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El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho este 22 de noviembre en rueda de prensa desde Moncloa tras la Cumbre del G-20 que "el Gobierno de España garantiza que no va a haber desahucios. Hay medidas aprobadas a lo largo de estos últimos meses, que ustedes conocen, los medios de comunicación se han hecho eco de ellos y que, efectivamente, los desahucios están prohibidos hasta el 31 de enero del próximo año" [min. 4:56].
FALSO.
En España los desahucios no están prohibidos. El Gobierno dejó de permitirlos el pasado mes de marzo para las familias vulnerables económicamente "a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19", tal y como se puede ver en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes para hacer frente al COVID-19, que ha sido prorrogado hasta el 31 de enero de 2020. Pero los desahucios no están prohibidos para el resto de ciudadanos.
Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se siguen produciendo desahucios en nuestro país. Por ejemplo, la organización ‘Stop Desnonaments’ pidió ayuda para parar seis desahucios este martes 3 de noviembre en Palma de Mallorca. No es la única. La asociación de vecinos SOS Malasaña ha publicado diferentes tuits para movilizar a Madrid este 24 de noviembre ante un desahucio en la calle Luna.
Es más, Unidas Podemos, que comparte Gobierno con el PSOE, solicitó ampliar la protección contra desahucios que se produjeran sin alternativa habitacional y registró una enmienda junto a ERC y EH-Bildu para frenar todo aquel desahucio sin alternativa hasta el 31 de diciembre de 2022.
El Gobierno reconoce que "todavía hay algunos casos en los que los ciudadanos se pueden enfrentar a desahucios" y presentará una medida para ampliar la protección*
Este 23 de noviembre, un día después de la rueda de prensa de Sánchez, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, señaló que “estamos siempre abiertos a intentar dar mayor protección” al ser preguntado por la enmienda presentada por Unidas Podemos. De hecho, Ábalos añadió en su declaración que “no nos importaría revisar la extensión de imposibilitar los desahucios a situaciones anteriores al COVID [...]. Dentro del Gobierno hay ámbito y posibilidades de llegar a acuerdos” [min. 25:37].
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, celebrado el martes 24 de noviembre, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, reconoció que "este Gobierno es muy consciente de la necesidad de atender una situación que se produce, espero que con menor frecuencia, pero que todavía hay algunos casos en los que los ciudadanos se pueden enfrentar a una situación de desahucio". Y añadió que desde el Gobierno "vamos a seguir dando respuesta a esta situación, después de que ya algún real decreto-ley anterior ha contemplado la imposibilidad de producir desahucios" [min. 39:39].
Este 26 de noviembre, cuatro días después de la declaración de Sánchez, el vicepresidente Pablo Iglesias ha anunciado oficialmente que "el Gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables [...]", independientemente de que la causa esté directamente relacionada con la pandemia o no ya que "el decreto que está vigente no tiene la capacidad para frenar todos los lanzamientos".
Los desahucios se siguen produciendo desde que los juzgados retomaron su actividad en junio
En Maldita.es ya os explicamos que es falso que los desahucios no estén permitidos cuando el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, lo afirmó en el Congreso de los Diputados el pasado 28 de octubre. De hecho, en su declaración, añadió que “en teoría no tiene que plantearse ningún desahucio porque los suspendimos los desahucios en el estado de alarma y lo hemos prorrogado”.
En ese momento, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) también se quejó de las declaraciones del ministro y aseguró que "no han suspendido los desahucios nunca". En el mensaje de Twitter, la PAH especificó que de marzo a junio no hubo desahucios en España, pero que era debido a la "paralización de los juzgados". La mayor parte de la actividad judicial se paralizó debido al estado de alarma por la pandemia de coronavirus y sólo quedaron operativos los servicios esenciales.
Después de que los juzgados reanudaran su actividad ordinaria, en distintas ciudades se han vuelto a producir desahucios. Concretamente, el pasado 11 de noviembre, una mujer de 82 años fue desahuciada de su piso en Fuenlabrada, según publicó El País. Este mismo 24 de noviembre, tal y como recoge El Levante, la PAH ha denunciado los desahucios de dos edificios en la Pobla de Vallbona (Valencia), programados para el próximo 9 de diciembre.
El Consejo General del Poder Judicial ha publicado los datos de desahucios del segundo trimestre de 2020 y ha habido 1.013 de personas que vivían en una vivienda alquilada y 300 ejecuciones hipotecarias (desahucios de familias que vivían en una casa que tenían hipotecada). Aun así, los desahucios descendieron un 90,6%, pero el CGPJ ha confirmado que eso se ha debido a la paralización de la justicia por el coronavirus.
Maldita.es ha contactado con el equipo de Presidencia del Gobierno para saber a qué se refería Sánchez con sus declaraciones pero, en el momento de la publicación de este artículo, no hemos obtenido respuesta.
Sin embargo, el equipo del ministro Ábalos sí nos explicó en su momento a qué se refería con la afirmación de que el “el decreto que aprobó este Gobierno no permite los desahucios”, la misma que ha dicho en esta ocasión el presidente Pedro Sánchez. Desde el Ministerio de Transportes nos explicaron que “el Gobierno ha dado soluciones respetando el marco competencial de las administraciones autonómicas, que son las competentes en materia de vivienda”.
Concretamente, especificaban que "es necesario distinguir los distintos tipos de desahucios que se producen: no se pueden equiparar los desahucios en situación de vulnerabilidad con título jurídico, cuyos procedimientos judiciales se encuentran suspendidos, con los desahucios en situación de vulnerabilidad sin título jurídico, que son las ocupaciones en precario, y lo que se producen son desalojos, y que se encuentran tipificados como delitos en el Código Penal".
En este sentido, el portavoz de la PAH Juanjo Ramón, ha señalado a Maldita.es que “la realidad es que hay una moratoria de seis meses para los desahucios de alquiler para quien pueda demostrar una caída de ingresos o la falta de ellos por un ERTE vinculado a la COVID-19”. Es decir, para que las familias puedan acogerse a ese supuesto deben ser consideradas vulnerables económicamente "a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19". De hecho, así se especifica en los artículos 1 y 5 del Real Decreto 11/2020 de medidas urgentes para hacer frente al COVID-19.
Ramón ha insistido en la idea de que “todas las familias con vulnerabilidad previa al estado de alarma no entran en ese decreto. Si estabas trabajando en B o cualquier circunstancia que no puedas demostrar la precariedad por COVID, estás fuera". Por eso, no todas las familias que han sido desahuciadas pueden acogerse a esta ayuda. Sólo si tienen reconocida la vulnerabilidad debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Por lo tanto, es falso que “los desahucios están prohibidos hasta el 31 de enero del próximo año” como dice Pedro Sánchez.
(*) Esta pieza ha sido actualizada el día 26/11/2020 para añadir las declaraciones de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y del vicepresidente, Pablo Iglesias, durante la Comisión Mixta, sobre los desahucios.
