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En el marco de la reforma del Código Penal, el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pactaron modificar el delito de malversación. En la enmienda, incorporada al dictamen de la proposición de ley en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que se aprobó el pasado 15 de diciembre en el Congreso y que ahora se debatirá en el Senado*, se propone diferenciar el lucro personal del enriquecimiento ajeno. En 2018, Pedro Sánchez calificó como “malversación” el presunto desvío de fondos de la Generalitat al procés. Respecto a la modificación del delito de malversación, la propuesta de ERC castiga con una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión y de 1 a 4 años de suspensión para cargo público a quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal.
De esta manera, se busca modificar el artículo el artículo 432.1 del Código Penal, que impone penas de entre 2 y 6 años de cárcel, e inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 6 a 10 años, a “la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público”.
Por otro lado, el Partido Socialista y Unidas Podemos han propuesto un nuevo delito de enriquecimiento ilícito para que “cargos públicos que tengan un incremento de patrimonio o cancelación de deuda por encima de 250.000 euros de lo que son sus ingresos habituales durante el ejercicio del cargo y hasta 5 años después de dejarlo”, tengan “obligación de justificarlo”, explicó el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. Si no lo hacen, este nuevo delito estaría penado con entre 6 meses y 3 años de prisión y de 2 a 7 años de inhabilitación [min. 1:10].
El Partido Socialista ha querido diferenciar este delito de la corrupción. La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, argumentó el pasado 12 de diciembre que “hay una diferencia entre lo que es la corrupción y el desvío presupuestario irregular”, que no consideran malversación.
Sánchez decía en 2018 que el desvío de fondos públicos para costear el ‘procés’ era malversación
El 24 de mayo de 2018, la UDEF destapó en Cataluña una presunta red que habría desviado fondos destinados a la cooperación internacional para financiar el movimiento independentista catalán. Ese mismo día, en una entrevista en la Cadena SER, el entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, decía que “si se confirma” era “un hecho gravísimo” porque “se han utilizado dinero público, instituciones públicas, para un fin claramente espúreo, como es la defensa y la promoción del independentismo a costa de ayudas muy necesarias”. Sánchez decía que era una “supuesta malversación de recursos públicos” que debía ser criticada y rechazada [min 00:24].
En la sentencia del ‘procés’, cuatro de los líderes independentistas fueron condenados a sedición y malversación (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa), otros cinco, por malversación (Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) y otros tres por desobediencia (Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó). Los nueve condenados por sedición y malversación recibieron un indulto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que anteriormente se había opuesto a concederlo.
*Hemos actualizado este artículo a 16/12/2022 para añadir que el Congreso ha aprobado la proposición de ley, que ahora pasa al Senado.
Primera fecha de publicación de este artículo: 14/12/2022
