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El viernes 10 de noviembre de 2023 se publicó el acuerdo entre PSOE y Junts Per Catalunya (Junts) para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, firmado el jueves 9 de noviembre de 2023. Este documento recoge, en la parte de la ley de amnistía, el término lawfare o judicialización de la política. Finalmente, este término no se ha incluido en la proposición de ley de amnistía registrada por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Os contamos qué es el lawfare y cuál es la posición del Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones judiciales al respecto.
Esta es la parte del acuerdo que habla del lawfare:
En Maldita.es no entramos a valorar en qué puede culminar este acuerdo sino que contamos qué dice cada partido en él. El documento entre PSOE y Junts, publicado de forma íntegra por elDiario.es, recoge, en el apartado sobre la ley de amnistía, el término lawfare para referirse a una “judicialización de la política”, que podría investigarse en las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura.
Tras el acuerdo, antes de que se hiciera púbico el texto de la proposición de ley de amnistía, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y varias asociaciones judiciales interpretan que esta iniciativa supone una “intromisión en la independencia judicial” que puede suponer “en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales” y han mostrado públicamente su rechazo a través de dos comunicados. Ante estas posturas, el PSOE aseguró que el Parlamento no va a rectificar o revisar ninguna sentencia o decisión judicial aunque el pacto no explicita este límite.
¿Qué es el lawfare?
El término lawfare está compuesto por law (‘ley’ en inglés) y warfare (‘guerra’). Según el diccionario de lengua inglesa Collins, es “el uso de la ley por parte de un país contra sus enemigos, especialmente para cuestionar la legalidad de la política militar o exterior”.
La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) explica que en el ámbito de la política designa “el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político”. Algunos partidos políticos, como Unidas Podemos, Compromís o Junts per Catalunya, se han declarado víctimas de procesos judiciales propiciados por el lawfare.
El término lawfare no aparece en el texto registrado por el PSOE en el Congreso *
El lunes 13 de noviembre de 2023, el PSOE registró la propuesta de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. El texto, facilitado a Maldita.es por el Partido Socialista, se tramitará por la vía de urgencia y el único partido firmante fue el liderado por Pedro Sánchez. En este documento no se menciona, en ningún momento, el término lawfare o judicialización política, como se recogía en el acuerdo con Junts. Tampoco se hace referencia a la creación de comisiones de investigación que puedan desembocar en la amnistía de las víctimas de lo que se definía en el pacto como lawfare.
Según el texto de la propuesta de ley, se anula la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de todos los que cometieron delitos relacionados con el proceso soberanista en Cataluña (conocido como el procés) entre el 1 de enero de 2021 y el momento en el que se registró la norma.
Se trata de un texto provisional que aún no ha sido admitido a trámite por la Mesa del Congreso y que, de contar con luz verde, puede sufrir cambios en su tramitación.
La Comisión Permanente del CGPJ y varias asociaciones judiciales manifestaron su rechazo a esta medida
Tanto la Comisión Permanente del CGPJ como las asociaciones judiciales publicaron el mismo día que se conoció el acuerdo PSOE-Junts, a través de sus respectivos perfiles oficiales en X, un escrito para mostrar su rechazo a esta iniciativa recogida en el acuerdo entre PSOE y Junts. Según señalan en los documentos, supondría “en la práctica [...] una revisión parlamentaria de procedimientos y decisiones judiciales.”
Según las cuatro asociaciones judiciales que firmaron el documento (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia y Asociación de Jueces “Foro Judicial Independiente”), esto supondría una “intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. Y añade que “El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”.
La Comisión Permanente del CGPJ comparte este planteamiento. En su escrito aseguraron que la lawfare implicaría “potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestro Tribunales”. Y esto supone, según explicaron, “una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes”.
El 13 de noviembre, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo publicó un comunicado en el que señaló “la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones” y consideró incompatible con ella “la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”.
La independencia de la Justicia está recogida en el artículo 117.1 de la Constitución Española (CE), que establece que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Esta iniciativa no supondrá una revisión de sentencias judiciales, según el PSOE
Patxi López, portavoz del partido socialista en el Congreso, ha defendido que este acuerdo no incluye la revisión de sentencias judiciales. El viernes 10 de noviembre de 2023 explicó en La Hora de La 1 [minuto 1:27:56 del vídeo] que se han pactado dos comisiones de investigación: una que hace referencia a la utilización de medios públicos e institucionales para perjudicar y espiar al adversario político y otra para tratar el tema de Pegasus. En el acuerdo firmado entre PSOE y Junts no figura que las comisiones a constituir durante la legislatura se limiten a las que López menciona. El portavoz socialista también ha señalado que “de ninguna de las maneras el Parlamento va a rectificar o revisar ninguna sentencia o decisión judicial, porque el Parlamento no tiene capacidad para fiscalizar al poder judicial”.
Óscar Puente, diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados durante la XIV Legislatura y exalcalde de Valladolid entre 2015 y 2023, también ha asegurado en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que este acuerdo no incluye la revisión de sentencias judiciales.
Tanto los escritos de la Comisión Permanente del CGPJ y las asociaciones judiciales como la intervención de Patxi López y el tuit de Óscar Puente son interpretaciones de lo que puede derivarse del acuerdo. El texto firmado el 9 de noviembre de 2023 por el Secretario de Organización, Santos Cerdán, y el Secretario General de Junts Jordi Turull, no recoge nada relacionado con qué comisiones de investigación serán constituidas, si existirán límites o no a sus conclusiones o qué medidas se implementarán basándose en ellas.
* Este texto se ha actualizó el 14 de noviembre de 2023 para incluir el registro de la propuesta de ley en el Congreso de los Diputados
