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El 5 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que la ley de vivienda acordada por el Ejecutivo de coalición incluirá una ayuda para el alquiler de 250 euros mensuales durante dos años para jóvenes con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. De aprobarse, no sería la primera vez que existe un bono para el alquiler en España: el Gobierno de Rodríguez Zapatero ya aprobó uno en 2007.
Aunque no hay datos públicos ni estudios que expliquen qué consecuencias tuvo esta medida en España, la experiencia previa en otros países apunta que los propietarios capturan parte del importe de la ayuda subiendo los precios de los alquileres, según un estudio de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade).
El ‘bono joven’: 250 euros durante dos años para jóvenes de entre 18 y 35 años
Según los detalles que aportó el jefe del Ejecutivo, este ‘bono joven’ de 250 euros beneficiaría, durante dos años, a los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Las familias más vulnerables podrían completar este bono con más ayudas directas al alquiler hasta cubrir el 40% del precio de su arrendamiento [min 2:50].
Además, el Gobierno estima que esta medida tendría un coste de 200 millones de euros anuales y beneficiaría aproximadamente a entre 40.000 y 50.000 jóvenes, como añadió la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Esta sería una de las medidas incluidas en la ley de vivienda que quiere aprobar el Gobierno y que, de momento, deben debatir el Congreso y el Senado. En este proceso, la propuesta podría sufrir cambios o incluso no salir adelante.
El ‘cheque vivienda’ de Zapatero: 210 euros para jóvenes entre 22 y 30 años
En España ya existió un bono para ayudar a los jóvenes a emanciparse: se trata del conocido como ‘cheque vivienda’ que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, con Carme Chacón como ministra de Vivienda, y que entró en vigor el 1 de enero de 2008.
Esta “renta básica de emancipación” consistió en una ayuda de 210 euros para jóvenes de entre 22 y 30 años con ingresos brutos anuales inferiores a 22.000 euros, según el Real-decreto ley que la detalló. La norma fue derogada a finales de 2011 por el Gobierno de Mariano Rajoy dentro de un grupo de medidas para frenar el déficit público.
Aunque hay noticias que mencionan una subida de los precios de los alquileres tras la aprobación de la medida, según un análisis de la escuela de negocios y derecho Esade, “no existe evidencia empírica que estudie el grado de traslación a precios” que tuvo la norma del Gobierno socialista. Sin embargo, se pueden analizar experiencias previas sobre medidas similares aplicadas en otros países.
En algunos países de Europa, EEUU o Nueva Zelanda, los caseros llegaron a absorber hasta un 78% de la ayuda subiendo los precios
Según este informe, realizado por los analistas Jorge Galindo y Ángel Martínez y la economista Natalia Collado, el ‘bono joven’ ayudará a reducir la desigualdad en el acceso a la vivienda según “el grado en que esta ayuda se traslade a los precios de los alquileres”.
Los autores añaden que “los arrendadores habitualmente disponen de información sobre sus inquilinos que les permitiría identificar a aquellos que pueden solicitar la prestación, esencialmente edad y nivel de renta, y con esa información podrían exigir subidas del alquiler ya sea en nuevos contratos o en la renegociación de contratos ya existentes”.
En el informe, los autores recogen las conclusiones de varios estudios que analizan cómo medidas similares a la acordada por el Ejecutivo influyeron en los precios de los alquileres. Por ejemplo, el estudio de Collinson and Ganong de 2018 muestra que el aumento de las ayudas al alquiler en EEUU fueron capturadas en un 46% por los propietarios.
“Si finalmente el subsidio es capturado en un porcentaje importante por los propietarios, que suelen gozar de una renta superior a la media, estaríamos ante un efecto distributivo final muy probablemente regresivo”, concluyen los autores, que indican que hay que tener en cuenta que, si hubiera problemas presupuestarios, podría haber jóvenes con las condiciones necesarias para recibir la ayuda que no podrían recibirla y al mismo tiempo afrontar el aumento del precio del alquiler.
