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Personas migrantes y empadronamientos fraudulentos para un "pucherazo" en las elecciones del 29N: no vale con estar empadronado, hay que tener nacionalidad española para votar

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En el contexto de las elecciones generales del 29 de noviembre, circulan contenidos sobre un supuesto “pucherazo” electoral a través del empadronamiento fraudulento de personas migrantes. Sí se han detectado, a lo largo de los últimos años, casos de padrones obtenidos irregularmente, pero de cara a los comicios del 29N, solo podrán votar quienes tengan la nacionalidad española, para lo que estar empadronado no es suficiente. Se deben acreditar también períodos mínimos de residencia legal y continuada en España antes de solicitar la nacionalización, de diez años como plazo general. En cambio, en las próximas elecciones municipales de 2027, por ejemplo, sí habrá personas migrantes que, aun sin nacionalidad española, podrán votar por existir acuerdos de reciprocidad con sus países de origen o por proceder de países de la Unión Europea. Te lo explicamos detalladamente aquí.  

Por otro lado, el padrón, aunque no sirve para votar en unas elecciones generales, sí se exige, por ejemplo, para el acceso a determinadas ayudas sociales, para realizar algunos trámites con las administraciones públicas o para poder acreditar residencia efectiva en España de cara a futuras regularizaciones, lo que puede hacer que, en algunos casos, se lleven a cabo empadronamientos fraudulentos de personas migrantes en domicilios en los que, en realidad, no residen. 

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Ni las personas migrantes en situación irregular ni quienes se acogieron a la regularización extraordinaria podrán votar en las elecciones generales del 29N

En las elecciones generales solo pueden participar quienes hayan obtenido previamente la nacionalidad española, un proceso diferente al de la regularización extraordinaria aprobada el 14 de abril de 2026. Así, las personas migrantes con permiso de residencia, aunque estén empadronadas, no podrán votar el 29 de noviembre al no haber obtenido todavía la nacionalidad. Para ello se exige, como norma general, un periodo mínimo de diez años de residencia “legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición”, dos en el caso de nacionales de “países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí”. 

Las personas migrantes en situación irregular no tienen derecho a participar en ningún proceso electoral por no residir legalmente en España, un requisito indispensable que no se obtiene automáticamente a través del padrón. 

Ninguna de estas personas recibirá, por tanto, la tarjeta censal enviada por la Oficina del Censo Electoral antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y que acredita la inscripción de los electores en el censo electoral.

Tarjetas censales enviadas a las personas que pueden participar en las elecciones generales del 29 de noviembre

Desde las últimas elecciones generales, en 2023, se han nacionalizado alrededor de 800.000 personas residentes, un 2% del total de electores

Los contenidos que mencionan la organización de un supuesto “pucherazo” electoral a través del empadronamiento fraudulento de personas migrantes alimentan la narrativa de que muchas personas extranjeras participarán en las elecciones generales del 29N. 

Desde 2023, año en el que se celebraron los últimos comicios de estas características, alrededor de 800.000 personas extranjeras han accedido a la nacionalidad española por residencia. Aunque estos datos tienen limitaciones, ya que incluyen a los nacionalizados antes de la fecha de las elecciones, en julio de 2023, y faltan quienes se nacionalicen entre enero y noviembre de 2026, los “nuevos españoles” suponen alrededor del 2% del total de electores con derecho a voto (38.728.356) en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante estos tres años, el continente de origen de la mayoría de los nacionalizados ha sido Latinoamérica (incluyendo Centroamérica, el Caribe y Sudamérica). Así, durante este periodo, el porcentaje osciló entre el 57% y el 67% del total de personas que obtuvieron la nacionalidad española cada año. La explicación podría estar en que a quienes proceden de algún país iberoamericano se les exigen dos años de residencia legal y continuada en España, frente a los 10 años para personas de otros lugares, como la mayor parte de países de África o Asia.