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17/02/2020

Autorregulación

Este término sirve para referirse a los términos y condiciones propios que se han impuesto las empresas tecnológicas sin que haya un ente regulador (por ejemplo, un gobierno) que los limite o defina. Es el Juan Palomo de las leyes que regulan las tecnológicas. 

Según el analista Eduardo Ferreyra, de la Asociación por los Derechos Civiles de Latinoamérica, las empresas tecnológicas se han transformado en “instituciones que ejercen un control efectivo sobre el contenido que circula en la red” y que también establecen su propia gobernanza sobre cómo actuar. Básicamente significa que ellos se ponen sus propias leyes por las que regirse a nivel global. 

El concepto es polémico: ¿si los gobiernos no las regulan, entonces quién lo hace? La cuestión es que, de momento, nadie. Hasta la fecha, no se han diseñado o adaptado leyes efectivas que regulen la actividad de las multinacionales o las redes sociales. Pero hay que tener en cuenta que sus actos perjudican derechos como la libertad de expresión, ya que afectan directamente al contenido que se sube a Internet.

Ferreyra es autor de un informe en el que se proporcionan cuatro explicaciones posibles para que esto no haya ocurrido aún:

  • La explicación histórica defiende que Internet es un fenómeno relativamente joven (su uso masivo comienza en la década de los 90) y aún está en pleno desarrollo, por lo que los avances y las novedades que tienen que ver con ello van demasiado rápido como para que los legisladores y los entes reguladores actúen lo suficientemente rápido.

 

  • La explicación geográfica se centra en que Internet nació en Estados Unidos y que su creación estuvo marcada por el “principio de no regulación comercial”: en un país que se rige por el libre mercado y que huye de la regulación del estado la conclusión fue que los estándares de la red los debían vigilar los propios mercados, la competencia y los individuos. En caso de que fuese necesario algún tipo de regulación más formal, serían las instituciones privadas, sin ánimo de lucro, y los entes interesados los que la diseñarían.

 

  • La explicación jurisdiccional dice que Internet es global y que los Estados son nacionales. Esa diferenciación por países haría imposible poner en común una regulación común sin que surgieran infinidad de dudas sobre cuál sería la más adecuada. Para empezar, se dudaba que un solo Estado o que en su defecto un conjunto de Estados (pongamos la Unión Europea) tengan legitimidad para regular un espacio que comparten con más países. También se pone en duda la capacidad para asegurar los derechos de las personas si se restringe demasiado la utilización de Internet. ¿Cuál ha sido el efecto práctico de esto? Cuando un país solo ha intentado regular algún aspecto de las grandes tecnológicas… el país ha salido perdiendo. Por ejemplo, a finales de octubre de 2014 España aprobó una ley de propiedad intelectual que obligaba a empresas como Google a pagar una tasa a la Asociación de Editores de Diarios Españoles por compartir sus noticias en Google News. Resultado: Google News dejó de existir en España.

 

  • La explicación jurídica dice que regular algo como el “funcionamiento” de Internet haría pecar a los gobiernos de autoritarios. Internet fue creado como un espacio abierto, descentralizado y donde fluía un intercambio libre de ideas entre individuos, por lo que coartar esa libertad de expresión desde un marco regulatorio podía romper esa estructura y acabar con todo lo que se esperaba que fuese la red.

Sin embargo, ahora son las propias tecnológicas las que están dictando cómo puede comunicarse la gente y cuáles son las normas para usar sus plataformas, es decir, cuál es el supuesto comportamiento adecuado para moverse en Internet.

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