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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó el 24 de mayo de 2024 a Israel “detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah”, al sur de la Franja de Gaza. En su resolución de medidas provisionales, la CIJ argumentó también que el Gobierno israelí debe “mantener abierto el cruce de Rafah para la prestación sin obstáculos y a gran escala de servicios básicos y asistencia humanitaria”. El 6 de junio, España anunció que se suma al procedimiento para apoyar a la CIJ en la aplicación de las medidas provisionales.
Estas medidas provisionales, que son de obligado cumplimiento, se engloban dentro de una demanda presentada por Sudáfrica ante el Alto Tribunal de la ONU el 29 de diciembre de 2023 en la que acusan a Israel de estar cometiendo un genocidio en territorio palestino. En ese momento, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que tome “todas las medidas posibles” para prevenir que en la Franja de Gaza se produzca un genocidio, en una resoluciónel 26 de enero.
De acuerdo con la acusación, la resolución afirma que Israel sostiene “un patrón de conducta genocida, con asesinatos en masa, desplazamientos forzados y daño físico o mental grave” sobre la población palestina. Sudáfrica pidió en enero, entre otras medidas, que se ordenara un alto al fuego. La CIJ expresó que “algunas de las medidas reclamadas por Sudáfrica para el resguardo de los Derechos Humanos son plausibles”, pero en su primera resolución la Corte no hizo un llamado explícito y directo a que se ponga un alto el fuego. Fue en mayo, cuando la CIJ pidió ese alto el fuego en Rafah.
¿Qué significa que España se sume al procedimiento contra Israel?
El 6 de junio de 2024, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció que España se sumaba al procedimiento de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. El Gobierno español explicó que lo hace para “poner fin a la guerra y poder trabajar por fin en la solución de los dos Estados”. La decisión llega días después de que España reconociera a Palestina como Estado.
Albares ha señalado que esta intervención supone “apoyar al tribunal en su interpretacion de las medidas cautelares que va haciendo y aportar aquellos elementos que puedan ayudarle a aplicarlos”, así como apoyar, respetar y cumplir la sentencia, pero “no pronunciarse sobre el delito en sí“ de genocidio, argumentado por Sudáfrica, que compete a la CIJ, ha proseguido Albares.
El 28 de junio, España oficializó ese anuncio presentando una “declaración de intervención”. Según el comunicado del Ministerio de Exteriores, España da apoyo a la Corte Internacional de Justicia para que “examine la obligación de prevenir la comisión de genocidio a la luz, por un lado, de las medidas cautelares dictadas por la Corte, que son de obligado cumplimiento; y, por otro, de la situación provocada por la falta de acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y la destrucción de infraestructuras”. Además, al dar este paso, España se compromete a acatar el fallo de la CIJ.
España sigue los pasos de otros países como Libia, México, Colombia o Nicaragua que también se han incorporado al procedimiento de Sudáfrica. Albares ha explicado que Irlanda y Bélgica tienen intención de sumarse a la causa. El Estado de Palestina también se ha sumado al caso y ha reconocido la competencia de la Corte Internacional de Justicia para investigar las causas que afecten a su territorio.
¿Qué concluyó la Corte Internacional de Justicia en enero?
En la orden del 26 de enero de 2024, por el caso de Sudáfrica contra Israel por la “Aplicación de la convención para la prevención y el castigo del crimen de genocidio en la Franja de Gaza”, la Corte Internacional de Justicia obliga a Israel a “tomar todas las medidas posibles para prevenir que se produzca un genocidio” en tal territorio del Estado palestino.
La CIJ considera que “algunas de las medidas reclamadas por Sudáfrica para el resguardo de los Derechos Humanos son plausibles”, pero reconoce que la obligación que impone a Israel no es idéntica a lo solicitado por Sudáfrica.
En la orden de la CIJ de enero se especifica que las formas de provocar un genocidio, que son las que Israel ha de evitar, son:
Matar miembros de un grupo humano
Ocasionar grave daño físico o mental en los miembros de dicho grupo
Imponer condiciones de vida en dicho grupo que supongan su destrucción parcial o total
Imponer medidas destinadas a evitar los nacimientos dentro de dicho grupo
Por ello, “la Corte considera que Israel debe asegurarse de inmediato que sus fuerzas armadas no cometan ninguno de los actos en la lista”.
El 12 de febrero, y ante el avance de la ofensiva israelí en Gaza y los ataques contra Rafah, Sudáfrica volvió a solicitar medidas cautelares a la CIJ. El 28 de marzo, la Corte Internacional de Justicia resolvió que las medidas dictaminadas en enero aplicaban en ese momento: “La Corte considera además que la catastrófica situación en la Franja de Gaza confirma la necesidad de una implementación inmediata y efectiva de las medidas indicadas en su orden de 26 de enero de 2024, que son aplicables en toda la Franja de Gaza, incluida Rafah”.
¿Qué otras medidas cautelares ha exigido la CIJ a Israel?
En mayo, ante la ofensiva terrestre sobre algunas zonas de Rafah, Sudáfrica volvió a pedir “medidas urgentes” a la CIJ. En su resolución la Corte Internacional de Justicia ha impuesto nuevas medidas a Israel:
Un alto el fuego en Rafah.
Garantizar el acceso a los investigadores de la ONU en materia de genocidios.
Mantener abiertos los pasos terrestres, y particularmente el paso de Rafah, para el acceso de ayuda humanitaria.
Se reafirma en las medidas adoptadas en enero para prevenir un genocidio, que también aplican para Rafah.
Que Israel informe en el plazo de un mes de cómo está implantando estas medidas.
¿Ha pedido la CIJ un alto el fuego?
No en enero o marzo, pero sí en mayo en Rafah. Dentro de su acusación, Sudáfrica pidió que se obligara al Estado de Israel a poner un alto al fuego sobre la Franja de Gaza por estar provocando un genocidio en curso. Sin embargo, la orden de la CIJ de enero no recogía una exigencia a Israel para, de forma directa, detener los ataques. En marzo se reafirmó en esa misma decisión y en su orden del 24 de mayo, la Corte Internacional de Justicia exigió a Israel “detener inmediatamente su ofensiva militar” en Rafah.
¿Qué ha denunciado Sudáfrica?
Sudáfrica denunció a Israel por presuntas violaciones de la convención sobre el Genocidio y pedía a la Corte que se adoptaran medidas provisionales de inmediato.
“Los genocidios nunca se declaran con antelación, pero esta Corte tiene el beneficio de las 13 semanas de evidencias que muestran un controvertido patrón de conducta y las intenciones que este conlleva que justifican ser denunciados como actos genocidas”. La abogada y representante sudafricana, Adila Hassim, se pronunció de esta manera ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya este 11 de enero de 2024, día en que se celebró la primera audiencia del caso.
Sudáfrica presentó el 29 de diciembre de 2023 un documento de 84 páginas ante dicho tribunal denunciando que lo que hace Israel con sus ataques sistemáticos contra el territorio palestino de la Franja de Gaza es un genocidio en curso.
En la denuncia, Sudáfrica sostiene que Israel practica “un patrón de conducta genocida, con asesinatos en masa, desplazamientos forzados y daño físico o mental grave” sobre la población palestina.
¿Cómo respondió Israel?
La respuesta del Estado de Israel, a través de un portavoz, es que la denuncia de Sudáfrica es “una difamación en contra del Estado judío”. Presentaron la defensa oficial el 12 de enero de 2024.
Ese día, los representantes legales de Israel expresaron que están librando “una guerra que ellos no comenzaron ni querían”.
Israel tachó de “hipócritas” las denuncias de Sudáfrica, y argumentó que las acciones sobre territorio palestino han sido una respuesta en “legítima defensa” por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
¿La CIJ estaba juzgando ya si hay un genocidio en curso?
No. En esta primera audiencia, la CIJ debía debatir la necesidad de imponer una medida cautelar preventiva, como podía haber sido un alto el fuego, ante la posibilidad de que se produzca un daño irreversible, no juzgar si hay un genocidio en Gaza.
Las medidas cautelares o provisionales son decisiones judiciales que se toman para proteger los derechos de una parte durante el tiempo que dura un proceso legal, y es lo que pidió Sudáfrica en su demanda. La posible calificación por parte de un tribunal sobre si hay un genocidio en curso tomaría mucho más tiempo.
¿Hay más Estados respaldando la denuncia de Sudáfrica?
Sí. Los Gobiernos de Colombia y Brasil, a través de sus respectivas cancillerías, se pronunciaron para posicionarse junto a Sudáfrica en la causa judicial.
El 10 de enero, en una nota de prensa de la Cancillería de Colombia, se comunicó que el país “tiene la intención de hacer valer los elevados objetivos de la Convención de la que también es Estado parte y está dispuesta por lo tanto a acompañar esa acción judicial mediante recursos y herramientas procesales que suministran el Estatuto y la práctica de la Corte Internacional de Justicia”.
Ese mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil publicó un comunicado en el que se lee que “el presidente [Lula da Silva] manifestó su apoyo a la iniciativa de Sudáfrica de actuar en la Corte Internacional de Justicia para que Israel cese de inmediato todas las acciones que podrían constituir genocidio o crímenes relacionados con lo acordado en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”.
La Liga Árabe, como alianza de Estados, no puede sumarse a una causa penal en la CIJ. Sin embargo, su secretario general, Ahmed Aboul-Gheit, expresó a través de Twitter que “es natural y lógico que la Liga Árabe apoye plenamente la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia bajo la acusación de cometer genocidio”.
Líbano, Jordania, Malasia y Turquía, sin adherirse a la causa, hicieron público su apoyo a la decisión de Sudáfrica de llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
La viceprimera ministra de Bélgica, Petra de Sutter, se expresó antes de la audiencia del caso y dijo que su país debería “seguir los pasos de las autoridades sudafricanas y presentar una demanda ante la CIJ” contra Israel. Ninguna medida oficial se tomó.
El presidente de Namibia, Hage Geingob, emititó un comunicado a través de Twitter en el que rechaza “el apoyo de Alemania al intento de genocidio perpetrado por el Estado de Israel” e insta al país europeo a sumarse a la denuncia de Sudáfrica.
¿Qué papel juega la Corte Internacional de Justicia?
Compuesta por 15 jueces, la Corte Internacional de Justicia es el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas para decidir sobre conflictos o disputas entre Estados.
Una de sus tareas es resolver los casos relacionados con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, firmada en 1948.
En su Artículo III, la Convención establece que serán castigados el genocidio, la asociación para cometer genocidio, la instigación directa y pública a cometer genocidio, la tentativa de genocidio y la complicidad en el genocidio.
PIE: Artículo III de la Convención de 1948.
La CIJ es diferente a la Corte Penal Internacional (CPI). La CIJ investiga a Estados, mientras que la CPI investiga a personas, acusadas de crímenes de guerra. La CPI está estudiando una petición del Fiscal de la Corte Penal Internacional para pedir una orden de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, y contra tres líderes de Hamás. Pero este caso no está relacionado con la demanda de Sudáfrica.
*Este artículo ha sido actualizado a 24/05/2024 para incluir las nuevas medidas cautelares impuestas por la CIJ a Israel.
*Este artículo ha sido actualizado a 06/06/2024 para incluir que España se suma al procedimiento.
*Este artículo ha sido actualizado a 01/07/2024 para incluir que España ha hecho oficial su anuncio de sumarse al caso.
Primera fecha de publicación de este artículo: 29/01/2024
