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Junts se abstuvo o se ausentó en las votaciones del 10 de enero que permitieron convalidar los reales decretos-leyes anticrisis y de la digitalización de la Justicia, conocido como decreto ómnibus, a cambio de una serie de medidas acordadas por el Gobierno. El real decreto-ley que reforma el subsidio por desempleo no ha salido adelante por la votación en contra de los cinco diputados de Podemos.
Las medidas que ha solicitado Junts comprenden la delegación de la competencia de inmigración a Cataluña, la supresión del artículo sobre las cuestiones prejudiciales europeas, la reforma de la ley de sociedades o el aumento de la inversión en digitalización de la Justicia.
¿Qué ha pedido Junts al Gobierno?
A cambio de favorecer la convalidación de los tres reales decretos-leyes, anticrisis, ómnibus y medidas de conciliación y reforma del subsidio por desempleo, Junts ha acordado una serie de medidas que afectan a Cataluña y a la política nacional:
Delegación de la competencia de inmigración a Cataluña mediante una ley orgánica específica al amparo del artículo 150 de la Constitución de la organización territorial del Estado.
Suprimir el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la cuestión prejudicial europea.
Publicación inmediata de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas
Reforma de la ley de sociedades para suprimir el real decreto-ley 15/2017 que facilitó el cambio de sede social de las empresas fuera de Cataluña.
El aceite pasa a considerarse alimento de primera necesidad y se rebaja su IVA del 5% al 0%.
Quintuplicar la inversión en la digitalización de la Administración de la Justicia, pasando de 1,2 millones de euros a 6,2 millones de euros.
El Estado central asumirá el coste completo de los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público. En este punto, no está claro si se refieren sólo a Cataluña o a todo el país.
Reconocimiento de los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local.
Hasta la fecha de publicación de este artículo, ninguna de estas medidas ha sido aprobada todavía.
Inmigración: competencia exclusiva del Estado transferible mediante una ley orgánica
Junts ha solicitado que se transfieran las competencias en inmigración a Cataluña mediante una ley orgánica específica. Las competencias en inmigración son exclusivas del Estado, sin embargo, la Constitución permite elaborar leyes orgánicas que transfieran competencias estatales a las comunidades autónomas estableciendo los recursos financieros compartidos y las medidas de control del Estado.
Supresión del artículo 43 bis: la cuestión prejudicial europea
Cuando un tribunal en España tiene dudas sobre la interpretación o la validez del derecho europeo, ese tribunal puede preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mediante un proceso conocido como cuestión prejudicial europea. Mientras el TJUE decide sobre la cuestión, el proceso judicial se paraliza hasta que el tribunal español reciba una respuesta.
El real decreto-ley de digitalización de la Justicia incluyó una reforma de la ley de enjuiciamiento civil para regular este procedimiento. Junts exige suprimir este nuevo artículo porque considera que “amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía”.
Las balanzas fiscales: el saldo entre el Estado y las comunidades autónomas
Junts ha exigido la publicación inmediata de las balanzas fiscales para abstenerse en las votaciones. Las balanzas fiscales es el cálculo que realiza el Ministerio de Hacienda para estimar la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado en una comunidad autónoma. La última publicación sobre las balanzas fiscales a la que ha tenido acceso Maldita.es fue la de 2014.
El propio Gobierno central advierte de que hay varias maneras de calcularlo y un estudio de Fedea y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada señaló que las regiones con renta per cápita mayor tienden a generar déficits fiscales con el Estado central (como Cataluña), mientras que las de menor renta cuentan con saldos fiscales positivos a través de las inversiones estatales.
Reforma de la ley de sociedades: para facilitar el regreso de empresas a Cataluña
Entre octubre y diciembre de 2017, casi 1.300 empresas cambiaron la sede social de Cataluña a otras partes de España. El 6 de octubre de ese año, el Gobierno de Mariano Rajoy firmó un real-decreto ley que facilitó el cambio de sede social al permitir al administrador de una empresa cambiar de sede social sin necesidad de solicitarlo expresamente a los dueños. Junts ha exigido que se modifique la ley de sociedades para dejar sin efecto ese real decreto-ley y, a su juicio, para que “las empresas puedan retornar a Cataluña”.
Aceite al 0% de IVA: pasa a ser alimento de primera necesidad
El decreto de medidas anticrisis prorrogó los descuentos del IVA de los alimentos básicos al 0% y del aceite de oliva y semillas, y las pastas alimenticias al 5% hasta el 30 de junio de 2024. Junts ha exigido que ahora el aceite pase a tener la consideración de alimento de primera necesidad y también tenga un IVA del 0%. Una vez decaiga la prórroga y si no se aprueban más extensiones, el aceite tendrá un IVA del 4% y no del 10% como hasta ahora.
La digitalización de la Administración de Justicia: quintuplicar la inversión
El decreto de digitalización de la Administración de Justicia conlleva la actualización de una gran cantidad de procesos. Junts ha exigido quintuplicar la inversión en dicha digitalización, pasando de 1,2 millones de euros a 6,2 millones de euros, según las cifras aportadas por el partido político.
Los descuentos del transporte público: el Estado central asume todos los gastos
El decreto anticrisis prorrogó los descuentos y las bonificaciones del transporte público para todo 2024. El Estado central asume el coste de los transportes públicos de los que es titular: líneas estatales de autocares, cercanías y líneas ferroviarias de media distancia, entre otros, con descuentos de hasta el 100%. En el caso de los transportes públicos autonómicos y municipales, extendía el descuento del 50%. Este descuento era compartido por el Estado y las comunidades autónomas.
Junts ha exigido que el Estado asuma “la totalidad del coste” sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público. Tal y como está redactada la medida, no queda del todo claro si se aplicaría solo a Cataluña o a todo el país.
Régimen local en Cataluña: reconocimiento de los derechos históricos
Aunque el grueso de la regulación de los ayuntamientos y otros organismos locales aparece en la ley estatal del régimen local, las comunidades autónomas tienen la competencia en la ordenación del territorio. Junts ha pedido que “el Estado reconozca los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local”. No se ha explicado a fecha de publicación de este artículo cómo se regulará dicho reconocimiento, ni qué competencias adquirirá Cataluña.
