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Nos estáis preguntando en nuestro servicio de WhatsApp (+644 229 319) por la orden de cierre de la web de la asociación Acodap, del exjuez Fernando Presencia, utilizada para difundir bulos y desinformación sobre políticos y jueces.
Se trata de un cierre cautelar ordenado por el magistrado Joaquín Elías Gadea Francés, del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, por presuntamente incurrir en delito de calumnias e injurias contra diez magistrados del Tribunal Supremo y contra Dolores Delgado, la fiscal General del Estado. El magistrado, además, ha ordenado tomar declaración como investigado a Fernando Presencia, el presidente de la asociación Acodap.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó una querella contra el propietario de la web por presuntos delitos de injurias y calumnias y contra las altas instituciones del Estado
Como se puede leer en el auto del magistrado que lleva el juicio, el 20 de junio la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó una querella contra Fernando Presencia, el presidente de la asociación Acodap, por un presunto delito de injurias y/o calumnias y contra las altas instituciones del Estado.
En el auto también se aprecia que la Fiscalía pidió el cierre cautelar de la web de Acodap y de un vídeo de YouTube del canal ‘Estado de Alarma’, ya borrado de esta plataforma, en el que habla de una supuesta “trama delictiva” en el Supremo.
Tanto en la web de Acodap como en el vídeo retirado, Presencia acusa, según el auto, a un total de diez magistrados del Tribunal Supremo y a su presidente y titular del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, de ser parte de esta supuesta “trama delictiva constituida en el seno del Tribunal Supremo”.
La web de la asociación también incluye, recoge el auto, desinformaciones sin pruebas sobre supuestas “cuentas en paraísos fiscales [...] en las que supuestamente se encuentran depositadas determinadas cantidades de dinero procedentes de sobornos” a nombre de cinco de estos magistrados y del presidente del Supremo.
El vídeo, a pesar de estar borrado de YouTube, sigue estando disponible en Facebook a 24 de junio a las 17:00 horas. En él se puede ver a Presencia enumerar los nombres de los jueces que, según su desinformación sin pruebas, tendrían dinero escondido en paraísos fiscales.
El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo ya advirtió a Lesmes de las desinformaciones publicadas por Fernando Presencia
Antes del auto de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el 10 de junio, el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, envió un comunicado a Lesmes (el presidente del Supremo) para informarle sobre los contenidos que “falsamente imputan a algunos de los Magistrados de esta Sala la titularidad de dinero oculto en paraísos fiscales”. La mayoría de magistrados a los que Presencia acusa sin pruebas de tener dinero oculto, incluido el propio Marchena, pertenecen a esta Sala.
En su escrito, Marchena también denuncia que “a raíz de esta situación se han detectado intentos de modificación de la página de Wikipedia de alguno de los afectados, con el objetivo de incluir una mención específica a esos actos de corrupción” y asegura que lo escrito en la web de Acodap no tiene “relación alguna con la verdad de nuestra situación patrimonial”.
La campaña de desinformaciones sin pruebas de Presencia contra los jueces que le juzgarán
Fernando Presencia, el presidente de Acodap, ya se enfrenta a una pena de prisión de dos años y diez meses por un delito de calumnias y denuncia falsa contra el fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, como explica el medio especializado en información judicial Confilegal.
Presencia presentó un recurso de casación contra esta condena, por lo que la Sala de lo Penal del Supremo es quien tiene que decidir si finalmente entra o no en prisión. Es contra los jueces de esta Sala contra quienes Presencia está difundiendo desinformación sin pruebas.
Según Confilegal, lo que pretende Presencia con estos ataques “es construir la apariencia de parcialidad y animadversión de todos ellos contra su persona”. Con esto, “el exmagistrado estaría tratando de impedir que la Sala de lo Penal pueda formar tribunal para enjuiciarlo en un futuro y con ello evitar su entrada en prisión, si el fallo final fuera la inadmisión de su recurso de casación”.
Acodap también ha acusado al magistrado del caso de "fraude fiscal y otros"
El magistrado que ha ordenado el cierre cautelar de la web es Joaquín Elías Gadea Francés. Tanto la asociación Acodap como el propio Fernando Presencia también le denunciaron por un supuesto “delito de fraude fiscal y otros”. El 3 de mayo se abrieron diligencias previas sobre este caso y la web de Acodap afirma, por este hecho, que Gadea está imputado, lo que es falso.
Según explica a Maldita.es Manuel Cancio, catedrático en Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), "decir que esta persona está siendo investigada o imputada simplemente porque se hayan abierto diligencias previas es falso".
Tal y como detalla Cancio, la apertura de diligencias previas es un paso inicial en el que se verifica si hay indicios de delitos en la denuncia. "El juez de instrucción tiene la obligación de abrir diligencias previas cuando le llega una denuncia, pero este auto no significa la imputación o investigación de los denunciados", aclara.
El presidente de Acodap, un exjuez inhabilitado por prevaricación
Como hemos mencionado anteriormente, el presidente de Acodap es Fernando Presencia, un exjuez que en mayo de 2016 fue condenado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) por prevaricación judicial. En ese momento, Presencia fue condenado a una multa de 3.600 euros y a la inhabilitación durante diez años para el cargo de juez ya que quedó probado, según el TSJCLM, que Presencia dictó a sabiendas una resolución injusta para favorecer a un amigo imputado por un atropello a un peatón y la posterior fuga. Esta condena fue confirmada un año más tarde por el Tribunal Supremo, pero no fue la única.
En julio de 2017, el TSJCLM volvió a condenar a Presencia a la inhabilitación durante diez años para el cargo de juez por prevaricación judicial dolosa, al haber favorecido a sabiendas a la parte querellada en un procedimiento por delito de estafa que tramitaba su juzgado. Esta condena también fue ratificada por el Tribunal Supremo.
Aunque en diversos contenidos Presencia se sigue presentando como juez y niega estar inhabilitado, tanto la sentencia de mayo de 2016 como la de julio de 2017 le condenan a inhabilitación especial. El catedrático en Derecho Penal Manuel Cancio ha explicado a Maldita.es que debido a esto "este ciudadano ha perdido la condición de juez, de acuerdo con los artículos 446.3 y 42 del Código Penal" y que para volver a ejercer "podría opositar de nuevo cuando termine la inhabilitación". Es decir, que no volverá a ser juez automáticamente cuando cumpla su condena, sino que tendría que volver a presentarse a las oposiciones.
Como explica Cancio, el artículo 42 del Código Penal establece que las personas inhabilitadas sufren "la privación definitiva del empleo o cargo" y que no pueden volver a obtener este empleo "durante el tiempo de la condena". El 446.3 define que el tiempo de inhabilitación especial por una "sentencia o resolución injustas" que no sean contra el reo es de diez a veinte años.
Acodap difunde desinformación contra políticos y jueces
Acodap es el acrónimo de ‘Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública’, una asociación inscrita en el Fichero de denominación de Asociaciones. Según su web, su objetivo es “promover todas aquellas acciones necesarias amparadas en la ley, para luchar contra la corrupción y la ilegalidad sea cual sea su procedencia”.
Sin embargo, Fernando Presencia usa la web de esta asociación para difundir bulos y desinformación contra políticos y jueces. En Maldita.es ya hemos desmentido, por ejemplo, que la Audiencia Nacional imputara al expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero y la fiscal General del Estado, Dolores Delgado.
Si bien es cierto que Acodap denunció a Zapatero y a Delgado por supuesto “blanqueo de capitales”, la denuncia fue archivada por la Audiencia Nacional sin llegar a imputar a nadie.
