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Las sesiones que el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez celebró en Sevilla, el 26 de octubre de 2018, y en Barcelona, el 21 de diciembre de 2018, costaron, entre ambas, 30.611,27 euros.
Los gastos del Gobierno, que se han hecho públicos gracias a una solicitud de Daniel Lázaro Matías a través de la Ley de Transparencia, fueron casi el doble en Barcelona, donde el Consejo de Ministros tuvo un coste de 20.764,29 euros, que en Sevilla, con un importe de 11.041,86 euros.
En los gastos de ambos Consejos de Ministros se incluye el alojamiento, parte de la locomoción (sin incluir el coste de usar el avión oficial) y la manutención, pero las diferencias entre ambas ciudades se debe al espacio en el que se celebró la sesión. En Barcelona el Consejo de Ministros optó por alquilar el Salón Dorado del Palacio Llotja del Mar, que costó 4.840 euros. En Sevilla, en cambio, se usó un edificio propio: la Delegación del Gobierno en Andalucía.
De todos modos, el espacio escogido en Sevilla tampoco se libró de gastos extras. En este caso, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública gastó 1.194,88 extras en adecuar la Delegación del Gobierno para la ocasión: 825,83 euros en adecuación de la sala, desplazamiento de tarimas e instalación de banderas y 369,5 euros en reparación y adecentamiento de butacas y tarimas.
El Gobierno ocultó esta información al Congreso de los Diputados
Estos Consejos de Ministros en Sevilla y Barcelona fueron objeto de discusión parlamentaria: en diciembre del año pasado los diputados Carlos Floriano y Alicia Sánchez-Camacho (PP) y Carles Campuzano (PdeCAT) solicitaron mediante una pregunta escrita el desglose de los costes por su celebración. El Gobierno se limitó a citar en sus respuestas unas declaraciones de Pedro Sánchez sobre “acercar el Gobierno de todos a todos y cada uno de los territorios de España”, sin ofrecer la información que los miembros del Congreso habían solicitado.
Moncloa no dice cuánto costaron los vuelos oficiales a los Consejos de Ministros
Moncloa también especifica en su respuesta al solicitante que no pueden facilitar información sobre el coste del avión oficial, "ya que de hacerlo, afectaría sin duda alguna a los planes de protección", amparándose en un Acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 y en la Ley de Secretos Oficiales, aprobada durante el franquismo.
Esta interpretación que hace Presidencia del Gobierno para seguir ocultando los costes de los viajes de Pedro Sánchez y su Gobierno es contraria al Consejo de Transparencia. Este organismo resolvió tras la reclamación de Daniel Lázaro que considera que el hecho de hacer público si se ha usado o no el avión oficial y el coste de ello no afectaría a la seguridad, tal y como ya habían afirmado en distintas resoluciones anteriores.
El Ministerio de Defensa, que también debería haber respondido si los traslados se realizaron a través del Ejército del Aire y su coste si hubiera sido así, ha ignorado la resolución del Consejo de Transparencia y ni siquiera ha contestado al solicitante.
Los impedimentos del Gobierno para no hacer público el coste de estos Consejos de Ministros
Presidencia del Gobierno ahora ha hecho pública todos estos gastos tras una petición de acceso a la información pública realizada por Daniel Lázaro Matías, a quien el Gobierno no se lo ha puesto fácil para lograr obtener lo que había solicitado.
En un primer momento, la solicitud fue derivada a tres ministerios distintos: Presidencia, Política Territorial y Defensa. De ahí a que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno haya acabado aportando el coste general de estos Consejos de Ministros, pero el Ministerio de Política Territorial y Función Pública haya añadido el coste de adecuación de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Presidencia del Gobierno, además, ha acabado facilitando la información el 17 de junio de 2019, a pesar de que la solicitud de acceso a la información pública se registró más de medio año antes de obtener los datos: el 12 de diciembre de 2018. Entre medias ha habido una resolución favorable del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a la reclamación formulada por Daniel Lázaro, que instó a dar la información a Presidencia y Defensa. De todos modos, Moncloa incumplió el plazo dado por el Consejo y entregó la información pasado el plazo y Defensa ni siquiera ha respondido.
Consulta aquí toda la documentación sobre este caso:
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