hiciera referencia a los martillazos en una entrevista concedida a Telecinco.

En todo caso, en ninguna de las sentencias del caso se señala que los discos duros hubieran sido destruidos a martillazos, tal y como se ha asegurado durante años. Lo que sí consideran como hechos probados es que los mismos fueron sobrescritos en 35 ocasiones antes de ser rayados.

Maldita.es se ha puesto también en contacto con el resto de abogados que participaron en el caso tanto en la acusación como en la defensa. Si alguno de ellos responde, actualizaremos este artículo para que conste su versión.

Primera fecha de publicación de este artículo: 24/07/2020.

A 13/02/2025 se ha actualizado este artículo para añadir claves, cambiar la estructura de la entradilla y añadir los contenidos que circulan en febrero de 2025.

En 1985, se firmó la orden que desarrolla este acuerdo sobre Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos, que entró en vigor en 1986. En el artículo 6 de esta orden se establece que "corresponderá al Estado, a través de la correspondiente dotación presupuestaria, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica. El Estado transferirá las cantidades precisas a la Administración sanitaria competente".

Ya en el Anexo III se puntualiza lo siguiente respecto a la financiación: "No obstante lo dispuesto en el artículo 6.º, la obligación financiera relativa al servicio de asistencia religiosa católica seguirá correspondiendo a las Entidades que sean actualmente titulares de los centros hospitalarios públicos. En los centros hospitalarios que sean creados en el futuro por las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y Fundaciones Públicas, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica corresponderá a las Entidades fundadoras".

Carles Mulet, exportavoz de Compromís en el Senado, presentó dos preguntas al Gobierno sobre la asistencia católica en los centros sanitarios españoles en 2020

El contenido circula desde 2020. El 8 de enero de ese año, el entonces portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet presentó dos preguntas escritas al Gobierno sobre la asistencia católica en los centros sanitarios españoles. En una de ellas, el senador preguntaba qué cantidad se ha destinado a la asistencia religiosa desde 1986. En la otra, qué medidas iba a adoptar el Gobierno para derogar el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos y para derogar el acuerdo sobre la asistencia religiosa católica en hospitales, vigente desde la orden de 1985, "por atentar contra la aconfesionalidad del Estado".

En su respuesta, el Gobierno afirmaba que "un servicio de asistencia religiosa en los centros sanitarios públicos no supone un obstáculo para un Estado aconfesional" y que son las Comunidades Autónomas las encargadas de organizar este servicio:

"Ahora bien, al residir en las Comunidades Autónomas las competencias referidas a la organización y gestión de las asistencia sanitaria en su territorio, a ellas corresponde, por tanto, la organización de sus servicios de salud y el establecimiento de convenios que estimen oportunos para garantizar las asistencia religiosa católica en los centros sanitarios integrados en la red sanitaria pública que les competen."

Después de que ABC publicara que “Compromís pide la expulsión de los curas católicos de la sanidad pública y los equipara a las sectas”, la formación política remitió una nota a ABC diciendo que “en ningún momento se pide expulsar a nadie de los centros sanitarios, son preguntas para que se explique el coste de dinero público de esta asistencia, y para que se expliquen medidas futuras acorde a la aconfesionalidad del Estado”.

El Gobierno no puede derogar con una ley ordinaria los acuerdos con la Santa Sede, por los que se presta asistencia católica en hospitales

El 31 de mayo de 2020, Mulet reiteró su pregunta sobre derogar el acuerdo de entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 1979. El Gobierno respondió el 13 de julio y explicó que "los Acuerdos entre el Reino de España y la Santa Sede no son una ley estatal que se pueda modificar siguiendo los trámites legislativos ordinarios".

Según el Gobierno, "al tratarse de convenios de naturaleza internacional, están sometidos a lo dispuesto en los artículos 94 y 96 de la Constitución". Según el artículo 96, las disposiciones de los convenios internacionales "sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional".

En su respuesta, el Gobierno insiste en que "no basta con una simple derogación" y que "la modificación de los Acuerdos con la Iglesia Católica tiene un carácter bilateral". Además, manifiesta que "la voluntad de avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, en los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, permanece y el compromiso asumido por el Gobierno en este sentido es firme".

El Gobierno ha abierto "un espacio de diálogo" para "actualizar el marco de sus relaciones" con la Iglesia

El 21 de julio de 2020, Mulet volvió a insistir: "¿Ya pueden ambas partes ponerse de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera convenidos en unos Acuerdos con la Santa Sede considerados por los expertos como preconstitucionales, ¿por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado?".

El Gobierno respondió el 10 de septiembre y aseguró que "los propios Acuerdos prevén mecanismos de interpretación y modificación que requieren de la intervención de ambas partes". En este sentido, en el documento destacan la reunión que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tuvo con el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, el 24 de junio de 2020.

En esa reunión, según la respuesta del Gobierno, se acordó establecer una agenda de trabajo para "avanzar en un modelo que permita la colaboración y la resolución de las posibles discrepancias que pudieran plantearse". Según el documento, "asuntos como la fiscalidad de la iglesia, la protección a la infancia, las inmatriculaciones o la reforma del marco normativo de la Educación, figuran entre las cuestiones que serán abordadas". Según apunta el Gobierno, se ha abierto "un espacio de diálogo con la Iglesia Católica" que permite "actualizar el marco de sus relaciones".

Desde Maldita.es consultamos en 2020 a la Vicepresidencia Primera del Gobierno si entre las cuestiones que se iban a abordar estaba la posible supresión de la asistencia católica en los hospitales, pero no recibimos respuesta.

*Hemos actualizado este artículo el 27/02/2026, cuando ha vuelto a circular, de acuerdo con nuestra nueva metodología y para añadir la respuesta de Obispos del Sur de España.

Verificación: Es un bulo. El contenido utiliza la plantilla con la que El Confidencial publicó en 2021 una serie de audios filtrados de Florentino Pérez, pero la han alterado para colocar una cita que el medio nunca publicó. También han cambiado la foto de Cristiano Ronaldo por una de aficionados del Real Madrid y han añadido el rótulo “Real Madrid Club de árbitros”. 

Es una imagen alterada: han utilizado una captura de las publicaciones de El Confidencial y la han modificado

En julio de 2021, El Confidencial publicó una serie de audios filtrados en los que se escucha a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Club de Fútbol, criticando a jugadores, entrenadores y agentes que estaban en ese momento, o que habían estado en el club. Para publicarlos en redes sociales, utilizan una plantilla en la que se ve una fotografía de Pérez a la izquierda, una imagen de la persona de la que habla en el audio a la derecha, y las palabras del presidente madridista en el centro.

En el contenido que se difunde han utilizado una de esas plantillas, pero la han alterado para difundir una cita que supuestamente dijo Florentino Pérez. Sin embargo, El Confidencial no ha publicado esas supuestas declaraciones. Tampoco hay registro o pruebas de que se haya pronunciado así públicamente. 

En el contenido original, Florentino Pérez habla de Cristiano Ronaldo

El contenido que circula mantiene el título del original: “Florentino, en bruto: Cristiano Ronaldo”. 

Los audios filtrados de Florentino Pérez fueron publicados originalmente en varias entregas, divididos según la persona de quien está hablando. En este caso, la plantilla tomada para difundir la cita falsa es del presidente del Real Madrid hablando del futbolista portugués, Cristiano Ronaldo.

Así, la imagen de una captura de El Confidencial con una supuesta afirmación de Florentino Pérez sobre que “Los aficionados del real Madrid son unos subnormales” (sic) es un bulo. Los contenidos que lo difunden utilizan una plantilla de dicho medio, pero en ningún momento ha hecho El Confidencial tal publicación. Tampoco hay registro ni constancia de que el presidente madridista haya dicho esas palabras públicamente. 

El Ministerio de Transportes modificó su estructura en julio de 2025 y “suprimió”, en palabras textuales del BOE, la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis. Este organismo se sustituyó por un observatorio, del que no hay información pública sobre sus reuniones, funciones o composición a fecha de publicación de este artículo.

Los contenidos que han circulado a raíz del accidente ferroviario de Adamuz afirman que la Unidad de Emergencias “no actuaba sólo cuando ocurría un accidente, su principal valor estaba en el trabajo previo”, mientras que el actual observatorio “no ha tenido ningún papel en la prevención de accidentes”. El ministro Óscar Puente los ha calificado de “bulo” y ha afirmado que las mismas cuatro personas que formaban la unidad, que hoy forman parte del observatorio, “no tienen ninguna competencia en materia de prevención y seguridad ferroviaria”.

Pero su propio nombre lo contradice: “Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes e incidentes en los modos de transporte”. También el real decreto que lo constituye cuando cita la “realización de estudios preventivos” entre sus funciones. Aunque el puesto de subdirector general, figura encargada de estos estudios según la convocatoria de Transportes, no estaba ocupado cuando ocurrió el accidente de Adamuz (18 de enero de 2026). Desde la creación del Observatorio en julio de 2025, este puesto estuvo vacante seis meses, porque no se nombró hasta el 6 de febrero. Su publicación en el BOE fue el 12 de abril, por lo que, como pronto, tomó posesión del cargo al día siguiente.

¿Se suprimió la Unidad de Emergencias?

Sí, en julio de 2025 se “suprimió” la Unidad de Emergencias, pero supuestamente “asumió sus competencias” un “observatorio” (Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes e incidentes en los modos de transporte), según el Real Decreto 690/2025, de 29 de julio que modificaba la estructura orgánica del Ministerio de Transportes.

Tras el accidente de Adamuz, se ha viralizado esta decisión del departamento de Óscar Puente. El ministro ha defendido en Twitter (ahora X) que se trata de una “transformación” y dijo durante su comparecencia en el Senado el 29 de enero que “la Unidad se subsumió en el Observatorio”. Su gabinete también trasladó al programa de Cuatro ‘Todo es mentira’ [min.  2:10] que “no se suprimió”, aunque no habló sólo de un “cambio de nombre”, como indicó Puente en la Cámara Alta, sino de que “se modificaron las funciones”.

¿El Observatorio tiene las mismas competencias que la Unidad?

Según Óscar Puente, sí. Según su gabinete, ahora “asume además nuevas funciones en materia de atención a víctimas y coordinación con autoridad de investigación”. Según los reales decretos que regulan cada una, mantienen funciones parecidas, pero el del actual Observatorio cita explícitamente: “Impulso y coordinación de la realización de estudios preventivos de mitigación de riesgos y adaptación de las infraestructuras y los servicios de transporte frente a eventuales situaciones de emergencias y crisis”.

El Español publicó que el Ministerio “le retiró competencias clave en coordinación de seguridad con Adif y Renfe pocos meses antes de que se suprimiera la Unidad”, según “archivos en poder de la UCO” de los que adjunta algunas capturas de mails y cartas. Maldita.es ha preguntado al Ministerio de Transportes si hubo este cambio de competencias que se afirma en los contenidos, ya que no hay rastro en el BOE sobre ello, sin respuesta a 10 de abril de 2026.

¿El Observatorio tiene competencias en prevención?

El Observatorio, según su propio nombre, tiene competencias en “coordinación y prevención”. Asimismo, el real decreto incluye “estudios preventivos” y “aprobación de los protocolos para situaciones de emergencias” como algunas de sus funciones.

Óscar Puente dijo en el Senado que “no tiene competencia ninguna en materia de prevención y seguridad ferroviaria”. Maldita.es ha preguntado al Ministerio de Transportes por esta contradicción y por las funciones de “prevención de crisis” referidas en el propio nombre del Observatorio, sin respuesta a 10 de abril de 2026. Por otro lado, su gabinete dijo a ‘Todo es mentira’ [min. 3:54] que “es un órgano consultor”, por lo que también le hemos preguntado quién le consulta qué y si sus decisiones son vinculantes.

Vozpópuli publicó que el actual Observatorio “no ha tenido ningún papel” en prevención de accidentes, mientras que la anterior Unidad realizaba un “mapeo periódico de los puntos críticos de la red y de los puntos negros (donde se producía un mayor número de arrollamientos) a partir de los datos que, prácticamente en tiempo real, suministraban desde Adif y Renfe”, según “fuentes sindicales” que no identifica. Por su parte, Puente dijo en el Senado que “no tiene ninguna competencia en materia de prevención y seguridad ferroviaria”, pero se contradijo al afirmar: “Nos pasan un parte diario de incidencias, siguen pasándoselo desde su existencia”.

Por su parte, El Español afirmó que la Unidad “era clave para la seguridad ferroviaria”, según “informes en poder de la UCO”, porque “analizaba incidencias, detectaba patrones de riesgo y elaboraba mapas de puntos críticos para prevenir siniestros”, “mantenía reuniones periódicas con responsables de seguridad de Adif para analizar averías, incidencias, problemas de agujas, arrollamientos y alteraciones de la circulación” y “elaboraba informes que elevaba al secretario de Estado para anticipar riesgos y activar medidas antes de que se produjese un accidente grave”.

Maldita.es ha preguntado al Ministerio de Transportes si la Unidad de Emergencias realizaba las funciones que se afirman en estos contenidos y si el Observatorio ha dejado de hacerlas, ya que no hay documentos públicos que nos permitan verificarlo de manera independiente y los informes de la UCO no son públicos. También hemos pedido documentos, actas de reunión e informes a través del Portal de Transparencia para comprobarlo, información que nos denegaron el 10 de marzo y por la que hemos interpuesto una reclamación ante el Consejo de Transparencia.

¿Qué funciones ha tenido en el accidente de Adamuz?

No se conocen las funciones del Observatorio en el accidente de Adamuz porque no existe información pública al respecto. Según ha indicado el Ministerio de Transportes a Maldita.es a través de transparencia, el observatorio se encargó de la “recogida de datos por vía telefónica (...) sobre víctimas y afectados y la respuesta de asistencia” y ejerció como “punto focal para canalizar las consultas (...) en relación con la tramitación de solicitudes de ayuda”, sin facilitar la documentación sobre los informes diarios de seguimiento del accidente que le requerimos. 

¿De quién depende el Observatorio?

Sólo sabemos, según el real decreto que lo constituye, que depende del titular de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible y que tiene “rango de subdirección general”, al igual que la anterior Unidad.

En el apartado web de esta secretaría, sólo se menciona el Observatorio, pero no se ofrece más información sobre sus funciones, reuniones o composición. Tampoco consta en el listado de observatorios de Transportes ni en el propio buscador de la web del Ministerio a 10 de abril de 2026. Maldita.es ha solicitado esta información al Ministerio de Transportes, sin respuesta.

Además, el Observatorio tampoco aparece en el organigrama de Transportes, porque el que está publicado en la web del Ministerio a 10 de abril de 2026 es anterior a la reforma de su estructura. Por tanto, podemos saber dónde se situaba la anterior Unidad, pero no el nuevo Observatorio. Maldita.es también sigue esperando respuesta del Ministerio sobre esta cuestión. 

¿En el Observatorio trabajan menos personas que en la Unidad?

Sí, hay un puesto menos creado. Además, antes del accidente de Adamuz, en el observatorio trabajaban dos personas menos que en la anterior unidad y, desde febrero de 2026, una menos. En junio de 2025, aparecen seis plazas de funcionarios ocupadas en la Unidad de Emergencias y otras cuatro plazas aparecen como “vacantes”, un total de diez. En septiembre de 2025, aparecen también dos puestos de personal laboral administrativo en esta unidad, una ocupada y otra como “vacante”. Si atendemos a esta información, trabajaban siete personas en la Unidad antes de la reforma.

En enero de 2026, de las nueve plazas de funcionarios disponibles en el observatorio, cuatro estaban ocupadas, mientras que de los dos puestos de personal laboral administrativo, estaba ocupado uno de ellos, conformando el Observatorio un total de cinco personas; ni “cuatro” ni “las mismas”, como dijo Óscar Puente en Twitter, ni “un historiador, un psicólogo y dos auxiliares administrativos”, como dijo en el Senado.

Tampoco la conformarían “los mismos desde hace muchos años”, como dijo en otro tuit. Las adjudicaciones de los puestos que conocemos son de 2024, 2017 y 2014 . Hemos pedido el resto de adjudicaciones a Transportes tanto al gabinete de prensa como a través del Portal de Transparencia, sin respuesta a 12 de febrero de 2026. Tras el accidente de Adamuz, se nombró al subdirector general el 6 de febrero, por lo que pasarían a conformar el observatorio 6 personas.

¿Quién componía el Observatorio cuando se produjo el accidente de Adamuz?

Según el ministerio, un jefe de área (“adjudicado mediante una redistribución”, del que el ministerio no ha detallado más información), un jefe de servicio (con estas funciones), jefe de negociado (para el que Transportes nos entrega un documento en el que no aparecen sus funciones), programador de primera (con estas funciones) y un administrativo del que no nos facilita adjudicación (quien puede realizar estas funciones). Maldita.es ha preguntado al departamento qué funciones corresponderían a los otros puestos que no tienen trabajador, pero no tenemos respuesta.

Por su parte, Vozpópuli publicó que “la Oficina de Atención a las Víctimas de Accidentes (OAV) integrada en ese Observatorio cuenta con un solo funcionario”, según fuentes que no identifica. Maldita.es ha preguntado a Transportes por las oficinas que componen el Observatorio y los trabajadores de cada una de ellas, sin respuesta a 10 de abril de 2026.

¿Quién dirigía el Observatorio el 18 de enero?

Cuando ocurrió el accidente de Adamuz, nadie. No se nombró al subdirector general hasta febrero de 2026 y Maldita.es también ha preguntado al Ministerio por qué está vacante el puesto que se encarga de los estudios de prevención y quién y cómo dirige el Observatorio si no. El puesto de subdirector general se ha de encargar, entre otras cosas, de esos “estudios preventivos” de los que habla el real decreto, según la convocatoria de Transportes de noviembre de 2025 para este puesto. Pero estaba vacante.

En su creación en 2012, este puesto lo ocupó Ignacio Alcázar, teniente coronel de la Guardia Civil. A partir de 2020 lo ocupó Rubén Eladio López, inspector de la Policía Nacional, hasta su cese el 30 de julio de 2025 con la supresión de la anterior unidad, indica Transportes a Maldita.es por Transparencia. Este puesto estuvo vacante más de seis meses vacante, hasta que Miguel Álvaro Antolín, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (o equivalente habilitante, según el BOE) ocupó el cargo del actual observatorio en febrero de 2026.

¿El Observatorio ya no reporta diariamente las incidencias ferroviarias?

Según dijo Óscar Puente en la comparecencia en el Senado, el Observatorio “sigue pasando un parte diario de incidencias desde su existencia”. Así lo afirmó también en un tuit en el adjuntó capturas de un informe del 27 de enero. Maldita.es ha pedido al Ministerio los informes completos desde su creación y nos los ha denegado, por lo que hemos interpuesto una reclamación ante el Consejo de Transparencia, para el que el organismo tiene tres meses para resolver.

Maldita.es ha recopilado en este artículo lo que se sabe (y lo que no) sobre estos organismos y las contradicciones entre las declaraciones de Óscar Puente y la información disponible sobre el Observatorio. También ha enviado consultas a Transportes y solicitado documentación a través del Portal de Transparencia, con respuestas parciales a 10 de abril de 2026 e interponiendo reclamación ante el Consejo de Transparencia.

Qué preguntas ha trasladado Maldita.es al Ministerio de Transportes sobre la Unidad de Emergencias y el Observatorio 

• ¿En qué consisten las funciones de “prevención de crisis” del Observatorio?

• ¿Las decisiones del Observatorio son vinculantes?

• ¿Quién y qué consulta información al Observatorio?

• ¿La anterior Unidad de Emergencias analizaba incidencias, detectaba patrones de riesgo, elaboraba mapas de puntos críticos para prevenir riesgos, mantenía reuniones periódicas con Adif y elaboraba informes para elevarlos al secretario de Estado, como afirman los contenidos?

• ¿Se encarga el Observatorio actual de la “seguridad preventiva”?

• ¿Con qué periodicidad se envían los reportes y a quién?

• ¿Se le retiró competencias en la coordinación de seguridad con Adif y Renfe a la Unidad unos meses antes de que se suprimiera?

• ¿Qué funciones ha tenido el Observatorio en el accidente de Adamuz? ¿Qué funciones tuvo antes en ese tramo de la vía?

• ¿Qué realiza cada una de las personas que trabajan en el Observatorio?

• ¿Por qué hay cinco vacantes en este Observatorio y qué funciones tendrían?

• ¿Quién dirige este Observatorio y qué hace?

• ¿Por qué está vacante el puesto de subdirector general, si es la persona que ha de saber sobre “estudios preventivos de mitigación de riesgos y adaptación de las infraestructuras y los servicios de transporte”?

• ¿Este puesto ha estado siempre ocupado? ¿Y las dos únicas personas encargadas han sido Rubén Eladio López Martínez e Ignacio Alcázar? 

• Dentro del organigrama del Ministerio de Transportes, ¿dónde se incluye el Observatorio específicamente?

_{* Este artículo se ha actualizado el 10/04/2026 para incluir las respuestas parciales del Ministerio de Transportes a través de Transparencia.}

Maldita.es · No se están hackeando cuentas con "imágenes pre-elaboradas" de "buenos días"

Este tipo de cadenas con afirmaciones falsas son habituales. En junio de 2024 cuando Meta anunció sus planes de usar los datos de los usuarios en Europa para entrenar su IA (que después paralizó y reactivó en mayo de 2025), también circularon mensajes similares supuestamente para evitar que nuestros datos y publicaciones se usaran con estos fines.

El mismo texto de “Adiós Meta AI” circuló en inglés durante septiembre del mismo año y fue compartido por deportistas y celebridades. En este contexto, un portavoz de Meta comunicó a la BBC que “compartir esta historia no cuenta como una forma válida de objeción”. 

En relación a Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de la compañía que se menciona al comienzo de la cadena de texto, sólo se puede evitar que se usen nuestros contenidos en las redes sociales de Meta e interacciones con el chatbot para entrenar la IA de la empresa a través de los formularios oficiales (este para Instagram y este para Facebook).

Estas cadenas de texto no tienen ninguna validez legal y no pueden modificar las condiciones que ya aceptamos al crear nuestras cuentas

Cuando nos creamos una cuenta en Instagram o Facebook, aceptamos sus condiciones de uso y políticas de privacidad. Publicar un texto de este tipo no tiene efectos sobre el acuerdo que ya hemos establecido con Meta. 

"La relación con Facebook es contractual mediante la adhesión a sus condiciones generales de contratación. Este tipo de contratos 'adhesivos' no permiten ser negociados por el usuario. Poner una declaración de ese tipo no tiene ningún valor legal ni en Europa ni en España", explicó a Maldita.es en relación a otra cadena de texto la abogada experta en derecho de tecnologías de la información Paloma Llaneza.

Meta no es una entidad pública y tampoco hay registros de que tenga planes de convertirse en una

En la cadena de texto viral se asegura que “Meta es ahora una entidad pública”. Esto no es correcto: Meta es una entidad privada controlada por Mark Zuckerberg. Es una empresa que cotiza en la Bolsa de valores desde 2012 y se pueden comprar y vender sus acciones, pero no pertenece ni hay noticias de que vaya a pertenecer a ningún gobierno. 

Tampoco hay registros en su página web, redes sociales ni en fuentes de información fiables de que la compañía tenga intenciones de ser una entidad pública para realizar funciones del estado o gestionar servicios públicos. 

TRANSPARENCIA: Maldita.es participa desde 2019 en el programa de verificación de datos externo de Meta.

*Este artículo se ha actualizado el 14/08/2025 para añadir que hasta esta fecha continúa siendo un bulo.

Versiones de esta cadena en relación a Facebook circulan por lo menos desde el 2012, cuando fue desmentida por el verificador Snopes. En Maldita.es la desmentimos por primera vez el 2020. En ese entonces, desde Facebook España nos aseguraron que se trataba “de un meme" y que “cualquiera que use Facebook posee y controla el contenido y la información que publica, como se establece en nuestras condiciones”. En ese sentido, aseguraron que los usuarios “controlan cómo se comparte ese contenido e información. Esa es nuestra política y siempre lo ha sido”.

En octubre de 2021, la empresa de Facebook cambió su nombre a Meta y bajo este nombre agrupó el conglomerado de empresas del que forman parte esta red social y otras como Instagram. También la aplicación de mensajería WhatsApp, que tiene sus propias condiciones y políticas independientes. 

Las Condiciones del servicio actuales de Meta precisan que el contenido que creamos y compartimos en Facebook y en los demás Productos de las empresas de Meta es de nuestra propiedad: “Ninguna disposición incluida en estas Condiciones anula los derechos que tienes sobre tu propio contenido. Por lo tanto, puedes compartir libremente tu contenido con quien quieras y donde desees”, indica. En ese sentido, los usuarios pueden configurar sus perfiles para que sus publicaciones sean públicas o sólo puedan verlas sus amigos, amigos concretos o solo ellos mismos. 

En la cadena también se asegura que “todo lo que has publicado se podrá publicar a partir de hoy, incluso mensajes eliminados”. Pero en las Condiciones del servicio se explica que cuando eliminamos un contenido, este “deja de estar visible para el resto de usuarios mientras se lleva a cabo el proceso de eliminación” definitivo de los sistemas. 

Las Condiciones de WhatsApp tampoco incluyen esta supuesta “nueva norma”, y los mensajes en la app están cifrados de extremo a extremo 

En el caso de WhatsApp, la cadena circula por lo menos desde el 2021. En las Condiciones de Servicio no figura que WhatsApp pueda utilizar nuestras fotos o el contenido que subimos para otro fin que no sea garantizar el servicio de mensajería. 

"Viene a decir que todo lo que generas en el servicio (mensajes, fotos, audios y demás) es tuyo pero se lo prestas a ellos para que puedan moverlo de aquí para allá, pero siempre vinculado al servicio objeto de WhatsApp: la mensajería", nos explica Jorge Morell, abogado especializado en derecho tecnológico y en el análisis de los Términos y Condiciones de las plataformas. "Esa licencia que les damos es mundial, gratuita ya que no nos pagan por ello, no exclusiva ya que esas cosas puedes ponerlas en otros sitios, y sublicenciable y transferible para facilitar que terceros accedan a ello

Legalmente hablando, según explica Morell, esa licencia es la que permite que el mensaje que mandas a tu madre a través de WhatsApp se le muestre a ella en su aplicación, ya que técnicamente WhatsApp no podría "cederlos" a un tercero (en este caso, tu madre) sin tu permiso.

Además desde 2016, WhatsApp tiene incorporado el cifrado de extremo a extremo en la plataforma, que significa que no puede acceder a los mensajes ni leerlos mientras el mensaje está transmitiéndose de un móvil a otro a través de los servidores de la compañía. Una vez llegan al destinatario, el mensaje se guarda en el dispositivo. También las llamadas que hacemos a través de la aplicación y el contenido multimedia que enviamos está cifrado con la misma técnica, por lo que la empresa no puede escuchar lo que decimos o los audios que grabamos ni ver las fotos que enviamos.

En la Política de Privacidad se especifica que los mensajes no son accesibles para WhatsApp ni otras compañías, a menos que el propio usuario decida compartirlos o hacerlos públicos. Los únicos mensajes que se guardan en los servidores de la compañía son aquellos que no se pueden enviar inmediatamente (por ejemplo, por falta de cobertura). Estos se guardan encriptados durante 30 días, por lo que no son legibles.

La cadena también dice que se harán públicos mensajes "eliminados". Esto tampoco es posible, ya que los mensajes se guardan cifrados en el propio dispositivo, según WhatsApp. Una vez los borramos, ya no se almacenan, a menos que hayamos hecho una copia de seguridad previa. Por ejemplo, en Google Drive.

Reenviar una cadena o "publicar" un mensaje en una plataforma no da autorización para nada

Además de que no hay rastro de estas nuevas normas en las condiciones de Facebook y WhatsApp, el hecho de compartir este texto tampoco impediría que se te aplicasen los cambios en una política de privacidad.

"La relación con Facebook es contractual mediante la adhesión a sus condiciones generales de contratación. Este tipo de contratos 'adhesivos' no permiten ser negociados por el usuario. Poner una declaración de ese tipo no tienen ningún valor legal ni en Europa ni en España", ha explicado a Maldita.es la abogada experta en derecho de tecnologías de la información Paloma Llaneza.

*Este artículo ha sido actualizado el 08/04/2026 para incluir la versión de esta cadena que circula sobre Facebook. 

TRANSPARENCIA: Maldita.es participa desde 2019 en el programa de verificación de datos externo de Meta.