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“Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias”. Hace ya un año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en rueda de prensa en la que anunció el estado de alarma en todo el país. Al día siguiente quedó prohibido salir a la calle en todo el país excepto para ir a trabajar o comprar comida y medicinas, entre otras causas de fuerza mayor. También se cerraron temporalmente muchos comercios, centros educativos y lugares de ocio.
España tenía en aquel momento, unos 5.753 casos de COVID-19 confirmados y 136 fallecidos, aunque los datos posteriores del Instituto de Salud Carlos III mostraron que en esa fecha había más: ya eran 10.560 casos y 351 muertes.
Las restricciones del estado de alarma cambiaron drásticamente nuestra forma de trabajar, relacionarnos o movernos y de hecho, hoy en día podemos seguir viendo sus efectos: el paro ha aumentado, más de 800.000 personas siguen en ERTE y las fronteras con muchos países siguen cerradas.
Un año y tres decretos-leyes: solo hemos estado tres meses sin estado de alarma
El 14 de marzo fue la segunda vez en la historia del país que se utilizó la figura legal del estado de alarma, ya que la anterior vez fue durante una huelga de controladores aéreos en 2010. Con este decreto, el Gobierno se convirtió en la única autoridad competente delegada para la gestión de la crisis, lo que significaba que estaba por encima de las comunidades autónomas en materias como la sanidad, de las que ellas son competentes.
Aquel decreto de estado de alarma, que inicialmente era de 15 días, se prorrogó hasta en seis ocasiones y finalizó el 21 de junio, una vez que ya hubo remitido la primera ola.
Pasaron casi tres meses, hasta que el 9 de octubre el Gobierno decretó un nuevo estado de alarma, pero esta vez solo aplicado a nueve municipios de la Comunidad de Madrid en la segunda ola. Se hizo con el fin de impedir que la gente saliera y entrara de estos municipios. Este decreto no fue prorrogado y finalizó el 24 de octubre, a los 15 días.
El tercer estado de alarma (segundo a nivel nacional) se decretó el 25 de octubre y es el que actualmente sigue en vigor . A diferencia del primero, la autoridad competente delegada ya no es el Gobierno, sino las comunidades autónomas, que pueden endurecer las restricciones en función de la evolución epidemiológica. Se incluyeron medidas como el toque de queda nocturno y se limitó el número de personas que pueden reunirse entre otras normas.
Este estado de alarma se prorrogó el 9 de noviembre por un plazo de seis meses y seguirá en vigor hasta el 9 de mayo. Cuando se aprobó, Sánchez prometió rendir cuentas a los cuatro meses, aunque finalmente no lo ha hecho.
Los indicadores de empleo empeoran: sube el número de parados, de personas en ERTE y baja el número de afiliados a la Seguridad Social
Algunos datos nos muestran por ejemplo, cómo desde la declaración del estado, de alarma, ha cambiado nuestra vida en lo laboral y en lo social. Las cifras de paro han regresado a registros que no se veían desde hace años: este pasado mes de febrero se alcanzaron los cuatro millones de parados, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), una cifra que no se alcanzaba desde abril de 2016.
También sabemos que este febrero hay 413.362 afiliados menos a la Seguridad Social que en febrero del año pasado y que actualmente, casi 900.000 personas siguen acogidas a ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), una ayuda económica para facilitar a las empresas la reducción de jornada de los trabajadores o la suspensión temporal de los contratos. Aunque actualmente hay cerca de un millón de personas en esta situación, en abril llegaron a ser 3,5 millones.
Al aumento del desempleo, se suma la brecha de género. A cierre de 2020, la tasa de paro entre las mujeres está 4,16 puntos porcentuales por encima de la de los hombres, cuando el año anterior la diferencia era de 3,45 puntos, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Fronteras que aún permanecen cerradas y fuerte caída del turismo
Con la declaración del estado de alarma de marzo de 2020, vino también el cierre de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. En el momento de la declaración, tan solo se permitía entrar en el país a los residentes. Actualmente la situación ha cambiado y está permitida la entrada desde otros países, aunque desde algunos se requiere una PCR negativa realizada al menos 72 horas antes de la llegada. El Gobierno actualiza cada 15 días el listado de países.
Ahora bien, si los viajeros son de fuera de la Unión Europea, del espacio Schengen o de Reino Unido, la entrada no está permitida, salvo algunas excepciones. Aparte de la PCR, estos viajeros deben cumplir otros requisitos para poder entrar: quienes tengan un visado expedido, por ejemplo, pueden entrar.
El cierre de fronteras también ha repercutido en el turismo. Según la última encuesta de gasto turístico publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto total realizado por turistas internacionales cayó un 90,5% en enero con respecto al año anterior. Una caída similar a la de las pernoctaciones en hoteles, que también han caído un 85% con respecto a enero del año anterior.
Aparte del cierre de fronteras, también han afectado las restricciones de movilidad dentro de España. A 11 de marzo, todas las comunidades excepto Madrid, Extremadura, Canarias y Baleares permanecen cerradas y, por lo tanto, sus ciudadanos no pueden salir de ellas a menos que lo hagan por algunas excepciones. En Maldita.es actualizamos semanalmente toda la información sobre los cierres perimetrales de estos territorios.
Primera fecha de publicación de este artículo: 14/03/2021
