MENÚ
La aprobación de un proyecto de Ley en Francia que no es definitiva y que autoriza a los jueces a localizar dispositivos electrónicos en tiempo real y grabar imagen y sonidos a distancia en algunas investigaciones se usa para desinformar como si ya estuviera en vigor. Se habla sobre un supuesto "espionaje por el móvil" y se vincula con las protestas en Francia al usar imágenes de los disturbios tras la muerte de Nahel de un disparo de la policía en Nanterre.
“La Asamblea Nacional de Francia adoptó el artículo 3 del proyecto de ley de Justicia que autoriza a las autoridades a activar de forma remota las cámaras y micrófonos de teléfonos u otros dispositivos conectados sin el conocimiento de las personas interesadas”, afirma un contenido viral. Este proyecto de ley empezó su proceso legislativo en mayo, antes de las protestas tras la muerte de Nahel de un disparo de la policía en Nanterre, cerca de París, el 27 de junio.
¿Qué dice el proyecto de ley?
La polémica se centra en varios puntos del artículo 3 del proyecto de ley que permite activar a distancia dispositivos electrónicos sin que su propietario lo sepa en varios supuestos para localizarlo en tiempo real y grabar imágenes y sonido. Hay algunas excepciones respecto a qué profesiones y circunstancias impiden su uso.
El ministro de Justicia de Francia, Éric Dupont-Moretti, presentó el 3 de mayo de 2023 al Consejo de Ministros “un proyecto de ley orgánica sobre la apertura, modernización y responsabilidad del poder judicial y un proyecto de ley sobre la orientación y programación del Ministerio de Justicia 2023-2027”. Esta segunda ley es la que incluye el artículo polémico.
El artículo 3 del proyecto de ley ha tenido modificaciones tras pasar por la Comisión del Senado y ser aprobado por el Senado el 13 de junio con 231 votos a favor, 13 en contra y 96 abstenciones. De ahí pasó a la Asamblea Nacional, donde tuvo más enmiendas, y fue aprobado el 5 de julio con 80 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Puedes ver cómo ha cambiado el proyecto de ley en las distintas fases.
Este artículo aprobado por la Asamblea Nacional modifica el Código de Procedimiento Penal y fija que para delitos castigados con al menos 10 años de cárcel, un juez puede dictar “la activación a distancia de un dispositivo electrónico, sin conocimiento ni consentimiento de su propietario o poseedor, con el único fin de localizarlo en tiempo real”.
También autoriza a los jueces a activar a distancia dispositivos electrónicos para transmitir y grabar conversaciones e imágenes en lugares y vehículos privados o públicos sin el conocimiento o consentimiento de las personas. Esta intervención electrónica durará 15 días ampliables hasta 30 días en caso de ser dictada por un juez encargado de detenciones preventivas (juez de libertades y detención) y dos meses renovables hasta seis meses si es un juez de instrucción.
Estas medidas estaban en las versiones anteriores a la muerte de Nahel.
¿Qué excepciones plantea para la localización y grabación a distancia?
El texto provisional del proyecto de ley contempla algunas excepciones en la localización en tiempo real y en la grabación a distancia para determinados casos:
- Están excluidos de la localización en tiempo real los dispositivos utilizados por diputados, senadores, jueces, abogados, periodistas, médicos, notarios y agentes judiciales.
- En el caso de las grabaciones a distancia no pueden ser intervenidos los dispositivos de jueces, abogados, periodistas, médicos, notarios y agentes judiciales, pero sí de senadores y diputados.
Además, no pueden transmitirse tampoco los datos intercambiados con un abogado en el ejercicio de su defensa al estar protegido por el secreto profesional (salvo que el abogado facilite la comisión de delitos), ni con un periodista si permite conocer la fuente de una información periodística. Tampoco puede transmitirse lo registrado por el dispositivo electrónico si se encuentra en los despachos u oficinas de las profesiones protegidas. En caso de hacerlo, el proceso será nulo.
El juez que haya autorizado la intervención deberá ordenar la destrucción de los datos si ocurre en esas circunstancias, que no podrán ser copiados. También deberá ordenar destruir informes y datos recogidos sin su autorización o sin respetar las disposiciones legales.
¿Cuáles son los pasos siguientes?
Al haber incorporado cambios respecto al texto aprobado por el Senado, los artículos modificados deben ser aprobados de nuevo por esta cámara parlamentaria. El proyecto de ley se considera adoptado cuando es votado en los mismos términos por las dos asambleas. En caso de desacuerdo, el Gobierno puede convocar una comisión mixta compuesta por siete diputados y siete senadores que deben proponer un texto conjunto que vote cada cámara. Si fracasa, el texto es leído de nuevo por las dos asambleas y el Gobierno puede dar la última palabra a la Asamblea Nacional.
Una vez aprobado definitivamente por el poder legislativo, el presidente de la República tiene 15 días para promulgar la ley. En ese plazo, el presidente puede hacer que el texto sea examinado de nuevo por las cámaras y remitirlo al Tribunal Constitucional. La ley promulgada entra en vigor tras su publicación en el Diario Oficial. En Maldita.es estamos verificando bulos y desinformaciones sobre las protestas en Francia por la muerte de un joven a manos de la policía.
