MENÚ
Es frecuente ver en redes y escuchar en el debate público afirmaciones sobre las listas de espera de la sanidad pública que mezclan conceptos, confunden las competencias que tienen el Estado y las comunidades autónomas y culpan a unos y otros por las inversiones que se hacen y el dinero que se destina al sector sanitario público. ¿Qué depende del Estado y qué depende de las comunidades autónomas? ¿Y a quién le corresponde garantizar que los ciudadanos puedan ser atendidos en sus consultas públicas?
El grueso de la sanidad pública depende de las comunidades autónomas
Todas las competencias en materia de sanidad están divididas entre las diferentes administraciones públicas, aunque son las comunidades autónomas quienes tienen un mayor peso. Así:
El Estado central: tiene la competencia exclusiva para coordinar la política general sanitaria, la legislación sobre fármacos y la sanidad exterior para firmar acuerdos internacionales y controlar la entrada de enfermedades de otros países.
Las comunidades autónomas: la Constitución permite a las autonomías asumir las competencias generales en sanidad e higiene (hospitales, centros de salud, servicios de emergencia…), algo que han hecho todas las comunidades autónomas, pero no las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, quienes dependen del servicio de salud estatal.
Los municipios y entidades locales: tienen la competencia en el control sanitario de establecimientos (inspecciones de salud y alimentos a restaurantes, hoteles, etc.), cementerios y viviendas, control de residuos y saneamiento de agua.
¿De quién dependen las listas de espera en la sanidad pública? La atención sanitaria se divide en tres grupos: atención primaria, atención especializada y atención de urgencia. Las listas de espera en las dos primeras y las filas para ser atendido de urgencia dependen de los servicios de salud de las comunidades autónomas y sólo por parte del Estado central en Ceuta y Melilla.
El coste sanitario: diferencia entre los presupuestos estatales y la inversión conjunta de España
Con frecuencia se ven bailes de cifras entre lo que se emplea en diferentes partidas de las administraciones públicas. En el caso de la sanidad pública, un mensaje que circula de vez en cuando es el incremento de la inversión hasta alcanzar el 7% del PIB en 2023, una propuesta a la que se comprometieron PSOE y Unidas Podemos en 2019.
El conjunto de la inversión pública en España en sanidad en 2022 (última cifra disponible) fue de 90.317 millones de euros, de los cuales el 92,2% (83.272 millones de euros) corresponden a las comunidades autónomas y el resto se reparte entre la Administración central y las locales. Si dividimos esa cifra por el producto interior bruto de ese año, la inversión pública en Sanidad fue del 6,7% del PIB. En cambio, los Presupuestos Generales del Estado recogen una partida para el Ministerio de Sanidad de 7.049 millones de euros.
La Sanidad y la Seguridad Social son dos sistemas públicos independientes
Otra razón por la que, en ocasiones, se confunde quién es el responsable de la sanidad es que, a veces, se habla de la Seguridad Social y del Sistema Nacional de Salud como si fuesen lo mismo. La sanidad se encarga de la protección de la salud de los ciudadanos, mientras que la Seguridad Social es la administración que se encarga de la protección de los trabajadores y de proveer servicios sociales como la pensión de jubilación.
Aunque hay ocasiones en las que puedan solaparse, son sistemas públicos independientes con objetivos distintos. Por ejemplo, si un trabajador acude al sistema sanitario porque está enfermo, será el médico de cabecera quien le conceda la baja, pero se hará en función de los datos de afiliación y los procedimientos que marque la Seguridad Social.
