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A dos kilómetros de camino desde Pedreguer (Alicante), entre naranjos, mandarinos y olivos, aparece El Campell, una mansión de cuatro plantas en una finca amurallada por setos y arboleda. Hace más de 18 años, la finca pertenecía al narco conocido como Franky y tras su detención y condena, fue integrada al Fondo de Bienes Decomisados del Plan Nacional sobre Drogas. Desde entonces, hasta siete organizaciones sociales han usado parte de sus instalaciones como oficina y espacio para celebrar actividades ocasionales. Un uso que se queda corto para el ayuntamiento y las asociaciones. El ayuntamiento se endeudó pero mereció la pena”, asegura el alcalde de la localidad, Sergi Ferrús. Por ello, buscan soluciones: o El Campell refuerza su papel como escenario de más proyectos contra la droga o tendrá que ajustar su función social si no quiere acabar en una subasta pública.
Esther Escrivá, la coordinadora de la asociación por la Salud Mental-Marina Alta AMADEM, explica a Maldita.es que instalaron su oficina en la primera planta de El Campell en 2008. Se trata del único inmueble del Fondo de Bienes Decomisados al narcotráfico en España que cambió de manos mediante una cesión para su uso social y no fue vendida o subastada, una finca de 400 metros cuadrados valorada en tres millones de euros con varias plazas de garaje, piscina, merendero, jacuzzi exterior, dos barbacoas, varios pozos para recoger agua en aljibes y un huerto.
Del crimen a la comunidad: la reutilización social de los activos confiscados a la mafia y el narcotráfico es una investigación transfronteriza de Lavialibera (Italia), Scena9 (Rumanía) y Maldita.es (España) que explora las prácticas de reutilización en los tres países destacando su impacto, desafíos y posibles soluciones.
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Fotos: Luis Soto.
El Campell: de vivienda del narco a darle un uso social
Hasta el momento de su detención en agosto de 2006 cuando salía de la casa, el narcotraficante Francisco Javier Martínez Sanmillán, conocido como Franky, había disfrutado de ella junto a su familia en cortas estancias de tiempo [pág 2. II]. En aquel momento había una orden de detención e ingreso en prisión para cumplir condena por dos delitos contra la salud pública. Llevaba más de una década fugado.
La Justicia apunta a que Franky –conocido por haberse cambiado las huellas dactilares de las manos por las de los pies– llevaba desde 1994 sin trabajar y sin obtener ingresos económicos procedentes de una actividad laboral lícita, sino que estuvo todo ese tiempo “gestionando las ganancias, procedentes de su anterior actividad de tráfico de drogas” y que con ese dinero adquirió la Finca de El Campell, en Pedreguer.
Un vecino de la zona que no quiere dar su nombre explicó a Maldita.es que Franky quiso hacer una casa “de toda la vida”, empedrada y estuvo “tres o cuatro años” construyéndola. Este vecino, que trabaja también en las inmediaciones de El Campell, asegura que Franky permanecía estancias cortas en la finca y que tampoco solía bajar al pueblo: “Él venía aquí y decía que era aviador, el albañil que vivía delante de la casa bromeaba cada vez que pasaba un avión y decía ‘mira, nos está mirando’”, recuerda.
Pero no todos los rincones de la finca han podido ser usados en su nueva vida como espacio de uso social. En una de las estancias en la planta baja de la mansión, que ahora utiliza AMADEM como almacén, hay una ventana que no da al exterior. Al abrirla, aparece una sala recubierta en piedra y madera que llega hasta el sótano. Tiene pequeñas ventanas que se abren por control remoto y una gran puerta que da al exterior pero por la que no se puede acceder. Los vecinos lo llaman “el bunker” y cuenta con una gran mesa redonda rodeada de butacones y un mueble a su derecha. Está tal y como Franky la dejó en 2006 cuando fue detenido, pero AMADEM no tiene llave para entrar.
Otra de las estancias destacadas de El Campell está en la azotea. Detrás de una puerta hay un recibidor con varias puertas de pequeñas dimensiones que dan acceso a una zona abuhardillada a la que hay que entrar a gatas por unos pasadizos a ladrillo visto. La estancia cuenta con un baño, “es como si pudieran esconderse aquí”, explica Escrivá, que añade que creen que ese lugar apartado podría haber servido para esconder la droga, aunque puntualiza que nunca se ha encontrado nada.
El Campell es el único inmueble del Fondo cedido para su uso social
Desde que en 2003 se creó el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas, dependiente del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), el de El Campell es el único inmueble destinado a entidades con fines sociales. Los bienes que se incautan en España en operaciones contra el narcotráfico pasan a estar bajo tutela de la Justicia hasta que se dicta una sentencia firme. Si esta es condenatoria, el bien puede ser decomisado, es decir, que pasa a ser propiedad del Estado.
El Fondo se encarga de recibir los bienes ya decomisados para su gestión, que puede pasar por su venta, subasta o cesión. Sin embargo, la cesión se contempla en la propia legislación como un hecho “excepcional” en el artículo 4.2 de la ley 17/2003, norma por la que se regula el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Los datos facilitados a Maldita.es vía Transparencia sobre el destino y el uso de los bienes no integrados o no subastados por el Fondo, entre los años 2018 y 2024 detallan que solamente el 3,35% de los bienes se ceden, en su mayoría a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Según ha informado el PNSD a Maldita.es, desde 2003 han sido tres los inmuebles que no han sido subastados y sí gestionados para otros fines. Además de El Campell, está el Pazo Baión en Vilanova de Arousa (Galicia), que fue alquilado a varias empresas vitivinícolas mientras se resolvía la situación judicial de su propietario Laureano Oubiña y en 2008 se subastó y se adjudicó a una bodega, que sigue siendo propietaria del inmueble, por la que se comprometió, a contratar a personas drogodependientes en proceso de reinserción. El tercero es un inmueble en la localidad gallega de Vilagarcía de Arousa. Este último, explica el delegado del Gobierno para el PNSD, Joan R. Villalbí, se entregó al ayuntamiento a través de una tasación utilizando un reglamento de 1997.
De calçotadas a alojamiento de arqueólogos: un largo camino para justificar su uso social
Tras la detención de Franky, el Ayuntamiento de Pedreguer solicitó a la Generalitat Valenciana la cesión de la finca. El juzgado que instruye el caso aprobó la cesión “provisional” para la creación de un centro de atención a personas discapacitadas y con problemas de salud mental. En 2008, AMADEM entró en El Campell y se ha mantenido hasta el día de hoy. Tras la sentencia condenatoria a Franky, el terreno pasó a depender del Fondo de Bienes Decomisados. En 2017, el consistorio firmó un convenio con el Plan Nacional de Drogas para ceder El Campell en un periodo de 15 años, prorrogable cada cinco hasta un total de medio siglo.
Los vecinos de Pedreguer destacan de AMADEM la labor social que realizan y su ayuda a la comunidad. Como ejemplo, se acuerdan de la calçotada solidaria que se celebra todos los años en la finca desde hace 10 años y que ha llegado a congregar a hasta 550 personas en la antigua mansión del narco. Su coordinadora valora la acogida que tiene el evento año tras año, pero lamenta que no se le dé un mayor uso a la finca: “Al empezar, trasladamos todas las actividades aquí y poco a poco pedimos instalaciones al Ayuntamiento de Dénia (la localidad más grande en la comarca de la Marina Alta) porque llegaba más gente, hemos ido creciendo, y la gente no podía llegar”.
El alcalde de la localidad, que llegó a la corporación cinco años después de la incautación de la finca, recuerda cómo fue el proceso, que califica como “farragoso”: “Tuvimos y tenemos que seguir justificando su uso social”. La citada ley detalla que estas actividades deben estar vinculadas a la prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral.
Desde la incautación del terreno, han sido al menos siete las organizaciones que han pasado por El Campell, pero AMADEM es la que lleva desde el inicio. Empezaron atendiendo los trastornos mentales más graves, como bipolaridad o psicosis y, al cabo de los años, fueron incorporando a personas que sufren fobias, depresiones o ansiedad y que, en un porcentaje muy elevado coexisten con una adicción a una sustancia tóxica, lo que se denomina Patología Dual. La asociación cuenta con una plantilla de once personas, “todos profesionales”, puntualiza Mercedes, miembro de la junta directiva y que, además, tiene a su marido en AMADEM: “A él le encanta venir [a El Campell], para él y el resto de usuarios es como su casa, sienten una libertad total, pero está el hándicap del transporte. Si nosotros tuviéramos una furgoneta podríamos hacer más actividades aquí, porque hay espacio, pero no tenemos presupuesto para un vehículo adaptado ni un conductor específico”.
Aunque AMADEM tiene su oficina en la antigua finca de Franky, oficialmente, ante el Fondo, El Campell es la sede administrativa de la UPCCA, la Unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas (UPCCA) de la Marina Alta, desde 2016. Su responsable, Liliana Cardona, explica que aunque “sobre el papel” estén ahí, los servicios de la UPCCA están descentralizados: “No se hacen talleres en el inmueble porque la dispersión geográfica es grande y no hay buenas comunicaciones, son pueblos pequeños, de la montaña”. Este organismo es el que notifica anualmente al ayuntamiento y al PNSD el uso que se le da al inmueble.
Pero por la finca han pasado más asociaciones. Escrivá explica que el huerto que tiene el recinto lo utiliza Adima, una ONG local de Pedreguer de ayuda a la infancia y la adolescencia. En los primeros veranos tras la incautación, la asociación LUDAI, de Dénia, utilizó la piscina y el espacio anexo para hacer ejercicios con niños con dificultades en el desarrollo, hasta que necesitaron un local para desarrollar un centro de atención temprana, para que El Campell no cumplía los requisitos. También la ha utilizado ‘Condenados al bordillo’, de ayuda a personas con diversidad funcional. No solo asociaciones han pasado por la que fue la casa de Franky, también ha servido como alojamiento de un grupo de arqueólogos del Museo Arqueológico Provincial de Alicante durante una década, años en los que realizaron excavaciones en un yacimiento de la localidad y se celebró un campus de verano de fútbol para niños organizado por el capitán del Valencia, José Luis Gayá, nacido en Pedreguer. El Taller de Adaptación Prelaboral de Inserción Social (TAPIS) de Dénia también ha utilizado las instalaciones de manera temporal en los últimos 15 años.
“¿Qué tiene que ver esto con la rehabilitación o la prevención de las drogas? Pues, por ejemplo, en una de las cláusulas del convenio se ponía que el equipo de excavación dedicaría una jornada de convivencia con los usuarios de AMADEM para enseñarles cómo son las excavaciones”, detalla el alcalde de Pedreguer. Algo similar ocurrió con el campamento de verano en el que, durante una jornada, los jóvenes convivían con los usuarios de AMADEM.
Pedreguer busca adaptar las actividades en El Campell
Sergi Ferrús relata a Maldita.es que el ayuntamiento dedicó 80.000 euros para adaptar y reformar la mansión, que tras la detención de Franky sufrió robos y algunos destrozos. Para ello, tuvieron que pedir un crédito bancario: “El ayuntamiento se endeudó pero mereció la pena”.
Además, el alcalde de Pedreguer también insiste en el dinero que han invertido desde 2008 para su mantenimiento. “Este es un problema al que nos enfrentamos desde hace años, todo el coste de mantenimiento son unos 15.000 o 16.000 euros anuales, llevamos unos 200.000 o 250.000 gastados en mantenimiento. Y no está incluido ni el gasto de agua, ni el gasto de luz, ni el IBI, que debería pagar el Estado, que es propiedad del Estado, pues evidentemente si está cedido tampoco lo pagan”, relata a Maldita.es en su despacho.
Este coste de mantenimiento supone un problema para la corporación municipal: “Está muy bien, la sociedad civil de la Comarca es la que se beneficia, todas las asociaciones que utilizan son comarcales, pero el resto de ayuntamientos se hacen un poco los longuis y no colaboran mucho, es muy difícil para Pedreguer tirar adelante con ese gasto”. En este sentido, Ferrús lamenta que han tenido que buscar “subterfugios para utilizarlo para otros fines” y propone trasladar allí la sede de la MASSMA, la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Marina Alta, para darle un mayor uso y conseguir así la implicación de los 21 municipios restantes, “porque si no es inviable”. Un uso que seguiría estando compartido con AMADEM, desde donde indican que les gustaría poder hacer un mayor uso “si no fuera por el transporte”, recuerdan Esther y Mercedes.
Pero el traslado de la MASSMA debe tener la autorización del Fondo, puesto que los fines de los bienes decomisados deben estar destinados a “programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral”.
Sergi Ferrús también se ha planteado aplicar una de las cláusulas del convenio, que permite convocar la comisión mixta entre el PNSD y el Ayuntamiento de Pedreguer para la resolución de problemas en El Campell: “Como no hemos tenido conflictos no nos hemos reunido, pero a lo mejor también sería conveniente, a lo mejor, reunirse con el Ministerio para darle otro enfoque”.
¿Y si el Fondo no autoriza otro uso? Ferrús espera que sí puedan fijar la sede de la MASSMA en El Campell, si no, volvería al Fondo de Bienes Decomisados, que “seguramente la subastará porque es lo que hacen”. Es en esta subasta y venta de los bienes donde el Fondo ha recaudado cerca de 95 millones de euros en diez años, para después dedicarlos a “programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral”.
Foto de portada: Diseño de Malu Saenz Jaramillo, con fotografías de Luis Soto.
Del crimen a la comunidad: bienes decomisados al narcotráfico
Este reportaje forma parte de una investigación internacional en la que han colaborado Lavialibera (Italia), Scena9 (Rumanía) y Maldita.es (España). El proyecto explora las prácticas de reutilización de los bienes decomisados en los tres países destacando su impacto, desafíos y posibles soluciones.
Hemos analizado en profundidad, en cuatro reportajes, el problema compartido de la falta de soluciones para revertir a la sociedad los bienes decomisados al narcotráfico en España, Italia y Rumanía. Además, ponemos el foco en la situación de España y hablamos con asociaciones que gestionan bienes provenientes del narcotráfico y su impacto en las comunidades locales.
Esta investigación se ha desarrollado gracias al apoyo de Journalismfund Europe.
Primera fecha de publicación de este artículo: 02/10/2024
