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El Grupo Parlamentario Socialista presentó el día 5 de mayo una proposición de ley para modificar el Reglamento del Congreso de los Diputados y regular las relaciones entre los diputados y los grupos de interés (los llamados lobbies). Esto ya se intentó en 2017 mediante una propuesta del Grupo Parlamentario Popular que no salió adelante.
¿Y qué son estos grupos de interés? Según la propia proposición de ley, serían las “organizaciones y personas [...] que realicen la actividad de influencia” [pág. 4]. Y esta actividad de influencia es “toda comunicación, directa o indirecta, con miembros o empleados públicos del Congreso de los Diputados o de los Grupos Parlamentarios, que pretenda influir en la elaboración, tramitación o aprobación de proyectos y proposiciones legislativas o de otras iniciativas parlamentarias”.
Por lo tanto, los grupos de interés o lobbies serían todas las personas u organizaciones que pretendan influir en las decisiones que se toman en el Congreso de los Diputados.
Actualmente, según el Código de Conducta de las Cortes Generales, los diputados deben tener una agenda pública en la que se informe de “las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés”, pero en la práctica menos del 10% de los diputados habían publicado esta agenda en la página web del Congreso en abril de 2021, según un análisis de Europa Press, ya que el Código de Conducta no incluye plazos para que los diputados publiquen este documento.
Al no existir estos plazos los grupos parlamentarios y diputados no están de facto obligados a comunicar los contactos que mantienen con los grupos empresariales y demás grupos de interés. De manera que, según afirma a Maldita.es el doctor en Derecho y experto en Transparencia Miguel Ángel Blanes: “No podemos saber si las decisiones políticas han sido impulsadas o se basan en los intereses mantenidos por dichos grupos empresariales”. Es decir, que ahora mismo no podemos saber las reuniones que se producen entre diputados y empresas (u otros lobbies), aunque el Código de Conducta obligue a ello.
La nueva normativa obligaría a los grupos de interés y a las personas que hablen en su nombre a registrarse como tal y a especificar el ámbito de su interés o actividad. Este listado se publicaría en la página web del Congreso y cualquier persona podría consultarlo.
Según Manuel de la Fuente, socio de Asuntos Públicos de la firma de consultoría estratégica Harmon, “el lobby existe desde siempre. La diferencia es si se hace con luz y taquígrafos o, por el contrario, con opacidad”. Además, indica que “cuando hace 10 años se aprobó la Ley de Transparencia y Buen Gobierno no se incluyeron las reuniones con los grupos de interés. Que ahora se empiece a regular es una buena noticia para quienes queremos hacer las cosas de forma profesional. Además, esto ya se hacía en algunas comunidades autónomas, no tiene sentido que no se regule a nivel nacional”.
A nivel autonómico algunas comunidades, como Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid o Cataluña, ya tienen sus propios registros de grupos de interés.
Los diputados estarían obligados a comunicar sus reuniones con los grupos de interés
Si se lleva a cabo la modificación del Reglamento del Congreso que ha propuesto el Grupo Parlamentario Socialista los diputados tendrán que informar de todas sus reuniones con los grupos de interés o con sus representantes, y comunicar el contenido de la conversación: la identidad de las personas que han entablado la comunicación, la fecha y las materias en torno a las que se ha ejercido la actividad de influencia.
Para Blanes esta propuesta es “necesaria, pero no suficiente” ya que si se incumple “son los propios diputados quienes tienen que sancionarse a ellos mismos”. Esto, según el experto en transparencia “es una quimera, como ya se ha demostrado con el Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado el 1/10/2020, con el que el incumplimiento es generalizado y no pasa nada”. En Maldita.es ya hemos explicado que el Código de Conducta no especifica plazos ni incluye sanciones para que los diputados declaren sus bienes y rentas.
La alternativa para que la normativa fuera realmente efectiva, según Blanes, sería “que la potestad de control, vigilancia y sanción de los incumplimientos del Código de Conducta y el Reglamento del Congreso sobre la regulación de los grupos de interés, se atribuya a una autoridad independiente del propio Congreso de los Diputados ya que, de lo contrario, los incumplimientos quedarán impunes”.
Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, explica a Maldita.es que “la propuesta de norma en principio está bien, pero si no se abordan conjuntamente otros problemas de conflictos de intereses en la sombra y puertas giratorias puede no ser demasiado efectiva y convertirse en un tema burocrático”. Además, asegura que “las sanciones a los lobbies no parecen gran cosa, y los diputados hasta ahora han hecho lo que han querido en cuanto a sus declaraciones de bienes, de conflictos de intereses, etcétera”.
Los altos cargos tendrían prohibido representar a grupos de interés en los cuatro años posteriores a su cese
A día de hoy, según Elisa de la Nuez, el lobby “funciona sobre todo mediante la influencia en la sombra que tiene mucho que ver con puertas giratorias y en general expolíticos en sector privado”. La propuesta del Grupo Parlamentario Socialista incluiría una medida para intentar evitar esta práctica: prohibiría que los altos cargos puedan representar a los grupos de interés en los siguientes cuatro años a su cese [pág. 9]. Tampoco podrían hacerlo las personas inhabilitadas para ostentar cargos públicos.
Las leyes tramitadas tendrían que tener una “huella legislativa” que recoja todas las modificaciones
Si sale adelante la propuesta del PSOE, las leyes que se tramiten tendrán que incluir un registro de todas las modificaciones que se hacen en su elaboración. Los diputados tendrían que indicar las propuestas en las que hayan participado grupos de interés para su elaboración o enmienda, así como comunicar si una iniciativa tiene su origen en uno de estos grupos [pág. 6].
Esto, según Manuel de la Fuente “es muy positivo para saber quién ha tomado parte en la elaboración de la ley, ya que en política es tan importante el resultado como el proceso: que todos los pasos de su tramitación sean públicos sirve también para que los próximos legisladores sepan el papel de los distintos sectores en las leyes que quieran evaluar en por ejemplo diez años”.
