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El año pasado en la Comunidad de Madrid se realizaron 17.508 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Todas ellas por la sanidad privada, abortar en la pública es la excepción en Madrid, según los propios datos de la comunidad. Aún así, el Gobierno regional presume de cubrir el coste de esos abortos. Pero no siempre es así. El 29,63% de las IVE realizadas en 2021 lo pagaron las propias mujeres. 5.188 abortos que no llegaron a ser costeados por el Gobierno regional, a pesar de que la ley del aborto indica que las IVE las debe costear la Administración.
Al año en la Comunidad de Madrid se realizan cerca de 20.000 interrupciones voluntarias del embarazo
En los últimos 12 años el 99,96% de esos abortos se han realizado en centros sanitarios privados
Pero aunque la Comunidad de Madrid presume de cubrir el coste de esos abortos: uno de cada tres abortos los acaba pagando la mujer
Desde 2010, año de entrada en vigor de la actual de la ley del aborto, la cifra es aún mayor. 81.851 interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid han quedado sin cubrir por la sanidad pública: uno de cada tres abortos en la región de 2010 a 2021.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aseguraba en la Asamblea de Madrid en octubre del año pasado que “el Gobierno de la Comunidad de Madrid siempre cumple con los preceptos legales, también en el caso del aborto”. Esther Platero, diputada del PP, intervenía en el mismo pleno en octubre de 2021 y aseguraba que decir “que las mujeres tienen que pagar por un servicio básico [como el aborto] es absolutamente falso, puesto que aunque se desarrollen en clínicas privadas, a las mujeres que acuden se lo paga la Seguridad Social”.
Pero los datos de la propia comunidad muestran que no siempre es así. De hecho, Platero continuaba después asegurando que “en la Comunidad de Madrid se garantiza este derecho [al aborto], de manera que en todos casos en los que la mujer lo solicita y esta solicitud cumple con los requisitos [...] la prestación se hace de forma gratuita”. Una idea en la que también redundaba el consejero Ruiz Escudero durante la sesión del parlamento autonómico. Pero ahí es precisamente donde puede estar el problema: en que no todas las mujeres lo solicitan.
“La diferencia en el caso de la Comunidad de Madrid entre que lo pague la Seguridad Social o no, es que para que lo cubra la Seguridad Social las mujeres tienen que acudir a una cita con la unidad de IVE del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para que les entreguen la carta de pago. También se lo gestionamos desde las clínicas pero las citas nos las marca el SERMAS”, explica Sonia Lamas, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), que también es secretaria de igualdad del PSOE en la ciudad de Madrid.
Marciano Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), explica que la tramitación puede ser “complicada” y que “muchas mujeres no quieren que se sepa que están abortando”. “Para pedir que cubra el aborto la Seguridad Social tienes que ir a un centro público a hacer los papeles y hay gente que no quiere que se sepa”, resume Sánchez.
El aborto está cubierto por la Seguridad Social. Aún así, quienes se encargan de ejecutar la prestación del aborto en la Seguridad Social son las propias comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia de sanidad, y no el Estado. En Cataluña, uno de cada tres abortos también estarían siendo pagados por las propias mujeres en lugar de por la Generalitat, según contó Público.
Es más rápido abortar sin pedir que lo cubra la Seguridad Social
En Madrid casi todas las mujeres que abortan acuden a las clínicas privadas especializadas en esta práctica. En los hospitales públicos apenas se han realizado interrupciones voluntarias en la última década. Los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia respecto al aborto. La ley, eso sí, recuerda que la objeción de conciencia no puede servir para que “el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas”.
Lamas, que es también la responsable de comunciación de la Clínica Dator, una de las clínicas privadas madrileñas donde se realizan abortos, asegura que el acceso se está menoscabando si las mujeres no tienen derecho a elegir si ir a la pública o la privada. Pero recalca que tienen que tener las dos opciones porque “actualmente el personal de la pública no tiene la misma formación en cuanto a aborto, no sólo en cuanto al acto médico, también respecto al acompañamiento y no estigmatizar a las mujeres”. “En la pública tienen que ponerse las pilas en formarse respecto a las IVE”, afirma.
Aunque vayan a la privada, las mujeres tienen derecho a que el coste se cubra públicamente, pero no siempre sucede así. Uno de los problemas que acarrea el proceso para conseguir la cobertura de la Seguridad Social es el propio tiempo. “En el sistema público hay demoras para conseguir visita y el aborto tiene unos plazos muy concretos. Si te dan cita fuera del plazo para el aborto, ya te están echando del sistema público. O incluso si te dan cita muy cerca de la finalización del plazo. Porque una cosa es cuándo te vea el profesional y otra cuándo te realizan la intervención. Es más rápido ir directamente a la clínica privada. Es una manera de mandar a la gente directamente al sector privado”, critica Marciano Sánchez.
Lara Moreno explicó en una tribuna en El País cómo abortó en Madrid en 2020 y hacía hincapié precisamente en ese problema de tiempos. “Era posible la interrupción gratuita, claro, pero para ello tenía que acudir a una oficina de la Seguridad Social, donde me sellarían unos papeles, y el procedimiento llevaría una semana. Si quería hacerlo de forma inmediata, debía pagarlo. 400 euros con sedación, algo más de 300 sin ella. Cita en dos días. Yo no tenía más tiempo y sí dinero”, explicaba.
Las propias clínicas se publicitan asegurando que abortar sin hacer los trámites de la Seguridad Social tiene "menores tiempos de espera"
Las mismas clínicas privadas que se encargan de realizar estos abortos anuncian en sus páginas web que es más rápido y lleva menos trámites realizar la interrupción del embarazo sin tener que hacer el proceso necesario para que la Seguridad Social cubra el coste.
En 2019 Dator Médica fue la clínica que más abortos realizó en la Comunidad de Madrid, según los datos publicados por El País. La Clínica Dator anuncia en su página web que se pueden realizar interrupciones del embarazo sin ningún coste para las pacientes, pero que también se pueden hacer “de forma privada (pagando por la intervención)”. Eso sí, avisa de que “gestionar una IVE con cargo a la sanidad pública conlleva algún trámite burocrático que puede aumentar un poco el tiempo de espera”.
Preguntada por esto, Sonia Lamas asegura que tienen esta información en la web “porque es verdad que pedir la financiación pública puede incrementar el tiempo de espera. Aunque no siempre es así, pero en la web no podemos poner toda la información y todos los casos que puede haber. No siempre podemos cumplir que con financiación privada [el aborto] sea más rápido”.
Lamas también asegura que un 30% de mujeres en Madrid que se han pagado sus propios abortos “no significa que no hayan tenido acceso a la financiación pública”. “En ese porcentaje también hay que mirar cuántas eran de otros países o cuántas no tenían tarjeta sanitaria, sin tarjeta sanitaria tampoco podrían realizarse una IVE u otra práctica médica cualquiera en un centro público. Las mujeres no somos perezosas y afrontamos todos los trámites que tengamos que hacer”. A pesar de ello, la memoria de 2020 del Ministerio de Sanidad recoge que en todo el año se hicieron 1.279 abortos en España a mujeres no residentes en nuestro país. Sólo en la Comunidad de Madrid ese año se hicieron 4.349 abortos no financiados públicamente, según los propios datos del Gobierno regional.
Loreto Arenillas, diputada de Más Madrid en la Asamblea madrileña, consultada por Maldita.es también se refiere a las mujeres migrantes: "Al no tener tarjeta sanitaria las derivan directamente a la privada. Tienen que pagar las mujeres aún más vulnerables". "Hay gratuidad pero es tan complicado que al final es más fácil optar por la financiación privada. Eso se resolvería con que hicieran abortos en la pública. En un hospital público nadie te pediría 300 o 400 euros para que fuera más rápido. Pero el modelo actual en Madrid es pagarlo con tiempo o con dinero. Las mujeres que no tienen tiempo y se lo pueden permitir, lo pagan. Las que no tienen dinero lo tienen que pagar con tiempo", resume.
Otra de las clínicas que realiza interrupciones voluntarias del embarazo en la comunidad es el centro médico Pacífico. En su página web explican que “también puedes abortar de forma privada, con menores tiempos de espera, pero con precios específicos”. Después de los centros sanitarios públicos, el método más utilizado para informarse por las mujeres que abortan es precisamente internet, tanto en el caso de las madrileñas como en el de las españolas en general, según se puede ver en la memoria de 2020 sobre IVE del Ministerio de Sanidad.
En el caso de que corran a cuenta de la mujer, las interrupciones en este centro cuestan entre 300 y 400 euros dependiendo del tipo de aborto (farmacológico o instrumental) y de anestesia (local o general), según su web. La Comunidad de Madrid por los abortos que sí que cubre, aproximadamente dos de cada tres, paga unos 3,5 millones de euros al año a estas clínicas, según una respuesta parlamentaria a Gádor Joya, diputada de Vox en la Asamblea, y tal y como contó El País.
Siete de cada 10 veces que una mujer abortó por "grave riesgo para su salud o vida" pagó la interrupción
En la Comunidad de Madrid la gran mayoría de los abortos se hacen “a petición de la mujer”. Los médicos que realizan las IVE tienen que rellenar un cuestionario con la información sobre la interrupción y uno de los campos que deben marcar es cuál de los supuestos que contempla la ley para abortar ha sido el que se ha dado. Entre 2011 y 2020 se realizaron 220.371 intervenciones en la Comunidad de Madrid: el 83,72%, un total de 184.499 abortos, se hicieron bajo esa categoría de “a petición de la mujer”. Los médicos tienen que rellenar ese cuestionario cada vez que realizan un aborto y después los recibe el Servicio de Epidemiología de la Comunidad de Madrid, que es quien los recopila y consolida. Esos datos son los que ha obtenido Maldita.es vía ley de transparencia.
La ley del aborto permite abortar “a petición de la mujer” durante las 14 primeras semanas de gestación. En la Comunidad de Madrid el 28,40% de esos abortos entre 2011 y 2021 se los han financiado las mismas mujeres. El porcentaje sólo es superior cuando el aborto se realiza por “grave riesgo para la salud o vida de la embarazada”, uno de los supuestos que permite interrumpir el embarazo hasta la 22ª semana de gestación. En los últimos 11 años ha habido 26.971 abortos de este tipo en la Comunidad de Madrid: el 73,45%* de las veces lo tuvo que pagar la mujer.
*Esta información se ha actualizado el 22 de septiembre de 2022 para indicar que el porcentaje de abortos por "grave riesgo para la salud o vida de la embarazada" que han pagado las propias mujeres es del 73,45%.
Primera fecha de publicación de este artículo: 22/09/2022
