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El asalto al Capitolio estadounidense del pasado 6 de enero ha provocado que los demócratas estén pidiendo la destitución del presidente Donald Trump por "incitar a la insurrección". Horas antes de que cientos de personas irrumpieran en el edificio legislativo, Trump pidió en un mitin a sus seguidores que "lucharan como en el infierno" porque si no "ya no vais a tener país". En esos momentos en el Senado se estaba celebrando la sesión conjunta de ambas cámaras para certificar la victoria electoral de Joe Biden, que tuvo que aplazarse unas horas por el asalto de seguidores de Trump. Estas acciones han provocado que los líderes demócratas tanto del Senado, Chuck Schumer, como de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hayan pedido al vicepresidente de EEUU, Mike Pence, que invoque la 25ª Enmienda para incapacitar al presidente y que Pence asuma sus funciones.
¿Qué es la 25ª Enmienda?
La 25ª Enmienda de la Constitución estadounidense, aprobada en 1967 tras el asesinato de John F. Kennedy, establece el procedimiento a seguir para relevar al presidente si este es "incapaz de cumplir con los poderes y deberes del cargo". Este mecanismo se aprobó para los supuestos de incapacidad por enfermedad o muerte de un presidente, aunque también contempla la posibilidad de destituirlo sin su autorización expresa.
¿Cuáles son los pasos a seguir?
La Enmienda 25 determina que en caso de destitución del presidente es el vicepresidente el que asume el poder de forma temporal. Hay varias formas de activar el procedimiento, la primera es que el propio presidente comunique por escrito que delega los poderes de forma temporal hasta que decida retomarlos, debe hacerlo por carta al Congreso tanto a la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, (número dos en la línea de sucesión tras el vicepresidente), como al Presidente pro tempore del Senado (el senador de mayor edad), Chuck Grassley, (número tres), su decisión.
La segunda, que no requiere el consentimiento del presidente, sería que el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, con una mayoría del Gobierno, comunique al Congreso la incapacidad de Trump. Entonces, automáticamente el vicepresidente recibe todos los poderes. Pero el presidente puede apelar esta decisión. En este caso, el vicepresidente y la mayoría del Gobierno tendrían cuatro días para disputar esa petición y comunicarlo al Congreso, que es quien tiene la última palabra para revocar la Enmienda 25. Ambas cámaras deben convocar una sesión para debatir la cuestión 48 horas después de recibir la petición y tomar una decisión en un plazo de 21 días. Finalmente será una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y en el Senado la que decida si le devuelven los poderes al presidente o el vicepresidente se mantiene en el cargo. A Trump le quedan 8 días para abandonar la Casa Blanca por lo que, si llega a invocarse la enmienda, el Congreso podría dilatar el proceso para que no asumiera de nuevo el cargo.
¿Hay precedentes?
No hay precedentes de que la 25ª Enmienda se haya utilizado en contra de la voluntad del presidente. Desde su aprobación en 1967, solamente se ha aplicado en tres ocasiones, en 1985, bajo la presidencia de Ronald Reagan, el vicepresidente George Bush ocupó la Casa Blanca durante unas horas mientras Reagan se sometía a una operación quirúrgica. Las otras dos veces que se ha invocado este artículo fueron en 2002 y 2007 con George W. Bush, también al tener que ser operado, y asumió el cargo el vicepresidente Dick Cheney.
Aunque la invocación de esta enmienda ya ha estado en más ocasiones sobre la mesa durante la presidencia de Donald Trump, la última, después de que diera positivo por coronavirus en el mes de octubre. Ya os contamos en Maldita.es qué ocurría si Trump o Biden fallecían por coronavirus u otras razones antes de las elecciones, cuando se planteó la activación de la Enmienda 25. La otra fue en 2017, poco después de que el republicano tomara posesión. Según publicaron varios medios estadounidenses, algunas personas de su gabinete se plantearon aplicarla por "la inestabilidad" de Trump, aunque finalmente no se hizo para evitar "precipitar una crisis constitucional".
