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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha recurrido a la Justicia para ocultar los acuerdos del Gobierno con otros países para revender o donarles vacunas contra la COVID-19. Un juzgado deberá decidir si esta información debe ser pública, como ya resolvió el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) tras una reclamación de Maldita.es.
Maldita.es se ha personado en la causa para defender en los tribunales que esta información debe ser pública. La AEMPS, dependiente del Ministerio de Sanidad y representada por la Abogacía del Estado, ha presentado un recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid. Las partes codemandadas son el propio Consejo de Transparencia y nosotros. Maldita.es estará defendida por el abogado Samuel Parra, experto en transparencia, a quien agradecemos su colaboración en este caso.
¿Por qué estos acuerdos deben ser públicos?
Principalmente porque no sabemos cómo está actuando el Gobierno. ¿Con qué países ha firmado acuerdos España para entregarles vacunas contra la COVID-19? ¿Cuántos son para donar las dosis y cuántos para revenderlas? ¿El Gobierno se ha enriquecido al revender las vacunas o ha cobrado a los Estados lo mismo que pagó? Tres preguntas que nos gustaría responder y de las que a día de hoy la ciudadanía no conoce las respuestas. La información que Maldita.es solicitó a través de la ley de transparencia, y avalada como pública por el Consejo de Transparencia, permitiría dar estas respuestas.
El Gobierno no quiere hacer públicos los acuerdos porque dice que podría perjudicar sus relaciones con otros países pero no ha argumentado cómo ni en qué
La resolución de la AEMPS a la solicitud de información de Maldita.es aseguraba que los acuerdos para vender o donar vacunas no se podían hacer públicos porque podría “afectar al superior interés de protección de las relaciones exteriores” debido a que involucran a un tercer país. Pero, el Consejo de Transparencia resolvió que el Gobierno no había proporcionado “una justificación razonable y suficiente” de la necesidad de aplicar los límites alegados y le instaba a entregarnos los acuerdos. En lugar de cumplir con la resolución, el Gobierno la ha recurrido ante la Justicia.
Samuel Parra: "Los ciudadanos deben poder conocer bajo qué criterios y condiciones se ha producido la reventa de vacunas"
Samuel Parra, experto en transparencia, privacidad y tecnología, y abogado que colabora en este caso con Maldita.es, explica que “desde el comienzo de la pandemia existe cierto oscurantismo en todo lo relacionado con las vacunas y los acuerdos o contratos con farmacéuticas”. “Los ciudadanos deben poder conocer bajo qué criterios y condiciones se ha producido la reventa de vacunas o los detalles de los convenios alcanzados entre España y otros países para donar o revender vacunas. Esto es información pública y forma parte de ese necesario escrutinio a los responsables públicos".
Parra, además, hace referencia al primer párrafo del preámbulo de la ley de transparencia, que asegura que “la transparencia y el acceso a la información pública deben ser los ejes fundamentales de toda acción política”.
La opacidad de los tratos con las farmacéuticas viene de lejos
De todos modos, este caso no es excepcional. Los tratos de las Administraciones públicas con la industria farmacéutica tienden a estar protagonizados por la opacidad. Desde Maldita.es consideramos que la ciudadanía tiene derecho a conocer los precios a los que los Gobiernos compran medicamentos o vacunas. Más en un contexto como la pandemia de la COVID-19, donde el acceso a las vacunas entre países pobres y ricos ha sido completamente desigual.
Aunque los acuerdos solicitados por Maldita.es sean entre España y terceros países, están relacionados con la compra previa de las vacunas por parte de nuestro país a las farmacéuticas. Esta adquisición se centralizó y negoció desde la Comisión Europea. Las polémicas protagonizadas por la falta de transparencia han sido varias. Desde el contrato con AstraZeneca que la Comisión publicó mal censurado hasta los SMS entre la presidenta Von der Leyen y el CEO de Pfizer, que la Defensora del Pueblo Europeo resolvió que debían ser públicos, pero Bruselas sigue ocultando.
