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Más de un año lleva difundiéndose a través de publicaciones de Facebook y cadenas de WhatsApp que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont está “obligado” a pagar “más de medio millón de euros por costas procesales” después de que la justicia belga “haya rechazado su denuncia” contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Es un bulo. Aunque sí que es cierto que el tribunal de primera instancia de Bruselas desestimó la denuncia contra el juez del Supremo que interpusieron Carles Puigdemont y los exconsellers Clara Ponsatí, Lluis Puig, Meritxell Serret y Antoni Comín y les impuso el pago de las costas judiciales, estas no alcanzan los 500.000 euros. Estos costes están regulados según las tarifas públicas de la justicia en Bélgica que establece su máximo en 39.000 euros, aunque en el caso concreto del expresidente catalán y Llarena, el máximo aplicable serían 390 euros. Además, el proceso judicial sigue abierto.
La resolución del tribunal de Bruselas y las tarifas públicas de la justicia belga
Dos años después de que el expresidente de la Generalitat y los exconsellers catalanes presentasen una demanda por la vía civil contra el juez Pablo Llarena por unas declaraciones realizadas por el magistrado, la justicia belga desestimó la demanda en abril del 2020, tal y como publicaron diversos medios como El Español, El Confidencial o El País. Simon Bekaert, abogado de los políticos catalanes en el proceso de extradición, explica a Maldita.es que el tribunal de primera instancia de Bruselas desestimó la demanda de “indemnización moral” de un euro apelando que “no es competente para pronunciarse”. Al declararse incompetente para fallar sobre el caso, señala, las partes demandantes fueron condenadas a pagar la tasa legal establecida por la ley belga. “El tribunal no ha declarado que la demanda sea infundada, sino que se ha declarado incompetente para resolverla”, apunta Bekaert.
Tras la resolución de la justicia belga, comenzó a difundirse en redes sociales que esta “le daba la razón al juez Llarena” y obligaba a Puigdemont a “pagar más de medio millón de euros por costas procesales”. No es así. Estos costes están regulados según las tarifas públicas que establece la Cámara Nacional de los Funcionarios de Justicia de Bélgica (actualizadas por última vez este pasado 1 de junio) y establece su máximo en 39.000 euros. Sin embargo, en este caso concreto, como los demandantes sólo pidieron como indemnización un euro a modo “simbólico” por daños morales, explica Bekaert que la tasa judicial estándar que se aplica sería la de 195 euros, pero el juez puede determinar si se aplica una más baja (hasta 97,50 euros) o una más alta (hasta 390 euros) en función de la complejidad del caso.
Igualmente, desde el Ministerio de Justicia, implicados en el proceso ya que en el pleito compareció el Reino de España "en defensa de su inmunidad de jurisdicción" así como en la inmunidad de Llarena, afirman a Maldita.es que las costas que pueden reclamar a los demandantes sólo ascienden a 195 euros pues están fijadas en el sistema belga. Sin embargo, explican que "siguiendo la recomendación del abogado belga que gestiona el pleito, no se ha considerado procedente solicitar por el momento la liquidación de esas costas". Según alegan, el motivo de esta decisión radica en que "al haberse apreciado una falta de jurisdicción de los tribunales belgas frente al Reino de España y al magistrado del Supremo, sería contradictorio formular una demanda de liquidación de estas costas ante ese mismo tribunal".
Volviendo a las tarifas públicas belgas, en los casos en los que un demandante solicitase una indemnización de más de un millón de euros, la tarifa estándar que establece la Cámara Nacional de los Funcionarios de Justicia belgas es de 19.500 euros, aunque señala Simon Bekaert que la cantidad podría verse reducida a 1.300 euros o incrementada hasta los 39.000 euros si el juez determinase que el caso es especialmente complejo y fuera necesaria una cantidad anormal de trabajo o si, por el contrario, fuese especialmente simple. “El juez puede tener en cuenta la complejidad del caso, pero siempre tiene que mantenerse dentro de las tarifas mencionadas anteriormente”, indica Bekaert.
En ningún caso, según las tarifas públicas belgas, se podrían alcanzar los 500.000 euros por pago de costas como se difunde en redes. Como hemos dicho, el máximo establecido que llegaría a pagar Puigdemont y los exconsellers al magistrado serían 390 euros por el pago de costas judiciales.
El proceso judicial sigue abierto
Aunque el tribunal de primera instancia de Bruselas se declaró incompetente para resolver la demanda del expresidente Puigdemont y sus exconsellers, el proceso judicial aún no ha terminado. Tal y como han explicado desde el Ministerio de Justicia, las partes demandantes presentaron contra esta sentencia dos recursos.
El primero, afirman, se realizó ante la Corte de Apelación, para valorar "la inadmisibilidad del recurso por razón de su cuantía" y señalan que está prevista la celebración de una vista ante la Corte el próximo 14 de septiembre de 2021. En segundo lugar, las partes demandantes presentaron un recurso de casación ante el Tribunal de Casación de Bélgica para solicitar "la inadmisibilidad previa del recurso". Para este, afirman desde Justicia, no existe una previsión temporal sobre la fecha de su resolución definitiva.
¿De dónde proceden los 500.000 euros?
En agosto de 2018 el Ministerio de Justicia anunciaba que el bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick se encargaría de la representación del Estado español y el magistrado del Supremo en el tribunal de primera instancia de Bruselas. El importe de la defensa, tal y como explicaron en el comunicado, ascendía a un total de 544.982 euros.
Al conocerse la resolución del tribunal de Bruselas, muchos usuarios asociaron el pago de las costas judiciales con el importe destinado para la contratación de la defensa de Llarena y el Estado español. Sin embargo, tal y como señala Simon Bekaert, las costas judiciales que debe pagar el perdedor de un caso en Bélgica no están relacionadas con el coste de la defensa de la parte ganadora.
El origen de la demanda
En febrero de 2018, dentro del marco de unas jornadas sobre delitos económicos celebradas en Oviedo, el juez Pablo Llarena realizó unas declaraciones ante los periodistas negando que los delitos de Oriol Junqueras y el resto de encarcelados por el procès pudiesen ser calificados “políticos”. Las palabras del magistrado, tal y como aparecen recogidas en la demanda, fueron las siguientes:
“Un delito político son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política esos comportamientos son perseguidos. No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados”.
En base a esta manifestación, en junio de ese mismo año la defensa del Govern en Bélgica anunció una demanda por la vía civil en contra del magistrado por "vulneración de los derechos fundamentales". La demanda fue interpuesta por el expresidente de la Generalitat y cuatro de los exconsellers: Clara Ponsatí, Lluis Puig, Meritxell Serret y Antoni Comín y en ella pedían que se condenara a Llarena a pagar a cada uno de ellos un euro “en concepto de reparación de su daño moral”.
En definitiva, es un bulo que Puigdemont tenga que pagar “medio millón de euros por las costas procesales” de su litigio contra el juez Llarena en Bélgica: aunque el tribunal de primera instancia de Bruselas desestimó la denuncia y le impuso al expresidente de la Generalitat y los exconsellers catalanes el pago de las costas judiciales, estas no alcanzan los 500.000 euros. Los precios están regulados según las tarifas públicas de la justicia en Bélgica y establece su máximo en 39.000 euros, aunque en este caso concreto, el máximo aplicable serían 390 euros.
Primera fecha de publicación de este artículo: 16/07/2021
