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La ley de libertad de medios de comunicación (EMFA) aprobada en la Unión Europea pretende mejorar la transparencia y la independencia editorial de las empresas mediáticas. La ley tiene rango de reglamento, por lo que su aplicación será automática en todos los Estados miembros a partir de 2025, según el calendario establecido por la UE. Este reglamento es de aplicación en toda la UE, por lo que el presidente del Gobierno ha anunciado un “plan de regeneración democrática” con el que pretende incorporar las medidas de la legislación europea en materia de medios de comunicación a la legislación española.
Ya el 12 de junio, tras sus cinco días de reflexión del mes de abril por la imputación de su mujer, Begoña Gómez, Sánchez, adelantó en una entrevista que dentro de su “paquete de calidad democrática” se incluirían medidas que recoge el Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios de Comunicación, sin ofrecer más detalles.
¿Qué ha anunciado Pedro Sánchez?*
El 17 de julio, el presidente del Gobierno, tras leer varios artículos del Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación, explicó que pretende “establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales, proteger a los periodistas y a sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación”. Sánchez ha dicho que su plan “trata de responder a la difusión masiva de bulos y de combatir la desinformación” y ha dicho que “no es la misión ni la intención del Gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros”, sino que deben ser los propios medios los que se “autorregulen” y fomenten “buenas prácticas, a través de la elaboración de códigos deontológicos”. Sánchez ha puntualizado que “es lo que ha hecho Europa” con el Código Europeo contra la Desinformación.
¿Qué requisitos tendrán que cumplir las empresas privadas con la ley de medios europea?
El Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación obliga a las empresas mediáticas a publicar información sobre sus propietarios, es decir, los titulares de las empresas que tengan acciones con las que puedan influir en la línea editorial y funcionamiento del medio de comunicación. Todo ello deberá estar publicado en una base de datos de acceso público. La legislación europea también indica, en su artículo 6, que las empresas deberán “garantizar la divulgación de cualquier conflicto de intereses existente o potencial que pueda afectar a la oferta de noticias”.
Además, en ese mismo punto se añade que los medios tendrán que dar a conocer el importe anual que reciben de publicidad institucional por parte de las autoridades públicas del Estado miembro al que pertenecen, así como de los ingresos por publicidad recibidos de entidades o autoridades de terceros países. Esta medida pretende luchar contra la concentración de medios de comunicación en grandes conglomerados empresariales.
¿Cómo se aplica la ley a los medios públicos?
El reglamento europeo fija en el artículo 5 una serie de obligaciones para las corporaciones públicas. Las administraciones deben garantizar la independencia editorial y funcional de los medios públicos y el respeto, la imparcialidad y pluralidad de informaciones y opiniones.
Esto aplica también para los nombramientos y ceses de los directivos y miembros de los consejos de administración, que deberá hacerse siguiendo procedimientos y criterios “transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios".
El Reglamento de Libertad de Medios de comunicación detalla también que la financiación estatal de las corporaciones públicas serán “transparentes y objetivos, establecidos de antemano”, sin que interfieran en su independencia.
¿Qué mecanismos de control establece la ley?
Con este reglamento, la Unión Europea crea un Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación con representantes de los Estados miembros para apoyar a la Comisión en la correcta aplicación de la norma en los países de la UE.
En su artículo 18, la ley de medios establece que las grandes plataformas permitirán que se pueda indicar quiénes son “medios de comunicación” o que son “independientes”. Con respecto a este artículo, que en la propuesta inicial era el 17, en Maldita.es avisamos de los peligros que podía tener. Además, el comité tendrá que organizar diálogos con la sociedad civil, grandes plataformas y con los representantes de los medios de comunicación, el Comité hará un seguimiento de las iniciativas para la protección de los usuarios de contenidos nocivos, desinformación, manipulación de información e injerencia de Estados extranjeros [artículo 19].
En este sentido, la UE ya ha aprobado la Ley de Servicios Digitales (DSA) que, como explicamos en Maldita.es, garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos europeos online y establece obligaciones para las plataformas en materias como desinformación, difusión de contenidos ilícitos, transparencia o regulaciones sobre la recogida de datos privados.
La UE pretende también garantizar la protección de los periodistas y sus fuentes, como por ejemplo, evitar que instalen de manera remota un software espía en sus dispositivos [artículo 4.3.c]. Además, garantizará que los Estados tendrán prohibido obligar a los periodistas a revelar sus fuentes y vigilar o detener a trabajadores de la información para obtener datos relativos a su profesión.
¿Cuándo entra en vigor la ley?
El camino para aprobar el Reglamento sobre Libertad de Medios de Comunicación se inició en septiembre de 2022 y para el que se llegó a un acuerdo político entre Comisión, Parlamento y Consejo de la Unión Europea en diciembre de 2023. El texto entró en vigor el 7 de mayo de 2024, aunque todavía no se está aplicando en los Estados miembros.
Ahora, se establece un calendario para que, de manera escalonada, se empiecen a aplicar algunos de los artículos del reglamento. Por ejemplo, el artículo 4 relativo a la información empresarial de los medios de comunicación deberá aplicarse desde el 8 de noviembre de 2024. El resto del reglamento, a partir del 8 de agosto de 2025.
¿Cómo se aplica en España?
Al ser un reglamento, es una ley de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros y que deben aplicar íntegramente sin necesidad de ajustarla a su ordenamiento jurídico. En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo el pasado 12 de junio de 2023 en una entrevista en Televisión Española que España tiene que “trasponer y hacer efectivo” el Reglamento sobre Libertad de Medios de Comunicación [min. 20:48]. No es necesario trasponerla porque tras su entrada en vigor, ya se aplicará en España en los próximos meses.
Sánchez añadió que dentro de su “paquete de regeneración democrática” el Gobierno pretende incorporar medidas sobre transparencia en los medios de comunicación: “Desde lo que representa el Gobierno de España y el Congreso de los Diputados podemos hacer cosas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, es decir, no es solamente la pluralidad informativa y la defensa de la veracidad de la información para tener un debate público sano” [min.21:07]. En su comparecencia ante el Congreso, Sánchez ha pedido que estas medidas se discutan entre “los grupos parlamentarios”.
*Artículo actualizado el 17 de julio de 2024 para incluir los anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su “plan de regeneración democrática”.
Primera fecha de publicación de este artículo: 14/06/2024
