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El pasado 16 de noviembre el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía el indulto parcial a Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada a dos años y seis meses de cárcel por un delito de sustracción de menores tras llevarse a sus hijos de Italia (donde vive el padre, Francesco Arcuri, al que acusó de maltrato) a España. El indulto parcial concedido por el Gobierno redujo la pena de cárcel a un año y tres meses y eliminó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad de sus hijos a cambio de 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.
Tras esta decisión, la defensa de Juana Rivas solicitó la suspensión de la condena que a la granadina le queda por cumplir, algo que el pasado viernes 10 de diciembre desestimó el titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada, el magistrado Manuel Piñar Díaz, alegando tres motivos: que Rivas “no ha mostrado arrepentimiento”, que “repitió la misma conducta tras ser condenada en esta causa y estando los menores en Italia” y que existe “peligro para los menores” ya que “existen indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia”.
Este último motivo es lo que ha provocado un revuelo mediático dentro del caso y ha llevado a que la defensa de Rivas anuncie una querella criminal contra el juez Piñar por “delito de prevaricación judicial y calumnias”.
Según el artículo 80 del Código Penal, el juez podría anular la ejecución de la pena de cárcel, pero no está obligado a ello
En una entrevista en Ideal Granada el pasado 16 de noviembre, el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, anunció que tras el indulto parcial concedido por el Gobierno, solicitarían al titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada, el magistrado Manuel Piñar, la supresión de la condena que a Rivas le queda por cumplir.
La posibilidad de suspender la ejecución de una pena de prisión aparece recogida en el artículo 80 del Código Penal. En él se establecen una serie de condiciones necesarias para que se produzca la suspensión de la condena: no tener antecedentes penales, que la pena impuesta sea inferior a dos años de cárcel y haber pagado la indemnización impuesta.
Estas condiciones, según recoge el auto del juez Piñar del pasado 10 de diciembre, las cumple Juana Rivas. Sin embargo, el cumplimiento de estos requisitos no conlleva la supresión inmediata de la condena, sino que es el primer paso que permite al juez suspenderla si así lo estima. El segundo paso, según recoge el mencionado artículo del Código Penal, es que el juez considere que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura de nuevos delitos por parte del penado (Juana Rivas en este caso). Es en este segundo paso en el que Piñar ha negado la libertad a Rivas por los tres motivos expuestos anteriormente.
¿Qué ha decidido el juez Piñar sobre la suspensión de la pena y en qué se basa?
Como decimos, el magistrado Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada, acordó el pasado viernes 10 de diciembre no conceder el beneficio de suspensión de la pena de prisión que le queda por cumplir a Juana Rivas. En el auto se recoge expresamente que “pese a que se cumplan los requisitos del artículo 80.2” del Código Penal, “la suspensión de la ejecución no es de aplicación automática” y sostiene su decisión en tres motivos.
En primer lugar, Piñar señala que Rivas “no ha mostrado arrepentimiento” y que “en varias ocasiones ha manifestado que no se arrepiente y lo volvería a hacer”. En este sentido, la defensa de la madre granadina ha calificado en un escrito remitido a Maldita.es de “falso” este argumento e indica que “ella misma ha manifestado por escrito su arrepentimiento en múltiples documentos firmados por ella como la petición de indulto y las solicitudes de tercer grado penitenciario”, algo que Maldita.es no ha podido verificar de forma independiente. Además, añade su abogado Carlos Aránguez que “en la única entrevista que Juana Rivas ha concedido en los últimos tres años afirmó textualmente ‘creo que cometí un error, no lo volvería a hacer, aunque solo quería proteger a mis hijos’”.
La entrevista a la que hace referencia Aránguez se emitió el pasado 1 de diciembre en el programa El Objetivo de La Sexta. Las palabras de Juana Rivas fueron las siguientes:
“Yo creo que ya he pagado bastante. Ya llevo casi cinco años sin mis hijos. Creo que he pagado bastante la parte de error que pudiese yo tener, pero cuando una madre ve que sus hijos están sufriendo es inevitable buscar una salida o una manera de que tus hijos no sigan sufriendo y te parece impensable e increíble que no te vaya a ayudar la justicia de tu país. [...] Yo acepto que en 2021 todavía vamos un poquito… y es un delito lo que he hecho, pero yo sólo estaba protegiendo a mis hijos”.
En segundo lugar, el juez Manuel Piñar argumenta que Rivas “repitió la misma conducta, tras ser condenada en esta causa y estando los menores en Italia”. El magistrado no añade ni indica en el auto a qué sentencia, condena o procedimiento concreto se refiere y, según los abogados de Rivas, “ni existe ni ha existido ningún procedimiento contra Juana en Italia ni por este ni por ningún otro delito”.
El auto del magistrado del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada se centra para negar la libertad a Rivas en un caso de abuso sexual que supuestamente habría sufrido el hijo menor de la granadina mientras se encontraba al cargo de la misma. “Este Juzgado ya emitió el parecer sobre el peligro que para los hijos representa la acusada en un informe contrario al indulto y ya no sabe como hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales, y por supuesto del Gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor”, recoge el escrito.
Por este último argumento, la defensa de Rivas ha anunciado a través de una nota de prensa remitida a los medios de comunicación que presentarán una querella criminal contra el juez Piñar por “delito de prevaricación judicial y calumnias” y que están trabajando en un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada en el que, dicen, “se desmontan uno a uno todos los bulos y falsedades” del juez Piñar. “Acusar a Juana de permitir o colaborar en abusos sexuales a sus hijos es algo tan repugnante que merece nuestro más enérgico reproche”, afirman.
¿Qué se sabe sobre los supuestos abusos sexuales a uno de los menores?
Hasta el momento, los supuestos abusos sexuales al hijo menor de Juana Rivas y Francesco Arcuri no habían centrado el mediático caso. De hecho, según recoge el auto, el hecho se había omitido hasta ahora de forma explícita para que no afectase a la intimidad del menor.
Los hechos que menciona el documento firmado por Piñar se remontan, según publica El País, a 2017, cuando “las maestras de guardería del hijo menor recibieron quejas por parte del niño referidas a un dolor en la zona anal”. Según se puede leer en un atestado de la Guardia Civil de Granada filtrado a los medios de comunicación, Rivas acudió al pediatra donde trataron al menor “de estreñimiento y lombrices” y comunicó la situación a la maestra del menor para que “le hiciera un seguimiento especial y no utilizara toallitas”. El documento, que contiene las declaraciones de la madre y la hermana de Rivas y del que se desconoce la fecha, sostiene que “no se han encontrado indicios que indiquen la existencia de los presuntos abusos sexuales investigados”.
Sin embargo, según se recoge en el auto emitido por el juez Piñar, no fue Rivas quien acudió al pediatra, sino que "fue decisión del colegio" (aunque no indica en qué documento consta). Además, asegura que el informe forense concluye que "no se puede descartar que el menor haya sido objeto de una agresión sexual anal" y que "en una exploración médica, el menor se refiere a que alguien le ha hecho daño en el ano". Asimismo, el magistrado apunta a la fecha de los hechos y afirma que "la madre ocultó a los niños [en referencia a julio de 2017 cuando estuvieron en paradero desconocido] cuando la presencia del menor era esencial para la investigación".
Actualmente, publica El País, el caso se encuentra sobreseído de forma provisional lo que significa que se encuentra cerrado, pero se volvería a abrir si aparecieran novedades relevantes o “surgieran nuevas pistas”. Esto mismo recoge el auto de Piñar que especifica que no existe condena por este caso ni se ha determinado “el autor de la brutal agresión padecida por el menor”, por lo que fue sobreseída.
Ante la filtración de los documentos judiciales a los medios de comunicación antes mencionado y que exponen, según la defensa de Rivas, al hijo menor de edad, Carlos Aránguez ha anunciado este 13 de diciembre que “han denunciado ante el Defensor del Menor, el Servicio de Protección del Menor y la Fiscalía de Menores que se están divulgando informaciones falsas que afectan directamente a un menor de edad”.
