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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) lleva desde 2015 analizando reclamaciones interpuestas por ciudadanos que han pedido información a una administración y ésta se la ha denegado. En poco más de cinco años y medio, hasta julio de 2020, los últimos datos actualizados del CTBG, el Consejo ha estimado 1.537 reclamaciones a favor de los ciudadanos. Pero de estas el Gobierno de España ha incumplido 157 (el 10,21%) y ha llevado a los tribunales otras 164 (el 10,67%). Así que los Ejecutivos de Rajoy y Sánchez ignoran o recurren ante los tribunales dos de cada diez resoluciones del Consejo.
Todos estos incumplimientos (77 el año pasado: un 18,78% del total de resoluciones estimatorias que hubo) hacen que los ciudadanos en España no conozcan mucha información que debería ser pública porque así lo ha decidido el Consejo de Transparencia, que es el órgano encargado de "salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública".
- Las reuniones de Fernando Simón
Uno de los últimos incumplimientos del Gobierno al Consejo de Transparencia lo ha protagonizado el Ministerio de Sanidad. El departamento de Salvador Illa ha decidido no entregar a Maldita.es el listado de reuniones que ha tenido Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), en lo que va de 2020.
Sanidad alegaba que Simón no era un alto cargo y, por lo tanto, no debía informar de sus reuniones. Pero el Consejo de Transparencia considera que eso no es motivo para dejar de informar de con quién se reúne "un cargo público que toma decisiones importantes".
- Los viajes de los miembros de la Casa Real y sus acompañantes
Otra información que los ciudadanos deberían conocer y el Gobierno ha decidido no hacer pública son los viajes de los miembros de la Casa Real. El Consejo decidió que Moncloa, que es quien se encarga de tramitar las solicitudes de información sobre la Casa Real, debía entregar a Maldita.es una serie de datos de todos los viajes oficiales entre 2015 y 2019 de los reyes, Felipe VI y Letizia, los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía, la infanta Leonor y la princesa Sofía. Pero Moncloa decidió ignorar la resolución del Consejo de Transparencia y no darle cumplimiento.
La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno es uno de los organismos de la Administración General del Estado (AGE) que más incumple las resoluciones del Consejo de Transparencia. De hecho, el propio Consejo ha denunciado que Moncloa no cumple "con la transparencia y las normas de buen gobierno".
En este caso, sobre los viajes de la Casa Real, Moncloa debía informar del origen y destino del vuelo; del tipo de avión utilizado; de la fecha del viaje; de los miembros de la casa y familia real que formaban parte de la comitiva; y del resto de acompañantes del viaje, pero no ha entregado ninguno de estos datos ni ha recurrido la resolución del Consejo ante los tribunales.
- Los vuelos en helicóptero de Pedro Sánchez y el resto de presidentes del Gobierno
Este año en Maldita.es conseguimos, vía Ley de Transparencia, una copia del registro del Falcon. Gracias a ello se pudieron conocer, por ejemplo, los viajes en avión oficial de Zapatero a León y de Rajoy a Santiago de Compostela. Pero Moncloa sigue sin entregar toda la información que el Consejo de Transparencia ha estimado sobre los viajes de los presidentes del Gobierno.
La información que recoge el registro del Falcon no incluye cuántos vuelos ha realizado cada presidente para cada viaje. Maldita.es pidió esa información desglosada por vuelos en lugar de viajes, ya que permite realizar un análisis más preciso, pero Moncloa no lo entregó así, a pesar de que el Consejo de Transparencia estimó la reclamación a favor de este medio. Un viaje puede suponer un único vuelo en Falcon o dos, tres, cuatro o los que sean: ahí radica la diferencia. Sánchez es el presidente que más viaja con el Falcon, pero la estadística podría cambiar si se comparasen los vuelos en lugar de los viajes.
Del mismo modo, Moncloa tampoco facilitó los vuelos o viajes en el helicóptero presidencial, el Super Puma. Maldita.es pidió los vuelos en helicóptero y el Consejo también estimó la reclamación en ese punto, pero Moncloa ha incumplido lo dictaminado en ese sentido por el CTBG y los ciudadanos siguen sin conocer qué uso hace Pedro Sánchez del Super Puma y cómo lo utilizaron sus antecesores.
- Los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual que propone el cierre de webs gracias a la Ley Sinde
Con la pandemia por el coronavirus ha habido mucho revuelo para conocer qué hacía cada comité creado por el Gobierno y quién formaba parte de él. De hecho, hay varios de ellos de los que no conocemos el listado de miembros, pero esto no es la primera vez que sucede con un organismo que depende de un ministerio. Por ejemplo, el Gobierno también oculta quién forma parte de la Comisión de Propiedad Intelectual que propone el cierre de webs gracias a la Ley Sinde.
La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual se encarga de salvaguardar “los derechos de propiedad intelectual”. Esto se traduce en que esta sección puede solicitar la retirada de contenidos de páginas web o incluso el cierre de estas si sus publicaciones infringen los derechos de propiedad intelectual, una de las medidas más polémicas y que creo más oposición a esta normativa, más conocida como Ley Sinde y después como Ley Sinde-Wert.
El Consejo de Transparencia dio la razón a Maldita.es e indicó al Ministerio de Cultura y Deporte que debía entregar el listado de miembros de la sección segunda, pero el Gobierno incumplió la resolución. La sección está presidida por el ministro de Cultura y Deporte, ahora José Manuel Rodríguez Uribes, y formada por dos vocales de este mismo departamento, otros dos del Ministerio de Economía y Empresa, uno del Ministerio de Justicia y otro del de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Todos ellos son empleados públicos, pero el Ministerio de Cultura no permite a los ciudadanos saber quiénes son esas seis personas que acompañan al ministro en la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.
- De los patrocinios de RTVE a los datos de policías heridos o los gastos del presidente en el Palacio de las Marismillas
Y estos son sólo algunos de los ejemplos de informaciones que se deben conocer según ha resuelto el Consejo de Transparencia, pero el Gobierno ha decidido ignorar. Hay muchos más casos. En los datos de incumplimientos que recopila el CTBG aparecen muchas más resoluciones sobre las que no consta cumplimiento de la Administración General del Estado.
Por ejemplo, información sobre los patrocinios culturales de RTVE, datos sobre los policías y guardia civiles heridos en las operaciones en Cataluña tras la sentencia del ‘procés’, las reuniones de representantes del Ministerio de Sanidad con los laboratorios farmacéuticos o los gastos que han supuesto las estancias del presidente Pedro Sánchez en el Palacio de las Marismillas. Todo ello, de nuevo, información que los ciudadanos tienen derecho a saber. Pero el Gobierno ha preferido incumplir las resoluciones del Consejo.
El Consejo de Transparencia denuncia falta de medios y lleva ya casi tres años con un presidente en funciones
Los incumplimientos de la Administración a las resoluciones del Consejo de Transparencia se van acumulando. De hecho, muchos expertos critican que el CTBG no tenga capacidad sancionadora. Defienden que como el Consejo no puede multar a una administración cuando incumple una resolución, esto incentiva que el Gobierno siga sin cumplir muchas de ellas. Pero este no es el único problema del Consejo.
El CTBG se queja también de la falta de medios y de recursos que sufren: tanto económicos como humanos. El subdirector de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, explicaba a ‘Cuatro al día’ que, según sus propios cálculos, el Consejo debería contar con el doble de trabajadores de los que son. Actualmente la plantilla del Consejo está compuesta por 22 empleados.
De hecho, el Consejo tiene un puesto vacante. Nada más y nada menos que el de presidente o presidenta y desde hace ya casi tres años. Esther Arizmendi, quien fue la primera y única persona que ha ocupado la presidencia del Consejo de Transparencia, falleció el 19 de noviembre de 2017.
Desde noviembre de 2017 es el subdirector Javier Amorós quien ocupa el puesto de presidente en funciones porque los partidos políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo para nombrar a un nuevo presidente para el organismo. La persona candidata para ocupar la presidencia del Consejo de Transparencia la debe proponer el Gobierno y debe ser refrendada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. En casi tres años no se ha votado ninguna propuesta en las Cortes para sustituir a Arizmendi: ni del Gobierno de Rajoy ni del Gobierno de Sánchez.
