MENÚ
En España hay unos organismos públicos especiales cuyas funciones son las de vigilar y controlar determinados sectores económicos o actividades. Son las llamadas Autoridades Administrativas Independientes (AAI). Según su definición legal, requieren de especial autonomía respecto de la Administración General del Estado y deben actuar con independencia de “cualquier interés empresarial o comercial” [artículo 109 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público].
Algunos de ellos son, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Entre las limitaciones que se aplican a estas entidades son que sus dirigentes sólo pueden estar un tiempo determinado en el cargo, aunque en la mayoría de los casos los candidatos a presidirlos son elegidos directamente por el Gobierno. Aunque son independientes, dependen orgánicamente de los ministerios y la mayoría de ellas están sujetas a control parlamentario.
En dos de las siete entidades el Gobierno elige directamente a sus presidentes
En nuestra administración pública hay en la actualidad siete entes públicos con esta estructura. Son la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
A pesar de que su nombre diga específicamente que son independientes, en la práctica en la mayoría de ellos es el Gobierno quien propone y aprueba la elección de sus presidentes. Por ejemplo, en el caso de la CNMV, los cargos de presidente y vicepresidente son elegidos directamente por el Gobierno y no necesitan pasar el filtro del Congreso de los Diputados.
En el caso de dos de estas entidades, la CNMV y el FROB, el Gobierno no necesita pasar por el Congreso para refrendar a sus presidentes. Ambos cargos son elegidos directamente por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
El resto, tras el nombramiento de candidato por parte del Gobierno, este debe ser aprobado en la correspondiente comisión del Congreso, donde votan los grupos parlamentarios. Según se explica en los estatutos de todos estos organismos, los candidatos deben ser elegidos de entre profesionales de reconocido prestigio y conocimiento en la materia.
De los siete, tres son propuestos por el titular del Ministerio de Asuntos Económicos, dos por Hacienda y uno por el de Transición Ecológica. Tan sólo en el caso de la AEPD, la convocatoria para el puesto es pública y puede presentarse cualquier persona, sin que la seleccione un ministerio.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN): se encarga de controlar las instalaciones nucleares y las fuentes radiactivas
El Consejo de Seguridad Nuclear es el organismo encargado de regular el funcionamiento de las instalaciones nucleares o radiactivas en España para garantizar que se ajusten a los “criterios de seguridad”. Tiene como fin velar por la seguridad nuclear de las personas y el medio ambiente. Aporta datos operativos de las centrales nucleares y notifica todos los hechos relevantes que ocurren en ellas. Por ejemplo, antes de establecer una instalación nuclear o radiactiva es necesario que el CSN analice el proyecto y lo apruebe.
Juan Carlos Lentijo es su director desde abril de 2021. El CSN se basa en la ley 15/1980 de Consejo de Seguridad Nuclear. Aquí se explica en detalle cuáles son sus funciones.
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): el árbitro de los mercados de valores
Es el árbitro de los mercados de valores del país, como el IBEX 35. Supervisa los movimientos que ocurren en ellos y trabaja por la transparencia de los mismos y la correcta formación de los precios de valores. También recopila información de las compañías cotizadas y elabora informes sobre la situación de los mercados de valores españoles.
La CNMV decide la suspensión de cotización de algunos valores y la prohibición de realizar determinadas operaciones en algunas circunstancias, como cuando prohibió temporalmente las ventas en corto de 69 sociedades cotizadas en 2012. Tiene entre sus funciones proteger a los inversores y pone a disposición de cualquier persona un servicio de reclamaciones al que se puede acudir si alguna operación no cumple las normas de mercado.
La CNMV está presidida por Rodrigo Buenaventura desde diciembre de 2020 y en su nombramiento contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. En su web están explicadas de forma detallada las diferentes funciones que tiene asignadas.
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): regula y supervisa sectores como la energía o el transporte ferroviario y aéreo
La CNMC tiene como función garantizar el correcto funcionamiento y la transparencia en los mercados y sectores productivos en beneficio de consumidores y usuarios. Es el organismo encargado de denunciar los cárteles y abusos de posición y de investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas, autorizar las concentraciones o fusiones de empresas o supervisar la conducta de las empresas que operan en mercados regulados. Por ejemplo, se encarga de supervisar los cambios en el precio de la electricidad. La CNMC es el regulador independiente de varios sectores económicos: energía, transporte aéreo y ferroviario, servicios postales y medios audiovisuales.
En 2007 se creó la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Pero no fue hasta 2013 que esta comisión se fusionó con otros organismos reguladores sectoriales surgidos a mediados de los noventa en respuesta a la liberación de los monopolios estatales y la necesidad de adaptación a la normativa europea. Esa fusión de los organismos reguladores (entre los que estaban el Comité de Regulación Ferroviaria o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) dio lugar a la CNMC.
Su presidenta es Cani Fernández, que tomó posesión del cargo en junio de 2020. Se basa en la ley 3/2013 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Si quieres saber más puedes consultar su página web.
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): vela por tu derecho a la protección de datos
La AEPD vela por el cumplimiento de la protección de datos por parte de los responsables de ficheros (entidades públicas o empresas privadas). La agencia, además, sanciona a las instituciones que no cumplan con la normativa imponiéndoles multas. Este abril de 2022 ha multado, por ejemplo, a Caixabank o Amazon.
Reciben reclamaciones ciudadanas por materias como servicios de internet, videovigilancia, publicidad… En Maldita.es os hemos contado en ocasiones consideraciones de esta agencia, y os explicamos cómo se interponen denuncias ante ella.
La actual directora es Mar España, que está en el cargo desde 2015 y que actualmente se encuentra en funciones. La creación de la AEPD está basada en la ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En su web se explican todas sus funciones y poderes.
Antes la dirección de la AEPD era elegida por el Ministerio de Justicia de entre miembros de la propia agencia y por un mandato de cuatro años, un método similar al de otras AAI. Sin embargo, en 2018, la nueva ley de protección de datos introdujo cambios y entre ellos se modificó el método de elección del presidente.
El proceso se convirtió en una candidatura abierta para que no sólo hubiese candidatos propuestos por el Gobierno e internos de la AEPD. Se abrió el proceso de selección para todos los candidatos que cumpliesen los requisitos según el artículo 20 de los estatutos de la AEPD. Posteriormente un comité de selección formado por altos cargos de diversos ministerios y magistrados evalúa a cada uno de los candidatos.
También amplió un año la duración máxima del mandato y se introdujo la posibilidad de renovación por un mandato. Pero el nombramiento de la nueva dirección de la AEPD estuvo rodeado de polémica y finalmente el Supremo ha suspendido el proceso. Por ahora, Mar España sigue en el cargo en funciones a pesar de haber pasado el periodo máximo permitido.
Autoridad de Resolución Ejecutiva (FROB): el organismo que puede intervenir los bancos
La Autoridad de Resolución Ejecutiva, conocida como FROB por su anterior nombre (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) tiene como objetivo gestionar los procesos de reestructuración y disolución de las entidades financieras. Entre otras cosas, sustituye a los consejos de administración de las entidades intervenidas provisionalmente. Puede recapitalizar bancos utilizando diversos procedimientos, o prestar dinero a bancos que lo necesitan. Fue creado con motivo de la crisis financiera de 2008 y su objetivo era gestionar la reestructuración del sistema financiero después de la intervención del Banco de España en la Caja Castilla-La Mancha.
En la actualidad se trata de una figura anómala, ya que se le ha dado un carácter de entidad semiprivada. No está sujeto a régimen presupuestario y se financia exclusivamente con contribuciones privadas de las entidades financieras, tal y como explica el medio económico especializado El Blog Salmón.
Desde diciembre de 2020 su presidenta es Paula Conthe. El FROB está basado actualmente en la ley 1/2015 de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Para leer más sobre la naturaleza del FROB y sus funciones puedes consultar su página web.
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF): revisa la sostenibilidad presupuestaria de las entidades públicas
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) comenzó a operar en 2014. Su misión es garantizar el cumplimiento por parte de las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario.
Tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la economía española a medio y largo plazo. Para ello elabora informes sobre la ejecución presupuestaria de entidades públicas y hace estimaciones macroeconómicas. Forma parte de una red europea de instituciones fiscales independientes, que se constituyó formalmente en 2015. También se encarga de evaluar el gasto público, ya sea por su propia iniciativa o por encargo del Gobierno o las comunidades autónomas.
La institución es presidida actualmente por Cristina Herrero. Se basa en la ley 6/2013 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En su web hay una descripción de esta institución.
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG): el encargado de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado en 2014, tras la aprobación de la primera ley de transparencia española en 2013, es el órgano encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y salvaguardar el derecho de acceso a la información pública.
El CTBG se encarga de promover la transparencia de la actividad pública y velar por el cumplimiento de la ley de transparencia y las obligaciones de publicidad activa de las administraciones (es decir, por el cumplimiento de la ley de transparencia). El CTBG, por ejemplo, evalúa que las diferentes administraciones públicas, como pueden ser los ayuntamientos entre otros organismos, estén colgando de forma accesible en su página web la información que están obligadas a hacer pública y poner a disposición de la ciudadanía.
Además, cuando un ciudadano solicita información a una administración en base a la ley de transparencia, pero no está de acuerdo con la respuesta que ha recibido, puede reclamar ante el Consejo de Transparencia. El CTBG es, después, el organismo encargado de resolver la reclamación y dar la razón a la administración o al ciudadano. Algunos de estos casos incluso acaban en los tribunales, como pasó con los sueldos de los directivos de RTVE, información que Maldita.es publicó tras solicitar vía ley de transparencia y reclamar ante el CTBG.
El presidente del CTBG es José Luis Rodríguez, que fue nombrado en octubre de 2020 y que anteriormente había sido presidente precisamente de otra AAI, la AEPD. El Consejo de Transparencia llevaba casi tres años con Javier Amorós, subdirector, ejerciendo como presidente en funciones. Desde el fallecimiento de la anterior y primera presidenta del Consejo, Esther Arizmendi, el 19 de noviembre de 2017. Puedes leer más sobre las funciones del Consejo de Transparencia, aquí.
