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El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha publicado un tuit en el que dice que el Gobierno se niega “a dar las [cifras de fallecidos] del Registro Civil”. Días antes, su partido había presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso en la que instaba al Gobierno a que publicara estos datos junto a otros como el número de licencias de enterramiento.
Esto se debe a que, desde el inicio de la pandemia, las cifras oficiales de fallecimientos a causa de la COVID-19 se han puesto en duda, ya que, por ejemplo, hasta el 17 de abril algunas comunidades autónomas sólo contabilizaban a los fallecidos en centros sanitarios. Desde esa fecha, el Ministerio de Sanidad estableció que únicamente se contabilizan a aquellos que hayan tenido un resultado positivo en un test diagnóstico (PCR o test de anticuerpos) antes del fallecimiento.
Por lo tanto, no existe una estadística oficial de todos los fallecidos con coronavirus o con sus síntomas. Lo que sí se publica diariamente, como ya os contamos en Maldita.es, son los datos totales de fallecimientos de los registros civiles. Estos aparecen recogidos en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) y en sus informes se refleja que desde el 17 de marzo en España ha habido un exceso de mortalidad. Sin embargo, en esos datos no se diferencia por causa de la muerte, lo que impide saber cuántos de ellos están relacionados con la COVID-19.
En Castilla-La Mancha el Tribunal Superior de Justicia ordenó a los jueces encargados de los registros civiles, con el apoyo de médicos forenses adscritos a los Institutos de Medicina Legal de la comunidad, que revisaran las certificaciones médicas de defunción para catalogar los fallecimientos producidos por COVID-19 o aquellos en los que se sospechara que la causa fundamental había sido el coronavirus.
Os lo explicamos:
El sistema MoMo publica los fallecimientos procedentes de los registros civiles de forma diaria
Los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en nuestro país proceden de los registros civiles y no distinguen por causa de la muerte, por lo que no es posible saber cuántas de ellas se atribuyen a fallecimientos por COVID-19. Los últimos datos de registros civiles de fallecimientos diferenciados por causa de muerte son los que publica el INE y corresponden a 2018. En MoMo se publican los datos por comunidad autónoma, sexo de la persona fallecida y grupo de edad.
MoMo es un sistema para la vigilancia de la mortalidad gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), que depende del Ministerio de Sanidad. Este sistema incluye los datos de 3.292 registros civiles informatizados que representan al 92% de la población española.
En el portal web donde están publicados los datos de MoMo, se explica que las defunciones se notifican con retraso y aunque en períodos normales se suele disponer de los datos como mucho a los 7 días, según el CNE [pag. 21] este plazo se está incrementando durante la crisis del COVID-19 debido al colapso de los registros civiles.
El CNE añade que los datos más recientes “pueden sufrir importantes modificaciones en los días siguientes” y más en períodos de “alteración significativa de la actividad de los registros civiles”, como la pandemia del COVID-19. Para evitar falsas alarmas de su modelo estadístico, el sistema corrige las “defunciones no observadas”. Es decir, cuando no hay datos, MoMo incluye las defunciones mínimas que corresponderían a ese período temporal.
En la web también se indica que no es correcto extrapolar los resultados de MoMo a toda la población española, ya que sus datos representan al 92% solamente. Esto es debido a que algunos municipios no cuentan con registros civiles informatizados.
Además, MoMo cuenta con un modelo estadístico que permite estimar la mortalidad diaria en función de los datos históricos de fallecimientos y, por tanto, es posible cuantificar cuánto se aleja la cifra de muertes de la cifra que se consideraría “normal” para una fecha determinada. Como ya ha informado El País, entre el 1 de marzo y el 14 de abril, el sistema MoMo detectó un 51% de fallecimientos más de los esperados en España.
En los certificados de inscripción en el Registro Civil no consta la causa de muerte
En los certificados de inscripción de la defunción en los registros civiles no consta la causa de muerte. La causa de muerte de un fallecido solo aparece en el certificado médico de defunción que debe haber rellenado un facultativo sanitario. Este documento, además, se utiliza con fines estadísticos: se envía al Instituto Nacional de Estadística de forma mensual para la elaboración de la Estadística de Defunciones.
En caso de defunción y que no haya sido necesaria la intervención judicial (accidente, homicidio…), los documentos necesarios para la inscripción en el Registro Civil son:
- La solicitud de certificado de defunción, que suele ser realizada por los agentes funerarios, en representación de la familia. Incluye los datos de identificación personales, así como el lugar de defunción.
- El certificado médico de defunción, que incluye la causa de muerte y es necesario para la expedición de la licencia de enterramiento y que también tiene fines estadísticos.
Por tanto, el dato de causa de muerte existe y se envía al INE (Instituto Nacional de Estadística), pero no está siendo publicado.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha sido el único organismo que ha publicado los datos del Registro Civil de fallecidos por COVID-19 o sospechosos
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha sido, hasta la fecha, el único organismo que ha publicado los datos de fallecidos por COVID-19, tanto de casos confirmados como de casos sospechosos de COVID-19, según la información del Registro Civil. En los datos que facilitó el 6 de abril y correspondientes al mes de marzo, se indica que hubo un aumento del 96,3% en el número de licencias de enterramiento con respecto a marzo de 2019.
Ante el colapso de los registros civiles, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, decidió abrir un expediente gubernativo (un tipo de procedimiento administrativo para el cual es competente), en el que daba orden a los jueces encargados de los registros civiles de la región, de examinar los certificados médicos de defunción desde el 1 de marzo para una “identificación lo más precisa posible” de la causa de la muerte y determinar quiénes habían fallecido por COVID-19 (casos confirmados) y quiénes presentaban síntomas compatibles y podrían ser considerados casos sospechosos.
En este expediente, Vicente Rouco explica también que, en un comienzo, en Castilla-La Mancha los responsables del Instituto de Medicina Legal pusieron de manifiesto que las muertes “no siempre aparecían referenciadas a la infección por el virus” debido fundamentalmente “al no sometimiento a muchas de las personas afectadas a test” si bien “todos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma”.
Por este motivo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ordenó a los jueces encargados de los registros civiles, con la ayuda de los Institutos de Medicina Legal de Castilla-La Mancha que revisaran las certificaciones de defunción donde hubiera “sospechas verosímiles de que la causa inicial o fundamental del fallecimiento pueda ser debida a probable infección por COVID-19”.
A raíz de este expediente, en Castilla-La Mancha se han calificado como casos sospechosos por COVID-19 “aquellos en los que las certificaciones médicas de defunción probasen como probable el contagio de COVID y también aquellos en los que concurrieran patologías o causas inmediatas o intermedias relacionadas con el Virus como infección o fracaso respiratorio o pulmonar o neumonías”.
Los registros civiles están colapsados
Ante la situación de colapso, desde el Ministerio de Justicia se ha intentado agilizar el trabajo de los registros civiles. La primera medida que se tomó al respecto fue el 23 de marzo, a través de una orden ministerial en la que se eliminó el plazo de 24 horas desde el fallecimiento para su inscripción en el Registro Civil y que se conceda su licencia de enterramiento, con el fin de “agilizar el trámite administrativo” y “evitar la acumulación de cadáveres”. Desde el Ministerio de Justicia también se amplió el horario de los registros para que estuvieran en funcionamiento “todos los días de la semana en horario de mañana y de tarde”.
Más tarde, el 4 de abril, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (organismo que coordina los registros civiles) publicó una instrucción sobre la remisión de datos de los registros civiles, en la que declararon que “por el aumento de número de defunciones y la reducción del personal en los registros civiles no es posible tener actualizada a diario la plataforma Inforeg”.
En esta instrucción también se pidió a los registros de España que remitieran cada día el número de licencias de enterramiento que han concedido y el lugar de la defunción, especificando la localidad y si la muerte se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual”.
En una resolución más reciente del 13 de abril, se excluyó a los registros civiles de la reducción de plantilla en los servicios públicos jurídicos, ya que el ministerio considera prioritarios los servicios de inscripción de fallecimientos y nacimientos y requieren su realización “en el plazo más breve posible”.
El Registro Civil es un órgano de la Administración de Justicia que, entre otras cosas, debe registrar todos los fallecimientos ocurridos en España. En el caso de las defunciones, se registran normalmente es el de el lugar donde haya ocurrido el fallecimiento y una vez que que se inscribe el fallecimiento en el registro, se concede la licencia de enterramiento, que debe ser solicitada por los familiares o las empresas funerarias y ser firmada por los jueces encargados de cada oficina del Registro Civil.
