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Este artículo está escrito con la información recabada hasta el 25 de abril. El 4 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid informó de que ha citado a declarar en calidad de investigada a Begoña Gómez.
El 24 de abril de 2024 se hizo público que un juzgado abrió diligencias a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de una querella presentada el pasado 8 de abril por la organización Manos Limpias. Los delitos que refleja el escrito apuntan a la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, según han publicado algunos medios de comunicación nacionales.
La querella se basa en varios contenidos publicados que vinculan a Begoña Gómez con sociedades y empresarios y con la adjudicación de contratos públicos o acuerdos con el Gobierno, así como en una supuesta subvención a la esposa del presidente que el Gobierno habría ocultado, esto último desmentido por Maldita.es. Por el momento, el juzgado ha abierto diligencias previas, que es el primer paso de cualquier proceso judicial, y podrían llamar a declarar a posibles testigos. Esto no indica que Begoña Gómez esté acusada de tráfico de influencias por el juez instructor, sino que han comenzado a investigar si el delito podría haberse cometido. La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid el 25 de abril el archivo de la causa.
¿De qué se le acusa?
La querella, presentada el pasado 8 de abril, denuncia a Begoña Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias, fundamentado en su “estatus personal” de esposa del presidente del Gobierno para salir beneficiada y beneficiar a allegados y compañeros de trabajo en la adjudicación de fondos públicos para distintos proyectos.
Este delito se encuentra regulado en el artículo 429 del Código Penal, que sanciona la actuación de quienes influyan sobre un funcionario público o autoridad para conseguir un beneficio económico para sí mismo o un tercero.
¿En qué se basa la acusación de tráfico de influencias de Manos Limpias?
La querella presentada por Manos Limpias se basa en varias publicaciones surgidas en el último mes que relacionan a Begoña Gómez con la adjudicación de contratos o tratos de favor por parte del Gobierno a sociedades y empresarios:
Incluye una información de El Confidencial del 3 de abril en la que se dice que supuestamente Gómez firmó unas cartas de recomendación en 2020 para la empresa de Carlos Barrabés, una persona que fundó junto a ella el máster de la Universidad Complutense de Madrid que actualmente dirige Gómez. El Confidencial apunta a que, gracias a esta recomendación, Barrabés habría conseguido varios contratos públicos de la sociedad estatal Red.es por valor de más de 10 millones de euros.
Otra de las informaciones incluida en la querella es la relación de Begoña Gómez con el grupo empresarial Globalia, dueño de la aerolínea Air Europa que fue rescatada por el Gobierno en noviembre de 2020 con más de 400 millones de euros. Según El Confidencial, una filial de Globalia llamada Wakalua firmó en enero de 2020 un convenio con la fundación IE Africa Center, que dirigía en aquel momento Begoña Gómez y por el cual ese centro presuntamente recibía unos 40.000 euros anuales. La fundación negó esta información al diario El País.
El documento presentado también incluye el supuesto vínculo entre Begoña Gómez y Víctor de Aldama, uno de los principales acusados en la trama Koldo, que está siendo investigada en la Audiencia Nacional. Dicen que Begoña Gómez mantuvo encuentros con el presidente de Globalia, Javier Hidalgo, y que en una de estas reuniones estaba presente Aldama, que habría recibido dinero de Globalia.
Entre las publicaciones se incluye la desinformación sobre la supuesta subvención a Begoña Gómez “ocultada” por el Gobierno
Por último, entre las publicaciones sobre supuestas vinculaciones de Begoña Gómez con contratos y empresarios, también se incluye una publicación del 8 de abril sobre una subvención que supuestamente habría recibido Begoña Gómez y de la que os hablamos en Maldita.es.
Se trata de una desinformación. La persona que aparece como adjudicataria de subvenciones según el portal estatal es otra mujer llamada María Begoña Gómez Fernández, cuyo DNI parcialmente anonimizado no coincide con el de la esposa de Pedro Sánchez, tal y como esta última indicó a Maldita.es.
El Juzgado de Instrucción ha iniciado la investigación y la causa está bajo secreto: por el momento no hay una acusación formal y la fiscalía pide el archivo del caso
El hecho de que se haya iniciado una investigación en el juzgado no indica que Begoña Gómez haya sido formalmente acusada de un delito. El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid ha abierto diligencias previas, que es el primer paso de un proceso judicial. En estas diligencias el juez instructor investiga la posible comisión del delito y en esta fase se puede requerir la declaración de testigos.
Según publica El Mundo, las diligencias están bajo secreto y el pasado martes 23 de abril el juzgado notificó a dos de los responsables de las publicaciones incluidas en la querella para que comparezcan como testigos el 10 de mayo, lo que hizo que la existencia de la causa abierta en los juzgados saliese a la luz.
El 25 de abril, elDiario.es ha informado que la Fiscalía ha presentado un recurso contra la decisión de la apertura de diligencias a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto y el archivo del caso.
¿Qué es la organización Manos Limpias y qué ha dicho sobre la admisión a trámite del caso?
El nombre completo es “Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias”. Esta organización se fundó en 1995 y se define a sí misma como “un sindicato de ámbito nacional, independiente” que interpone “todo tipo de denuncias ante las corrupciones políticas o económicas que lesionen el interés público o general”.
La organización es presidida por Miguel Bernard (abogado que se presentó a las elecciones europeas de 1987 por el Frente Nacional) y ha protagonizado algunos casos sonados. En 2007, interpuso una querella contra un juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, por supuesta destrucción de pruebas del atentado del 11-M. En 2011, el Tribunal Supremo archivó la causa y pidió que se investigara a Manos Limpias por un presunto delito de denuncias falsas. Ese mismo año fue condecorado por la Fundación Francisco Franco con el título de Caballero de Honor.
Miguel Bernard fue detenido también en 2016 por supuestos delitos de extorsión, organización criminal y fraude. Según El País, esta persona, supuestamente, exigía grandes cantidades de dinero a cambio de retirar querellas presentadas contra personas o instituciones. Fue condenado a cuatro años de prisión por extorsión y estafa y en 2024 el Tribunal Supremo le absolvió.
A raíz de la investigación abierta por el juzgado, Manos Limpias ha hecho público este 25 de abril un comunicado en el que dice que la querella sólo está basada en las informaciones publicadas y que ahora el juzgado “debe comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no”.
También dicen que si las mismas no son ciertas, los que las publicaron “deberán asumir la falsedad”, pero si lo son, según dicen, “la causa judicial deberá proseguir”.
