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Este 26 de abril hace un año de que la ministra de Industria, Reyes Maroto, recibiera un sobre con una navaja con manchas rojas. En plena campaña de las elecciones madrileñas, que tuvieron lugar el 4 de mayo de 2021, fueron distintos los políticos, especialmente miembros del Gobierno, que recibieron amenazas. Entre ellos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o el exvicepresidente Pablo Iglesias, pero también políticos de otros partidos como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En ese contexto, en el que durante diversos días no cesaban de anunciarse nuevas supuestas amenazas a miembros del Gobierno, Maldita.es solicitó al Ministerio del Interior, a través de la ley de transparencia, conocer el detalle de todas las amenazas recibidas por los distintos miembros del Gobierno desde 2015 a la actualidad. Interior denegó la solicitud de información realizada por este medio, pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) dio la razón a Maldita.es e instó a Interior a entregar lo solicitado.
Este 26 de abril de 2022, más de cinco meses después de que el Consejo de Transparencia estimara la reclamación de Maldita.es, el ministerio de Grande-Marlaska sigue ignorando la resolución y sigue sin hacer pública la información de las amenazas recibidas por los miembros del Gobierno.
Interior se justificaba en que el asunto estaba judicializado, pero el Consejo resolvió que el ministerio no lo había acreditado
El Ministerio del Interior denegó la solicitud de Maldita.es amparándose en que se trataba de un asunto “judicializado” y que, por lo tanto, aplicaba el límite del derecho al acceso cuando la información solicitada pueda suponer un perjuicio para “la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”.
Interior, de todos modos, no argumentó nada más ni justificó por qué aplicaba ese límite. Así lo resolvió el propio Consejo de Transparencia ante la reclamación de Maldita.es. El CTBG entendió que el ministerio estaba aplicando ese límite “sin más motivación” y que no estaba acreditando “que la información cuyo acceso se pretende forme parte de sumario judicial alguno”.
Así, el CTBG estimó la reclamación de Maldita.es y dio un plazo de 10 días hábiles al Ministerio del Interior para entregar la información que este medio había solicitado, “salvo aquella parte de la misma que, en su caso, se encuentre efectivamente afectada por la declaración de secreto del sumario vigente en la fecha de presentación de la solicitud o por algún límite expreso consecuencia de la seguridad nacional o seguridad pública, debiendo dejarse constancia expresa de ello”.
El Consejo de Transparencia resolvió la reclamación el pasado 11 de noviembre. Más de cinco meses después el Ministerio del Interior sigue sin entregar ninguna información a Maldita.es o al CTBG y sin justificar si realmente podría haber algún caso de amenazas a miembros del Gobierno que no se pueda conocer por la aplicación de límites. El Ministerio del Interior, de hecho, es el departamento que acumula más resoluciones del Consejo de Transparencia sin cumplir, tal y como recogía El Independiente.
