MENÚ
Este 17 de diciembre termina el plazo para que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) transpusieran la directiva de protección de denunciantes y alertadores (conocidos en inglés bajo el término whistleblowers, que significa algo así como ‘los que hacen sonar el silbato’). España ha llegado al día límite marcado por la UE para que los Estados aprueben su propia ley desarrollando la directiva sin haberlo hecho.
La directiva (conocida como directiva whistleblower) busca proteger a los alertadores, las personas que son conocedoras de delitos o irregularidades y lo denuncian, otorgándoles seguridad y garantías jurídicas. Esta nueva legislación europea, aprobada en diciembre de 2019, pretende proteger a los alertadores tanto de las administraciones públicas como del sector privado. Por ejemplo, si un empleado sabe que un directivo de la empresa está robando dinero y lo denuncia, esta nueva legislación busca impedir que se puedan tomar represalias contra él como despedirle o degradarle.
Además, los alertadores no son sólo quienes denuncian posibles delitos de corrupción, sino que los hay también en otros campos. Se puede denunciar, por ejemplo, malas prácticas en materia de medio ambiente u ocultación de información importante por parte de un Gobierno o una empresa.
El País asegura, según fuentes del Ejecutivo, que el proyecto para transponer la directiva europea se debatirá en el Consejo de Ministros el próximo mes de enero. Si esto se cumpliera, España evitaría ser sancionada por incumplir el plazo marcado por Europa, ya que no habría dado tiempo a que la UE abriera un expediente sancionador. Pero, por ahora, la última información oficial del Gobierno data del pasado 26 de noviembre, cuando el Ministerio de Justicia respondió a una solicitud de acceso a la información pública de distintas organizaciones de la sociedad civil, como Blueprint for Free Speech o Access Info Europe.
Estas organizaciones pedían conocer en qué estado se encontraba la transposición de la directiva, pero también una copia de los documentos elaborados al respecto. El Gobierno inadmitió la solicitud asegurando que el proyecto de ley es todavía un “borrador interno”, tal y como recoge Access Info, una organización fundada en 2006 y dedicada a la promoción y protección del derecho de acceso a la información.
El ministerio asegura que “es previsible que próximamente se haga público” el proyecto de ley, pero no precisa cuándo
El Ministerio de Justicia en su resolución también indicaba sobre ese borrador que “es previsible que próximamente se haga público”, pero no daba una fecha exacta ni aproximada de cuándo sucederá esto.
Suelette Dreyfus, directora ejecutiva de Blueprint for Free Speech, una organización que “que trabaja internacionalmente para promover el derecho a la libertad de expresión sin injerencias o intrusiones indebidas”, critica ante las preguntas de Maldita.es esa falta de concreción del Gobierno español. “Por eso el parlamento de la Unión Europea fijó un plazo”, resume.
Los expertos piden que el Gobierno español vaya más allá de la directiva
Dreyfus explica a Maldita.es que la directiva es un buen arranque, pero que España debería ir más allá en su proyecto de ley. “La directiva deja una serie de decisiones en manos de los Estados. Por lo tanto, es importante asegurar las mejores decisiones dentro de las opciones posibles. Los Estados deben hacer lo mínimo requerido por la directiva, pero pueden optar por hacer más y España debería ir más allá para obtener el máximo estándar en cuanto a protección de alertadores”.
La directora ejecutiva pone como ejemplos que España debería dejar de usar en la legislación el término “denunciantes” por sus connotaciones en el pasado y pasar a hablar de “alertadores”, abrir canales para poder recibir alertas anónimas o establecer sanciones concretas por el incumplimiento de las prohibiciones de tomar represalias contra los alertadores.
Aun así, Dreyfus remarca que estos son sólo “algunos de los ejemplos de cómo España puede profundizar su legislación sobre alertadores”, pero que “la directiva de la UE es buena y se basa en las mejores prácticas en la protección de alertadores”. “España podría saltar sobre todos los demás países de la Unión Europea con leyes medias o buenas para hacer una ley espectacular y así convertirse en líder y modelo en la protección de alertadores”.
Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia, es crítico con la directiva, pero coincide con Dreyfus en que España debería ir más allá en su propia ley y “admitir las denuncias anónimas” o “reconocer a los denunciantes que quieran identificarse la condición de interesados en los procedimientos incoados como consecuencia de la denuncia”, por ejemplo.
