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Durante el estado de alarma por el coronavirus el Gobierno dejó de responder las solicitudes de información que los ciudadanos le hacían llegar vía Ley de Transparencia. Aún así, entre el 14 de marzo y el 31 de mayo (el tiempo en el que los plazos administrativos estuvieron suspendidos) el Gobierno recibió 1.417 solicitudes de información. 249 de ellas iban destinadas al Ministerio de Sanidad, pero el departamento de Salvador Illa a 17 de agosto seguía sin responder el 42,57% (106 de las 249), según los datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que gestiona el Portal de la Transparencia, obtenidos por Maldita.es a través de una petición de información pública.
Entre esas 249 solicitudes que recibió Sanidad (el ministerio al que los ciudadanos dirigieron más peticiones de transparencia durante el estado de alarma) hay 31 que acabaron con un expediente de “finalización anticipada”. Es decir, no es que el ministerio las resolviera o respondiera, sino que se finalizaron debido a algún error, como que fueran solicitudes duplicadas o que, en realidad, fueran destinadas a otros organismos. Si las descontamos, Sanidad recibió 218 peticiones que sí deberían dar lugar a una respuesta del ministerio.
Pero a 17 de agosto, dos meses y medio después de que volvieran a correr los plazos para las solicitudes de transparencia, el departamento de Illa sólo había contestado 112. Las otras 106, el 48,62%, seguían a la espera de una respuesta. Había incluso una del 15 de marzo y otra del 16. Cinco meses después de haber enviado sus peticiones, esos dos ciudadanos no habían tenido ninguna respuesta del Ministerio de Sanidad.
La Administración General del Estado (AGE), donde se incluyen todos los ministerios y otros organismos del estado, recibió 1.417 peticiones de información durante la suspensión de plazos. A 17 de agosto sólo les faltaban por responder 181: el 12,77%.
Entre esas 181 solicitudes que la Administración no había resuelto aún a mitad de agosto se encuentran, evidentemente, las 106 que aún tenía pendientes el Ministerio de Sanidad. Es decir, que seis de cada diez solicitudes de información recibidas durante el estado de alarma y que aún no tenían respuesta estaban destinadas a Salvador Illa y su equipo.
Entre las solicitudes que sí habían sido contestadas a mitad de agosto también se ve la diferencia. Sanidad tardó una media de 70 días en responder las peticiones recibidas durante el estado de alarma que sí habían sido resueltas. El promedio del conjunto del Gobierno era de 53 días. Más de dos semanas de diferencia.
Moncloa tampoco respondió a tiempo muchas peticiones recibidas durante la suspensión de plazos
Quien no está tan alejado del Ministerio de Sanidad es el de la Presidencia. El ministerio de la vicepresidenta Carmen Calvo recibió 78 solicitudes de información durante la suspensión de plazos. A 17 de agosto seguía sin responder 37 de ellas: el 47,44%. Entre las peticiones de información resueltas el promedio para responder fue de 61 días. Contestaron más tarde que la media del Gobierno, pero antes que el Ministerio de Sanidad.
33 de esas 37 solicitudes que dos meses y medio después de la reanudación de plazos no habían tenido respuesta iban dirigidas directamente a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, el organismo que se encarga directamente de los asuntos del presidente del Gobierno y que se conoce coloquialmente como Moncloa. El Consejo de Transparencia ya denunció que Presidencia del Gobierno no cumplía "con la transparencia y las normas de buen gobierno".
Los otros ministerios que a mitad de agosto seguían sin responder algunas solicitudes recibidas durante la suspensión de plazos son el de Economía (22,86% de peticiones sin resolver), Universidades (9,09% sin resolver), Defensa (8,33%), Interior (6,82%), Asuntos Exteriores (3,12%) y por debajo del 3%: Hacienda, Trabajo, Transportes y Justicia. Los otros 11 ministerios del Gobierno de España a 17 de agosto habían respondido ya todas las peticiones de información que habían recibido durante la suspensión de plazos. Aunque es lo que debería haber hecho toda la AGE según los plazos que indica la Ley de Transparencia.
Las administraciones tienen que resolver las peticiones de información en el plazo de un mes desde su tramitación. Y en el caso de que sean peticiones complejas pueden alargar el plazo a dos meses. Por lo tanto, como los plazos administrativos se reanudaron el 1 de junio, las solicitudes recibidas durante el estado de alarma deberían haber estado resueltas como máximo el 1 de julio, o el 1 de agosto en el caso de las complejas.
Dos semanas después de ese plazo máximo del 1 de agosto sólo la mitad de los ministerios, 11 de 22, habían contestado a todas las peticiones recibidas. Y Sanidad y Presidencia acumulaban sin responder casi la mitad de sus peticiones. Además, el promedio de tiempo de respuesta de estos dos ministerios a las solicitudes que sí habían contestado superaba los dos meses que marca la ley como plazo máximo.
METODOLOGÍA
Maldita.es ha accedido, a través de una petición de acceso a la información pública vía Ley de Transparencia, a una copia de la base de datos del Portal de la Transparencia. Esa base de datos, que gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha sido la utilizada para realizar esta información.
La base de datos incluye las 1.447 solicitudes recibidas por el Gobierno durante la suspensión de plazos del estado de alarma, que se alargó del 14 de marzo al 31 de mayo. Y muestra en qué estado se encontraban a 17 de agosto, fecha de actualización de la base de datos que nos ha facilitado el ministerio.
Para calcular qué peticiones de información iban dirigidas o han sido resueltas por cada ministerio hemos tenido en cuenta las que fueron tramitadas por cada Unidad de Información de Transparencia (UIT).
En el caso de que algún dato sea erróneo o tengas alguna duda sobre nuestra información puedes contactarnos en [email protected].
