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Los abortos en la pública son una excepción en Madrid: el último que registró la comunidad fue el 22 de mayo de 2018

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  • La Comunidad de Madrid registró por última vez un aborto en la sanidad pública el 22 de mayo de 2018 en el Hospital de Fuenlabrada, según los datos de la comunidad obtenidos por Maldita.es vía ley de transparencia
  • En los últimos 12 años el 99,96% de los abortos en Madrid se han realizado en centros sanitarios privados, a pesar de que la comunidad cuenta con 25 hospitales públicos con unidades de ginecología
  • La Comunidad de Madrid no tiene un registro que permita saber exactamente cuántos de los más de 100 ginecólogos de hospitales de la sanidad pública son objetores de conciencia
  • Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha son las otras tres comunidades que en 2020 no realizaron abortos en centros públicos: ninguna tiene tantos hospitales públicos con unidad de ginecología como Madrid

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Desde mayo de 2018, y a falta de los datos de 2022, ninguna mujer ha abortado en un centro de salud público de la Comunidad de Madrid, según los datos del propio Gobierno regional. Aquel año, en el Hospital de Fuenlabrada se realizaron dos Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE). La última: el 22 de mayo. Pero desde entonces no ha vuelto a suceder. Ni en el Hospital de Fuenlabrada ni en ningún otro de la comunidad, según los datos de la Comunidad de Madrid obtenidos por Maldita.es vía ley de transparencia.

Al año en la Comunidad de Madrid se realizan cerca de 20.000 interrupciones voluntarias del embarazo

En los últimos 12 años el 99,96% de esos abortos se han realizado en centros sanitarios privados

Sólo 93 IVE se han realizado en centros sanitarios públicos: la última el 22 de mayo de 2018

La ley del aborto de 2010, vigente actualmente, recoge que “los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia”. Es decir, que los sanitarios tienen derecho a no realizar abortos si no están de acuerdo con esa práctica médica.

Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, asegura a Maldita.es que el porcentaje tan alto de abortos en centros privados se debe a que en los hospitales públicos “todos o casi todos los ginecólogos se acogen a su derecho a la objeción de conciencia”. A pesar de ello, habría algunos centros públicos que sí estarían realizando interrupciones del embarazo aunque no se notifiquen y, por tanto, no se contabilicen los casos en los datos de la comunidad, según ha contado Newtral. El País también explicó que según varios especialistas “a veces las IVE no son registradas como tales, se enmascaran como otro tipo de intervenciones”.

Previamente, la Comunidad de Madrid dio datos ante una pregunta parlamentaria de la diputada Loreto Arenillas, de Más Madrid. En esos datos sí constaba que se seguían realizando abortos en la sanidad pública: algo más de 100 al año. De todos modos, una cifra muy lejana a los casi 20.000 que se realizan cada año en la privada, según los datos de la comunidad. Para el último año que facilitaban información a la diputada, 2019, en la pública se habrían realizado 157. En cambio, según los datos de la comunidad obtenidos por Maldita.es tras una solicitud de transparencia, ese año habría habido “0 abortos” en centros públicos. La Consejería de Sanidad no ha respondido a este medio por qué ha facilitado datos diferentes ante la misma consulta. El director general de Proceso Integrado de Salud, Fernando Prados, eso sí, ha reconocido en la Asamblea que “los datos se están dando de forma desigual”, tal y como explica Newtral.

"La Comunidad de Madrid no tiene para nada controlado el aborto en la sanidad pública. Lo que nos cuentan muchas especialistas es que a veces se realizan abortos de tapadilla en centros públicos. El derecho no está garantizado. Nadie en los hospitales quiere quedarse con el estigma de ser quien los realiza. Por eso no los hacen y las pocas veces que lo realizan te lo hacen por la puerta de atrás", detalla la diputada Loreto Arenillas a Maldita.es.

Pero, aún sin saber el motivo de esa disparidad en los datos, la tendencia es clara. En el conjunto de España el 84,51% de los abortos en 2020 se realizaron en centros sanitarios privados, según los datos del Ministerio de Sanidad: la gran mayoría. Pero en Madrid el porcentaje es aún mayor que en el resto del país, algo sobre lo que ha alertado el Defensor del Pueblo, tal y como explicó El País.

En la Comunidad de Madrid, según los datos del Gobierno regional obtenidos vía ley de transparencia por Maldita.es, en 2020 el 100% de las IVE fueron en la sanidad privada. Para 2019 habrían sido también el 100%, según esos datos. En cambio, si se tienen en cuenta los que el mismo Gobierno facilitó a la diputada en la Asamblea de Madrid, se habrían practicado el 99,2% de los abortos en centros privados.

El Gobierno madrileño no tiene un registro de objetores de conciencia

“En la gran mayoría o en muchos de los hospitales de Madrid todos los ginecólogos son objetores. Es comprensible que, además, como por su profesión están viendo la realidad de la vida intrauterina sean reacios a acabar con ella”, explica el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que ejerce como cardiólogo en el Gregorio Marañón. Pero no se sabe realmente cuántos son objetores. El Gobierno regional no cuenta con un registro ni les pregunta por ello. Algo que sí sucede en otras comunidades, como Cataluña, donde alrededor de la mitad de los ginecólogos de la sanidad pública son objetores, según reveló Público.

Debido a estas diferencias, el anteproyecto de nueva ley del aborto, del Ministerio de Igualdad, recoge que “se creará un registro de objetores de conciencia, garantizando la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo”. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto a finales de agosto y ahora pasará al Congreso, que tiene que aprobarlo para que llegue a ser ley, pero puede modificarlo a través de enmiendas.

Hay más de 100 ginecólogos en los hospitales públicos madrileños: 19 de ellos son jefes de servicio

Marciano Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), explica que esa falta de registro de objetores en el caso de la Comunidad de Madrid es lo que no permite saber si realmente todos o casi todos los ginecólogos de la pública son objetores de conciencia. “Lo que sucede más habitualmente es el que el jefe de servicio de ginecología es objetor y ya dejan de hacer abortos. Además, como un 40% de las plantillas son eventuales, interinos… no tienen la plaza definitiva y entonces enfrentarse a él resulta sumamente peligroso. Un sanitario de la pública que en la Comunidad de Madrid decida hacer abortos ya sabe que su carrera profesional la tiene francamente limitada”, explica Sánchez.

En la Comunidad de Madrid a septiembre de 2021 había 127 ginecólogos trabajando en los hospitales públicos, según los datos de la Consejería de Sanidad, obtenidos por Maldita.es vía ley de transparencia. 19 de ellos eran jefes de servicio. Otra posible motivación es que ningún hospital quiera convertirse en el centro público de referencia para la realización de abortos. “Uno de los riesgos de alguien que quiera hacer abortos en el sistema público es que pasara a tener muchos. El aborto es una práctica sanitaria muy poco interesante desde el punto de vista profesional. Es sencilla y no necesita habilidades muy específicas. Dedicarse a hacer abortos no resulta muy atractivo”, explica Marciano Sánchez.

Tres hospitales públicos realizaban abortos en la última década, pero no explican por qué habrían dejado de hacerlos

Los datos del Gobierno regional, obtenidos tras una solicitud de acceso en base a ley de transparencia, muestran que en los últimos años tres hospitales públicos sí que habían realizado algunos abortos, aunque pocos. El Hospital de Fuenlabrada, el Hospital de Torrejón y el Hospital del Sureste (Arganda del Rey). El de Fuenlabrada fue el último en dejar de hacerlos, en 2018, el de Torrejón, en 2013, y el del Sureste, en 2012.

“Es posible que en un centro se realicen abortos pero luego el ginecólogo se jubile y ya deje de hacerse porque los de ahora no quieren”, detalla Martínez-Sellés. Marciano Sánchez coincide y explica que “había algunos servicios donde quedaban profesionales o jefes de servicio que tenían un compromiso personal con las interrupciones del embarazo. En la medida que esa gente se fue muriendo, jubilando o cambiando de sitio ha ido quedando en manos de gente contraria al aborto”.

“Los tribunales de selección están muy controlados por la Comunidad de Madrid y muchas jefaturas de servicio se fueron otorgando por el mecanismo de libre designación. Es poco probable que elijan a alguien que defienda la realización de interrupciones voluntarias del embarazo”, explica el presidente de la FADSP. Maldita.es ha contactado con los tres hospitales que antes realizaban abortos para saber por qué dejaron de hacerlos, pero han declinado responder. La Consejería de Sanidad tampoco ha respondido sobre esta cuestión.

El volumen de abortos realizados en la pública, aún así, nunca llegó a ser destacado. El año que más IVE se realizaron fue 2012: 25 (16 en el Hospital de Torrejón, ocho en el de Fuenlabrada y uno en el del Sureste). Ese año la Comunidad de Madrid registró un total de 23.684 abortos voluntarios. Los realizados en la sanidad pública supusieron un 0,11%, siempre según los datos del Gobierno regional obtenidos vía ley de transparencia por Maldita.es. “Hay continuos impedimentos por parte de la Administración y un total desinterés para que los abortos se hagan en el sector público. También sucede que el sector privado está muy implantado en el sistema, y más en cuanto a abortos”, detalla Marciano Sánchez.

Sólo en dos comunidades las mujeres abortan menos en la pública que las madrileñas: Extremadura y Murcia

El Ministerio de Sanidad, que recopila los datos de las distintas comunidades autónomas, publica una memoria anual, pero da la información según la comunidad donde residen las mujeres que abortan y no según dónde les hayan realizado la IVE. Por ello, en la última memoria del ministerio, de 2020, consta que tres mujeres de la Comunidad de Madrid abortaron en un centro sanitario público. En realidad, fueron tres madrileñas que abortaron en otra provincia donde sí se hacen IVE en la sanidad pública.

Aún contando esos casos, en 2020 sólo el 0,02% de los abortos de mujeres madrileñas fueron por la sanidad pública, según la memoria del ministerio. Únicamente dos comunidades tienen un porcentaje más bajo: Extremadura y la Región de Murcia, regiones de las que ninguna mujer abortó en centros públicos en 2020. De hecho, Madrid, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha son las únicas cuatro comunidades donde ningún hospital público realizó abortos en 2020, según la misma memoria.

La tónica general en la mayoría de comunidades no dista demasiado. Sólo en cinco se practicaron más de un 10% de los abortos en la sanidad pública en 2020: Galicia (22,65%), Navarra (27,03%), Cataluña (49,87%), Cantabria (61,58%) y Baleares (62,43%).

La Comunidad de Madrid cuenta con 25 hospitales públicos con unidades de ginecología

A pesar de esa ausencia de abortos en la sanidad pública madrileña, la región cuenta con 25 hospitales públicos con unidades de ginecología. De hecho, sólo Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana tienen más hospitales públicos que cuenten con esta unidad, según los datos del Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios del Ministerio de Sanidad.

Otras comunidades más pequeñas, como Navarra, Cantabria o La Rioja, no tienen más de tres hospitales públicos con unidades de este tipo. De hecho, hay provincias donde ni siquiera se realizan abortos en la sanidad privada y las mujeres tienen que ser derivadas a otras regiones, tal y como explicó Newtral.

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