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El 16 de febrero El Confidencial ha publicado que se habría producido una supuesta investigación al entorno de Isabel Díaz Ayuso por parte de la dirección del Partido Popular. La investigación a la presidenta de la Comunidad de Madrid versaría sobre la adjudicación de un contrato de compra de mascarillas a una empresa de la que el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, habría cobrado una comisión.
El contrato para la compra de mascarillas a la empresa Priviet Sportive SL se remonta a abril de 2020, al inicio de la pandemia de COVID-19. Esto lo contó elDiario.es en noviembre de 2021 en un artículo titulado “La Comunidad de Madrid adjudicó a dedo 1,5 millones de euros en mascarillas a un empresario amigo de Ayuso”.
Ayuso ha dicho en una intervención pública que el contrato fue “fiscalizado” por la Intervención General. También dice que se llevó a dación de cuentas al Consejo de Gobierno. El contrato al que se refiere Ayuso está disponible en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en este enlace. En esta intervención la presidenta de la Comunidad de Madrid, sin embargo, no ha negado que su hermano recibiera una comisión y que todo ello "está regulado ante Hacienda".
El contrato se adjudicó sin publicidad tras ser tramitado por vía de emergencia. Esta forma de adjudicación de contratos ‘a dedo’ fue habitual durante la pandemia. Muchas administraciones compraron mascarillas y otro material sanitario de esta forma para agilizar el proceso de contratación.
La Comunidad de Madrid compró 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3 (el contrato no especifica cuántas de cada tipo) y pagó 1.512.000 euros (IVA incluido) para dotar de mascarillas el pabellón 10 del hospital levantado en IFEMA. elDiario.es aseguró ya en noviembre que el “principal accionista y administrador único es Daniel Alcázar Barranco, con quien Ayuso y su familia mantienen amistad desde hace décadas”, El diario ABC ha publicado que, según “fuentes de Génova” , el hermano de Ayuso se llevó 280.000 euros de “comisión”, pero sin aportar más pruebas.
Civio publicó en marzo de 2021 una investigación sobre la contratación para compra de material sanitario durante la pandemia y en ella se puede ver cómo muchas administraciones pagaron precios fuera de lo habitual por mascarillas, gel hidroalcohólico u otros materiales. Fue algo habitual en aquel entonces igual que la adjudicación ‘a dedo’ y el uso de la tramitación de emergencia. La investigación concluyó que cuatro empresas se llevaron uno de cada diez euros adjudicados de emergencia en 2020.
Según la documentación disponible en el portal, el contrato se adjudicó el 24 de marzo aunque luego se corrigió para poner como fecha el 1 de abril. Los documentos fueron publicados en el portal de contratación el 10 de junio según consta en el mismo.
