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En la Unión Europea se toman decisiones que posteriormente se incorporan a la legislación nacional de cada socio comunitario. En el caso de España, el Parlamento Europeo ha publicado datos sobre los reglamentos o directivas aprobadas en las instituciones europeas que se han aplicado o transpuesto a la legislación aprobada en el Congreso de los Diputados. El 53,6% de las leyes que el Congreso y el Senado han aprobado entre 2019 y 2024 tienen su origen en Bruselas.
Durante la última legislatura del Parlamento Europeo en España se han aprobado 246 leyes, de las cuales 51 eran transposiciones de directivas aprobadas en la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos o de reglamentos comunitarios de aplicación en los Estados miembros. Otras 81 hacían mención a recomendaciones o decisiones adoptadas en la UE. El Parlamento Europeo explica que estas leyes “respetan la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea, aunque no respondan directamente a un mandato de transposición”.
La Unión Europea tiene cinco tipos de legislación, tres de ellas de obligado cumplimiento para los Estados miembros:
Reglamentos: todos los países deben incorporarlos a su legislación.
Directivas: los Estados miembros las adaptan en sus leyes nacionales.
Decisiones: normas que, generalmente, aplican solo a determinados países.
La transposición de directivas europeas supone la incorporación de normas de la UE a la legislación interna de los Estados miembros. A diferencia de los reglamentos o decisiones, que son de aplicación directa en los países sin necesidad de adaptarlos a las leyes nacionales.
2022, el año que más leyes con origen UE se aprobaron
En este sentido, a 6 de junio de 2024, el permiso de lactancia es la última directiva europea que el Gobierno español ha transpuesto a través de un real decreto y que ahora se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Como contamos en Maldita.es, sigue teniendo la misma duración, pero ahora todo el mundo puede acumular las horas en jornadas completas.
El año que más leyes se aprobaron en España, cuyo origen era la Unión Europea, fue 2022. El Parlamento español aprobó 74 leyes, de las cuales el 56,7% eran directivas o reglamentos comunitarios (21) y leyes con referencias a legislación europea (21). Un ejemplo de ello es el reglamento en el que se fijan las normas de aplicación de la Política Agraria Común (PAC), que España transpuso en diciembre de ese año.
Por el contrario, 2023 fue el año que, en proporción al total de normas aprobadas, más legislación comunitaria se incluyó en leyes españolas. Por el adelanto electoral de julio de 2023 cuando la actividad legislativa disminuyó por la disolución de las Cortes, se aprobaron 25 leyes, el 72% tenían su origen en la Unión Europea (18). Una de ellas fue la ley de protección al denunciante, por la que la Comisión Europea llevó al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a España por transponer la directiva fuera de plazo.
Qué ocurre cuando un Estado miembro no transpone una directiva
España tiene pendiente de transponer 55 directivas europeas, según ha detallado el Ministerio de Exteriores al Parlamento Europeo. Las directivas tienen un plazo para su transposición a la legislación de los Estados miembros, y muchas de estas directivas que España no ha incorporado a su ordenamiento jurídico tienen como fecha límite 2024, 2025 y 2026. Dos de ellas, relativas a los gases de efecto invernadero, tendrían que haberse transpuesto el 31 de diciembre de 2023. Otras tres, que la Eurocámara no especifica su temática, tenían de plazo marzo, abril y mayo de este año.
Cuando un Estado miembro no transpone una directiva o la Comisión Europea considera que las medidas adoptadas para hacerlo no son suficientes, la Comisión eleva el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede imponer multas. A 6 de junio, España tiene abiertos 17 casos en el TJUE por estas situaciones, según el recuento que ofrece la Comisión Europea. Polonia, por ejemplo, tiene 18 y Grecia tiene también 17 casos pendientes de resolución en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer las directivas de la UE. En el lado opuesto está Suecia con un único procedimiento abierto.
