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Es posible que hayas escuchado hablar alguna vez del pink-washing, el purple-washing o el green-washing. Esos términos se refieren a cómo algunas empresas presumen públicamente de su supuesto compromiso con causas sociales como el movimiento LGTBQ+, el feminismo o el ecologismo, pero luego siguen llevando a cabo prácticas que perjudican claramente a esas causas o simplemente no hacen nada más allá de un posicionamiento público. Ahora queremos contarte qué es el ‘fact-washing’.
A medida que aumenta la preocupación social por la desinformación y sus consecuencias, los ciudadanos exigen a las grandes plataformas digitales que se impliquen en la lucha contra este fenómeno y colaboren con verificadores independientes. Por eso muchas organizaciones de fact-checking quieren evitar que se las utilice para hacer fact-washing y denuncian los riesgos de trabajar con plataformas que sólo quieren pregonar públicamente que trabajan con uno o varios fact-checkers, pero que lo hacen a través de acuerdos opacos o con un efecto irrelevante en la protección de sus usuarios frente a la desinformación.
Huir del ‘fact-washing’ a través de acuerdos transparentes
Sabemos que una parte muy importante de la desinformación que más alcance tiene es la que se difunde a través de las grandes plataformas digitales. La mayoría de las organizaciones de fact-checking tiene presencia en ellas porque quieren ayudar a los millones de usuarios que se informan (y se desinforman) en ellas, pero también quieren llegar a acuerdos con esas plataformas para que su trabajo escale y tenga más impacto llegando a más usuarios y que se las compense por lo que hacen. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que esa colaboración sea transparente, sustantiva y que no comprometa la independencia editorial?
Esa fue la pregunta central del debate organizado por Maldita.es durante el encuentro internacional de verificadores Global Fact que este año se celebró en Oslo, Noruega. En una sala repleta de verificadores y ante varias de las principales plataformas digitales del mundo, algunas de las organizaciones de fact-checking más reconocidas explicaron por ejemplo por qué consideran inadmisible que una plataforma firme un acuerdo secreto con un verificador: “queremos que la gente forme su propia opinión, de eso va el fact-checking” dijo Will Moy, Chief Executive de Full Fact (Reino Unido), explicando que su organización tiene “la obligación legal de explicarle al público lo que hace”.
Más allá de la transparencia, está además la cuestión de la calidad de los acuerdos y su nivel de compromiso contra la desinformación. Un acuerdo sin impacto real puede ser dañino para la credibilidad de los verificadores. Laura Zommer, Directora General de Chequeado (Argentina), cree que las organizaciones de fact-checking son capaces de negociar de forma más efectiva con esas grandes empresas e insiste en “continuar haciendo lo que estamos llamados a hacer; en Chequeado queremos verificar a políticos, líderes de empresas, líderes sociales o medios, y no me importa si Meta no quiere eso en su plataforma, debo seguir haciéndolo porque es mi misión” en referencia a que Meta no permite la verificación del discurso de los cargos electos en su programa de verificación por parte de terceros del que Chequeado, y también Maldita.es, forman parte.
Más información significa más impacto
Siendo exigentes, los fact-checkers también pueden conseguir que las plataformas digitales faciliten su trabajo y la medición del impacto que éste tiene de muchas formas. Carlos Hernández-Echevarría, Coordinador de Políticas Públicas y Desarrollo Institucional de Maldita.es, habló de la necesidad de que esos acuerdos den a los fact-checkers acceso a datos que podrían hacer mucho más efectiva la lucha contra la desinformación: “es muy importante poder conocer el impacto de nuestras verificaciones y tener acceso información sobre el resto del contenido: antes de verificar algo, necesitamos saber cómo de viral y relevante es, cómo se ha movido, si ha sido de forma orgánica…”.
Gemma Mendoza, Jefa de estrategia digital en Rappler (Filipinas), se mostró de acuerdo y fue más allá al hablar de la necesidad de los verificadores de “involucrarse y entender cómo funciona la plataforma, cómo la gente consume contenido”. En ocasiones, ese conocimiento puede llegar de la mano de acuerdos con esas empresas, pero las plataformas suelen usar acuerdos de confidencialidad para impedir a los verificadores hablar claramente de esos acuerdos incluso entre ellos, desde sus objetivos hasta su propia existencia.
Poder reconocer públicamente que hay un acuerdo es el primer paso para lograr un mínimo de transparencia y de confianza del público. Después, es importante que la gente tenga la posibilidad de saber cómo se financia esa colaboración y cómo se garantiza la independencia de la organización de verificación. Colaborar con las grandes plataformas digitales es muy importante, pero hacerlo sin unos mínimos estándares de rendición de cuentas, calidad e impacto puede ser contraproducente para los fact-checkers y para la sociedad.