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Tras el macrobrote de jóvenes positivos en COVID-19 surgido durante la pasada semana en la isla de Mallorca, la Conselleria de Salut de Baleares ha decidido aislar a todas las personas relacionadas con el brote que se encuentran en la isla.
Según los últimos datos aportados por la consellera de Salut, Patricia Gómez, en la actualidad hay 265 jóvenes aislados por haber sido positivos o por ser contactos estrechos. 249 de ellos se encuentran en el hotel Palma Bellver, que se ha medicalizado para ellos, según ha dicho Javier Arranz, el portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de las Islas Baleares [min. 8:37]. Algunas de estas personas han denunciado que están encerradas en contra de su voluntad, pese a haber presentado resultados negativos en las pruebas. *
Hay más afectados por este brote en otras comunidades autónomas, y como ha explicado Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), esta cifra ya superaría más de 1.000 personas en todo el país [min. 30:36].
Según los expertos consultados por Maldita.es estos confinamientos son legales de acuerdo con la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. También coinciden en que para poder hacerlos se necesita o bien la autorización judicial antes de realizarlos o la ratificación posterior. Según han informado medios como El País, El Mundo o el Diario de Mallorca este 30 de junio, la jueza ha anulado el confinamiento de los jóvenes que dieron negativo en las PCR realizadas tras el brote.
La cuarentena es obligatoria durante 10 días para los positivos y negativos
Patricia Gómez, la consellera de Salut, ha explicado el lunes 28 de junio en Onda Cero que tanto las personas que han resultado ser positivas como las negativas tras el cribado PCR deben guardar cuarentena “durante 10 días” por considerarse estas últimas como “contactos muy estrechos” [min. 4:00]. El documento ‘Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19’ del Ministerio de Sanidad también indica que los negativos deben hacer igualmente una cuarentena de 10 días [pág. 16].
La Conselleria de Salut ha informado que en los últimos tres días se han trasladado al “hotel puente” (es decir, preparado para personas positivas en COVID-19 o contactos estrechos hasta que terminen la cuarentena) a 265 jóvenes procedentes de la península que han tenido relación directa o indirecta con el brote para realizarles pruebas PCR. Según informan en nota de prensa, al menos ha habido 64 positivos y 14 de ellos ya han sido trasladados a un hospital.
Desde el Gobierno de Baleares dicen que “no se ha trasladado a nadie por la fuerza”, pero ha habido jóvenes que se han quejado de estar retenidos contra su voluntad
El 27 de junio, desde este Gobierno autonómico se anunció que se iba a trasladar al “hotel puente” a los estudiantes que hubieran tenido “relación directa o indirecta con el brote”.
La madre de uno de los jóvenes que ha sido trasladado al “hotel puente” ha presentado una denuncia contra la directora de Salut Pública, Maria Antònia Font, por prevaricación y detención ilegal, argumentando que se llevaron al menor sin consentimiento previo de sus padres, según informa Última Hora. Ha habido más estudiantes que también han denunciado este desplazamiento y confinamiento forzoso.
Además, varios han pedido el habeas corpus. Sin embargo, los juzgados de Palma han rechazado concedérselo a los estudiantes porque no se encuentran detenidos por cometer delitos sino que están confinados por razones de salud pública.
En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, la consellera de Salut ha dicho que “no se ha trasladado a nadie por la fuerza [a los hoteles]” y que “se ha ido ofreciendo información a los monitores responsables, a las familias y a los propios jóvenes” [min. 1:23]. Sin embargo, algunos de los estudiantes dicen que se les ha aislado a la fuerza. Desde Maldita.es no podemos verificar de forma independiente esta circunstancia.
Gómez también ha explicado en esta rueda de prensa [min. 32:00] que se trata de una coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas afectadas, así como las agencias organizadoras de viajes. En la nota de prensa de la Conselleria de Salut, se dice que para los 16 estudiantes que aún no están en el hotel Palma Bellver se ha establecido un protocolo de control, en colaboración con la Delegación de Gobierno, para que estos jóvenes se queden “aislados en las habitaciones a la espera de recibir la autorización por parte de los tutores legales para ser trasladados al hotel puente donde se les realizaría la prueba [PCR]”.
Más de 1.000 afectados por el brote en toda España
Los casos relacionados en España con este brote ascienden ya a más de 1.000, como informó Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), en rueda de prensa el día 28 de junio [min. 30:36]. Según Europa Press, los positivos serían a 29 de junio cerca de 1.700 en todo el país.
Según los recuentos de las diferentes comunidades autónomas afectadas, según informa RTVE, hay afectados en la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón.
La Ponencia de Alertas del Ministerio de Sanidad acordó el pasado jueves que aquellas personas que estén o hayan participado en viajes de fin de curso a Mallorca sean considerados “contactos estrechos” tras los contagios detectados y recomendó que no se realicen este tipo de viajes.
Según 20 Minutos los focos principales de este brote fueron distintas fiestas en hoteles y barcos, así como un macrobotellón en un concierto de reguetón en la Plaza de Toros de Palma.
Los expertos consultados por Maldita.es dicen que la ley permite hacer este tipo de confinamientos por motivos de salud pública
José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, ha explicado a Maldita.es que la decisión “en ningún caso es una detención ilegal y la medida, para proteger la salud y la propagación del virus no parece caprichosa”. El catedrático argumenta que “podría apoyarse en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública”.
El artículo 3 de esta ley permite a las autoridades sanitarias “adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.
Esta norma, según Gimeno, “se justifica en el artículo 43 de la Constitución Española que atribuye a los poderes públicos la competencia para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.
Ascensión Elvira, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III, coincide con Gimeno, y explica que “las medidas son posibles amparadas en los artículos 2 y 3 de la Ley de Medidas Especiales. Estos casos, además, son distintos a los confinamentos de pueblos enteros o de zonas, ya que aquí se trata de personas efectivamente infectadas o en contacto directo con positivos”.
La jueza ha anulado el confinamiento de los estudiantes aislados que dieron negativo*
Según han publicado medios como El País, El Mundo o el Diario de Mallorca este 30 de junio, la jueza ha anulado el confinamiento de los jóvenes que dieron negativo en las PCR realizadas tras el brote, mientras que los que dieron positivo deben seguir aislados.
Aunque la ley prevea que se pueda confinar a personas positivas o contactos estrechos, nos explica el profesor en Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura Enrique Hernández, “haría falta una intervención judicial, de acuerdo con los artículos 8.6 y 10.8 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que explican que corresponde a estos juzgados la autorización o ratificación judicial de las medidas sanitarias urgentes que impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales”.
¿Y cuál es la diferencia entre autorización o ratificación? Según Andrés Boix, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, “aunque no teníamos hasta ahora mucha experiencia al respecto, suele entenderse que ratificación significa después de adoptada y aplicada la medida mientras que autorización sería antes”.
Boix también defiende que “las autoridades, si entienden que un riesgo requiere de actuación inmediata y urgente, puede actuar y limitar, siempre y cuando inmediatamente pidan la ratificación judicial. Esta actuación previa habría de estar muy justificada por el riesgo de contagio si no se adoptaran las medidas de forma inmediata y sin esperar a la decisión del juez”.
Vicente Álvarez, profesor en Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, destaca que “normalmente para estos confinamientos se necesita la autorización judicial previa, excepto para las situaciones especiales”. Insiste en que “igualmente las autoridades deberían haber pedido la autorización al juez, ya que si no hay indicios de que esto haya sido una urgencia los jueces podrían no ratificar las medidas”.
Vicente Álvarez también nos explica que "en caso de que el juez decidiera no ratificar las medidas, los estudiantes confinados podrían volver a casa sin problemas. Además, aunque la no ratificación no declara una medida ilegal por sí misma, los afectados y sus familias podrían interponer denuncias contra las autoridades por privación de la libertad".
Con respecto a esto, José María Gimeno señala que "las medidas de confinamiento son una prerrogativa que tiene la autoridad sanitaria para proteger la salud pública. En caso de que el juez decidiera no ratificarlas, de primeras lo único que pasaría es que la resolución dejaría de tener efecto y los chavales podrían volver a sus casas. Después los afectados podrían imputar el acto y denunciar, pero con sólo la no ratificación no se podría hablar de confinamiento ilegal".
*Hemos actualizado este artículo para incluir la decisión de la jueza sobre el aislamiento de los jóvenes que dieron negativo en las pruebas.
