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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció este martes 19 de mayo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros [min. 24:45] que la nueva propuesta de prórroga del estado de alarma del Gobierno incluye la reactivación de los plazos administrativos. Illa explicó que "desde el 1 de junio volverían a contar los plazos administrativos". Y así consta en la propuesta de prórroga del estado de alarma que el Gobierno ha llevado al Congreso de los Diputados para su aprobación.
Por lo tanto, si el Congreso aprueba la prórroga del estado de alarma en la votación de este miércoles 20 de mayo, este se alargará hasta el 7 de junio, pero el 1 del mismo mes dejará de estar en vigor la disposición adicional tercera del decreto de estado de alarma, que suspendía los plazos administrativos en nuestro país; y, por lo tanto, las solicitudes de acceso a la información pública y el derecho de acceso en general.
Esta previsible vuelta de los plazos administrativos el 1 de junio tras el acuerdo del Gobierno con Ciudadanos para la prórroga del estado de alarma se uniría a otras propuestas en este sentido que ha recogido el Ejecutivo en la misma propuesta, como la vuelta de los plazos procesales o de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones. Ambos dos se recuperarían unos días más tarde según la propuesta del Gobierno: el 4 de junio.
Las solicitudes de información pública y otros procedimientos de transparencia que se registraron durante el estado de alarma, por lo tanto, comenzarán a tramitarse a partir del 1 de junio y se iniciará el plazo de un mes para resolverlas. Un plazo que, además, se puede prorrogar otro mes más en el caso de que la información solicitada sea compleja o voluminosa.
La transparencia volverá tras las críticas de los expertos por los dos meses y medio de paralización
Si la transparencia y el derecho de acceso vuelven finalmente este 1 de junio, los plazos de las solicitudes de información y las reclamaciones habrán estado paralizados dos meses y medio, tras la aprobación del decreto de estado de alarma a mitad de marzo. Esa suspensión de plazos administrativos fue ampliamente criticada por los expertos en transparencia, que pedían que volvieran a correr los plazos para las solicitudes, tal y como os explicamos.
Además, ya se han podido conocer las primeras consecuencias de esa paralización de plazos. El Gobierno, que no está respondiendo a los ciudadanos a través del Portal de la Transparencia, aunque ya hay alguna excepción, este mes de abril ha marcado su mínimo en recepción de solicitudes de información en lo que va de 2020. Exactamente 584 solicitudes: la cifra más baja desde el mes de septiembre del año pasado.
Tercer máximo histórico de visitas al Portal de la Transparencia, pero mínimo de reclamaciones ante el Consejo
Eso sí, las páginas visitadas en el Portal de la Transparencia han alcanzado la tercera cifra mensual más alta desde su creación en diciembre de 2014. Aunque el portal no tramitase las solicitudes, ha seguido recogiendo los asuntos en materia de publicidad activa, como los contratos de emergencia del Gobierno por la COVID-19, que llegaron tras las continuas preguntas de los medios de comunicación y el ‘tirón de orejas’ de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. En total, el pasado mes de abril el Portal de la Transparencia recibió 457.392 visitas: el tercer máximo histórico tras marzo de 2015 y diciembre de 2014, el mes en el que nació el portal y estuvo a punto de llegar a los 2 millones de visitas mensuales.
El efecto de la paralización de la transparencia a nivel estatal, mientras que en comunidades como Castilla y León seguía en pie o en otras como Galicia se reactivaba el ya pasado 5 de mayo, también se ha dejado notar en las reclamaciones que ha recibido el Consejo de Transparencia.
El Consejo ha registrado mínimos debido a la paralización de la transparencia. Y de forma aún más clara que las solicitudes en el Portal. El mínimo del Consejo llegó ya en marzo, con la recepción de sólo 83 reclamaciones, la cifra más baja desde el mes de septiembre. Pero, en este caso, de 2018. O lo que es lo mismo: las reclamaciones recibidas por el Consejo de Transparencia bajaron del centenar tras 17 meses consecutivos por encima de esa cifra.
