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Desde hace años, los políticos se quejan de la falta de renovación del sistema de financiación o de que este es injusto. Ahora el sistema ha vuelto a la opinión pública por la posibilidad de una “financiación singular” para Cataluña. ¿Pero en qué consiste este modelo? En pocas palabras, el sistema de financiación autonómico es la forma principal que tienen las comunidades autónomas de ingresar dinero para sufragar los servicios públicos que gestionan en sus territorios.
Aunque las comunidades autónomas pueden obtener sus propias vías de ingresos, el grueso del dinero lo obtienen a través de lo que recauda y después reparte la Agencia Tributaria Estatal. El reparto de esa recaudación se hace en base a una serie de criterios que tienen en cuenta la población, la actividad económica y los impuestos recaudados en las diferentes autonomías.
Cómo se financian las comunidades autónomas: a través de impuestos y transferencias de fondos europeos
El objetivo del sistema de financiación autonómica es garantizar los servicios públicos y mejorar la cohesión entre las autonomías. País Vasco y Navarra son, a 26 de junio de 2024, las únicas que cuentan con un sistema propio: el régimen foral. La Constitución da una serie de competencias a las comunidades autónomas para que sean las responsables de gestionar políticas de vivienda o de proveer servicios públicos como la educación o la sanidad. Sin embargo, la mayoría de los ingresos con los que se sufragan esos servicios públicos no los recaudan las autonomías, sino la Agencia Tributaria Estatal a través de sus impuestos. El resto de ingresos, como los impuestos propios o las transferencias de fondos europeos, sí dependen completamente de las autonomías.
Entre las competencias que la Constitución concede a las autonomías se encuentran:
Sanidad.
Educación.
Políticas de vivienda, urbanismo y gestión del territorio.
Políticas medioambientales, agricultura, pesca interior y ganadería.
Asistencia social.
Política económica incluido el turismo.
Infraestructuras y obras públicas que afectan al territorio como carreteras y ferrocarriles autonómicos.
El sistema de financiación autonómico determina qué parte de los impuestos recaudados por las Administración van a parar a las comunidades autónomas. Este dinero no se transfiere directamente desde Hacienda a las autonomías, sino que se tienen en cuenta una serie de criterios para organizar el dinero.
Esta organización del dinero se realiza mediante cuatro fondos especiales. De todos ellos, en materia de financiación, el más importante es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. El Estado y las comunidades autónomas del régimen común utilizan este fondo para ajustar la financiación autonómica entre ellas para reducir la desigualdad y garantizar los servicios públicos. Por todo ello este es el fondo que utiliza más recursos y sobre el que orbitan los otros tres (el Fondo de Suficiencia Global, el Fondo de Competitividad, el Fondo de Cooperación).
¿Por qué hay autonomías que aportan más de lo que reciben y viceversa?
La aportación al sistema de cada autonomía se determina mediante varios factores: la población de la comunidad, ajustada por diversos criterios como la superficie de la región o la insularidad; la productividad de la región, y los impuestos recaudados. Si en una comunidad autónoma se recauda en un año una cantidad mayor de la esperada, será una aportadora neta al sistema (aporta más de lo que recibe); mientras que, si es al revés, será receptora neta (recibe más de lo que aporta). En el caso de que una comunidad aporte mucho más de lo que recibe o al contrario, el Estado tiene un mecanismo extra para compensar posibles desequilibrios de este tipo a través de los otros tres fondos.
Las quejas a la antigüedad del sistema de financiación: los políticos piden renovarla
El actual sistema de financiación se configuró en 2009. Aunque la ley establece que debe revisarse cada cinco años e introducir los cambios que se consideren oportunos, esto no ha sido así. Desde hace años, diferentes comunidades autónomas reclaman que la financiación es injusta por infrafinanciar unos territorios frente a otros.
A pesar de que ha habido diferentes anuncios para impulsar esta reforma, hasta el momento de publicación de este artículo no hay un horizonte claro de cambios ni ninguna propuesta que se esté fomentando proveniente del Gobierno o de las Cortes Generales.
El resto de los servicios públicos no dependen del sistema de financiación autonómica
Muchos servicios públicos no dependen de las comunidades autónomas, sino de otras administraciones como la Seguridad Social, los ayuntamientos o el Estado, y se financian de otra manera.
Las administraciones locales proveen algunos servicios como la iluminación pública o los servicios de limpieza municipales, que son financiados por sus propios impuestos y por transferencias realizadas por el Estado o por las comunidades autónomas.
La Seguridad Social es una administración que depende del Estado y que provee de prestaciones a los trabajadores, como las pensiones contributivas o las bajas por enfermedad. Se sufraga mediante las cotizaciones sociales y no forma tampoco parte del sistema de financiación autonómica ni aporta ingresos o recibe beneficios de este.
Los servicios públicos que dependen directamente del Gobierno, como la diplomacia, la justicia o la defensa del país, se sufragan con los impuestos estatales recaudados por Hacienda.
Además de estas administraciones, Navarra y País Vasco constituyen un caso atípico. Ambas conforman lo que se conoce como el régimen foral, un sistema de financiación y fiscalidad independiente. Gracias a este sistema, cuentan con sus propias haciendas, que recaudan la mayor parte de los impuestos, y luego pagan al Estado por los servicios que este provee en sus territorios.
