MENÚ
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) ha solicitado a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que emita órdenes de arresto contra dos líderes del Gobierno de Israel y contra tres líderes de Hamás. Esto no supone que la Corte Penal Internacional ya haya emitido esas órdenes de detención, son los jueces de la Corte los que deben decidir si aceptan o no la petición, algo que a 20 de mayo de 2024 no ha ocurrido.
La Corte Penal Internacional es un organismo judicial internacional que se creó en 1988 y se rige bajo el Estatuto de Roma. Está encargado de investigar delitos internacionales como los crímenes de guerra o contra la humanidad, genocidios y agresiones. Este organismo está reconocido por 123 países, entre ellos España, pero no, por ejemplo, por Israel o Rusia. Sí lo hace Palestina, o como contamos en Maldita.es, Ucrania, que aunque no ha ratificado el Estatuto de Roma, sí acepta su jurisdicción desde 2014.
¿Qué ha pedido el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional?
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció el 20 de mayo que “presentará solicitudes de órdenes de detención” contra tres líderes de Hamás, entre ellos su máximo líder en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, y contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant.
Respecto a los líderes de Hamás, Karim Khan argumenta que son responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Israel y Palestina desde los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023. Les acusa de “exterminio, asesinatos, atentados contra la vida, mutliaciones, tratos crueles y tortura, toma de rehenes; violación y otros actos de violencia sexual, tortura, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, tratos cureles y atentados contra la dignidad de las personas durante el cautiverio”.
“Mi departamento sostiene que hay motivos razonables para creer que Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) e Ismail Haniya son penalmente responsables de la muerte de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamas y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023 y la toma de al menos 245 rehenes”, detalla Khan en el comunicado. Y añade que “los crímenes contra la humanidad” de los que les acusan forman parte de “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Israel” y que “continúan a día de hoy”.
El fiscal de la CPI justifica su solicitud de arresto para Netanyahu y Gallant en que desde el 8 de octubre de 2023, ambos mandatarios israelíes son responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza por “utilizar el hambre de civiles como arma de guerra, atentar gravemente contra la integridad física o la salud, ataques directos e intencionados contra población civil, exterminio y asesinato de civiles incluso en el contexto de muertes causadas por inanición, la persecución de un grupo por motivos políticos, raciales, étnicos, culturales o religiosos, y otros actos inhumanos causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o salud mental”.
Khan sostiene en su escrito que “los crímenes de guerra alegados en estas solicitudes se cometieron en el contexto de un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina, y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás (junto con otros grupos armados palestinos) que se desarrolla en paralelo” y añade que “los crímenes de lesa humanidad acusados se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina de conformidad con la política del Estado”. El fiscal de la Corte Penal Internacional argumenta que estos crímenes “continúan a día de hoy”.
¿Qué pasa tras la solicitud del fiscal de emitir una orden de detención?
El Estatuto de Roma establece en su artículo 58.1 que es la Sala de Cuestiones Preliminares la encargada de emitir esas órdenes de detención cuando así lo solicite la Fiscalía de la CPI: “En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el fiscal”.
Un caso similar a este es la orden de detención emitida en marzo de 2023 contra el presidente ruso Vladimir Putin. En aquella ocasión, el fiscal de la Corte Penal Internacional no anunció que había solicitado que se emitiera la orden de arresto contra Putin, pero sí que cuando se oficializó por parte de la CPI. Entonces, Karim Khan publicó un comunicado donde explicaba que había hecho esa solicitud un mes antes.
¿Qué investiga la Corte Penal Internacional?
Desde el 3 de marzo de 2021, la Corte Penal Internacional investiga “crímenes de guerra” cometidos en territorios palestinos para dilucidar las responsabilidades desde 2014 de los líderes de Hamás en sus ataques dentro de la Franja de Gaza y en Israel, y las acciones de las autoridades israelíes en la Franja, Jerusalén Este y en la Cisjordania ocupada.
Estas acusaciones no suelen ser bien recibidas en el Ejecutivo israelí. En 2021, Tel Aviv publicó un comunicado en sus embajadas donde rechazaban las acusaciones porque “Israel no es miembro de la CPI y no ha dado su consentimiento a su competencia”. A lo que la Corte Penal Internacional respondió argumentando que tiene competencias para investigar los crímenes cometidos en Palestina puesto que las autoridades palestinas se adhirieron al Estatuto de Roma en 2015.
Tras los ataques terroristas de Hamás y la respuesta israrelí en Gaza, algunos medios empezaron a publicar que se podrían producir estas órdenes de arresto contra dirigentes israelíes, lo que provocó una respuesta del Gobierno de Netanyahu. El propio Netanyahu escribió en X (anteriormente Twitter) que “bajo su liderazgo, Israel nunca aceptará ningún intento de la CPI por socavar su derecho inherente a la autodefensa”.
Además, según publicó el medio estadounidense Axios, Netanyahu pidió a Estados Unidos (que tampoco reconoce la jurisdicción de la CPI) que evitara que se emitieran las órdenes de detención. Esto provocó que el fiscal de la Corte Penal Internacional publicara un comunicado defendiendo la “independencia e imparcialidad” del organismo y que esas “acusaciones” y “amenazas” podrían incumplir el artículo 70.1 del Estatuto de Roma de “poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida; o tomar represalias contra un funcionario de la Corte en razón de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario”.
