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El Gobierno ha presentado su ‘Plan de Acción por la Democracia’, el “plan de regeneración democrática” que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en junio de este año. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, destacó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo actúa “de la mano de la Unión Europea”. Por lo que sabemos ahora mismo, algunas de las medidas anunciadas sí coinciden con la legislación comunitaria, principalmente a la del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés), mientras que otras necesitarán pasar por las Cortes para salir adelante.
Esto no significa que las medidas incluidas en este plan estén aprobadas tras el anuncio o que lleguen a aprobarse en algún momento, sino que sirven como “hoja de ruta” y que el Gobierno pretende ir implementándolas antes del final de esta legislatura pues muchas proponen reformas que pueden variar o decaer durante su tramitación parlamentaria.
Qué dice el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA)
Las nuevas normas que establece el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación consisten principalmente en:
Mejorar la transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación, la publicidad institucional o la medición de audiencia.
Proteger la independencia editorial y garantizar el funcionamiento independiente de los medios públicos.
Facilitar la evaluación del impacto de la concentración de medios para promover el pluralismo y diversidad.
Proteger las fuentes periodísticas y a periodistas contra el uso de programas de espionaje.
Ofrecer garantías a los medios con respecto a la moderación de las plataformas digitales.
Cuándo entra en vigor la EMFA
El camino para aprobar el Reglamento sobre Libertad de Medios de Comunicación se inició en septiembre de 2022 y para el que se llegó a un acuerdo político entre Comisión, Parlamento y Consejo de la Unión Europea en diciembre de 2023. El texto entró en vigor el 7 de mayo de 2024, aunque todavía no se está aplicando en los Estados miembros.
Sin embargo, se establece un calendario para que los artículos empiecen a aplicarse de forma escalonada. Por ejemplo, el artículo 4 relativo a la información empresarial de los medios de comunicación deberá aplicarse desde el 8 de noviembre de 2024. Ya en su totalidad, el reglamento aplicará a partir del 8 de agosto de 2025.
Como hemos contado en Maldita.es, al ser un reglamento, es una ley de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros y que deben aplicar íntegramente sin necesidad de ajustarla a su ordenamiento jurídico. Es decir, no es necesario trasponerla pues se aplicará automáticamente en España en los próximos meses.
En qué sí coincide el ‘Plan de Acción por la Democracia’ del Gobierno con la EMFA
El ‘Plan de Acción por la Democracia’ está formado por 31 medidas estructuradas en tres ejes de actuación. Algunas de ellas provienen directamente de las obligaciones del Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación mientras que el resto son iniciativas del Gobierno, referenciando el ‘Plan de Acción para la Democracia Europea’ de la Comisión Europea.
Por un lado, la mayor parte de las medidas recogidas dentro del segundo eje “Fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo” son las que están relacionadas con la aplicación del Reglamento sobre la Libertad de Medios de Comunicación. Aunque sin dar detalles de cómo se van a desarrollar, se incluyen:
Un registro público de medios con información sobre su propiedad (Art. 6.2),
Medidas de transparencia y límites en la asignación de publicidad institucional y financiación por parte de las administraciones (Art. 25, Art. 5.3),
Mecanismos de pluralismo y competencia para evitar la concentración de medios (Art. 22),
Impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas (Art. 4),
Refuerzo de la autorregulación de los medios y las plataformas digitales (Art.18) y
Aumento de competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como autoridad nacional de medios (Art. 7)
No en todos los casos el reglamento especifica los mecanismos que los Estados tienen que llevar a cabo para poner en marcha estas medidas y en algunos casos, como por ejemplo el registro público de la propiedad de medios, requiere que los Estados encomienden a un organismo regulador competente la tarea, en este caso, de crear una base de datos.
Otra medida que obedece a la UE es la transposición de la Directiva contra Demandas Estratégicas contra la Participación Pública para mejorar la protección de periodistas.
En qué no coincide el ‘Plan de Acción por la Democracia’ del Gobierno con la EMFA
El plan del Gobierno contempla otras medidas que no están incluidas en el reglamento europeo y que dependerán de la estructura del propio Gobierno o de los grupos parlamentarios en el Senado y el Congreso para salir adelante.
Entre aquellas relacionadas con el ecosistema informativo, se habla de aprobar una Estrategia Nacional contra las campañas de desinformación y de crear una comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación o ayudas para la promoción de la digitalización de medios de comunicación.
Otras implican que se tramiten reformas de leyes, como las relacionadas con el derecho a la rectificación y al honor, los delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público en el Código Penal o el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro de la conocida como ‘Ley Mordaza’. Estas reformas tendrán que pasar por el Congreso de los Diputados y el Senado, donde necesitarán obtener la mayoría suficiente para ser aprobadas.
Los otros dos ejes de acción del plan, que no corresponden a obligaciones europeas, tienen que ver con la información gubernamental y la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.
Primero, se propone una Estrategia de Gobierno Abierto, una obligación legal de rendición de cuentas cada seis meses para todas las administraciones, medidas para combatir la corrupción y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales.
Ya dentro del último eje, se propone la obligatoriedad de la celebración del Debate sobre el Estado de la Nación de forma anual, de debates electorales entre candidatos y de la publicación de microdatos de las encuestas electorales. Además, se mencionan refuerzos de los sistemas de sanciones para el Congreso, el Senado y los partidos políticos que no presenten debidamente sus declaraciones de bienes o cuentas con el fin de prevenir y detectar conflictos de interés y la aprobación de la Ley de Grupos de Interés.
