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Es posible que sea una de las acciones a nivel comunitario más desconocidas, pero las políticas de cohesión de la Unión Europea (UE) son la razón por la que los vecinos de Galdakao (País Vasco, España) están más protegidos ante las inundaciones provocadas por las crecidas del río Ibaizabal. También el motivo por el que Nápoles (Italia) ha ampliado una de sus líneas de metro y Polonia ha construído un nuevo tramo de autopista en el sur del país. Y es que la UE trata de corregir (a través de diferentes fondos) los desequilibrios económicos, sociales y territoriales que existen entre los Estados miembros y sus regiones. Actualmente, es la principal política de inversión europea: destina casi un tercio del presupuesto total comunitario a este fin.
La política de cohesión europea: 392.000 millones para museos, tranvías o fomento del empleo juvenil
La política de cohesión se dirige a todas las regiones y ciudades de la UE con el fin de apoyar la creación de empleo, la competitividad empresarial, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y se ejecuta a través de diferentes fondos específicos:
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Es uno de los principales instrumentos financieros de la política de cohesión europea y se creó en 1975. Está diseñado para invertir en el desarrollo social y económico. Por ejemplo, con este capital se ha cofinanciado el Museo de Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra (Albacete) y se compraron doce convoyes para reforzar una línea del tranvía de Bucarest (Rumanía) en 2019.
Fondo de Cohesión (FC). Apoya inversiones en el ámbito del medio ambiente y transporte en los países menos prósperos (con una renta nacional bruta per cápita inferior al 90 % de la media de la UE-27). Así, se han financiado más de 300 vehículos de transporte público respetuosos con el medio ambiente en Rumanía y se ha construído un puente para conectar la región de Dalmacia con el sur de Croacia.
Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Para apoyar las políticas sociales, de empleo, de educación y de capacidades de la UE. Se ha creado para el período 2021-2027 y agrupa cuatro instrumentos de financiación del plan anterior (de 2014 a 2020): el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Ayuda Europea para los Más Desfavorecidos (FEAD), la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Programa Europeo para el Empleo y la Innovación Social (EaSI). En España, con este dinero se cofinanciaron las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTES durante la pandemia del coronavirus y se ofrecen vales canjeables en supermercados a personas en situación de pobreza (en lugar de productos alimentarios).
Fondo de Transición Justa (FTJ). También es un nuevo instrumento de cohesión de este periodo, que trata de apoyar a las regiones más afectadas por la transición hacia la neutralidad climática (una acción enmarcada en el Pacto Verde Europeo). En particular, a aquellas regiones que dependen de combustibles fósiles y la industria con uso intensivo de carbón. Por ejemplo, en Suecia se destinó parte de su presupuesto a diferentes medidas para mejorar (medioambientalmente hablando) la industria siderúrgica y la industria metalúrgica en el norte del país y la industria minera en la isla de Gotland.
En total, la UE ha reservado 392.000 millones de euros comunitarios (casi un tercio de su presupuesto total) para estos fondos, a gastar desde 2021 hasta 2027. Más del 95% de este importe corresponde a los cuatro fondos mencionados anteriormente. El resto se destinan al programa Interreg Europe y a los instrumentos gestionados por la Comisión y de asistencia técnica de la UE en apoyo de la programación.
Más fondos para las regiones menos desarrolladas: cómo se reparte el dinero de las políticas de cohesión
Todos los Estados miembros reciben dinero del FEDER y el FSE+, pero el importe puede variar en función de su nivel de desarrollo en diferentes factores. Las 240 regiones de los 27 países que forman la UE se han calificado como “menos desarrolladas” (en rojo), “en transición” (naranja) y “más desarrolladas” (amarillo). Según la categoría en la que se encuentren, reciben una cantidad diferente de estos fondos (siempre tratando de favorecer a las zonas con menos progreso económico y social). Por ejemplo, hay nueve comunidades autónomas españolas “en transición” y cinco en cada uno de los dos grupos restantes. Los países con más regiones coloreadas en rojo son Polonia y Grecia (14 de 17 y 11 de 13, respectivamente).
De este modo, Polonia es el país que más recursos económicos recibirá de estos dos fondos hasta 2027. Según el presupuesto publicado en la página web de la Comisión Europea, al país de Europa del este le corresponden más de 62.000 millones de euros. Le siguen Italia, con 41.000 millones de euros y diez regiones “menos desarrolladas” o “en transición”. En tercer lugar se encuentra España, con más de 34.600 millones de euros.
El Fondo de Transición Justa (FTJ) cuenta con un presupuesto de 19.700 millones de euros a disposición de los Estados miembros. La Comisión identifica aquellos territorios que precisan de estos recursos comunitarios, basándose en sus “desafíos, así como las necesidades y los objetivos de desarrollo [a nivel medioambiental] que se deben alcanzar de aquí a 2030”, según se puede leer en su página web. Son, sobre todo, las zonas que dependen de la extracción o producción de carbón, lignito, turba y esquisto bituminoso o los territorios que dependen de industrias con un alto consumo de carbono (como el acero, el cemento o los productos químicos). Por el momento, la UE contabiliza 96 territorios en los que se están implementando estos fondos.
Según el Instituto para la Transición Justa (ITJ), en nuestro país, hay 15 zonas en las que se invertirán estos fondos y están distribuidas en ocho comunidades autónomas: Andalucía (3), Aragón (1), Asturias (3), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (3), País Vasco (1), Galicia (2) e Islas Baleares (1). Se trata de territorios afectados por el cierre de minas de carbón y centrales térmicas y nucleares.
Por su parte, en el período 2021-2027, 15 Estados miembros se benefician de los 42.556 millones de euros del Fondo de Cohesión Europea (FC). Son aquellos cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita no supere el 90% de la media de la Unión. Así, Polonia y República Checa concentran más del 42% de estos fondos. A la cola están Malta y Chipre, que suman poco más del 1% del presupuesto total del FC.
Según el último informe que evalúa el estado de la cohesión en la Unión Europea publicado en marzo de 2024, gracias a la política de cohesión se ha conseguido reducir las disparidades en cuanto al producto interior bruto (PIB) y al empleo entre el este y el oeste de la Unión Europea. Se espera que las inversiones de la política de cohesión aumenten el PIB de la UE en un 0,9% antes de 2030. Un aumento que será todavía más notable en Europa Central y Oriental: por ejemplo, se prevé que Croacia (uno de los últimos países en incorporarse a la UE) presente un aumento de su PIB del 8 %.
No obstante, este mismo análisis subraya que todavía hay desafíos: entre los que destaca, entre otras, la fuga de cerebros de las zonas menos desarrolladas a las más desarrolladas y las disparidades intrarregionales.
