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“No se ha aprobado, ni se encuentra en fase de borrador, ningún instrumento jurídico sobre latido fetal”. De esta manera la Junta de Castilla y León responde a una solicitud de acceso a la información pública realizada por Maldita.es. Esta redacción preguntó a la Vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, en manos de Vox y dirigida por Juan García-Gallardo, por la existencia o no de “protocolo de latido fetal y registro cardíaco”, que anunció el vicepresidente el pasado 12 de enero.
El Gobierno autonómico reconoció el 17 de febrero a Maldita.es que “el protocolo al que se refiere esta solicitud trae su causa de la declaración política efectuada en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno”. En esa comparecencia, García-Gallardo (Vox) -acompañado del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP)- dio a conocer “actuaciones en favor de la natalidad y de la familia”, acordadas entre la Vicepresidencia y la Consejería de Sanidad y que estaban incluidas en el pacto de investidura entre el Partido Popular y Vox. Como contamos en Maldita.es, García-Gallardo explicó que el protocolo entraría en vigor “inmediatamente, en el corto plazo”.
En la misma línea, la Junta de Castilla y León explicó en la resolución de transparencia que “la declaración política efectuada en rueda de prensa (...) es completamente ajena y separable de lo que son la aprobación de normas, el dictado de actos o resoluciones, la toma de decisiones o la adopción de cualquier tipo de instrumento jurídico (protocolos, instrucciones, circulares, etc.), ya no sólo definitivos sino de trámite -siquiera en fase de inicio formal o de tramitación procedimental-”. Añadió además en su respuesta que “no se ha aprobado, ni se encuentra en fase de borrador, ningún instrumento jurídico sobre latido fetal”.
El 12 de enero, tras el anuncio de García-Gallardo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León publicó una nota de prensa donde se especificaba que el protocolo incluía “un estudio ecográfico a partir de la sexta semana de embarazo” en la que se haría también un “registro del latido cardíaco” del feto. Además, se anunció que “se promoverá el acceso a la ecografía 4D a las mujeres gestantes durante el seguimiento de su embarazo”. Medidas que serían “obligatorias”, según detalló el vicepresidente [min. 29:01].
Vox insiste en que van a aprobar el protocolo
El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), el 13 de enero, aseguró en declaraciones a El País que el protocolo entraría en vigor el 16 de enero. El día que tenía que publicarse el protocolo, Borja Sémper, portavoz de campaña del Partido Popular, dijo que “no estaban dispuestos a tragar con cualquier cosa” [min. 0:46].
También el 16 de enero, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, explicó que “ni se modifica el protocolo de actuación sanitaria del Estado y de la comunidad autónoma y en ningún caso la Junta de Castilla y León actualiza el protocolo de atención a las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo” [min. 1:30].
Al día siguiente, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, afirmó en TVE que el protocolo “está aprobado y el consejero de Sanidad emitirá la orden en las próximas horas, en los próximos días” [min. 8:05].
Horas después, el portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, dijo también, a preguntas de los periodistas, que “esperaba que en los próximos días se recobre el sentido común, se recupere la normalidad y se mande el protocolo que se ha acordado, en los términos que se ha acordado” [min. 20:10].
Ya el 8 de febrero, en una entrevista en el Canal 24h, Garriga insistió en que “va a haber protocolo. Un protocolo que pactaron y aprobaron el Partido Popular y Vox en Castilla y León” [min. 18:46]. Nueve días después de esas palabras, la Junta de Castilla y León aseguró que “no existe” ningún borrador ni protocolo sobre el aborto y lo atribuye a una declaración política efectuada en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Preguntado ahora por las palabras de otros dirigentes de Vox y la respuesta oficial que da el Gobierno autonómico, el departamento que dirige Juan García-Gallardo se remite a la nota de prensa del 12 de enero.
Intercambio de cartas entre Castilla y León y el Gobierno
El 13 de enero, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, envió una carta a su homólogo en Castilla y León. En la misiva, conseguida por Maldita.es vía ley de transparencia, solicitaba “con urgencia, la remisión a este Ministerio de Sanidad el protocolo, resolución o instrumento acordado para llevar dicho acuerdo”. Darias añadía que “la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho inalienable de las mujeres, siendo la Ley Orgánica y la normativa básica estatal que la desarrolla de aplicación obligatoria en todo el Estado” y está cubierta por la Seguridad Social. “Desde este Ministerio y el conjunto del Gobierno, defenderemos los derechos de las mujeres y que, en ningún caso, permitiremos retrocesos que supongan una merma en la salud sexual y reproductiva de este país”, concluía la misiva.
Ese mismo día, el consejero castellano y leonés respondía en otra carta, obtenida también por esta redacción vía ley de transparencia, que en el Consejo de Gobierno del 12 de enero “no se adoptó ningún acuerdo sobre el fomento a la natalidad y apoyo a las familias”. Recordó el anuncio del vicepresidente autonómico y añadió que “ninguna de estas medidas contraviene ni la legislación vigente ni la integridad de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud”. “Me sorprende que quien debe hacer del rigor y la veracidad su forma de actuar, dé por sentado determinado tipo de informaciones, sin previamente contrastarlas telefónicamente con este consejero como así has hecho en otras ocasiones”, escribió Alejandro Vázquez, que concluyó que “no es necesario que nos recuerdes aquello que venimos realizando desde hace ya muchos años”.
El Gobierno envía un requerimiento que la Junta inadmite
Tras el intercambio de cartas entre los responsables de Sanidad, el 17 de enero, el Gobierno de España envió un requerimiento de incompetencia al Ejecutivo autonómico. En él, pedía que la Junta “cese de inmediato y, en su caso, se abstenga de adoptar y aplicar, cualquier actuación material, protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación que, invadiendo las competencias estatales”. La interrupción voluntaria del embarazo está regulada en una ley orgánica de carácter estatal y, según el Gobierno central, el protocolo de Castilla y León iba en contra de la legislación vigente.
Aunque el requerimiento se anunció oficialmente el 17 de enero tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó, Castilla y León responde a Maldita.es que lo recibió, como ya adelantó elDiario.es, el 15 de enero a las 18:50:15 horas a través de la aplicación GEISER, que se utiliza para la comunicación entre administraciones públicas, y la Consejería de Sanidad lo admitió el 17 de enero de 2023 a las 8:31:53 horas.
El 19 de enero, la Junta de Castilla y León anunció la “inadmisión” del requerimiento por “la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento, ya que el Estado pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas, el dictado de actos o resoluciones, o cualquier tipo de instrumento jurídico, cuya existencia se niega rotundamente”.
Castilla y León reconoce que no hay actas de reuniones sobre el protocolo
Maldita.es preguntaba también por las actas de posibles reuniones mantenidas por Gallardo con diferentes consejeros y altos cargos autonómicos para debatir el protocolo, pero su departamento expone que “no existen actas formales de ninguna reunión en la que haya participado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León relativas al protocolo de latido fetal y registro cardíaco con consejeros y altos cargos del Gobierno, ni borrador del protocolo o, en su lugar, el protocolo sobre latido fetal aprobado por la Junta de Castilla y León”. Aunque sí que consta una “reunión de trabajo” entre el vicepresidente y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), el 1 de septiembre de 2022 a las 16:00 horas en la sede de la Vicepresidencia, según el portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León.
La Consejería de Sanidad no ha facilitado a Maldita.es el contenido de la reunión de trabajo porque “es interna y se tratan muchos temas”. El departamento de comunicación de la Vicepresidencia autonómica tampoco lo ha aclarado y ha asegurado a preguntas de Maldita.es que fue “una reunión como cualquier otra que mantiene el vicepresidente tanto con los miembros del Gobierno como con empresarios y otras entidades sociales” pero que el contenido del encuentro “no es público”.
