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Según datos del Sistema Especial para Empleados del Hogar, el 95% de las personas que se dedican al sector doméstico son mujeres, lo que lo convierte en un ámbito profundamente feminizado, pero también racializado, como ya contamos en Maldita.es. Las mujeres migrantes ocupan un papel destacado dentro del mismo, representando, al menos, el 45% del total, sin contar con las que están de manera irregular, que no son contempladas en las estadísticas.
La precariedad es común a todo el sector por su encaje en un Sistema Especial que algunas trabajadoras luchan por abolir. Hasta 2022, España no reconoció que las trabajadoras domésticas tuvieran derecho al paro. En marzo de 2024, el Ministerio de Trabajo anunció la intención de presentar una propuesta de real decreto ante el Consejo de Ministros que obligue a los empleadores a evaluar los riesgos laborales de sus casas y que reconozca el derecho de las empleadas a exigir formación en prevención de riesgos, aunque de momento solo es un proyecto de futuro.
Las mujeres migrantes trabajadoras del hogar internas denuncian la especial precariedad laboral de este régimen
“Trabajo de interna, esclavitud moderna” (sic.). Con estas palabras define Edith Espínola, trabajadora del hogar y portavoz del colectivo SEDOAC, el régimen de internas, modalidad del Sistema Especial para Empleadas del Hogar en el que estas conviven con sus empleadores. Edith Espínola señala que es el único trabajo en el que se permite firmar un contrato por cuarenta horas semanales pero, adicionalmente, están reconocidas veinte horas de presencia en la casa si el empleador lo requiere. Además, Teresa Marcos Buitrago, inspectora de Trabajo y Seguridad Social y maldita que nos ha prestado sus superpoderes, explica que el control del empleo doméstico por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) es compleja: “Como el centro de trabajo sometido a inspección es el domicilio de la persona física afectada, para acceder al mismo debe obtenerse su expreso consentimiento o, en su defecto, autorización judicial, por eso es difícil muchas veces la actuación en este ámbito”.
Por ello, Espínola insiste en la erradicación del régimen de internas: “Como es un trabajo que se desempeña en domicilios particulares, no se ve, y la consecuencia son mujeres rotas. Están presas y eso no se puede permitir”. Sin embargo, no todas las trabajadoras del hogar están a favor de la abolición de este régimen, sino que algunas prefieren su regularización. Una de estas mujeres es Rafaela Pimentel, migrante, trabajadora doméstica e integrante del colectivo Territorio Doméstico: “Cuando llegas a España sin red alguna y sin dinero, la única alternativa es el trabajo de interna, aunque sepamos que es muy duro. Por eso queremos que se regularice”.
Por otro lado, las empleadas domésticas con las que ha hablado Maldita.es coinciden en que el salario bajo es otro de los abusos que sufren las mujeres migrantes en situación irregular. Francela, nombre ficticio, llegó desde Nicaragua a principios de 2024 y todavía no ha podido regularizar su situación. Al entrar en España, se presentó a algunas entrevistas para empleada doméstica interna: “Una era para trabajar en una familia con cuatro hijos. Ofrecían 950€ mensuales por un horario de siete menos diez de la mañana a ocho de la noche”.
Antonia Valladares es ya una veterana del empleo doméstico y miembro de la cooperativa La Comala. Llegó en 2016 desde El Salvador y, al igual que otras compañeras, ha tenido que lidiar con situaciones de abuso laboral, lo que en muchos casos se tradujo en vejaciones, afirma: “Me gritaban, me llamaban desagradecida. Una señora me decía que yo estaba en su país, que no era nadie y que no tenía derechos”. Dice que negociar un sueldo digno fue otra de sus batallas, como cuando le ofrecieron un trabajo para cuidar de una persona anciana: “Tenía que entrar el viernes a las cinco de la tarde y salir el lunes a las siete de la mañana. Ofrecían 250€ mensuales”.
El Ministerio de Trabajo anunció que presentaría una propuesta para obligar a evaluar los riesgos laborales y formar a las empleadas domésticas, dos reivindicaciones pendientes del colectivo
A finales de marzo de 2024, el Ministerio de Trabajo anunció su intención de presentar una propuesta de real decreto ante el Consejo de Ministros que obligue a los empleadores a evaluar los riesgos laborales de sus casas y que reconozca el derecho de las empleadas a exigir formación en prevención de riesgos, aunque todavía no hay fecha prevista para ello.
Mientras tanto, las trabajadoras domésticas se quejan de la inseguridad que sufren. Edith Espínola, al igual que la mayoría de sus compañeras, es migrante y conoce las condiciones a las que están sometidas, especialmente las que trabajan como internas: “He dormido en un sótano sin ventanas, al lado de la despensa, la aspiradora y el lugar de planchado, sin una ventilación adecuada”.
Así, las mujeres con las que ha hablado Maldita.es coinciden en que toda protección queda a criterio de un empleador que no suele tener la formación adecuada para adoptar las medidas de seguridad necesarias. “No pueden existir más compañeras que se caigan de una ventana mientras limpian los cristales y se rompan la columna por no tener medidas de protección adecuadas. De esto debe estar pendiente el Estado, no sólo el empleador”, dice Espínola. Según datos del Ministerio de Trabajo, en 2023, 1.566 trabajadoras del hogar tuvieron un accidente durante su jornada laboral y cogieron una baja.
De la actual falta de medidas de prevención derivan muchos problemas de salud para las trabajadoras del hogar, como denuncia Rafaela Pimentel: “Las hernias, los problemas de rodilla, manguitos rotadores (hombro) rotos, la salud mental… Todas estas enfermedades derivan de nuestro trabajo”. Sin embargo, la clasificación real que reciben es la de enfermedades comunes, asegura. Edith Espínola dice que esto repercute en los términos de las bajas: “No se reconoce el 100% de la prestación porque no nos dan la categoría de enfermedad o accidente laboral. Es una enfermedad común y cobramos únicamente el 70% de la base de cotización”.
En el Sistema Especial de Empleadas del Hogar, las trabajadoras cotizan por tramos de cotización. Teresa Marcos explica este sistema: “Si tu salario es de hasta 306 euros al mes, hay una base mínima de cotización de 284 euros al mes. A partir de ahí, se establecen unas horquillas salariales a las que se les asigna una base de cotización”. La excepción es únicamente para aquellas trabajadoras que cobren más de 1.323,01 euros al mes, pues en ese caso, su base de cotización será esa misma cantidad, al igual que en el Régimen General.
Según cuenta Francela, para las trabajadoras domésticas en situación irregular la desprotección frente a las enfermedades es todavía mayor. En algunos casos, al no estar dadas de alta en la Seguridad Social, una enfermedad o lesión las empuja a continuar trabajando o a perder toda fuente de ingresos porque no tienen derecho a cobrar una baja. “Trabajo bajo mi propio riesgo. Si tengo un accidente, corre por mi cuenta. Si me tengo que pasar dos días en cama por una gripe, no voy a cobrar”, afirma.
Reivindicaciones de mejoras y acompañamiento mutuo
Uno de los grandes avances en la lucha por los derechos de las empleadas domésticas fue la ratificación española, en junio de 2022, del Convenio 189 de la OIT, con la que pueden, entre otras cosas, acogerse al paro. Este logro llegó meses después de que el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) decretase que “la normativa española que excluye de las prestaciones por desempleo a los empleados del hogar, que son casi exclusivamente mujeres, es contraria al Derecho de la Unión”. Teresa Marcos señala que este avance en materia de derechos aparece recogido en el Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del servicio del hogar.
A día de hoy, la principal reivindicación pendiente que plantean las organizaciones de mujeres trabajadoras del hogar consultadas por Maldita.es es la inclusión de su empleo en el Régimen General de la Seguridad Social, dejando atrás el actual Sistema Especial de Empleadas del Hogar en el que se encuentran.
Por otro lado, Rafaela Pimentel considera que el apoyo mutuo es clave para los colectivos de trabajadoras del hogar, especialmente para las mujeres migrantes: “Hay muchas mujeres que llegan aquí y están completamente solas. Nosotras somos las que estamos ahí para ellas, acompañando”. También destaca la importancia de que las compañeras que ya tienen su situación más estabilizada ocupen las primeras líneas de reivindicación.
Además, las organizaciones se han sumado a la campaña #RegularizaciónYa, con la que consiguieron que el Congreso aprobase el 9 de abril la tramitación de la iniciativa legislativa popular de regularización de personas migrantes. Esta medida, en caso de aprobarse, supondría la entrada al mercado laboral formal de muchas mujeres trabajadoras del hogar en situación irregular.
La organización de las mujeres migrantes, clave en la conquista de derechos laborales
“Las trabajadoras migrantes cocinamos este proyecto [La Comala] y le dimos la vuelta al sistema abusivo, como se hace con las tortillas en el comal”, explica Antonia Valladares. Organizaciones como la suya, Territorio Doméstico o SEDOAC luchan por la consecución de derechos en el ámbito del empleo doméstico y, en su mayoría, están integradas por mujeres migrantes.
Esta unión de mujeres trabajadoras del hogar se extiende por toda la geografía española. Edith Espínola cuenta que en España existen como 80 asociaciones: “Intentamos, en nuestro tiempo libre, normalmente los domingos por la noche, reunirnos y construir estrategias. Somos interlocutoras reales de nuestros derechos, no queremos que nadie hable por nosotras”.
Gracias a su organización, las mujeres que trabajan en el sector del trabajo doméstico han ido conquistando derechos que mejoran sus condiciones laborales.
En este artículo ha colaborado con sus superpoderes la maldita Teresa Marcos Buitrago, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social.
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Primera fecha de publicación de este artículo: 01/05/2024
