MENÚ
Republicamos este artículo de Enrique Sacristán publicado originalmente por la Agencia Sinc el 11 de marzo de 2021.
El 11 de marzo de 2011 un triple desastre sacudió la costa este de Japón: un gran terremoto de magnitud 9, un posterior tsunami con olas gigantescas y, como consecuencia de ello y por fallos humanos, un accidente nuclear de nivel 7 (el más alto) en la central de Fukushima Daiichi.
Sus diques de contención cedieron, la planta se inundó, quedaron fuera de servicio los sistemas eléctricos y de refrigeración de los reactores, en tres de ellos (1, 2 y 3) se produjo la fusión del combustible nuclear, se generó gran cantidad de hidrógeno y explotaron los reactores 1, 3 y 4, descargando grandes cantidades de radiactividad al medio ambiente (18.000 terabequerelios liberados al mar).
Aunque oficialmente la radiación no causó ni una sola víctima, la evacuación decretada por las autoridades impactó especialmente en las personas ancianas o enfermas, con varios cientos de fallecidos y posibles casos de cáncer, cuyas causas exactas son difíciles de atribuir.
De los casi 165.000 vecinos que tuvieron que abandonar sus hogares por el accidente nuclear, según datos de la Prefectura de Fukushima, aproximadamente 37.000 todavía viven fuera, “unos 43.000 si sumamos también los evacuados por el terremoto y el tsunami”, ha explicado Eduardo Gallego, catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, durante el seminario organizado esta semana por la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR)para analizar la situación diez años después del accidente de Fukushima.
Gallego ha confirmado que a lo largo de esta década se han reducido los niveles de radioisótopos: “Salvo el cesio Cs-137 (el contaminante principal, todavía activo al 80 %), del resto de productos radiactivos que escaparon en cantidades significativas no queda ninguno, como se puede comprobar en el último mapa de contaminación (octubre 2019) y dosis de radiación (octubre 2020)”. Los exhaustivos controles que se realizan a los alimentos de la zona, como el arroz y el pescado, también verifican que son aptos para el consumo.
En el mismo seminario, Luis Echávarri, ex director general de la Agencia de la Energía Nuclear (NEA) y asesor del Instituto de Investigación para el Desmantelamiento Nuclear de Japón, ha comentado que cerca de 5.000 empleados trabajan por turnos actualmente eliminando los contaminantes y desmantelando la central: “Para que lo puedan hacer se ha descontaminado el 96 % del sitio (radiación inferior a 5 microsivers/hora), solo queda un 4 % con mayor protección, y lógicamente no se puede entrar en los reactores. Hay áreas de descanso y una cantina que sirve 2.000 comidas diarias”.
La empresa propietaria y responsable de la central, TEPCO, ofrece un tour virtual para que los internautas vean cómo están hoy las instalaciones.
Un emplazamiento limpio en 30-40 años
Echávarri ha recordado que el compromiso del Gobierno japonés “es dejar un emplazamiento totalmente limpio, completando el desmantelamiento en un plazo de 30 a 40 años”. El coste oficial se estima en 8 trillones de yenes (74.000 millones de dólares), pero expertos del Japan Center for Economic Research consideran que la factura total podría ser mucho mayor: entre 35-80 trillones de yenes (320.000-740.000 millones de dólares). Ante la presión de la ciudadanía y en un intento de pasar página se han descartado otras opciones más baratas, como enterrar y proteger los reactores dañados.
Las prioridades de las operaciones se han establecido según el riesgo creciente que conllevan: refrigeración de los núcleos fundidos, desescombrado y descontaminación del emplazamiento, control y eliminación de las aguas contaminadas, control y evacuación de los elementos de combustible (gastado y nuevo) en las piscinas, extracción del combustible fundido y la futura gestión de los numerosos residuos.
“La eliminación del combustible fundido es lo más complicado y no se ve la luz al final del túnel”, ha reconocido Echávarri. “Un objetivo político era sacar la primera viruta de la unidad 2 antes de este décimo aniversario, pero no se ha conseguido. En esto ha influido la pandemia, aunque en Japón se ha seguido trabajando, pero un brazo robótico que tenía que llegar desde Inglaterra se está retrasando por sus problemas con la covid”.
Acumulación insostenible de agua contaminada
El experto también ha explicado la complicada gestión del agua, que es de cuatro tipos: la que se introduce para refrigerar los reactores, la de lluvia, la subterránea y la que se filtra por debajo de los edificios dañados a pesar de los esfuerzos por evitarlo.
Se ha construido un primer muro en la costa para que no entre agua de mar o salga la contaminada, y otra barrera hermética de tierra congelada, de unos 30 metros de profundidad alrededor de todo el perímetro de los reactores, que trata de bloquear las aguas subterráneas o marinas fuera y la radiactiva dentro.
“Despues de construir las barreras, la cantidad de agua a descontaminar y almacenar ha descendido de 540 m3/día a unos 150 m3/día”, apunta Echávarri, que añade: “Mediante un sistema llamado ALPS (Advanced Liquid Processing System) se logra eliminar 62 radionucléidos de esta agua, todos excepto el tritio, para luego pasarla a los tanques, donde ya hay 1,2 millones de m3 acumulados”.
“Ahora se discute qué hacer con esta agua extraída de los reactores, y la descarga controlada al mar es la opción con menos impacto”, apunta el experto, quien recuerda que en su día ya fue al océano Pacífico una cantidad mucho mayor y con más componentes radiactivos. Esta “solo” llevaría tritio.
“Las decenas de miles de tanques con esta agua pueden colapsar el emplazamiento entre 2022 o 2023, ocupando un territorio muy precioso que se podría usar para probar tecnologías de desmantelamiento, por ejemplo”, señala por su parte otro ponente del seminario, Juan Carlos Lentijo, director general adjunto del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
“En este tema hay que ser muy prudentes —continúa—, porque intervienen muchos actores (operadores, regulador, la comunidad japonesa, pescadores, países vecinos...) y hay colectivos muy estresados ya por las dificultades tras el accidente, pero con el balance ventajas-inconvenientes creo que no va a quedar más remedio, y tampoco hay que hacerlo todo de una vez. Si no se descarga, cualquier día va a haber otro tsunami o un terremoto, como el del mes pasado (de magnitud 7,1 que volvió a sacudir la central), y sería peor que se vertiera esta agua al mar sin control. Además ya ha habido accidentes entre vigilantes de los tanques, alguno ha fallecido al caer”.
Durante su intervención, Lentijo ha destacado las numerosas iniciativas a nivel internacional que se han puesto en marcha para implantar mejoras de seguridad aprendidas tras el accidente de Fukushima, insistiendo en que los documentos elaborados están para ser cumplidos para que algo parecido no vuelva a ocurrir.
Respecto a por qué sucedió, “entre otros factores, fue por debilidades de diseño del propio emplazamiento de la central, construida a nivel del mar tras rebajar un acantilado de 30 m que hubiera sido suficiente y, como causa raíz, por aspectos organizativos y de procedimiento relacionados con una falta de liderazgo y gestión de la seguridad, al no haberse implantado lecciones aprendidas en Chernóbil”.
Como conclusión al seminario de la Sociedad Española de Protección Radiológica, su presidente, Ricardo Torres, ha lanzado un mensaje: “La transmisión de una información correcta es clave para dar confianza a la ciudadanía. Cuando se oculta información o no es la correcta se genera desconfianza y es un error garrafal”.
Informes de Greenpeace sobre Fukushima
La organización ecologista Greenpeace ha presentado este mes dos informes coincidiendo con el 10º aniversario del accidente. El primero, sobre Radiación en Fukushima 2011-2020 y realizado durante ese periodo a través de 32 investigaciones, señala que el 85 % de los 840 km2 del Área Especial de Descontaminación permanece contaminada con cesio radiactivo. Es decir, solo un 15 % de esta área está descontaminada, una tarea responsabilidad del gobierno nipón.
Según el texto, en muchas zonas no se alcanzará, en el plazo de tiempo fijado, el objetivo de descontaminación a largo plazo del Gobierno japonés de 0,23 microsieverts por hora (μSv/h). La población estará sujeta durante décadas a una exposición a radiación superior al 1 mSv/año recomendado como máximo.
En las áreas donde se levantaron las órdenes de evacuación en 2017, específicamente Namie e Iitate, los niveles de radiación permanecen por encima de los límites seguros, lo que potencialmente expone a la población a un mayor riesgo de cáncer. Por ejemplo, en una antigua escuela y jardín de infancia de la ciudad de Namie, el 93 % de todos los puntos medidos permanecen por encima del objetivo de 0,23 μSv/h.
El muestreo y análisis confirman la presencia de estroncio-90 radiactivo (Sr-90), liberado en el accidente, un radionúclido que se concentra en los huesos y la médula ósea. El Gobierno japonés no está realizando análisis de laboratorio y utiliza aproximaciones que fueron indicadas como imprecisas en 2015.
Queda una enorme cantidad en los núcleos de combustible del reactor fundido y también una cantidad significativa en los 1,23 millones de toneladas de agua contaminada almacenada (casi 500 piscinas olímpicas) y que el Gobierno quiere descargar en el océano Pacífico.
Por otro lado, el informe Desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima Daiichi indica que el plan oficial de desmantelamiento de la central nuclear para los próximos 30-40 años es irreal y no tiene perspectivas de éxito.
“Los sucesivos Gobiernos de Japón han tergiversado la ineficacia del programa de descontaminación y han ignorado los riesgos radiológicos. También han afirmado falsamente que el plan de desmantelamiento de Fukushima Daiichi convertirá el lugar en un terreno limpio a mediados de siglo”, ha denunciado Shaun Burnie, especialista nuclear de Greenpeace East Asia.
