Bulos, claves y datos sobre las residencias de mayores durante la pandemia de la COVID-19

Lo acontecido en las residencias de mayores en España durante la pandemia de la COVID-19 ha marcado a lo largo de más de dos años diferentes conversaciones en la esfera pública. Desde quién tenía las competencias de su gestión durante el estado de alarma, la responsabilidad de Gobierno y comunidades autónomas, hasta casos particulares como los protocolos y las comisiones de investigación en la Comunidad de Madrid. Ha circulado todo tipo de desinformación que hemos desmentido desde Maldita.es y que a continuación recogemos.

La competencia de la gestión de las residencias es de las comunidades, no del Gobierno

Una de las principales cuestiones que han rodeado a la polémica de lo sucedido en las residencias de mayores es de quién eran las competencias para realizar los traslados a centros sanitarios. Entre los contenidos que se empezaron a difundir en los primeros meses de la pandemia se encontraban varios mensajes que responsabilizan al por entonces vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, de la gestión de las residencias durante el estado de alarma.

Pero como os explicamos, era un bulo. Las competencias en esta cuestión nunca pasaron de las comunidades autónomas al Gobierno. Lo que se difundió fue una rueda de prensa en la que participó el exvicepresidente dando cuenta de una orden del 19 de marzo, que en realidad reforzaba a las comunidades dotándolas de autoridad para poder ampliar y contratar personal tanto en residencias públicas como en privadas.

Tanto el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, como Pablo Iglesias detallaron en una rueda de prensa cómo esta orden buscaba reforzar a las propias comunidades dotándolas de autoridad para poder ampliar y contratar personal tanto en residencias públicas como en privadas.

Posteriormente, Iglesias negó en una entrevista en Antena 3 que él asumiera estas competencias, y que este decreto venía a “reforzar a la única autoridad que tiene las competencias en las residencias de ancianos, que son las comunidades autónomas” [min. 6:00].

Esta conversación sobre la acción del Gobierno y las comunidades autónomas también se trasladó a otras cuestiones, como el fondo social de 300 millones de euros aprobado el 17 de marzo de 2020. Mientras que asociaciones y patronales de las residencias aseguraron que no habían recibido dinero, ya os contamos que esta cuantía no iba destinada de forma directa ni exclusiva a las residencias, sino que se repartió a las comunidades para financiar gastos extraordinarios en servicios sociales durante la crisis de la COVID-19 a medida que iban justificando sus proyectos.

Las propias comunidades detallaron a ‘Maldita.es’ que las competencias sobre las residencias seguían siendo suyas durante la pandemia

Desde Maldita.es pudimos contactar con algunas de las consejerías autonómicas competentes en materia de asuntos sociales para preguntar si habían variado sus competencias durante el estado de alarma. Las propias comunidades autónomas nos aseguraron en aquellas fechas que aún mantenían esta competencia y que no era del Gobierno.

Tanto en Castilla y León como en la Región de Murcia, las consejerías de asuntos sociales nos comunicaron que durante el estado de alarma seguían teniendo las competencias sobre las residencias.

Una respuesta similar a la que nos ofreció tanto el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya como la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, que nos afirmaron que la gestión de las residencias seguía siendo competencia suya, si bien algunas cuestiones en materia sanitaria habían pasado temporalmente a las consejerías de salud para hacer frente a la crisis de la COVID-19. Pero en ningún caso mencionaban que las competencias hubieran pasado al Gobierno central.

La  Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, por entonces gobernada por el PP junto a Ciudadanos, nos indicó el 12 de mayo de 2020 que “las residencias de mayores dependen de las comunidades autónomas”, sin aclarar si había habido algún cambio en las competencias con el estado de alarma. 

Una afirmación a la que siguieron las declaraciones hechas a Onda Cero por el exconsejero madrileño de Políticas Sociales Alberto Reyero, quien aseguró que las cifras de fallecidos en residencias se iba a elevar “con personas que son aquellas que nosotros cuidamos desde la Comunidad de Madrid, desde la consejería de Políticas Sociales". 

El protocolo de la Comunidad de Madrid y las comisiones de estudio e investigación

Dentro de la polémica por la gestión de las residencias de ancianos se encuentra el caso de la Comunidad de Madrid, donde el mes de marzo de 2020 se difundió un protocolo de actuación que establecía “criterios de exclusión” para derivar a pacientes de residencias a hospitales, según publicó infoLibre. Un documento que fue criticado por la oposición y por el que se pidió la creación de una comisión de investigación sobre las posibles responsabilidades del Ejecutivo regional.

Las competencias de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid pertenecían al departamento de Políticas Sociales. Sin embargo, a partir de la crisis sanitaria y en base a la orden SND/275/2020 de 23 de marzo, complementaria a otra anterior de 19 de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estableció el 26 de marzo un “mando único” para el plan de choque sanitario en las residencias de ancianos, bajo la titularidad de la Consejería de Sanidad.

Por lo tanto, la gestión sanitaria de las residencias de ancianos pasó al “mando único” de la Consejería de Sanidad, pero todo aquello de “carácter organizativo” se mantenía como parte de las competencias de la Consejería de Políticas Sociales, como ya os explicamos desde Maldita.es.

Mientras que la Comunidad de Madrid dio diferentes versiones sobre el traslado de ancianos de residencias a hospitales, las voces pidiendo una investigación sobre lo sucedido han ido sumándose en el tiempo.

El exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero ha apoyado la creación de una comisión en este sentido después de dimitir de su cargo en octubre de 2020, como dijo a elDiario.es. El político también ha publicado en octubre de 2022 un libro, Morirán de forma indigna, en el que relata la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid durante los primeros momentos de la pandemia. Una obra que ha vuelto a traer la cuestión al debate político.

Vox presentó durante los primeros meses de la pandemia su propia propuesta para iniciar una comisión de estudio y aseguró que apoyaría su creación “da igual quién la proponga”. Pero la abstención del partido en una votación en julio de 2021 impidió que saliera adelante en la Asamblea de Madrid la propuesta de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos de realizar una comisión de investigación. Un giro en su posición que ya os contamos por entonces.

El pasado 4 de octubre de 2022 la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, aseguró en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces la intención del partido de llevar al Pleno su proposición de comisión de estudio sobre las residencias.

El anuncio provocó el rechazo del Ejecutivo regional. El vicepresidente de la comunidad, Enrique Ossorio, realizó una intervención en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional en el que criticaba esta decisión. Una respuesta que despertó críticas en las redes sociales y en la oposición, que pidió su dimisión, como contamos en Maldita.es.

El 11 de octubre de 2022 Vox retiró su propuesta para crear una comisión de estudio sobre el modelo de residencias en la Comunidad de Madrid, y criticó “el bochornoso espectáculo que tuvieron que presenciar los madrileños”, en relación a los gritos de dimisión contra Ossorio en el Pleno de la Asamblea de Madrid [min. 00:06].

“Nosotros habíamos tomado la iniciativa, habíamos votado en contra de una comisión de investigación, y habíamos propuesto una comisión de estudio”, dijo Monasterio, quien añadió “que parece ser que el PP (...) no está interesado en todo eso, y la izquierda solo lo utiliza por rencor. Con lo cual, les anuncio: nosotros retiramos la comisión de estudio, pero no renunciamos a en un futuro mejorar las residencias” [min. 00:45].

Ayuso reconoce que tuvo “que crear un mando único para ejercer de verdad y hacer las cosas bien”

Durante una entrevista en el programa ‘El Cascabel’ de Trece TV, que tuvo lugar el pasado 10 de octubre de 2022, la presidenta de la Comunidad de Madrid fue preguntada acerca de estas comisiones sobre lo ocurrido en las residencias de mayores. Ayuso aseguró “que ha habido un cambio de posicionamiento de Vox” y que esta comisión “no tiene sentido” [min. 57:00].

Preguntada sobre las críticas de la oposición, la presidenta del Ejecutivo regional argumentó que tenían “un gobierno de coalición (con Ciudadanos) en estos momentos”. “Tuvimos que crear un mando único para ejercer de verdad y hacer las cosas bien”, defendió Ayuso, que reconoció que “con este mando único lo que hicimos fue que las competencias pasaran también al consejero de Sanidad, de Presidencia, y yo al frente de esto. Y de esta manera pudimos conocer, por ejemplo, cuántos residentes había afectados en cada residencia” [min. 01:02:20]. Unas palabras que el propio PP de la Comunidad de Madrid ha destacado en redes sociales.