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La nueva ley de educación, la LOMLOE, conocida como Ley Celaá, introduce cambios en la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales y en los centros de educación especial. El texto aprobado por el Congreso de los Diputados dice que se garantizará que “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios” para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales y que los centros de educación especial “desempeñen la función de centros de referencia y apoyo”, pero no se dice que vayan a cerrar.
Organizaciones como ‘Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN’ dicen que “se abre la puerta a que se transfieran alumnos de centros de educación especial a otros ordinarios”. Partidos de la oposición como PP, Vox o Ciudadanos también se han posicionado contra esta medida. El Gobierno, por su parte, asegura que estos centros no se cerrarán, y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) cree que la ley “hace guiños” a una educación más inclusiva, pero que debería ir más allá.
La ley dice que en 10 años los centros de educación ordinaria puedan atender al “alumnado con discapacidad” y que los centros de educación especial les sirvan “de referencia y apoyo”
El texto de la LOMLOE, aprobada por el Congreso de los Diputados el 19 de noviembre, dice en su disposición adicional cuarta que el Gobierno debe aprobar un plan para que “en el plazo de diez años” los centros ordinarios “cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.
La LOMLOE también modifica el artículo 74 de la LOE, que hace referencia a la educación especial. En el punto 2 se explica que serán profesionales quienes evalúen y valoren a qué tipo de centro debe ir el alumno, atendiendo al interés del menor y “la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”.
Además, en el artículo 74.3 ahora se afirmará que al finalizar el curso, atendiendo a los resultados del alumno con necesidades especiales, se podrá modificar su régimen de escolarización para incluir a los estudiantes en el modelo “más inclusivo”.
El texto no hace referencia al cierre de estos centros, y dice que se matriculará en ellos a “los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada”. Según los datos del Ministerio de Educación, en el curso 2018-2019 (el último para el que hay datos) había 212.807 alumnos con necesidades educativas especiales. De ellos, el 82,4% asistían a centros de educación ordinarios, y el 17,6% (37.499) a centros de educación especial [pág. 5].
El Ministerio de Educación niega que se vayan a cerrar los centros de educación especial y afirma que la ley pretende dar la posibilidad de escolarizar a los niños con discapacidad en centros ordinarios
El Ministerio de Educación ha negado a Maldita.es que se vayan a cerrar estos centros y afirman que a través de este proyecto se pretende “dotar a los centros ordinarios de los recursos necesarios para garantizar los derechos del alumnado con necesidades especiales que quiera escolarizarse en ellos” y que “la nueva ley da voz a las familias con hijos con necesidades especiales en la elección del modelo educativo que mejor atienda las necesidades educativas de sus hijos, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor”.
También aseguran que “en cuanto a los centros de educación especial, se les seguirá prestando el apoyo que necesiten para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, declaró en mayo en el Senado que la LOMLOE no iba a cerrar ningún centro de educación especial. Lo mismo dijo María Luz Martínez Seijo, diputada del PSOE, durante el debate de aprobación de la ley en el Congreso el 19 de noviembre.
El Partido Popular, Vox y Ciudadanos aseguran que mediante esta ley se discrimina a la educación especial
Partidos de la oposición, como PP, Vox o Ciudadanos, en cambio, han asegurado que la Ley Celaá discrimina a los centros de educación especial. María Martín, diputada de Ciudadanos, ha calificado esta ley como una “canallada para los niños que tienen necesidades de educación específicas y necesidades de educación especial” porque “hay padres que piden que sus hijos se escolaricen en educación general, y muchos que piden que se haga en educación especial” [min. 34:30], Vox ha dicho que se propone “el cierre de centros de educación especial” [min. 1:13:45] y el PP ha anunciado que sus Gobiernos autonómicos servirán de contrapeso de la Ley Celaá en este campo.
La ‘Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN’ considera que esta ley “abre la puerta” para transferir cada vez más alumnos desde la educación especial a la ordinaria
Esther Morillos, de la ‘Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN’, ha explicado a Maldita.es que “la nueva ley abre la puerta para que se pueda transferir cada vez a más niños desde la educación especial a la ordinaria. El artículo 74.3 de la LOMLOE permite que se pueda trasladar a los alumnos de un tipo de educación a la otra”.
Con respecto al posible cierre de centros, Morillos ha asegurado que “sabemos que el Gobierno de España no va a cerrar los centros, pero la disposición adicional cuarta los convierte de facto en centros de recursos, de formación para el resto del profesorado”. Es decir, que según esta portavoz seguirán existiendo pero su papel quedará relegado a servir de apoyo a la enseñanza ordinaria.
El CERMI defiende que para hacer la educación especialmente inclusiva se deberían dar más garantías en la ley y traducirlo en los presupuestos
Por su parte Jesús Martín, delegado estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha explicado a Maldita.es que “la ley hace guiños a hacer una educación más inclusiva, pero la ve como un principio y un objetivo en lugar de como un derecho, y como no es un derecho no se puede reclamar”. También hace hincapié en que “la ley habla de que se debe hacer que en 10 años los colegios de educación ordinaria puedan acoger a los niños con necesidades educativas especiales, pero esto no se traduce en los presupuestos, ya que no hay partida destinada a esto”.
Además, Martín también destaca que “según el artículo 74 de la ley la última palabra la sigue teniendo la administración, no da garantías a las familias, aunque se diga que se tendrá en cuenta sus preferencias. Además, no se hace mención a las preferencias de los propios niños, no se escucha su voz. Este debate se tiene que hacer desde el diálogo sereno, pensando en lo que es mejor para los niños y también escuchándolos”. Para él “la escuela está pensada para los niños sin necesidades educativas especiales, y a los que las tienen se les envía a otros centros. Y la escuela debería ser el reflejo de la sociedad diversa que tenemos: si los niños sin necesidades educativas especiales no ven en sus mismos espacios a personas con discapacidades, con discapacidades severas, niños migrantes, refugiados… no les ven como iguales, y cuando se cruzan con ellos por la calle se les quedan mirando como a gente rara”.
Un informe de un comité de expertos independientes de la ONU denuncia que no se está garantizando la educación inclusiva para las personas con discapacidad en España
La ley, en este punto, se basa en un mandato de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En este, en su artículo 24 se establece que los países firmantes “asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida” y que los estados deberán asegurar que las personas con discapacidad “puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan”. En este artículo se establece que se deberá facilitar “medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”.
Un informe elaborado por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un comité de expertos independientes que forma parte orgánicamente de la ONU, señaló la “segregación y exclusión de España de los estudiantes con discapacidades de la educación general, por su discapacidad”. El informe, presentado en mayo de 2018 en Ginebra, también afirmaba que esta segregación “equivale a violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación de esos estudiantes”.
En este informe se señalaba que “para lograr de manera práctica la educación inclusiva, es necesaria una transferencia de recursos de los centros educativos especiales hacia el sistema educativo general, permitiendo el acceso del alumnado con discapacidad en condiciones de igualdad con el resto de estudiantes, recordando que la no discriminación incluye el derecho a no ser segregado”. Los expertos también afirmaban en el informe que un sistema inclusivo basado en el derecho a la no discriminación e igualdad de oportunidades “requiere la abolición del sistema separado de educación para estudiantes con discapacidad”.
Además, en septiembre de 2020 la ONU señaló a España por violar el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down que fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales, a pesar de la oposición de sus padres.
Otra polémica de la ley Celaá: la eliminación de la mención al castellano como lengua vehicular en la educación
Como ya os hemos explicado en Maldita.es, la educación especial no es el único aspecto polémico de la LOMLOE. La Ley Celaá no incluye una mención al castellano como lengua vehicular en la educación, algo que se ha convertido en centro del debate público. PP, Vox y Ciudadanos han anunciado que la recurrirán en los tribunales, aunque PSOE y Unidas Podemos aseguran que garantiza la enseñanza en castellano.
