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LAS CLAVES:
- Las comunidades autónomas tienen las competencias sobre las residencias de mayores: se encargan del registro y la inspección de calidad de los centros
- Durante la crisis del coronavirus, el Gobierno declaró las residencias servicios esenciales y reforzó la intervención de las comunidades autónomas en públicas y privadas
- El ministerio que dirige Pablo Iglesias aprobó un fondo extraordinario de 300 millones de euros que las comunidades deciden cómo gastar según unas finalidades concretas marcadas por el Gobierno
- El Ministerio de Derechos Sociales también coordina las intervenciones de la UME en las residencias
Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, las noticias sobre el alto número de fallecimientos en residencias han puesto el foco en estos centros de personas vulnerables. Hasta la fecha y a nivel estatal, el Gobierno no ha publicado cifras oficiales de la situación en residencias. Algo que sí han hecho algunas comunidades autónomas, como ya os contamos en Maldita.es. Además, en la actualidad la Fiscalía mantiene abiertas más 140 investigaciones penales por denuncias de situaciones en residencias de mayores.
También se ha discutido sobre si Pablo Iglesias controla las residencias o si las competencias son de las comunidades autónomas durante la crisis del coronavirus. Actualmente, el ministerio que dirige Pablo Iglesias coordina los fondos extraordinarios para la contratación de personal y la compra de equipos de protección (EPI) para centros sociosanitarios que se aprobaron en marzo, pero las competencias sobre las residencias son de las comunidades autónomas, que ahora pueden intervenir en todos los centros, tanto públicos como privados, para garantizar sus recursos y solicitar información a los responsables de su gestión para enviarla al Gobierno.
Os lo explicamos:
La competencia sobre las residencias es de las comunidades autónomas: por ley se encargan del registro y la inspección de calidad de los centros
A nivel administrativo, las residencias de mayores no se consideran centros sanitarios y no están integrados en de los sistemas sanitarios autonómicos. Se trata de centros socio-sanitarios o centros de servicios sociales, al igual que lo son los centros para personas con discapacidad.
En nuestro país, las competencias en materia de servicios sociales son una competencia transferida a las comunidades al amparo del artículo 148 de la Constitución. En concreto, según el artículo 11 de la llamada “Ley de dependencia” de 2006, corresponde a las comunidades autónomas la acreditación, el registro y el control de calidad (inspecciones) de todos los centros sociales de su ámbito territorial, entre los que están incluidos las residencias de mayores.
En España hay residencias de gestión pública y privada
Pese a tener estas competencias comunes para todas las consejerías autonómicas en materia de asuntos sociales, no hay un único sistema de gestión de residencias en España. Cada comunidad autónoma tiene su propia ley, y en ellas se define el tipo de relación con las entidades privadas.
En nuestro país hay residencias públicas y residencias privadas. Entre las públicas las hay gestionadas por comunidades autónomas, diputaciones provinciales o municipios, ya sea con una gestión directa o través de contratos de concesiones.
También hay residencias de titularidad privada y de hecho, son la mayoría en España, ya que 3.844 de las 5.417 residencias de mayores están gestionadas por empresas privadas y representan el 72,8% de las 372.985 plazas ofertadas en el país, según los últimos datos del informe Envejecimiento en red publicado por el CSIC en abril de 2019. Entre las residencias privadas también las hay concertadas (ofertan plazas públicas) o gestionadas por entidades sin ánimo de lucro.
A partir del 21 de marzo, el Gobierno reforzó a las comunidades autónomas para gestionar y monitorizar el estado de las residencias
La primera orden ministerial específicamente dirigida a las residencias de mayores fue la orden SND/265/2020 del Ministerio de Sanidad publicada el 21 de marzo. Este fue el primer paso del Ejecutivo para conocer la situación en las residencias de mayores de todo el país. Se dio orden de clasificar en el plazo de un día a todos los residentes en cuatro categorías distintas: asintomáticos, asintomáticos aislados en contacto con casos de COVID-19, sintomáticos (sospechosos) y casos confirmados de COVID-19.
Esta orden también autorizó a las comunidades autónomas a “modificar la prestación” de personal sanitario o de atención especializada de las residencia públicas o privadas. En otras palabras, a través de la orden, Sanidad dio órdenes a los responsables de las residencias de informar de su situación y autorizó a las comunidades autónomas a gestionar el personal de residencias públicas y privadas.
Sólo tres días más tarde, el 24 de marzo el Ministerio de Sanidad reforzó la intervención de las comunidades autónomas en las residencias privadas y públicas a través de la orden SND/275/2020. Este reglamento las declaró servicios esenciales al igual que a los centros sanitarios. La orden también obligaba a los titulares de los centros a facilitar información de forma periódica a las comunidades autónomas sobre la situación de los centros.
El mismo día, 24 de marzo, Sanidad publicó un segundo protocolo sanitario dirigido a las residencias en el que incluían el deber de elaborar “planes de contingencia” y de suspender las visitas y salidas de las residencias. En el Anexo 1 del protocolo se indica la forma en los centros deben realizar el seguimiento de los casos de COVID-19 y comunicarlos a las autoridades autonómicas.
El 3 de abril, el Ministerio de Sanidad publicó una tercera orden en la que se especificaba con más detalle la forma y la frecuencia (dos veces por semana) en que las comunidades autónomas debían informar al ministerio, como ya os contamos en Maldita.es. También puso los servicios estatales del Imserso (centros y personal) a disposición de las comunidades autónomas.
Durante la crisis el ministerio que dirige Pablo Iglesias coordina un fondo para la contratación de personal y equipos de protección en residencias y a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para la actuación en residencias
Desde el 17 de marzo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Pablo Iglesias se encarga de coordinar un fondo extraordinario de 300 millones de euros para reforzar “prestaciones básicas de servicios sociales” (art. 1 del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19) durante la crisis de la COVID-19.
En la rueda de prensa donde el vicepresidente Pablo Iglesias presentó de este fondo social extraordinario el 19 de marzo (a partir de min. 10:30), no se mencionó la atribución de competencias por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de las residencias de ancianos.
Lo que sí dijo Pablo Iglesias en esa rueda de prensa (min. 14:17) es que desde su vicepresidencia se coordinarían los operativos para el "seguimiento diario de las personas sin hogar, el refuerzo de los centros sociales, el reparto de alimentación, la dotación de los comedores sociales y la habilitación de los espacios necesarios". Iglesias anunció que "tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad, han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso".
Entre las finalidades a las que está dirigido este fondo están “reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla”, así como la “adquisición de medios de prevención (EPI)”.
Este fondo de 300 millones fue repartido a través del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales a las comunidades. Desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Derechos Sociales y nos ha indicado que su labor en la gestión de este fondo consiste en comprobar si los gastos que les proporcionan las comunidades autónomas son “correctos”, pero no han indicado qué cantidad se ha justificado por las comunidades hasta la fecha.
El 20 de marzo, tras el acuerdo del Consejo Interterritorial de Derechos Sociales, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, dependiente del ministerio de Pablo Iglesias, dictó de forma provisional durante la crisis la flexibilidad en la contratación de trabajadores de servicios sociales, permitiendo que también sean contratados sin tener las titulaciones necesarias, pero demostrando que “tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes”.
De forma adicional, desde el 22 de marzo, el ministerio que dirige Iglesias también se encarga junto al Ministerio de Sanidad de coordinar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para la intervención urgente en los centros que hayan solicitado ayuda para realizar tareas como la desinfección. Desde el Ministerio de Derechos Sociales nos indican que son las comunidades autónomas quienes les indican qué residencias necesitan intervención de la UME y ellos lo autorizan.
