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“Lo que está por venir después del 30 de junio de 2022: El Consejo de Europa ha modificado la resolución 2361 y ya no se opone a la vacunación obligatoria”. Nos habéis consultado por el chatbot de Whatsapp (+34 644 299 319) por un contenido que vincula una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por sus siglas en inglés) con permitir que los Estados europeos establezcan la vacunación obligatoria contra la COVID-19 a todos sus ciudadanos.
Pero es un bulo: el Consejo de Europa no se opone ni apoya la vacunación obligatoria y sus resoluciones no son vinculantes (es decir, los Estados miembros no están obligados a actuar en el mismo sentido que dicten estos textos del Consejo). El contenido desinformar dice que el Consejo de Europa ha modificado la Resolución 2361 (2021), algo que no se puede hacer porque los textos adoptados por la PACE no se pueden cambiar una vez se han adoptado.
Lo único que este organismo del Consejo de Europa puede hacer, en cuanto a modificar un texto ya aprobado, es adoptar una resolución más reciente sobre el mismo tema. En este caso, “la postura de la PACE será siempre la más reciente”, según explica a Maldita.es un portavoz de prensa de la Asamblea Parlamentaria del Consejo. La última postura adoptada por la PACE en relación con este asunto es pedir a los miembros del Consejo de Europa “comiencen un debate público sobre la posible legislación para imponer mandatos de vacunación”, según refleja la resolución 2424 (2022), la más reciente sobre este tema a 11 de mayo de 2022.
A continuación, el texto de la resolución 2424 (2022) que ha aprobado la PACE y que actualiza la postura de esta asamblea.
9. Como se ha indicado en muchísimas ocasiones durante la pandemia, “nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo”. La Asamblea Parlamentaria recomienda, por tanto, que gobiernos y parlamentos, de estados miembros del Consejo de Europa y del resto del mundo, hagan el cambio de paradigma necesario para vencer a la COVID-19 de una vez por todas, con medidas de salud pública y de forma adecuada con los derechos humanos.
9.4. Sobre una aceptación suficiente de vacunas:
9.4.3. [proponemos] iniciar un debate público sobre la posible legislación para imponer mandatos de vacunación a grupos específicos o a la población en general. No obstante, dichos mandatos de vacunación no deberían abarcar a las personas que por razones médicas no pueden ser vacunadas, ni tampoco a niños, a menos y hasta que se garantice la completa seguridad y eficacia de todas las vacunas para niños, centrándose en el interés superior del niño, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Independientemente de la postura del Consejo de Europa, tal y como explicamos en este artículo de Maldita.es en el que desmentíamos que el Consejo “prohibiese a los Estados imponer la obligatoriedad de la inoculación”, las resoluciones de la PACE no son decisiones vinculantes. De hecho, en España la vacunación contra la COVID-19 no es obligatoria, al igual que ocurre con el resto de vacunas que se administran en este país, explica el Ministerio de Sanidad.
La UE no ha anunciado una legislación a partir del 1 de julio de 2022 para los certificados COVID-19 que “priven de libertades”
Otro punto del contenido indica que “a partir del 1 de julio de 2022, la UE ha anunciado una ‘legislación’ para los Certificados UE COVID-19 obligatorios que te privan de todas las libertades si no lo tienes”. Esto es falso: ningún organismo de la Unión Europea (UE) ha anunciado legislación adicional alguna relativa al certificado COVID-19 de la UE que entre en vigor en esa fecha.
El reglamento de la Unión Europea 2021/953 es el marco legislativo para este certificado COVID. Así, en su artículo 17 indica que este texto “será aplicable desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022”. La Comisión Europea propuso el pasado 3 de febrero prorrogar esta ley (y por tanto, este certificado) durante un año más, hasta el 30 de junio de 2023. El Consejo Europeo dio el visto bueno a esta prórroga el 11 de marzo de 2022. El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó en su sesión plenaria del 5 de mayo de 2022 la extensión del certificado.
Tras esto, los europarlamentarios tienen que negociar con el Consejo Europeo el texto final de esta prórroga, que debería entrar en vigor antes del 30 de junio de 2022. Uno de los puntos a negociar es, precisamente, que este certificado no incluya restricciones adicionales a la libertad de movimiento “a no ser que sean absolutamente necesarias”.
