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MALDITA TECNOLOGÍA

Cuando una tecnológica puede influir en tu salud: las ‘big tech’ ante la derogación del aborto legal en Estados Unidos y la entrega de datos

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Claves
  • Desde nuestro historial de búsquedas en Google o sitios visitados en Maps a las conversaciones privadas en redes sociales, los datos que generamos en Internet son guardados por empresas tecnológicas que están sujetas a requerimientos judiciales
  • En Europa, la normativa es más restrictiva, pero, en EEUU las normas que autorizan estos requerimientos son más laxas, y hasta la policía puede solicitar datos personales
  • Meta, Twitter, TikTok, Google y otras tecnológicas han respondido con facilidades económicas para sus empleados, pero transparencia limitada ante cómo van a asegurar la privacidad de los datos y a gestionar la moderación del contenido relacionado con el aborto

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La revocación de la sentencia ‘Roe contra Wade’ de 1973 que daba acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos abrió un cisma en el mundo digital. Pensemos simplemente en una persona que acuda a una clínica para abortar y que Google Maps registre su ubicación, o en los historiales de búsqueda en internet y las conversaciones que pueda mantener en redes sociales. Después de la medida del Supremo de EEUU, también se vieron muchos mensajes instando a las mujeres a eliminar sus apps de control menstrual como parte del ecosistema de recogida masiva de datos personales a través de aplicaciones online.

Esta sensación de falta de control sobre nuestros datos se incrementó al saberse que una adolescente de 17 años y su madre fueron acusadas de aborto ilegal cuando la joven estaba embarazada de 23 semanas en Nebraska (EEUU), después de que Facebook entregara una copia de una conversación privada entre ambas bajo requerimiento de un juez. En ese estado, la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal a partir de las 20 semanas, pese a que se intentó bajar a 12 unas semanas antes.

Las empresas tras plataformas como Facebook e Instagram, Twitter o TikTok hicieron a lo largo del verano una serie de anuncios de medidas que pondrían en marcha para facilitar el acceso de sus trabajadoras a estados en los que se permitiera el aborto, por ejemplo. Sin embargo, quedaron muchas cosas en el tintero sobre qué pasaría con sus normas comunitarias o sus políticas de moderación, algunas sin resolver a día de hoy. Hacemos un repaso por los posicionamientos de las grandes compañías tecnológicas (en los casos en que los hayan hecho públicos) a las que hemos consultado; algunas han contestado, otras no.

Este artículo se actualizará con las novedades relacionadas.

¿Cuándo están las empresas obligadas a entregar datos personales de sus usuarios y cuándo pueden negarse?

Todos los datos que generamos al utilizar redes sociales y plataformas digitales son recopilados y almacenados por empresas tecnológicas que en ocasiones están obligadas a entregarlos si lo solicita un juez. Esto se aplica de forma general a cualquier país, pero también entran en juego acuerdos específicos entre regiones para garantizar que se puedan hacer solicitudes -como Estados Unidos y la Unión Europea-. Normalmente, un tribunal estadounidense sólo tendría jurisdicción en EE. UU., pero en base a estos acuerdos puede también requerir información a empresas extranjeras. De la misma manera, ciertos estados podrían pedir datos a empresas de países en los que sus tribunales no tienen jurisdicción, y estas podrían entregarlos voluntariamente o no.

En muchas ocasiones, estas empresas intentan objetar si los requerimientos son muy amplios o el objetivo no está claro. Esta situación no es nueva, ojo. Las normas de cualquier estado permiten que autoridades como jueces y tribunales puedan solicitar la información necesaria para decidir en un procedimiento, pero tanto el tipo de información, como la forma y los plazos dependerán de cada lugar, explica a Maldita.es Elena Gil, abogada experta en derecho digital y protección de datos.

En el caso concreto de Estados Unidos, Gil especifica que su legislación permite de manera amplia que las autoridades obtengan información, una tradición que puede derivar de los atentados del 11S, sobre todo para poder acceder a comunicaciones o información de personas extranjeras que supongan un riesgo de seguridad nacional (a partir de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, conocida como ley FISA). Por ejemplo, en Estados Unidos no sólo pueden solicitar datos jueces y tribunales, sino también autoridades policiales.

Una vez que la información ha sido solicitada, ¿cómo puede reaccionar una empresa? En general, “es obligatorio responder a un requerimiento de información de un tribunal de forma completa y veraz, pero solo dentro de lo que las normas obliguen”, detalla Gil. Por ejemplo, si el requerimiento de información es “más amplio de lo permitido, las empresas pueden argumentar que parte de esa solicitud no es acorde a Derecho y restringir su respuesta”. Dentro del tipo de datos que no pueden ser entregados, están las “comunicaciones abogado-cliente” e información obtenida “de forma ilícita”. Por ejemplo, unas grabaciones.

Entendiendo cómo funciona este proceso, ¿qué sabemos de cómo han reaccionado las grandes tecnológicas en los últimos meses? Hagamos un repaso.

Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp)

Sobre la moderación de contenido

En junio, MIT Technology Review publicaba que Meta se había negado a explicar cómo iban a moderar el contenido en el que se ofrece información o se apoya el acceso al aborto.

Sin embargo, justo después de que se aprobara la derogación del aborto se empezaron a eliminar publicaciones en Facebook sobre el envío de píldoras abortivas por correo, reportó Vice. Hasta ahora, este tipo de píldoras se podían adquirir telemáticamente y tomar en casa al principio del embarazo, pero en agosto ya eran 19 los estados que han prohibido la telemedicina para abortar. Además, NBC News dijo que, en Instagram, los hashtags con las palabras píldoras abortivas y mifepristona (un medicamento abortivo) aparecían ocultos por “violar las pautas de la comunidad”. Y sin embargo Meta sí que seguiría obteniendo ingresos de anuncios antiaborto con información peligrosa, de acuerdo a Media Matters.

¿Cómo lo justificaron? El portavoz de Meta, Andy Stone, respondió en Twitter al editor sénior de portada del HuffPost alegando que no está permitido el contenido que “intente comprar, vender, intercambiar, obsequiar, solicitar o donar productos farmacéuticos”.

Sobre la seguridad y privacidad de los datos

El cofundador de Facebook y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha hecho hincapié en el uso del cifrado (la tecnología que hace que nadie pueda leer nuestros mensajes) como método de protección para la privacidad de las personas que usan las plataformas de Meta, según el portal CyberScoop.

En realidad, WhatsApp es de momento la única plataforma debajo del paraguas de Meta que sí cifra sus mensajes de extremo a extremo. El año pasado, Zuckerberg dijo que no sería hasta 2023 cuando esa función llegaría a Facebook e Instagram. Hay un caso en el que sí se pueden cifrar los mensajes de Facebook Messenger, pero solo funciona a través de la aplicación y marcando activamente el chat como ‘secreto’.

El 11 de agosto, Meta anunció en su sala de prensa que están probando nuevas funciones para hacer copias de seguridad de los chats cifrados de extremo a extremo, así como hilos de chat encriptados de forma automática.

Sobre la facilitación de datos para procesos judiciales

Cuando MIT Technology Review preguntó a Meta el pasado junio si dejarían de recopilar y almacenar datos que pudieran identificar y someter a juicio a personas que buscaran abortar o que ayudaran a hacerlo, la compañía se remitió al informe de transparencia publicado en mayo de 2022.

En él se detallan las solicitudes gubernamentales de datos de usuarios. Durante los últimos seis meses de 2021, recibieron casi 60.000 solicitudes de Estados Unidos. Sobre el proceso para aceptar estas solicitudes, Meta asegura que evaluará “si una solicitud es consistente con los estándares internacionalmente reconocidos sobre derechos humanos, incluido el debido proceso, la privacidad, la libertad de expresión y el estado de derecho”.

Meta defiende que el caso citado sobre las dos mujeres incriminadas en Nebraska era anterior a la revocación de la sentencia. Según recoge Forbes, Facebook entregó a la policía (que usó una orden de registro) las conversaciones de Facebook Messenger de madre e hija del 20 de abril, en las que hablaban sobre la compra y uso de píldoras abortivas. El tribunal ha aceptado los datos como pruebas válidas. En Twitter, el hashtag #DeleteFacebook (borra Facebook) se hizo viral.

El 9 de agosto, un día después de que saliera en prensa, Meta emitió un comunicado en el que aseguraron que “gran parte de la información sobre el papel de Meta en un caso penal contra una madre y su hija en Nebraska es sencillamente errónea”.

El comunicado dice: “Recibimos órdenes judiciales válidas de las autoridades locales el 7 de junio, antes de la decisión del Tribunal Supremo en el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization [el que acabó revocando la sentencia ‘Roe contra Wade’ el 24 de junio]. Las órdenes judiciales no mencionaban el aborto en absoluto. Los documentos judiciales indican que la policía estaba en ese momento investigando la presunta quema y entierro ilegal de un bebé nacido muerto”. Es decir, Meta asegura que entregaron esa información pensando que no tenía que ver con un caso de aborto. El portavoz de Meta recoge el mismo discurso en su cuenta de Twitter.

Sobre los propios empleados

Un detalle a tener en cuenta es que, según la web The Verge, los propios empleados de Meta tienen prohibido discutir sobre temas relacionados con el aborto durante el trabajo de acuerdo a la política de comunicación interna de la empresa.

Sin embargo, Meta ha sido una de las compañías que ha manifestado su interés de ayudar a las empleadas que necesiten ayuda económica para viajar a otros estados para poder abortar. Stone dijo a NBC News que tienen “la intención de ofrecer reembolsos de gastos de viaje, en la medida en que lo permita la ley, a los empleados que los necesiten para acceder a servicios sanitarios y reproductivos fuera del estado”.

Twitter

Sobre la moderación de contenido

Sobre cómo moderar el contenido, Twitter derivó a MIT Technology Review en su consulta a sus términos de servicio, en los que se prohíbe el uso de sus servicios para promover actividades ilegales: “No puedes utilizar nuestro servicio para ningún propósito ilegal o para promover actividades ilegales. Esto incluye la venta, compra o facilitación de transacciones de bienes o servicios ilegales, así como determinados tipos de bienes o servicios regulados”, se detalla en las reglas de Twitter.

Específicamente, en la parte en la que desgranan esos bienes o servicios ilegales o sujetos a reglamentación (que no está actualizada desde abril de 2019) se incluyen drogas y sustancias controladas.

La portavoz de Twitter, Elizabeth Busby, dijo que las reglas de Twitter "generalmente no prohíben la discusión sobre el aborto, los anticonceptivos y temas relacionados". Es decir, hablar sobre el aborto está permitido, pero no explican qué pasaría si hubiera contenido sobre cómo o dónde abortar, por ejemplo.

Sobre la entrega de datos para procesos judiciales

En cuanto a la entrega de datos en procesos judiciales, Twitter respondió a Maldita.es que “proteger la privacidad de las personas que usan Twitter es lo primero”: “Continuaremos evaluando juiciosamente las demandas legales, teniendo siempre en cuenta nuestro compromiso con la seguridad de nuestros usuarios”, explica un portavoz.

Sin embargo, no facilitaron información específica sobre qué requerimientos de información se aceptan desde la empresa y cuáles no, ni, en particular, cómo se va a actuar ante aquellos relacionados con el aborto en Estados Unidos. Twitter se limita a señalar los términos de servicio, la política de privacidad y las prácticas generales de cumplimiento de la ley de la compañía.

En su Política de Privacidad sí hacen referencia a los requerimientos de datos. “Cuando hablamos de ‘requerimientos judiciales’, generalmente nos referimos a citaciones, órdenes judiciales u otros documentos legales que citan un estatuto u otras leyes en relación con algún tipo de reclamo o demanda. Mediante un requerimiento judicial, se nos puede solicitar que proporcionemos información acerca de una cuenta de Twitter o que eliminemos contenido (por ejemplo, un Tweet)”, detallan. Entre esa información puede haber mensajes directos.

Una vez que un representante de la policía o agencias gubernamentales, abogados defensores de acusados en causas penales o litigantes en lo civil solicitan un requerimiento judicial, el proceso que describe Twitter es el siguiente: un empleado de Twitter lo revisa para determinar si este cumple con los requisitos legales correspondientes, se notifica al titular de la cuenta denunciada sobre la existencia de ese requerimiento y se ponen en práctica las políticas de la empresa relativas a esto, que pueden variar según la jurisdicción de donde provenga la petición.

¿Twitter siempre entrega toda la información solicitada en los requerimientos judiciales válidos? En su apartado de preguntas frecuentes afirman que no, sino que solicitan más información y especificaciones sobre la naturaleza de la investigación. En particular, señalan que pueden rechazar el requerimiento por motivos como “la naturaleza del delito subyacente, el requerimiento es demasiado amplio, al requerimiento le falta una firma obligatoria o es un requerimiento de contenido con una notificación judicial incorrecta”. Aun así, tampoco explican el proceso interno mediante el cual deciden si un requerimiento es aceptable o no o quién participa en él.

TikTok

Sobre la moderación de contenido

Si leemos las normas de la comunidad de TikTok, la red social establece que los usuarios no pueden promover, imitar o facilitar actividades delictivas y que esos contenidos serán eliminados. Y especifican que también lo harán con contenido susceptible que haga referencia a actividades o bienes regulados o ilegales “en la mayor parte de regiones del mundo”, es decir, no solamente donde viva el usuario.

Dentro del apartado de desinformación perjudicial detallan que no se publique, transmita ni comparta “desinformación médica que pueda dañar la salud física de un individuo”.

Sin embargo, en TikTok está surgiendo desinformación peligrosa en torno a métodos abortivos: están circulando vídeos en los que se recomiendan remedios caseros e infusiones a base de hierbas para supuestamente “provocar un aborto”. Estos vídeos acumulan millones de visitas. Pero, como reportó Factchequeado, esto es falso: no hay evidencia que respalde el uso de productos botánicos como un método seguro y efectivo para inducir un aborto. Después de una investigación de NewsGuard en julio de 2022, un portavoz de TikTok dijo que este tipo de vídeos violan las directrices de la comunidad y que serían eliminados; sin embargo, dos meses después siguen siendo accesibles en la plataforma. Después de que NewsGuard volviera a preguntar por qué no habían sido eliminados, TikTok no contestó.

La portavoz de TikTok Jamie Favazza dijo que la compañía “permite las menciones sobre el aborto y el acceso al aborto, y eliminará los videos que fomenten los abortos a base de hierbas o remedios naturales", tal y como recoge The Washington Post. El medio también afirma que TikTok borró muchas de estas publicaciones después de que el propio Washington Post, Rolling Stone e Input Mag preguntaran y publicaran sobre ello.

Sobre la facilitación de datos para procesos judiciales

Según indica MIT Technology Review, a finales de junio TikTok se negó a responder a qué hará con las solicitudes de datos requeridas por autoridades judiciales relacionadas con el aborto. En particular, Favazza se negó a comentar cuando se le preguntó cómo respondería la aplicación a las órdenes y citaciones que solicitan datos como el historial de visualización y búsqueda, mensajes privados, comentarios y direcciones IP, que indican dónde un usuario inicia sesión, cierra sesión y publica contenido.

En su Informe sobre solicitudes de información, al que nos remiten al preguntar desde Maldita.es, TikTok dice que evalúa caso por caso las solicitudes de este tipo de datos, y que los revela sólo cuando la solicitud deriva de un proceso legalmente válido o en circunstancias de emergencia. En el primer caso, especifican que se basarán en los requisitos legales aplicables y que esto dependerá de las leyes de cada país.

El número de solicitudes de información sobre los usuarios por parte de las autoridades, según los gráficos que comparten, han aumentado en el último año: de 2.326 solicitudes jurídicas en 2020, a 3.889 en 2021, siendo Estados Unidos, Reino Unido y Alemania los países que más emitieron. Sin embargo, TikTok no comparte cuántas de estas solicitudes aceptó.

Google (y YouTube)

Sobre la moderación de contenido

En relación a los contenidos que comparten desinformación sobre métodos abortivos peligrosos (como los que proliferan en TikTok), en la política de desinformación de YouTube se insta a no publicar contenido “que contradiga el consenso de los expertos sobre determinadas prácticas médicas seguras”.

La cuenta oficial de Twitter de YouTube publicó el 21 de julio que a raíz del crecimiento de este tipo de desinformaciones comenzará a eliminar “el contenido que brinde instrucciones sobre métodos de aborto inseguros o promueva afirmaciones falsas sobre la seguridad del aborto según nuestras políticas de desinformación médica”.

Sin embargo, como explica MIT Technology Review, aunque las reglas de YouTube sobre contenido violento tienen excepciones para los videos educativos, no está claro si la política de la plataforma contra la promoción de "actos violentos" podría convertirse en una herramienta para los activistas antiabortistas que criminalizan y atacan a los que buscan recursos o información para llevar a cabo un aborto.

Sobre la seguridad y privacidad de los datos

En mayo, antes de que se cerrara la sentencia ilegalizando el aborto, varios miembros del Congreso de EEUU ya instaron a Google a “dejar de recopilar y retener innecesariamente datos de localización de usuarios”, incluidos datos en teléfonos Android, que podrían identificar a las mujeres que visitan clínicas de aborto.

El 1 de julio, Google anunció en su blog en una publicación firmada por la ejecutiva de Google, Jen Fitzpatrick, que eliminará los datos del historial de localización de las visitas a lugares delicados, como clínicas de aborto y centros de fertilidad: “Si nuestros sistemas identifican que alguien ha visitado uno de estos lugares, eliminaremos estas entradas del historial de ubicaciones poco después de la visita”. Desde Google especifican a Maldita.es que se aplicará en centros asesores, clínicas de fertilidad, clínicas de aborto, de cirugía estética, pérdida de peso y clínicas para tratamiento de adicción.

También nos explican que el historial de ubicaciones está desactivado de manera predeterminada en la cuenta de Google y, para los usuarios que lo activan manualmente, hay controles para eliminar automáticamente el historial, ya sea de forma completa o solo una parte.

Google también anunció cambios sobre datos de usuarios en las aplicaciones, en concreto, los usuarios de Fitbit (una aplicación de Google de salud, bienestar y fitness) que hubieran optado por realizar un seguimiento de sus ciclos menstruales en la aplicación en ese momento solo podían eliminar los registros de menstruación de uno en uno. Google anunciaba que habría actualizaciones que les permitieran eliminar varios registros a la vez.

Según sus Términos de servicio, la empresa se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido que viole la ley o pueda dañar a otros usuarios, a terceros o al mismo Google. Esos términos de servicio cubren el correo electrónico, información del historial almacenada, los itinerarios de viaje en Google Maps y los documentos de Google.

Este último enfoque también es importante, ya que los documentos colaborativos son una herramienta popular de organización y trabajo que pueden ser usados por los activistas y organizadores que trabajan por los derechos reproductivos y que podrían utilizarse en una investigación policial.

Por otro lado, en agosto Google anunció que Google Search y Maps empezarían a etiquetar más claramente si un centro médico ofrece o no servicios para abortar; la intención es evitar que las personas que lo necesitan acaben en clínicas falsas.

Sobre la facilitación de datos para procesos judiciales

Desde Google explican a Maldita.es que rechazan requerimientos de datos judiciales demasiado amplios o legalmente inadmisibles, y que incluso en algunos supuestos se niegan a proporcionar información en su totalidad.

Google nos deriva a su Informe de Transparencia, donde cada seis meses publican el número y el tipo de solicitudes gubernamentales que recibimos por país. Por ejemplo, en la primera mitad de 2021, recibieron casi 150.000 solicitudes de divulgación de información sobre usuarios, que afectaban a casi 360.000 cuentas; en la segunda mitad del año, fueron 154.000 solicitudes sobre 373.000 cuentas. Entre el 60% y el casi 80% de estas solicitudes se acepta y se revela información.

Pero además de los temas legales comentados anteriormente, a Google le afecta en concreto la llamada geofence warrant (algo así como una orden de cercado geográfico) con la que se le puede pedir información específica sobre los datos de un usuario dentro de un área geográfica concreta o sobre las personas que han estado en un lugar determinado. Imaginemos, una clínica para abortar. El principal destinatario de estas órdenes suele ser de hecho Google, porque recoge estos datos: recibió 982 órdenes de este tipo en 2018, 8.396 en 2019 y 11.554 en 2020.

Defensores de la privacidad en EEUU están preocupados por que Google tenga que responder a este tipo de solicitudes. Por ejemplo, la organización ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) se hacía eco de los peligros de este tipo de órdenes, y también de las órdenes de búsqueda inversa de palabras clave, que pueden obligar a las empresas tecnológicas a entregar datos sobre cualquier usuario que haya buscado términos concretos: imaginemos “aborto” o “embarazo”.

Sobre las peticiones de datos de usuario por parte de las fuerzas del orden público, Google dijo el 1 de julio que, si las solicitudes de datos de las autoridades son demasiado amplias, las impugnará: “Seguimos comprometidos con la protección de nuestros usuarios contra demandas gubernamentales inapropiadas de datos, y continuaremos oponiéndonos a demandas que sean demasiado amplias o legalmente objetables”.

Sin embargo, según la NPR (National Public Radio de EEUU), las propias estadísticas de la empresa muestran que facilita datos para las autoridades alrededor del 80% de las veces que recibe solicitudes y no hay pruebas públicas de que la empresa se haya opuesto a una orden de búsqueda de palabras clave en Estados Unidos.

Sobre los propios empleados

Alphabet, empresa matriz de Google, anunció el junio pasado que sus empleados podrían pedir ser reubicados en otros estados sin justificación (entendemos que para poder vivir en estados que no tengan restricciones sobre el aborto). En agosto de 2022, unos 650 trabajadores de Google firmaron una petición para pedir a la empresa que dejaran de recopilar y protegieran los datos de localización relacionados con el aborto y el historial de búsqueda de los usuarios.

Amazon, Apple y Microsoft

Sobre los propios empleados

Amazon dijo que les reembolsará hasta 4.000 dólares en gastos de viaje por razones médicas, incluyendo abortos. Hay que destacar que Amazon es la segunda compañía privada de Estados Unidos que más gente emplea.

La respuesta de Apple ha ido en la misma línea y la compañía ha asegurado “apoyar el derecho de nuestros empleados a tomar sus propias decisiones sobre su salud reproductiva", añadiendo que sus beneficios permiten a sus trabajadores “viajar fuera del estado para recibir atención médica si no está disponible en su estado de origen".

También un portavoz de Microsoft aseguró que cubrirán los gastos de viaje para el aborto y otros servicios médicos legales cuando el acceso a la atención sea limitado en la región geográfica de origen de un empleado.

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