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Desde finales de octubre los ataques aéreos contra la infraestructura energética de Ucrania se suceden en varios puntos del país, según indica Euronews, lo que ya ha repercutido en el servicio, según las autoridades energéticas de ese país. De acuerdo con el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, estos ataques contra “infraestructura civil crítica” podrían considerarse como crímenes de guerra. El Estatuto de Roma, que es el instrumento penal de la Corte Penal Internacional (CPI), recoge entre sus definiciones de crímenes de guerra el hecho de “dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles”.
Según el operador eléctrico en Ucrania, Ukrenergo, en una publicación del 29 de noviembre en Telegram, los bombardeos aéreos han dañado la red eléctrica del país y no se puede prestar este servicio con normalidad. De hecho, según asegura, sólo estaría funcionando el 70% de la infraestructura eléctrica de todo el país. "Destacamos que el déficit generalizado del sistema energético es consecuencia de siete oleadas de ataques con misiles rusos a la infraestructura energética del país", indican en la publicación.
Por otra parte, y de acuerdo con The Wall Street Journal, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió el 28 de noviembre que esperaban más ataques aéreos de Rusia en los próximos días.
El Estatuto de Roma contempla como crímenes de guerra que se dirijan bombardeos contra infraestructuras civiles "intencionalmente"
Estos ataques aéreos tienen como objetivo la red eléctrica de Ucrania, según publicaba Reuters. El artículo 8.2.i [pág. 6] del Estatuto de Roma (instrumento jurídico de la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal encargado de investigar crímenes internacionales) considera como crímenes de guerra el hecho de "dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles".
Eduardo Melero, investigador en el Centro Delàs de Estudios por la Paz, explica a Maldita.es, que, tal y como está redactado este artículo, el ataque contra infraestructuras destinadas a la producción eléctrica sí que se contemplarían como crímenes de guerra, más allá de que lo empleen las fuerzas militares. "El principal objetivo son los bienes eléctricos, que ejercen al bien civil", detalla.
Por su parte, Michael N. Schmitt, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Reading, explica en un artículo publicado en el Lieber Institute (institución estadounidense encargada del estudio del derecho en los conflictos bélicos), que "Rusia está atacando la infraestructura energética de Ucrania por razones distintas a, o al menos además de, su contribución militar". "El hecho de que Rusia probablemente espere que esto reduzca el apoyo de la población civil ucraniana al esfuerzo bélico y refuerce la moral rusa, no priva de esa condición a las infraestructuras energéticas", indica en el texto.
De hecho, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya ha afirmado que se han cometido crímenes de guerra al haber atacado infraestructuras civiles durante el desarrollo del conflicto. El pasado marzo, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó una comisión internacional independiente para "investigar todas las supuestas violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario y delitos [...] contra Ucrania por parte de la Federación de Rusia".
El informe entregado en octubre a la Asamblea General de las Naciones Unidas indica que "el uso incesante de armas explosivas [...] ha devastado vecindarios enteros". La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania afirma que "edificios residenciales y otros edificios claves fueron blanco de frecuentes bombardeos que provocaron destrozos en gran escala [pág. 8]". Añade que "las fuerzas armadas de la Federación de Rusia lanzaron ataques militares con armas explosivas en toda Ucrania [...] lo que provocó un considerable número de bajas civiles y la destrucción en gran escala de edificios residenciales e infraestructuras esenciales [pág. 8]" y que "meses de combates han afectado gravemente las infraestructuras del país, habiendo quedado destruidos o gravemente dañados miles de edificios residenciales, así como instalaciones médicas y educativas [pág. 9]".
Junto a los ataques de infraestructuras civiles, la CPI también considera que son crímenes de guerra, por ejemplo, la "tortura o los tratos inhumanos", "causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud" o "cometer actos de violación", todos ellos recogidos en el Estatuto de Roma [págs. 6-8].
El informe entregado a la Asamblea General de las Naciones Unidas recoge también que Rusia habría realizado ataques contra personas que intentaban huir, ejecuciones, confinamientos ilegales, tortura, malos tratos o violaciones, entre otros tipos de hechos. En la reciente liberación de Kherson/Jersón, el presidente Zelenksi aseguró que se habían identificado más de 400 crímenes de guerra en las zonas que fueron abandonadas por el ejército ruso. Desde el inicio del conflicto se han encontrado también fosas comunes en localidades como Bucha, Izyum y Mariupol.
La Corte Penal Internacional ha abierto una investigación para esclarecer los crímenes de guerra cometidos en la invasión de Ucrania
En marzo de este año, la Corte Penal Internacional (CPI) también anunció la investigación de la invasión de Rusia a Ucrania desde que se anexionó la península de Crimea en noviembre de 2013. El tribunal internacional explicó, durante la visita de uno de sus fiscales en el mes de junio, que estaban "actuando con urgencia para demostrar las responsabilidades de todos los involucrados en este conflicto bajo el derecho internacional". Pero tal y como explicamos en Maldita.es, la Corte Penal Internacional juzga a personas individuales, no a países enteros.
Es decir, que de celebrarse un juicio internacional por los crímenes de guerra que se han producido en el territorio ucraniano tras la invasión de Rusia, se juzgaría a las personas que hayan participado en estos hechos, no a Rusia como Estado. Además, 123 países forman parte de este organismo, España entre ellos, pero ni Rusia ni Ucrania son miembros. Los dos países firmaron el acta de fundación, pero no llegaron a ratificar el acuerdo por ley, como sí hizo España. Tras las críticas de la CPI a la actuación de Rusia en la guerra de Siria, la Federación decidió retirar su firma en 2016. Sin embargo, Ucrania sí que acepta su jurisdicción desde 2014, lo que permitiría a la CPI juzgar los crímenes de guerra sucedidos en suelo ucraniano.
Asimismo, el 23 de noviembre el Parlamento Europeo declaró a Rusia como "Estado patrocinador del terrorismo". A través de una nota de prensa, la institución explicaba que durante el desarrollo del conflicto bélico, "el ejército ruso ha intensificado sus ataques contra objetivos civiles, incluida la infraestructura energética, hospitales, instalaciones médicas, escuelas y refugios, violando el derecho internacional y el derecho internacional humanitario" en el proceso. "Al declarar a Rusia un Estado patrocinador del terrorismo, los eurodiputados quieren preparar el terreno para que Putin y su gobierno rindan cuentas por estos crímenes ante un tribunal internacional", según consta en la propia nota.
El artículo 77 [pág. 53] del Estatuto de Roma recoge penas aplicables para todo aquel que cometa crímenes de guerra que pueden llegar a ser incluso de cadena perpetua "cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado".
