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¡Ojo! La publicación de esta información es anterior a la elección de la presidenta Isabel Perelló el 3 de septiembre de 2024.
El PSOE y el Partido Popular han sellado un acuerdo este martes 25 de junio de 2024 en Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano constitucional encargado, entre otras funciones, del nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
El pacto llega tras más de cinco años de espera, en los cuales el CGPJ ha permanecido con el mandato caducado, con la dimisión del que fuera su presidente ante una situación que tildó de “insostenible” y la renuncia también de una vocal ante el papel “inútil” que tenía el CGPJ en estado de caducidad. En estos más de cinco años, también ha habido varios intentos de acuerdo frustrados en el último momento por el Partido Popular, que desde el principio puso unas “líneas rojas” que han ido cambiando a lo largo de los años.
El acuerdo conlleva el reparto de los 20 vocales del CGPJ en una lista que el vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons, ha calificado de estar “por encima de los partidos” y haber sido elaborada por medio del consenso entre ambas partes.
Por su parte la comisaria europea de Valores y Transparencia, Věra Jourová, que ha asistido a la reunión entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y Pons, ha asegurado sentirse “satisfecha” y ha afirmado que el acuerdo es un fruto del “esfuerzo” de todas las partes, a las cuales ha felicitado, y de la UE en su papel de mediadora.
El acuerdo que pone fin a un bloqueo de cinco años
El acuerdo alcanzado este martes entre el PSOE y el principal partido de la oposición, el Partido Popular, lleva a término una situación de bloqueo que se arrastraba desde el 4 de diciembre de 2018, cuando caducó el mandato del CGPJ. El acuerdo conlleva el nombramiento de 20 vocales del CGPJ.
Tras varios intentos frustrados de llevar a cabo la renovación, esta tarde se ha presentado el acuerdo desde la sede de la Comisión Europea (organismo comunitario que ha mediado en la negociación entre el Gobierno y el PP). González Pons ha valorado el acuerdo como una victoria para la “independencia judicial” y ha resaltado el papel de la UE como supervisora y garante del Estado de Derecho. Bolaños, quien ha celebrado el acuerdo, ha afirmado que de esta manera “se pone fin a una anomalía institucional y se recupera la normalidad”.
Según ha comunicado Pons, la lista de los 20 vocales pactada por ambas formaciones se encuentra “por encima” de ambas formaciones, lo que la inviste de una total “independencia”.
Como han explicado ambos, los nuevos nombramientos del Consejo deberán basarse exclusivamente en cuestiones objetivas y de mérito de los candidatos.
El nuevo CGPJ deberá hacer una propuesta para su propio funcionamiento en el plazo de seis meses y que tendrá que contar con el apoyo de al menos tres quintas partes del propio Consejo. Para ello deberán fijarse en el resto de sistemas europeos para basar el futuro mecanismo de renovación.
Quien ostente de aquí en adelante el puesto de fiscal general del Estado, tendrá que llevar al menos cinco años fuera de la política.
Pons también ha especificado que, "por primera vez, la Presidencia del Tribunal Supremo será propuesto por los vocales, no será una propuesta de ninguna de las dos fuerzas políticas".
El acuerdo también responde, según Bolaños, a un “clamor” social y judicial que venía desde todas las asociaciones profesionales de la judicatura y los propios tribunales. “Se renueva el Consejo y sus 20 vocales de prestigio indudable” y se pasa a explorar nuevas maneras de configurar el modo de elección y para reforzar la independencia del Poder Judicial, ha expresado Bolaños.
Cinco años de desencuentros
El bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha sido una de las claves permanentes en los desencuentros, acusaciones y debates que han mantenido los principales partidos políticos en España durante los últimos años desde que encallara la renovación en otoño de 2018 y el mandato del CGPJ caducara el 4 de diciembre de ese mismo año.
Los propios miembros del CGPJ han sido coprotagonistas de esta situación desde el principio. El que era presidente cuando caducó el mandato, Carlos Lesmes, instó a las Cortes apenas un mes después, el 10 de enero de 2019, a proceder a la renovación del Consejo.
Sin embargo, aquel año se sucedieron dos elecciones generales en España, una en abril y otra en noviembre, que mantuvieron al país sin un Parlamento conformado hasta el año siguiente y la situación de caducidad se prolongó.
El PP, las líneas rojas y dos intentos frustrados in extremis
Tras la formación del primer Gobierno de coalición, en enero de 2020, la renovación se mantuvo bloqueada por la negativa del PP de negociar “con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los batasunos”, en palabras del entonces líder popular, Pablo Casado, en referencia a los socios de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, y las formaciones parlamentarios que lo apoyaban, entre ellos EH Bildu y ERC.
Ese mismo año, en la apertura del año judicial 2020-2021, Lesmes volvió a insistir en la necesidad de renovar el CGPJ, al tiempo que amenazaba con dimitir si la situación, “insostenible”, según él mismo, se mantenía.
Ante esta situación, en octubre de 2020 el Gobierno trató de impulsar una reforma que reducía la mayoría necesaria para renovar el CGPJ en el Congreso de los Diputados de cualificada (210 votos a favor) por la absoluta (176). Las dudas que levantó dicha reforma hizo que el Gobierno diera marcha atrás en abril de 2021.
En octubre de 2022 el PSOE y el PP, ya con Alberto Núñez Feijóo al frente, acercaron posturas hasta casi sellar el acuerdo. Sin embargo, según publicaron algunos medios, entre ellos elDiario.es algunos sectores del PP se revolvieron ante la perspectiva de un acuerdo con los socialistas, una presión que finalmente hizo que el popular reconsiderara el pacto y se echara para atrás en el último momento.
Cascada de dimisiones y reformas a las funciones del CGPJ
El Congreso sí llevó a cabo otras reformas, como la del 11 de marzo de 2021, que impedía que el CGPJ hiciera nombramientos de jueces mientras tuviera el mandato caducado. Un año más tarde, en 2022, el Congreso también modificó la ley orgánica del Poder Judicial para permitir que se pudiera nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le correspondía entonces.
Mientras tanto, en 2021 Lesmes volvió a insistir a los partidos en la necesidad de renovar el órgano, por encima del “escenario de la lucha partidista”. Un año después, en septiembre de 2022, volvió a amenazar con su dimisión, la cual finalmente se produjo un mes más tarde, en octubre de 2022.
No fue la última dimisión. En marzo de 2023, la vocal del CGPJ, Concepción Sáez, escribió una carta pública en la que calificaba de “insostenible” la situación del Consejo General del Poder Judicial y anunció su dimisión ante lo “inútil” de su presencia en el órgano judicial por la “incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias”.
Recta final hacia la renovación con mediación internacional cinco años después
El 20 de julio de 2023 se nombró al nuevo presidente, Vicente Guilarte, que sustituyó a Rafael Mozo, que se mantuvo como presidente interino desde la dimisión de Lesmes. Pero aún quedaban unos meses más de idas y venidas.
En octubre, el PSOE y Sumar acordaron, en el pacto para reeditar el Gobierno de coalición, la reforma de la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el CGPJ y asentaron la idea de rebajarla a la mayoría simple, según publicó El Confidencial. Una idea que a 25 de junio de 2024 no ha llegado a materializarse.
En diciembre, el PP y el PSOE, a petición de los primeros, acordaron una mediación internacional por parte del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, con el fin de desatascar la situación. Entre enero y marzo de 2024 se sucedieron las reuniones en Bruselas entre Esteban González Pons y Félix Bolaños, pero el acuerdo no llegó a cerrarse.
En abril de 2024 el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, amenazó con dimitir antes del verano si no se llegaba a un acuerdo y la situación se precipitó definitivamente tras las elecciones europeas del 9 de junio de 2024, en la que tanto el PP como el PSOE obtuvieron unos resultados similares, con una ligera ventaja para los primeros, 23 y 20 eurodiputados, respectivamente.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, movió ficha y anunció una propuesta final para renovar el CGPJ “en 15 días”, lo cual activó a las partes negociadoras y ha desembocado, cinco años y seis meses después, en el acuerdo anunciado este martes en Bruselas.
